Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00205-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-36-000-2018-00205-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Decisiones expedidas en juicio de policía: los actos expedidos en el caso
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00205-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2018-00205-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
23 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 25000-23-36-000-2018-00205-01 (67132)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Proceso: Medio de control de Reparación Directa – Ley 1437 de 2011
DECISIONES EXPEDIDAS EN JUICIO DE POLICÍA – los actos expedidos en el caso
concreto no constituyen actos jurisdiccionales – CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
DE REPARACIÓN DIRECTA – en el sub examine se configuró a partir de la consumación
del daño.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, contra la sentencia de 19 de noviembre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, que
negó las pretensiones.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La presente controversia gira en torno a la falla del servicio que se presentó en el
marco de una querella policiva adelantada ante la alcaldía de La Calera contra la
demandante Patricia Arango Gutiérrez de Piñeres, por infracción de normas
urbanísticas en la construcción de un inmueble de su propiedad. En desarrollo de
esa actuación, se ordenó la demolición de una parte de la edificación, no obstante
lo cual, luego de doce años, dicha medida no se pudo ejecutar por no existir
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
coincidencia entre el área a demoler descrita en la orden, con aquella que, según la
licencia de construcción, la había excedido.
Se aduce que la tardanza en ejecutar la orden de demolición que pesaba sobre el
inmueble, que luego de doce años no se pudo materializar, impidió a su propietaria
llevar a buen término un contrato de promesa de compraventa que había celebrado
para trasladar el dominio del bien y con el pago del precio, obtener el dinero para
satisfacer unas acreencias hipotecarias que se estaban exigiendo en un juicio de
ejecución, al final del cual el predio debió ser entregado en dación en pago.
II. ANTECEDENTES
La demanda
El 8 de marzo de 20181, Carlos Hernando Granados Acosta y Patricia Arango
Gutiérrez de Piñeres presentaron demanda, – subsanada en escrito del 9 de mayo
de 20182- en ejercicio de la acción de reparación directa contra el municipio de La
Calera, Cundinamarca, para que se hicieran las siguientes declaraciones:
“PRIMERA:
Se declare que se presentó un DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO (FALLA EN EL
SERVICIO) POR LA OMISION DE SEÑALAR EN LA RESOLUCIÓN
SANCIONATORIA, EL SITIO Y MEDIDAS EXACTAS EN QUE DEBÍA DAR
CUMPLIMENTO A LA SANCION DE DEMOLICIÓN, causando con ello inseguridad
jurídica, como consecuencia de la actuación, adelantada dentro del expediente
administrativo querella número 002 de 2005, por la Alcaldía Municipal de La Calera.
“SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior se ha de condenar a la parte
demandada al pago de los perjuicios materiales causados por el efecto dañino
contenido en la actuación administrativa errónea que no pudo materializar condena
alguna, y que sí causó graves perjuicios a los demandados, constituyéndose dicho
error en el nexo causal de la existencia de los perjuicios mismos, los cuales cuantifico
así:
PERJUICIO MATERIAL
I.- DAÑO EMERGENTE
2.1. Correspondiente al valor actual del inmueble distinguido con el número de
matrícula 50N-20348266 el cual perdieron los demandantes como consecuencia de
la actuación errónea del demandado.
Dinero que corresponde a la suma de: QUINIENTOS CUARENTA MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SISTE (SIC)
PESOS ($450.545.887.00).
1 Folios 1 a 14 cuaderno 1.
2 Folios 21 a 28 cuaderno 1.
2
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
2.2. Debe el demandado el pago de los gastos en que ha incurrido la parte
demandante para defenderse en la actuación administrativa, tales como honorarios
de abogado, los cuales avalúan en la suma de:
VEINTE MILLONES DE PESOS ($20’000.000.00)
II.- LUCRO CESANTE.
Debe el demandado el pago de los perjuicios causados como consecuencia del error
administrativo atacado, en cuanto a los frutos civiles y comerciales dejados de percibir
por los demandantes y que hubiese producido en caso de que no se hubiese dado
una orden de demolición y ante la situación de promesa de venta que privó la
posesión del mismo a los demandantes así:
“2.3. La suma equivalente a los frutos civiles y comerciales dejados de percibir por
los demandantes a partir de la fecha 20 de septiembre de 2007, y hasta cuando se
verifique el pago de los mismos, con respecto al inmueble sobre el cual recayó la
orden de demolición por parte del municipio de La Calera.
Este perjuicio se estima en la fecha de radicación de la demanda a fin de establecer
la cuantía en la suma de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($774’529.478.35).
III.- PERJUICIOS MORALES SUBJETIVOS Y OBJETIVOS
Debe el demandado el pago de los perjuicios morales tanto subjetivos como objetivos,
a favor de los demandantes los cuales considero en la suma de cincuenta salarios
mínimos legales vigentes al momento de proferir la sentencia, para cada uno de los
demandantes.
Hechos
Los sucesos relevantes expuestos como base del litigo se concretan a
continuación:
La parte actora indicó que, Martha Yolanda Granados Acosta presentó una querella
ante la alcaldía de La Calera, basada en “un hecho falso”, consistente en que los
ahora demandantes habían variado la fachada de la vivienda de aquella, al construir
sin licencia una parte del inmueble de propiedad de estos.
Se señaló que, como resultado de esa actuación, el 18 de julio de 2006 la
administración municipal profirió la Resolución 127, en la que se declaró
“erróneamente” contraventores a los accionantes por haber construido en exceso.
Que, como consecuencia de ello, en ese acto se ordenó demoler el bien, sin
establecer en su parte resolutiva qué parte debía demolerse y se impuso una multa
de $4’352.000.
Se refirió en la demanda que los querellados pagaron la multa, pero no cumplieron
la orden de demolición por “considerar ilegal la decisión” y que, en todo caso, se les
3
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
informó por la alcaldía que con el pago de la multa y lo que se debía de la licencia
ajustaban su actuación a la normatividad, por lo que el 17 de diciembre de 2007 se
procedió al archivo de las diligencias.
Se indicó que, mediante Resolución del 21 de febrero de 2008, la alcaldía de La
Calera dispuso continuar la actuación administrativa en el sentido de proceder a la
demolición ordenada en el acto primigenio y, para ese fin, libró despacho comisorio
a la inspección de Policía de ese municipio. Iniciada la diligencia, la inspectora se
abstuvo de cumplirla ante la inviabilidad de establecer el metraje y la parte de la
construcción objeto de demolición.
La anterior situación condujo a la práctica de una nueva prueba de inspección ocular
para establecer el área a demoler. Una vez agotado lo anterior, la alcaldía profirió
un nuevo acto, condensado en la Resolución el 2 de julio de 2010, en el que se
ordenó la demolición del área construida en exceso de 3.16 m2.
Se adujo que, pese a ello, la referida decisión fue imposible de ejecutar en razón a
que no se pudo determinar el sitio en que debía realizarse la demolición del área
construida en exceso. Ante este panorama, nuevamente se ordenó el archivo de la
actuación administrativa, en decisión que fue notificada a los demandantes el 20 de
enero de 2016.
Para los demandantes, la existencia de la actuación finalizada con el archivo del
expediente frustró la posibilidad de que se cumpliera el contrato de promesa de
compraventa que pesaba sobre el bien respecto del cual versó la querella, lo que,
a su turno, impidió pagar oportunamente un crédito hipotecario en el que se había
ofrecido en garantía el inmueble en cuestión y cuyo pago se estaba exigiendo en un
proceso de ejecución, al cabo del cual la ejecutada, actual demandante, debió
entregarlo en dación en pago.
Contestación de la demanda
El municipio de La Calera contestó la demanda oportunamente en escrito 3 en el que
manifestó atenerse a lo que resultara probado en el proceso y se opuso a las
pretensiones invocadas. Como razones de la defensa adujo que la fuente de daño
3 Folios 45 a 49 del cuaderno 1.
4
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
reclamado se centraba en la expedición de la Resolución 127 del 18 de julio de
2006, la cual habría perdido fuerza ejecutoria a los cinco años por su imposibilidad
de ejecución, por lo que era evidente que lo pretendido por el extremo activo era
revivir términos con el argumento de que la actuación fue archivada.
Agregó que la decisión de la administración municipal no ordenó la imposición de
medidas cautelares que afectaran o limitaran el derecho de dominio del bien.
Adicionalmente, formuló las excepciones de caducidad de la acción, ineptitud
sustantiva de la demanda por ausencia de fundamentos de derecho de normas
violadas y concepto de la violación, pérdida de ejecutoria del acto administrativo e
improcedencia de la acción.
Sentencia de primera instancia
El 19 de noviembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones de la demanda. Consideró que, en este caso, no se configuraba el
nexo causal entre la falla del servicio de la administración municipal, consistente en
la expedición de un acto administrativo sancionatorio sin especificar las medidas
exactas de la demolición para su cumplimiento, lo que a la postre hizo imposible su
ejecución y condujo a su archivo, y el daño alegado en la demanda, concretado en
la inviabilidad de cumplir un contrato de promesa de compraventa del bien objeto
de querella y de pagar unos créditos hipotecarios con el producto de su enajenación,
con apoyo en los siguientes razonamientos.
Frente a la imposibilidad de cumplimiento del contrato de promesa de compraventa,
advirtió que, para la época en que se suscribió este negocio jurídico -20 de
septiembre de 2007-, ya había cobrado firmeza la Resolución del 18 de julio de
2006, contentiva de la orden de demolición del bien.
De ahí concluyó que no fue la orden de demolición lo que frustró el negocio, pues
para el momento en que se celebró, dicha orden ya existía. Agregó que la falta de
comunicación entre los contratantes acerca de esa circunstancia, fue la que hizo
que el acuerdo de promesa no se cumpliera, en tanto que, fue al enterarse por
terceras personas de la orden de demolición, que los promitentes compradores
decidieron que ya habían pagado 20’000.000 y no debían más. Precisó que,
5
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
además, el bien no estuvo sujeto a medida cautelar que impidiera su enajenación,
prueba de ello era que, en curso del procedimiento sancionatorio, la demandante
Patricia Arango Gutiérrez de Piñeres lo vendió a terceras personas.
Y en relación con la imposibilidad de pagar un crédito hipotecario por causa del
procedimiento sancionatorio, el a quo estimó que, si bien existió un proceso
ejecutivo hipotecario en contra de la accionante de este litigio, ciertamente desde
2003, la ejecutada ya presentaba mora en el cumplimiento de los pagos adeudados
y desde el año 2005 el juez de la ejecución ya había ordenado la subasta del bien
gravado con hipoteca, por lo que no era razonable afirmar que, con la inviabilidad
de vender el inmueble objeto de medida de demolición, no había podido pagar una
deuda morosa años atrás desde 2003.
A esto último sumó que, incluso cuando se dispuso el archivo del procedimiento
sancionatorio, la demandante aun detentaba la propiedad del bien objeto de
sanción. En línea con esto halló demostrado que la demandante finalmente sí pagó
el crédito hipotecario y, además, que cuando el proceso ejecutivo ya se encontraba
terminado, procedió a vender con pacto de retroventa el inmueble materia de
querella.
Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal de primera instancia señaló que, pese a que
el procedimiento administrativo sancionatorio duró cerca de 12 años, para al cabo
culminar con auto de archivo, lo cierto es que los actos administrativos expedidos
en desarrollo de ese trámite gozaban de presunción de legalidad y este cauce no
era el adecuado para enjuiciar su validez.
Argumentó el a quo que no se evidenciaba que esas decisiones hubieran impuesto
una carga mayor a la que debían asumir. Aunado a esto, adujo que la duración de
ese procedimiento no se debió solo a gestiones de la Administración sino a otras
circunstancias atribuibles a los extremos de la querella que hicieron que se dilatara,
a lo que contribuyeron los accionantes al esperar tres años -desde 2013 a 2016- a
que se ejecutara la orden de demolición, sin ejercer actuación alguna.
Por último, el fallador de primer grado esgrimió que el demandante Carlos Hernando
Granados no tenía legitimación en la causa por activa, en razón a que, para el
tiempo en que se dictó la orden de demolición, era la señora Arango Gutiérrez de
6
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
Piñeres quien detentaba el derecho de dominio del bien y quien vio frustrado el
negocio de promesa de compraventa.
Recurso de apelación
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia con el fin de
que se revocara y se accediera a las súplicas de la demanda.
Como sustento de la impugnación, sostuvo que no era cierto que el contrato de
promesa de compraventa se hubiera frustrado por falta de comunicación entre las
partes y por ocultar información relacionada con la existencia de la querella, puesto
que estaba demostrado que los promitentes compradores no cumplieron con sus
obligaciones después de esperar cinco años a que la administración ejecutara la
orden de demolición.
Reprochó el entendimiento del a quo con apego al cual, por no mediar medida
cautelar en su contra, no se alteraba la posibilidad de negociar el bien, puesto que,
en su sentir, nadie en sana lógica adquiriría un bien hasta tano no se definiera una
orden de demolición que lo afectaba. Igualmente censuró que el tribunal pasara
inadvertido el hecho de que, como consecuencia de la indefinición de la orden de
demolición, los promitentes compradores, aprovechándose de la situación, tomaron
la posesión del inmueble de forma gratuita.
En discrepancia con las consideraciones del juzgador de primer grado, sostuvo que
la promesa de venta del bien se realizó precisamente con la intención de pagar
deudas pasadas que se estaban cobrando a través del juicio de ejecución, contrato
que, reitera, se frustró por causa de la indebida actuación de la administración de
La Calera.
Precisó que, ante esa imposibilidad, las partes del proceso ejecutivo decidieron
llegar a un acuerdo de terminación de ese juicio, el cual consistió en suscribir un
contrato de compraventa con pacto de retroventa sobre el inmueble, pacto que no
fue posible de cumplir para los ejecutados, quienes, al final, entregaron el bien a los
acreedores hipotecarios.
7
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
En lo sucesivo de la alzada, basó su reparo en que: i) las decisiones sancionatorias
no solo impusieron cargas superiores a las que debía soportar la parte actora, sino
que además fueron ilegales; ii) las actuaciones de la partes no fueron las causantes
de que la administración durara 12 años en decidir; esta situación se produjo por la
deficiente gestión de la alcaldía de La Calera; iii) no era carga del demandante
impartir celeridad para que se materializara la orden de demolición.
Finalmente, disintió de la decisión de declarar la falta de legitimación en la causa
por activa de Carlos Granados, por considerar que al ser cónyuge de la señora
Patricia Arango y al haber sido vinculado a la actuación administrativa fue víctima
de las conductas contrarias a derecho que perjudicaron a la pareja.
Trámite de segunda instancia
El 11 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo del Cundinamarca concedió el
recurso de apelación. El 20 de agosto de 2021, el Despacho admitió la impugnación
El 19 de noviembre de 2021, se corrió traslado a las partes por un término común
de 10 días para que presentaran sus alegaciones finales y ordenó que, en caso de
que el Ministerio Público lo solicitara, se surtiera el trámite previsto en el artículo 59
de la Ley 446 de 19984.
Las partes presentaron sus escritos de alegaciones en los que reiteraron los
argumentos en oportunidades procesales precedentes. El Ministerio Público guardó
silencio.
III. CONSIDERACIONES
I. Régimen procesal del litigio
1.-. Como la demanda se presentó el 8 de marzo de 2018, el régimen aplicable es
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en
adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este código empezó a regir
el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren
con posterioridad a la entrada en vigencia, es decir, a partir del mentado 2 de julio
4 Folio 291 del cuaderno principal.
8
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
de 2012. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código, en los aspectos
no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en adelante CGP– en
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
II. Presupuestos procesales
1-. Jurisdicción y competencia
2.- El artículo 104 del CPACA dispone que la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para juzgar las controversias originadas, entre otras,
en hechos operaciones y omisiones en los que estén involucradas entidades
públicas, al paso que, de acuerdo con el parágrafo, para los efectos de ese Código,
se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con
independencia de su denominación. En la medida en la que el demandado es el
municipio de La Calera, la jurisdicción competente para resolver este litigio es la
Contencioso Administrativa.
3.- En este punto, resulta de importancia poner de presente que, de conformidad
con lo establecido en el numeral 3) del artículo 105 del CPACA: “La jurisdicción de
lo contencioso administrativo no conocerá: Las decisiones proferidas en juicios de
policía regulados especialmente por la ley”. Esta norma no representa novedad
alguna respecto de la exclusión de jurisdicción que sobre estos asuntos consagraba
su antecesor Código Contencioso Administrativo.
4.- En orden a delimitar el alcance de esta disposición legal, la jurisprudencia del
Consejo de Estado se ha concentrado en distinguir los actos administrativos
proferidos por la autoridad pública en ejercicio de sus funciones de policía
administrativa tendientes a preservar la tranquilidad, convivencia ciudadana y el
orden público, de aquellos que ésta emite cuando dirime conflictos de su
competencia, que se suscitan entre particulares, evento en que se está en presencia
de actos jurisdiccionales, cuyo juzgamiento le este vedado a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo:
“(…) En diversas oportunidades la Sala se ha pronunciado sobre el carácter
judicial de los juicios civiles de policía y especialmente sobre el amparo policivo
posesorio; ha diferenciado entre la función propiamente administrativa
desarrollada en materia de policía y la función judicial ejercida por tales
9
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
autoridades. De lo anterior resulta importante resaltar, desde otro punto de
vista, que la mayoría de las actuaciones de autoridades administrativas de
policía sí son objeto de control de esta jurisdicción, salvo como ya se
explicó cuando esas autoridades actúan en función judicial. En esos dos
sentidos la Sección Primera de esta Corporación resaltó, en auto proferido el
día 29 de marzo de 1996, que unos son los actos administrativos de las
autoridades de policía y otros son los actos judiciales de esas mismas
autoridades. Indicó que los actos administrativos de las autoridades de
policía son los tendientes a la preservación del orden, la tranquilidad,
la seguridad, la salubridad y las condiciones económicas de convivencia
social, los cuales por su naturaleza están sujetos al control judicial de la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Respecto al segundo tipo
de actos, los judiciales de las autoridades de policía, señaló que se
diferencian totalmente de los anteriores, por cuanto se expiden en función
judicial y para dirimir un conflicto”5.
Frente a la materia sobre la cual recaen los actos jurisdiccionales proferidos en
procedimientos policivos, esta Corporación6 ha concordado con la jurisprudencia
constitucional al advertir que dichas decisiones concernirán a la definición puntual,
aunque provisional, sobre la perturbación de la posesión, la tenencia material de un
inmueble y la servidumbre, es decir, aquello que comprometa exclusivamente el
interés particular de los extremos del debate, que no un interés público.
En estos términos ha sido expuesto por la Corte Constitucional: “Está consagrado
en la legislación y así lo ha admitido la doctrina y la jurisprudencia de que cuando
se trata de procesos policivos para amparar la posesión, la tenencia o una
servidumbre, las autoridades de policía ejercen función jurisdiccional y las
providencias que dicten son actos jurisdiccionales, excluidos del control de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, y no actos administrativos. En razón
de lo anterior y dada la naturaleza material de actos jurisdiccionales (…)”7.
Antes de la entrada en vigencia de la Ley 18018 de 2016 -actual Código de Policía-
las cuestiones señaladas se desatarían por la autoridad de policía, en función
jurisdiccional, al amparo de lo dispuesto en el artículo 125 y siguientes del anterior
estatuto policivo, recogido en el Decreto Ley 1355 de 1970 -norma vigente al tiempo
de los hechos-, cuyo tenor consagraba que: “La policía sólo puede intervenir para
evitar que perturbe el derecho de posesión o mera tenencia que alguien tenga sobre
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de septiembre de 2001, exp. 12915, C.P
María Elena Giraldo.
6 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 5 de abril de 2018, exp. 2003-02704, C.P Rocío
Araújo.
7 Corte Constitucional, T- 146204 del 23 de abril de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
8 En la actual codificación, las acciones dirigidas a proteger la posesión, tenencia y servidumbres se
encuentra reguladas en los artículos 76 a 82.
10
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
un bien, y en el caso de que se haya violado ese derecho, para restablecer y
preservar la situación que existía en el momento en que se produjo la perturbación”.
5.- Así, se observa que la autoridad de policía ejercerá función jurisdiccional cuando
quiera que su actuación se dirija a resolver un conflicto suscitado entre dos o más
particulares, atinente a conjurar temporalmente la perturbación de la posesión,
tenencia o servidumbre respecto de bienes inmuebles de naturaleza privada. Las
decisiones que emita en desarrollo de ese debate, tendrán la naturaleza de actos
jurisdiccionales que escapan al control de la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
6.- Despejado lo anterior, el caso que se somete al conocimiento de esta instancia
versa sobre situaciones ocurridas en curso de un procedimiento policivo adelantado
por el municipio de La Calera. En efecto, el alcalde ostenta la condición de la primera
autoridad de policía de esa unidad territorial, con apego a lo dispuesto en el numeral
2) del artículo 315 de la Constitución Política.
Como se verá en detalle más adelante, su actuación se suscitó a petición de parte,
en la que se denunciaba la contravención de normas urbanísticas en el inmueble de
otro particular y la decisión de fondo proferida en ese asunto se rotuló como
“sentencia”. En desarrollo de esa actuación, constantemente se discutió si un
fragmento del inmueble del querellado debía ser demolido o no, para al final decidir
que no era posible proceder en esa dirección.
De ahí que el asunto en disputa se centra en la actuación del demandado, municipio
de La Calera, como autoridad de policía administrativa, en desarrollo de la cual y en
cumplimiento de las Leyes 9 de 1989, 388 de 1997 y 810 de 2003, se dictaron unos
actos que, como se verá, afectaron temporalmente el inmueble de la parte actora,
no como consecuencia de una perturbación a la posesión, tenencia o servidumbre
de un predio de naturaleza privada, sino por la infracción de normas de orden
público, como lo son las de carácter urbanístico, aserto que, de entrada, permite
radicar el conocimiento de la controversia en esta jurisdicción.
11
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
7-. Ante el panorama expuesto, la Sala concluye que el asunto corresponde a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
8-. Adicionalmente, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para
conocer del presente asunto de conformidad con el articulo 150 CPACA, según el
cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es
competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión material mayor
supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 CPACA, esto es,
$390’621.0009.
2.- Medio de control procedente
9-. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del CPACA, la acción de reparación
directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta
a un contrato estatal o un acto administrativo cuya legalidad no se discute.
10.- Recuerda la Sala que la pretensión declarativa elevada en la subsanación de
la demanda estribó en que: “Se declare que se presentó un DEFECTUOSO
FUNCIONAMIENTO (FALLA EN EL SERVICIO) POR LA OMISION DE SEÑALAR
EN LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA, EL SITIO Y MEDIDAS EXACTAS EN
QUE DEBÍA DAR CUMPLIMENTO A LA SANCION DE DEMOLICIÓN, causando
con ello inseguridad jurídica, como consecuencia de la actuación, adelantada dentro
del expediente administrativo querella número 002 de 2005, por la Alcaldía
Municipal de La Calera”.
La redacción de la pretensión en comento, en principio, sugeriría que encierra una
censura en contra de la legalidad del contenido de la Resolución por la cual la
entidad demandada ordenó la demolición de parte de la construcción del inmueble
de la demandante, en tanto reprocha la inexactitud de los datos allí consignados
para ser cumplido.
9 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2018, $781.242, por 500.
12
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
No obstante lo anterior, como se detallará en acápite posterior, finalmente la orden
de demolición no pudo ser ejecutada por las deficiencias del acto que así lo dispuso,
lo que llevó al ente territorial accionado a archivar el expediente policivo. De ahí
surge que, en realidad, no le asiste un interés al extremo activo en elevar una
pretensión de nulidad para remover del orden jurídico una decisión cuya
materialización de sus efectos no se produjo en el plano material, por cuenta de la
imposibilidad en su ejecución.
Además, cabe puntualizar que, aun cuando en los hechos de la demanda se
señalan inconformidades frente a las órdenes impartidas en las resoluciones del
municipio de La Calera, cierto es que la reclamación que aquí se ventila no se
desprende de lo dispuesto en ellas, sino en que la demora en su ejecución material,
-la que al final no se pudo concretar-, derivó en la imposibilidad de negociar, en
términos económicos favorables, el inmueble sobre el cual pesaban las órdenes del
ente territorial.
Con base en estas precisiones, la Sala considera que el medio de control de
reparación directa es procedente, en razón a que:
En el asunto se pretende la declaratoria de responsabilidad patrimonial del
municipio de La Calera por la falla del servicio en que habría incurrido en el marco
de una actuación policiva iniciada a través de querella, en cuyo desarrollo se
expidieron unas decisiones que declararon contraventores a los demandantes por
infracción a la normatividad urbanística, impusieron multa y ordenaron la demolición
de una parte construida en exceso del inmueble de su propiedad, pese a lo cual el
procedimiento terminó 12 años después disponiendo su archivo por imposibilidad
de ejecución de la demolición.
De acuerdo con la parte actora, fue la tardanza en el trámite y cumplimiento de las
medidas policivas, lo que causó inseguridad jurídica sobre el bien y derivó en la
inviabilidad de cumplir un contrato de promesa de compraventa que se había
celebrado para saldar créditos hipotecarios y en la imposibilidad de percibir frutos
civiles.
13
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
En los términos expuestos, la acción de reparación directa presentada resulta
procedente.
3.- Caducidad del medio de control
11-. Por mandato del artículo 187 del CPACA, al dictar sentencia, concierne al
operador judicial examinar los presupuestos procesales de la acción, entre ellos la
oportunidad de su interposición, sin que pueda configurarse su saneamiento por
cuenta del silencio que sobre el particular se hubiere guardado en las fases
procesales precedentes:
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del
inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio
in pejus.
12-. A propósito de esta consideración, destaca la Sala que en sentencia de
unificación del 6 de abril de 201810, la Sala Plena de esta Sección convino acerca de
la facultad que tiene el juez de lo contencioso administrativo de decretar excepciones
de oficio:
Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites
competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala
acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia,
el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte
de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido
a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la
potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre
todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una
decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la
causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido
propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad
con la providencia censurada. (se destaca).
En consonancia con lo anotado, el artículo 164 del CPACA consagra el plazo dentro
del cual resulta plausible ejercer el derecho de acción y desde qué momento
empieza su cómputo. Una vez fenecido, precluirá la oportunidad de acudir a la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través del medio de control de
reparación directa, debido al carácter público e irrenunciable de este instituto
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
de unificación de 6 de abril de 2018, expediente 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
14
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
procesal11. De manera reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha
considerado que la caducidad de la acción:
(…) ha sido entendida como el plazo perentorio y de orden público fijado
por la ley, para el ejercicio de una acción o un derecho, que transcurre sin
necesidad de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso
jurídico. La caducidad es entonces un límite temporal de orden público,
que no se puede renunciar y que debe ser declarada por el juez
oficiosamente 12.
13-. En orden a pronunciarse frente a este presupuesto procesal, parte la Sala de
indicar que el caso en estudio plantea la existencia de tres relaciones jurídicas
independientes pero concatenadas, en torno a las cuales gravita la discusión en
punto a la situación del bien, las que serán expuestas de manera separada para
mejor comprensión del tema en debate.
13.1. El proceso policivo 002-05 tramitado por el municipio de La Calera:
13.1.1-. El 23 de agosto de 2004, la señora Marta Yolanda Granados Acosta
presentó una querella ante el municipio de La Calera, en la que exponía que la
fachada de un predio de su propiedad, ubicado en la zona rural de ese ente
territorial, había sido afectada por las irregularidades en la construcción de un
apartamento por parte de sus vecinos Patricia Arango Gutiérrez y Carlos Hernando
Granados Acosta, por lo que solicitó que se practicara una inspección 13.
13.1.2.-. El 16 de septiembre de 2004, se llevó a cabo la inspección por funcionarios
del municipio en el sitio señalado, advirtiendo la existencia de una ampliación en el
lindero sur, que no contaba con licencia de construcción14, circunstancia que
condujo a que, mediante auto del 15 de junio de 2005, el alcalde de La Calera
avocara el conocimiento del asunto, dispusiera escuchar en descargos a los
querellados y ordenara la práctica de otra inspección al inmueble15.
11
El artículo 13 del Código General del Proceso establece “Observancia de Normas
Procesales. Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de
obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o
sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”
(se destaca). En igual sentido el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil establecía
“Las normas procesales son de derecho público y orden público y, por consiguiente, de
obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas o
sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”.
12
Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
13 Folio 1 del cuaderno 3.
14 Folio 2 del cuaderno 3.
15 Folio 4 del cuaderno 3.
15
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
13.1.3-. Luego de evacuar las pruebas ordenadas y de escuchar a las partes, el 18
de julio de 2006, el alcalde municipal expidió la “sentencia” Resolución 127,
mediante la cual declaró a Patricia Arango Gutiérrez y Carlos Hernando Granados
Acosta contraventores de las normas urbanísticas contenidas en la Leyes 9 de
1989, 388 de 1997 y 810 de 2003; impuso multa de $4'352.000 y ordenó la
demolición del área en exceso construida sin licencia en el inmueble con matrícula
inmobiliaria 50N-2034826616.
13.1.4-. Los querellados interpusieron recurso de reposición en contra de esa
decisión, aduciendo que la construcción en exceso estaba amparada por licencia
otorgada en el 2000. Como consecuencia de lo anterior, se practicaron varias
diligencias en orden a constatar la información suministrada por el recurrente, al
cabo de lo cual se resolvió negativamente el recurso. Con todo, en decisión del 17
de diciembre de 2007, sin que se ejecutara la demolición, la alcaldía ordenó el
archivo del expediente17.
13.1.5-. El 12 de febrero de 2008, la querellante solicitó a la alcaldía de La Calera
el desarchivo de las diligencias con el fin de que se cumpliera la orden de
demolición, por lo que, en decisión del 21 de febrero del mismo año, la
administración municipal ordenó la ejecución de la Resolución 127 de 2006 y
comisionó a la inspección de policía para ese propósito18.
13.1.6-. En lo sucesivo transcurrieron ocho años más, durante los cuales se
adelantaron varias diligencias de medición del inmueble, constatación de su metraje
en confrontación con otros documentos, como licencia de construcción, informes de
planeación, se resolvieron varios recursos y solicitudes de revocatoria directa, se
tramitó y decidió una acción de tutela hasta que, finalmente, el 20 de enero de 2016
la alcaldía de La Calera resolvió archivar el proceso, por cuenta de la imposibilidad
de establecer con exactitud el área objeto de demolición dadas las inconsistencias
de las medidas obrantes en varios de los documentos examinados19.
16 Folios 65 a 74 del cuaderno 3.
17 Folios 89 a 203 del cuaderno 3.
18 Folios 243 a 244 del cuaderno 3.
19 Folios 257 a 471 del cuaderno 3.
16
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
13.2.- El proceso ejecutivo hipotecario 2003-01253 adelantado por María Clemencia
Mora de Aya y otro contra Patricia Arango Gutiérrez
13.2.1-. En 2003, María Clemencia Mora de Aya promovió demanda ejecutiva
hipotecaria de menor cuantía contra Patricia Arango Gutiérrez, con el propósito de
obtener el cumplimiento de la obligación dineraria contenida en el pagaré 001 de
2002, que había garantizado con hipoteca abierta en cuantía indeterminada,
constituida mediante escritura pública 000512 de 30 de marzo de 2001. Dicho
gravamen recayó sobre el inmueble de propiedad de esta última, identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria 50N-20348266 -que es el mismo sobre el cual versó
la orden de demolición producto de la querella antes referida-20.
13.2.2-. Mediante auto del 8 de septiembre de 2003, el Juzgado 35 Civil Municipal
de Bogotá libró mandamiento de pago a favor de la acreedora por la suma de
$8'000.000 por el capital adeudado, más los intereses de mora y ordenó el embargo
y secuestro del bien hipotecado21.
13.2.3-. A la anterior actuación se acumuló el proceso ejecutivo hipotecario de
mínima cuantía, promovido por Hernando Riaño Suan, contra la señora Patricia
Arango, con el fin de obtener el pago de las sumas adeudadas en dos pagarés,
junto con sus intereses moratorios, respecto del cual se libró mandamiento de pago
el 23 de enero de 2004, en cuantía de $5.000.000 por concepto de capital22.
13.2.4-. El 9 de junio de 2004, se realizó el secuestro del bien y se dejó en depósito
provisional de la señora Patricia Arango Gutiérrez de Piñeres23.
13.2.5-. En proveído del 18 de mayo de 2005, el juez de la ejecución ordenó la venta
en pública subasta del bien inmueble hipotecado, para que con el producto de ella
se pagara a los ejecutantes la obligación adeudada y las costas24.
13.2.6-. A través de providencia del 23 de noviembre de 2005, se aprobó la
liquidación del crédito por el monto de $22’488.46825.
20 Folios 1 a 23 del cuaderno 4.
21 Folios 34 a 36 del cuaderno 4.
22 Folios 1 a 10 del cuaderno 5.
23 Folios 66 a 67 del cuaderno 5.
24 Folio 27 del cuaderno 5.
25 Folio 42 del cuaderno 5.
17
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
13.2.7-. En escritos del 19 de agosto de 2009 y 29 de abril de 2010, las partes en
litigio solicitaron la suspensión del proceso ejecutivo por el término de 6 meses, por
haber acordado una forma de pago que podría conducir a la terminación del
ejecutivo, petición a la que accedió el juzgado26.
13.2.8-. Reanudado el proceso sin fórmula de acuerdo, la ejecutada pidió al juzgado
que se recuperara la tenencia del bien, por cuanto se hallaba en posesión de
terceros27.-
13.2.9-. La recuperación de la tenencia del inmueble no se pudo llevar a cabo a
través del auxiliar de la justicia, por lo que, en auto del 24 de agosto de 2012, el
Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá comisionó al Juez Promiscuo Municipal de La
Calera y al Inspector de Policía, para que realizaran la diligencia de entrega del
inmueble al secuestre28. En consecuencia, el 30 de noviembre de 2012 el señor
Gustavo Adolfo Arciniegas, hasta entonces tenedor del inmueble, procedió a su
entrega29.
13.2.10-. El 8 de febrero de 2013, la señora María Clemencia Mora de Aya, promovió
un nuevo proceso ejecutivo contra la señora Patricia Arango Gutiérrez, en el que se
pretendía el pago de un pagaré suscrito el 15 de marzo de 2012 por la suma de
$87’000.000, el cual fue acumulado al preexistente, librándose el correspondiente
mandamiento de pago30.
13.2.11-. El 17 de mayo de 2013, la ejecutante solicitó la terminación del proceso
por pago total de la obligación (principal y acumulada)31, pago que, según depuso
en la etapa probatoria de primera instancia el testigo Eduardo Velázquez 32, quien
26 Folios 70 a 71 del cuaderno 4.
27 Folios 82 a 100 del cuaderno 4.
28 Folios 107 a 111 del cuaderno 4.
29 Folio 124 a 125 del cuaderno 4.
30 Folios 1 a 11 del cuaderno 7.
31 Folio 127 del cuaderno 4
32
Este testigo fue citado al proceso por petición de la parte actora. Su testimonio fue rendido en
diligencia del 11 de septiembre de 2019. CD Obrante a Folio 75 del cuaderno 1. En esa oportunidad
manifestó que había actuado como apoderado de la parte ejecutante del proceso ejecutivo
promovido contra la actual demandante.
De su declaración se destaca el siguiente relato:
En el proceso ejecutivo se suscribió un acuerdo de pago para evitar el remate del inmueble con la
señora Patricia, pero quien estaba más al frente era el señor Carlos Granados.
Se hicieron algunos acuerdos para suspender el proceso mientras la ejecutada miraban qué hacía
para solventar recursos. En esa medida surgió en un momento la posibilidad de venta del inmueble.
18
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
fungió como apoderado de ese extremo procesal, consistió en una dación en pago
del inmueble a los ejecutantes, a título de venta con pacto de retroventa.
13.2.12-. Mediante providencia del 20 de mayo de 2013 se declaró la terminación
del proceso ejecutivo hipotecario por pago total de la obligación33.
13.2.13-. El 27 de julio de 2013, se inscribió en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-
20348266, en las anotaciones 15 y 16, la escritura pública de venta del inmueble
con pacto de retroventa que hizo la señora Patricia Arango Gutiérrez de Piñeres en
favor del señor Luis Eduardo Aya Calderón34.
13.2.14-. Aun cuando en el expediente no reposa la escritura pública a través de la
cual se instrumentó la compraventa35 del inmueble con pacto de retroventa, lo cierto
es que la declaración testimonial de Eduardo Velázquez36 recaudada en la etapa
Ellos [Patricia Arango y Carlos Granados] fueron hasta mi oficina y me dijeron “mire tenemos unos
clientes que nos van a pagar el inmueble para pagarles a ustedes”. Tuve participación activa en la
elaboración de una promesa de compraventa del inmueble y con el producto de este nos iban a
pagar directamente a nosotros para poder dar por terminado el proceso hipotecario y al poco tiempo
ya se presentó el inconveniente que yo no conocía y me hicieron saber que no nos podían pagar
porque había surgido una situación que desconocían los promitentes compradores y era el hecho de
que les habían llegado para una diligencia que les tenían que demoler algo del inmueble. Y por eso
conocí porque no nos pagaron ...terminaron entregado en dación en pago el inmueble a la clienta
mía. Esa promesa se frustró.
Dijo que se miraron muchísimas alternativas y se optó que la más viable era la de compraventa con
pacto de retroventa para permitirle a doña Patricia y a don Carlos que pudieran, dentro de un
término de dos años para ejercitar la acción de recompra y no lo hicieron y eso quedó en una
compraventa con pacto de retroventa, quedó consignado en el certificado de tradición y el inmueble
en la actualidad figura y es de propiedad de la clienta mía.
Narró que los demandantes perdieron el inmueble por el valor de la obligación porque no pudieron
ejercitar la acción de recompra que se les dio.
Añadió que cuando se reactivó el proceso ejecutivo debió ir a recuperar la posesión del inmueble
porque don Carlos en esa promesa les había entregado la posesión y el tipo se amaño allá y al
secuestro tampoco no los quería entregar y nos tocó ir con el secuestro y policía.
Afirmó que la tenencia del inmueble a cargo del promitente comprador de aproximadamente dos
años. Manifestó que se suponía que los señores de la promesa iban a pagar una parte de la
obligación y el saldo a los intereses, pero no pagaron ni lo uno ni lo otro. lo que hizo que para su
cliente se generaran intereses moratorios durante todo el proceso y condujo que se acumulara la
obligación y que se hiciera la venta con la opción de recompra porque nunca pudieron pagar
intereses o frutos civiles por la obligación.
33 Folio 129 del cuaderno 4.
34
Folios 30 a 32 del cuaderno 1.
35 Se desconocen los términos de esta negociación, en que cuantía se satisfizo la obligación
ejecutada y el recio por el cual se dio en venta y el pacto de retroventa.
36
Testimonio fue rendido en diligencia del 11 de septiembre de 2019. CD Obrante a Folio 75 del
cuaderno 1.
19
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
probatoria de la primera instancia a la que se hizo anterior referencia en nota al pie
32, se evidencia que el término para ejercer la recompra era de dos años, plazo
durante el cual los demandantes no lo adquirieron de nuevo, por lo que el inmueble
permanece bajo la titularidad de la parta ejecutante37.
13.3.- El contrato de promesa de compraventa del inmueble
13.3.1-. El 30 de marzo de 2001, mediante escritura pública 512 el señor Carlos
Granados, transfirió a título de compraventa a la señora Patricia Gutiérrez de
Piñeres, el apartamento 101, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-
2034826638.
13.3.2-. El 20 de septiembre de 2007, Patricia Arango Gutiérrez de Piñeres, por una
parte, y, de otra, Gustavo Adolfo Arciniegas Rodríguez y Ariadna Rocío Guillén
celebraron contrato39 de promesa de compraventa40 sobre el apartamento 101,
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20348266, por un valor de
$255’000.000, cuyo pago se discriminó de la siguiente manera: i) $20’000.000,
mediante la entrega de dinero en efectivo y de un vehículo al momento de la firma
del contrato de promesa de compraventa; ii) $50’000.000 en efectivo, que los
promitentes compradores pagarían el 15 de diciembre de 2007 directamente a los
acreedores hipotecarios, para que se terminara el proceso ejecutivo hipotecario
antes referido y se levantara la medida de embargo que afectaba el bien; iii)
$185’000.0000, mediante crédito otorgado por la promitente vendedora a los
prometientes compradores.
En la cláusula octava se pactó que en la fecha de la firma de la promesa -20 de
septiembre de 2007- se hacía entrega real y material a los promitentes compradores
37
Según consta en la escritura 000512 del 30 de marzo de 2001, en la que se constituyó la hipoteca
del bien a favor de la acreedora María Clemencia Mora de Aya, en ese mismo documento, la
mencionada otorgó poder a Luis Eduardo Aya Calderón para que realizara actos de gestión en
relación con el inmueble hipotecado. Folio 11 del cuaderno 4. El señor Aya Calderón es quien
aparece como propietario del inmueble, según folio de matrícula inmobiliaria del bien, expedido el 8
de mayo de 2018. Folios 30 a 32 del cuaderno 1.
38 Folio 30 a 32 del cuaderno 1.
39
Si bien a folios 15 a 19 del cuaderno 2 reposan unos documentos titulados “Reforma a promesa
de compraventa y otrosí”, lo cierto es que los mismos no se encuentran signados por los extremos
del negocio, cuestión que, a las luces del artículo 89 de la Ley 153 de 1887, impide estimar su
contenido. Ello se debe a que el contrato de promesa no produce obligación alguna, a menos que
conste por escrito, exigencia que corresponde extenderse a los documentos que pretendan modificar
el acuerdo primigenio, tal cual ocurrió en el caso de esas piezas procesales.
40 Folios 6 a 14 del cuaderno 3.
20
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
y en la sexta se estipuló que la escritura pública de compraventa se otorgaría el 15
de enero de 2008. Se anotó que, salvo la medida de embargo que la promitente
vendedora se comprometía a sanear, el bien se encontraba libre de limitaciones al
dominio, condiciones resolutorias y, en general, de cualquier vicio.
13.3.3-. En dos escritos –con fechas ilegibles- los señores Gustavo Arciniegas y
Ariadna Guillen, en condición de promitentes compradores del inmueble solicitaron
a la alcaldía municipal de La Calera, información acerca del estado de la querella
que se adelantaba en contra de su propietaria y que afectaba el inmueble para tomar
medidas sobre el particular41.
13.3.4-. De acuerdo con el testimonio de Eduardo Velázquez, una vez enterados de
le existencia de la querella que dio como resultado la orden de demolición de una
parte de la construcción del inmueble, los promitentes compradores desatendieron
su obligación de pagar a los acreedores hipotecarios la suma acordada en la
promesa para dar por terminado el proceso ejecutivo y levantar el embargo, lo cual
impidió que esto se llevara a buen término.
13.3.5-. Los promitentes compradores detentaron la tenencia del bien desde el
momento en que se firmó la promesa de compraventa hasta el 30 de noviembre de
2012, fecha en que se produjo la entrega formal por parte del señor Gustavo Adolfo
Arciniegas Rodríguez a órdenes del Juzgado 35 Civil de Bogotá ante el que se
adelantaba el juicio de ejecución.
13.3.6.- Del análisis en conjunto de las tres relaciones jurídicas narradas en
precedencia se puede establecer que:
• Entre 2003 y 2013, la señora Patricia Arango Gutiérrez de Piñeres fungió
como extremo pasivo dentro de varios procesos ejecutivos hipotecarios
acumulados, en los que el bien presentado en garantía era el identificado con
el 50N-20348266.
• Para evitar que el inmueble fuera rematado en subasta, poder pagar el saldo
adeudado a los acreedores y conservar un remanente de su valor, en 2007,
la demandante celebró un contrato de promesa de compraventa sobre el bien
41 Folios 211 y 226 del cuaderno 3.
21
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
descrito, por mérito del cual los promitentes compradores se obligaron a
pagar una parte del precio directamente a los acreedores hipotecarios antes
de la firma de la escritura de compraventa, para que estos levantaran el
embargo que existía, a lo cual estos accedieron para dar terminación al juicio
de ejecución. Desde que se suscribió el contrato preparatorio, los promitentes
compradores detentaron la tenencia del apartamento.
• Antes de firmar la escritura pública de compraventa, los promitentes
compradores se enteraron de que se encontraba en curso una actuación
policiva por infracción de normas urbanísticas adelantada desde 2004 por la
alcaldía de La Calera, en el que se había dispuesto una medida de
demolición de una parte de la construcción del inmueble prometido en venta,
que estaba pendiente por ejecutar, circunstancia que condujo a que aquellos
se abstuvieran de pagar la suma acordada en favor de los acreedores
hipotecarios hasta tanto se concretara la orden de demolición. En todo caso,
continuaron con la tenencia del bien hasta el 30 de noviembre de 2012,
cuando lo entregaron por órdenes del juez de la ejecución.
• La falta de pago de la suma ejecutada por parte de los promitentes
compradores llevó a que el proceso ejecutivo continuara su curso hasta que
los extremos negociales de ese asunto convinieron darlo por terminado por
pago de la obligación en mayo de 2013, lo cual, en realidad consistió en
entregar el bien hipotecado a los ejecutantes a título de venta, con pacto de
retroventa, acto que quedó registrado el 27 de julio de 2013, en el folio de
matrícula inmobiliaria. La retroventa debía ejercerse dentro de los dos años
siguientes, hasta el 27 de julio de 2015 sin que a esa fecha se hubiera
optado por la recompra.
• El procedimiento policivo en el que se dictó la orden de demolición de parte
de la construcción del inmueble se archivó el 20 de enero de 2016, sin que
se hubiera ejecutado la media por no existir correspondencia entre el
contenido de la resolución que la ordenó y lo que físicamente se determinó
como área que contravenía la licencia de construcción.
13.4.- La demanda de reparación directa no fue presentada dentro del plazo legal
22
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
13.4.1-. Con arreglo a lo previsto en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la
acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a
partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño,
o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de
su ocurrencia.
13.4.2.- Del examen articulado entre la causa petendi y el petitum, se desprende
que el supuesto que da base a la reclamación que se ventila a través de este cauce,
estribó en la imposibilidad de concretar, a través de la celebración de un contrato
de compraventa, la negociación de la titularidad del bien inmueble en condiciones
favorables para el demandante y de percibir frutos civiles42, lo que, a la postre,
condujo a que, como resultado de un proceso ejecutivo, saliera de su patrimonio
para satisfacer las acreencias hipotecarias, daño que, en criterio del extremo
accionante, ocurrió por cuenta de la existencia de una orden de demolición sobre
una parte de su área no determinada con precisión, y que fue impartida por la
alcaldía de La Calera que al final no se materializó.
En esa línea, el plazo de los dos años para acudir a la jurisdicción en ejercicio de la
acción de reparación directa inició su cómputo, a lo sumo, el 28 de julio de 2015,
día siguiente al vencimiento del término para ejercer la opción de recompra sobre el
inmueble por parte de la demandante, circunstancia que se explica en cuanto a
partir de entonces quedó frustrada la posibilidad de recuperar, en las condiciones
acordadas con los ejecutantes, el bien hipotecado y dado en pago en el marco de
juicio de ejecución, que son los hechos sobre los que se estructura la ocurrencia del
daño alegado.
Ahora, sin entrar a perfilar una postura anticipada acerca de la posibilidad de
acumular a la anterior pretensión, la relativa a la frustración de los frutos civiles,
hecho que, en voces de la parte actora, se produjo desde el 20 de septiembre de
2007 cuando los promitentes compradores se hicieron tenedores “a título gratuito
del bien”43 y hasta cuando se recuperó la tenencia del bien a órdenes del Juzgado
de la ejecución -30 de noviembre de 2012-, claro es que el comienzo del plazo para
42 Así se evidencia en las pretensiones 2.1 y 2.3.
43 Hecho 18, 19 y 20 del escrito de subsanación de la demanda.
23
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
elevar súplicas en el sentido expuesto no podía superar el día siguiente a este última
fecha.
13.4.3.- Llegados a este punto, la Sala advierte la inadmisibilidad de desplazar el
inicio del cómputo de la caducidad a la fecha en que se archivó el procedimiento
policivo adelantado por el ente territorial accionado, con el pretexto de que en ese
momento surgió la “antijuridicidad44 de la orden de demolición que no se pudo
ejecutar” de la que fue objeto la edificación, como lo sostiene el demandante.
Ello se justifica en cuanto que, al margen de que la medida de demolición se hubiera
ejecutado o no y que la autoridad de policía hubiera tardado 12 años en resolver
que finalmente no era posible dar cumplimiento a su decisión, no hay duda de que
fue la tardanza en su acatamiento lo que, según se sostiene por el extremo activo,
culminó con el resultado adverso a los demandantes respecto del inmueble
hipotecado.
Así fue corroborado por la parte actora en su recurso de apelación al sostener que
“está totalmente probado con prueba documental que LOS PROMITENTES
COMPRADORES NO CUMPLIERON CON EL CONTRATO, ES DECIR, NO
CONTINUARON CON EL MISMO DESPUÉS DE ESPERAR CASI CINCO45 AÑOS,
PRECISAMENTE PORQUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL NO
MATERIALIZABA LA ORDEN DE DEMOLICIÓN, PARA SABER A QUE
ATENERSE A ESTA SITUACIÓN (Es decir por la desidia de la administración en el
cumplimento de la administración en el cumplimiento de sus actos)46.
De lo anotado se deriva que no es que los promitentes compradores se hubieran
abstenido de dar cumplimiento a la promesa por mediar una orden de demolición
en contra del bien, de cuya existencia supieron desde 2007. Ocurrió, por el contrario,
que, a sabiendas de que se había dictado esa medida, esperaron -al punto de
detentar su tenencia por varios años- a que se definiera el alcance de la decisión
para conocer su nivel de afectación sobre el bien y fue la alegada demora de su
cumplimiento, lo que los llevó a abstenerse de celebrar el contrato prometido.
44 Tal cual se dejó sentado en los hechos trece y catorce de la subsanación de la demanda. Folios
25 a 26 del cuaderno 1.
45 Es decir, desde 2007 -cuando se suscribió la promesa- a 2012, cuando procedieron a la entrega
del bien a órdenes del juzgado de ejecución
46 folio 1 del escrito de alzada.
24
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
Dicho de otro modo, no fue en sí mismo el hecho de que existiera una orden de
demolición sobre el bien, lo que llevó al traste el contrato preparatorio para trasladar
el dominio del bien y obtener el saldo para pagar las acreencias hipotecarias. Fue
el retardo en su ejecución, dilación que ya presentaba la alcaldía de La Calera para
el momento en que los promitentes compradores tuvieron conocimiento47 sobre la
existencia de la actuación policiva, lo que truncó el cumplimiento de la promesa
conllevando a que el proceso ejecutivo hipotecario debiera proseguir hasta culminar
con pago de la obligación, que verdaderamente se tradujo en la entrega del bien a
los ejecutantes, a título de venta con pacto de retroventa.
Al margen de que se hubiere materializado o no la demolición de una parte de la
construcción, lo cierto, es que fue la mora en su ejecución lo que hizo que el
inmueble no se pudiera negociar, de manera que en el momento en que el bien salió
de su patrimonio ya esa dilación se había presentado, con independencia de que
después hubiera decidido no llevarla a cabo.
13.4.4.- Retomando el análisis del cómputo de la caducidad, esta Sala estima que
el plazo de los dos años para promover la acción de reparación directa inició, a lo
sumo, el 28 de julio de 2015. Se sigue de lo anotado, que la fecha para promover
la presente acción se cumplía, en principio, el 28 de julio de 2017.
Ahora bien, en el expediente obra constancia de solicitud48 de conciliación
extrajudicial presentada por los actores ante la Procuraduría 56 Judicial para
Asuntos Administrativos el 26 de abril de 2017, es decir, faltando tres meses y dos
días para vencerse el plazo de caducidad. El trámite se declaró fallido por ausencia
de ánimo conciliatorio, según se consignó en constancia expedida el 24 de julio de
2017. Al día siguiente, 25 de julio de 2017, se reanudó el término faltante para
completar el plazo de dos años, los cuales finalmente se cumplieron el 27 de
octubre de 2017.
13.4.5.- Fundada en lo expuesto, la Sala considera que al haberse interpuesto la
demanda el 8 de marzo de 2018 su formulación se produjo cuando ya había
operado el fenómeno preclusivo de la caducidad de la acción49.
47 Se recuerda que a esa fecha ya habían trascurrido 4 años desde el inicio del juicio policivo.
48 Folios 89 a 90 del cuaderno 2.
49
Esta instancia no pasa inadvertido el hecho de que en la demanda igualmente se alegó que durante
los doce años que se prolongó la actuación policiva, los actores debieron ejercer su defensa a través
25
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
situación:
13.4.6. Concluida esta última consideración, la Sala revocará la sentencia de
primera instancia, para en su lugar inhibirse para decidir el fondo del asunto por
haber operado la caducidad de la acción.
4.- Costas
El artículo 18850 del CPACA remite en lo concerniente a la liquidación y ejecución
de costas al artículo 365 del CGP que, a su turno, dispone: “Se condenará en costas
a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”.
de un abogado. Con sustento en ese aserto, incoaron la pretensión dirigida a que se condenara al
pago de $20’000.000 por concepto de honorarios de abogado. Como elementos acreditativos para
respaldar la prosperidad de la anterior súplica, militan, entre otros, tres constancias de recibo de
dinero por valor que en total suma $20’000.000, suscritas entre 2010 y 2016 por el actual apoderado
de los demandantes, abogado José Fernando Huertas Peralta. Folios 46 y 47 el cuaderno 2. El
tercero se encuentra sin foliatura. Sin embargo, dichos desembolsos descritos no tienen vocación
de ampliar el inicio del cómputo del término de caducidad de la acción hasta el último momento en
que supuestamente se hicieron erogaciones con ocasión de la censurada actuación policiva, por
cuanto:
i) Desde 2013, fecha en la que el inmueble salió del patrimonio de la demandante, ninguna actuación
se llevó a cabo en su representación en el escenario del procedimiento policivo, hallazgo que,
además, encuentra sentido en la circunstancia de que, habiendo cambiado la titularidad del bien a
partir de entonces, quien estaba llamado a ejercer su defensa en adelante era el nuevo propietario;
ii) la información consignada en los dos últimos recibos de pago no guarda coincidencia con la
actuación policiva materia de controversia, dado que los datos registrados en esos comprobantes
aluden a la querella 2011-0070, mientras que la actuación que ocupó el examen de esta causa fue
identificada bajo el radicado 002-005; iii) además de que las constancias de recibo del dinero no
reúnen los requisitos de un documento cambiario idóneo a la luz de la jurisprudencia de esta
Corporación, -sentencia de 18 de julio de 2019, exp. 44572., lo que impide otorgarles valor como
elemento de prueba del pago de honorarios de abogado, se observa tanto en el escrito de demanda
inicial, como en aquel mediante el cual se subsanó -radicados en 2018-, en los fundamentos fácticos
se dejó sentado textualmente que: “Se han pactado con el apoderado la suma de VEINTE
MILLONES DE PESOS ($20.000.000.00) por concepto de representación dentro de la actuación
administrativa, los cuales se adeudan en su totalidad al togado JOSÉ FERNANDO HUERTAS
PERALTA”. De ahí es evidente que existe una contradicción insoslayable entre el contenido de los
recibos de pago antes aludidos, suscritos entre 2010 y 2016, y la afirmación condensada en el escrito
de demanda formulada en 2018, pues mientras los primeros pretenden acreditar la realización de
unas erogaciones derivadas de la actuación policiva, en el libelo y su corrección categóricamente se
afirma que esos pagos jamás se han efectuado y que a la fecha se adeudan, situación que, sumado
a lo anterior, impide apreciar su contenido.
50 “Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil”.
26
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
En el presente caso, en atención a que se revocará integralmente la sentencia de
primera instancia, para en su lugar declarar la caducidad de la acción, de acuerdo
con el numeral 4 del artículo 365 del CGP, la Sala condenará a la parte vencida en
el proceso —esto es, a la demandante— a pagar las costas de ambas instancias.
Conviene destacar que, con la entrada en vigencia del CPACA y su remisión en este
tema al Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso), consagra
la condena en costas como un asunto netamente objetivo, pues procede “con
independencia de la buena fe con que las partes hubieran obrado en el presente
recurso (…)”51 y “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de
que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”52.
1. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 366 del CGP.
4.1.- Fijación de agencias en derecho
2. El artículo 366 del CGP determina que el juez fijará las agencias en derecho, para
lo cual “deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la
Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el
juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de
dichas tarifas.”.
El Acuerdo 10554 de 2016 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda53, estableció las
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 26 de febrero
de 2020. Exp: 63943.
52 De acuerdo con la Corte Constitucional, “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o
de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el
proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme
al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los
costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista
prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley.
De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de
perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su
contra”. Sentencia C-157 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo.
53 El Acuerdo 1887 de 2003 fue derogado por el Acuerdo 10554 de agosto 5 de 2016 y aplicó en los
procesos judiciales iniciados a partir de su publicación.
27
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
tarifas de agencias en derecho, en los siguientes términos:
“ACUERDO 10.554 de 2016 Por el cual se establecen las tarifas de agencias
en derecho”.
“ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario
judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas
establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la
cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente
relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica
desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos
límites”.
“(…).“Artículo 5º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en
derecho se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en
porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o
negadas en la sentencia.
“ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS
DECLARATIVOS EN GENERAL.
“En primera instancia.
Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen
pretensiones de contenido pecuniario:
(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo
pedido.
(ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo
pedido.
“(…).
“En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”
En cuanto a los criterios para la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso
administrativos, el artículo 2 del referido Acuerdo dispuso que debía tenerse en
cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el
apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias
relevantes.
En el caso concreto, en la medida en que la primera instancia fijó agencias en
derecho en cuantía de $3’000.000 y este aspecto no fue materia de la apelación, la
Sala mantendrá incólume dicha determinación.
De acuerdo con el numeral 5 del citado Acuerdo, en los procesos de segunda
instancia se establece un rango entre 1 y 6 SMMLV.
28
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
En segunda instancia, se destaca que, el municipio de La Calera presentó sus
alegatos de conclusión, por lo que se considera que atendió esta etapa de manera
diligente y oportuna, por conducto del apoderado que asumió su representación
judicial.
Por esta virtud, las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia se
conservan en $3’000.000, en favor del municipio de La Calera. Las relativas a la
segunda instancia se fijan en UN (1) SMMLV a favor de la entidad demandada.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2020, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Tercera – Subsección A, con
sustento en las consideraciones que anteceden y en su lugar se dispone:
1.- DECLARAR la caducidad de la acción de reparación directa invocada,
por las consideraciones que anteceden. Inhibirse para decidir el fondo de
la controversia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante.
Para el efecto, se fijan las agencias en derecho de la primera instancia en la suma
de $3’000.000, en favor del municipio de La Calera. Y, en segunda instancia, se
fijan en UN (1) SMMLV, que deberá ser pagada a la entidad demandada.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
29
Radicación: 250002336000201800205 01 (67131)
Demandante: Carlos Hernando Granados Acosta y otra
Demandado: Municipio de La Calera
Asunto: Reparación Directa
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE54
NICOLÁS YEPES CORRALES
VF
54 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
30
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.