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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07624-00

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07624-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por Corporación de Servicios Médicos Integrales Them y Cia Ltda – Cosmitet Ltda contra la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, por no superar los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07624-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

16 de abril de 2026

Demandante: Corporación de Servicios Médicos Integrales THEM y Cia Ltda
Demandado: Consejo de Estado Sección, Tercera Subsección, A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07624-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07624-00
Demandante: CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES THEM
Y CIA LTDA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Declara improcedente
el mecanismo por no superar los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio de la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada en los
decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el
artículo 13 de Acuerdo 080 del 2019 de la Sala Plena de la Corporación, modificado
por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La Corporación de Servicios Médicos Integrales THEM y Cia Ltda, (en adelante
Cosmitet Ltda.), actuando por medio de apoderada judicial, presentó acción de tutela1
en contra de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad
jurídica, buena fe, de defensa y al debido proceso.

La accionante alegó la vulneración de sus garantías constitucionales por parte del
órgano judicial, con ocasión de la sentencia del 24 de octubre de 2025, que modificó
la providencia emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 12 de abril
de 20242, en la cual se declaró la responsabilidad administrativa y extracontractual de
la sociedad comercial3 dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el
número 76001-23-33-008-2013-00905-00/01 (71.435), instaurado por el señor

1 Radicada el 1°de diciembre de 2025. Acción de Tutela en Línea 3368345.
2 Notificada 19 de noviembre de 2025, índice 22 de Samai.
3 Sociedad comercial cuya razón social completa es Corporación de Servicios Médicos Internacionales

THEM y Cía. Ltda.

1

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Demandante: Corporación de Servicios Médicos Integrales THEM y Cia Ltda
Demandado: Consejo de Estado Sección, Tercera Subsección, A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07624-00

Aldemar Ocoró Amú y otros4 contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional – Sanidad del Valle del Cauca y COSMITET LTDA5.

1.2. Pretensiones

Si bien la accionante no expuso sus pretensiones, del escrito de tutela se entiende
que la parte actora solicita dejar sin efectos la sentencia del 24 de octubre de 2025
proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado dentro del
medio de control de reparación directa antes señalado.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo presentada por Cosmitet Ltda., se sustenta en los siguientes
hechos que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en
esta sentencia.

Narró que el señor Aldemar Ocoró Amu, patrullero de la Policía Nacional, sufrió una
lesión por arma de fuego en el pie y que este alegó que la deficiente atención médica
y hospitalaria provocó la aparición de gangrena gaseosa, circunstancia que culminó
con la amputación de su extremidad inferior derecha, a nivel del muslo, el 7 de mayo
de 2011.

Relató que, como consecuencia de los hechos expuestos, el señor Ocoró Amu y su
núcleo familiar promovieron el medio de control de reparación directa contra la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y la entidad prestadora de
servicios de salud Cosmitet Ltda. La causa petendi se estructuró sobre la imputación
de responsabilidad civil extracontractual por culpa, derivada de una presunta falla en
la prestación del servicio médico a cargo de la entidad demandada.

Refirió que, en primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
profirió la sentencia No. 085 del 12 de abril de 20246, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró la responsabilidad de
Cosmitet Ltda, imponiéndole la obligación de pagar los perjuicios morales
reconocidos en la providencia.

Expuso que interpuso recurso de apelación contra tal decisión, y fundamentó su
impugnación en la inexistencia de elementos probatorios que permitieran establecer
la culpa, el nexo causal y, en consecuencia, la falla del servicio atribuida. Sostuvo que
la indemnización reconocida carecía de soporte jurídico y probatorio.

Precisó que la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado resolvió el
recurso de apelación y que, pese a que el objeto del debate consistió en la
inexistencia de una «falla probada», la corporación decidió confirmar la condena. No

4 Entre otros los menores de edad (J.C.O.M y S.O.M) representados por sus padres Aldemar Ocoró

Amu y Tibissay Mosquera Panameño.
5 Llamada en garantía La Previsora SA compañía de Seguros.
6Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, sentencia del 12 de abril de 2024 con radicado 76001-23-

33-008-2013-00905-00 M.P. Omar Edgar Borja Soto «PRIMERO: DECLARAR administrativa y
extracontractualmente responsable a COSMITET LTDA por los hechos en que resultó lesionado el
señor ALDEMAR OCORO AMU.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a COSMITET LTDA, a
reconocer y pagar a título de indemnización las siguientes sumas (…)»

2

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obstante, modificó de oficio el título de imputación y aplicó el denominado régimen de
«pérdida de oportunidad», con lo cual alteró el fundamento jurídico de la
responsabilidad.

1.4. Sustento de la vulneración

La accionante manifestó que la sentencia impugnada incurrió en cuatro causales
especiales de procedibilidad:

a) Defecto sustantivo: debido a que la autoridad judicial acudió de manera
oficiosa e improcedente al régimen de pérdida de oportunidad, el cual no fue
invocado como título de imputación ni fue objeto de debate en el trámite
procesal.

b) Defecto procedimental absoluto por incongruencia procesal: ya que el juez de
segunda instancia desconoció lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso7, norma que limita el pronunciamiento del juez de alzada
a los aspectos cuestionados por el apelante. Al desatender los argumentos
expuestos por Cosmitet Ltda y dictar una condena fundada en un concepto que
no fue objeto de debate, la sala incurrió en un exceso de competencia y vulneró
el principio dispositivo que rige el recurso de apelación.

c) Defecto fáctico: por la omisión en la valoración de los medios de prueba
practicados y debatidos en primera instancia, los cuales evidenciaban la
inexistencia de un nexo causal y demostraban que la atención médica brindada
fue adecuada y oportuna. Asimismo, se expuso que el Consejo de Estado
sustentó su decisión en inferencias sin respaldo probatorio, al declarar una
pérdida de oportunidad sin la existencia de dictámenes periciales o pruebas
técnicas que permitieran establecer la probabilidad de recuperación o el
porcentaje de oportunidad efectivamente perdido.

d) Desconocimiento del precedente: expuso que la providencia desatendió
jurisprudencia constitucional y administrativa reiterada. Recordó que, conforme
al precedente fijado por el Consejo de Estado, la pérdida de oportunidad debía
formularse como pretensión expresa y autónoma y su acreditación requería
necesariamente un dictamen pericial que determinara el grado de probabilidad
afectado. La omisión de estas exigencias implicó la inobservancia del estándar
jurisprudencial aplicable.

1.5. Trámite y contestaciones

El 4 de diciembre de 20258, el magistrado ponente de esta decisión manifestó estar

7 ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido
al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.
8 Índice 4 de Samai.

3

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impedido para conocer del asunto de la referencia al invocar la causal prevista en el
numeral 1° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal9.

Asimismo, la magistrada Gloria María Gómez Montoya manifestó impedimento el 9 de
diciembre de la misma anualidad, para conocer y decidir el presente mecanismo
constitucional, bajo la causal de impedimento prevista en el numeral 5 ibidem10; sin
embargo, mediante auto del 5 de febrero de 202611, la sala12 las declaró infundadas
al no encontrar demostrados los supuestos para su configuración.

Mediante auto del 18 de febrero de 2026, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar a los magistrados que conforman la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado.

De igual forma, se ordenó vincular a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, al ministro de Defensa Nacional, al director
general de la Policía Nacional, al director de Sanidad del Valle del Cauca, al
representante legal de la Previsora SA Compañía de Seguros (o quien hiciera sus
veces) y a los señores Aldemar Ocoró Amu, Tibissay Mosquera Panameño, Jean
Carlos Ocoró Mosquera, Sara Liceth Ocoró Mosquera, Ana Xiomara Amu Diaz, Luz
Dary Amu Diaz, Natali Ocoró Amu, Karen Yicela Ocoró Amu y Claudio Amu Vente
(demandantes del proceso ordinario), en calidad de terceros con interés en las
resultas del proceso.

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado

El magistrado ponente de la decisión cuestionada expuso que la acción de tutela
promovida por Cosmitet Ltda. es improcedente, por cuanto carece de relevancia
constitucional y se limita a cuestionar la valoración probatoria realizada por el juez
natural. Sostuvo que la parte accionante no acreditó un perjuicio iusfundamental que
habilitara la intervención excepcional del juez de tutela.

Afirmó que la providencia censurada no configuró los defectos sustantivo,
procedimental o fáctico alegados. Señaló que la condena por “pérdida de
oportunidad”, motivada por la negligencia que condujo a la amputación de la pierna
del paciente Aldemar Ocoró Amu, no alteró la causa petendi ni los hechos de la
demanda, sino que se fundamentó en la secuencia probada de omisiones
asistenciales.

Indicó que la accionante no identificó pruebas que hubieran sido indebidamente

9 ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:

(…)
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente
suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la
actuación procesal.
10 ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: […] 5. Que exista

amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el
funcionario judicial.
11 Índice 22 de Samai.
12 Conformada por: los magistrados Pedro Pablo Vanegas Gil, Luis Alberto Álvarez Parra y, los

conjueces Pedro Luis Blanco Jiménez y Juan Carlos Galindo Vácha.

4

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excluidas o ignoradas, por lo que no se acreditó el defecto fáctico. Añadió que no se
desconoció el precedente, ya que el análisis jurídico se sustentó en las normas de
derecho privado y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia aplicable a
particulares.

En consecuencia, solicitó que se negara el amparo constitucional o que se declarara
la improcedencia de la acción de tutela.

1.5.2. Aldemar Ocoró Amu y otros

El apoderado judicial de los terceros vinculados afirmó que la acción de tutela
instaurada contra la providencia del Consejo de Estado no satisfacía los presupuestos
de procedencia exigidos para el control constitucional excepcional, puesto que la
decisión ostentaba presunción de legalidad y autoridad de cosa juzgada. Indicó que
la accionante no acreditó la existencia de una vulneración grave y directa de derechos
fundamentales que justificara el amparo.

Desestimó los alegados defectos sustantivo, procedimental y fáctico, así como el
supuesto desconocimiento del precedente. Explicó que, en el proceso ordinario, el
juez acreditó el hecho dañoso, la culpa y el nexo causal derivados de la negligencia
médica, lo que hacía procedente la imposición de la consecuencia resarcitoria sin que
la denominación jurídica de la fuente de responsabilidad constituyera un aspecto
determinante.

Además, sostuvo que las afirmaciones sobre una indebida valoración probatoria se
reducían a apreciaciones subjetivas y que el tribunal aplicó correctamente la sana
crítica judicial, respetando el principio de la non reformatio in pejus al no agravar la
situación del apelante único.

Debido a lo anterior, solicitó que el juez constitucional declarara la improcedencia de
la acción de tutela, por cuanto este mecanismo no está concebido como una instancia
adicional para controvertir decisiones judiciales ejecutoriadas, y su utilización con ese
fin atentaría contra la cosa juzgada y la seguridad jurídica13.

1.5.3. Corporación de Servicios Médicos Integrales THEM Y CIA LTDA –
Cosmitet Ltda

Con escrito radicado el 27 de febrero de 2026, la apoderada judicial de COSMITET
LTDA. informó que no obraban en el expediente las direcciones físicas ni electrónicas
individualizadas de los demandantes dentro del proceso ordinario conexo a la acción
de tutela. Precisó que todos los accionantes actuaban mediante un único profesional
del derecho debidamente acreditado.

En acatamiento de la orden emitida por el Consejo de Estado, suministró la dirección
electrónica de dicho apoderado con el fin de posibilitar la práctica de las notificaciones
requeridas, las cuales fueron efectuadas mediante correo electrónico del 6 de marzo
de 2026.

13 Índice 46 de Samai.

5

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, según lo
previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 201514, así como en el Acuerdo 80
de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

2.2. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora, la
autoridad judicial demandada desconoció sus derechos al debido proceso, a la
defensa, a la igualdad, a la seguridad jurídica y a la buena fe.

Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 24 de octubre de 2025, que modificó la
decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del 12 de abril de
2024.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la
sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse
superados se estudiará, iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas
que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el momento
jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala

14 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

6

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el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción no puede ser
ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y
otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que
se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden
efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos
generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el
contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto
del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación
del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(…) el juez de tutela debe limitarse
a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada.»

Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta corte,
el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión
fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional
consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo objeto
de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas
que se zanjaron por el juez natural.

Asimismo, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional
«protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que este mecanismo se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó en

7

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detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta
exigencia, los cuales son:

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una
alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

En el caso que ocupa a la sala, la parte actora cuestionó la providencia del 24 de
octubre de 2025 proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado, que modificó el fallo del 12 de abril del 2024 a través del cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca declaró administrativa y extracontractualmente
responsable a Cosmitet Ltda en la demanda de reparación directa identificada con el
radicado 76001-23-33-008-2013-00905-00, promovida contra la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional – Sanidad del Valle.

A juicio de la demandante, la decisión cuestionada presentó: i) un defecto sustantivo,
al aplicar erróneamente la figura de la «pérdida de oportunidad» y alterar la causa
petendi, introduciendo un daño autónomo no reclamado ni debatido; ii) un defecto
fáctico, derivado de una valoración probatoria defectuosa, al no considerar pruebas
determinantes aportadas por Cosmitet Ltda. que acreditaban la prestación oportuna
del servicio y la ausencia de nexo causal, y al fundamentar la condena en inferencias
especulativas sin respaldo técnico ni pericial; iii) un desconocimiento del precedente,
al desatender la jurisprudencia constitucional y administrativa del Consejo de Estado,
que imponía la acreditación pericial de la probabilidad perdida y la petición expresa
del daño en la demanda, requisitos que no se cumplieron en el caso y, iv) un defecto
procedimental absoluto, por desconocer el principio de congruencia y el artículo 328
del Código General del Proceso, al omitir pronunciamiento sobre los cargos del
apelante único y resolver aspectos ajenos al recurso, excediendo las competencias
del ad quem.

En primer lugar, la sala evidencia que el supuesto defecto sustantivo carece de
relevancia constitucional. Al respecto, se advierte que los argumentos de la
demandante buscan modificar el razonamiento de la autoridad judicial por el resultado
desfavorable, sin que ello configure una afectación desproporcionada de los derechos
fundamentales alegados.

Si bien la accionante alegó que la providencia objeto de reproche incurrió en este yerro
al considerar que la providencia aplicó indebidamente el régimen de responsabilidad
por pérdida de oportunidad, título no solicitado ni debatido en el proceso y ajeno a la
causa petendi basada en la falla probada en el servicio, lo cierto es que en la
providencia cuestionada ya se realizó la explicación correspondiente a este punto, en
relación con la competencia del juez para adecuar la causa petendi y proteger el
derecho vulnerado, como se observa:

96. En este sentido, aun cuando el recurso de apelación se edifica sobre la ausencia
de la falla en el servicio, la Sala considera que la causa petendi sobre la cual reposa
la controversia y la aplicación del principio iura novit curia permite abordar el estudio a
la luz de la pérdida de oportunidad en tanto que según la tesis de la actora se centra
en una cadena de omisiones y actuaciones tardías particularmente, en el señalamiento

8

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relacionado con “una presunta negligencia en la prestación oportuna y adecuada del
servicio médico y hospitalario”.

(…)

99. Estos elementos fácticos, sumados a las pretensiones de perjuicios reflejan una
afectación que puede ser comprendida bajo la figura de pérdida de oportunidad, la cual
se configura como un daño autónomo e indemnizable, dada la frustración de una
expectativa legítima y seria de haber obtenido un resultado más favorable o de haber
evitado el daño final.

(…)

103. En el sub lite, esta Sala reconoce la complejidad del cuadro clínico del paciente,
derivado de una herida por un proyectil de arma de fuego con alto riesgo de infección.
Sin embargo, más allá de la discusión sobre la certeza absoluta de que la amputación
se hubiera evitado, el núcleo del caso se centra en la frustración de una expectativa
legítima, real y seria que tenía el señor Ocoró Amu de recibir una atención médica
diligente, que conforme a la lex artis, minimizara las posibilidades de perder la
extremidad.
104. Es por ello que esta instancia acoge la figura de la pérdida de oportunidad como
un daño autónomo ya que la responsabilidad de la demandada no se funda en
acreditar el nexo causal y la amputación, sino en constatar que su conducta negligente
extinguió una oportunidad valiosa y concreta de lograr un resultado más favorable.
Esta pérdida que, al verificarse con las pruebas, constituye per se un perjuicio
resarcible independiente del daño final que se materializó15. (énfasis añadido)

(…)

Por lo anterior se advierte que lo manifestado no constituye una controversia de
naturaleza constitucional, sino oposición a la decisión contenida en el fallo
cuestionado. En consecuencia, no se configura un asunto iusfundamental que
autorice la intervención del juez natural.

Por el contrario, los argumentos de la parte actora, expuestos como presunto defecto
sustantivo, reflejan inconformidad con lo decidido en el proceso ordinario,
circunstancia que no habilita la competencia del juez de amparo.

En segundo lugar, en lo que respecta al cargo planteado por defecto fáctico, la actora
refiere la omisión de pruebas determinantes que acreditan la prestación oportuna del
servicio y la falta de nexo causal, sustentando la condena en inferencias sin soporte
técnico ni pericial.

En este contexto, el tribunal accionado expuso su posición en la sentencia que se
encuentra bajo cuestionamiento, así:

145. Así las cosas esta Sala concluye que con el análisis de los testimonios se
corrobora una cadena de negligencias relacionadas entre sí que le restaron al paciente
la posibilidad de recibir la atención y el tratamiento médico que requería.
146. Respecto del dictamen pericial, aunque la ortopedista sostuvo que no hubo
retrasos en el diagnóstico, que los exámenes fueron pertinentes y que la amputación
se debió a factores imprevisibles, en la audiencia de contradicción93 admitió que la
valoración por cirugía vascular debió ser inmediata, -la interconsulta a cirugía vascular
debió hacerse en el instante de que el paciente llega-94, asimismo, señaló que “la
valoración por el cirujano vascular era necesaria porque el Doppler mostró una lesión
de arteria tibial anterior entonces lo tenía que valorar el cirujano”95, la fasciotomía se

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 24 de octubre de 2025. Radicado

76001-23-33-008-2013-00905-01 (71.435). M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.

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realizó demasiado tarde, cuando ya había infección, necrosis y cianosis y que la
escasa documentación clínica impedía evaluar adecuadamente el manejo dado al
paciente “La fasciotomía es una cirugía de urgencia (…) que se debe hacer (…) el
tiempo no fue favorable para haberle hecho esa cirugía (…)”.

147. Si bien la referida perito no es especialista en cirugía vascular, su formación en
ortopedia le otorga competencia para conocer ciertos aspectos, no obstante, mientras
que en su dictamen minimizó las fallas, en la audiencia de contradicción reconoció
omisiones críticas que coinciden con lo señalado en los testimonios de los
especialistas, como la demora en la fasciotomía y la falta de acción ante los signos de
isquemia progresiva.

148. En este orden de ideas, la Sala adoptará la comprensión de la pérdida de
oportunidad como perjuicio autónomo e indemnizable, cierto y actual tal como lo ha
explicado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. La frustración de esa
oportunidad de salvar la extremidad o de alcanzar un resultado menos lesivo
constituye per se un daño. La reparación que se concede no sustituye ni cuantifica los
daños patrimoniales o extrapatrimoniales derivados del daño final, es decir de la
amputación de la extremidad, sino que compensa la extinción de esa chance o
posibilidad. Por lo tanto, la indemnización se fijará en consideración a la oportunidad
pérdida, como un daño autónomo e independiente.

(…)

Del examen de lo alegado se determina que el cargo también carece de relevancia
constitucional, dado que los reproches formulados evidencian oposición a lo decidido
sin generar discusión sobre los derechos fundamentales invocados respecto del fallo
objeto de reparo.

Se precisa que lo expuesto por la parte actora corresponde al análisis interpretativo
efectuado por la autoridad en el caso específico, planteamiento que difiere de la
finalidad de la acción de amparo, cuyo objeto consiste en la protección de garantías
fundamentales frente a situaciones de vulneración o amenaza.

En consecuencia, el juez de tutela no puede reproducir el análisis efectuado por el
juez natural, en atención a los principios de autonomía e independencia judicial y al
respeto por la cosa juzgada, ni asumir facultades propias del funcionario de instancia,
pues ello convertiría la tutela en un mecanismo de corrección de la valoración
probatoria ya realizada.

Frente al cargo por desconocimiento del precedente, esta sección también concluye
que no se cumple el requisito de relevancia constitucional. La parte demandante
reprocha la decisión por apartarse de la jurisprudencia que exige acreditación pericial
de la probabilidad perdida y petición expresa del daño en la demanda, requisitos que,
en su criterio, no se verifican en el caso. Aunque la actora alegó dicho
desconocimiento, no citó jurisprudencia que permita debatir lo planteado en la
sentencia cuestionada.

En ese sentido para la sala resulta evidente que la parte actora no desarrolló de
manera suficiente la carga argumentativa exigida, lo que impide establecer una
presunta vulneración de sus garantías constitucionales.

Por lo anterior, concluye que la parte actora no cumple con la exigencia para
demostrar la relevancia constitucional, pues sus objeciones se limitan a controvertir el
criterio del juez ordinario sin aportar fundamentos que acrediten una vulneración de
garantías.

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La Corte Constitucional, en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022, precisa
que la relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la
«inconformidad con las decisiones de los jueces naturales» y que la acción de tutela
no se utilice para debatir asuntos probatorios o de interpretación legal.

En el caso concreto, no se advierte colisión de derechos fundamentales que justifique
la intervención constitucional. Por ello, se declarará la improcedencia de la acción por
incumplimiento del requisito de relevancia, reiterando que la pretensión de sustituir la
decisión judicial no constituye razón suficiente para la intervención del juez de tutela.

2.4.2. Subsidiariedad

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones éstas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante
un procedimiento preferente y sumario, cuyo objeto es proteger, de manera inmediata
y eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, pero que, no puede
ser utilizado válidamente para pretender sustituir recursos ordinarios o extraordinarios,
tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial
preestablecidos, ni para revivir con ella términos precluidos o acciones caducadas.

Adicionalmente, se precisa que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del
derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un
perjuicio irremediable, lo cual hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

En este caso, la parte actora refirió la configuración de un defecto procedimental
absoluto por desconocimiento del principio de congruencia y del artículo 328 del
Código General del Proceso, puesto que el ad quem omitió pronunciarse sobre los
cargos del apelante único y resolvió aspectos ajenos al recurso, excediendo sus
competencias.

Sobre este aspecto, el Consejo de Estado ha precisado que la congruencia debe
observarse tanto en su dimensión interna como externa La congruencia interna exige
correspondencia entre la parte motiva y la resolutiva de la providencia, de modo que
la decisión se fundamente en los argumentos jurídicos expuestos. La congruencia
externa requiere que lo decidido se mantenga dentro de lo solicitado en la demanda
y, en su caso, en la contestación, garantizando que la providencia respete los límites
del debate procesal16.

Adicionalmente, en relación con el desconocimiento del principio de congruencia
como causal de nulidad de la sentencia, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, con ponencia del magistrado
Alberto Yepes Barreiro, con providencia del 2 de febrero de 2016, dentro del
expediente 11001-03-15-000-2015-02342-00, indicó:

16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintisiete Especial de Decisión.

Sentencia del 1 de junio del 2022. M.P. Rocío Araújo Oñate. Radicación: 11001-03-15-000-2021-
05767-00.

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«[…] Sobre este punto, basta señalar que la Corte Constitucional en relación con
este principio y la violación del derecho al debido proceso ha considerado que:

‘…El principio de congruencia es uno de los elementos constitutivos del derecho
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política, ‘en la medida que impide determinadas decisiones porque su justificación
no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó’. En
este orden, se erige con tal importancia el principio de congruencia que su
desconocimiento es constitutivo de las antes denominadas vías de hecho, hoy
causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales’.

Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando falta
al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la coherencia externa
o interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión, porque el fallador
excede su competencia, la que se repite está determinada por los cargos y
pretensiones de la demanda.

Pues bien, estas reflexiones, con apoyo en jurisprudencia del Consejo de Estado y
en la doctrina de la Corte Constitucional, ratifican la tesis según la cual la
congruencia de los fallos es un elemento de validez de los mismos, cuya
inobservancia configura la causal de revisión de nulidad originada en la sentencia,
artículo 250, numeral 5 del CPACA.

Sin embargo, para la Sala es importante indicar que para que la incongruencia
externa o interna pueda generar la invalidez de la decisión debe ser fundamental o
radical, es decir, ha de ser de tal magnitud que no exista remedio distinto a su
nulidad.

…»17

La sala, en ejercicio de su función como juez constitucional, establece que no posee
competencia para definir si la providencia cuestionada a través de la acción de tutela
desconoce el principio de congruencia interna o externa, pues este examen
corresponde realizarlo a la autoridad judicial facultada para resolver el recurso
extraordinario de revisión, consagrado en el articulo 250 del CPACA que dispone:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor
derecho para reclamar.

17 En dicha decisión también se indica que la congruencia externa de la sentencia implica que el fallo

debe estar en armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la parte
demandada. Y, la congruencia interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la
parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia.

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7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la
sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión
si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».

Dicho recurso es un medio de impugnación excepcional que permite revisar
determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas cuando se logre
demostrar inequívocamente que tal decisión es injusta por incurrir en alguna de las
causales que taxativamente consagra la ley.

Al respecto, la sala plena consideró «…la naturaleza del recurso extraordinario de
revisión pretende conciliar nociones esenciales del ordenamiento legal, como lo son la
seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad de las sentencias
ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de restablecimiento de la justicia
material que persigue asegurar la vigencia de un orden justo, propuesto por el
Preámbulo de la Constitución Política»18.

También en esa oportunidad se señaló: «…el recurso extraordinario de revisión conlleva
una limitación a la seguridad jurídica que representan las sentencias ejecutoriadas,
constituye un medio excepcional de impugnación, que permite cuestionar una sentencia
que está amparada por el principio de cosa juzgada material».

Por consiguiente, la acción constitucional tampoco satisface el requisito de
subsidiariedad, dado que frente al reproche planteado procede el recurso
extraordinario de revisión como mecanismo idóneo y eficaz para la protección de los
derechos invocados.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por
Corporación de Servicios Médicos Integrales Them y Cia Ltda – Cosmitet Ltda contra
la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, por no superar los
requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

18 Sentencia del 12 de julio de 2005, expediente REV-00143, reiterada en sentencia del 18 de octubre

de 2005, expediente REV-00226.

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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

14

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