Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-00493-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-00493-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2020-00493-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de 2024
Radicado : 05001-23-33-000-2020-00493-01(2520-2024)
Demandante : Alcides de Jesús Hernández Castaño
Demandada : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437
de 2011
Tema : Reconocimiento de pensión de sobrevivientes;
soldado regular fallecido en simple actividad;
aplicación de la Ley 100 de 1993 por favorabilidad.
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto el apoderado judicial del señor
Alcides de Jesús Hernández Castaño contra la sentencia de 22 de febrero de 2024,
proferida por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que
negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El señor Alcides de Jesús Hernández Castaño actuando a través de apoderado
judicial demandó en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento el
derecho a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que
se declare la nulidad del acto ficto negativo por la no respuesta a la petición de
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, presentada el 3 de noviembre
del 2016.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la demandada
a reconocer y pagar la pensión de sobreviviente causada por la muerte presunta de
su hijo, el soldado regular Juan de Dios Hernández Estrada, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 46, 47, 48 y 288 de la Ley 100 de 1993, en cuantía
equivalente al 45% del ingreso base de liquidación (determinado por el promedio de
haberse salariales nivelados, devengados por un cabo segundo del Ejército), con
efectividad a partir del 15 de septiembre del 2000 (fecha de la desaparición).
Nº Interno: 2520-2024
Demandante: Alcides de Jesús Hernández Castaño
Demandada: Ejército Nacional
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
El 2 de abril de 1977, contrajeron matrimonio el señor Alcides de Jesús Hernández
Castaño y la señora Blanca Olivia Estrada García, vínculo en el cual procrearon a
Juan de Dios Hernández Estrada, quien nació en el municipio de El Carmen de
Viboral – Antioquia, el 9 de noviembre de 1979.
El señor Hernández Estrada Juan de Dios prestó su servicio militar en condición de
soldado regular desde el 19 de mayo de 1999 al 4 de noviembre del 2000.
Que el 15 de septiembre del 2000, a las 16:00 horas, se presentó la desaparición
forzada del señor Juan de Dios Hernández Estrada, en la verdad Belén Chaverras,
zona rural (vía pública – carretera rural) del municipio de el Carmen de Viboral,
Antioquia, hecho que denunció el señor Alcides de Jesús Hernández Castaño ante
la Fiscalía General de la Nación.
Mediante oficio No. 1378 de 18 de octubre del 2000, la Unidad de Fiscalía
Antiextorsión y Secuestro, reportó el hecho punible contra el señor Juan de Dios
Hernández Estrada, al programa presidencial para la Defensa de la Libertad
Personal e indicó que a la fecha se desconoce el resultado de la investigación.
Que la señora Blanca Olivia Estrada García cónyuge del señor Alcides de Jesús
Hernández Castaño y madre del señor Juan de dios Hernández Estrada, falleció el
14 de junio del 2006, en la ciudad de Medellín.
Mediante sentencia No. 128 de 28 de abril del 2010, proferida por el Juzgado
Primero Promiscuo de Familia de Rionegro – Antioquía, en el proceso radicado al
número 05-615-31-84-001-2006-00545-00, se declaró la muerte presunta por
desaparecimiento del señor Juan de Dios Hernández Estrada, fijándose como fecha
de muerte presuntiva el 15 de septiembre de 2002. La providencia fue confirmada
mediante sentencia de segunda instancia no. 076 del 30 de agosto del 2010, por la
Sala de Decisión Civil – Familia del Tribunal Superior de Antioquía.
La defunción del señor Juan de Dios Hernández Estrada, fue registrada el 18 de
mayo del 2011, en la Notaría Única de el Carmen de Viboral – Antioquía, según
indicativo serial No. 4872344.
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Nº Interno: 2520-2024
Demandante: Alcides de Jesús Hernández Castaño
Demandada: Ejército Nacional
El 3 de noviembre del 2016, el señor Alcides de Jesús Hernández Castaño, solicitó
el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, con ocasión a la muerte
presunta por desaparecimiento de su hijo Juan de Dios Hernández Estrada,
fundamentado en lo dispuesto en los artículos 46, 47, 48 y 288 de la Ley 100 de
1993. Como pretensión subsidiaria, invocó para el reconocimiento pensional la
aplicación retrospectiva de los artículos 12 y 13 de la Ley 797 del 2003, a partir del
29 de enero del 2003.
Que, a la fecha la entidad demandada no ha resuelto de fondo la petición.
3. Normas violadas y concepto de violación
Convención Americana sobre Derechos Humanos artículo 26.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1966 artículos
1, 2, 5, 6, 9, 11 y 12
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales preámbulo y artículos 1, 2,
9, 12 y 17.
Constitución Política el preámbulo, y los artículos 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 22, 23,
25, 26, 29, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 93, 94, 209 y 366
Código Civil, artículos 411 al 427.
Ley 100 de 1993 artículos 1, 11, 13, 46, 47, 48, 141, 272 y 288.
Ley 797 de 2003 artículos 12 y 13.
Ley 717 del 2001 artículo 1.
Código Sustantivo del Trabajo artículo 21.
Ley 1328 del 2009 el artículo 88.
Ley 973 de 21 de julio del 2005 el artículo 9.
La parte demandante expone que tanto la Corte Constitucional como la Sección
Segunda del Consejo de Estado en materia de regímenes pensionales, y en lo
relacionado con la pensión de sobreviviente ha establecido la regla de aplicar de
manera integral el régimen general de preferencia sobre el régimen especial,
cuando el primero resulte más beneficioso.
Indica que, para la fecha de desaparición del uniformado Juan de Dios Hernández
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Nº Interno: 2520-2024
Demandante: Alcides de Jesús Hernández Castaño
Demandada: Ejército Nacional
Estrada el 15 de septiembre del 2000, así como para la fecha de declaración de su
muerte presunta, 15 de septiembre del 2002, no se tenía ninguna regulación
normativa referente a la pensión de sobreviviente por muerte en simple actividad -
muerte por evento de origen común- del personal vinculado para la prestación del
servicio militar obligatorio.
Que, el sistema general de seguridad social en pensiones de la Ley 100 de 1993,
previó una pensión de sobreviviente por muerte de origen común (simple actividad),
como lo es el artículo 46. Que, con posterioridad, se expidió la Ley 797 del 2003, la
cual en sus artículos 12 y 13, modificaron los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de
1993, en materia de requisitos para acceder al derecho y orden de beneficiarios.
Aduce que la norma general le es aplicable al demandante, en aplicación del
principio de favorabilidad, y por dicha aplicación se debe reconocer la pensión de
sobreviviente al señor Alcides de Jesús Hernández Castaño por acreditar su
condición de beneficiario, al ser padre con dependencia económica del causante.
4. Contestación de las demandas.
2.1 Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, a través de
apoderada judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que
al demandante no le asiste derecho al reconocimiento y pago de una pensión de
sobreviviente, toda vez que no logró demostrar las razones de hecho y de derecho
para el reconocimiento de la prestación.
Indicó que el régimen prestacional aplicable a la situación del demandante, no
contempló dicho reconocimiento. Que el régimen salarial y prestacional de las
Fuerzas Militares es un régimen especial que difiere en su aplicación para el
reconocimiento y pago lo dispuesto por el legislador en el Sistema General de
Seguridad Social previsto en la Ley 100 de 1993 y demás normas que la aclaren,
adicionen o modifiquen1.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión, en sentencia del
1 Índice 4 del aplicativo Samai.
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Nº Interno: 2520-2024
Demandante: Alcides de Jesús Hernández Castaño
Demandada: Ejército Nacional
22 de febrero del 2024, negó las pretensiones de la demanda, argumentando que
con base en el principio de favorabilidad se debe aplicar el régimen general de
pensiones.
Con el material probatorio arrimado al proceso, dijo el a-quo sobre la dependencia
económica que los testigos señalaron que si bien el señor Juan de Dios laboraba
en una truchera antes de ingresar a las filas del Ejército, sus declaraciones eran
contradictorias, al punto que no generan certeza alguna, pues el testigo Pablo Emilio
Henao señaló que nunca presenció que Juan de Dios le diera dinero a su padre
para los gastos del hogar y, la testigo Adiela del Socorro, reafirmó dicha
manifestación al indicar que nunca estuvo presente cuando Juan de Dios le
entregaba alguna suma dineraria a su papá para colaborar con los gastos del hogar.
Igualmente, el Tribunal hizo énfasis en que los testigos perdieron toda comunicación
con el señor Alcides de Jesús Hernández, al punto que desconocen si en la
actualidad ejerce la misma actividad u otra, o si se encuentra pensionado, o si recibe
colaboración de sus otros hijos quienes en la actualidad son mayores de edad y
ejercen actividades, de ahí que destaquen sobre el testigo Pablo Emilio Henao lo
siguiente: “en la actualidad los hermanos ya trabajan, tienen restaurante y otro que
tiene un negocio de celulares”.
Por lo anterior, el Tribunal de instancia concluyó que, ante el incumplimiento del
requisito de dependencia económica, no es posible reconocer la pensión de
sobrevivientes al demandante, bajo el precepto del principio de favorabilidad en
aplicación del régimen general de pensiones, consagrado en la ley 100 de 1993.
Tampoco, en cuanto a extender las prestaciones de que trata la ley 447 de 1998,
ya que esta norma no decreta pensión de sobreviviente en favor de los familiares
del conscripto muerto en misión del servicio, aspecto que concuerda con lo
considerado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 18/4/2018
para el caso del reconocimiento de la pensión de sobreviviente para los beneficiarios
del personal que presta el servicio militar obligatorio, muertos en simple actividad.
4. Recursos de apelación.
La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
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Nº Interno: 2520-2024
Demandante: Alcides de Jesús Hernández Castaño
Demandada: Ejército Nacional
instancia, argumentando que conforme las sentencias C-111 de 2006, T-326 de
2011, T-732 de 2012, T-326 de 2013 de la Corte Constitucional y del 2 de marzo de
2022 radicado No. 52001-23-33-000-2015-00782-01 de esta Subsección del
Consejo de Estado, la dependencia de los padres respecto al causante puede ser
parcial y no total como lo exigió la sentencia apelada.
Señaló que: “Contrario a lo concluido por la Sala de Decisión de primera instancia,
se considera que, en el presente proceso, sí se acreditó una dependencia
económica, parcial, del señor Alcides de Jesús Hernández Estrada. Para concluirlo,
será menester para los H. Consejeros de Estado, escuchar detenidamente el audio
de la audiencia de pruebas, que contiene las declaraciones de los (las) señores (as)
testigos. Hernán Darío Zuluaga Velásquez, Pablo Emilio Henao García y Adiela del
Socorro Velásquez Quintero”.
Consideró que, la pensión de sobreviviente bajo la óptica de la Ley 100 de 1993,
debe ser reconocida al demandante, toda vez que el artículo 47 establece como
beneficiarios a los padres del causante si dependían económicamente de éste.
Manifestó que, independiente de la norma general aplicable, bien sea la Ley 100 de
1993 o el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, se debe contabilizar las semanas o
tiempos de servicios, a partir de la fecha de desaparición del militar (15 de
septiembre de 2000), conforme lo considerado por la Corte Constitucional en la
sentencia.
Finalmente alegó que la entidad demandada debe pagar, además de la pensión a
su cargo, el equivalente a una tasa de interés que no podrá exceder el doble del
interés bancario corriente vigente al 4 de enero de 2017, por considerar que a partir
de dicha fecha el Ejército Nacional se constituyó en mora del pago pensional, esto
conforme los postulados de los artículos 19 del Decreto 656 de 1994, 1º de la Ley
717 de 2001, 141 de la Ley 100 de 1993 y 88 de la Ley 1328 de 2009.
5. Alegatos de conclusión de segunda instancia
En auto del 26 de junio del 2024, el despacho admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante y en virtud del numeral 3 del artículo 67 de la
Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar.
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Demandante: Alcides de Jesús Hernández Castaño
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo
de Antioquia – Sala Sexta de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda.
Para el efecto se analizará si al señor Alcides de Jesús Hernández Castaño le asiste
derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme a lo dispuesto en los artículos 46,
47, 48 y 288 de la Ley 100 de 1993, y adicional a lo anterior, establecer si el
demandante acreditó la dependencia económica con el causante.
En caso de que el anterior problema jurídico sea resuelto de manera positiva, se
deberá establecer:
¿Es viable el reconocimiento y pago de los intereses moratorios?
¿Se debe autorizar el descuento de los pagos reconocidos por compensación por
muerte en simple actividad y aplicar prescripción sobre las mesadas reconocidas?
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión de sobrevivientes
para los miembros de las Fuerzas Militares que prestan el servicio militar obligatorio
y fallecieron en 2002; 2.2. Reglas establecidas para acreditar la dependencia
económica en los eventos de pensión de sobreviviente; 2.3 Las reglas fijadas por la
Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ-
SII-009-2018 de 1° de marzo de 2018; 2.4 Hechos probados; y 2.5. Caso concreto.
2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión de sobrevivientes
para los miembros de las Fuerzas Militares que prestan el servicio militar
obligatorio y fallecieron en 2022.
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De acuerdo con el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un
servicio público obligatorio y un derecho irrenunciable que se presta bajo la
dirección, coordinación y supervisión y control del Estado, con observancia de los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
Como bien lo ha dicho esta Subsección2, la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues al desaparecer en forma definitiva la persona que
atendía el sostenimiento del grupo familiar, se corre el riesgo de que sus integrantes
queden desamparados y en peligro para poder subsistir, por ello, se concibió la
pensión de sobrevivientes o sustitución pensional con el fin de evitar un cambio
sustancial en las condiciones mínimas de vida de los beneficiarios de esta
prestación.
En el presente asunto es necesario establecer el marco normativo y jurisprudencial
que regula la pensión de sobrevivientes para los familiares de los miembros de las
Fuerzas Militares que prestaron el servicio militar obligatorio, vigente para el 15 de
septiembre de 2002, fecha en la que se declaró la muerte presunta de Juan de Dios
Hernández Estrada.
Sobre el particular se tiene que el artículo 8º del Decreto 2728 de 1968 dispone:
“A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes a las
enunciadas anteriores a sus beneficiarios tendrá derecho al reconocimiento y pago de
veinticuatro (24) meses de sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo
Segundo o Marinero”.
En lo que respecta a la pensión vitalicia y otros beneficios para los familiares de las
personas mueran en combate y prestan el servicio militar obligatorio, la Ley 447 de
1998 estableció lo siguiente:
“(…) MUERTE EN COMBATE. A partir de la vigencia de la presente ley, a la muerte de
la persona vinculada a las F.F.M.M. y de Policía por razón constitucional y legal de la
prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida en combate o como consecuencia de
la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de
conservación o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden
establecido en esta ley, o los beneficiarios que designe la persona prestataria del
2 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de octubre de
2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
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servicio militar al incorporarse, tendrán derecho a una pensión vitalicia equivalente a
un salario y medio (1 1/2) mínimo mensuales y vigentes. (…)”
Sobre las prestaciones establecidas por muerte en simple actividad se tiene que el
artículo 191 del Decreto 1211 del 8 de junio de 1990
“(…) ARTÍCULO 191. MUERTE SIMPLEMENTE EN ACTIVIDAD. Durante la vigencia
del presente Decreto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en
actividad, por causas diferentes a las enumeradas en los dos (2) artículos anteriores,
sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las
siguientes prestaciones: a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez una
compensación equivalente a dos (2) años de los haberes correspondientes al grado del
causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158 del presente
Estatuto. b. Al pago de la cesantía por el tiempo de servicio del causante. c. Si el Oficial
o Suboficial hubiere cumplido quince (15) o más años de servicio, a que por el Tesoro
Público se les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma
forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del
causante (…)”
De acuerdo con lo anterior, es claro que, para septiembre de 2002 los eventos de
fallecimiento de un conscripto en simple actividad, sólo tenían establecido la
prestación prevista en el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, que consiste en el
reconocimiento y pago de 24 meses de sueldo básico que en todo tiempo
corresponda a un cabo segundo o marinero.
No obstante lo anterior, en el régimen general de seguridad se encuentra que la Ley
100 de 1993, «[p]or la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones», reguló lo concerniente a la pensión de sobrevivientes de la
siguiente manera:
“Artículo 46. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo
común, que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiere
cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;
b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por
lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que
se produzca la muerte”.
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Por otra parte, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, vigente para el año 2002,
preceptuó como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: en primer orden, al
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite; en segundo, a los
hijos menores de 18 años y a los mayores de 18 hasta los 25; y, en tercero, a falta
de estos, a los padres del causante, así como los requisitos que deben acreditar
unos y otros para tener derecho al beneficio prestacional, así:
“ARTICULO 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que
éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez,
y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos
con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el
pensionado fallecido;
b) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez;
c) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y
absoluta de este”3
De lo anterior se colige que, el régimen general de pensiones estableció que la
pensión de sobreviviente se obtiene en el evento en que el causante que fallezca
cotizara al sistema por lo menos veintiséis (26) semanas, en ese momento, o
habiendo dejado de cotizar, efectuara aportes por veintiséis (26) semanas del año
inmediatamente anterior.
Debido a la existencia de un régimen general más favorable al especial, para los
3 La expresión “de forma total y absoluta” fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-111 de 2006.
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eventos de pensión de sobrevivientes para los miembros de las Fuerzas Militares
que prestan el servicio militar obligatorio, la Sección Segunda del Consejo de Estado
a través de sentencia CE-SUJ-SII-010-2018 de 12 de abril de 2018, radicación No
81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15), unificó jurisprudencia en el siguiente
sentido:
“1. En materia pensional, por tratarse de un derecho fundamental, irrenunciable y de
aplicación inmediata, el juez contencioso administrativo no está limitado para conocer
del fondo del asunto a la luz del régimen pensional que invoque la parte que reclama el
reconocimiento de la prestación, sino que tiene la obligación de aplicar el derecho y de
resolver los conflictos sometidos a su conocimiento conforme la normativa pensional que
corresponda y a los supuestos fácticos de la litis, de conformidad con el artículo 103 de
la Ley 1437 de 2011.
2. Con fundamento en la regla de favorabilidad contenida en el artículo 288 de la Ley 100
de 1993, los beneficiarios de las personas vinculadas a las Fuerzas Militares, en
cumplimiento de la obligación constitucional de prestar el servicio militar, que fallezcan
simplemente en actividad y con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, pueden
beneficiarse de la pensión de sobrevivientes prevista por el régimen general contenido
en la Ley 100 de 1993, artículos 46, 47 y 48, el cual deberá aplicarse en su integridad
para efectos del reconocimiento de la prestación, esto es, lo relativo al monto de la
pensión, el ingreso base de liquidación y el orden de beneficiarios.”
Una vez aclarado que las solicitudes de reconocimiento de pensión de sobreviviente
de los beneficiarios de las personas que prestaron servicio militar obligatorio pueden
ser definidas con base en el régimen general establecido en los artículos 46, 47 y
48 de la ley 100 de 1993, se hace necesario establecer la forma como se debe
analizar la dependencia económica frente al causante.
2.2. Reglas establecidas para acreditar la dependencia económica en los
eventos de pensión de sobreviviente.
Para definir la regla actualmente establecida para estudiar el cumplimiento del
requisito de la dependencia económica en los trámites de solicitud de pensión de
sobreviviente, debemos remitirnos a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 100
de 1993 y a las interpretaciones que sobre el mismo han adoptado las Altas Cortes.
El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 disponía lo siguiente:
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“ARTICULO 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
(…)
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y
absoluta de este”.
La anterior disposición fue plasmada en igual sentido en el artículo 13 de la Ley 797
de 2003, a través de la cual se reformaron algunas disposiciones del sistema
general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptaron disposiciones
sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
En vista de que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 podía ser interpretado como
una norma que desconoce el sentido del Estado Social de Derecho, “por cuanto
excluye de cualquier posibilidad de acceder a la pensión sustitutiva a la familia del
fallecido, no obstante cumplir con todos los demás requisitos, reduciéndola a la
desprotección y no en pocos casos a la miseria, sin tener siquiera la base de un
mínimo existencial (...), pilar de un Estado Social de Derecho. // Porque la finalidad
que se persigue con la sustitución pensional es en síntesis la de suplir la ausencia
repentina del apoyo económico que el pensionado o afiliado ofrecía a sus familiares
y que el deceso de éste no determine el cambio sustancial de las condiciones de
vida del beneficiario”4, se demandó la constitucionalidad de la misma, lo que llevó a
que la Corte Constitucional en sentencia C-111 de 2006 definiera su interpretación
en el siguiente sentido:
“…la Corte declarará inexequible la expresión: “de forma total y absoluta” prevista en
la disposición acusada, para que, en su lugar, sean los jueces de la República quienes
en cada caso concreto determinen si los padres son o no autosuficientes
económicamente, para lo cual se deberá demostrar la subordinación material que da
fundamento a la pensión de sobrevivientes prevista en la norma legal demandada”.
Para fundamentar su decisión, el Alto Tribunal Constitucional sostuvo lo siguiente:
“En el asunto sub-judice, es claro que la norma demandada vulnera el citado principio
y deber de solidaridad, al exigir como requisito indispensable para proceder al
reconocimiento y pago de la pensión de la sobrevivientes, la dependencia económica
total y absoluta de los padres frente a los hijos, pues a través de dicho requerimiento
se aparta de los criterios de necesidad y de salvaguarda al mínimo existencial como
4 Argumentos del demandante en la acción de Constitucionalidad que dio origen a la sentencia C-111 de 2006
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condiciones reales que sirven de fundamento para legitimar el cobro de la mencionada
prestación. En efecto, la disposición acusada se limita a prohibir de manera
indiscriminada su reclamación, cuando se obtienen por los padres cualquier tipo de
ingresos distintos a los que surgen de dicha relación prestacional, sin tener en cuenta
la suficiencia o no de los mismos para asegurar una vida en condiciones dignas, como
lo ordena el citado mandato constitucional de la solidaridad. Si bien como lo ha
sostenido la jurisprudencia de esta Corporación, el Estado no tiene el carácter de
benefactor, ello no lo habilita para adoptar medidas legislativas que impliquen un
desconocimiento de su obligación positiva de proteger a las personas que se
encuentran en condiciones de inferioridad (C.P. art. 13), como sucede con los padres
que debido a su avanzada edad se encuentran subordinados económica y
materialmente a sus hijos.
24. Por último, a través de la disposición acusada se vulnera igualmente el principio de
protección integral de la familia previsto en el artículo 42 del Texto Superior, por virtud
del cual se convierte en un imperativo constitucional la obligación de garantizar la
estabilidad económica de los miembros del grupo familiar. En este caso, se desconoce
el citado principio constitucional, que a su vez se convierte en eje y pilar de la sociedad,
al someter a los padres a una situación de abandono, miseria e indigencia para poder
reclamar en condición de beneficiarios la pensión de sobrevivientes de sus hijos, pues
se ignora que por razón de su avanzada edad y muchas veces por la imposibilidad de
conseguir un trabajo, la única fuente que asegura su mínimo existencial es la citada
pensión, a pesar de recibir otros ingresos que resultan materialmente insuficientes para
acreditar el cumplimiento de dicho fin.
25. Partiendo de estas consideraciones, se concluye que la decisión adoptada por el
legislador frente a los padres del causante a pesar de ser conducente y adecuada para
el logro de un fin constitucional válido, como lo es el correspondiente a la preservación
económica y financiera del fondo mutual que asegura el reconocimiento y pago de las
prestaciones que surgen de la seguridad social, desconoce el principio constitucional
de proporcionalidad, pues como se demostró dicha medida legislativa sacrifica los
derechos al mínimo vital y a la dignidad humana, y los deberes que le incumben al
Estado de solidaridad y protección integral de la familia, que en términos
constitucionales se consideran más importantes en defensa y protección del Estado
Social de Estado”.
Igualmente, señaló, con base en los precedentes de la propia Corte, un conjunto
“de reglas que permiten determinar si una persona es o no dependiente, a partir de
la valoración del denominado mínimo vital cualitativo, o lo que es lo mismo, del
conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua
subsistencia de cada persona en particular”5, así:
5 Corte Constitucional sentencia C-111 de 2006.
13
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“1. Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para
acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna6.
2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica7.
3. No constituye independencia económica recibir otra prestación8. Por ello, entre
otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de
sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de
19939.
4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el
beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional10.
5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario
percibir ingresos permanentes y suficientes11.
6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia
económica”12.
Sobre la dependencia económica, la sentencia de unificación por importancia
jurídica CE-SUJ-SII-010-2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 12
de abril de 2018, radicación No 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15),
concluyó:
“231. En estos términos, es claro que la dependencia económica no puede asumirse
desde la óptica de la carencia total de recursos económicos, sino en la falta de
condiciones materiales mínimas para la subsistencia. Es de anotar que dicho concepto
debe ser analizado en armonía con los postulados constitucionales y legales que
enmarcan la seguridad social, tales como la protección especial a las personas que,
por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta”.
Y de manera reciente, a través de la sentencia SU-471 de 2023 la Corte
6 Sentencia T-574 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
7 Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz
8 Sentencia T-281 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
9 Dispone la norma en cita: “Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez”
10 Sentencias T-574 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T- 996 de 2005. (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Del mismo modo,
la Corte Suprema de Justicia ha dicho: “Fungiendo la Corte como juez de segunda instancia, además de las consideraciones
expuestas en sede de casación, es pertinente acotar que respecto del argumento del Tribunal para colegir que el demandante
disponía de medios económicos suficientes para su subsistencia por recibir de manera ocasional $20.000 0 $ 25.000
semanales y por estar percibiendo su cónyuge un salario mínimo legal mensual, no es más que una suposición del juzgador,
pues ello no conduce necesariamente a concluir que esta persona sea autosuficiente económicamente, como erradamente
lo concluyó. (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Radicación No. 22.132. Sentencia del 11 de mayo de
2004. Magistrado Ponente: Carlos Isaac Nader).
11 Sentencia T-076 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y Auto 127A de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, fallo del 9 de abril de 2003. Radiación No. 21.360.
14
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Constitucional, consideró que el requisito dependencia económica no implica:
“i) una exigencia de que el afiliado, al momento de fallecer se encuentre trabajando de
forma remunerada; así mismo ii) admite que la sujeción económica de madre y padre
se acredite con cualquier tipo de recursos lícitos por parte del afiliado; iii) asume que la
entrega de recursos de los afiliados a sus padres, sobre todo cuando estos no son
autosuficientes, es una característica de la dependencia que acredita el requisito; iv)
comprende que en los asuntos pensionales debe evaluarse la informalidad laboral, que
no implica ausencia de recursos que pueden ser obtenidos de distintas fuentes – sean
o no de trabajo; y v) analiza la presunta confesión sobre la dependencia de manera
sistemática con las pruebas recaudadas en el proceso”.
De acuerdo con lo expuesto, es claro que la dependencia económica de los padres
hacia sus hijos causantes debe definirse a partir de la valoración del denominado
mínimo vital cualitativo13, y para esto, es indispensable verificar la imposibilidad de
mantener el mínimo existencial que les permita a los padres subsistir de manera
digna con autosuficiencia económica.
2.3 Las reglas fijadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
sentencia de unificación CE-SUJ-SII-009-2018 de 1° de marzo de 2018.
Como ya se explicó con anterioridad, a través de sentencia de unificación por
Importancia jurídica CE-SUJ-SII-010-2018 del 12 de abril de 2018, radicación No
81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15), la Sección Segunda del Consejo de
Estado sentó jurisprudencia en relación con el reconocimiento del derecho a la
pensión de sobrevivientes a los beneficiarios de los soldados regulares fallecidos
simplemente en actividad y estableció las siguientes reglas, con el fin de evitar
decisiones contradictoras sobre el tema, en virtud de los principios de igualdad,
buena fe y seguridad jurídica previstos en los Artículos 13 y 83 de la Constitución
Política14:
“3. Como consecuencia de lo anterior y en atención al principio de inescindibilidad
normativa, de la suma adeudada por concepto de pensión de sobrevivientes en virtud de
la aplicación de la Ley 100 de 1993, deberá descontarse, debidamente indexado, lo
pagado como compensación por muerte simplemente en actividad, en atención a la
incompatibilidad de los dos regímenes y a que la contingencia que cobija tal prestación
es cubierta con el reconocimiento pensional.
13 Corte Constitucional sentencia C-111 de 2006
14 Corte Constitucional sentencia C-816 de 2011
15
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4. Para efectos del descuento al que hace alusión el numeral anterior, la entidad solo
podrá descontar el valor efectivamente recibido por concepto de compensación por
muerte debidamente indexado. En aquellos casos donde el valor actualizado de la
compensación por muerte a descontar supere el monto del retroactivo pensional que
debe pagar la entidad, será necesario realizar un acuerdo de pago con el fin de que el
beneficiario de la pensión cubra la diferencia sin que se afecte su mínimo vital.
5. Al hacer extensivo el régimen general para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a los beneficiarios de los conscriptos fallecidos simplemente en actividad
en vigencia de la Ley 100 de 1993, el término prescriptivo que debe atenderse en relación
con las mesadas pensionales, es el trienal, previsto en el régimen general.
6. En ningún caso habrá prescripción a favor de los beneficiarios que tengan derecho a
la pensión en los términos de la presente providencia, de los valores pagados por
concepto de compensación por muerte. Esto por cuanto el derecho a compensar o
deducir lo pagado surge solo a partir de la sentencia que reconoce el derecho pensional”.
Siendo así, y teniendo en cuenta que la anterior sentencia de unificación tiene valor
vinculante por emanar de un órgano diseñado para la unificación de la
jurisprudencia (artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con lo señalado en
los artículos 13A y 14 del reglamento interno de esta Corporación) la Sala aplicará
las reglas definidas en la sentencia CE-SUJ-SII-010-2018 del 12 de abril de 2018
para resolver el presente asunto.
2.4 Hechos probados
• De acuerdo con el registro civil de nacimiento del señor Alcides de Jesus
Hernández Castaño, nació el 26 de noviembre de 1950, lo que nos lleva a concluir
que actualmente cuenta con 73 años. (01 Demanda p. 33).
• Del registro civil de nacimiento de Juan de Dios Hernández Estrada, se tiene que
nació el 09 de noviembre de 1979 y es hijo de Alcides de Jesus Hernández Castaño
y Blanca Olivia Estrada García (01 Demanda p.35).
• Mediante la historia laboral del Ejército, y sus anexos, perteneciente a Juan de
Dios Hernández Estrada se acredita que se vinculó como soldado regular desde el
19 de mayo de 1999 hasta el 4 de noviembre de 2000 (01 Demanda p.37-43).
16
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• A través de sentencia No. 128 de 8/4/2010 del Juzgado Primero Promiscuo de
Familia de Rionegro Antioquia, se fijó el 15 de septiembre de 2002 como fecha de
la muerte presunta de Juan de Dios Hernández Estrada, decisión que fue
confirmada por el Tribunal Superior de Antioquia – Sala de Decisión Civil – Familia
el 30 de agosto de 2010. (01 Demanda p. 51-68).
• Obra registro civil de defunción de Juan de Dios Hernández Estrada, con fecha de
fallecimiento 15/9/2002 (01 Demanda p. 74).
• Se tiene acreditado que el 3 de noviembre de 2016, se solicitó ante el Grupo de
Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional el reconocimiento de
pensión sobreviviente en favor del señor Alcides de Jesús Hernández Castaño (01
Demanda p.75-76).
• En primera instancia se recibió declaración del señor Hernán Darío Zuluaga
Velásquez, quien manifestó ser amigo de toda la vida del señor Alcides de Jesús
Hernández Castaño, ya que vivían en la misma vereda. Declaró que Juan de Dios
Hernández Estrada era hijo de Alcides y doña Blanca, y les colaboraba a sus padres
por ser el hijo mayor; sabe que Juan prestó servicio militar, y antes de entrar a las
filas del ejército trabajaba en unas trucheras de 7 a 5. No le consta cuánto era el
salario de Juan.
El señor Alcides de Jesús Hernández manifestó que vendía carbón e indicó que el
dinero que ganaba Juan los aportaba en los gastos de la casa. Lo sabe porque Juan
le contó que trabajaba para ayudarle a sus padres; y señaló que, tanto Juan como
Alcides se colaboraban en los gastos (30 AudienciaPruebas).
• Igualmente declaró el señor Pablo Emilio Henao García, manifestó que conoció a
Juan de Dios porque trabajaron juntos en la pecera como un año aproximadamente;
indicó que, Juan de Dios vivía con sus papás y sus hermanos pequeños, la mamá
era ama de casa y el papá se rebuscaba con carbón; en la actualidad los hermanos
ya trabajan, tienen restaurante y otro que tiene un negocio de celulares, mientras
qué desconoce que labores ejecuta el señor Alcides de Jesús Hernández Castaño;
contó que Juan de Dios era el hijo mayor, y trabajaba de 3 a 4 días en la semana
en la truchera de 7 a 5 p.m., sin embargo, desconoce cuánto era el valor de su
salario.
17
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Declaró que Juan de Dios trabajaba y le colaboraba al padre para cumplir la
obligación de criar los hermanos pequeños, lo sabe porque Juan de Dios se lo
contaba; en momentos de licencia mientras prestaba el servicio militar Juan de Dios
llegaba a casa de sus padres.
Señaló que hace mucho que no habla con el señor Hernández Castaño, no sabe si
está trabajando, o si tiene pensión, informó que no presenció que Juan de Dios le
diera dinero a su padre para los gastos del hogar; indicó que, cuando Juan se
encontraba en el Ejército y en vista que no recibía remuneración, sobrevivían con
los ingresos de don Alcides (30 Audiencia Pruebas).
• Se recibió el testimonio de la señora Adiela del Socorro Velásquez Quintero quien
informó que fue vecina del señor Alcides de Jesús Hernández Castaño y conoce a
su hermana la Sonia Estrada; contó que no tiene contacto con la familia de Juan de
Dios Estrada hace mucho tiempo; relató que, Juan de Dios era el hijo mayor de la
familia y la mano derecha del hogar, por cuanto era quien llevaba prácticamente la
obligación, pues el papá trabajaba sacando carbón.
Declaró que, Juan de Dios trabajó en unas “trucheras”, que prestaba sus servicios
de lunes a sábado de 7 a 5 o 6 pm y realizaba actividades de agricultura a los
vecinos que lo requerían. Indicó que Juan de Dios aportaba para el mercado y para
criar a sus hermanitos ya que era el mayor; sostuvo que, mientras Juan de Dios se
encontraba prestando servicio militar, el hogar sobrevivía con lo que el señor
Hernández Castaño sacaba del carbón.
Finalmente señaló que, no tiene conocimiento para la fecha de la declaración, a que
se dedica el señor Alcides, toda vez que perdió toda comunicación con él, no sabe
si sus hijos le ayudan económicamente en la actualidad; finalmente, indicó que
nunca estuvo presente cuando Juan de Dios le entregaba alguna suma dineraria a
su papá para colaborar con los gastos del hogar.
• Revisada la base de datos Registro Único de Afiliados al Sistema Integral de
Información de la Protección Social15, se observa que el señor Alcides de Jesús
Hernández Castaño identificado con cédula de ciudadanía No 617853, se encuentra
15 https://ruaf.sispro.gov.co/Default.aspx, consultada el 25 de septiembre de 2024.
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afiliado en salud a la Nueva EPS, dentro del régimen subsidiado, no se encuentra
afiliado a pensiones, riesgos laborales, compensación familiar, cesantías y no se
han reportado pensiones para dicho ciudadano.
Adicional a lo anterior, se encuentra vinculado a programas de asistencia social, de
vivienda de interés social y al programa adulto mayor fondo de solidaridad pensional
Subcuenta de subsistencia PPSAM16.
2.5 Caso concreto
Como ya se expuso, en el presente asunto, el señor Alcides de Jesús Hernández
Castaño pretende el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes
establecida en los artículos 46 y siguientes de la Ley 100 de 1993, la cual fue negada
por el a-quo por cuanto no fue acreditada la dependencia económica respecto del
señor Juan de Dios Hernández Estrada (q.e.p.d.).
De acuerdo con las reglas jurisprudenciales explicadas en esta sentencia se tiene
establecido que para los beneficiarios legales de soldados que prestan servicio
militar, y fallecen en simple actividad, se puede aplicar el régimen general
establecido en la Ley 100 de 1993, por ser más favorable, y para analizar la
dependencia económica se debe verificar la imposibilidad de mantener el mínimo
existencial que les permita a los padres subsistir de manera digna con
autosuficiencia económica.
A revisar el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, vigente para el 15 de septiembre de
2002, fecha de la muerte presunta declarada judicialmente, se tiene que la norma
exigía como requisitos para obtener la pensión de sobreviviente del afiliado que
fallezca que a) se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas al momento de la muerte y b) que habiendo dejado de
cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas del
año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.
En este punto es importante aclarar que, sobre las semanas mínimas cotizadas a
16 La Ley 797 de 2003 creo una subcuenta de subsistencia del fondo de solidaridad pensional que está destinada a ampliar
la cobertura mediante el subsidio a los grupos de población que, por sus características y condiciones socioeconómicas, no
tienen acceso a los sistemas de seguridad social, tales como trabajadores independientes o desempleados, artistas,
deportistas, madres comunitarias y discapacitados. Está destinada a la protección de las personas en estado de indigencia o
de pobreza extrema, mediante un subsidio económico.
19
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exigir a los soldados regulares, la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-009-2018 de
1° de marzo de 2018, consideró:
“219. De acuerdo con lo señalado en precedencia, en virtud del artículo 19 de la Ley 352
de 1997 quienes prestan el servicio militar obligatorio son afiliados no cotizantes al régimen
de Seguridad Social de las Fuerzas Militares, por lo que no sería dable exigirles el requisito
mínimo de cotización al que hace alusión el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, empero, sí
es viable que durante tal término hayan sido afiliados al sistema”
En el sub-lite, se tiene acreditado que el señor Alcides de Jesús Hernández
Castaño, es el padre de Juan de Dios Hernández Estrada y que el causante prestó
sus servicios como soldado regular desde el 19 de mayo de 1999 hasta el 4 de
noviembre de 2000.
De acuerdo con lo anterior, el señor Juan de Dios Hernández Estrada estuvo
vinculado al Ejército Nacional por más de 68 semanas, lo que de conformidad con
el artículo 19 de la Ley 352 de 1997 implica que estuvo afiliado al Sistema de
Seguridad Social de las Fuerzas Militares, por un tiempo superior al mínimo exigido
por la Ley 100 de 1993 para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes,
cumpliendo así dos de los requisitos necesario para el efecto17.
Por otra parte, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 señala que el padre tiene derecho
a ser beneficiario de la pensión de sobreviviente, si depende económicamente del
causante, motivo por el cual, se procederá a analizar si se cumplió con este
requisito, teniendo en cuenta los lineamientos expuestos por la Corte Constitucional
en las sentencias C-111 de 2006 y SU-471 de 2023.
Al valorar las pruebas allegadas al expediente de manera conjunta, y con base en
la sana crítica, esta Sala encuentra acreditado el requisito de la dependencia
económica del señor Alcides de Jesús Hernández Castaño respecto de su hijo Juan
de Dios Hernández Estrada, toda vez que los testigos coincidieron en afirmar que
Hernández Estrada ayudaba económicamente a su padre con los gastos del hogar.
Esta Sala se aparta de la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de primera
instancia en lo referente a la no acreditación de la dependencia económica en razón
17 Para definir la fecha del cómputo de las semanas se tendrá en cuenta el momento de la desaparición física del soldado
regular, esto es, 15 de septiembre de 2000, toda vez que sería someterlo a un imposible exigirle el cumplimiento de las
semanas durante los 2 años de su desaparición. Ver Corte Constitucional sentencias T-776 de 2009 y T-263 de 2017
20
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a que “los testigos fueron unísonos en manifestar que el actor se dedicaba a labores
referenciadas con elaborar carbón, lo cual demuestra que el actor generaba sus
propios recursos para su subsistencia y del hogar”, conclusión que sin lugar a dudas
desconoce el criterio establecido por la Corte Constitucional y por la Sección
Segunda Consejo de Estado según el cual “la independencia económica no se
configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una
asignación mensual o un ingreso adicional”18.
Lo anterior teniendo en cuenta que las pruebas que descansan en el proceso no
permiten concluir con grado de certeza que los ingresos percibidos por el señor
Alcides de Jesús Hernández Castaño, le permiten garantizar su mínimo existencial,
pues contrario a esto, lo que se tiene acreditado es que actualmente se encuentra
siendo beneficiario del Programa de Protección Social al Adulto Mayor, el cual,
como ya se dijo, es destinado a la protección de las personas en estado de
indigencia o de pobreza extrema, mediante un subsidio económico otorgado por el
Estado.
Adicional a lo anterior, también se acreditó que a sus 73 años se encuentra afiliado
en salud a la Nueva EPS, dentro del régimen subsidiado, y no tiene afiliaciones en
pensión, riesgos laborales, compensación familiar y cesantías, lo que nos lleva a
concluir que se acreditó el requisito de la dependencia económica con el causante.
Estas razones son suficientes para revocar la sentencia apelada que negó las
pretensiones de la demanda, y en su lugar se declarará la nulidad del acto
administrativo ficto negativo surgido de la no contestación a la petición radicada por
el señor Alcides de Jesús Hernández Castaño el día 3 de noviembre de 2016, y se
ordenará el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a su favor a
partir del 15 de septiembre de 2002.
Esta fecha, 15 de septiembre de 2002, es la establecida judicialmente como muerte
presunta de Juan de Dios Hernández Estrada, toda vez que es el sentido de la figura
18 Sentencias T-574 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T- 996 de 2005. (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Del mismo modo,
la Corte Suprema de Justicia ha dicho: “Fungiendo la Corte como juez de segunda instancia, además de las consideraciones
expuestas en sede de casación, es pertinente acotar que respecto del argumento del Tribunal para colegir que el demandante
disponía de medios económicos suficientes para su subsistencia por recibir de manera ocasional $20.000 0 $ 25.000
semanales y por estar percibiendo su cónyuge un salario mínimo legal mensual, no es más que una suposición del juzgador,
pues ello no conduce necesariamente a concluir que esta persona sea autosuficiente económicamente, como erradamente
lo concluyó. (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Radicación No. 22.132. Sentencia del 11 de mayo de
2004. Magistrado Ponente: Carlos Isaac Nader).
21
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regulada en el artículo 97 del Código Civil19.
Sobre el monto de la pensión, se reconocerá en cuantía del 45% del ingreso base
de liquidación del causante (el cual deberá ser liquidado conforme la regla
establecida en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993), tal como lo dispone el artículo
48 de la Ley 100 de 1993. Esto con el fin de respetar el principio de inescindibilidad
de la norma, en el entendido que las normas jurídicas bajo las cuales ha de regirse
un asunto concreto deben ser aplicadas en su integridad20.
Debe tenerse presente que el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, determina que en
ningún caso el ingreso base de cotización puede ser inferior a un salario mínimo
legal mensual vigente.
Finalmente se negará la solicitud de reconocimiento y pago de intereses, toda vez
que la norma los estipuló21 para las mesadas reconocidas a partir de la ejecutoria
del acto administrativo de reconocimiento pensional, y no cuando el monto se
encuentra en discusión22.
Las sumas reconocidas serán reajustadas, mes a mes, conforme la siguiente
fórmula:
R = Rh x Índice final
Índice inicial
19 “ARTICULO 97. <CONDICIONES PARA LA PRESUNCION DE MUERTE>. Si pasaren dos años sin haberse tenido
noticias del ausente, se presumirá haber muerto éste, si además se llenan las condiciones siguientes:
1. La presunción de muerte debe declararse por el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en el territorio
de la Nación, justificándose previamente que se ignora el paradero del desaparecido, que se han hecho las posibles diligencias
para averiguarlo, y que desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su existencia han transcurrido, a lo menos,
dos años.
2. La declaratoria de que habla el artículo anterior no podrá hacerse sin que preceda la citación del desaparecido, por medio
de edictos publicados en el periódico oficial de la nación, tres veces por lo menos, debiendo correr más de cuatro meses entre
cada dos citaciones.
3. La declaración podrá ser provocada por cualquiera persona que tenga interés en ella; pero no podrá hacerse sino después
que hayan transcurrido cuatro meses, a lo menos, desde la última citación.
4. Será oído, para proceder a la declaración y en todos los trámites judiciales posteriores, el defensor que se nombrará al
ausente desde que se provoque tal declaración; y el juez, a petición del defensor, o de cualquiera persona que tenga interés
en ello, o de oficio, podrá exigir, además de las pruebas que se le presentaren del desaparecimiento, si no las estimare
satisfactorias, las otras que según las circunstancias convengan.
5. Todas las sentencias, tanto definitivas como interlocutorias, se publicarán en el periódico oficial.
6. El juez fijará como día presuntivo de la muerte el último del primer bienio contado desde la fecha de las últimas noticias; y
transcurridos dos años más desde la misma fecha, concederá la posesión provisoria de los bienes del desaparecido.
7. Con todo, si después que una persona recibió una herida grave en la guerra, o naufragó la embarcación en que navegaba,
o le sobrevino otro peligro semejante, no se ha sabido más de ella, y han transcurrido desde entonces cuatro años y
practicándose la justificación y citaciones prevenidas en los números precedentes, fijará el juez como día presuntivo de la
muerte el de la acción de guerra, naufragio o peligro; o no siendo determinado ese día, adoptará un término medio entre el
principio y el fin de la época en que pudo ocurrir el suceso; y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes
del desaparecido”.
20 Consejo de Estado sentencia de unificación por Importancia jurídica CE-SUJ-SII-010-2018 del 12 de abril de 2018,
radicación No 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15)
21 Artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de diciembre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-
2016-04672-01(3170-2019) y del 6 de mayo de 2021, radicado: 17001-23- 33-000-2015-00014-01 (1599-2018).
22
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Demandada: Ejército Nacional
El Ejército Nacional se encuentra autorizado para que de los valores reconocidos
por concepto de pensión de sobreviviente se descuente debidamente indexado lo
pagado por la entidad por concepto de prestaciones sociales por la muerte de Juan
de Dios Hernández Estrada, siempre y cuando se hubiere efectuado dicho pago en
favor del señor Alcides de Jesús Hernández Castaño.
Se declarará la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 3 de
noviembre de 2013, al tomarse como referencia la fecha en que se reclamó la
prestación periódica ante la entidad.
3. Condena en costas.
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido del
criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la procedencia o
no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal
de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y que la conducta
desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de las resultas
del proceso.
En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandada fue vencida en el
proceso, no es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación, no se
evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses,
motivo por el cual no se condenará en costas.
4. Reconocimiento de personería.
Se reconocerá a la abogada Leissy Johana Sánchez Moncada, con cédula de
ciudadanía 1.037.582.197 y tarjeta profesional 220.744 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderada de la Nación Ministerio de Defensa, en los términos y
para los efectos de poder conferido que obra en el índice 00011 de Samai.
V. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala revocará la sentencia proferida el 22 de febrero de
2024 por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, y en su
lugar se declarará la nulidad del acto administrativo ficto negativo surgido de la no
contestación a la petición radicada por el señor Alcides de Jesús Hernández
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Nº Interno: 2520-2024
Demandante: Alcides de Jesús Hernández Castaño
Demandada: Ejército Nacional
Castaño el día 3 de noviembre de 2016, y se ordenará el reconocimiento y pago de
la pensión de sobrevivientes a su favor a partir del 15 de septiembre de 2002, pero
se declarará la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 3 de
noviembre de 201323. Sin condena en costas a la parte demandada.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 22 de febrero de 2024 por la Sala
Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las
pretensiones de la demanda instaurada por el señor Alcides de Jesús Hernández
Castaño en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.
En su lugar se dispone,
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo ficto negativo
surgido de la no contestación a la petición radicada por el señor Alcides de Jesús
Hernández Castaño el día 3 de noviembre de 2016.
Como consecuencia de lo anterior,
TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional al
pago de la pensión de sobrevivientes al señor Alcides de Jesús Hernández Castaño
con ocasión del fallecimiento de su hijo Juan de Dios Hernández Estrada (q.e.p.d.),
con efectos a partir del 15 de septiembre de 2002, en cuantía del 45% del ingreso
base de liquidación del causante, teniendo en cuenta los reajustes previstos en la
ley y las mesadas adicionales que se hayan causado desde la misma fecha, sin que
en ningún caso sea inferior al salario mínimo legal mensual vigente, de conformidad
con lo previsto por los artículos 21, 35 y 48 de la Ley 100 de 1993.
Las sumas resultantes a favor del demandante se ajustarán en su valor, en
aplicación de la fórmula indicada en la parte considerativa de la presente decisión.
23 Ibidem.
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Nº Interno: 2520-2024
Demandante: Alcides de Jesús Hernández Castaño
Demandada: Ejército Nacional
CUARTO: AUTORIZAR a la Nación Ministerio de Defensa Ejército Nacional a
descontar debidamente indexado lo pagado por la entidad por concepto de
prestaciones sociales por la muerte de Juan de Dios Hernández Estrada, siempre y
cuando se hubiere efectuado dicho pago en favor del señor Alcides de Jesús
Hernández Castaño.
QUINTO: DECLARAR La prescripción de las mesadas causadas con anterioridad
al 3 de noviembre de 2013.
SEXTO: NEGAR Las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO: Sin condena en costas en esta instancia.
OCTAVO: RECONOCER PERSONERÍA a la abogada Leissy Johana Sánchez
Moncada, con cédula de ciudadanía 1.037.582.197 y tarjeta profesional 220.744 del
Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Nación Ministerio de
Defensa, en los términos y para los efectos de poder conferido que obra en el índice
00011 de Samai.
NOVENO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
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