Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01758-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01758-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01758-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01758-00
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Temas: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Servicio
militar obligatorio. Enfermedad de Leishmaniasis. Perjuicios
materiales. Lucro Cesante. Operación matemática. Defecto
procedimental absoluto.
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela.
La Sala decide la acción de tutela formulada por la Nación – Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 4 de marzo de 2026, la parte actora, a través de apoderada, presentó
una acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y seguridad jurídica, así como de los principios de
congruencia y non reformatio in pejus, los cuales fueron presuntamente
transgredidos por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso de
reparación directa No. 05001-33-33-018-2018-00301-01.
2. A título de amparo, solicitó que se dejara sin efectos la Sentencia de 16 de
diciembre de 2025 y, en consecuencia, se profiriera una decisión de reemplazo
limitándose a los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
señaló que, el 27 de julio de 2018, el señor Janer Andrés Peréz Carvajal y otros1
interpusieron una demanda de reparación directa en su contra, con el propósito de
que se le declarara administrativamente responsable por la enfermedad de
leishmaniasis contraída durante la prestación del servicio militar obligatorio.
4. El 29 de abril de 2020, el Juzgado 18 Administrativo de Medellín declaró, a
la hoy accionante, administrativamente responsable de los perjuicios sufridos por
los demandantes y lo condenó a reconocer y pagar, además de los perjuicios
1 María Magnolia Carvajal Muriel, Carlos Enrique Pérez, Doris Edith Pérez Carvajal, Merly Yaneth Pérez Carvajal
y Yois Mauricio Pérez Carvajal.
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Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
morales, la suma de $20.386.283 por concepto de perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante a favor de Janer Andrés Pérez Carvajal.
5. El 9 de agosto de 2020, la parte demandada interpuso recurso de apelación,
tras considerar que no se probó una falla en el servicio que le fuera atribuible.
Sostuvo que, para que procediera la imputación por falla en el servicio dentro de un
régimen subjetivo con culpa probada, resultaba imprescindible demostrar la
existencia de un nexo causal entre el hecho y el daño, pues la mera relación de
causalidad no bastaba para atribuir obligaciones resarcitorias.
6. Añadió que no existía prueba determinante, ni total ni parcial, que acreditara
que los padecimientos del afectado hubieran tenido incidencia intrínseca o subjetiva
en el resultado dañoso, de la cual pudiera desprenderse responsabilidad por
omisión. Precisó que, si bien los hechos se produjeron en el marco de la prestación
del servicio militar obligatorio, lo ocurrido configuraba un riesgo propio del servicio
que impedía la imputación de responsabilidad; máxime cuando la enfermedad
padecida tenía origen en una causa extraña al servicio, esto es, la picadura de un
insecto.
7. El 16 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia modificó
el numeral 4 de la Sentencia de 29 de abril de 2020, tras advertir que la operación
matemática realizada por el juez de primera instancia era errada, en tanto las fechas
extremas empleadas para calcular el lucro cesante consolidado y futuro resultaban
equivocadas e inexactas, por lo que procedió a corregir la operación y, condenó al
hoy accionante a reconocer y pagar, por concepto de perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante, la suma de $45.247.402 a favor de Janer Andrés Pérez
Carvajal.
8. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora sostuvo que el
Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en un defecto procedimental absoluto,
en la medida en que, cuando una de las partes impugnaba la decisión, no era
posible agravar su situación jurídica. Señaló que dicha circunstancia fue
desconocida por la autoridad judicial, toda vez que la sentencia no resultaba
congruente con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y, en
consecuencia, se decidió por fuera de ellos.
9. Afirmó que, en el caso concreto, se configuraba una vulneración del debido
proceso, por cuanto el operador judicial profirió una decisión en la que agravó las
consecuencias impuestas por el juez de primera instancia, pese a tratarse de un
apelante único. Indicó que ello contravenía el deber de congruencia de la sentencia
y la garantía de la non reformatio in pejus, conforme al cual, si solo una de las partes
impugnaba la decisión, el juez no podía agravar su situación jurídica, en tanto en la
providencia se podía constatar que, al ordenar el reconocimiento del 25% de las
prestaciones sociales al momento de liquidar los perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante, aspecto no contemplado en la decisión de primera
instancia, se había impuesto una consecuencia más gravosa.
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Intervenciones2
10. El Juzgado 18 Administrativo de Medellín solicitó que se negara la acción
de tutela, tras considerar que no se vulneró derecho fundamental alguno. Señaló
que, en el trámite adelantado en primera instancia, no se advertía afectación al
debido proceso del hoy accionante, ya que el proceso fue conducido con estricta
sujeción al procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Administrativo.
Afirmó que su actuación se ajustaba a derecho y que no incurrió en vulneración o
afectación alguna de derechos fundamentales.
11. El Tribunal Administrativo Antioquia, Janer Andrés Pérez Carvajal, María
Magnolia Carvajal Muriel, Carlos Enrique Pérez, Doris Edith Pérez Carvajal, Merly
Yaneth Pérez Carvajal y Yois Mauricio Pérez Carvajal, pese a que fueron
debidamente notificados, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
12. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
13. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal
Administrativo de Antioquia vulneró los derechos fundamentales al debido proceso
y seguridad jurídica, así como de los principios de congruencia y non reformatio in
pejus del accionante al proferir la Sentencia de 16 de diciembre de 2025, por
presuntamente incurrir en un defecto procedimental absoluto.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
14. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, por no acreditarse
el cumplimiento del requisito general de subsidiariedad, por las razones que se
exponen a continuación:
15. El accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la seguridad jurídica, que estimó vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Antioquia con ocasión de la Sentencia de 16 de diciembre de
2 Mediante Auto de 6 de marzo de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia y, se vinculó al Juzgado 18 Administrativo de Medellín, así como a los señores Janer
Andrés Pérez Carvajal, María Magnolia Carvajal Muriel, Carlos Enrique Pérez, Doris Edith Pérez Carvajal, Merly
Yaneth Pérez Carvajal y Yois Mauricio Pérez Carvajal.
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2025. Sostuvo, en concreto, que dicha providencia incurrió en un defecto
procedimental absoluto por desconocimiento de los principios de congruencia y de
non reformatio in pejus, en la medida en que, de un lado, no existía correspondencia
entre los argumentos expuestos en el recurso de apelación y lo decidido y, de otro,
se agravó su situación jurídica pese a ostentar la calidad de apelante único, al
ordenarse el reconocimiento del 25% de las prestaciones sociales en la liquidación
del lucro cesante, aspecto que, según afirmó, no había sido contemplado en la
decisión de primera instancia.
16. En ese contexto, se advierte que el desacuerdo formulado por el actor se
estructura en torno a una presunta vulneración de los principios de congruencia y
de non reformatio in pejus, derivada, de una parte, de la alegada falta de
correspondencia entre lo pedido y lo resuelto en sede de apelación y, de otra, del
supuesto agravamiento de su situación jurídica como apelante único, por la
inclusión de un reconocimiento no previsto en la sentencia de primera instancia.
17. Frente a este tipo de cuestionamientos, el ordenamiento jurídico prevé un
mecanismo judicial específico, idóneo y eficaz para su resolución, como lo es el
recurso extraordinario de revisión, a la luz de la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 20113, el cual consagra como causal la nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso, supuesto dentro del cual la
jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado ha entendido comprendidos
aquellos vicios que afectan la validez de la decisión judicial por desconocimiento de
los límites que rigen su adopción4.
18. En particular, el principio de non reformatio in pejus, como manifestación
del derecho fundamental al debido proceso en los trámites de doble instancia,
impone al juez de segunda instancia la obligación de ceñirse estrictamente a los
límites fijados por el recurso de apelación, en particular, cuando se trata de un
apelante único. Así, su eventual desconocimiento, cuando se introduce una
consecuencia más gravosa que la definida en primera instancia o se modifican
aspectos no impugnados, comporta un exceso en el ejercicio de la competencia
funcional del ad quem y, por ende, un vicio que se predica de la propia sentencia.
19. Por su parte, se ha precisado que el principio de congruencia comporta, de
un lado, una dimensión interna, referida a la correspondencia entre la parte motiva
y la resolutiva de la providencia, y, de otro, una dimensión externa, relativa a la
necesaria coherencia entre lo decidido y el marco fijado por la demanda, su
contestación y los recursos interpuestos. En esa medida, la ruptura de tales
correspondencias ya sea por omisión de pronunciamiento, por decisión sobre
3
«Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de
revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.»
4
Sobre el particular pueden consultarse las Sentencias de 28 de abril de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2023-04017-00; 20 de
mayo de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2023-04693-00; 24 de julio de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2023-00789-00; 30 de julio
de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2025-02260-00; 28 de octubre de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2022-05810-00; 11 de abril
de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2023-03128-00; y 30 de septiembre de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2023-03927-00 de la
Salas Especiales de Decisión No. 1, 2, 5, 6, 8, 10 y 11 del Consejo de Estado, respectivamente, entre otras.
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aspectos no sometidos a consideración del juez o por desbordamiento del ámbito
del recurso, configura un vicio susceptible de ser alegado como nulidad originada
en la sentencia.
20. En tal sentido, tanto la incongruencia como la vulneración del principio de
non reformatio in pejus constituyen manifestaciones de un mismo fenómeno: el
desbordamiento de los límites que enmarcan la decisión judicial en segunda
instancia. Por ello, la jurisprudencia ha admitido que este tipo de irregularidades
pueden ser encauzadas a través de la causal 5 del artículo 250 del CPACA, en
cuanto configuran nulidades originadas en la sentencia. Sin embargo, en el
presente caso, se evidencia que dicho recurso no ha sido interpuesto, a pesar de
ser mecanismo judicial idóneo y eficaz.
21. Así las cosas, la Sala encuentra que las inconformidades planteadas por el
accionante, esto es, la alegada falta de correspondencia entre lo decidido y los
términos del recurso de apelación, así como el supuesto agravamiento de su
situación jurídica como apelante único, se inscriben, en esencia, en la órbita de
eventuales vicios de nulidad de la sentencia de segunda instancia, susceptibles de
ser discutidos mediante el recurso extraordinario de revisión.
22. En consecuencia, dicho mecanismo no solo es formalmente procedente,
sino materialmente idóneo y eficaz para examinar y, de ser el caso, corregir las
irregularidades denunciadas, sin que se advierta que en el caso concreto existiera
algún obstáculo para su ejercicio, ni que dicho mecanismo resultara ineficaz para
la protección de los derechos fundamentales invocados, y sin que se evidencie
justificación alguna para haber prescindido de su ejercicio. Por tal razón, al no
satisfacerse el requisito de subsidiariedad, la presente acción de tutela deviene
improcedente.
Conclusión
23. La Sala declarará improcedente la solicitud de amparo, por no acreditarse
el cumplimiento del requisito general de subsidiariedad para controvertir las
inconformidades planteadas contra la Sentencia de 16 de diciembre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
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SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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