Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07020-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07020-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-07020-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
8 de mayo de 2025
Demandante: Jacqueline Rubio Barrera
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07020-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07020-00
Demandante: JACQUELINE RUBIO BARRERA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SALA DE
CONJUECES Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial - declara improcedente la
acción por no superar el requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La señora Jacqueline Rubio Barrera, actuando por intermedio de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces, y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria. Con la solicitud de amparo
pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
dignidad humana y de acceso a la administración de justicia.
2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías
constitucionales con ocasión de la sentencia de 6 de junio de 2024, mediante la
cual la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
confirmó el fallo de 31 de marzo de 2020, en el que la Sala Transitoria de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado 25000-23-42-000-2014-01986-00/02.
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
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Demandante: Jacqueline Rubio Barrera
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces y otro
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1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
1. Tutelar los derechos fundamentales del debido proceso, a la dignidad
humana y al acceso a la administración de justicia a favor de la Dra.
Jacqueline Rubio Barrera.
2. Dejar sin efectos la Sentencia de fecha 31 de marzo de 202 expedida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
Exp.25000-23-42-000-2014-01986-00 M.P Carlos Enrique Berrocal Mora y
Sentencia de fecha 6 de junio de 2024 expedida por el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces
Exp 25000-23-42-000-2014-01986-02 (NI 0937-2021) Conjuez Ponente
Carlos Mario Isaza Serrano.
3. Se ordene a Consejo de Estado Sección Segunda, Sala de Conjueces,
Conjuez Ponente Carlos Mario Isaza Serrano y al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D M.P Carlos Enrique Berrocal
Mora, proferir una nueva decisión, donde se le reconozca y pague a favor de
la Dra. JACQUELINE RUBIO BARRERA, lo siguiente:
• A RELIQUIDAR la INDEMNIZACIÓN POR DISMINUCIÓN DE LA
CAPACIDAD LABORAL con fundamento EN LOS ÚLTIMOS HABERES
DEVENGADOS EN ACTIVIDAD computables para prestaciones sociales
e INCLUIR como factor salarial para tal efecto, la BONIFICACIÓN POR
GESTIÓN JUDICIAL, ésta con el reajuste salarial del año 2012 y la
PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS devengadas en forma permanente
por la demandante como Magistrada del Tribunal Superior Militar, al
momento en que se retiró.
• A RELIQUIDAR la DUODÉCIMA PARTE DE LA PRIMA DE NAVIDAD,
teniendo en cuenta los últimos haberes reales percibidos en actividad por
la demandante.
• A CANCELAR la totalidad de las sumas que dejó de pagar desde el 25
de septiembre de 2013 hasta la fecha real del pago, para lo cual deben
tener en cuenta LOS ÚLTIMOS HABERES DEVENGADOS EN
ACTIVIDAD, entre los que se encuentran la bonificación judicial, y prima
especial de servicios cuyos valores deben corresponder al certificado por
el Consejo Superior de la Judicatura para septiembre del año 2012 mes
inmediatamente anterior a su retiro; así como lo correspondiente a la
duodécima parte de la prima de navidad de debe liquidarse con
fundamento en los últimos haberes devengados en actividad2.
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia de la siguiente manera:
5. La señora Jacqueline Rubio Barrera se vinculó a la Justicia Penal Militar
del Ministerio de Defensa desde el 07 de septiembre de 1992, ocupando los
2 Transcripción literal del escrito de tutela, incluso con posibles errores.
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cargos de auditora de guerra, fiscal, juez y, finalmente, como magistrada de la
Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Superior Militar, por un periodo de 7 años.
6. En el año 2012, la accionante solicitó su retiró temporal del servicio, el cual
le fue concedido a través de la Resolución n° 6909 del 09 de octubre de 2012.
7. Posteriormente, el Ministerio de Defensa Nacional, mediante el Acto
Administrativo n° 7359 del 19 de noviembre de 2012, reconoció en favor de la
señora Rubio Barrera la asignación de retiro, por haber cumplido 21 años y 29
días de servicio militar, en los cuales en su mayoría prestó sus servicios en la
Justicia Pena Militar como auditora de guerra, fiscal, juez y magistrada, siendo
beneficiaria de la bonificación por compensación y la prima especial de servicios.
8. A su vez, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional suscribió el Acta
de Junta Médica Laboral n° 61323 del 23 de julio de 2013, en la cual determinó
que la actora tuvo una disminución en su capacidad laboral del 68.74%, razón
por la cual, a través del acto administrativo n° 163578 del 25 de septiembre de
2013, reconoció y ordenó el pago de dicho emolumento a favor de la señora
Rubio Barrera.
9. Inconforme con el rubro que le fue reconocido con ocasión de la
indemnización por disminución de la capacidad laboral, la accionante interpuso
recurso de reposición contra la resolución antes mencionada por no haber tenido
en cuenta para su liquidación todos los factores percibidos como magistrada del
Tribunal Superior Militar, es decir, incluyendo la bonificación por compensación,
la prima especial de servicios y la duodécima parte de la prima de navidad.
10. Sin embargo, mediante la Resolución n° 166224 del 26 de noviembre de
2013, la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército confirmó en todas y cada
una de sus partes el acto administrativo recurrido.
11. En consecuencia, la tutelante inició un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, con el fin de que se revisara la legalidad de la Resolución n°
166224 del 26 de noviembre de 2013, que resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra el acta n° 61323 del 23 de julio de 2013, la cual negó su
petición de tener en cuenta para la liquidación de la indemnización por
incapacidad laboral los últimos salarios devengados como magistrada del
Tribunal Superior Militar, esto es, la bonificación por compensación, la prima
especial de servicios y la duodécima parte de la prima de navidad.
12. Al proceso se le asignó el radicado 25000-23-42-000-2014-01986-00 y fue
repartido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, que, mediante sentencia del 31 de marzo de 2020, negó las
pretensiones de la demanda. Sostuvo que, los emolumentos que a juicio de la
actora debían ser tenidos en cuenta dentro de la base de liquidación de la
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indemnización laboral, por disposición expresa de la ley no constituyen factor
salarial.
13. En contra de la anterior decisión, la accionante presentó recurso de
apelación3. Este fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección, Segunda, Sala
de Conjueces, que, mediante sentencia del 6 de junio de 2024, confirmó el fallo
de primera instancia.
14. Señaló que, como bien lo indicó el tribunal, la prima especial de servicios
y la bonificación por compensación carecen de carácter salarial, salvo para
efectos pensionales. Adicionalmente la autoridad judicial adicionó la decisión de
instancia en el sentido de estarse a lo resuelto en las sentencias de unificación4,
aplicables con carácter obligatorio.
1.4. Sustento de la vulneración
15. La parte accionante mencionó que en el debate planteado se acreditan las
causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales. En particular, sostuvo que el asunto reviste
relevancia constitucional, pues involucra la posible vulneración de derechos
fundamentales y plantea una cuestión de especial trascendencia para la garantía
del debido proceso.
16. La tutelante afirmó que se presentó un defecto sustantivo, debido a que
en la providencia judicial cuestionada se aplicó una norma que no resultaba
procedente al caso concreto, ya que la autoridad accionada realizó una
interpretación abiertamente irrazonable, lo que generó una afectación al derecho
sustancial.
17. En este sentido, señaló que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala
de Conjueces, fundamentó su decisión en el artículo 155 del Decreto 1211 de
1990, «norma aplicable en casos en los que el oficial o suboficial de las fuerzas
militares presenta incapacidad psicofísica estando en servicio activo», pese a
que se expuso que, en el presente caso, debía contemplarse la disminución de
la capacidad laboral cuando la calificación de la lesión se realizó con
3 Sostuvo que la sentencia apelada no guarda coherencia con las pretendido, pues no se trataba
de una reliquidación de la asignación de retiro de la tutelante, teniendo en cuenta la bonificación
por compensación y la prima especial de servicios.
4 i) Sentencia de unificación jurisprudencial proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de
Conjueces – Sección Segunda del Consejo de Estado (Exp. No. 250002325000201000246-02,
Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta), con
las precisiones de la sentencia de esta misma Sala de Conjueces del 2 de septiembre de 2019,
que se refiere a la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998y, ii) la Sentencia de
Unificación Jurisprudencial del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Sala de Conjueces, siendo ponente CARMEN ANAYA DE
CASTELLANOS, del 2 de septiembre de 2019, (Radicación número: 41001-23-33-000-2016-
00041-02(2204-18)CE-SUJ-016-S2-19, Actor: JOAQUÍN VEGA PÉREZ, Demandado: RAMA
JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL), que se refiere a la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y a la bonificación por
compensación del Decreto 610 de 1998.
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posterioridad al retiro del servicio, por lo cual el régimen jurídico aplicable era el
contenido en el Decreto 094 de 1989.
18. Asimismo, reiteró que la decisión proferida por la autoridad accionada
resulta evidentemente incompatible con el ordenamiento jurídico, pues
desconoce el marco normativo aplicable. En consecuencia, se configuró una
incongruencia entre los elementos fácticos y jurídicos del caso concreto, lo que
constituye una vulneración del principio de congruencia.
19. A su vez, arguyó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, profirió una sentencia sin la debida motivación. Sostuvo que el
principio de congruencia también exige que las autoridades judiciales expongan
de manera clara, suficiente y lógica las razones que justifican su decisión.
20. En este sentido, resaltó que, en la providencia cuestionada, la Sección
Segunda del Consejo de Estado omitió pronunciarse sobre el argumento
medular expuesto en la demanda, relacionado con el hecho de que la liquidación
de la indemnización se realizó con base en los rubros vigentes en una fecha
distinta a la establecida por el Decreto 094 de 1989.
21. A su juicio, el fallo guarda completo silencio frente a este aspecto, y no
explica por qué desestima la aplicación de dicho régimen, ni por qué opta por
aplicar el artículo 155 del Decreto 1211 de 1990. Esta falta de motivación genera
una vulneración del debido proceso, y configura una incongruencia entre los
problemas jurídicos planteados y los fundamentos de la decisión.
22. Por último, señaló que el uso de normas inaplicables, sumado a la omisión
del análisis normativo relevante, configura una violación directa de la
Constitución, en tanto la decisión judicial se profiere con base en un marco
normativo ajeno al caso, lo cual implica el desconocimiento de derechos
fundamentales como el debido proceso.
23. En consecuencia, al no resolver de fondo los argumentos propuestos, ni
aplicar el régimen legal que corresponde, la sentencia cuestionada incurre en
una incongruencia estructural que tiene como consecuencia directa la
vulneración de la Constitución.
1.5. Trámite de la tutela
24. Por medio del auto del 19 de marzo de 2025, el despacho ponente de esta
decisión admitió la tutela. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de
accionados al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces.
Además, vinculó como tercero con interés a la a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
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1.6. Intervenciones
25. Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Remitió
copia digital del expediente ordinario.
26. Tribunal Administrativo De Cundinamarca, Sección Segunda –
Subsección “D”, Secretaría. Remitió copia digital del expediente ordinario.
27. Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. La
entidad guardó silencio, pese a que se le notificó el auto admisorio de la acción
de tutela de la referencia.
1.6. Manifestaciones de impedimento
28. Los magistrados Gloria María Gómez Montoya5 y Omar Joaquín Barreto
Suárez6 manifestaron estar impedidos para tramitar y decidir el presente asunto,
con fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 56 de la Ley
906 de 2004.
29. Mediante auto de 27 de febrero de 2025, la Sección Quinta del Consejo
de Estado7, resolvió aceptar los impedimentos de los doctores Barreto Suárez y
Gómez Montoya. En consecuencia, estos últimos consejeros fueron separados
del conocimiento del asunto sub examine.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
30. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Sala de Conjueces, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Sala Transitoria. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069
de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
31. La Sala advierte que la demandante adjudica tanto al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, y al
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, la vulneración de sus
garantías constitucionales con ocasión de las sentencias proferidas el 31 de
5 Con escrito del 6 de febrero de 2025.
6 Con escrito del 25 de febrero de 2025.
7 Integrada por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra y los conjueces Pedro Luis Blanco
Jiménez y Roberto Rafael Bornacelli Guerrero.
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marzo de 2020 y 6 de junio de 2024, respectivamente.
32. No obstante, esta Sala de decisión se limitará a analizar la providencia
proferida el 6 de junio de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala
de Conjueces, comoquiera que fue la que puso fin al medio de control con
radicado 25000-23-42-000-2014-01986-00/02.
2.3. Legitimación en la causa
33. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
34. La Sala advierte que la señora Jacqueline Rubio Barrera está legitimada
en la causa por activa, porque fue la parte demandante dentro del medio de
control en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta vía.
35. Por su parte, esta Colegiatura advierte que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Sala de Conjueces, se encuentra legitimado en la causa por pasiva, al
ser la autoridad judicial que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.
2.4. Problema jurídico
36. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; la sala deberá resolver
los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?
37. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:
38. ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, vulneró los
derechos fundamentales invocados por la accionante, al proferir la sentencia del
6 de junio de 20248?
39. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia de excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de
superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso en concreto.
8 Mediante la cual confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, que: (i) negó las pretensiones de la
demanda; y (ii) adicionó a la decisión de instancia en el sentido de estarse a lo resuelto en las
sentencias de unificación mencionadas en los antecedentes.
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2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
40. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20129. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema10. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales11.
41. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial.
42. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configuran
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
43. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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44. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
45. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Estudio de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto
46. La Sala considera que la acción de tutela sub examine es improcedente,
porque no cumple con los requisitos de subsidiariedad y relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación.
2.6.1. Subsidiariedad
47. La Sala evidencia que los argumentos formulados en el escrito de tutela
versan sobre la vulneración del principio de congruencia. A juicio de la parte
actora, se profirió un fallo extra petita, en la medida en que se resolvió un asunto
con fundamento a cargos que no fueron objeto de debate por parte de la
accionante.
48. En este sentido, la tutelante señaló que la sentencia proferida el 6 de junio
de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, vulneró
el principio de congruencia, al apartarse de los límites del debate planteado en la
demanda y decidir con base en una norma jurídica que no era aplicable al caso
concreto. Esta ruptura entre la norma utilizada y los hechos debatidos constituye
un defecto sustantivo vinculado directamente con la incongruencia de la
providencia.
49. Asimismo, alegó la ausencia de motivación suficiente, clara y lógica, pues
el fallo cuestionado omitió pronunciarse sobre argumentos centrales de la
demanda, como lo era la fecha correcta para la liquidación de la indemnización
por pérdida de la capacidad laboral, conforme al Decreto 094 de 1989.
50. Situación que, a su juicio, afecta el principio de congruencia, pues no existe
relación entre los problemas jurídicos planteados y los fundamentos de la
decisión adoptada. Indicó que dichas irregularidades evidencian una ruptura en
la coherencia de la decisión judicial dictada por la autoridad accionada.
51. Finalmente, reiteró que, en atención a lo expuesto hasta este punto, se
configuró una vulneración directa de la Constitución y, en consecuencia, del
principio de congruencia, en la medida en que la sentencia no respondió de
manera adecuada a los problemas jurídicos planteados en la demanda ni a los
argumentos expuestos por la parte accionante, dando lugar a la transgresión de
derechos fundamentales como el debido proceso.
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52. Ahora bien, una vez estudiados los cargos, esta Sala advierte que están
encaminados a sustentar la violación al principio de congruencia, cargo que se
enmarca en una de las causales de procedibilidad del recurso extraordinario
de revisión, contemplado en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011, a saber, «existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación».
53. Frente a dicha situación, el Consejo de Estado ha defendido la posibilidad
de que se interponga recurso extraordinario de revisión con fundamento en la
causal referida y también ha indicado que uno de los requisitos para la
configuración de la nulidad originada en sentencia como causal de revisión es
la existencia de un «vicio grave o insaneable que afecte su validez» 12. Al
respecto, se ha indicado que la vulneración al principio de congruencia da lugar
a la nulidad originada en la sentencia, esto es, a la causal antes referida13.
54. En relación con el principio de congruencia14, esta Corporación ha
señalado que, dicho postulado jurídico exige que el contenido y el alcance de las
decisiones judiciales se ajusten de manera estricta a las pretensiones formuladas
en la demanda, así como a los argumentos expuestos por las partes durante el
desarrollo del proceso. Este principio garantiza una coherencia entre los hechos
alegados, las soluciones planteadas y lo resuelto por el juez, en aras de preservar
el debido proceso y la seguridad jurídica15.
55. Sobre este aspecto, el Consejo de Estado ha precisado que la congruencia
debe observarse tanto en su dimensión interna como externa. La congruencia
interna implica la necesaria correspondencia entre la parte motiva y la parte
resolutiva de la providencia judicial, de modo que la decisión esté debidamente
sustentada en los fundamentos jurídicos que la preceden. Por su parte, la
congruencia externa requiere que lo decidido por el fallador se mantenga dentro
del marco de lo solicitado en la demanda y, cuando sea el caso, en la
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia del 5 de abril del 2016. M.P. Danilo Rojas Betancourt. Radicación: 11001-03-15-000-
2008-00320-00.
12 Ibidem.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de
Decisión. Sentencia del 02.02.16. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Radicado: 11001-03-15-000-
2015-02342-00(REV).
Ibidem.
14 Este principio está consagrado en el artículo 281 del Código General del Proceso, el cual
introdujo una modificación al artículo 305 del anterior Código de Procedimiento Civil. Ambas
disposiciones resultan aplicables, por remisión expresa, a los procesos que se adelantan ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 306 de la Ley
1437 de 2011.
15 Consejo de Estado, Sentencia de Unificación del 28.08.2014. M.P. Ramiro de Jesús Pasos
Guerrero. Rad. 05001-23-25- 000-1999- 01063-01(32988) y Consejo de Estado, Sección Tercera,
Sentencia del 14.09.2011. M.P. Enrique Gil Botero. Rad. 05001-23-25-000-1994-00020-
01(19031).
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contestación, garantizando así que la decisión se mantenga dentro de los límites
del debate procesal16.
56. De tal forma, y sin tomar en consideración la razonabilidad del argumento
planteado por la parte actora, esta sala en su calidad de juez constitucional no
tiene competencia para determinar si el fallo cuestionado vía tutela adolece de
vulneración al principio de congruencia interna y/o externa, pues dicho estudio
corresponde a la autoridad judicial que conoce sobre el recurso extraordinario en
cuestión.
57. Por tanto, se concluye que la presente acción constitucional no supera el
requisito de subsidiariedad, toda vez que, frente al reproche expuesto en el
escrito de tutela, procede el recurso extraordinario de revisión como mecanismo
judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos invocados
58. Del mismo modo, se pone de presente que la accionante no expuso de
forma siquiera sumaria los motivos por los cuales este mecanismo extraordinario
no cuenta con la idoneidad y eficacia para la resolución de la controversia
propuesta y la salvaguarda de sus garantías constitucionales.
59. Finalmente, tampoco se observa la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. De los
elementos de convicción que obran en el expediente no es posible señalar que
la actora se encuentra en una situación de debilidad manifiesta que imprima la
necesidad de adoptar órdenes urgentes para la protección de derechos
fundamentales.
60. Por lo demás, la Sala advierte que la accionante también alegó la
configuración de un defecto sustantivo, por la indebida aplicación de la norma
con base en la cual se hizo la liquidación de la indemnización por pérdida de
capacidad laboral. En relación con este defecto, esta Sala advierte que la
accionante no cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni
extraordinarios para controvertir la providencia cuestionada. Por tanto, se
procederá a estudiar si el cargo en cuestión cumple con el requisito de relevancia
constitucional.
2.6.2. Relevancia constitucional
61. Como quedó expuesto en el acápite de antecedentes, la parte actora
cuestiona la sentencia de 6 de junio de 2024, mediante la cual la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó el fallo de 31
de marzo de 2020, en el que la Sala Transitoria de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones, en el proceso
16Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintisiete Especial de
Decisión. Sentencia del 1 de junio del 2022. M.P. Rocío Araújo Oñate. Radicación: 11001-03-15-
000-2021-05767-00.
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de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 25000-23-42-
000-2014-01986-00/02.
62. La tutelante argumentó que se presentó un defecto sustantivo en la
providencia cuestionada, pues, a su juicio, se aplicó una norma equivocada para
el caso. Explicó que la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, fundamentó su decisión en el artículo 155 del Decreto 1211 de 1990,
aplicable a situaciones en las que un oficial o suboficial de las fuerzas militares
presenta incapacidad psicofísica mientras está en servicio activo, desconociendo
que el régimen jurídico aplicable era el Decreto 094 de 1989, en atención a que
la calificación de la lesión se realizó después del retiro del servicio.
63. De conformidad con lo expuesto, la sala advierte que la parte actora
presentó argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del proceso,
con lo que se pretende reabrir las etapas procesales de la controversia ya
zanjada por el juez natural de la causa. Esto, ante la evidente manifestación de
una simple inconformidad con el criterio adoptado por la autoridad judicial
accionada y la reiteración de argumentos ya estudiados en el trámite ordinario.
64. En tal sentido, para la sala es evidente que los argumentos presentados
son apreciaciones subjetivas por medio de las cuales se pretende que el juez
constitucional profiera un nuevo pronunciamiento sobre un asunto ya zanjado, lo
que acredita una simple inconformidad con la decisión adoptada en el trámite de
nulidad y restablecimiento del derecho.
65. Por lo demás, se advierte que el presente litigio versa sobre el
cuestionamiento de una sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado que actuó como órgano de cierre en la materia estudiada. En estos
términos, según el criterio de la Corte Constitucional, en materia de tutelas contra
providencias judiciales dictadas por una alta corte, el examen del requisito de
relevancia constitucional debe ser más estricto y restrictivo. Lo anterior, dado que
estas corporaciones tienen a su cargo la búsqueda de uniformidad de las
decisiones de los jueces de menor jerarquía y, con ello, la materialización de los
principios de seguridad jurídica e igualdad.
66. En virtud de lo anterior, las razones que sustenten el escrito inicial de tutela
deben acreditar una clara arbitrariedad en el proceder del órgano de cierre en la
materia. Como se ha expuesto, la sala considera que no se cumple con dicho
requisito, debido a que los argumentos formulados obedecen a una reiteración
de motivos ya estudiados por la Sección del Consejo de Estado y a una simple
inconformidad con lo fallado por la autoridad judicial.
67. En este sentido, y en atención a lo expuesto a lo largo de esta providencia,
esta Sala declarará la improcedencia de la acción constitucional, por no cumplir
con el requisito de subsidiariedad en relación con el cargo relacionado con la
violación del principio de congruencia. En cuanto al defecto sustantivo, se
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declarará también la improcedencia del mecanismo constitucional, dado que no
se ha acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción constitucional
por no superar el requisito de subsidiariedad y de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
PEDRO LUIS BLANCO JIMÉNEZ
Conjuez
ROBERTO RAFAEL BORNACELLI GUERRERO
Conjuez
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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