Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03927-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03927-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-03927-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
30 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ONCE ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03927-00
Recurrente: Superintendencia Financiera de Colombia
Temas: Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación. Causal 5 del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado resuelve el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la Superintendencia Financiera de
Colombia, quien actúa por intermedio de apoderada judicial, contra la sentencia de
26 de enero de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta
1
Corporación .
I. ANTECEDENTES
1. De la acción de reparación directa
La Cooperativa Financiera de Antioquia, con fundamento en los rendimientos
reportados por la sociedad Multivalores S.A., celebró un contrato de comisión para
la compra y venta de valores con la comisionista de bolsa y, por intermedio de ésta,
realizó inversiones en 7 títulos valores2. El 30 de junio de 2003 Multivalores reportó
a la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera) utilidades por
$660.210.307 y a 30 de septiembre de 2003 por $843.758.118.
El 22 de octubre de 2003, la Superintendencia de Valores expidió la Resolución no.
0682 por medio de la cual tomó posesión de los bienes, haberes y negocios de
Multivalores S.A. al advertir “el ocultamiento de pérdidas de la compañía durante un
periodo de 13 meses y el reporte de información financiera falsa o engañosa”, a lo que
agregó que las pérdidas alcanzaron los cuatro mil millones de pesos.
1
Acción de reparación directa con radicado nro. 05001-23-31-000-2006-00476-01. El proceso se adelantó en
vigencia del Código Contencioso Administrativo.
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1. Bono Fogafín adquirido con la operación número 01611 de 22 de marzo de 2002, por valor de $300.000.000.
2. TES en dólares 5150306 adquirido con la operación número 17495 de 8 de octubre de 2003, por valor de
200.000 dólares. 3. TES en dólares 5150307 adquirido con la operación número 17495 de 8 de octubre de
2003, por valor de 200.000 dólares. 4. TES en pesos 05140307 adquirido con la operación número 17132 de
22 de octubre de 2003, por valor de $500.000.000 de pesos. 5. TES en pesos 05140307 adquirido con la
operación número 17133 de 22 de octubre de 2003, por valor de $500.000.000 de pesos. 6. TES en dólares
5150306 adquirido con la operación de salida número 33286 de 20 de octubre de 2003, para ser vendido el 28
de octubre de 2003 en la operación de regreso 33287 por valor de 300.000 dólares. 7. TES en dólares 5150306
adquirido con la operación de salida número 33324 de 20 de octubre de 2003, para ser vendido el 28 de octubre
de 2003 en la operación de regreso 33325 por valor de 200.000 dólares.
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Recurrente: Superintendencia Financiera de Colombia
El 24 de octubre de 2003, la Cooperativa Financiera de Antioquia solicitó a
Multivalores S.A. el traslado de su portafolio a otra comisionista de bolsa y por
intermedio del agente especial de la Superintendencia de Valores le informó que los
títulos no fueron trasladados porque “los había vendido sin su consentimiento y que las
operaciones de reembolso no se concretaron porque la comisionista no contaba con dineros
para realizarlas”. El 20 de febrero de 2004, la Superintendencia de Valores ordenó la
liquidación de Multivalores S.A. por considerarla “inviable financiera y
económicamente”.
El 21 de octubre de 2005, la Cooperativa Financiera de Antioquia presentó demanda
de reparación directa contra la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia
Financiera), con el objeto de que se declarara la responsabilidad administrativa y
patrimonial del Estado y se condenara a la entidad al pago de los perjuicios sufridos
como consecuencia de la omisión “en la inspección, vigilancia y control de la sociedad
comercial Multivalores S.A. Comisionista de Bolsa”. Estimó los perjuicios en
$3.522.600.000, derivados de la pérdida del dinero invertido en los 7 títulos valores.
El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia de 12 de septiembre de 2011,
declaró probada la excepción de ausencia de responsabilidad de la demandada y
negó las pretensiones de la demanda.
Señaló que no se demostró una falla en el servicio imputable a la Superintendencia
de Valores y “al no haber hecho imputable a la entidad, no podría haber un nexo de
causalidad que ligue éste con el daño ocasionado a la entidad demandante Cooperativa
Financiera de Antioquia”, a lo que agregó que lo ocurrido obedeció a los malos
manejos financieros y administrativos de la sociedad Multivalores S.A. y no a la
omisión de la entidad demandada en el ejercicio de su función de vigilancia y control.
Esa decisión fue objeto de recurso de apelación, en el que se indicó que la sentencia
no analizó la responsabilidad de la entidad demandada por el título de imputación
de daño especial, pasando por alto que actuó con negligencia al no ejercer una
adecuada inspección y vigilancia sobre Multivalores S.A., lo que hubiera permitido
detectar a tiempo las irregularidades e intervenido a la sociedad para evitar que
realizara inversiones por intermedio de la comisionista.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado por sentencia de 26
de enero de 2022 revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró
patrimonialmente responsable a la Superintendencia de Valores, por los perjuicios
causados a la Cooperativa Financiera de Antioquia como consecuencia de la
omisión en la inspección, vigilancia y control de Multivalores S.A3.
Esa decisión tuvo como fundamento que la responsabilidad del Estado se sustenta
en el artículo 90 de la Constitución Política, en virtud del cual es procedente la
responsabilidad administrativa y patrimonial cuando se acredite que la parte
3
Un magistrado de la Sala salvó el voto, al considerar que la decisión parte de una certeza que tiene dos
componentes: uno fáctico que es falso, y otro hipotético que no puede ser utilizado como fundamento de la
responsabilidad. En relación con el primero indicó que en el 2003 la Superintendencia conoció que se ocultaban
los resultados contables y advirtió que la corredora de bolsa lo había hecho al menos durante 13 meses, “y
aunque el proyecto afirma que debió intervenirse inmediatamente, o en un momento anterior a ese que no
determina, lo cierto es que en menos de 90 días desde la recepción de la información con los indicios de fraude,
la superintendencia abrió el procedimiento que terminaría con la decisión de intervenir”. Respecto del segundo
afirmó que no existía certeza alguna que indicara que la apertura del procedimiento en un momento anterior
hubiera evitado el daño por el que se demandó o que se habría cambiado la elección del intermediario por parte
del inversionista.
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demandante sufrió un daño antijurídico como consecuencia de una omisión
imputable a la entidad demandada.
Señaló que “el hecho de un tercero no exonera al Estado de responder si no está
acreditado que el mismo fue la causa exclusiva del daño”, a lo que agregó que se
acreditó que el daño fue causado por la actuación irregular de Multivalores S.A., lo
que se hubiera podido evitar con una actuación adecuada y oportuna de la
Superintendencia de Valores en el marco de su función de inspección, vigilancia y
control, por lo que “la solidaridad legal del artículo 2344 del Código Civil no permite la
exoneración de la superintendencia demandada”.
Asimismo, se refirió al artículo 15 del Decreto 2739 de 1991 y a los artículos 23 y 25
del Decreto 1608 de 2000, para concluir que la función de la entidad demandada no
es de simple divulgación ni de certificación de idoneidad, dado que le corresponde
con su particular experticia realizar el análisis de la información que se le reporta y
detectar oportunamente las irregularidades que evidencian la falta de veracidad.
Sostuvo que la falla en el servicio en la que incurrió la Superintendencia de Valores
consistió en que “pese a que las irregularidades en los estados financieros se presentaron
desde agosto y septiembre de 2002, la Superintendencia solo las advirtió en junio y julio de
2003 y solo intervino en octubre de 2003 para verificar la información reportada por la
comisionista (…)”. Agregó que omitió su función de analizar los estados financieros
presentados mensualmente por Multivalores S.A. y realizar estudios permanentes
sobre su situación financiera y económica de conformidad con lo previsto en el
artículo 15 del Decreto 2739 de 1991, y solo se limitó a recibir los informes de los
estados financieros “presumiendo la buena fe en la información reportada por la
comisionista de bolsa”.
Por último, señaló que no cumplió con las obligaciones contenidas en el artículo 23
del Decreto 1608 de 2000, en tanto no intervino oportunamente a la comisionista y
no le permitió a la demandante conocer la situación financiera real de la sociedad
para el momento en que realizó las inversiones, por lo que “es claro que la omisión en
que incurrió la Superintendencia de Valores al no ejercer oportunamente la debida
inspección, vigilancia y control de Multivalores S.A. fue una de las causas efectivas del daño
sufrido por la demandante”.
3. Argumentos del recurso extraordinario de revisión
La Superintendencia Financiera de Colombia interpuso recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia de 26 de enero de 2022 proferida por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado porque, a su juicio, se configura la
causal quinta prevista en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, esto es,
“existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.
Afirmó que la sentencia recurrida es nula por carecer de congruencia externa, por
cuanto omitió analizar los argumentos planteados en la excepción denominada
“Ausencia de responsabilidad de la entonces Superintendencia de Valores. Los hechos que
dieron lugar al presunto perjuicio son imputables a la Cooperativa Financiera de Antioquia.
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Culpa de la Propia víctima” , omisión que, a su juicio, es determinante pues de haberse
abordado su estudio el sentido de la decisión habría sido distinto, circunstancia que
vulnera los derechos al debido proceso y defensa de la entidad.
Sostuvo que el 8 de marzo de 2022 solicitó la adición o complementación de la
sentencia por cuanto, “el Despacho no se pronunció respecto de la culpa exclusiva de la
Cooperativa Financiera de Antioquia”, solicitud que fue denegada por auto de 13 de
julio de 2022, al considerar que el numeral 6.1 de la decisión abordó los argumentos
de la excepción propuesta, no omitió resolver ninguno de los extremos de la litis ni
dejó de pronunciarse sobre algún punto que, por mandato legal, debiera ser
abordado. Sin embargo, a juicio de la entidad recurrente la decisión se sustentó en
argumentos diferentes a los planteados en la excepción.
Con fundamento en lo expuesto, la entidad recurrente solicitó que se declare
fundado el recurso extraordinario de revisión, se infirme la sentencia de 26 de enero
de 2022 y, en su lugar, se expida una sentencia de reemplazo en la que se resuelvan
de fondo los argumentos bajo los cuales la Superintendencia sustentó la excepción
de culpa exclusiva de la víctima.
4. Trámite procesal
5
Por auto de 27 de noviembre de 2023 , el despacho sustanciador admitió el recurso
extraordinario de revisión, dispuso que se notificara a la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, a la Cooperativa Financiera de Antioquia, al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Mediante oficios no. 139784, 139785, 139786 y 139787 de 28 de noviembre de
2023, la Secretaría General de esta Corporación efectuó la notificación de la referida
providencia.
Por medio de auto de 10 de abril de 2024, i) se tuvieron como pruebas los
documentos aportados por la parte recurrente y ii) se ofició al Tribunal Administrativo
de Antioquia para que allegara copia digitalizada del expediente de reparación
directa con radicado nro. 05001-23-31-000-2006-00476-01, el cual se allegó de
manera oportuna6.
5. Intervenciones
5.1. Procuraduría General de la Nación
El procurador delegado para la conciliación administrativa indicó que no se
encuentran acreditados los requisitos para que se configure la causal de revisión
invocada, por lo que solicitó declarar infundado el recurso.
4
Transcribió in extenso los argumentos en los que se sustentó la contestación de la demanda de reparación
directa para sustentar la excepción propuesta.
5
Por medio de auto de 31 de agosto de 2023, el despacho sustanciador requirió a la abogada de la
Superintendencia Financiera de Colombia para que allegara poder especial que la acreditara como apoderada
de la entidad.
6
SAMAI CE, índice 35. 62RECIBEPRUEBAS_MEMORIAL_EXPEDIENTE0500123310(.pdf) NroActua 35;
63RECIBEPRUEBAS_MEMORIAL_EXPEDIENTE0500123310(.pdf) NroActua 35:
64RECIBEPRUEBAS_MEMORIAL_EXPEDIENTE0500123310(.pdf) NroActua 35.
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Recurrente: Superintendencia Financiera de Colombia
Hizo referencia a los hechos relevantes previos a la interposición del recurso, a los
principales argumentos de la sentencia recurrida y del recurso extraordinario de
revisión y al marco jurisprudencial y legal aplicable, así como a la interpretación de
la causal invocada y los presupuestos necesarios para el análisis de la violación del
principio de congruencia, para indicar que la recurrente no probó la existencia de la
incongruencia alegada entre la parte motiva y la resolutiva de la providencia
recurrida, que pueda configurar un vicio susceptible de ser corregido mediante este
mecanismo extraordinario.
Señaló que no se encuentran acreditados los requisitos procesales que ha
precisado la jurisprudencia del Consejo de Estado, en tanto la entidad recurrente no
demostró la existencia de una discordancia de tal magnitud, entre lo estudiado como
objeto del litigio y la parte resolutiva de la decisión objetada “que pueda ser tenida
como configurativa de un vicio que requiera el restablecimiento de la justicia material
a través del mecanismo excepcional”.
Expresó que la decisión de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado fue proferida dentro de los límites y extremos correspondientes al objeto de
la litis, a lo que agregó que analizó los argumentos planteados en el recurso de
apelación interpuesto por la Cooperativa Financiera de Antioquia como apelante
única.
Destacó que el cuestionamiento de la recurrente se sustenta en la falta de
pronunciamiento sobre la culpa de la víctima y que la inconformidad no se centra en
que las razones de la decisión objeto de recurso extraordinario de revisión
correspondan a un contexto fáctico y jurídico ajeno a la discusión, “sino que apuntan
a una supuesta deficiencia en la motivación”. Agregó que el cuestionamiento de la
Superintendencia Financiera alude a una inconformidad frente a la actividad
interpretativa del juez en la decisión de segunda instancia con el propósito de que
se reexaminen las pruebas del proceso ordinario, bajo el argumento de la “falta de
análisis de la excepción de culpa exclusiva de la víctima”.
Sostuvo que disiente del argumento de la parte recurrente, “por cuanto es claro que
no podría el demandado, vencido en la segunda instancia, pretender que el fallo de
cierre aluda a sus excepciones en la forma exacta que imagina, so pena de
considerarse esa sola disconformidad como una circunstancia que de manera
objetiva conlleve a un fallo favorable en sede de revisión”.
Aseveró que la sentencia objeto de recurso extraordinario de revisión contiene todos
los elementos normativos del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, en tanto
desarrolló el análisis en torno a la existencia del daño antijurídico desde la
perspectiva de su ocurrencia y en lo referente a su imputabilidad por omisión de
funciones, “que comprendió el desarrollo del punto sobre el lugar de la víctima en la
producción del resultado” y obtuvo como conclusión que las personas que realizan
una inversión en el mercado lo hacen basados en el control y vigilancia ejercido por
la Superintendencia Financiera respecto de los intermediarios del mercado bursátil.
Adujo que aun cuando la recurrente esperaba todo un discurrir sobre la culpa
exclusiva de la víctima, la causal invocada no se configura porque el vicio debe
revestir tal importancia que constituya una irregularidad insaneable, capaz de
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vulnerar el principio de justicia material y permita romper el principio de cosa
juzgada.
Insistió en que el fallo objetado se refirió al aspecto central de la controversia y al
argumento central del recurso de apelación, a lo que agregó que valoró las pruebas
que se allegaron para concluir que se configuraba la responsabilidad por omisión
de la Superintendencia en la función de inspección, vigilancia y control, falencia que
“consistió en que, pese a que las irregularidades en los estados financieros se
presentaron desde agosto y septiembre de 2002, la Superintendencia solo las
advirtió en junio y julio de 2003. Además, el ente demandado solo intervino en
octubre de 2003 para verificar la información reportada por la comisionista, por lo
tanto omitió su función de analizar los estados financieros presentados
mensualmente por Multivalores S.A y realizar estudios permanentes sobre su
situación financiera y económica conforme al artículo 15 del Decreto 2739 de 1991”.
Para terminar, sostuvo que la recurrente no puede invocar el principio de
congruencia para cuestionar las valoraciones de una decisión judicial como si se
tratara de una falta de armonía sustancial entre lo pedido por las partes y la parte
dispositiva de la decisión, lo que no vulnera el principio de justicia material.
5.2. Cooperativa Financiera de Antioquia
Por conducto de apoderado judicial pidió que se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión, en tanto la parte recurrente pretende i) revivir el debate
probatorio de aquellos aspectos sobre los que no desplegó actividad en el proceso
ordinario, ii) demostrar que la Superintendencia de Valores fue diligente en las
labores de supervisión, vigilancia y control, para lo cual se apoya en la postura
disidente de la sentencia objetada; iii) responsabilizar a la cooperativa por el
comportamiento negligente de la referida entidad “en la supervisión de Multivalores” y
iii) plantear un nuevo debate probatorio y responsabilizar solamente a la
comisionista de bolsa.
Refirió que aun cuando la entidad demandada en el proceso de reparación directa
contestó oportunamente la demanda y propuso la excepción que denominó
“ausencia de responsabilidad de la entonces Superintendencia de Valores. Los hechos que
dieron lugar al presunto perjuicio son imputables a la Cooperativa Financiera de Antioquia.
Culpa de la propia víctima”, y ahora invoca la culpa exclusiva de la víctima, lo cual es
diferente a lo que propuso en el proceso ordinario.
En definitiva, sostuvo que los argumentos del recurso extraordinario de revisión
carecen de sustento porque la Superintendencia no desplegó ninguna actividad
procesal probatoria suficiente para respaldar sus apreciaciones.
5.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado es competente para
decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Superintendencia
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Financiera de Colombia contra la sentencia de 26 de enero de 2022 dictada por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado7, conforme con lo
dispuesto en los artículos 2498 y 107 inciso cuarto9 de la Ley 1437 de 2011 y 2910
del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado (reglamento
interno).
2. Oportunidad en la interposición del recurso
El artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA- dispone que el recurso
extraordinario de revisión podrá interponerse, por regla general, dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia, con el lleno de los requisitos
consagrados por el artículo 252 ejusdem.
En el asunto bajo examen, la Superintendencia Financiera de Colombia presentó
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 26 de enero de 202211, que
fue objeto de solicitud de aclaración el 8 de marzo del mismo año y resuelta por auto
de 13 de julio de 2022 en el sentido de negarla -notificado por estado el 20 de agosto
de la misma anualidad-, por lo que la decisión recurrida quedó ejecutoriada el 2 de
septiembre de 2022.
Como quiera que el recurso extraordinario de revisión fue presentado el 21 de julio
de 2023, es dable concluir que se interpuso dentro del término señalado en la
precitada disposición.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si la sentencia de 26 de enero de 2022 dictada
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso
reparación directa con radicado nro. 05001-23-31-000-2006-00476-01, incurrió en
la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011 -Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación- y, en consecuencia, si debe infirmarse la mencionada
decisión.
7
El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011 dispone: “El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
8
De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de
Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la
decisión.
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Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código,
encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les
encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas
estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con
exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
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La citada disposición señala: “Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de
competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios de revisión
interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado (…)”.
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Notificada a través de correo electrónico de 3 de marzo de 2022.
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4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión12
Este medio de defensa judicial que surgió con el Decreto 01 de 1984 (CCA) 13,
actualmente se encuentra regulado en los artículos 248 a 255 del CPACA, el cual
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos.
En relación con su alcance, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho que
en razón a su excepcionalidad «permite volver a estudiar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada
e infirmarlas ante la demostración irrefutable de ser decisiones injustas, por incurrir en alguna
de las causales que taxativamente consagra la ley»14.
El recurso debe interponerse mediante escrito que deberá contener (i) la
designación de las partes y sus representantes; (ii) nombre y domicilio del
recurrente; (iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento; (iv) la
indicación precisa y razonada de la causal invocada y (v) se deberá acompañar el
poder para su interposición y las pruebas documentales que el recurrente tenga en
su poder y solicitará las que pretenda hacer valer.
De igual manera, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que para su
procedencia no solo es imperativo demostrar la existencia de un motivo o causal de
revisión que, de manera inequívoca tenga la aptitud suficiente para variar los
resultados de la decisión, sino que tal demostración debe corresponder a las
circunstancias fácticas señaladas taxativamente en la ley como causal de revisión
y que en nada inciden con la actividad analítica o interpretativa del juez15.
Dicho en otros términos, debe existir correspondencia entre los argumentos y la
causal invocada, sin que ello implique acudir a valoraciones subjetivas para
cuestionar la motivación de la decisión ni para corregir omisiones probatorias, como
si se tratara de una nueva oportunidad para reabrir una discusión jurídica que goza
del atributo de la cosa juzgada, a la manera de una instancia adicional, a lo que se
debe agregar que no pretende corregir errores in judicando.
Finalmente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
ha precisado que el recurso extraordinario de revisión es una actuación
independiente del proceso de origen, razón por la cual lo ha caracterizado como
una acción o medio de control autónomo que debe iniciar con una demanda con el
12
En sentencias de 14 de mayo de 2025, exp. 2019-02422-00 (REV) C.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño y
de 3 de junio de 2021, exp. 2019-00049-00 (REV) C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, la Sala Once Especial
de Decisión del Consejo de Estado, con base en jurisprudencia de la Corporación, hizo referencia a los rasgos
generales de este medio extraordinario de impugnación.
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En sentencia de 25 de abril de 1986, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
señaló: «Es evidente que el recurso extraordinario de revisión no existía en la ley 167 de 1941. Los capítulos
XVII (Revisión de las Cartas de naturaleza y XVIII (De la revisión de los reconocimientos), no son recursos y se
limitan, como indican con toda claridad, a los asuntos y procedimientos que allí mismo se mencionan. En
cambio, el nuevo C.C.A, creó la figura especial del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos».
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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 26 de junio de 2015, exp. 2003-01589-
01.
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Consejo de Estado, Sala Once Especial de Decisión, sentencia de 6 de agosto de 2019, exp. 2019-00450-00
(REV).
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cumplimiento de los requisitos precisados en el artículo 252 del CPACA, los cuales
deben ser observados para su admisibilidad y procedencia16.
5. Alcance jurisprudencial de la nulidad originada en la sentencia
De conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011, el recurso extraordinario de revisión es procedente para invalidar una
sentencia por “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación”. La jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado que la referida causal no determina los supuestos precisos
en los que se configura, razón por la cual se han ido identificando algunos a partir
de un criterio de interpretación restrictivo.
En primer término, ha indicado que se requiere acreditar (i) que la revisión se
formule contra una sentencia; (ii) que la sentencia ponga fin al proceso y que no
proceda recurso de apelación y (iii) que el vicio alegado se haya presentado en la
decisión objetada “o que se haya materializado en el momento en que se profirió la
providencia y no en una etapa previa al proceso”17. También ha precisado que la
irregularidad que configure la causal invocada debe ser de suma gravedad, de tal
manera que tenga una incidencia directa en el sentido de la decisión, es decir, que
habría sido sustancialmente distinta.
Por otra parte, la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado ha
señalado que las nulidades procesales no pueden confundirse con las que se
originan en la sentencia18. Las primeras se refieren a los supuestos taxativos
previstos en el artículo 133 del Código General del Proceso, mientras que las
segundas, “al no estar determinadas por la ley, deben interpretarse restrictivamente
bajo unos presupuestos fácticos y específicos que la jurisprudencia de esta
corporación ha puntualizado y que, por regla general, no comprenden nulidades
procesales acaecidas en una etapa previa a la sentencia”19.
A partir de lo anterior, la jurisprudencia contencioso administrativo ha identificado
algunos de los supuestos en los que se puede configurar la causal quinta de
revisión, a saber: (i) que el juez resuelva asuntos sobre los cuales carece de
jurisdicción o de competencia; (ii) que, sin actuación alguna, el juez dicte nuevo fallo
en proceso que terminó normalmente con sentencia en firme; (iii) que sin más
actuación, el juez profiera sentencia después de ejecutoriado el auto que aceptó el
desistimiento, aprobó la transacción o declaró la perención del proceso; (iv) que el
juez dicte el fallo sin el trámite previo correspondiente; (v) cuando el demandado es
condenado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido o causa
diferente a la invocada en la demanda; (vi) cuando el juez condena a quien no ha
sido parte en el proceso; (vii) cuando, sin más actuación, el juez profiere sentencia
después de ocurrida la interrupción o suspensión del proceso o antes de la
16
Exp. 11001-03-15-000-2017-02078-01, M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, 14 de agosto de 2014.
17
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 16 de junio de 2025, exp. 11001-
03-26-000-2023-00095-00 (69975), M.P. Adriana Polidura Castillo.
18
Sentencia de 26 de febrero de 2013, exp. 11001-23-15-000-2008-01289-00, M.P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila.
19
Sentencia de 16 de junio de 2025, exp. 11001-03-26-000-2023-00095-00 (69975), M.P. Adriana
Polidura Castillo.
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oportunidad debida; (viii) cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor
o menor de los magistrados que debieron haberlo hecho; (ix) cuando la sentencia
fue adoptada con un número de votos diferente del previsto en la ley; (x) cuando la
sentencia carece completamente de motivación; (xi) cuando la sentencia carece de
congruencia interna o externa20 o (xii) que transgreda el principio de la non reformatio
in pejus.
En tercer término, esta Corporación ha señalado que se pueden presentar otras
situaciones que dan lugar a nulidad originada en la sentencia, concretamente
cuando se produce una vulneración del derecho al debido proceso 21, “siempre y
cuando su motivación revele la inobservancia de aspectos procesales
trascendentales y no cualquier falencia relacionada con la fundamentación o con la
valoración probatoria de la providencia”, o cuando se dicta una sentencia inhibitoria
sin fundamento válido, “caso en el cual debe estudiarse si la decisión se encuentra
justificada o no, de acuerdo con las particularidades del caso concreto”22.
Por último, la jurisprudencia del Consejo de Estado, como se indicó en precedencia,
ha considerado que el desconocimiento del principio de congruencia23 es un
supuesto que habilita la procedencia del recurso extraordinario de revisión por existir
nulidad originada en la sentencia. Al respecto, ha precisado que tiene dos
dimensiones, a saber: (i) interna, cuando existe armonía entre los considerandos y
24
la parte resolutiva de la decisión y (ii) externa, cuando existe concordancia entre
la decisión contenida en la parte resolutiva de la sentencia y lo pretendido por las
partes en la demanda y en el escrito de contestación. Adicionalmente, ha precisado
que no cualquier reparo sobre incongruencia “estructura una nulidad de la
sentencia, pues se exige que la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado
20
Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, sentencias de 20 de octubre de 2009 y de
26 de febrero de 2013, exps. 11001-03-15-000-2003-00133-00 y 11001-23-15-000-2008-01289-00,
respectivamente; y Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia de 29 de abril de 2015, exp. 20001-23-31-000-2001-01278-02. Estos
criterios jurisprudenciales se reiteraron recientemente en la sentencia de 16 de junio de 2025, exp.
11001-03-26-000-2023-00095-00 (69975), M.P. Adriana Polidura Castillo.
21
Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sala Especial de Decisión No. 25, sentencia
de 28 de junio de 2021, exp. 11001-03-15-000-2020-03697-00 y Sala Veintiséis Especial de
Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. La Corte
Constitucional en las sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001 advirtió que la
nulidad originada en la sentencia no se restringe a las causales que prevé el Código General del
Proceso –antes Código de Procedimiento Civil– pues, adicionalmente, puede derivar de la violación
al debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.
22
Sentencia de 16 de junio de 2025, exp. 11001-03-26-000-2023-00095-00 (69975), M.P. Adriana
Polidura Castillo.
23
Código General del Proceso. “ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren
sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. Si lo pedido
por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último. En la sentencia se
tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse
el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que
haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio (…)”.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión,
sentencia de 6 de junio de 2025, exp. 11001-03-15-000-2022-03234-00, M.P.: Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
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sea protuberante, a tal punto que no exista justificación objetiva y relacionada con
las materias medulares del proceso”25.
6. Estudio y solución del caso concreto
La Superintendencia Financiera de Colombia presentó recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia de 26 de enero de 2022, dictada por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al considerar que se configura la
causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
en tanto, a su juicio, carece de congruencia externa por cuanto omitió el estudio de
la excepción propuesta en la contestación de la demanda de reparación directa que
denominó “Ausencia de responsabilidad de la entonces Superintendencia de Valores. Los
hechos que dieron lugar al presunto perjuicio son imputables a la Cooperativa Financiera
de Antioquia. Culpa de la propia víctima”, lo que vulnera sus derechos al debido proceso
y defensa.
Con el fin de resolver el alegato propuesto por la parte recurrente, la Sala se referirá
a los principales argumentos que se esgrimieron en el trámite del proceso judicial
que finalizó con la decisión que ahora se cuestiona.
La Cooperativa Financiera de Antioquia en ejercicio de la acción de reparación
directa presentó demanda contra la otrora Superintendencia de Valores, con la
pretensión de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable por
los perjuicios causados por la omisión de la entidad en la inspección, vigilancia y
control respecto de la sociedad Multivalores S.A. comisionista de bolsa, y el
consecuente pago de los perjuicios patrimoniales causados.
En la oportunidad procesal prevista en el Código Contencioso Administrativo, la
entidad demandada contestó la demanda, se opuso a las pretensiones y formuló la
excepción que denominó “5.1 Ausencia de responsabilidad de la entonces
Superintendencia de Valores. Los hechos que dieron lugar al presunto perjuicio son
imputables a la Cooperativa Financiera de Antioquia. Culpa de la propia víctima”, la cual
sustentó en los siguientes argumentos:
“Que las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo del Estado,
desarrollada por las superintendencias, se circunscribe a exigirle a quienes
participan en el mercado de valores el cumplimiento de las normas que rigen la
materia, la realización de visitas a las sociedades sometidas a vigilancia, para
evidenciar posibles irregularidades en el funcionamiento del mercado.
Las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, toda vez que,
el agente activo de los hechos que se debaten recae única y exclusivamente en
el actuar de la comisionista Multivalores S.A.
25
Sentencia de 16 de junio de 2025, exp. 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168), M.P. Adriana
Polidura Castillo. Que a su turno se apoyó en: Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa,
Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencias de 7 de abril de 2015 y de 2 de febrero de 2016,
exp. 11001-03-15-000-2013-00358-00 y 11001-03-15-000-2015-02342-00; Consejo de Estado, Sala
Contencioso Administrativa, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia de 3 de marzo de 2020,
exp. 11001-03-15-000-2019-03970-00; y Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa,
Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002, exp. No. 76001-23-24-000-1997-43-45-01.
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La Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera, no
coadministra a las sociedades vigiladas, siendo competencia de los accionistas,
órganos sociales y administradores, dentro del ámbito de acción de cada uno,
tomar las medidas necesarias para conjurar situaciones que afecten el normal
desarrollo tanto de la sociedad como de los dineros invertidos.
Los inversionistas, en este caso, la Cooperativa Financiera de Antioquia tiene el
deber de asumir su responsabilidad al momento de adoptar las decisiones de
inversión y evaluación del riesgo inherente que existe en el mercado de valores
y que de ninguna manera puede ser atribuidos al ente de control.
En el caso particular, la cooperativa fue negligente en la supervisión de las
operaciones que debía realizar a su nombre la comisionista.
Concluyó que, la superintendencia en ejercicio de sus funciones de inspección y
vigilancia respecto de Multivalores S.A., cumplió a cabalidad con las mismas y,
por ende, no existe falla en el servicio imputable a la superintendencia”.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia por medio de sentencia
de 12 de septiembre de 2011 declaró probada la excepción de ausencia de
responsabilidad de la Superintendencia de Valores y negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que no encontró razones ni pruebas suficientes para
declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la referida entidad. Con el
fin de sustentar esa determinación señaló que no se demostró una falla en el
servicio y “al no haber hecho imputable a la entidad, no podría haber un nexo de causalidad
que ligue éste con el daño ocasionado a la entidad demandante Cooperativa Financiera de
Antioquia”.
Inconforme con esa decisión, la Cooperativa Financiera de Antioquia interpuso
recurso de apelación, bajo el argumento de que el a quo no analizó los argumentos
sobre la responsabilidad de la demandada por daño especial. Agregó que la
Superintendencia de Valores actuó con negligencia al no ejercer una adecuada
inspección, vigilancia y control sobre la sociedad Multivalores S.A., no realizó las
visitas periódicas a la comisionista, lo que le hubiera permitido detectar a tiempo las
irregularidades alegadas y de esa manera intervenir y evitar que la Cooperativa
Financiera de Antioquia invirtiera a través de esa comisionista de bolsa.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado por medio de
sentencia de 26 de enero de 2022 revocó la sentencia apelada y, en su lugar,
declaró patrimonialmente responsable a la Superintendencia de Valores (hoy
Financiera) de los perjuicios causados a la Cooperativa Financiera de Antioquia,
como consecuencia de la omisión en la inspección, vigilancia y control de
Multivalores S.A. En consecuencia, condenó a la Superintendencia Financiera de
Colombia a pagar a favor de la Cooperativa Financiera de Antioquia la suma de
cinco mil trescientos cuarenta y tres millones ochenta y cuatro mil sesenta y dos
pesos ($ 5.343.084.062).
Los argumentos en los que se sustentó esa determinación, en resumen, fueron los
siguientes:
Realizó algunas consideraciones sobre la responsabilidad de la Superintendencia
Financiera de Colombia a partir de las funciones de inspección, vigilancia, control e
intervención financiera y bursátil. Con ese propósito, citó -entre otras- las sentencias
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C-1062 de 2003, SU-166 de 1999, C-860 de 2006, en las que la Corte Constitucional
destacó el carácter de interés general de la actividad financiera que debe estar
sometida a la vigilancia estatal. Además, precisó que ese interés público se
materializa en la labor de inspección y vigilancia que ejerce la Superintendencia,
quien debe “velar porque quienes participan en él, desarrollen su actividad en condiciones
de igualdad, transparencia y que no se ponga en peligro ni lesione el interés público y
específicamente el interés de los inversores (…)”.
En la misma línea argumentativa, acudió a la sentencia C-692 de 2007 en la que la
Corte Constitucional destacó que el régimen de intervención en las actividades
financiera, bursátil, aseguradora y demás relacionadas con el manejo,
aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público es de carácter
reforzado. Esa intervención, agregó, se concreta en la exigencia de autorización
previa para su funcionamiento, así como en la vigilancia y control ejercidos por la
Superintendencia Financiera de Colombia, con el fin, entre otros, de “proteger los
intereses de terceros de buena fe que puedan resultar lesionados por operaciones de
mercado irregulares, inseguras o inadecuadas”.
Finalmente, refirió que la inspección, vigilancia y control del mercado de valores es
un factor determinante en la adopción de decisiones de inversión que realizan
quienes contratan con agentes sometidos a ella, “pues estos deciden confiar el manejo
de sus inversiones a empresas vigiladas porque su solvencia y el cumplimiento de sus
obligaciones se encuentran supervisados por el Estado; y lo hacen confiando en la
información pública que tienen a su alcance, porque cuentan que hay una entidad experta
que vigila que tal información corresponda a la realidad”.
Con sustento en lo anterior, al resolver el caso concreto encontró demostradas
varias circunstancias fácticas a partir de las cuales se dedujo que, si la
Superintendencia de Valores hubiera ejercido oportunamente sus funciones de
inspección, vigilancia y control, la demandante no hubiera realizado inversiones a
través de esa intermediaria y, por tanto, no habría perdido su inversión. Esa
conclusión se sustentó en los siguientes medios de prueba:
La Resolución no. 0682 de 22 de octubre de 2003, en la que se evidencia que
las irregularidades en los estados financieros de la comisionista de bolsa se
presentaron desde agosto de 2002, en la que concluyó que “(…) al examinar el
balance general clasificado y el estado de resultados del periodo enero 1 a
octubre 6 de 2003 remitidos a la Superintendencia el 17 de octubre de 2003, “la
sociedad no obstante presentar, según los estados financieros intermedios
de septiembre 30 de 2003, un resultado positivo por valor de $843 millones
de pesos, pasó a reflejar un resultado negativo del orden de $3.851 millones
de pesos”.
En el informe de visitas no. 383 de 2 de abril de 2004 -respecto de una visita
realizada del 22 de octubre al 28 de noviembre de 2003 y del 4 al 23 de diciembre
de 2003-, elaborado por funcionarios de la Superintendencia de Valores, consta
que revisados los estados financieros de Multivalores S.A. correspondiente a los
meses de junio y julio de 2003 “los saldos de cuentas de caja y bancos de los
estados financieros del contrato de comisión para la compra y venta de valores
y de administración de valores, no reflejaban la totalidad de los recursos que la
sociedad, para esos mismos meses, mantenía de clientes”. Con base en esa
información se requirió a la sociedad en tres ocasiones para que explicara las
razones de las inconsistencias. Que los informes remitidos durante el mes de
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agosto de 2002 comparados con los extractos de las cuentas propias de
Multivalores S.A. reflejaban que la comisionista no reportó la totalidad de las
operaciones realizadas.
En cuanto al ocultamiento de pérdidas, el informe estableció que “La sociedad,
como resultado del incremento en las tasas de negociación de los TES durante
los meses de julio, agosto y septiembre de 2002, y consecuencia de las
operaciones de compra y venta de valores por cuenta propia, presentó pérdidas
por $4.723 millones aproximadamente, cifra que fue revelada por el gerente
general de Multivalores S.A. (…) en su informe de gestión al 6 de octubre de
2003 y que solamente fueron reveladas en los estados financieros para esa
fecha (…) Dichas pérdidas se encontraban registradas de manera incorrecta y
fraudulenta en el activo y en cuentas de orden fiduciarias (cuentas de clientes).
Con respecto a la cifra de $4.723 millones, y de acuerdo con la conciliación
efectuada por la Superintendencia de Valores entre el sistema operativo O y D y
el sistema contable (Sifival) para el mes de agosto de 2002, se estableció que la
sociedad comisionista en su portafolio de inversiones por cuenta propia
presentaba pérdidas por $3.700 millones”.
En el informe de inspección, los funcionarios de la Superintendencia concluyeron
que Multivalores S.A. reportó para el periodo de agosto de 2002 a septiembre de
2003 utilidades por $843.000.000, dato contradictorio con la información remitida
por el gerente de la comisionista el 17 de octubre de 2003, en la que dio como
resultado negativo $3.851.000.000, “lo cual significa el registro de pérdidas en
los primeros seis días de octubre por $4.694 millones de pesos,
aproximadamente y su consecuente ocultamiento por espacio de trece (13)
meses”.
En el acta de visita realizada el 22 de octubre de 2003 a las instalaciones de
Multivalores S.A., consta que el representante legal manifestó que las pérdidas
obedecieron a problemas que se presentaron desde agosto de 2002, pues “En
mayo de 2003, la Bolsa de Colombia llevó fotocopias de una serie de
documentos en visita que practicó. En septiembre 9 (…) nos informan que en
cuentas de clientes hacían falta aproximadamente $3.500 millones de pesos de
las cuentas de orden fiduciarias, es decir, que había un faltante de dineros de
clientes por ese valor. Además de los faltantes de dineros y títulos de clientes,
(…) nos dimos cuenta que había una partida en la cuenta 1310 del balance por
$1.200 millones que no estaba relacionada (…) tal partida corresponde a
pérdidas de la sociedad que no se habían registrado en la anterior
administración”.
En la denuncia penal presentada por el Superintendente de Valores se evidencia
que cuando cambió la administración de Multivalores S.A., los administradores
rindieron un informe de gestión en el que indicaron que al estudiar los estados
financieros “Se detectó una inconsistencia en una de las cuentas del balance
general”, y para establecer el monto se realizó una investigación junto con la
Bolsa de Valores de Colombia, la cual concluyó que las diferencias en los
estados financieros eran desconocidas por las directivas de la sociedad y para
evitar el colapso de esta, “la solución era asumir esa diferencia como pérdidas
por inconsistencias, las cuales superaban los cuatro mil millones de pesos. Ello
situaba a la sociedad en causal de disolución”.
A partir de lo anterior, en la sentencia recurrida se estableció que para agosto de
2002 las pérdidas de la comisionista de bolsa fueron de $3.700 millones de pesos,
es decir, que la situación anómala en los estados financieros de la sociedad se
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presentó desde agosto de 2002, y la Superintendencia de Valores la intervino hasta
octubre de 2003, cuando las pérdidas de la comisionista de bolsa ascendían a
$4.723.000.000, no obstante haber reconocido en la resolución de toma de posesión
que “tuvo conocimiento mensual de los movimientos de los estados financieros de
Multivalores S.A., que en junio y julio de 2003 detectó inconsistencias en los mismos y
requirió a la comisionista en varias ocasiones para que explicara la situación dado que la
primera respuesta no fue satisfactoria y aun así no se dio cuenta del fraude y no adoptó
oportunamente las medidas necesarias para solventar la situación”.
Aseveró que la Superintendencia de Valores pudo haber realizado la visita a la
comisionista de bolsa con anterioridad, debido a la demora en responder los
requerimientos para corroborar la información de los estados financieros
reportados, verificar las inconsistencias detectadas y advertir la real situación de la
comisionista a los inversionistas, pero no lo hizo.
Con sustento en esos argumentos, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado concluyó que la falencia en la función de inspección, vigilancia
y control radicó en que, aunque las irregularidades en los estados financieros de la
comisionista se presentaron desde agosto de 2002, la Superintendencia de Valores
solo las advirtió en junio de 2003 e intervino hasta octubre del mismo año.
Así las cosas, señaló que la entidad omitió su deber de analizar los estados
financieros presentados mensualmente y de realizar estudios permanentes sobre la
situación financiera y económica conforme lo dispone el artículo 15 del Decreto 2739
de 1991. Asimismo, incumplió las obligaciones establecidas en el artículo 23 del
Decreto 1608 de 200026, en tanto no intervino oportunamente a la comisionista y no
le permitió a la demandante conocer la situación financiera real de la comisionista
para el momento en que realizó las inversiones, esto es, el 8, 20 y 23 de octubre de
2003.
En consecuencia, al encontrar probado que existió omisión en el ejercicio de la
función de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Valores que,
de haberse ejercido oportunamente y en forma adecuada, habría evitado la pérdida
de los dineros invertidos por la Cooperativa Financiera de Antioquia, a través de la
comisionista de bolsa Multivalores S.A. De esta manera lo indicó la sentencia
recurrida:
“[…] La responsabilidad de la Superintendencia se funda en lo dispuesto en el
artículo 90 de la C.P., según el cual el Estado debe responder cuando se acredite
que el demandante sufrió un daño antijurídico como consecuencia de una
omisión imputable a la entidad demandada. El <hecho de un tercero> no exonera
al Estado de responder si no está acreditado que el mismo fue la causa exclusiva
del daño. En este caso, está demostrado que el daño fue causado por la
actuación irregular de la comisionista de bolsa Multivalores S.A., pero resulta
evidente que el mismo habría podido ser impedido con una actuación adecuada
y oportuna de la Superintendencia, a la que le correspondía legalmente la función
26
Artículo 23. Superintendente delegado para Inspección y Vigilancia del Mercado. Al Superintendente
delegado para Inspección y Vigilancia del Mercado le corresponde ejercer las funciones que le delegue el
presidente de la República, además de las siguientes: (…) 9. Velar por que el mercado cuente con una
información adecuada sobre las operaciones que en él se realicen. 10. Estructurar y mantener un sistema de
seguimiento al mercado y evaluar periódicamente la evolución del mismo. 11. Realizar un seguimiento de las
operaciones efectuadas en el mercado.
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de vigilancia y control; por tal razón, la solidaridad legal del artículo 2344 del
Código Civil no permite la exoneración de la Superintendencia demandada.
6.1.- No es admisible la posición de la Superintendencia según la cual quien
realiza una inversión en el mercado de valores sabe que asume riesgos que debe
soportar; los riesgos que asume son los relativos a la suerte de la inversión
misma, no a la idoneidad del intermediario ni a su capacidad para responder por
los perjuicios que cause. La autorización, el control y la vigilancia para el ejercicio
de las funciones que están a cargo de la Superintendencia es la base sobre la
cual quien realiza la inversión decide utilizar al intermediario. La existencia de
riesgos con los ahorros e inversiones en dinero de los particulares es
precisamente lo que motiva la vigilancia especial a cargo del Estado de esta
actividad. Y el ejercicio de este control se le asigna a una entidad que tiene
amplias facultades para realizarla y, sobre todo, los conocimientos técnicos que
le permiten analizar la información que recibe y detectar oportunamente a partir
de determinados indicios (como los incrementos significativos en las utilidades),
las irregularidades en la información y en las actividades del intermediario.
La función de la Superintendencia no es simplemente de divulgación de la
información que le presentan sus vigilados ni mucho menos de certificación de
idoneidad de la misma ante los particulares, basada en la buena fe o en la
presunción de legalidad de los informes. A la Superintendencia le corresponde,
con su particular experticia, realizar el análisis de la información que se le reporta
y detectar oportunamente las irregularidades que evidencian la falta de
veracidad; no cumple una labor simplemente formal relativa a verificar que la
información se presenta a tiempo considerando que ella ‘se presume legal’
(…)”.
En el recurso extraordinario de revisión se afirmó que la decisión cuestionada es
nula por carecer de congruencia externa por falta de análisis de los supuestos bajo
los cuales la Superintendencia Financiera sustentó la excepción de culpa exclusiva
de la víctima, invocada en el acápite 5.1 de la contestación de la demanda ordinaria,
la cual era determinante para la decisión que se adoptó, que de haberse analizado,
el sentido de la decisión habría sido distintito.
Como se señaló en precedencia, el principio de congruencia previsto en el artículo
305 del Código de Procedimiento Civil, ahora en el artículo 28127 del Código General
del Proceso, delimita el contenido de las decisiones judiciales para que estas se
profieran en consonancia con los argumentos y el alcance de las peticiones y
excepciones formuladas por las partes. De este modo, se asegura la identidad
jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o excepciones oportunamente aducidas,
salvo cuando la ley confiera al juzgador facultades o competencias oficiosas.
En desarrollo del principio de congruencia, esta Corporación ha establecido su
clasificación en interna y externa. La primera exige correspondencia entre la parte
motiva y la resolutiva de la sentencia, mientras que la segunda garantiza que la
27
Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en
esta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último. En la sentencia
se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio,
ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio
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decisión de la parte resolutiva de la sentencia se ajuste a lo pedido en la demanda,
en su contestación o en el recurso interpuesto. En ese sentido, se ha indicado:
“El petitum, entonces, deberá expresar claramente la modificación o reforma que se
pretende de los actos acusados, y a él atañe la observancia por parte del juzgador del
principio de la congruencia de las sentencias, que debe ser tanto interna como externa.
La externa, se traduce en la concordancia debida entre el pedido de las partes en la
demanda y su corrección, junto con las excepciones, con lo decidido en la sentencia y
encuentra su fundamento en los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 170 del C.C.A., en
concordancia con el 305 del C.P.C., que señala que el juez en la sentencia debe analizar
‘los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas
pertinentes, con el objeto de resolver todas las peticiones’. No debe olvidarse, además,
que conforme al artículo 304 del C.P.C. la parte resolutiva ‘deberá contener decisión
expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda...’. La congruencia
interna, está referida a la armonía y concordancia que debe existir entre las conclusiones
judiciales derivadas de las valoraciones fácticas, probatorias y jurídicas contenidas en la
28
parte considerativa, con la decisión plasmada en la parte resolutiva de la sentencia” .
La Corte Constitucional, por su parte, al referirse a este principio procesal, señaló
que es deber del juez resolver todos los aspectos que ante él se expongan y, por
consiguiente, es su obligación explicar las razones por las cuales no se ocupará del
análisis de fondo de alguna de las pretensiones. Adicionalmente, el juez tiene a su
cargo el deber de fallar con fundamento en la realidad fáctica demostrada, por
cuanto, su decisión, de ninguna manera, puede fundamentarse en lo que dicho
funcionario considera que pudo ser, pero que las partes ni él de oficio, lograron
establecer en el curso de la actuación procesal29.
En este caso, el reproche de la parte recurrente se concreta en que la sentencia
cuestionada es nula por carecer de congruencia externa por falta de análisis de los
supuestos bajo los cuales la Superintendencia sustentó la excepción formulada en
el acápite 5.1 de la contestación de la demanda de reparación directa que denominó
“5.1 Ausencia de responsabilidad de la entonces Superintendencia de Valores”.
No obstante, para la Sala dicho reparo carece de fundamento, toda vez que, en la
sentencia se estableció de manera clara que la responsabilidad de la
Superintendencia se derivó de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución
Política, “según el cual el Estado debe responder cuando se acredite que el demandante sufrió un
daño antijurídico como consecuencia de una omisión imputable a la entidad demandada”. Además,
precisó que “El hecho de un tercero” no exonera al Estado de responder si no se
demuestra que el mismo fue la causa exclusiva del daño.
El numeral 6.1 del fallo cuestionado, de manera textual, señaló:
“6.1.- No es admisible la posición de la Superintendencia según la cual quien realiza una
inversión en el mercado de valores sabe que asume riesgos que debe soportar; los
riesgos que asume son los relativos a la suerte de la inversión misma, no a la idoneidad
del intermediario ni a su capacidad para responder por los perjuicios que cause. La
autorización, el control y la vigilancia para el ejercicio de las funciones que están a cargo
de la Superintendencia es la base sobre la cual quien realiza la inversión decide utilizar
al intermediario. La existencia de riesgos con los ahorros e inversiones en dinero de los
28
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala Primera Especial de Decisión, C.P. María Adriana Marín. Sentencia
de 28 de abril de 2025. (REV) 11001-03-15-000-2023-04017-00 (6341). Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, M.P. César Palomino Cortés, exp. 11001-03-25-000-2013-00838-00.
29
Corte Constitucional, sentencia T-961 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Reiterada en la sentencia T-079
de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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particulares es precisamente lo que motiva la vigilancia especial a cargo del Estado de
esta actividad. Y el ejercicio de este control se le asigna a una entidad que tiene amplias
facultades para realizarla y, sobre todo, los conocimientos técnicos que le permiten
analizar la información que recibe y detectar oportunamente a partir de determinados
indicios (como los incrementos significativos en las utilidades), las irregularidades en la
información y en las actividades del intermediario. La función de la Superintendencia no
es simplemente de divulgación de la información que le presentan sus vigilados ni mucho
menos de certificación de idoneidad de la misma ante los particulares, basada en la
buena fe o en la presunción de legalidad de los informes. A la Superintendencia le
corresponde, con su particular experticia, realizar el análisis de la información que se le
reporta y detectar oportunamente las irregularidades que evidencian la falta de
veracidad; no cumple una labor simplemente formal relativa a verificar que la información
se presenta a tiempo considerando que ella «se presume legal”.
De la revisión del numeral 6.1 transcrito, se advierte que la Subsección B de la
Sección Tercera de esta Corporación se pronunció de manera expresa sobre la
excepción propuesta por la Superintendencia, con lo cual se desvirtúa la falta de
pronunciamiento sobre los argumentos que sirvieron de sustento a la excepción
formulada por la entidad demandada. En efecto, examinó los argumentos expuestos
por la entidad y concluyó que no era admisible afirmar que el inversionista debía
asumir riesgos derivados de la idoneidad del intermediario, pues dicho aspecto
corresponde al ámbito de control y vigilancia a cargo de la entidad.
Asimismo, la providencia precisó que la función de dicha entidad no se limita a
recibir y divulgar la información presentada por sus vigilados, sino que, con base en
sus facultades técnicas y especializadas, debía analizarla y detectar oportunamente
irregularidades que comprometieran la veracidad de los datos reportados. De esta
manera, se desvirtuó la excepción formulada y descartó la tesis de ausencia de
responsabilidad alegada por la entidad.
En ese orden de ideas, para la Sala resulta claro que la decisión objetada no adolece
de congruencia externa, en tanto guarda consonancia la parte resolutiva de la
sentencia y lo pretendido por las partes en la demanda y en el escrito de
contestación, así como en los aspectos que fueron objeto de apelación, en la que,
como se dijo, se realizó el análisis de los argumentos que sustentaban la excepción
propuesta por la demandada, lo que excluye la configuración de la causal 5ª de
revisión del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 invocada por la parte recurrente.
Con todo, no se observa que las conclusiones de la sentencia resulten arbitrarias,
caprichosas o inconexas con la controversia planteada en la demanda ordinaria y
en el recurso de apelación; por el contrario, resultan consonantes con la
controversia que se resolvió en sede ordinaria.
La jurisprudencia de esta Corporación, de forma unánime, ha sostenido que el
recurso extraordinario de revisión no está previsto para ejercer un control de
legalidad o de idoneidad sobre la motivación utilizada o el alcance de la labor
interpretativa del funcionario judicial en las decisiones que adopta, pues su propósito
no es la corrección ni el mejoramiento de la argumentación utilizada en la decisión
cuestionada30. En ese sentido, las discrepancias de la parte recurrente con la
decisión adoptada no facultan a la Sala para efectuar un nuevo examen de los
asuntos debatidos en el proceso ordinario.
30
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 11 de diciembre de 2024, radicado 11001-
03-26-000-2023-00144-00 (70335).
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En ese orden de ideas, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
promovido por la Superintendencia Financiera de Colombia, por cuanto la sentencia
de 26 de enero de 2022 dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado no incurrió en la causal invocada.
7. Condena en costas
Según el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021 -norma vigente para la fecha de presentación de la demanda31-, se condenará
en costas a la parte recurrente cuando se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión que formuló.
En ese sentido, el artículo 361 del Código General del Proceso señala que las
costas están integradas por los gastos procesales y por las agencias en derecho, y
de acuerdo con el artículo 365-8 de la misma codificación, “[s]olo habrá lugar a su
imposición cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
Respecto a las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso no
procede su imposición al no estar demostrados en el expediente conforme al
referido artículo 365-8 del mismo estatuto. Por otra parte, se condenará en costas
a la parte recurrente en el componente de agencias en derecho en favor de la
Cooperativa Financiera de Antioquia.
Por consiguiente, en atención a lo previsto en el artículo 366-4 del Código General
del Proceso, para su fijación se atenderá lo establecido en el Acuerdo PSAA16-
10554 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, según el cual la
tarifa de agencias en derecho, tratándose del recurso extraordinario de revisión, se
tasan entre uno (1) y veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, la Sala considera razonable y proporcional tasar las agencias en
derecho en un (1) salario mínimo legal mensual a favor de la Cooperativa Financiera
de Antioquia, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Once Especial de Decisión, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero.- Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la Superintendencia Financiera de Colombia contra la sentencia de 26 de enero de
2022, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
por las razones aquí expuestas.
31
SAMAI CE, índice 0001. Reparto y radicación del proceso realizadas el 21 de julio de 2023.
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Segundo.- Condenar a la Superintendencia Financiera de Colombia al pago de
costas por concepto de agencias en derecho a favor de la Cooperativa Financiera
de Antioquia, por la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente,
a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARÍA ADRIANA MARÍN LUIS EDUARDO MESA NIEVES
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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