Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2019-00699-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Actos jurisdiccionales de policía: conforme al artículo 105 del CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2019-00699-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-33-000-2019-00699-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
3 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
Demandante: Sandra Patricia Lezama Araujo
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otro
Proceso: Reparación Directa
ACTOS JURISDICCIONALES DE POLICÍA- Conforme al artículo 105 del CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo no puede conocer de un acto jurisdiccional proferido en el marco de una actuación de policía iniciada por la
Administración para defender provisionalmente la posesión de un predio de su propiedad. Sin embargo, cuando se trata de
bienes de propiedad del Estado, el acto será administrativo y su legalidad podrá ser demandada ante esta Jurisdicción a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho/LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS BIENES DE
PROPIEDAD DEL ESTADO- los bienes fiscales y los bienes de uso público son imprescriptibles, razón por la cual tampoco
puede reconocerse la posesión que sobre los mismos detente un particular/LA PRUEBA DEL DAÑO Y EL PERJUICIO- El
demandante tiene la carga de probar la existencia del daño, del perjuicio y de su monto.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 12 de diciembre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander, que resolvió:
“PRIMERO: DECLÁRASE no probada la excepción de caducidad propuesta
por el municipio de Barrancabermeja, conforme lo expuesto en la parte
motiva.
SEGUNDO: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda, conforme las
razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
TERCERO: SIN CONDENA en costas de primera instancia a la parte
demandante, a favor de la parte demandada, en la medida de su
comprobación.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, adóptese el trámite de ley y
archívese el expediente.
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
Demandante: Sandra Patricia Lezama Araujo
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otro
Proceso: Reparación Directa
QUINTO: Se informa a los sujetos procesales que el buzón electrónico
habilitado para la recepción de memoriales corresponde a:
ventanillatriadmsan@cendoj.ramajudicial.gov.co; y se advierte que, solo se
admitirán los memoriales presentados a través de dicho canal digital, por
corresponder al destinado para tal fin, so pena de tenerse por no
presentados”.
SÍNTESIS DEL CASO
Sandra Patricia Lezama Araujo, pretende que se condene a los demandados por
el daño sufrido como consecuencia de la destrucción y demolición de las mejoras
realizadas en el predio el Natán, el cual fue objeto de un proceso de desalojo,
iniciado por la Administración que era la titular del derecho de dominio del
inmueble.
ANTECEDENTES
El 25 de septiembre de 2019, Sandra Patricia Lezama Araujo, a través de
apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa, con el fin de que las demandadas fueran condenadas
patrimonialmente, en los siguientes términos:
“PRIMERA: Declarar administrativa y solidariamente responsable al
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, representado legalmente por
DARIO ECHEVERRI SERRANO o quien haga sus veces y LA EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA- EDUBA.
Representada legalmente por LEONARDO MANTILLA o quien haga sus
veces de los daños antijurídicos acaecidos a SANDRA PATRICIA LEZAMA
ARAUJO, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad Barrancabermeja,
portador de la cédula de ciudadanía número 63.466.676 expedida en
Barrancabermeja con motivo de la destrucción y demolición de la finca el
NATAN ocurrido el día 27 de septiembre de 2017.
SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se condene al
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA y la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE BARRANCABERMEJA- EDUBA O QUIEN HAGA SUS
VECES a pagarle a la señora SANDRA PATRICIA LEZAMA ARAUJO,
mayor de edad, domiciliada en ésta ciudad de Barrancabermeja, portador de
la cédula de ciudadanía número 63.466.676 expedida en Barrancabermeja,
los siguientes conceptos:
CONCEPTO POR VALOR
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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
Demandante: Sandra Patricia Lezama Araujo
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otro
Proceso: Reparación Directa
PERJUICIOS MATERIALES
1. Daño emergente:
Arborización…………….. $250.310.000
Cultivos………………….. $22.216.000
Pastos y Cercas………… $26.971.250
Construcciones Existentes
(Vivienda, Unidad Sanitaria,
Galpón, Marranera, $79.147.000
Comedero de Ganado y
Galpón de
Pollo)…………………….
$378.644.250
Subtotal perjuicios daño
emergente………………..
RESUMEN DE VALOR
CONCEPTOS
1. Daño emergente actualizado: $378.644.250
2. Lucro cesante: $458.470.000
Suma total de los $838.114.250
Perjuicios
TERCERO: La condena respectiva será actualizada, aplicando en la
liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al
consumidor, desde la fecha de ocurrencia del hecho, hasta la de ejecutoria
del correspondiente fallo definitivo”.
Hechos
El demandante, en sustento de las pretensiones, adujo los siguientes hechos:
Se indicó que el 5 de febrero de 2004, la señora Sandra Patricia Lezama Araujo
“adquirió posesión y tenencia (…) a través de compraventa de inmueble” del
predio denominado El Natán, ubicado en la vereda de Ciénaga Brava en el
municipio de Barrancabermeja en Santander. A partir de ese momento, la señora
Lezama y su esposo, John Jairo Hernández, llevaron a cabo la explotación del
inmueble.
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Demandante: Sandra Patricia Lezama Araujo
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otro
Proceso: Reparación Directa
El 25 de febrero de 2017, la junta de acción comunal de la vereda de Ciénaga
Brava certificó que la señora Lezama Araujo era poseedora del predio El Natán
durante aproximadamente trece años, lapso en el que lo había explotado con
cultivos vegetales y cría de animales.
Añadió que la demandante, quien ejercía la posesión de buena fe, tenía
conocimiento de que el predio había sido entregado al municipio de
Barrancabermeja en dación de pago por parte del Ministerio de Defensa, conforme
a la escritura pública 250 de 9 de marzo del 2000, documento en donde se
consignó:
“Que como quiera que parte del predio que entrega del ministerio de defensa
se encuentra ocupado por particulares, se debe legalizar la propiedad de los
particulares, según lo previsto en el artículo 58 de la Ley 9 de 1989 y la Ley
388 de 1997”.
Continuó relatando que el 9 de marzo de 2017, la Empresa de Desarrollo Urbano
de Barrancabermeja - EDUBA inició una querella policiva en contra de la actora
buscando su desalojo de la finca El Natán. El 10 de marzo del mismo año, la
Inspección Segunda de Policía de Barrancabermeja avocó conocimiento de la
querella y llevó a cabo el proceso previsto en la Ley 1801 de 2016, norma que,
según el demandante, no era la aplicable, por no encontrarse vigente para el
momento de los hechos.
El 17 de abril de 2017, la inspectora de policía decretó la infracción y el desalojo,
decisión que fue confirmada por el alcalde municipal, por encontrar que dicho
predio había sido transferido por la alcaldía de Barrancabermeja a EDUBA,
conforme a la escritura pública 1716 del 18 de octubre de 2016.
Se afirmó que, el 27 de septiembre de 2017, la inspectora de policía llevó a cabo
la diligencia de desalojo, “sin tener en cuenta que la promesa de compra venta de
inmueble anexa se encontraba a nombre de la señora SANDRA PATRICIA
LEZAMA ARAUJO (…) y no del señor JHON JAIRO HERNÁNDEZ”, quien, según
alegó, no tenía autorización por parte de la poseedora del predio para manifestar
su voluntad en dicha diligencia.
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Demandante: Sandra Patricia Lezama Araujo
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Proceso: Reparación Directa
Aunado a lo anterior, señaló que en la misma diligencia el representante de
EDUBA ofreció un apartamento de interés social y el reconocimiento de las
mejoras que se habían efectuado en el predio, lo cual fue aceptado por una
persona que no tenía legitimidad para manifestarse en ese sentido y que, en todo
caso, el municipio no había cumplido con las prestaciones a las que se
comprometió con dicha oferta institucional, pues tampoco contaba con los
soportes, como el certificado de disponibilidad presupuestal.
Mas adelante sostuvo que el daño causado consistía en la pérdida de la
oportunidad de mantener la explotación del bien.
Subsanación de la demanda1
El 30 de enero de 2020, el Tribunal inadmitió la demanda y, en su lugar solicitó a
la parte activa:
“Señale con claridad y precisión cuál es la fuente generadora del daño
teniendo en cuenta que en los hechos reseña un error judicial en relación con
el proceso policivo, de la Inspección Segunda de Barrancabermeja que
decreta infracción y ordena desalojo sin tener en cuenta la promesa de
compraventa de la señora Sandra Patricia Lezama Araujo. También asevera
que el presente medio de control se ejerce por la destrucción y demolición de
la finca, según lo consigna en el acápite de declaraciones y condenas ¿a
quién atribuye este hecho? Y en el hecho decimo primero señala la omisión
en el cumplimiento de deberes consistentes en suministrar toda la oferta
institucional son soportes jurídicos y sin garantizar la protección de los
derechos de la demandante…Se requiere para que señale en concreto y
respecto de cada una de las demandadas cual es la acción y omisión que se
les imputa y por la cual se pretende su declaratoria de responsabilidad y
consecuente condena, así como la fecha de cada acción y omisión”.
En escrito de subsanación, el demandante indicó que:
“Preciso por medio del presente escrito con ‘claridad y precisión’, QUE LA
FUENTE GENRADORA DEL DAÑO, lo es la destrucción y demolición de las
mejoras existentes en la finca o el predio EL NATAN, quien era poseedora
1 SAMAI, EXPEDIENTE DIGITAL, índice 2 en: 8ED_EXPTRIBUN_03FOLIOS171175PDF(.pdf)
NroActua 2.
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Demandante: Sandra Patricia Lezama Araujo
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hasta el momento mi poderdante señora Sandra Patricia Lezama Araujo, por
parte de (…) EDUBA, el 27 de septiembre de 2017”.
En relación con la solicitud de precisar cuál era la acción u omisión que se
pretendía imputar a cada una de las demandantes, la parte actora expuso que
frente a EDUBA, la atribución de responsabilidad estribaba en la destrucción y
demolición de las mejoras en la finca El Natán. Mientras que, frente a la alcaldía
municipal de Barrancabermeja, la acción que se adujo como causante del daño
consistió en que “mediante la Resolución 1451 de 2017, CONFIRMÓ la decisión
emitida por la inspección Segunda de Policía Urbana de Barrancabermeja (…)
que ordenó la entrega a EDUBA del predio materia del procedimiento policivo de
perturbación por ocupación”.
Contestación de la demanda
El Distrito Especial de Barrancabermeja2 excepcionó como medio de defensa, en
primer lugar, la indebida escogencia del medio de control, por considerar que lo
que la actora alegó como supuesta fuente del perjuicio irrogado fue la decisión
tomada por la inspección de policía, en el sentido de ordenar la restitución por
parte de los demandantes del terreno que se encontraban ocupando de manera
irregular, decisión confirmada en segunda instancia por el alcalde municipal a
través de la Resolución No. 1451 del 1 de junio de 2017, por lo que el medio de
control procedente era la nulidad y restablecimiento del derecho, en razón a que,
según su dicho, el actor estaba atacando la legalidad de los actos administrativos.
Adicionalmente, propuso como excepción la caducidad, en razón a que la
demanda había sido presentada superando los cuatro meses señalados por la ley
para el medio de control que procedía.
Igualmente, alegó la legalidad del proceso llevado a cabo por la inspección de
policía, pues, según dijo, éste había acatado lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016,
que sí se encontraba vigente para el momento de los hechos, contrario a lo
afirmado por la demandante.
2 SAMAI, EXPEDIENTE DIGITAL, índice 2 en:
4ED_EXPTRIBUN_08CONTESTACIONDEMAND(.zip) NroActua 2
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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
Demandante: Sandra Patricia Lezama Araujo
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otro
Proceso: Reparación Directa
Finalmente, señaló que los perjuicios pretendidos por la parte actora eran
inexistentes, en tanto primero, el demandante fue compensado dentro del proceso
policivo con una vivienda tipo apartamento, en el proyecto de vivienda de interés
social y, segundo, debido a que, con la actuación de la inspección de policía no
se ocasionó perjuicio alguno, además de “la evidente desproporcionalidad de los
perjuicios alegados, pues se presenta un avalúo con aquellas mejoras que
aparentemente se encontraban en el predio, rendido por el señor Juan Carlos Diaz
Cariz, pero que además, incluye aspectos como lucro cesante y otros elementos
que son de carácter natural, es decir, que no pueden ser considerados como
mejoras efectuadas por parte del aquí demandante”.
La Empresa de Desarrollo Urbano de Barrancabermeja- EDUBA3 formuló la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por considerar que no
había efectuado acción u omisión alguna que hubiera causado el supuesto daño
deprecado.
Igualmente, alegó la ausencia de prueba sobre la falla del servicio y que, por el
contrario, estaba acreditado que la actuación de la entidad había sido conforme a
derecho. Finalmente, indicó que había culpa exclusiva de la víctima, en razón a
que había efectuado mejoras e inversiones en un inmueble cuyo dominio no
ostentaba.
Sentencia de primera instancia
El 12 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander profirió
sentencia en los términos transcritos al inicio de esta providencia, con fundamento
en lo siguiente:
En primer lugar, el Tribunal consideró que el medio de control de reparación
directa utilizado era la vía procesal adecuada, por cuanto el objeto de debate no
era la legalidad de los actos policivos; en esta medida encontró que el medio de
control se había interpuesto dentro de los dos años que consagra el literal i)
3 Ibidem.
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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
Demandante: Sandra Patricia Lezama Araujo
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numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
En segundo lugar, delimitó la reclamación en cuanto al daño deprecado, en los
siguientes términos “El daño se hace consistir en la afectación patrimonial
presuntamente sufrida por la señora SANDRA PATRICIA LEZAMA, derivada de la
pérdida de las mejoras de su propiedad, existentes en el predio EL NATAN y que
fueron destruidas por EDUBA, sin recibir compensación alguna”.
Posteriormente, en punto a la existencia de mejoras, distintas a las que hicieron
parte de la oferta institucional ofrecida por EDUBA en el marco del proceso
policivo adelantado por dicha entidad, cuya destrucción alegó la demandante, el
Tribunal indicó que no había encontrado probada ni la existencia de las mismas y,
menos aún, su destrucción.
Más adelante, señaló el a quo que era contradictorio el reproche de la
demandante sobre la no legitimación de quien aceptó la oferta institucional, al
asegurar que no la representaba y no se encontraba autorizado para ello, cuando
a su vez se valió de la aceptación inicial de la oferta institucional para predicar
dicho incumplimiento, frente a lo cual precisó que “contrario a lo afirmado por la
señora Sandra Patricia, el señor Jhon Jairo siempre actúo en nombre y
representación de su núcleo familiar y así fue considerado por la Administración,
sin que en oportunidad alguna la señora Sandra Patricia efectuara oposición a su
participación o intervención”.
Finalmente, añadió que se hallaba acreditado que EDUBA hubiera brindado
alternativas de compensación a la señora Sandra Patricia Lezama Araujo y a su
cónyuge y que su falta de concreción no resultaba imputable a un incumplimiento
de la entidad, “sino al hecho que el ofrecimiento finalmente efectuado por ellos,
conforme posteriores trámites de conciliación adelantados en el mes de marzo de
2019, no fue aceptado”. Aunado a lo anterior, desconoce la Sala si frente al señor
JHON JAIRO HERNANDEZ TOLOZA se materializó pago o cualquier otro
reconocimiento de mejoras (…) por lo que tampoco es posible predicar la
existencia de un daño cierto actual en perjuicio de Sandra Patricia Lezama
Araujo”.
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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
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Concluyó entonces que el daño deprecado no había sido probado.
Recurso de apelación
Los reproches del extremo activo giraron en torno a varios puntos.
Como primer aspecto, replicó que el a quo no valoró el documento denominado
‘Expediente Disciplinario IUS-2018-271853 IUC-D-2018-1261216’, “en el cual se
demuestra la participación de funcionarios de la entidad y de la administración
municipal del municipio de Barrancabermeja con el fin de poder demoler la finca
de mi representada, de igual forma se demuestra que la propuesta entregada
como oferta institucional no era real al no contar con los certificados de
destinación presupuestal, y de igual forma no era clara expresa y exigible”.
Reprochó que el a quo planteara erróneamente el problema jurídico, pues, en
criterio del censor “fue una vía de hecho el procedimiento adelantado por parte de
la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja y la Empresa EDUBA”, por cuanto “se
procedió a la destrucción de cultivos, Arboles, pastos y cercas, estanques
piscícolas y otras mejoras (Cerdos y pollo) y principalmente la vivienda, sin el lleno
de los requisitos formales”.
Mas adelante indicó que la fuente generadora del daño era la destrucción y
demolición de las mejoras existentes en la finca o predio ‘El Natán’, por parte de
EDUBA, el 27 de septiembre de 2017.
Igualmente, reiteró el argumento de la demanda sobre el incumplimiento de la
oferta institucional, consistente en el traspaso de un apartamento y el pago de las
mejoras, frente a lo cual señaló nuevamente que dicha oferta “no era real y se
prueba con la investigación llevada a cabo pues no existía dinero para el pago de
las mejoras”, especialmente “los llevados a cabo por la procuraduría Proceso IUS
2028-2711853 AP 0100-2018, PREVENTIVA EN CIERRE Y APERTURA DE
INVESTIGACION DICIPLINARIA ANEXA”.
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Demandante: Sandra Patricia Lezama Araujo
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Agregó que “a la fecha se ha permitido la invasión de dichos terrenos por parte de
los funcionarios y las autoridades municipales por la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA –EDUBA Y DE LA
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, en los cuales se permitió la
INVASIÓN ILEGAL, PROLIFERACIÓN DE INVASIÓN, URBANIZACIÓN ILEGAL
delitos establecidos en la ley 599 de 2000 y la ley 906 de 2004”.
Afirmó que existía un proceso de clarificación de la propiedad, que se encontraba
en curso ante la Agencia Nacional de Tierras, en el cual se aportó una serie de
documentos que demostraban que la demandante tenía la posesión y explotación
del predio.
Finalmente, reprochó que el a quo no se hubiera pronunciado sobre los supuestos
perjuicios morales padecidos por la demandante, puesto que “se encuentra
plenamente acreditado dentro del expediente que debido al incumplimiento de la
demandada (…) de sus obligaciones de cumplir con la oferta institucional, mi
mandante tuvo que someterse a diversas actuaciones judiciales (las cuales no
hubieran sido necesarias si EDUBA. hubiera cumplido lo pactado), lo cual ha
causado congoja, angustia y sufrimiento”.
Trámite segunda instancia
El 13 de diciembre de 2023, el Tribunal concedió el recurso de apelación4 y el 5 de
junio de 2024, el Despacho lo admitió5. En consideración a que no se decretaron
pruebas ni se solicitaron en el término de ejecutoria del auto admisorio, el proceso
entró al despacho para fallo, según informe secretarial del 10 de julio de 2024 6.
CONSIDERACIONES
1. Habida consideración que la demanda se presentó el 25 de septiembre de 2019
el régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
4 Samai, índice 83 del proceso del Tribunal Administrativo.
5 Samai, índice 3.
6 Samai, índice 10.
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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
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Contencioso Administrativo, que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012.
Adicionalmente, conforme al artículo 306 del CPACA, en los aspectos no
regulados se seguirá el Código General del Proceso7, en lo que sea compatible
con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
I. Presupuestos procesales
1.Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción Contencioso Administrativa, como guardián del orden
jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño
cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 104
CPACA, competencia que se reafirma en este caso por cuanto los demandados
son el Distrito Especial de Barrancabermeja y la Empresa de Desarrollo Urbano de
Barrancabermeja- EDUBA.
3. En este punto, como esta Sala lo analizó en una oportunidad previa8,
resulta de importancia poner de presente que, de conformidad con lo establecido
en el numeral 3) del artículo 105 del CPACA: “La jurisdicción de lo contencioso
administrativo no conocerá: Las decisiones proferidas en juicios de policía
regulados especialmente por la ley”. Norma que también se encontraba prevista
en el Código Contencioso Administrativo.
4. La jurisprudencia del Consejo de Estado, con el objetivo de delimitar el
alcance de la norma en cita se ha concentrado en distinguir los actos
administrativos proferidos por la autoridad pública en ejercicio de sus funciones de
policía administrativa orientados a preservar la tranquilidad, convivencia ciudadana
y el orden público, de aquellos que ésta emite cuando dirime conflictos de su
7 Debe recordarse la providencia del Consejo de Estado, Sala Plena, Auto del 25 de junio 2014, M.
P. Enrique Gil Botero, expediente 25000233600020120039501 (49299), en donde se indicó: “la
Sala unifica su jurisprudencia en relación con la entrada en vigencia de la ley 1564 de 2012, para
señalar que su aplicación plena en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como en
materia arbitral relacionada con temas estatales, es a partir del 1º de enero de 2014”.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 23 de agosto de 2024,
expediente 67132.
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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
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competencia, que se suscitan sobre intereses particulares, evento en que se está
en presencia de actos jurisdiccionales, cuyo juzgamiento le está vedado a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En los siguientes términos se ha
pronunciado:
“(…) En diversas oportunidades la Sala se ha pronunciado sobre el
carácter judicial de los juicios civiles de policía y especialmente sobre
el amparo policivo posesorio; ha diferenciado entre la función
propiamente administrativa desarrollada en materia de policía y la
función judicial ejercida por tales autoridades. De lo anterior resulta
importante resaltar, desde otro punto de vista, que la mayoría de las
actuaciones de autoridades administrativas de policía sí son objeto de
control de esta jurisdicción, salvo como ya se explicó cuando esas
autoridades actúan en función judicial. En esos dos sentidos la Sección
Primera de esta Corporación resaltó, en auto proferido el día 29 de marzo
de 1996, que unos son los actos administrativos de las autoridades de
policía y otros son los actos judiciales de esas mismas autoridades. Indicó
que los actos administrativos de las autoridades de policía son los
tendientes a la preservación del orden, la tranquilidad, la seguridad, la
salubridad y las condiciones económicas de convivencia social, los cuales
por su naturaleza están sujetos al control judicial de la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Respecto al segundo tipo de actos, los
judiciales de las autoridades de policía, señaló que se diferencian totalmente
de los anteriores, por cuanto se expiden en función judicial y para dirimir un
conflicto”9 (Se resalta)
En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, así:
“Está consagrado en la legislación y así lo ha admitido la doctrina y la
jurisprudencia de que cuando se trata de procesos policivos para amparar la
posesión, la tenencia o una servidumbre, las autoridades de policía ejercen
función jurisdiccional y las providencias que dicten son actos jurisdiccionales,
excluidos del control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y no
actos administrativos. En razón de lo anterior y dada la naturaleza material de
actos jurisdiccionales (…)”10.
Por su parte, esta Corporación en una reciente providencia indicó:
“Frente a la materia sobre la cual recaen los actos jurisdiccionales
proferidos en procedimientos policivos, esta Corporación ha concordado
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de septiembre de 2001, exp. 12915, C.P
María Elena Giraldo.
10 Corte Constitucional, T- 146204 del 23 de abril de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
Demandante: Sandra Patricia Lezama Araujo
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con la jurisprudencia constitucional al advertir que dichas decisiones
concernirán a la definición puntual, aunque provisional, sobre la perturbación
de la posesión, la tenencia material de un inmueble y la servidumbre, es decir,
aquello que comprometa exclusivamente el interés particular de los
extremos del debate, que no un interés público”11 (Se resalta)
En vínculo con lo anterior, debe tenerse en cuenta que en la Ley 1801 de 2016 -
actual Código de Policía, norma vigente al tiempo de los hechos, en razón a que
esta ley empezó a regir el 29 de enero de 201712 y la demanda policiva de
perturbación se presentó el 9 de marzo de 201713, se consagró:
“ARTÍCULO 79. Ejercicio de las acciones de protección de los bienes
inmuebles. Para el ejercicio de la acción de Policía en el caso de la
perturbación de los derechos de que trata este título, las siguientes personas,
podrán instaurar querella ante el inspector de Policía, mediante el
procedimiento único estipulado en este Código:
1. El titular de la posesión o la mera tenencia de los inmuebles particulares o
de las servidumbres.
2. Las entidades de derecho público.
3. Los apoderados o representantes legales de los antes mencionados”.
Corolario de lo expuesto, se tiene que la autoridad de policía ejercerá función
jurisdiccional cuando su actuación se dirija a resolver un conflicto suscitado
atinente a conjurar temporalmente la perturbación de la posesión, tenencia o
servidumbre respecto de bienes inmuebles. Las decisiones que emita en
desarrollo de ese debate, tendrán la naturaleza de actos jurisdiccionales que
escapan al control de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
No obstante, cuando se trata de bienes del Estado, como en el sub lite, el
entendimiento debe ser diferente, pues en estos casos la naturaleza del bien muta
la estirpe de la decisión. En otras palabras, las gestiones encaminadas a enervar
11 Consejo de Estado, Sentencia del 23 de agosto de 2024, M.P. William Barrera Muñoz.
Radicación: 25000-23-36-000-2018-00205-01 (67132)
12 Toda vez que fue promulgada el 29 de julio de 2016 pero su vigencia fue diferida hasta seis
meses después, conforme al artículo 243 de dicha normatividad.
13 Folio 102 del PDF dentro del archivo denominado,
6ED_EXPTRIBUN_01FOLIOS1165DEMANDAP(.pdf) NroActua 2, SAMAI, índice 02.
13
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
Demandante: Sandra Patricia Lezama Araujo
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otro
Proceso: Reparación Directa
la perturbación de la posesión de un bien del Estado tendrán la categoría de
decisiones administrativas, condensadas, por contera, en actos administrativos
demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En este sentido
esta Corporación ha dicho:
“…es postura consolidada en la jurisprudencia de la Corporación que en
tratándose de procedimientos policivos que involucren la protección del
statu quo frente a bienes de titularidad privada, las autoridades de policía,
al actuar como un tercero frente a un litigio entre particulares, actúa como
un juez, es decir, realiza una función jurisdiccional, mientras que si
defiende bienes de propiedad pública14 –fiscales o de uso público- los
policivos –de restitución de bienes de uso público, de lanzamiento por
ocupación de hecho de bienes fiscales, o cualquier otro similar- serán
siempre de naturaleza administrativa15.”16 (Se resalta)
14 Concepto global que abarca todos los bienes públicos –en sentido tradicional, los bienes de uso
público y los bienes fiscales- bajo la idea de propiedad, al respecto J. Pimiento, Derecho
Administrativo de Bienes, U. Externado, Bogotá, 2015.
15 A propósito de lo cual, la Sala ha afirmado:
“En el derecho nacional, el sistema de los bienes públicos se encuentra marcado por la
distinción que al respecto realizó el codificador civil en el artículo 674, por cuya virtud
los patrimonios públicos se dividen en bienes de uso público –aquellos de propiedad
pública cuyo “uso pertenece generalmente a todos los habitantes”- y bienes fiscales –
categoría de naturaleza residual, pues si el bien no cumple las características para ser
clasificado como de uso público será, necesariamente, fiscal 15.
“Las diferencias y puntos en común entre una y otra categoría son evidentes. En cuanto
a los puntos en común, se puede afirmar que: i) ambas categorías se encuentran
sometidas a un régimen de propiedad pública, tal y como lo reconoce el propio artículo
674 del Código Civil, en el entendido en que la expresión dominio contenida en el inciso
primero de la referida disposición normativa debe entenderse como propiedad a la luz
de lo dispuesto en el artículo 669 ejusdem, régimen de propiedad pública marcado por
la pertenencia a una persona de derecho público; ii) en punto a su régimen jurídico, los
bienes de uso público y los fiscales son imprescriptibles atendiendo lo prescrito en los
artículos 2519 del Código Civil y 407 del C. de P. C. –ahora 375 C.G.P.-; iii) de igual
manera, en lo que atañe a su inalienabilidad e inembargabilidad, el legislador ha
establecido que los bienes de uso público y los fiscales destinados a un servicio público
son inembargables –artículo 684 del C. de P. C.-, y serán inalienables aquellos que el
constituyente o el legislador hayan calificado como tales, es el caso del subsuelo y del
espectro electromagnético; y, iv) tanto los bienes de uso público como los fiscales se
encuentran sometidos de manera general a un régimen de derecho público en cuanto a
su gestión y administración.
“Sus diferencias son, también, evidentes: i) los bienes de uso público se caracterizan
jurídicamente porque el ordenamiento jurídico los ha puesto a disposición de los
particulares para su uso directo, mientras que los bienes fiscales se encuentran, general
pero no exclusivamente, destinados para el uso por parte de las entidades públicas, así
se encuentren algunas porciones de ellos “abiertos al público”; ii) el régimen jurídico de
14
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
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los bienes de uso público es de naturaleza constitucional (art. 63 C.P.), mientras que el
de la mayoría de los bienes que componen la categoría de fiscales es de carácter legal.
“En cuanto a los mecanismos de protección, el régimen jurídico es particularmente
complejo puesto que involucra normas de distinto nivel y mecanismos jurisdiccionales y
administrativos. Desde el punto de vista judicial, los bienes públicos encuentran una
protección intensa y completa, así junto a las tradicionales acciones –o medios de
control- contencioso administrativas, que no caducan por expresa disposición del
CPACA (art. 164.1.b), se encuentran las acciones populares que permiten la protección
ya sea específicamente del uso de los bienes de uso público o, más generalmente, del
patrimonio público (art. 4 de la Ley 472 de 1998). Pudiéndose, además, en ambos
casos, iniciar los trámites correspondientes al proceso reivindicatorio civil.
“La protección administrativa de los bienes públicos es aquella que las normas policivas
han decantado tradicionalmente, en el que coexisten las normas propias de la
restitución de los bienes de uso público con las de la protección de la tenencia material
de bienes inmuebles.
“Así, por una parte, para los bienes de uso público, se previó un régimen de protección
policiva denominado restitución de bienes de uso público, contenido en el Decreto 640
de 1937 y en el artículo 132 del Código Nacional de Policía, contenido en el Decreto
1355 de 1970, sin embargo, en dichas normas nada se estableció acerca de la
posibilidad de restituir bienes fiscales, asunto que fue estudiado por la Sala de Consulta
y Servicio Civil del Consejo de Estado …
“Por manera que, en principio, con el fin de recuperar sus bienes, la Administración
Pública tiene a su disposición dos tipos de instrumentos policivos según la naturaleza
jurídica del bien, en tratándose de bienes de uso público se podrá hacer uso del
mecanismo de la restitución de bienes de uso público, mientras que si lo que se busca
es recuperar un bien fiscal se habrá de acudir al mecanismo del lanzamiento por
ocupación de hecho con las particularidades que se explicarán más adelante.
“Las diferencias entre uno y otro mecanismo son sustanciales y con evidentes
consecuencias desde el punto de vista de su control jurisdiccional, en atención a que
desde 1913, las distintas normas que le atribuyen competencia a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo han excluido de su conocimiento ‘las decisiones proferidas
en juicios de policía regulados especialmente por la ley’, según la redacción que se
adoptó en el artículo 82 C.C.A.; disposiciones normativas que se han entendido
tradicionalmente como exclusivamente referidas a aquellos procedimientos policivos en
los que la autoridad de policía interviniera como un tercero en la disputa, catalogándose
así, como una actividad jurisdiccional de la Administración Pública, mientras que
aquellos referidos a actividades propiamente de policía administrativa –en la que se
incluye la restitución de bienes de uso público- se entendieron como sometidos al
control de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
(…)
“… ocurre que en el caso del lanzamiento por ocupación de hecho de bienes fiscales, la
entidad territorial no actúa como un tercero frente a la parte querellada; por el contrario,
dado el carácter de la protección que requieren los bienes públicos -en general, por su
inclusión en el patrimonio público-, esa medida policiva, al erigirse en una prerrogativa
del poder público, detenta un evidente carácter administrativo, cuyo control le
15
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
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Como se advirtió, en el caso concreto, el bien objeto de la medida policiva era de
propiedad pública, como quedó demostrado a partir del Certificado de Tradición
del inmueble17 y de la escritura pública 1716 del 18 de octubre de 2016, que
reposa en la Notaría Primera del Círculo de Barrancabermeja18, por medio de la
cual se llevó a cabo la división material del predio y en donde consta que la
Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja
es la propietaria. Por lo cual, el acto del 17 de abril de 2017, expedido por la
Inspección Segunda de Policía Urbana de Barrancabermeja, que ordenó la
entrega a EDUBA del predio materia del procedimiento policivo de perturbación
por ocupación y la Resolución 1451 del 1 de junio de 2017, que confirmó dicho
acto, son de naturaleza administrativa –que no jurisdiccional-, razón por la cual
están sometidos a control por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
5. Igualmente, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para
atender el presente asunto, de conformidad con el artículo 150 del CPACA, según
el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así mismo, esta Corporación
es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión mayor, que
corresponde a $458.470.000, supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6
corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, según la línea
jurisprudencial antes reseñada. Esta competencia administrativa encuentra pleno
sustento normativo en los artículos 2, 88, 102, 313 de la Constitución Política, en el
Decreto 1333 de 1986 –contentivo del Código de Régimen Político y Municipal- y en el
artículo 679 del Código Civil, a cuyo tenor:
‘ARTICULO 679. Nadie podrá construir, sino por permiso especial de autoridad
competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales, y
demás lugares de propiedad de la Unión’ (negritas por fuera del texto)” (Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de enero de 2015, Exp.
31612. Al respecto, ver también Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8
de marzo de 2007, Exp. 15883, C.P. Mauricio Fajardo Gómez).
16 Consejo de Estado, Sentencia del 27 de mayo de 2015, M.P. Hernán Andrade Rincón,
expediente 34.121.
17 Anexo 13, del archivo 002.3 de
4_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_08CONTESTACIONDEMAND_20240311105434, SAMAI,
índice 02.
18 Anexo 9 del archivo 002.3 de
4_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_08CONTESTACIONDEMAND_20240311105434, SAMAI,
índice 02.
16
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del CPACA, esto es $414.058.000 para el momento de presentación de la
demanda.
2. Medio de control procedente
6. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal, en este caso por acciones y omisiones imputables a una entidad pública,
de conformidad con el artículo 140 del CPACA.
7. Por su parte, la nulidad y restablecimiento del derecho es el medio de control
idóneo para atacar la legalidad de un acto administrativo, tal como lo consagra el
artículo 138 del CPACA19.
8. El análisis sobre el medio de control procedente para el caso concreto debe
partir de la premisa que esta Corporación ya ha dejado sentada en ocasiones
precedentes, según la cual “la procedencia de las acciones o medios de control en
ejercicio de los cuales se deben tramitar los asuntos de conocimiento de esta
jurisdicción no depende de la discrecionalidad del demandante, sino del origen del
perjuicio alegado y del fin pretendido”20. En el mismo sentido se ha dicho “el
19 Frente a los actos administrativos de suspensión proferidos por la Contraloría, esta Corporación
ha indicado:
“[…] Esta potestad (la conferida a los Contralores mediante el numeral 8, artículo 268 de la
Constitución Política) obra con independencia del resultado de los procesos fiscales, penales o
disciplinarios y encuentra su razón de ser en la decisión discrecional, más (sic) no arbitraria, del
mencionado funcionario de apreciar el grado de entorpecimiento que para la realización de las
citadas investigaciones pueda ejercer el servidor público investigado. Por ende, teniendo esta
connotación, la medida que así lo disponga es susceptible de ser enjuiciada ante la jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo siendo factible esgrimir en contra de la misma los vicios de
ilegalidad que respecto de la generalidad de los actos administrativos pueden invocarse con miras
a desvirtuar la presunción de legalidad que los rodea. […]” La Sección Segunda del Consejo de
Estado, en sentencia de 29 de marzo de 2007, expediente 0955-2005, M.P. Dr. Alejandro Ordoñez
Maldonado.
20Consejo de Estado, Sentencia del 3 de julio de 2020, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico,
Radicación número: 15001-23-31-000-2011-00105-01 (54.990)
17
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
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criterio útil para determinar la acción procedente para reparar los daños
ocasionados por la Administración es el origen de los mismos”21.
Derivado de lo anterior, la Sala observa que, de una parte, el caso que se somete
al conocimiento de esta instancia se enmarca parcialmente en el reproche de la
legalidad del acto administrativo expedido por el Distrito Especial de
Barrancabermeja, contenido en la Resolución 1451 de 2017, por la cual “confirmó
la decisión emitida por la inspección Segunda de Policía Urbana de
Barrancabermeja (…) que ordenó la entrega a EDUBA del predio materia del
procedimiento policivo de perturbación por ocupación”, toda vez que la actora, en
la subsanación de la demanda, expresó que frente a esta entidad territorial
pretendía que se imputaran los supuestos daños ocasionados a la señora Lezama
Araujo, en virtud de la expedición de dicho acto.
De ahí que el referido daño se funda en un reproche por la expedición del acto
administrativo, dictado en el marco de la actuación policiva iniciada por la EDUBA,
entidad de derecho público, con el objeto de procurar que cesara la perturbación
de la posesión de un bien de su propiedad que estaba siendo ocupado por la
demandante. Así las cosas, para desatar este punto de la controversia, es preciso
definir cuál es el medio de control procedente, de acuerdo con la fuente del daño
alegado, y, con ello, determinar si la demanda se interpuso en la oportunidad que
establece la ley, en función de la vía procesal idónea para esta reclamación.
Para la Sala es claro que la parte demandante controvierte las decisiones
administrativas del distrito demandado que le ordenaron devolver el predio
respecto del cual alega la posesión y, de manera consecuente, pide la
indemnización por el supuesto daño derivado de esas disposiciones
administrativas. Por ello, el medio de control procedente para decidir esas súplicas
es la nulidad y restablecimiento del derecho y no el medio de control de reparación
directa.
En efecto, dado que el daño alegado –consistente en la pérdida de la posesión y
21 Consejo de Estado, Sentencia del 20 de mayo de 2013, M.P. Hernán Andrade Rincón,
expediente 27278.
18
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explotación del predio y de sus mejoras22– se originó en los actos administrativos
que ordenaron la entrega al EDUBA del predio ocupado, es decir, aquel proferido
el 17 de abril de 2017 y la Resolución 1451 del 1 de junio del mismo año, el
resarcimiento debió reclamarse a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con las pretensiones de anulación de esas
decisiones y la respectiva orden de reparación, en los términos del artículo 138
CPACA.
Ahora bien, establecido que el medio de control procedente para decidir sobre las
súplicas relacionadas con las decisiones administrativas controvertidas y sus
efectos es la nulidad y restablecimiento del derecho, es preciso determinar si la
demanda se presentó dentro de la oportunidad legal o si, por el contrario, se
configuró el fenómeno de la caducidad.
La Resolución 1451, por la cual el alcalde municipal de Barrancabermeja confirmó
la decisión emitida el 17 de abril de 2017 por la inspección Segunda de Policía
Urbana de ese municipio, por la que se ordenó la entrega a EDUBA del predio
materia del procedimiento policivo de perturbación por ocupación, fue expedida el
1 de julio de 2017.
Si bien se desconoce la fecha en que esta última decisión fue notificada a la parte
actora, lo cierto es que, según ella misma lo afirmó en el escrito de subsanación
de la demanda, como consecuencia de esa orden, el 27 de septiembre de 2017 el
extremo activo procedió a entregar el inmueble a la inspección de policía, la que a
su turno hizo su entrega al EDUBA.
De ahí, es claro que al menos para el 27 de septiembre de 2017, fecha en que se
materializaron las decisiones administrativas, la demandante ya tenía
22 Así se desprende de la lectura articulada de las pretensiones y fundamentos fácticos de la
demanda en los que aduce que “se entiende como daños, la perdida de oportunidad que se le
cercenó a la señora SANDRA PATRICIA LEZAMA ARAUJO (…) por parte de la Administración
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANCABERMEJA a mantener la explotación del predio a sabiendas que mi defendida había
solicitado a la agencia nacional de Tierras, la clarificación de la propiedad y de esta forma acceder
a la adjudicación de los terrenos”. Folio 9 de la demanda.
19
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
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conocimiento de las ordenes de desalojo y entrega del inmueble, que, para el
caso, constituyen una de las fuentes del daño reclamado.
Sobre el particular se recuerda que, con apego a lo dispuesto en el literal d) del
numeral 2, del artículo 164 del CPACA: “Cuando se pretenda la nulidad y
restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término
de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación,
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo
las excepciones establecidas en otras disposiciones legales”; límite temporal que
en el sub lite fue ampliamente superado si se tiene en cuenta que la demanda se
instauró el 25 de septiembre de 2019, es decir, estando más que vencidos los
cuatro meses contados desde que la demandante tuvo conocimiento de los actos
administrativos de desalojo del predio.
De modo que se declarará oficiosamente la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento, vía procesal idónea para debatir la legalidad de las
Resoluciones del 17 de abril de 2017 y la 1451 del 1 de junio del mismo año, por
las que se ordenó el desalojo y entrega del predio al EDUBA.
Ahora bien, por otra parte, no se puede desconocer que la demandante también
fundamentó el daño, cuyo reconocimiento pretende, esta vez por parte de
EDUBA, en los perjuicios causados por la destrucción y demolición de la finca El
Natán ocurrido el 27 de septiembre de 2017.
Por lo que, para la Sala salta a la vista que, derivado de lo anterior, la actora no
pretende enjuiciar el acto administrativo expedido por la Inspección de Policía, en
audiencia pública del 17 de abril de 2017, por medio del cual se declaró a la
demandante infractora en los términos de la Ley 1801 de 2016; lo que pretende
es el resarcimiento de un perjuicio derivado del hecho de la supuesta destrucción
de las mejoras que imputa a la propietaria del bien en favor de quien se resolvió la
querella policiva, evento para el cual es procedente el medio de control de
reparación directa, tal como lo indicó el a quo cuando desestimó la excepción de
indebida escogencia del medio de control, propuesta por el Distrito Especial de
Barrancabermeja.
20
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
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Es en relación con el punto de debate indicado -concerniente a la destrucción de
las mejoras del inmueble- que se continuará con el análisis de los presupuestos
procesales y el estudio del fondo de caso, desde la óptica del medio de control de
reparación directa.
3. Demanda en tiempo
9. El término para formular pretensiones en ejercicio del medio de control de
reparación directa, según el artículo 164 numeral 2), literal i) del CPACA,
corresponde a dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño o cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior.
10. En el caso concreto, habida consideración que se pretende la
indemnización de los perjuicios derivados por la supuesta destrucción y demolición
de las mejoras construidas en la finca El Natan, que según adujo la demandante
ocurrió el 27 de septiembre de 2017, fecha en la que se llevó a cabo la diligencia
de desalojo23, la Sala tendrá esta fecha como punto de partida del inicio de la
caducidad, sin perjuicio de lo que más adelante se considere sobre el verdadero
alcance de dicha diligencia.
11. Así entonces, la demanda radicada el 25 de septiembre de 2019 fue
presentada en oportunidad respecto del medio de control de reparación directa.
Esto, en consideración, además, a que el 14 de diciembre de 2017 el demandante
presentó solicitud de conciliación extrajudicial a la Procuraduría 17 Judicial II para
Asuntos Administrativos, autoridad que llevó a cabo la audiencia respectiva el 6 de
marzo de 201824, declarándola fallida.
4. Legitimación en la causa
23 Folio 132 del PDF dentro del archivo denominado,
6ED_EXPTRIBUN_01FOLIOS1165DEMANDAP(.pdf) NroActua 2, SAMAI, índice 02.
24 Folio 168 de PDF dentro del archivo denominado,
6ED_EXPTRIBUN_01FOLIOS1165DEMANDAP(.pdf) NroActua 2, SAMAI, índice 02.
21
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12. La demandante, señora Sandra Patricia Lezama Araujo, se encuentra
legitimada en la causa por activa, en razón a que los hechos y pretensiones de la
demanda se dirigen al reconocimiento de los perjuicios sufridos por causa de la
supuesta destrucción y demolición de las mejoras que se encontraban en el predio
que poseía y explotaba y del cual fue desalojada el 27 de septiembre de 2017.
13. La Empresa de Desarrollo Urbano de Barrancabermeja- EDUBA- también
se encuentra legitimada en la causa por pasiva, pues es a la que se atribuyen los
actos de demolición y destrucción de las mejoras existentes en el predio el Natán.
Por otra parte, el Distrito Especial de Barrancabermeja25 no se encuentra
legitimado en la causa por pasiva, toda vez que, según lo expuesto por el
demandante, en la subsanación de la demanda, su vinculación al proceso tenía
como objeto imputar los supuestos daños ocasionados a la señora Lezama
Araujo, en virtud de haber expedido la Resolución 1451 de 2017, por la cual
“confirmó la decisión emitida por la inspección Segunda de Policía Urbana de
Barrancabermeja (…) que ordenó la entrega a EDUBA del predio materia del
procedimiento policivo de perturbación por ocupación”, circunstancia que debía
ventilarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
En estas condiciones, al no mediar otro hecho que se le impute al Distrito Especial
de Barrancabermeja que pueda ser analizado bajo la cuerda del medio de control
de reparación directa, la conclusión forzosa es que no cuenta con la legitimación
en la causa para ser parte en el sub lite, respecto del medio de control de
reparación directa.
5. Del principio de congruencia y el alcance de la apelación
14. El artículo 281 del CGP1 establece que la sentencia deberá estar en
consonancia con las pretensiones aducidas en la demanda y prohíbe al juez
25 Barrancabermeja tiene la naturaleza de Distrito Especial, en virtud del Acto Legislativo 01 del 11
de julio de 2019.
22
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
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condenar al demandado por objeto distinto del pretendido en la demanda o por
causa diferente a la invocada en ésta, en respeto del ´principio de congruencia’.
Sobre el principio de congruencia, el Consejo de Estado ha señalado que ésta
debe ser interna y externa. “La primera obedece a la correspondencia que debe
existir entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia; y la segunda, esto es la
externa, que la decisión contenida en la parte resolutiva se encuentre en
concordancia con lo pedido en la demanda y en su contestación”26.
15. La Sala observa que el demandante introdujo un argumento en los
fundamentos fácticos de la demanda, -sin incluirlo en todo caso expresamente en
las pretensiones de la demanda- que reiteró en sede de apelación, según el cual
EDUBA había incumplido la oferta institucional, consistente en el traspaso de un
apartamento y el pago de las mejoras. En este sentido, señaló que dicha oferta no
era real, “pues no existía dinero para el pago de las mejoras” y que tampoco
contaban con “soportes financieros (CDP), ni la obligación era clara, expresa y
exigible, con un día, hora y fecha para cumplirla, no dándole garantías
constitucionales a mi representado”.
No obstante, en conexidad con las pretensiones de la demanda se evidencia que
lo que se procura es la declaratoria de responsabilidad patrimonial en contra de
las demandadas, por cuenta de “los daños antijurídicos acaecidos a Sandra
Patricia Lezama Araujo, “con motivo de la destrucción y demolición de la finca el
NATAN ocurrido el día 27 de septiembre de 2017”. Consecuencia de ello,
pretendió la condena por lucro cesante y daño emergente, este último
materializado en los elementos, como arborización, cultivos, pastos y cercas y
demás construcciones presentes en el predio del cual fue desalojada en dicha
fecha.
26Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sala Veintisiete (27) Especial de
Decisión, Sentencia del 1 de junio de 2022, M.P. Rocío Araújo Oñate. Recurso Extraordinario de
Revisión Radicación: 11001-03-15-000-2021-05767-00.
23
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
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Igualmente, en su escrito de subsanación, en respuesta al requerimiento que hizo
el Tribunal con la finalidad de que indicara la fuente del daño, el actor señaló:
“Preciso por medio del presente escrito con ‘claridad y precisión’, QUE LA
FUENTE GENERADORA DEL DAÑO, lo es la destrucción y demolición de las
mejoras existentes en la finca o el predio EL NATAN, quien era poseedora hasta el
momento mi poderdante señora Sandra Patricia Lezama Araujo, por parte de (…)
EDUBA, el 27 de septiembre de 2017”.
16. Así entonces, observa la Sala que no hubo ninguna pretensión dirigida a la
declaratoria de incumplimiento de la oferta institucional por parte de la demandada
EDUBA, por lo que, pese a que el juzgador tiene facultades para interpretar la
demanda, estas no pueden traspasar el límite señalado por el demandante y, en
este sentido, no hay posibilidad de integrar al petitum de la demanda el argumento
relativo al incumplimiento de la oferta institucional, pues la parte activa no lo
incluyó como parte de las pretensiones, y si así era su voluntad no cumplió con la
carga procesal impuesta por el artículo 82 del CGP, cuando señala: “Requisitos de
la demanda. Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva
todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos (…) 4. Lo que se pretenda,
expresado con precisión y claridad” (Se resalta).
En tal virtud, esta instancia se circunscribirá al análisis de la responsabilidad
derivada de la supuesta destrucción y demolición de las mejoras.
17. En la misma línea, debe recordarse que el apelante reprochó que el a quo
no hubiera accedido al reconocimiento del daño moral sufrido por la demandante,
pese a que, según indicó, se encontraba acreditado en el expediente. Frente a lo
cual la Sala observa que este perjuicio no fue solicitado en el petitum de la
demanda, razón por la cual, el fallador no podía reconocer perjuicios distintos a los
solicitados, so pena de incurrir en una violación al principio de congruencia por un
fallo extra petita. Lo anterior, por cuanto el perjuicio moral no se encuentra
exceptuado de la solicitud de parte para su reconocimiento, como si ocurre verbi
24
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gratia con el daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados27.
Lo anterior, aunado al hecho de que ante la ausencia de pronunciamiento de
fondo frente a los elementos de la responsabilidad no resultaba viable
jurídicamente, en sede de primera instancia, analizar la prosperidad frente a la
condena de los perjuicios deprecados.
De manera que, no procede el reproche en este sentido, por cuanto una
consideración diferente atentaría contra el principio de congruencia.
18. Finalmente, debe indicarse que esta instancia tampoco analizará lo
relacionado con la supuesta invasión ilegal “por parte de los funcionarios y las
autoridades municipales por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DEBARRANCABERMEJA –EDUBA Y DE LA ALCALDÍA DSTRITAL DE
BARRANCABERMEJA, en los cuales se permitió la INVASIÓN ILEGAL,
PROLIFERACIÓN DE INVASIÓN, URBANIZACIÓN ILEGAL delitos establecidos
en la ley 599 de 2000 y la ley 906 de 2004”, puesto que ésta no es la autoridad
competente para analizar hechos relacionados con conductas , de los cuales se
pueda derivar una responsabilidad penal. Así, se reitera lo indicado en el estudio
de la jurisdicción, competencia y medio de control procedente, en cuanto a que la
responsabilidad que se puede establecer por medio de este fallo solo puede ser
de orden patrimonial.
19. Ante este panorama, el análisis que emprenderá la Sala solo se limitará a
los cargos relacionados con la supuesta destrucción y demolición de las mejoras
que se encontraban en el predio que ocupaba la demandante.
6. Problema jurídico
20. Corresponde a la Sala determinar la responsabilidad patrimonial de EDUBA
en la supuesta destrucción y demolición de las mejoras existentes en la finca El
27 Esto, conforme a la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado, proferida el 28 de agosto
de 2014, M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, radicado 32988.
25
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Natán.
7. Análisis de la Sala
7.1. Del daño: primer elemento de la responsabilidad del Estado
21. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En desarrollo de
este postulado constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad
patrimonial del Estado corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que
estando debidamente demostrado determina el posterior juicio de imputación para
efectos de imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado.
En ese orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad
patrimonial del Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración
de un daño sin cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de
los demás requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto
para un juicio de imputación que incluye, entre otros, la calificación de
antijuridicidad a las voces del artículo 90 C.P.
22. De esta manera entonces, el daño entendido como la afectación,
vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito 28 29 es el primer elemento que
debe quedar certera y suficientemente probado -en tanto no es posible presumirlo-
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de 2023,
Expediente 61.340.
29 Por su parte, el Doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como“…toda afrenta a los
intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos
individuales o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como
alteración de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de
reparación si los otros requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de
reparar- se encuentran reunidos”. En Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile
extracontractuelle de l’État en droit colombien et en droit français, tesis doctoral, universidad
de París 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el
artículo: “Las formas de reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación
sustancial en todas las acciones contra el estado”, publicado en la Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva
“La responsabilidad extracontractual del Estado”. XVI jornadas internacionales de derecho
administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 35.
Esta definición de Daño fue adoptada por la Corte Constitucional en sentencia SU 080 de 2020
26
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
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, sin cuya existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este
sentido la doctrina nacional expone:
“[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la
reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y
su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos,
en la labor de las partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se
puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo
esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la
conducta del autor resultará necio e inútil”30.
23. Este elemento ha sido entendido como la afectación, vulneración o lesión a
un interés legítimo y lícito31, que debe quedar certera y suficientemente probado,
sin que sea posible presumirlo. En efecto, la doctrina nacional lo define como:
“(…) toda afrenta a los intereses lícitos de una persona, trátese de
derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de
colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como
alteración de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar
judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de la
responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar- se
encuentran reunidos” 32 (Se resalta)
Así, el daño —para ser resarcible—, por definición, debe recaer sobre un
interés lícito, de modo que, como lo ha determinado esta Sección:
“(…) la licitud del bien afectado33 es requisito sine quanon [sic] para que el
daño tenga el carácter de antijurídico, en otros términos, el menoscabo no
debe tener por objeto relaciones o situaciones jurídicas ilegítimas, so
pena de no poder ser resarcido (…)”34 (Se resalta)
30 Hinestrosa, Fernando. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por
Henao, Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 2 de junio de 2023. Exp: 61.340.
32 Henao, J.C. Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle de l’État
en droit colombien et en droit français, tesis doctoral. Universidad de París 2 Panthéon-Assas,
sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el artículo: Las formas de
reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones
contra el estado, publicado en la Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia,
n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva: La responsabilidad extracontractual del Estado.
XVI jornadas internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015,
p. 35. Esta definición de daño fue adoptada, además, por la Corte Constitucional en sentencia SU-
080 de 2020.
33 Nota al pie original del texto: “Por bien se hace referencia a interés, derecho o subjetivo o bien
jurídicamente tutelado.”
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 12 de junio de 2014. Exp: 31185.
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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
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24. En este punto resulta menester poner de presente que la licitud del interés
se erige como parte del carácter personal del daño. En esta línea, deviene diáfano
que, independientemente del régimen —por definición— la responsabilidad exige
la lesión a un interés, derecho o bien lícito, que debe ser demostrado por el
demandante.
25. Por su parte, el demandante tiene la carga de probar la existencia del daño,
del perjuicio y de su monto. Esta carga probatoria se encuentra consagrada en el
artículo 167 del Código General del Proceso.
26. Para adentrarse al análisis de este elemento de la responsabilidad, la Sala
precisa que, conforme al certificado de tradición del inmueble dentro del cual se
encontraba la finca ‘El Natán’, identificado con matrícula inmobiliaria 303-91866,
se aprecia que la demandante, señora Sandra Patricia Lezama Araujo, así como
ningún otro particular ha detentado el dominio sobre dicho inmueble, como se
advierte con la anotación del 14 de mayo de 199135 .
Aunado al documento prenotado, al expediente se aportó copia de la escritura
pública 1716 del 18 de octubre de 2016, otorgada en la Notaría Primera del
Círculo de Barrancabermeja y por la cual se llevó a cabo la subdivisión material
urbana del predio, en cuyo contenido consta que el inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria 303-91866 para el momento de los hechos era de propiedad
de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de
Barrancabermeja36.
Finalmente, la Sala destaca que el documento del 5 de febrero de 2004, por el
cual, según la parte actora, la señora Sandra Patricia Lezama Araujo “adquirió
posesión y tenencia (…) a través de compraventa de inmueble”, se trata de una
promesa de compraventa de inmueble, que ningún efecto tiene sobre la propiedad
del mismo, toda vez que, debe recordarse, la promesa es un contrato que no
35 Anexo 13, del archivo 002.3 de
4_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_08CONTESTACIONDEMAND_20240311105434, SAMAI,
índice 02.
36 Anexo 9 del archivo 002.3 de
4_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_08CONTESTACIONDEMAND_20240311105434, SAMAI,
índice 02.
28
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representa un título traslaticio de dominio, por lo que el mencionado acuerdo no
muta ni traslada la propiedad del bien, que continuó estando en cabeza del
Estado.
Con lo cual se confirma que, para el 27 de septiembre de 2017, fecha en que se
llevó a cabo el desalojo de la demandante del mismo predio identificado con
matrícula inmobiliaria 303-9186637, la parte activa no era su propietaria. Lo anterior
implica que el análisis de la responsabilidad del Estado para el sub lite, en
principio, no se enmarca dentro de los fundamentos que esta Corporación ha
elaborado para los casos de ocupación por trabajos u obras públicas de inmuebles
de particulares, pues como se estableció, dicho inmueble era propiedad de una
entidad pública.
27. Ahora bien, es por la calidad de poseedora que la actora aduce haber
sufrido los daños que en sede judicial pretende le sean indemnizados, por lo que
es menester abordar brevemente los rasgos generales de esta institución jurídica.
En este punto, es necesario recordar que la posesión es definida por el artículo
762 del Código Civil, al siguiente tenor:
“La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o
dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o
por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.
El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo”.
Por su parte, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado:
“De acuerdo a la definición de la posesión desde la perspectiva legal,
doctrinal y jurisprudencial, es necesario que concurran dos elementos a
efectos de integrar en su totalidad la figura: por un lado, el corpus, que se
traduce en el ejercicio material del derecho, y de otro lado, el animus,
que se refiere a la voluntad de considerarse titular del derecho. Ahora
bien, teniendo claro el anterior concepto, es preciso reiterar que no basta con
alegar la condición de poseedor al momento de acudir al proceso, sino que es
necesario y obligatorio acreditar la misma probatoriamente, pues lo que se
37 Esto se corrobora con el acta de la diligencia de desalojo llevada a cabo el 27 de septiembre de
2017, por la Inspección Segunda de Policía Urbana de Barrancabermeja, que obra a folio 132 del
PDF dentro del archivo denominado, 6ED_EXPTRIBUN_01FOLIOS1165DEMANDAP(.pdf)
NroActua 2, SAMAI, índice 02.
29
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
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pretende es la reparación de los perjuicios derivados de la lesión a ese
derecho de posesión”38 (Se resalta)
Y sobre la prueba de la posesión ha indicado:
“En cuanto a la prueba de la posesión, es claro que se puede hacer uso de
los medios probatorios que el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil
tiene por establecidos, y adicionalmente, de las presunciones legales
susceptibles de ser desvirtuadas, que el Código Civil consagra”.
En torno a la naturaleza jurídica de la posesión se han suscitado importantes
debates. Así, se ha discutido si se trata de un derecho real o no, cuestión que se
suscita en razón a que el Código Civil, en el artículo 665 consagró:
“DERECHO REAL. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin
especto a determinada persona.
Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o
habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca.
De estos derechos nacen las acciones reales” (Se resalta)
Dejando fuera del listado a la posesión, situación que, a su vez, se explicó en
razón a que esta figura era un mero hecho reconocido jurídicamente y no un
derecho. No obstante, la doctrina, especialmente el profesor Arturo Valencia Zea
preconiza el entendimiento de la posesión como un derecho real provisional y no
definitivo como los indicados en la norma del artículo 665 del Código Civil, al
respecto señala:
“En el derecho moderno es derecho subjetivo todo poder de voluntad que
ejerza sobre cosas o en relación con otras personas; poderes de voluntad
protegidos por el orden jurídico con pretensiones o acciones, a fin de hacerlos
valer frente a los demás.
Los derechos sobre cosas que pueden hacerse valer con acciones reales,
son los derechos reales. La posesión es un poder de hecho que se ejerce
sobre cosas y que se encuentra protegida con verdaderas acciones reales
(las acciones posesorias). Desde tal punto de vista, es un hecho cierto que la
posesión es un derecho real.
Pero existe una gran diferencia entre la propiedad y la posesión. La
primera constituye un poder jurídico definitivo; la posesión, un poder de
hecho provisional; provisional en el sentido de que puede caer frente a
38Consejo de Estado, Sentencia del 19 de noviembre de 2012, M.P. Enrique Gil Botero.
Radicación número: 20001-23-31-000-1998-03648-01(21417).
30
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
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la acción que se deriva de la propiedad. De ahí que la doctrina actual
predique (en forma bastante unánime) que la posesión es un derecho
real provisional”39 (Se resalta)
Derivado de ello, el poseedor tiene derechos reconocidos legalmente, verbi gratia
en materia de mejoras. Así, el artículo 739 de la mencionada codificación
consagra:
“CONSTRUCCION Y SIEMBRA EN SUELO AJENO. El dueño del terreno
en que otra persona, sin su conocimiento hubiere edificado, plantado o
sembrado, tendrá derecho de hacer suyo el edificio, plantación o
sementera, mediante las indemnizaciones prescritas a favor de los
poseedores de buena o mala fe en el título de la reivindicación, o de
obligar al que edificó o plantó a pagarle el justo precio del terreno con los
intereses legales por todo el tiempo que lo haya tenido en su poder, y al que
sembró a pagarle la renta y a indemnizarle los perjuicios.
Si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del dueño del
terreno, será este obligado, para recobrarlo, a pagar el valor del edificio,
plantación o sementera” (Se resalta)
Precepto frente al cual la Corte Suprema de Justicia ha advertido:
“La garantía brindada en el precepto que se analiza a quien edificó, plantó o
sembró en predio de otro, corresponda solamente al derecho de crédito que en
favor suyo y a cargo del titular del dominio de la tierra estatuyó, referido a las
prestaciones mutuas propias de la acción de dominio, ora al valor del edificio,
plantación o sementera, derecho solamente surge cuando el dueño busca por
cualquier medio la recuperación del terreno y junto a él la tenencia de los
accesorios”40.
Surge de lo anotado que un poseedor tiene derecho a recibir indemnización por la
pérdida de las mejoras que plantó o edificó en terreno ajeno. No obstante, es
imperativo tener en consideración que, como en el sub lite, de acuerdo con lo
indicado en notas previas, se trata de un bien de propiedad pública, puntualmente
de un bien fiscal41, sujeto a uso privativo del Estado, la calidad de poseedor no
39 VALENCIA ZEA, Arturo, “Naturaleza jurídica de la relación posesoria”. Editorial Temis, Bogotá.
1992, páginas 214- 215.
40 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 19 de agosto de 2015, M.P. Álvaro Fernando García
Restrepo. SC10896-2015. Radicación N° 63001-31-10-004-2005-00011-01.
41 Los bienes fiscales se encuentran consagrados en el artículo 674 del Código Civil, al siguiente
tenor: “Bienes Públicos y de Uso Público. Se llaman bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio
pertenece a la República.
Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas,
puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio.
31
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
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puede ser predicada por ningún particular, como quiera que es un bien
imprescriptible, conforme al artículo 42 de la Ley 1537 de 2012, que reza así:
“Imprescriptibilidad de bienes fiscales. Los Bienes Fiscales de propiedad de
las Entidades Públicas, no podrán ser adquiridos por vía de prescripción
adquisitiva ordinaria o extraordinaria, ni prosperará por vía de acción o de
excepción ante ningún juez de la República”.
En virtud de esta norma, esta Corporación ha considerado que: “dotados los
bienes fiscales de la prerrogativa de la imprescriptibilidad, el ocupante de
hecho del bien fiscal ya no podrá alegar posesión”42.
Consideración revestida de todo fundamento jurídico, en razón a que la
posesión, bajo ciertos requisitos, concede la posibilidad de adquirir el dominio
de un bien por el modo de la usucapión, pero tratándose de bienes de
propiedad del Estado, esta forma de obtener la propiedad está proscrita por
ley.
En este sentido, la indemnización reconocida por la norma del Código Civil no es
extensible a los ocupantes de bienes de propiedad pública, como es el caso del
inmueble ‘El Natan’, razón por la que, a pesar de que la Sala no pasa
desapercibido que la demandante ejercía actos de señor y dueño sobre el
predio43, esta situación no tiene ningún efecto sobre el hecho de que, por
Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de
la Unión o bienes fiscales”.
42 CONSEJO DE ESTADO, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto Sala de Consulta C.E. 745
de 1995.
43 Para el efecto, la Sala observó las siguientes documentales:
• Informe Técnico de Visita de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria-
UMATA del 26 de octubre de 2016, en donde consta: “…se llega a la parcela de nombre Elnatan
[sic], cuyo poseedor es la señora SANDRA PATRICIA LEZAMA ARAUJO…” (SAMAI, índice 2, en:
6ED_EXPTRIBUN_01FOLIOS1165DEMANDAP(.pdf) NroActua 2)
• Certificado del Programa de vacunación de Predio Pecuario expedido por el ICA el 14 de
mayo de 2019, sobre el predio el ‘Natán’ en donde el nombre de la señora Sandra Patricia Lezama
Araujo en la casilla de ‘nombre del propietario del predio’ (SAMAI, índice 2, en:
6ED_EXPTRIBUN_01FOLIOS1165DEMANDAP(.pdf) NroActua 2, página 33 del PDF.
32
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ministerio de la ley, la accionante no pueda ser reconocida como poseedora y,
con ello, no detente el derecho a recibir la indemnización de que trata el artículo
739 del Código Civil.
28. Así entonces, la demandante está pretendiendo la indemnización de un
daño que parte de un interés ilícito, en la medida en que su posesión no se
encuentra amparada por el derecho.
29. Sin perjuicio de lo anterior, centrando la atención únicamente en el daño
que depreca la demandante, en cuanto a la destrucción y demolición de las
mejoras, con independencia de la indemnización que por dicho concepto
consagra el Código Civil para los poseedores, lo cierto es las alegadas
afectaciones de las mejoras, tampoco quedaron probadas en el proceso. En
efecto, es menester tener en consideración el acta de la diligencia de desalojo
llevada a cabo el 27 de septiembre de 2017, por la Inspección Segunda de Policía
Urbana de Barrancabermeja44, pues, según el dicho del demandante fue en dicha
fecha que EDUBA procedió a la “destrucción y demolición de las mejoras
existentes en la finca el Natán”.
30. En la prenotada acta consta que el 27 de septiembre de 2017 se llevó a
cabo el desalojo de los ocupantes de dicho predio. Sin embargo, este documento
no da cuenta alguna de la supuesta destrucción y demolición de las mejoras, así
como tampoco dio cuenta de ello ningún otro elemento probatorio obrante en el
expediente, tal como lo concluyó el a quo, cuando manifestó “en lo que respecta a
• Registro Único de Vacunación contra Fiebre Aftosa, identificado con número 06-177701-
17, sobre el predio el ‘Natan’ a nombre de la señora Sandra Patricia Lezama Araujo
(6ED_EXPTRIBUN_01FOLIOS1165DEMANDA
• P(.pdf) NroActua 2. Página 45 del PDF)
• Certificación expedida por la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Ciénaga Brava
corregimiento el Llanito de Barrancabermeja el 25 de febrero de 2017, en donde consta “Que la
señora Sandra Patricia Lezama Araujo (…) viene ejerciendo sana posesión sin ninguna
interrupción sobre el predio mencionado [el Natán] desde hace 13 años”
(6ED_EXPTRIBUN_01FOLIOS1165DEMANDAP(.pdf) NroActua 2 página 50 del PDF)
44 obra a folio 132 del PDF dentro del archivo denominado,
6ED_EXPTRIBUN_01FOLIOS1165DEMANDAP(.pdf) NroActua 2, SAMAI, índice 02.
33
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la existencia de mejoras (…) encuentra la Sala que, ni tal existencia ni menos aun
su destrucción fue acreditada por la parte actora, en quien recaía la carga de la
prueba, por virtud del art. 167 del C.G.P., no siendo suficiente alegar su calidad
de poseedora sobre la finca EL NATAN hasta el momento de su desalojo, pues
ello no la relevaba de probar la existencia del daño que presuntamente le fue
causado y que imputó a las demandadas”.
Frente a lo anterior, el apelante reprochó que no se hubiera analizado el
expediente disciplinario -IUS-2018-271853 IUC-D-2018-1261216. Al respecto, se
advierte que el fragmento que el extremo activo solicitó tener en cuenta de dicho
documento hace referencia a la oferta institucional que supuestamente incumplió
EDUBA. No obstante, como ya se advirtió, este punto no hace parte de la causa
petendi, por lo que su análisis se torna improcedente.
En adición, la Sala observa que dicha prueba fue solicitada por el demandante en
la contestación a las excepciones formuladas por los demandados45, en los
siguientes términos “Solicito al despacho se requiera copia del expediente del
proceso disciplinario sancionatorio llevado a cabo en la procuraduría provincial de
Barrancabermeja EXPEDIENTE DISCIPLINARIO IUS-2018-271853 IUC-D-2018-
1261216, con el fin de que se pruebe la responsabilidad de la demandada y se
pueda sustentar que no existe fundamento de las excepciones propuestas por la
parte demandada”. No obstante, no fue decretada por el Tribunal, pues en el auto
de decreto de pruebas proferido el 22 de septiembre de 2022, se limitó a
“Requerir a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANCABERMEJA – EDUBA – para que entregue copia original del informe
técnico de visita, junto con el avalúo presentado por el Señor Andrés Augusto
Casanova Guerra”46.
También debe tenerse en consideración que el apelante no recurrió el auto de
decreto de pruebas, solo se pronunció47 sobre su contenido, sin que pueda
45 SAMAI, EXPEDIENTE DIGITAL, índice 2 en:
12ED_EXPTRIBUN_010CONTESTACIONALASE(.pdf) NroActua 2
46 SAMAI, índice 33 de primera instancia.
47 SAMAI, índice 43 de primera instancia.
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entenderse la interposición de recurso alguno en lo relativo a la prueba no
decretada.
31. En esas condiciones, como el demandante en su escrito de impugnación
no indicó ninguna prueba que, efectivamente, hubiera tenido el alcance de
controvertir la conclusión del Tribunal, en el sentido de demostrar la destrucción
de las mejoras, tampoco son procedentes los demás argumentos sobre una
supuesta vía de hecho en el procedimiento de destrucción, precisamente porque
este hecho base sobre el que se encuentra edificada la petición no está probado.
Así como tampoco resultó probado que las mejoras hayan sido incorporadas en el
predio El Natán a expensas de la demandante, pues si bien la Sala no pasa
inadvertido el avalúo comercial que se llevó a cabo sobre este inmueble el 13 de
octubre de 2017, por el perito Juan Carlos Diaz Cariz, aportado al expediente, en
donde se relacionaron una serie de especies vegetales, construcciones, como
cercado y galpones, y cría de animales, existentes en el predio48, lo cierto es que
ello no da cuenta de que estos elementos hubieran sido sufragados por la señora
Sandra Patricia Lezama Araujo. Razón por la cual, no hay medios probatorios que
sirvan para demostrar un supuesto perjuicio patrimonial por la supuesta pérdida
de las mejoras, cuya autoría tampoco quedó demostrada.
32. Finalmente, en relación con la afirmación del apelante sobre la existencia
de un proceso de clarificación de la propiedad, que se encontraba en curso ante
la Agencia Nacional de Tierras, en el cual, según advirtió, se aportó una serie de
documentos que demostraban que la demandante tenía la posesión y explotación
del predio, la Sala advierte que tampoco es un reparo que tenga la capacidad de
desvirtuar las consideraciones de primera instancia, pues, en primer lugar, como
se explicó, la posesión de un bien de propiedad del Estado no es jurídicamente
viable y, en segundo lugar, lo cierto es que el daño deprecado se fundamenta en
una supuesta destrucción de las mejoras que se encontraban en él, situación que
no fue probada, como tampoco lo fue el hecho de que dichas mejoras hubieran
sido ejecutadas por la demandante, por lo que no procede ningún análisis ulterior.
48 SAMAI, 6_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_01FOLIOS1165DEMANDAP_20240311105435,
páginas 134 a 164.
35
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Demandante: Sandra Patricia Lezama Araujo
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otro
Proceso: Reparación Directa
33. Con fundamento en los análisis realizados, la Sala confirma la sentencia de
primera instancia, en el sentido de negar las pretensiones.
7.2. Resolución sobre costas y agencias en derecho
7.2.1. Costas
34. El artículo 188 del CPACA remitió en el tema de costas procesales al
Código de Procedimiento Civil, actualmente Código General del Proceso. En el
artículo 365 del CGP, se establece un criterio objetivo de condena en costas, que
impone condenar en este asunto a la parte vencida en este litigio.
35. Así las cosas, el artículo 361 del CGP establece que las costas están
integradas por la totalidad de las expensas sufragadas durante el curso del
proceso y por las agencias en derecho.
36. El artículo 365 del cuerpo normativo citado, en el numeral 1, dispone que se
“condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación”.
37. En consecuencia, se condenará en costas a la parte demandante, quien
interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia,
debido a que este no prosperó.
La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en
los términos del artículo 366 del Código General del Proceso49.
7.2.2. Agencias en derecho
38. Para la condena en agencias en derecho correspondientes a esta instancia,
conforme lo consagrado en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en
cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del
49 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.
36
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
Demandante: Sandra Patricia Lezama Araujo
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otro
Proceso: Reparación Directa
proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere. En ese sentido se
observa que:
(i) Se trata de un proceso de reparación directa, cuyas pretensiones equivalían
a la suma de $838.114.250.
(ii) En cuanto a la duración y la complejidad de la gestión procesal, se observa
que las entidades demandadas no presentaron alegatos de conclusión ni
intervinieron en el trámite de la segunda instancia, por lo que no se condenará en
costas.
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 12 de diciembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en esta
providencia, para en su lugar disponer:
“1.- ADECUAR la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, en cuanto se controvierte la legalidad de las decisiones
administrativas contenidas en el acta del 17 de abril de 2017, dictada por la
Inspección Segunda de Policía Urbana de Barrancabermeja y la Resolución
1451 del 1 de junio del mismo año, expedida por la alcaldía municipal de
Barrancabermeja. Y DECLARAR oficiosamente la caducidad del término
para interponer la demanda por este medio de control, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva.
2.- NEGAR las pretensiones tramitadas bajo el cauce del medio de control
de reparación directa, con apoyo en las consideraciones que anteceden”.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en segunda instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00699-01 (71028)
Demandante: Sandra Patricia Lezama Araujo
Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja y otro
Proceso: Reparación Directa
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
38
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