Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04693-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04693-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04693-00
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
20 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA 2 ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04693-00
Recurrente: Hubert Iván Maldonado Melo
Demandado: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y E.S.E. Luis
Carlos Galán Sarmiento
Asunto: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 19 de
enero de 2023, proferida por la Sección Segunda, Subsección
B, del Consejo de Estado
FALLO
1. La Sala Especial de Decisión 2 decide el recurso extraordinario de revisión
presentado por el señor Hubert Iván Maldonado Melo, mediante apoderada, contra
la sentencia del 19 de enero de 2023, proferida por la Sección Segunda, Subsección
B, del Consejo de Estado, mediante la cual modificó el fallo proferido el 22 de febrero
de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurada por el señor Hubert Iván Maldonado Melo contra la Nación – Ministerio
de Salud y Protección Social y la E.S.E. Hospital Luis Carlos Galán Sarmiento,
radicada con el número 25000-23-42-000-2013-01928-01 (0181-2019), en la cual
pretendía que se declarara que entre las demandadas y el señor Hubert Maldonado
existió una relación laboral y el consecuente pago de los salarios, prestaciones
sociales y demás emolumentos derivados de dicha relación.
ANTECEDENTES
La sentencia de primera instancia y el fallo objeto de recurso de revisión
2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, mediante sentencia del 22 de febrero de 2018 consideró que se encontraban
probados todos los elementos para configurar una verdadera relación de trabajo
entre el señor Hubert Iván Maldonado y las entidades demandadas, al estar
demostrado que por la naturaleza del cargo el actor no tenía discrecionalidad. Sin
embargo, concluyó que se había configurado la prescripción frente a los derechos
económicos reclamados.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04693-00
Recurrente: Hubert Iván Maldonado Melo
c/ Nación – Ministerio de Salud y Protección Social
y la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento
3. En dicha decisión el Tribunal resolvió lo siguiente:
“PRIMERO. Se declara probada de oficio la prescripción del derecho a que se
declare la existencia de la relación laboral respecto al pago de las prestaciones
sociales, a título de restablecimiento del derecho, en cuanto a las vinculaciones
contractuales que culminaron antes (sic) del 26 de diciembre de 1996 al 25 de octubre
de 2007.
SEGUNDO. Como restablecimiento del derecho, se condena a las entidades
demandadas a reconocer y pagar al señor Hubeth (sic) Iván Maldonado Melo, los
porcentajes de cotización correspondientes al empleador a pensión y salud que
debió trasladar a los fondos, se aclara que no podrá ser la totalidad de dichos montos,
sino la cuota parte que le correspondía a las entidades demandadas. Trasladar al
respectivo Fondo de Pensiones y a la E.P.S. Adicional a ello, la entidad demandada
debe girar al respectivo Fondo de Pensiones lo correspondiente, luego de hacer la
liquidación de lo efectivamente cotizado y lo que se debió cotizar durante los periodos
que estuvo vinculado entre el 26 de diciembre de 1996 al 25 de octubre de 2007, sin
prescripción alguna, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Negar las demás pretensiones de la demanda.
[…]”.
4. El 19 de enero de 2023, la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de
Estado resolvió el recurso de apelación interpuesto por las entidades demandadas
contra la sentencia de primera instancia dictada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho seguido por el señor Hubert Iván Maldonado Melo
contra la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y la ESE Luis Carlos
Galán Sarmiento, en la cual decidió:
“PRIMERO.- REFORMAR el numeral segundo de la sentencia de fecha 22 de febrero
de 2018, en el sentido de indicar que no hay lugar a la devolución al demandante de
los porcentajes de cotización, correspondientes a salud y pensión, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO.- Confirmar en lo demás la sentencia apelada
TERCERO.- Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen”.
5. Señaló que era incuestionable que la ejecución del objeto del contrato de
prestación de servicios no se hizo de manera independiente y autónoma, propia de
un vínculo de carácter contractual, sino que se trató de una situación en la cual la
labor asignada fue cumplida bajo los condicionamientos fijados por el jefe o
coordinador del área de ginecobstetricia de la entidad, lo que se asimila a una
relación de tipo laboral, máxime teniendo en cuenta que las actividades ejercidas
requerían de una dependencia y subordinación.
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6. Igualmente, en la sentencia se consideró que se debía confirmar la
declaración de prescripción, toda vez que se determinó que el último vínculo
contractual culminó el 25 de octubre de 2007, mientras que la solicitud de
reconocimiento de la relación laboral se presentó ante las entidades demandadas
el 13 de noviembre de 2012.
7. No obstante, se advirtió que había lugar a aplicar la tesis planteada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación proferida el
25 de agosto de 2016, en lo que se refiere a la imprescriptibilidad de los aportes al
sistema de seguridad social en pensiones, sin que hubiera lugar a la devolución de
los aportes efectuados por el demandante a salud y pensiones, teniendo en cuenta
que dichos aportes al sistema integral de seguridad social son de obligatorio pago
y recaudo para fines específicos, y no constituyen un crédito a favor del contratista,
es decir, que no pueden pagarse directamente al interesado.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
8. El 28 de agosto de 2023, el señor Hubert Iván Maldonado Melo, actuando a
través de apoderada, interpuso recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia proferida, el 19 de enero de 2023, por la Sección Segunda, Subsección
B, del Consejo de Estado. Invocó la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
consistente en “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación”.
9. Como resumen de los hechos que dieron origen al presente recurso, indicó:
10. Que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Salud y Protección
Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Instituto de Seguros Sociales en
Liquidación y la Fiduprevisora S.A. Lo anterior, para que se declarara que existió
una relación laboral entre el demandante y el Instituto de Seguros Sociales y la ESE
Luis Carlos Galán Sarmiento, teniendo en cuenta que se suscribieron sendos
contratos de prestación de servicios entre diciembre de 1996 y octubre de 2007.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se pagaran los salarios, prestaciones
sociales legales y extralegales y demás emolumentos que correspondan a un
trabajador de planta de las entidades demandadas.
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11. Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia del 22 de
febrero de 2018, resolvió: (i) declarar probada de oficio la prescripción del derecho
a que se declare la existencia de la relación laboral respecto al pago de las
prestaciones sociales; (ii) condenar a las entidades demandadas a reconocer al
demandante los porcentajes de cotización correspondientes al empleador a pensión
y salud que debió trasladar a los fondos, así como girar al respectivo Fondo de
Pensiones lo correspondiente, luego de hacer la liquidación de lo efectivamente
cotizado y lo que se debió cotizar durante los periodos que estuvo vinculado entre
el 26 de diciembre de 1996 y el 25 de octubre de 2007, sin prescripción alguna; (iii)
negar las demás pretensiones de la demanda.
12. La parte demandante apeló la anterior decisión bajo dos argumentos; el
primero, teniendo en cuenta que, si bien en la parte considerativa se indicó que se
configuraron los elementos de un contrato realidad, en la parte resolutiva no se hizo
mención a ello; y, el segundo, porque consideró que no se había configurado la
prescripción declarada de manera oficiosa, pues existía una prueba que demostraba
lo contrario y que no fue tenida en cuenta en la sentencia, pese a que fue enunciada
en la misma.
13. Que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante
sentencia del 19 de enero de 2023 decidió: (i) reformar el numeral segundo de la
sentencia de 22 de febrero de 2018, en el sentido de indicar que no hay lugar a la
devolución al demandante de los porcentajes de cotización, correspondientes a
salud y pensión: (ii) confirmar en lo demás el fallo apelado; y (iii) no condenar en
costas.
14. El recurrente señaló que en la sentencia cuestionada se confirmó lo resuelto
por el Tribunal respecto a la prescripción de las sumas reclamadas, sin valorar un
documento que obraba en el expediente, en el cual se evidenciaba que en el año
2010 se había presentado una reclamación ante la administración, previo a que
vencieran los tres años contados a partir de la terminación del último contrato de
prestación de servicios, sin embargo, solo se hizo mención a dicha prueba en la
página 10 de la sentencia, sin tomarla en consideración para resolver sobre la
prescripción.
15. Advierte que la causal invocada se configuró porque en la sentencia recurrida
no se aplicaron los artículos 29 y 53 de la Constitución, no se tuvo en cuenta una
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prueba aportada oportunamente con la demanda, así como tampoco el precedente
jurisprudencial de las Altas Cortes que resultaba favorable al caso.
16. Formuló como pretensiones las siguientes:
“1.- Dejar sin efecto, la sentencia de segunda instancia dictada por el Consejo de
Estado – Sección Segunda – Subsección “B”, el día 19 de enero de 2023. La misma
confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A” el día 22 de Febrero de 2018,
haciéndole una reforma al numeral segundo.
Con esta decisión, no se resolvieron como verdaderamente correspondía, los puntos
que fueron apelados por la parte demandante y sobre los que se formularon cargos
como fueron: 1) El reconocimiento expreso de que se configuró el contrato realidad
durante todo el tiempo en que el demandante laboró de manera ininterrumpida para
el ISS y la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, en la parte resolutiva de la sentencia.
De ello se habló en la parte considerativa. 2) Lo relativo a la prescripción.
2.- Como consecuencia de la anterior declaración, ordene dictar sentencia conforme
a derecho, concediendo el restablecimiento deprecado por encuadrarse el desmedro
legal advertido, en la causal 5° del artículo 250 del CPACA. Y, cualquiera otra norma
que sea aplicable por ser concordante y estar vigente.
[…]”.
Trámite del recurso extraordinario de revisión
17. Repartido el recurso extraordinario de revisión, por auto del 27 de septiembre
de 2023, se admitió el mismo y se ordenó notificar personalmente a los
representantes legales de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social,
Ministerio de Hacienda y crédito Público, Fiduagraria S.A. (como manejadora del
PAR ISS), a la Fiduprevisora S.A. (manejadora del PAR de la extinta ESE Luis
Carlos Galán Sarmiento) y al Ministerio Público1.
18. Mediante providencia del 23 de febrero de 2024 se otorgó el valor legal como
pruebas a los documentos aportados por las partes y se prescindió del periodo
probatorio2.
Oposición al recurso extraordinario de revisión
19. La Nación – Ministerio de Salud y Protección Social señaló que no le
asiste razón a la parte recurrente, toda vez que la sentencia del 19 de enero de 2023
se encuentra ajustada a lo probado en el proceso3.
1
Visible en el índice 4 de Samai.
2
Visible en el índice 23 de Samai.
3
Visible en el índice 19 de Samai.
6
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20. Advirtió que lo pretendido en el recurso extraordinario de revisión es que se
revoque la declaratoria de prescripción trienal efectuada de oficio, sin embargo,
según lo probado en el asunto, solo se encontró acreditada la reclamación
presentada por el demandante en el año 2013.
21. Distira Empresarial S.A.S., sociedad que actúa como apoderada del
PAR ISS, solicitó que se declaren improcedentes las pretensiones del recurso, bajo
el argumento que es evidente la ausencia de cualquier relación diferente a la
emanada del contrato de prestación de servicios, pues la entidad demandada solo
generó labores de coordinación para el efectivo cumplimiento del servicio, sin que
pueda hablarse por ello de una subordinación4.
22. Indicó que concuerda con lo resuelto por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y confirmado por el Consejo de Estado respecto de la prescripción,
pues el vínculo contractual culminó el 25 de octubre de 2007 y las primeras
reclamaciones fueron presentadas el 13 de noviembre de 2012, sobrepasando el
término de los 3 años previstos en la norma.
23. Planteó las siguientes excepciones: prescripción, inepta demanda,
inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, falta de legitimación en la
causa por pasiva, inexistencia de la relación laboral, buena fe de la entidad, falta de
acreditación de los presupuestos procesales y genérica.
Concepto del Ministerio Público
24. El Ministerio Público no conceptuó en el asunto de la referencia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
25. Esta Sala Especial de Decisión, sin exclusión del integrante de la Sección
que profirió la decisión, tiene competencia para decidir el presente recurso
extraordinario de revisión, conforme con los artículos 111 y 249 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5, en concordancia
4
Visible en el índice 21 de Samai.
5
“CPACA. Artículo 111. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso
administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia”.
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con el artículo 107 ibidem6 y el Acuerdo 321 de 2014 –compilado en el Acuerdo 080
de 2019- por el cual la Sala Plena del Consejo de Estado reglamentó la creación de
salas especiales de decisión, encargadas de resolver los recursos extraordinarios
de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones de
esta Corporación7.
Oportunidad en la presentación del recurso extraordinario de revisión
26. El recurso extraordinario de revisión fue interpuesto oportunamente, el 28 de
agosto de 2023, es decir, dentro del término previsto en el artículo 251 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en
cuenta que la sentencia de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de
Estado fue proferida el 19 de enero de 2023 y quedó ejecutoriada el 8 de febrero de
2023, según constancia que obra a folio 447 y siguiente del expediente ordinario 8.
Problema jurídico
27. En el presente asunto la Sala debe determinar si en el fallo proferido el 19 de
enero de 2023 por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, se
incurrió en la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; en concreto: si
la decisión recurrida es nula (i) por violación del debido proceso al no resolver un
punto objeto del recurso de apelación y no valorar una prueba obrante en el proceso;
“CPACA. Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas
por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos”.
“CPACA. Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o
subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que
profirió la decisión”.
6
“CPACA. Artículo 107. Integración y composición. (…)
“Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de
decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los
procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4)
Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si
fuere el caso.
“La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el
reglamento interno”.
7
“Acuerdo 321 de 2014. (…). Artículo 2º. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las
sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”.
8
“CPACA. Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia.
“En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar
al recurso.
“En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años
siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado
a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.
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y (ii) por desconocimiento del precedente jurisprudencial y del principio de
favorabilidad.
28. Para resolver el problema jurídico, se analizará el objeto del recurso
extraordinario de revisión, el alcance de la causal invocada por el demandante, para,
finalmente, descender al caso concreto.
Resolución del problema jurídico
Objeto y alcances del Recurso Extraordinario de Revisión
29. Ha sido jurisprudencia pacífica de la Corporación considerar que el propósito
del recurso extraordinario de revisión es permitir que se garantice una justicia
material en un caso que ya se ha decidido; un caso que, si bien ha hecho tránsito a
cosa juzgada y respecto del cual se pregona su certeza y ejecutoriedad, por razones
distintas al debate mismo de la instancia, que dio lugar a la decisión judicial, se
permite que esa fuerza de cosa juzgada se rompa y pueda dar paso a la protección,
en algunos casos, de derechos fundamentales que fueron desconocidos o
amenazados por el operador judicial.
30. Las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la
seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su
prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden
a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio
adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada.
Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate
jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.
31. En efecto, las causales del recurso extraordinario de revisión están previstas
en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo así:
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
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penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor
derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo
del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad
a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión
si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.
32. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación, en
sentencia del 2 de marzo de 2010, precisó la naturaleza de este recurso
extraordinario, que, aunque el análisis se efectuó frente a las disposiciones del
Código derogado, la similitud de las causales permite reiterar en esta ocasión dicho
criterio, así:
“[…]
Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso, enlistadas
de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, dan
cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de
conformidad con la ley procesal, son los únicos que permiten la revisión de la
sentencia por la vía del recurso extraordinario que se analiza. Ciertamente, a
excepción de la causal del numeral 5°, referida a la violencia o cohecho en que se
pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo, ninguno de los yerros que se relacionan
en los numerales del mencionado artículo se refiere de modo directo a la actividad
analítica del juez, dado que ninguno cuestiona la labor intelectual de juzgamiento,
sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral
6°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral
8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a la
validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el
sentido de la decisión (numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 7°).
Como lo sostuvo esta Sala Plena en anterior oportunidad, “la naturaleza del recurso
extraordinario de revisión pretende conciliar nociones esenciales del ordenamiento
legal, como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad
de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de
restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la vigencia de un orden
justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política” [1]. Y, precisamente,
bajo ese entendimiento, en esa misma oportunidad sostuvo que “el recurso
extraordinario de revisión conlleva una limitación a la seguridad jurídica que
representan las sentencias ejecutoriadas, constituye un medio excepcional de
impugnación, que permite cuestionar una sentencia que está amparada por el
principio de cosa juzgada material”.
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y la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento
A su turno, en el mismo sentido la Corte Constitucional entiende que el recurso
extraordinario de revisión permite el ejercicio de una verdadera acción contra
decisiones injustas, a fin de restablecer la justicia material del caso concreto9. Por
ello, dice la Corte, “El recurso de revisión ha sido establecido para respetar la firmeza
de los fallos, con miras a preservar la certeza y obligatoriedad incondicional que
acompaña a las decisiones de los jueces, sin perjuicio de la necesidad de hacer
imperar en ellos los dictados constitucionales y los imperativos legales, artículos 2°,
29 y 230 C.P.”. […]
De modo que por la vía del recurso extraordinario de revisión no es posible reabrir el
debate propio de las instancias, sino revisar la sentencia mediante la cual fue resuelta
esa controversia a fin de determinar la justicia de ese pronunciamiento a la luz de
estrictas causales legales”10.
33. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado
que la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime
a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite
convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de
esta clase de instrumentos extraordinarios11.
De la causal 5a del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo
34. Bajo el mismo criterio restrictivo que demanda el recurso extraordinario de
revisión, como se vio en la jurisprudencia transcrita, es necesario examinar la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, consistente en “existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
35. Las nulidades procesales son irregularidades que se presentan durante el
trámite de una actuación, y que, por su connotación, tienen la entidad de vulnerar el
derecho fundamental al debido proceso. En razón a su gravedad, el legislador
estableció la posibilidad, a modo de sanción, de que todas aquellas actuaciones que
se adelantaron viciadas sean invalidadas, con el fin de salvaguardar los intereses
superiores de las partes.
36. Dada su importancia en el marco de la normativa procesal, especialmente
por su función protectora, el legislador permitió que las nulidades fueran incluidas
como motivo válido para acudir ante las autoridades jurisdiccionales en revisión,
9
Folio 1 cuaderno Anexo 1 del Recurso Extraordinario de Revisión.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Torres Cuervo, Exp. No.11001-03-15-000-
2001-00091-01(REV).
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, Exp. 15001-03-15-000-01027-00.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04693-00
Recurrente: Hubert Iván Maldonado Melo
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y la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento
pues, incluso, en la sentencia que pone fin a los procedimientos es posible que se
presente una irregularidad que no es subsanable.
37. En este contexto, es importante señalar que la nulidad debe darse en la
sentencia, no en etapas anteriores donde los hechos que la originan pudieron
ponerse en conocimiento del juez para poder sanearlos o tomar la medida que fuera
necesaria para llevar a cabo un debido proceso. Así, y como lo señaló la Sala 8
Especial de Decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado en pronunciamiento,
que se reitera, “para que esta causal de revisión prospere, entre otras, debe tratarse de
situaciones originadas bien en la misma sentencia recurrida o bien en hechos que
sobrevinieron con posterioridad a ella y que deben tener una influencia tal que la decisión
a adoptar hubiera sido distinta; que no se trate de causales que originen la nulidad del
proceso, pues éstas deberían haberse alegado en su curso y no con posterioridad a él; que
la causal está prevista para atacar las nulidades procesales generadas en la sentencia, que
como acto jurídico está sujeto al cumplimiento de precisas ritualidades que de ser desoídas
dan lugar a que se configure aquella; que se presenta en los casos en los que se dicta la
sentencia en un proceso terminado por desistimiento, transacción, perención o estando
legalmente suspendido o interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo y cuando
la sentencia aparece firmada con menor o mayor número de Magistrados o adoptada con
un número de votos no previsto en la ley o expedida completamente sin motivación, con
violación al principio de la non reformatio in pejus”12.
38. Para ello es necesario que el recurrente aduzca una anomalía que se haya
configurado en el momento de dictar la sentencia, que se informe de algún hecho o
circunstancia de carácter procesal que implique el desconocimiento de alguna
ritualidad propia de la actuación con el fin de estudiar con claridad el vicio que se
presenta, con la consecuencia que el mismo acarrearía.
39. Sobre esta causal, la Sala Plena en la sentencia que se citó en párrafos
anteriores, del 10 de marzo de 2010, señaló:
“Acerca de las irregularidades sustanciales del procedimiento que pueden
considerarse nulidad originada en la sentencia, es pertinente la siguiente ilustración
de esta Sala Plena:
“En esta materia - (nulidad originada en la sentencia) - los procesalistas están de
acuerdo en enseñar que ésta se genera cuando ella se dicta en un proceso terminado
anormalmente por desistimiento, transacción o perención, o cuando se condena a
quien no ha figurado como parte, o cuando el proveído se profiere estando legalmente
suspendido el proceso. Igualmente, cuando la sentencia aparece firmada con mayor
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, sentencia del 6 de febrero de
2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Exp. REV-2016-01127-00.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04693-00
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y la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento
o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al
previsto en la ley. Igualmente, la que provea sobre aspectos que no corresponden
ora por falta de competencia, ora por falta de jurisdicción. Podría darse también la
causal cuando la providencia carece completamente de motivación, pues el artículo
163 de la Constitución Nacional ordena que: ´Toda sentencia deberá ser motivada´.
[…]
En época más reciente, la Sala Plena consideró que sólo podían considerarse motivos
de nulidad originada en la sentencia, para efectos del recurso extraordinario de
revisión, las causales que como nulidad del proceso taxativamente señala el artículo
140 del Código de Procedimiento Civil. Dijo en aquella oportunidad:
“Lo expuesto sería bastante para desestimar la censura, pero vale decir que el
proceso solamente es nulo, en todo o en parte, por las causas establecidas en el
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Así, por ejemplo, la nulidad que tiene
origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición referida,
cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez jurisdicción o
competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta nueva
sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia en firme, o sin más
actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido
aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del
proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta
sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se
pretermite íntegramente la instancia; o cuando se condena al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien no ha sido parte en el proceso,
porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite íntegramente la instancia
(numeral 3); o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos,
antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre otros eventos. […]
Y, en otra oportunidad, luego de traer a colación el anterior aparte jurisprudencial,
esta Sala anotó:
Desde la providencia que profirió esta Sala el 11 de mayo de 1998, expediente Rev-
93, actor Gabriel Mejía Vélez, se dijo que los motivos de nulidad que afectan la
sentencia, para los efectos de la respectiva causal de revisión, son los establecidos
en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. […]
En aquella oportunidad y en lo pertinente la Sala se pronunció de la siguiente manera:
[…]
En punto a la primera hipótesis planteada, y aunque no es la propia para resolver el
recurso propuesto, la Sala debe aclarar que la falta de jurisdicción o competencia
tiene que haberse originado en la sentencia, porque de lo contrario el vicio se habría
originado a partir de la providencia que admitió la demanda o la contrademanda y en
esta hipótesis no sería causal de revisión […]”13.
40. Asimismo, la Corporación ha mantenido el criterio según el cual hay otros
motivos que, aunque no están señalados dentro del catálogo taxativo del artículo
140 del Código de Procedimiento Civil o del artículo 133 del Código General del
Proceso, pueden dar lugar a invalidar la sentencia contra la que no procede ningún
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Torres Cuervo, Exp. No.11001-03-15-000-
2001-00091-01(REV).
13
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recurso. Estos motivos surgen de la violación al debido proceso, derecho
fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.
41. Así lo ha señalado, por ejemplo, la Sala Especial de Decisión Veintidós de la
Sala Plena del Consejo de Estado, al considerar: “la violación al debido proceso
constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último evento,
corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede
configurar la causal de revisión en comento. Así también lo entendió esta Sala Especial de
Decisión en reciente fallo de 7 de febrero de 201714: ‘En este caso, el juez no está creando
una causal, pues se reconoce que la nulidad originada en el fallo, se deriva del
desconocimiento de un mandato constitucional, en donde el operador judicial será el
encargado de determinar si lo que se alega tiene la entidad suficiente para originar la
nulidad de la sentencia de instancia, pues no toda irregularidad puede tener la potencialidad
de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al proceso’”15.
42. La falta al debido proceso se configura cuando la sentencia impugnada
desconoce alguna de las siguientes premisas fundamentales: i) la garantía de ser
juzgado conforme a las leyes preexistentes al acto imputado, ante autoridad judicial
competente y según las formas propias de cada juicio; ii) la aplicación de la ley más
permisiva o favorable, antes que la restrictiva o desfavorable, aunque aquella sea
posterior, en los casos que ello sea procedente; iii) la presunción de inocencia; iv)
el derecho de defensa y de ser asistido por un abogado en aquellos casos que la
ley lo indique; v) un proceso sin dilaciones injustificadas; vi) el principio del non bis
in ídem; vii) la posibilidad de presentar, conocer y controvertir las pruebas dentro
del trámite procesal; viii) la posibilidad de impugnar aquellas providencias
condenatorias; y ix) la nulidad de pleno derecho de la prueba que haya sido obtenida
ilícitamente16.
43. En todo caso, aún bajo el amparo de invocar una nulidad constitucional, al
igual que en la invocación de cualquier causal que implique la nulidad originada en
la sentencia, se requiere que el hecho que la motiva ocurra en la misma providencia;
que se trate de una irregularidad procesal y que sea de tal envergadura que, de no
haberse presentado, la decisión a adoptar hubiera sido distinta. No se admite, para
este evento, que, so pretexto de aducir la violación al debido proceso constitucional,
14
Expediente 11001-03-15-000-2016-02260-00 C.P (E). Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 4 de abril
de 2017. Expediente No. 11001-03-15-000-2016-02425-00(REV). C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, Exp.
11001-03-15-000-2008-01027-00.
14
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se utilice el recurso extraordinario de revisión para reabrir un debate jurídico o
probatorio que se dio en la instancia correspondiente.
44. Sobre el parámetro temporal de la causal de nulidad, la Sala Cuarta Especial
de Decisión, en sentencia del 23 de julio de 2019, señaló que este debe ocurrir en
“la expedición del fallo mismo, y no instancias o etapas anteriores, salvo “… que el afectado
no haya tenido la oportunidad de invocarlos ante el juez porque solo los conoció cuando se
dictó la sentencia recurrida”17, comoquiera que lo contrario desnaturalizaría la esencia de la
causal, pues la norma que la consagra es suficientemente explícita en la oportunidad de
configuración. Esta concepción impide el acaecimiento de la inexorable confusión entre el
instrumento de corrección y saneamiento del proceso con el de realización de la justicia
material que subyace al recurso extraordinario de revisión que tiene por objeto la decisión
judicial que puso fin a la litis”18.
45. Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del Código Contencioso
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo también comprende la violación
del principio de congruencia, que puede presentarse, verbi gratia cuando el
accionado es condenado por una cantidad superior a la pretendida en la demanda,
o por objeto y causa diferentes a los invocados en ésta; igualmente se configura en
el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto
del debate19.
46. Sobre el principio de congruencia de la sentencia, el artículo 281 del Código
General del Proceso, establece que la providencia debe estar acorde con los hechos
y pretensiones de la demanda, así:
“ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades
que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren
sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo
último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tres Especial de Decisión, M. P. Julio Roberto Piza
Rodríguez, sentencia del 4 de diciembre de 2018, rad. 11001-03-15-000-2018-00888-00(REV).
18
Expediente No. 11001-03-15-000-2018-04345-00(REV) M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
19
Al respecto consultar el auto del 1 de abril de 2009, Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Ruth Stella Correa Palacio,
proceso con radicado AP 25000-23-26-000-2005-00240-01
15
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la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio.
[…]”
47. El citado principio tiene dos ámbitos de aplicación, la congruencia interna y
la externa. La primera consiste en la coherencia entre la motivación del fallo y la
parte resolutiva; y la segunda trata de la armonía entre lo expresado por las partes
y lo decidido por el fallador20.
48. Entonces, la falta de coherencia de la sentencia puede acarrear la invalidez
de la decisión, siempre y cuando sea de tal envergadura la incongruencia que sea
necesario corregirla mediante su anulación, por ello “el juez de la revisión debe
cuidarse de no incurrir en el error de confundir la disconformidad que puedan tener los
sujetos procesales frente a lo argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta
de armonía sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la dispositiva
de la providencia, ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario debe negarse,
pues el mismo se estaría empleando como una tercera instancia -propia de los recursos
ordinarios o de la discusiones de instancia-, y no para enervar la inmutabilidad del fallo a
partir de la naturaleza especial del recurso extraordinario”21.
49. De todo lo anterior es posible concluir que, para que sea procedente infirmar
la sentencia cuestionada en sede de revisión, con base en esta causal de nulidad
originada en la sentencia, es necesario: (i) que la nulidad se origine en la sentencia
o por hechos posteriores a ella, ya que no puede darse en un momento previo, pues
en tal caso las partes deben poner el hecho en conocimiento del juez conductor del
proceso, salvo que no se pudieron invocar antes porque solo se tuvo conocimiento
de ellos cuando se dictó la sentencia; y (ii) que la nulidad alegada sea de tal entidad,
que influya en la decisión a adoptar, ello en razón a que no cualquier irregularidad
tiene la fuerza suficiente de romper esa cosa juzgada de la que la sentencia está
investida.
Caso concreto
50. La causal en la que se sustenta el presente recurso extraordinario de revisión
es la prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues, a juicio de la parte
20
Consultar sentencia del 1 de octubre de 2019, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2; M.P. César Palomino
Cortés; proceso: 11001-03-15-000-2013-02216-00
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV)
16
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y la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento
recurrente, en la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del
Consejo de Estado, se incurrió en una nulidad por (a) vulneración del debido
proceso porque no se resolvió un punto objeto del recurso de apelación y por no
valorar una prueba obrante en el proceso; y (b) desconocimiento del precedente
jurisprudencial y del principio de favorabilidad.
51. Con el fin de estudiar el problema jurídico planteado, la Sala analizará los
motivos de inconformidad que sustentan la causal invocada.
Frente a la presunta vulneración del debido proceso por no resolver un punto
del recurso de apelación y por falta de valoración de una prueba
52. La parte recurrente considera que en la sentencia cuestionada se vulneró el
debido proceso al resolver la segunda instancia sin tener en cuenta la sustentación
del recurso de apelación de la parte demandante, ni la prueba documental que fue
aportada con la demanda, y que era base fundamental del recurso.
53. Lo anterior, bajo el argumento que si el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, hubiera analizado la prueba a la que se refirió la parte
demandante en el recurso de apelación, y que incluso fue citada en la sentencia, la
decisión habría sido diferente, pues dicho documento muestra que el interesado
presentó una reclamación ante la administración el 13 de mayo de 2010, es decir,
cuando todavía no había operado la prescripción, toda vez que la relación
contractual finalizó el 25 de octubre de 2007.
54. Pues bien, con el fin de resolver sobre este punto, la Sala observa que el
señor Hubert Maldonado enlistó en el acápite de pruebas de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, entre otras, las siguientes pruebas22:
“[…]
PRUEBAS
I
Documental
[…]
10. Solicitud elevada ante la ESE pidiendo el reconocimiento de esos contratos.
[…]
14. Derecho de petición a la ESE para reconocimiento del tiempo de trabajo en
contratación administrativa.
22
Visible a folios 239-240 del proceso ordinario.
17
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y la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento
[…]”.
55. En efecto, se encuentra en los folios 101 a 107 del expediente ordinario copia
de la petición presentada el 13 de mayo de 2010 por el señor Hubert Maldonado
ante la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación, en la cual se hicieron,
entre otras, las siguientes peticiones:
“1.1. Reconocer que entre el petente y la E.S.E. LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
EN LIQUIDACIÓN, existió una relación personal permanente, subordinada y
dependiente originada en la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios suscritos entre ellos, entre el lapso comprendido del 01 de julio de 2003 y el
03 de Septiembre de 2007, inclusive.
1.1. (sic) Reconocer que como funcionario al servicio de la E.S.E. LUIS CARLOS
GALÁN SARMIENTO EN LIQUIDACIÓN, en su calidad de “MÉDICO
ESPECIALISTA GINECOOBSTETRICIA”, funciones que desempeñó durante el lapso
referido, mi mandante tiene derecho al reconocimiento y pago de todas sus
prestaciones sociales, incluidas las primas, cesantías, vacaciones y demás, así como
a las indemnizaciones por su no pago íntegro, total y oportuno de conformidad a lo
dispuesto en el Despacho 797 de 1949 en concordancia con el artículo 65 del C.S.
del T., por todo el tiempo laborado.
[…]”.
56. Adicional a lo anterior, al revisar el expediente del proceso ordinario, la Sala
observa que la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social al contestar la
demanda propuso varias excepciones, dentro de las cuales estaba la prescripción
de derechos laborales23. En ejercicio del derecho de contradicción, la parte
demandante se pronunció sobre las excepciones planteadas y puntualmente frente
al punto de la prescripción, indicó:
“[…] 2.- Prescripción de los derechos laborales
No le asiste razón frente a este medio exceptivo por las siguientes razones:
Desconoció que los derechos laborales que se piden constituían prestaciones
periódicas de índole salarial las cuales se pueden solicitar en cualquier tiempo.
(Caducidad).
Igualmente ignoró otras solicitudes de pago que reposan en el expediente las cuales
evitaron que acaeciera este fenómeno jurídico.
Se debe tener en cuenta que se respetaron los términos luego de que acaeció la
desvinculación definitiva del trabajador.
De ahí que no puede operar la prescripción. […]”.
57. En la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
23
Visible a 281 del proceso ordinario.
18
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y la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento
Sección Segunda, Subsección A, se enlistaron las pruebas aportadas con la
demanda, dentro de las cuales están las consignadas en los numerales 10 y 14,
que hacen referencia a peticiones radicadas ante la ESE24; sin embargo, resolvió
que había operado la prescripción de las sumas reclamadas teniendo en cuenta que
la relación laboral terminó el 25 de octubre de 2007, mientras que las peticiones
ante las entidades demandas se presentaron el 13 de noviembre de 2012, es decir,
cuando habían transcurrido más de tres años entre dichas fechas.
58. Contra esta decisión la parte demandante presentó recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, en los siguientes términos25:
“Como apoderada de la parte demandante en el proceso referenciado, con todo
respeto me dirijo al Despacho para manifestar, que interpongo recurso de
APELACIÓN contra la sentencia calendada en Febrero 27 del año en curso.
Para sustentar me permito manifestar, que quiero discutir ante el superior lo expuesto
por el señor Magistrado para negar las pretensiones de la demanda y, que hace
relación, con la prescripción declarada.
Considera esta representante, que esa figura no se ha configurado en este proceso,
por cuanto indudablemente se hizo reclamación de los derechos dentro de los
términos estipulados por la ley y la jurisprudencia desde el año 2009, con lo cual se
evitó precisamente que se diera este fenómeno jurídico.
Siendo entonces este y otros puntos lo que deseo que sean revisados por el Consejo
de Estado, ruego su Señoría concederme el recurso incoado”.
59. Adicionalmente, en los alegatos de conclusión en segunda instancia, la parte
actora manifestó lo siguiente sobre la prescripción declarada por el Tribunal:
“[…] Quiero señalar a esa Superioridad, que esta afirmación no corresponde con
la realidad procesal por los siguientes motivos:
a) No tuvo en cuenta que se propuso la conciliación extra-procesal ante la
Procuraduría antes de presentar la demanda, la cual tuvo ocurrencia el 20 de Febrero
de 2013.
b) El señor Juez de Instancia en su providencia (Fol. 8) manifiesta, que encuentra
probado que el Dr. MALDONADO MELO suscribió contratos de prestación de
servicios para el cargo de Ginecoobstetra (sic), por el periodo comprendido entre el
26 de diciembre de 1996 y el 25 de octubre de 2007.
c) Así las cosas, tenemos que si él laboró según lo reconocido por el A quo hasta el
25 de Octubre de 2007 como lo indica en la providencia, el demandante hizo una
reclamación que radicó en Mayo 13 de 2010, es decir, faltando un poco más de 5
meses para se cumplieran los tres años de su desvinculación definitiva del ISS y la
ESE.
24
Folios 323 y 324 del proceso ordinario.
25
Visible a folio 339 del expediente del proceso ordinario.
19
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La reclamación se anexó con la demanda y fue foliada con los números 0101 a 0107
si mal no recuerdo, la cual se elevó por intermedio de apoderado.
d) Cuando volvió a radicar reclamaciones en Noviembre 13 de 2012, dejando de
presente que el ISS nunca le dio respuesta a la reseñada en el punto c) y, antes de
que se volvieran a cumplir los tres años que tenía de prórroga, lo hizo ya con el
ánimo de llamar a conciliación como evidentemente ocurrió y luego proceder a
presentar la demanda como también sucedió.
Un documento de tanta importancia como el que estoy refiriendo, NO LO PODÍA
IGNORAR EL JUEZ DE CONOCIMIENTO, porque era una violación al derecho de
defensa, al debido proceso, al principio de favorabilidad y más exactamente una
violación a los Art. 53 y 58 de la Carta Magna.
Si el A quo hubiera examinado esa pieza procesal, indudablemente que la decisión
hubiera sido otra, jamás la de declarar la PRESCRIPCIÓN como evidentemente lo
hizo.
Por eso ruego a esa Superioridad, examine este cargo desde los diferentes puntos
de vista planteados; examine el documento a que hago referencia y, con absoluta
certeza, sé que la (sic) señor Consejero revocará lo atinente a este punto y en su
defecto reconocerá el derecho que le asiste al Dr. MALDONADO MELO en sus
pretensiones. Los tres años con que contaba para hacer esa primera reclamación
vencían el 25 de octubre de 2010. […]”. (Subrayado fuera de texto)
60. Pues bien, al momento de decidir en segunda instancia, el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, se refirió a dicha petición. la del 13 de
mayo de 2010, cuando resumió los alegatos de conclusión de la parte demandante,
así:
“[…] 5.2. Por la parte demandante
Mediante apoderada judicial, el demandante presentó alegatos de conclusión en
escrito visible a folio 397 a 408 del expediente, en el cual solicita se reconozca la
existencia del contrato realidad sin prescripción, por lo que solicita se ordene el pago
de las pretensiones planteadas en la demanda.
Señaló que, el demandante trabajó bajo subordinación y dependencia, es decir, no
tuvo autonomía para cumplir y desarrollar el objeto contratado, cumpliendo las labores
de manera personal, percibió un salario, y cumplió estrictos horarios.
Con relación a la declaratoria de oficio del fenómeno de la prescripción, consideró
que este no operó, toda vez que realizó una reclamación el 13 de mayo de 2010, sin
que se haya cumplido el término de ley para ello, reiterada la solicitud el 13 de
noviembre de 2012, sin que se haya dado respuesta a la solicitud.
Solicitó se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada,
fijándose una suma concreta por este concepto. […]”.
61. Y aunque al plantear el problema jurídico no mencionó el argumento
controvertido por la demandante en su recurso de alzada, la petición presentada el
13 de mayo de 2010, fue señalada como un hecho probado en los siguientes
términos:
20
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y la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento
“[…] 2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si el señor Hubert Iván Maldonado Melo le asiste el
derecho o no para reclamar el pago de las prestaciones salariales y sociales no
devengadas durante el tiempo que permaneció vinculado a la entidad, en aplicación
del principio de primacía de la realidad sobre formalidades, o, por el contrario, si los
contratos de prestación de servicios que celebró, se ajustan a la normativa legal
vigente, por cuanto no se configuraron los elementos de subordinación y continua
dependencia que alega, propios de una relación laboral.
[…]
2.3.2. De lo probado en el proceso
[…]
Mediante peticiones radicadas el 13 de noviembre de 2012 ante la Fiduprevisora
S.A.26, al Ministerio de Salud y la Protección Social27, al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público28, ante el Instituto de Seguros Sociales29 y ante la ESE Luis Carlos
Galán Sarmiento30, el demandante solicitó se declare que se presentó una relación
laboral permanente, subordinada y dependiente entre el 26 de junio de 2003 al 4 de
julio de 2007, sin solución de continuidad entre las partes. Que, como consecuencia
de lo anterior, se le liquide y pague los salarios y prestaciones sociales causados
(salarios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas de todo orden,
bonificaciones e intereses, etc.), así como las sumas correspondientes a los aportes
por concepto de salud, pensión, riesgos profesionales, que fueron asumidas por el
demandante. [...]”
62. Pese a lo anterior, al resolver el caso concreto, la sentencia recurrida nada
dijo frente a dicha prueba que acreditaba el hecho que interrumpía la
prescripción. Así lo consideró el Consejo de Estado:
“[…] 2.3.3. Caso concreto
[…] Ahora bien, la sala debe estudiar si en el presente caso, se debe aplicar el
fenómeno de la prescripción conforme lo realizó el a quo en la sentencia objeto de
censura, al verificar que el demandante presentó reclamación el 13 de noviembre de
2012, es decir, más de 4 años después de haber cesado la prestación del servicio,
originada en los contratos que en este proceso se relacionan.
Oportuno es entonces, traer a colación lo manifestado por el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, en donde se establece el
término de tres años para aplicar la prescripción extintiva de los derechos
prestacionales, que deberán contarse a partir de la finalización de cada contrato, a
menos que haya continuidad de estos, de conformidad con lo estimado en el artículo
10 del Decreto 1045 de 1978., que erige:
[…]
26
Folio 80-83.
27
Folio 84-87.
28
Folio 88-91.
29
Folio 95-98.
30
Folio 101-107.
21
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04693-00
Recurrente: Hubert Iván Maldonado Melo
c/ Nación – Ministerio de Salud y Protección Social
y la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento
Conforme con lo anterior, la prescripción declarada en la sentencia de primera
instancia, deberá ser confirmada, teniendo en cuenta que en el plenario se logró
determinar que el último vínculo contractual se presentó el 25 de octubre de 2007.
Por lo tanto, al verificar que la solicitud del reconocimiento fue presentada ante las
entidades demandadas el 13 de noviembre de 2012, encontramos que todas las
prestaciones sociales se encuentran prescritas, por no haber sido reclamadas dentro
del término de los tres (3) años que la ley permite, y, por ende, debe confirmarse, en
estos términos, la excepción de prescripción.
No obstante lo argüido, se aplicará la tesis planteada por la Sala de Sección en
sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, en lo que se refiere a la
imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones,
conforme así lo realizó la sentencia de primera instancia, en donde la entidad
accionada deberá tomar todos los interregnos comprendidos entre el 26 de diciembre
de 1996 al 25 de octubre de 2007, teniendo en cuenta el ingreso base de cotización
(IBC) pensional del demandante, mes a mes y si existe diferencia entre los aportes
realizados como contratista (si los hubo) y los que se debieron efectuar, para cotizar
al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión
solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.
[…]”.
63. Pues bien, de acuerdo con lo anterior, aunque en principio en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho no se hizo una mención expresa sobre la
petición que se presentó en mayo de 2010 ante la E.S.E. Luis Carlos Galán
Sarmiento, lo cierto es que sí se encontraba enlistada en el acápite de pruebas y
fue anexada según se evidencia a folios 101 a 107 del expediente. Igualmente, en
el escrito de oposición a la excepción de prescripción y en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia, la apoderada de la actora
insistió que existía otra petición que evitaba la configuración de la prescripción.
64. Sin embargo, la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, en
la sentencia objeto de revisión, no resumió el recurso de apelación interpuesto por
el señor Hubert Iván Maldonado contra la decisión de primera instancia y, en
consecuencia, los motivos de inconformidad allí planteados tampoco fueron
abordados en el planteamiento del problema jurídico.
65. Sumado a lo anterior, es claro, como quedó transcrito, que en la providencia
recurrida se resumió lo manifestado por la parte demandante en los alegatos de
conclusión respecto a la prescripción, no obstante, dichos argumentos no fueron
objeto de pronunciamiento por parte del juez de segunda instancia, y, aunque en
los hechos probados se enlistó la petición radicada ante la E.S.E. Luis Carlos Galán
Sarmiento el 13 de mayo de 2010, se abordó el análisis de la prescripción de las
sumas reclamadas, sin tener en cuenta aquella solicitud.
66. Lo expuesto lleva a esta Sala de Decisión a establecer que en la sentencia
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04693-00
Recurrente: Hubert Iván Maldonado Melo
c/ Nación – Ministerio de Salud y Protección Social
y la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento
objeto de revisión no se efectuó un estudio completo sobre los argumentos
planteados por la parte demandante sobre la prescripción, tal como fueron
reiterados en el recurso de apelación y en los alegatos de conclusión presentados
en segunda instancia, defecto que constituye una violación al debido proceso,
máxime si se tiene en cuenta que en la decisión recurrida no se resolvió el contenido
del recurso de apelación, sino que se analizó la prescripción de las sumas
pretendidas de forma oficiosa, como quiera que en dicha providencia se anunció
que “se desata el recurso de apelación interpuesto por las entidades demandadas contra
la sentencia proferida [...]”.
67. Así las cosas, esta Corporación ha considerado que “la competencia del juez
de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos propuestos por el
recurrente, aunque no hayan sido expresamente mencionados en el recurso, que estén
íntimamente ligados al aspecto materia de impugnación”31, siendo así que el juzgador
“para resolver un aspecto global de la controversia, por haber sido objeto del
recurso, tiene igualmente la atribución para revisar todos los asuntos que hacen
parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido
a ellos el apelante único”32.
68. A modo de conclusión, la Sala encuentra demostrada la causal de revisión
de nulidad originada en la sentencia, consagrada en el numeral 5 del artículo 250
del CPACA. Esto, en razón a que se generó una vulneración del derecho al debido
y del principio de congruencia al no resolverse lo planteado en el recurso de
apelación interpuesto por el señor Hubert Iván Maldonado contra el fallo de primera
instancia, respecto a la prescripción de las sumas reclamadas, por lo cual se
declarará la nulidad de la decisión recurrida, para que se resuelva conforme a las
pruebas allegadas al proceso.
69. En virtud de lo anterior, al encontrarse configurada la causal invocada, la Sala
se abstendrá de resolver el segundo motivo de inconformidad planteado por la parte
recurrente.
Devolución del proceso a la autoridad judicial de origen
31
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 1, sentencia de 26 de octubre de 2022, radicado 11001-03-15-000-2016-
02271-00
32
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de 9 de febrero de 2012, radicado 05001-
23-26-000-1994-02321-01 (20104).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04693-00
Recurrente: Hubert Iván Maldonado Melo
c/ Nación – Ministerio de Salud y Protección Social
y la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento
El artículo 70 de la Ley 2080 de 202133 modificó el artículo 255 del CPACA en cuanto
a la sentencia que resuelve el recurso extraordinario de revisión, en los siguientes
términos:
“ARTÍCULO 255. Sentencia. Vencido el período probatorio se dictará
sentencia.
Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales
1 a 4 y 6 a 8 del artículo 250 de este código, o la del literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia revisada y dictará la que en derecho
corresponde.
En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las
restituciones, cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás
consecuencias de dicha invalidación. Si en el expediente no existiere prueba
para imponer la condena en concreto, esta se hará en abstracto y se dará
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de este código.
Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del
literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la
sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio lugar a la revisión,
y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo
actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente”. Subrayado fuera de texto
Así las cosas, a partir de la norma citada y al encontrarse configurada la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, se declarará la nulidad de la sentencia y se
devolverá el proceso a la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado
para que dicte una nueva sentencia en la cual se resuelvan los recursos de
apelación interpuestos por las partes, teniendo en cuenta la totalidad de las pruebas
allegadas al proceso.
Condena en costas
70. El artículo 255 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021,
establece que procede la condena en costas cuando se declara infundado el recurso
extraordinario de revisión. Esta norma resulta aplicable al caso bajo estudio, como
quiera que el recurso se interpuso el 28 de agosto de 2023.
33
Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo - Ley 1437 de
2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04693-00
Recurrente: Hubert Iván Maldonado Melo
c/ Nación – Ministerio de Salud y Protección Social
y la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento
En virtud de lo anterior, no hay lugar a condenar en costas debido a que se encontró
fundada la causal invocada por el recurrente, consagrada en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala 2 Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Hubert Iván Maldonado Melo, contra la sentencia del 19 de enero de
2023, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la sentencia proferida el 19 de enero de
2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Hubert Iván
Maldonado Melo contra la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y la
E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento.
TERCERO: DEVOLVER el proceso a la Subsección B, Sección Segunda, del
Consejo de Estado, para que dicte sentencia de nuevo, subsanando la irregularidad
advertida en el presente fallo.
CUARTO: Sin lugar a condenar en costas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN GONZALO BERMÚDEZ MUÑOZ MILTON CHAVES GARCÍA
Con salvamento de voto
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04693-00
Recurrente: Hubert Iván Maldonado Melo
c/ Nación – Ministerio de Salud y Protección Social
y la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Con salvamento de voto
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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