Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00031-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00031-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00031-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00031-01
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Reparación
directa. Accidente de tránsito. Subsidiariedad. Recurso
extraordinario de revisión. Principio de congruencia.
Llamamiento en Garantía. Ausencia de defectos fáctico,
desconocimiento del precedente judicial y orgánico.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.
La Sala decide las impugnaciones formuladas por la parte accionante y el
departamento de Cundinamarca contra la sentencia proferida el 26 de marzo de
2026 por la Sección Cuarta de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 19 de diciembre de 2025, la sociedad Concesionaria Panamericana SAS,
por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra de la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la sentencia
proferida el 11 de diciembre de 2024 por la Subsección mencionada en el proceso
de reparación directa con radicado 11001-33-36-037-2013-00441-02, para, en su
lugar, emitir una providencia de reemplazo, en la que se garanticen sus derechos
fundamentales.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el 24 de mayo de
2013, los señores María Stella Echeverry Díaz y otros promovieron demanda de
reparación directa, para que se declarara la responsabilidad de la Policía Nacional,
el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (Invías), el Departamento
de Cundinamarca, el municipio de San Juan de Rioseco y la Sociedad Rápido
Ochoa SA., por la muerte del señor Álvaro Antonio Díaz Carmona en accidente de
tránsito ocurrido el 25 de marzo de 2011.
4. El 24 de agosto de 2017, el Juzgado 5 Administrativo de Bogotá vincular al
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) como
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Demandante: Concesionaria Panamericana SAS
litisconsorte necesario del Departamento de Cundinamarca. Por lo anterior, el 30 de
noviembre de 2017, el ICCU contestó la demanda, formuló excepciones y llamó en
garantía a la Concesionaria Panamericana SAS, en virtud del contrato OJ-121 de
1997. El llamamiento en garantía fue aceptado por el juez ordinario en auto del 30
de agosto de 2018.
5. La Concesionaria mencionada, al contestar el llamamiento en garantía,
precisó que actuaba en calidad de llamada en garantía y no de entidad demandada,
por lo que solo podía ser condenada en determinadas circunstancias; que la
vinculación del ICCU se efectuó debido a la conformación del litisconsorcio
necesario que invocó el Departamento de Cundinamarca como demandado inicial;
y que la parte demandante no relacionó como extremo pasivo al ICCU, por lo que
su vinculación no fue ajustada a derecho, toda vez que es al demandante a quien
le corresponde establecer la relación jurídico procesal y no al juez.
6. El 22 de marzo de 2024, el Juzgado 5 Administrativo de Bogotá negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que se configuró el eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, dado que en el expediente se
encontraba acreditado que la causa eficiente del accidente de tránsito materia de
estudio fue generado de manera exclusiva por el señor Álvaro Antonio Díaz
Carmona, la administración se exime de responsabilidad, ante la inexistencia del
nexo causal que debe existir entre el daño antijurídico causado a la víctima y la falla
del servicio atribuida a la administración en este caso, esto es, la omisión en que
incurrieron las entidades demandadas en relación con las funciones de reparación,
mantenimiento y conservación de la vía en que ocurrió el accidente, así como de la
imposición de señales preventivas de tránsito.
7. La Concesionaria Panamericana SAS presentó solicitud de adición y
aclaración, debido a que el despacho judicial no se pronunció sobre sus alegatos
de defensa. El 13 de junio de 2024, aquella autoridad negó la anterior petición, al
estimar que no era necesario resolver dichos argumentos, en tanto que no hay una
indemnización o restituciones a cargo del llamado en garantía, comoquiera que no
existió una condena en contra de las entidades accionadas y vinculadas.
8. La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia.
9. El 11 de diciembre de 2024, la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (i) revocó la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, declaró la responsabilidad administrativa y solidaria del
Departamento de Cundinamarca, el ICCU, la Concesionaria Panamericana y el
Consorcio Concesionario Vial, en una proporción del 50%, por el perjuicio moral y
lucro cesante causados a los demandantes; (ii) declaró probada la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva de la Policía Nacional, del Ministerio de
Transporte, del INVIAS, del municipio de San Juan de Rioseco y de Rápido Ocho
SA; y (iii) negó las demás pretensiones de la demanda.
10. La Concesionaria presentó escrito en el que solicitó aclarar la anterior
decisión, en el sentido de precisar que (i) aquella sociedad no ostenta la calidad de
parte demandada sino de llamada en garantía; (ii) su eventual responsabilidad es
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accesoria y depende exclusivamente del resultado del llamamiento en garantía
efectuado por el ICCU; y (iii) determinar si procede o no la condena solidaria en su
contra, con fundamento específico en las estipulaciones contractuales que rigen la
relación entre ICCU y esa sociedad.
11. De igual forma, solicitó adicionar la decisión para que se resolviera
expresamente: (i) el llamamiento en garantía formulado por el ICCU contra
Concesionaria Panamericana y sus consecuencias jurídicas; (ii) las excepciones de
mérito y la improcedencia alegadas por Panamericana frente al llamamiento; y (iii)
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del ICCU, teniendo en
cuenta su vinculación oficiosa al proceso y la jurisprudencia aplicable sobre
vinculación de oficio en procesos contencioso administrativos.
12. Sin embargo, el 26 de junio de 2025 la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó lo solicitado al considerar que ya
se había pronunciado sobre la responsabilidad de los integrantes del extremo pasivo
de la demanda, por lo que no había lugar a aclaración. Asimismo, descartó la adición
al considerar que no existió omisión dado que en la sentencia se reconoció que la
Concesionaria era la responsable del mantenimiento de la vía donde ocurrieron los
hechos. Finalmente, indicó que no procedía fijar porcentajes de responsabilidad
porque la condena fue solidaria.
13. Como fundamentos de derecho, la parte accionante afirmó que la
sentencia del 11 de diciembre 2024 incurrió en desconocimiento del precedente
horizontal, al incurrir en una grave contradicción, al citar el proceso de reparación
directa con radicado No. 11001-33-36-037-2013-00350-01 como fundamento de la
sentencia, pero ignorar «deliberadamente la regla jurídica procesal establecida por
el mismo magistrado ponente, en la cual se declaró la ilegalidad de la vinculación
oficiosa del ICCU».
14. Sobre el particular, explicó que se omitió mencionar que en el referido medio
de control el mismo magistrado ponente, mediante auto del 8 de agosto de 2018,
revocó la vinculación oficiosa del ICCU, en cumplimiento de una orden impartida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado en un fallo de tutela. En dicha providencia
la autoridad accionada expuso lo siguiente:
«[…] Se ordenará la desvinculación como demandado, del Instituto de Infraestructura y
concesiones de Cundinamarca ICCU... teniendo en cuenta que la demanda fue dirigida
contra el departamento de Cundinamarca y no contra esta entidad, por lo tanto, no es
procedente la vinculación de forma oficiosa del ICCU, porque esta sería irregular, en la
medida en que las partes de un proceso contencioso administrativo no las establece el juez,
sino el demandante […]».
15. De igual forma, manifestó que la autoridad accionada también desconoció
«abiertamente» la jurisprudencia del Consejo de Estado; en particular, citó la
sentencia de tutela del 21 de junio de 2018, mediante el cual la Sección Quinta del
Consejo de Estado le ordenó al Tribunal aquí accionado aplicar la regla de que la
integración del contradictorio en reparación directa es carga exclusiva del
demandante. Sin embargo, la autoridad accionada, al validar nuevamente una
vinculación oficiosa en la Sentencia aquí atacada, revivió una práctica judicial que
su superior jerárquico ya calificó como violatoria de derechos fundamentales.
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16. Agregó que en el fallo de tutela mencionado, la Sección Quinta fue clara en
señalar que en «obligaciones solidarias (como la reparación directa) no existe
litisconsorcio necesario por pasiva que faculte al juez a traer “invitados a la fuerza”.
Al hacerlo, el juez pierde su imparcialidad y se convierte en parte, suplantando la
voluntad del demandante o tolerando y coadyuvando aquellos casos en que la parte
actúa negligentemente.
17. De otra parte, señaló que la providencia reprochada incurrió en defecto
sustantivo, al haberse condenado al ICCU a pesar de que en el proceso judicial no
fue destinatario de ninguna de las pretensiones formuladas en la demanda, de
manera que, conforme a los principios que rigen el debido proceso y el derecho de
defensa, la condena a una entidad que no ha sido llamada a responder por
pretensiones concretas vulnera sus garantías procesales, ya que le impide ejercer
adecuadamente su derecho de contradicción y defensa frente a las reclamaciones
que se le imputan.
18. Al respecto, resaltó que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, en sentencia del 27 de enero de 20231, indicó que «el juez debe vincular
de manera oficiosa a entidades que no han sido demandadas, solo cuando ellas
tienen la condición de litisconsortes necesarios de la parte pasiva y, debe hacerlo
en ese caso porque, de lo contrario, no podrá proferir una decisión de fondo; de
igual forma, cuando existan terceros que puedan resultar también responsables de
manera solidaria con la parte demandada, el juez no tiene competencia para citarlos
porque en este caso no hay un litisconsorcio necesario: no es necesaria su
presencia en el proceso para pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la
demanda».
19. Precisó que, en el auto del 30 de agosto de 2018, se admitió su intervención
de en virtud del llamamiento en garantía que se realizó con fundamento en el
contrato de Concesión OJ-121-97, lo que implicaba una intervención con alcance
jurídico limitado. En particular, para reembolsar una eventual condena en contra del
ICCU, de manera que «se defendió de la obligación de reembolso frente al ICCU,
pero no tuvo la carga ni la necesidad procesal de defenderse de una imputación
directa de responsabilidad extracontractual frente a las víctimas, pues dicha
imputación jamás existió en la demanda».
20. Adicionalmente, manifestó que se incurrió en el defecto mencionado porque
la autoridad accionada omitió aplicar el artículo 140 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que exige que en los
casos en que se condene a entidades públicas y privadas debe indicar cuál es la
proporción en la que debe responder cada entidad. Finalmente, advirtió la falta de
motivación debido a que, ni la sentencia ni el auto que resolvió la adición y
aclaración, expusieron motivación para fundamentar la influencia causal del hecho
u omisión en la ocurrencia del daño, como lo exige el artículo 140 del CPACA ni la
aplicación de la condena solidaria. Además, alegó la ausencia de motivación que
explique la «metamorfosis procesal de la Concesionaria Panamericana (…) para
transformar a un Llamado en Garantía en un demandado solidario».
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Radicado 73001-23-33-000-2014-00470-01 (57612)
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21. Por otro lado, sostuvo que el proveído reprochado adolece de defecto
procedimental absoluto, por la falta de congruencia y condenarse a un sujeto no
demandado, pues el Tribunal no tuvo en cuenta las reglas del juicio de reparación
directa y la naturaleza del llamamiento en garantía. Al respecto, adujo que se
«ignoró» que su vinculación era solo como llamada en garantía, de manera que el
juez solo puede analizar la relación accesoria si la demanda principal prospera; sin
embargo, el tribunal «saltó el análisis, pues los allí demandantes nunca dirigieron
ninguna pretensión contra la Concesionaria». Alegó que el Juzgado quebrantó la
estructura del proceso de reparación directa al vincular de oficio, como litisconsorte
necesario, al ICCU, a pesar de que «el fallador no puede demandar por el
ciudadano».
22. Señaló que la anterior «ilegalidad» contaminó todo el proceso, dado que el
ICCU la llamó en garantía amparado en esa vinculación, por lo que su defensa la
hizo bajo la confianza legítima de los precedentes tanto del Consejo de Estado como
del propio magistrado ponente, en los que se ha sostenido que «estas vinculaciones
son oficiosas». Indicó que el juez convirtió de oficio a un garante contractual en un
autor directo del daño extracontractual, cuya actuación creó un procedimiento
híbrido e ilegal, pues eliminó las etapas procesales diseñadas para definir el alcance
de la garantía del Contrato OJ-121-97.
23. De otro lado, sostuvo que se incurrió en defecto fáctico y defecto
procedimental absoluto, puesto que la declaratoria de responsabilidad del Estado
se fundamentó en un enlace de Caracol Radio y en imágenes de Google Earth que
no fueron decretadas en el curso del proceso, por lo que se vedó a las partes la
oportunidad de controvertir su contenido. Así, alegó que se vulneró el principio de
necesidad de la prueba al usar documentos extraprocesales para condenar y,
además, los demandantes no aportaron evidencia sobre su culpa o nexo causal
directo y, en ese sentido, no existe demostración fáctica de que aquella causó el
daño como particular.
24. Adicionalmente, expuso que se configuró un defecto orgánico porque el
Tribunal solo tenía competencia para juzgar a los sujetos que fueron relacionados
como parte pasiva en la demanda de reparación directa, por lo que no era
procedente condenar a la Concesionaria. Además, precisó que el CPACA no faculta
a dicha autoridad para extender condenas solidarias a terceros llamados al proceso
en garantía.
25. Afirmó que la sentencia atacada incurrió en la causal de decisión sin
motivación porque el Tribunal erró en justificar la condena directa, pues no expuso
ninguna razón jurídica «para transformar a un llamado en garantía en un
demandado solidario».
26. Por último, indicó que se configuró la causal de violación directa de la
Constitución Política, debido a que la concesionaria fue condenada sin observancia
de las reglas propias del procedimiento, particularmente, porque el tribunal
transformó sorpresivamente su calidad procesal en la sentencia de segunda
instancia.
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Intervenciones2
27. El Juzgado 5 Administrativo del Circuito de Bogotá afirmó que la acción de
tutela no cumple con los requisitos generales de subsidiariedad y relevancia
constitucional, puesto que, de un lado, lo que se pretende es transformar la acción
de tutela en una instancia adicional perjudicando el derecho al debido proceso de
los sujetos procesales; y, del otro, el debate ya se adelantó en dos instancias del
proceso ordinario, sin que se vea la necesidad de retomar los argumentos en sede
de tutela.
28. En todo caso, indicó que las providencias acusadas no configuran una
arbitrariedad o vía de hecho que justifique la intervención del juez de tutela,
comoquiera que se valoró de manera conjunta y bajo el parámetro de la sana crítica
todo el acervo probatorio, por lo que es evidente que la parte actora busca sustituir
la jurisdicción de lo contencioso administrativo en procura de una decisión que le
resulte favorable.
29. El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) señaló que la discusión planteada por
la sociedad accionante ataca decisiones judiciales proferidas en el curso del
proceso que hicieron tránsito a cosa juzgada. Añadió que la actuación de esa
entidad y de las autoridades judiciales que conocieron el proceso de reparación
directa estuvo ajustado al marco jurídico aplicable, por lo que no se vulneró ningún
derecho fundamental.
30. El Ministerio de Transporte aseguró que la solicitud de amparo no cumple
con la exigencia de inmediatez, ya que desde la notificación de la sentencia hasta
la interposición de la acción de tutela ha transcurrido más de 1 año, a pesar de que
por regla general se ha considerado que el término razonable para acudir a la vía
de amparo es de seis meses. Adicionalmente, manifestó que carece de legitimación
en la causa por pasiva, toda vez que, dentro del marco de sus competencias y
funciones, la llamada a determinar la validez de las providencias judiciales es la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de la referencia.
31. El Juzgado 37 Administrativo de Bogotá informó que el proceso fue remitido
por descongestión al Juzgado Quinto Administrativo de Bogotá por lo que el
expediente se encuentra bajo la custodia de ese despacho. Por tanto, estimó que
los oficios de notificación y de remisión del expediente debían ser acatados por esa
autoridad judicial.
32. El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU)
expresó que coadyuvaba la acción de tutela y, en esa medida, solicitó dejar sin
efectos la sentencia cuestionada. Recordó que la Concesionaria Panamericana
SAS solicitó la aclaración y adición de la sentencia de primera instancia
evidenciando la indebida vinculación del ICCU al proceso, pero la petición fue
desestimada.
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El 30 de enero de 2026, la Sección Cuarta de esta corporación admitió la acción de tutela en contra de la Subsección B de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Adicionalmente, vinculó, en calidad de terceros interesados
en los resultados del proceso, al Juzgado 5 Administrativo de Bogotá, al Juzgado 37 Administrativo de Bogotá, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio Público y a quienes actuaron en calidad de demandantes, demandados
y llamados en garantía en el proceso de reparación directa.
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33. Expuso que corresponde a la parte demandante definir los extremos del
litigio en consideración de las personas llamadas a responder por el daño
antijurídico invocado, aspecto que le está vedado al juez de la causa.
Adicionalmente, discutió que se omitió analizar el artículo 140 del CPACA que
consagra el deber de determinar la proporción en la que deben responder las
entidades demandadas cuando concurren públicas y privadas. Finalmente, arguyó
que la autoridad accionada aplicó una providencia que constituía precedente
horizontal, pero solo en lo que apoyaba la tesis condenatoria y no en lo relativo a la
desvinculación de esa entidad en el litigio.
34. El Departamento de Cundinamarca manifestó que coadyuvaba de manera
parcial la acción de la referencia. Para el efecto, indicó que apoyaba el argumento
relacionado con la concreción de defecto procedimental absoluto y defecto fáctico
en la sentencia del 11 de diciembre de 2024, al fundamentarse la decisión en
pruebas que no fueron decretadas como tal ni sometidas a contradicción.
35. Sobre el particular, señaló que en la «cita a pie de página 21» se relacionó
un enlace una imagen de Google Street View, al parecer, de un tramo de la carretera
en la que ocurrió el accidente, la cual fue tomada en mayo de 2022. Además, alegó
que la sentencia también se fundamentó en documentos supuestamente expedidos
por la Agencia Nacional de Seguridad Vial de los que no se informó la
denominación, título, autores o fecha de publicación para acceder a su consulta.
Agregó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial fue creada por la Ley 1702 de
2013 y se formalizó con el Decreto 787 de 2015, por lo que tuvo en cuenta unos
documentos presuntamente emitidos por una autoridad que empezó a funcionar
cuatro años después de ocurrido el accidente.
36. De otra parte, aseveró que el Tribunal incurrió en omisión de valoración del
material probatorio y se separó de lo demostrado en el proceso con las pruebas
documentales frente a la concreción de la culpa exclusiva de la víctima y las
condiciones climáticas al momento del accidente, lo que configura claramente un
defecto fáctico por omisión e indebida valoración probatoria.
37. Adicionalmente, alegó que la autoridad accionada no brindó una
justificación clara para revocar la sentencia dictada por el Juzgado 5 Administrativo
de Bogotá, toda vez que, en su criterio, no se acreditó que la instalación de una
defensa metálica hubiese impedido el accidente y no se analizaron los argumentos
relevantes presentados por las entidades demandadas y el fallador de primer grado.
38. El Municipio de San Juan de Rioseco afirmó que la acción de tutela es
improcedente, por no superarse los requisitos generales y específicos de
procedibilidad. Indicó que el proceso de reparación directa se tramitó con pleno
apego a las garantías del debido proceso y con la participación de los sujetos
procesales, quienes ejercieron los mecanismos judiciales correspondientes. Por
ello, consideró que las inconformidades planteadas en la tutela debieron discutirse
dentro del proceso, el cual ya concluyó, sin que evidencia vía de hecho ni
vulneración de los derechos fundamentales.
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39. La sociedad Servicios de Ingeniería y Construcción Ltda. (hoy SERVINC
SAS), como integrante del Consorcio Concesionario Vial), alegó que no le fue
notificada la sentencia de segunda instancia, por lo que no ha podido ejercer su
derecho de defensa. Agregó que tampoco ha podido consultar el expediente digital,
por lo que no le ha sido posible verificar de manera objetiva la regularidad de la
actuación judicial ni el cumplimiento de las garantías del debido proceso.
40. La sociedad Transportes Rápido Ochoa S.A. manifestó que la situación
expuesta en la acción de tutela no afecta su situación jurídica. Sin embargo, advirtió
que cualquier decisión que se adopte en el proceso constitucional no puede cambiar
las consecuencias favorables derivadas de la sentencia frente a esa sociedad ni
reabrir un debate ya definido a su favor.
41. El profesional del derecho Walter Raúl Mejía Cardona, quien adujo actuar
en calidad de apoderado de los demandantes del proceso ordinario, solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela por no cumplirse con los requisitos
generales, en particular, el principio de subsidiariedad y no haberse demostrado una
vulneración real y actual de los derechos fundamentales invocados.
42. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional indicó que en el
proceso ordinario se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva de esa entidad, por lo que, a su juicio, quedó establecido que dicha
entidad no ostenta la calidad de sujeto pasivo dentro del presente asunto, al no ser
titular de la relación jurídico material que dio origen a las pretensiones formuladas.
Sentencia impugnada
43. El 26 de marzo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en primer
lugar, consideró que no se cumplió el requisito general de subsidiariedad frente a
los cargos relacionados con el cambio del estatus procesal de la Concesionaria
Panamericana, de llamada en garantía a entidad demandada; la omisión de
pronunciamiento en la sentencia sobre la relación sustancial entre el llamante y la
llamada en garantía; y la omisión de pronunciamiento sobre la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, podían discutirse a través del recurso
extraordinario de revisión, comoquiera que en estos se reprochaba la violación al
debido proceso por desconocimiento del principio de congruencia.
44. Al respecto, explicó que la vulneración al principio de congruencia se
enmarca en la causal quinta del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, relativa a la
nulidad originada en la sentencia que pone fin al proceso y contra la cual no procede
recurso de apelación. De ahí que el recurso extraordinario de revisión (que de
conformidad con el artículo 248 del CPACA, procede contra las sentencias de los
tribunales administrativos), constituya el mecanismo judicial idóneo y eficaz para
examinar este tipo de reproches.
45. Adicionalmente, precisó que no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que habilite, de manera excepcional, la intervención del juez de tutela
como mecanismo transitorio, pues no se demostraron circunstancias de urgencia,
gravedad o inminencia que tornen en ineficaz el recurso extraordinario de revisión
ni que justifiquen el desplazamiento del diseño procesal previsto por el legislador.
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46. Ahora, frente al cargo de desconocimiento del precedente judicial, por no
haberse tenido en cuenta el auto del 8 de agosto de 2018 emitido por la Subsección
B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso
de reparación directa con radicado 11001-33-36-037-2013-00350-00/01, promovido
por otra víctima del mismo accidente de tránsito, esclareció que aunque ambos
procesos tienen origen en la misma situación, el trámite procesal surtido en cada
uno de ellos es diferente.
47. Al respecto, precisó que en el proceso 2013-00350-01, el Juzgado 37
Administrativo de Bogotá negó la existencia de un litisconsorcio necesario y dispuso
la vinculación oficiosa del ICCU, decisión que fue posteriormente revocada en sede
de apelación por el Tribunal, en cumplimiento de un fallo de tutela. Por su parte, en
el caso objeto de análisis (rad. 2013-00441), el Juzgado 5 Administrativo de Bogotá
aceptó la vinculación del ICCU como litisconsorte necesario, conforme a lo solicitado
por el Departamento de Cundinamarca, decisión que no fue objeto de apelación ni
de acción de tutela, según las piezas procesales allegadas a este expediente. Por
tanto, consideró que no se incurrió en la causal invocada.
48. Asimismo, frente al reproche sobre el defecto fáctico por la valoración de un
enlace de Caracol Radio e imágenes de Google Earth (nota al pie 18 y 21 de la
sentencia), a pesar de que estos no fueron decretados ni incorporados al proceso,
lo que impidió a las partes ejercer su derecho de contradicción, la Sala aclaró que
estos no tienen la trascendencia ni incidencia en el sentido de la sentencia que
justifique declarar el defecto fáctico y dejarla sin efectos, pues como se indicó la
aseveración fáctica se soporta en los demás medios de prueba mencionados por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En ese orden de ideas, negó el amparo
solicitado, al considerar que no se incurrió en las causales específicas
mencionadas.
Impugnación
49. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual
sostuvo que la Sección Cuarta omitió valorar las consecuencias jurídicas del silencio
del Tribunal accionado, ya que debió haberse aplicado la presunción de veracidad
prevista en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, de manera que debió haberse
tenido por cierto los hechos y los cargos haber prosperado.
50. Frente al caso en concreto, sostuvo que se incurrió en error al concluir que
el recurso extraordinario de revisión constituía un mecanismo judicial idóneo y eficaz
para proteger los derechos fundamentales alegados. Indicó que dicho recurso está
sometido a causales taxativas y que no comprende adecuadamente los vicios
constitucionales invocados, particularmente los relacionados con el debido proceso,
la incongruencia de la sentencia y la valoración probatoria. Agregó que la
jurisprudencia constitucional ha reconocido que la tutela contra providencias
judiciales puede ser procedente cuando los vicios alegados no se encuentran
claramente comprendidos dentro de las causales taxativas de los recursos
extraordinarios.
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51. Adicionalmente, indicó que existía identidad fáctica y jurídica entre el caso
y los precedentes invocados, ya que en ambos procesos la demanda fue dirigida
únicamente contra el Departamento de Cundinamarca, mientras que el ICCU fue
incorporado sin solicitud expresa de los demandantes y el problema jurídico
consistía en la posibilidad de introducir al ICCU mediante un acto distinto de la
demanda. Expuso que los precedentes establecieron que corresponde de manera
exclusiva al demandante constituir el extremo pasivo del proceso y que no es
admisible incorporar demandados por otros mecanismos procesales o por solicitud
de terceros. En consecuencia, afirmó que la autoridad accionada desconoció dichos
precedentes al considerar procedente la incorporación del ICCU y que ello afectó la
validez de la condena impuesta a la Concesionaria.
52. En cuanto al defecto fáctico, afirmó que el juez de primer grado se equivocó
al considerar intrascendentes el enlace de Caracol Radio y las imágenes de Google
Earth. Señaló que dichos elementos fueron utilizados para construir inferencias
jurídicas determinantes en la sentencia y que su incorporación irregular impidió
ejercer el derecho de contradicción.
53. Resaltó que la nota periodística fue el único medio expresamente
identificado y valorado respecto del cambio de ruta del bus, y que las imágenes de
Google Earth sirvieron para inferir la inexistencia de sistemas de contención en la
fecha del accidente. Por ello, concluyó que estos elementos cumplieron una función
decisiva en la construcción del razonamiento probatorio y jurídico que condujo a la
condena.
54. Finalmente, señaló que el juez de primera instancia omitió pronunciarse
sobre varios cargos formulados en la tutela: defecto sustantivo por falta de
aplicación del artículo 140 del CPACA, defecto orgánico, violación directa de la
Constitución, defecto sustantivo por inaplicación de normas rectoras de
responsabilidad y decisión sin motivación.
55. Por su parte, el departamento de Cundinamarca también impugnó la
sentencia de primera instancia, al considerar que el fallador dejó de lado
argumentos relacionados con el defecto fáctico y específicamente con las imágenes
satelitales tomadas desde Google Earth, lo cual también fue discutido por la
Concesionaria Panamericana SAS, en su escrito de tutela.
56. Adicionalmente, manifestó que la conclusión a la que arribó el a quo no
corresponde a la realidad probatoria debidamente recaudada en el medio de control
de reparación directa No. 2013-00441, toda vez en el expediente del proceso de
reparación directa obran pruebas que demuestran la culpa exclusiva de la víctima y
que no fueron tenidas en cuenta por la autoridad accionada, optando por sustentar
la decisión cuestionada en unas pruebas que indebidamente aparecieron en el
trámite de segunda instancia, sin haberse sometido a contradicción por las
demandadas, lo cual es violatorio de las garantías que integran el derecho al debido
proceso.
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II. CONSIDERACIONES
Competencia
57. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
58. Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse la sentencia de
primera instancia. En ese sentido, se resolverá si la acción de tutela superó los
requisitos generales, en particular el de subsidiariedad; en caso de una respuesta
afirmativa, si la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en los defectos procedimental, en desconocimiento del
precedente judicial, defecto sustantivo, defecto orgánico, violación directa de la
Constitución y defecto fáctico, al proferir la sentencia del 11 de diciembre de 2024,
en el proceso de reparación directa 11001-33-36-037-2013-00441-02.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
59. La Sala confirmará la improcedencia de la acción de tutela, al considerar
que no se cumple el requisito general de subsidiariedad, frente a los defectos
sustantivo, orgánico, procedimental, decisión sin motivación y violación directa de
la Constitución Política, por las razones que a continuación se exponen:
60. La sociedad accionante solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales
estimó vulnerados por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al expedir la sentencia del 11 de diciembre de
2024. Para el efecto, afirmó que el proveído referido incurrió en defecto sustantivo,
por (i) condenar a ICCU, a pesar de que no fue objeto de ninguna pretensión; (ii)
inaplicar el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011; y (iii) adoptar decisión sin
motivación comoquiera que no se tomó en consideración «la influencia causal del
hecho o la omisión en la ocurrencia del daño».
61. Adicionalmente, sostuvo que se incurrió en defecto procedimental absoluto,
por falta de congruencia, al desconocer las reglas de la acción de reparación directa
y la naturaleza del llamamiento en garantía, pues esa sociedad solo fue vinculada
como llamada en garantía y no como demandada, por lo que no podían dirigirse
pretensiones en su contra. Además, omitió analizarse correctamente la relación
accesoria y que alteró la estructura del proceso al vincular de oficio, como
litisconsorte necesario, a ICCU.
62. Finalmente, señaló que se incurrió en las causales de defecto orgánico, al
considerar que el Tribunal carecía de competencia para condenarla, pues no
integraba la parte pasiva de la demanda de reparación directa y su vinculación al
proceso se produjo únicamente en calidad de llamada en garantía; de decisión sin
motivación, dado que no expuso las razones jurídicas que justificaban imponerle
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una condena directa; y de violación directa de la Constitución, porque la autoridad
judicial modificó de manera sorpresiva su calidad procesal y la condenó sin observar
las reglas propias del procedimiento, con afectación de sus garantías al debido
proceso.
63. Antes de entrar a emitir un pronunciamiento sobre los desacuerdos que
planteados por la parte actora, conviene precisar que la ausencia de respuesta por
parte de la Subsección accionante al interior del presente mecanismo no implica o
condiciona a la autoridad judicial accionada a acceder a las pretensiones formuladas
en la solicitud de amparo, comoquiera que la presunción de veracidad exige
identificar la vulneración de los derechos fundamentales a partir de los otros
elementos de juicio que obren en el expediente y de acuerdo con la valoración que
efectúe el juez de tutela. En ese sentido, el juez de tutela, en ejercicio de sus
facultades, puede adelantar actuaciones razonables para verificar los hechos y
sustentar sus decisiones con base en la realidad, garantizando así la prevalencia
del derecho sustancial.3
64. Aclarado lo anterior, la Sala, luego de analizar los reparos formulados por
la parte actora concluye, en el mismo sentido lo determinó el juez de primera
instancia, que no se encuentra satisfecho el requisito general de subsidiariedad,
toda vez se dirigen, esencialmente, a controvertir la alegada incongruencia de la
sentencia proferida por la Subsección accionada, en cuanto, según afirma, fue
condenada como si ostentara la calidad de demandada pese a haber sido vinculada
al proceso exclusivamente como llamada en garantía; y se omitió analizar la relación
jurídica sustancial que sustentó el llamamiento efectuado por el ICCU; y no se
determinó la forma en que debía distribuirse la responsabilidad entre los sujetos
condenados.
65. En cuanto a esto último, se repara en que el juez de primera instancia sí se
pronunció frente al cargo por no haberse aplicado el artículo 140 del CPACA, los
defectos orgánico, violación directa de la Constitución Política y decisión sin
motivación, pues consideró que no podía hacerse un estudio de fondo, dado que la
discusión estaba estrechamente relacionada con el argumento de congruencia
relativo a la calidad en que se condenó a la Concesionaria Panamericana y la
omisión de análisis de la relación jurídica entre el llamante y el llamado en garantía
en la providencia atacada.
66. De esta forma, tales planteamientos si bien fueron encajados en los
defectos antes mencionados, lo cierto es que se edificaron sobre un mismo
supuesto fáctico y jurídico: la presunta irregularidad consistente en haber impuesto
una condena directa como si se tratara de una parte demanda a quien compareció
al proceso únicamente en calidad de llamado en garantía. Así, más allá de su
denominación, todos convergen en cuestionar la congruencia de la sentencia.
67. Al respecto, frente a este tipo de cuestionamientos, el ordenamiento jurídico
prevé un mecanismo judicial específico, idóneo y eficaz para su resolución,
consistente en el recurso extraordinario de revisión. Ciertamente, el numeral 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 contempla como causal de revisión la nulidad
3
Ver, entre otras, la Sentencia T-123 de 2025.
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originada en la sentencia que puso fin al proceso, supuesto dentro del cual se ha
entendido comprendida la transgresión del principio de congruencia, por haberse
realizado, a juicio del accionante, un juicio de imputación de responsabilidad frente
al llamado en garantía4.
68. En esa medida, se concluye que el demandante cuenta con otro medio de
defensa idóneo y eficaz para plantear la presunta irregularidad que ahora pretende
ventilar por vía de tutela, por lo que no se cumple con el requisito general de
subsidiariedad, el cual exige que se hayan agotado todos los instrumentos de
defensa judicial dispuestos en el ordenamiento jurídico, para proteger las garantías
fundamentales que se estiman vulneradas.
69. Lo anterior, dado el carácter excepcional, preferente y sumario de la acción
de tutela, el cual impone como una obligación dirimir los conflictos jurídicos
relacionados con los derechos fundamentales, en un principio, a través de las vías
ordinarias dispuestas para el efecto, por lo que al juez constitucional le está vedado
emitir un pronunciamiento al respecto, pues, de lo contrario, estaría desconociendo
las competencias que el legislador atribuyó a otra autoridad judicial.
70. En concordancia con lo expuesto, la Corte Constitucional, en la Sentencia
SU-026 de 2021, enfatizó que la acción de tutela resulta improcedente cuando el
ordenamiento jurídico tiene a su alcance instrumentos judiciales adecuados para
controvertir los yerros alegados, incluso si estos tienen carácter extraordinario. En
particular, el máximo tribunal constitucional precisó que el recurso extraordinario de
revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz para cuestionar omisiones
probatorias, situaciones asociadas a la aparición de nuevos elementos de
convicción o irregularidades que afecten la dimensión material del debido proceso.
71. Adicionalmente, se repara en que el accionante no demostró la existencia
de un perjuicio irremediable y tampoco, del escrito de tutela y de las pruebas
aportadas, se advierte una circunstancia de vulnerabilidad que haga necesaria la
intervención del juez constitucional. Adicionalmente, se destaca que el solicitante
no planteó ningún argumento para exponer los motivos por los cuales no agotó el
instrumento que tenía a su alcance.
72. Ahora bien, en relación con los desacuerdos relativos al defecto fáctico, y
desconocimiento del precedente judicial, la Sala encuentra acreditados los demás
requisitos de procedencia, puesto que (1) goza de relevancia constitucional, toda
vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad; se argumentaron adecuadamente los
reparos alegados, los cuales fueron encuadrados en las causales específicas de
procedibilidad; y no se trata de un asunto de mera legalidad o carácter
eminentemente económico; (2) existe legitimación, tanto activa como pasiva,
comoquiera que la Concesionaria Panamericana SAS es la titular de las garantías
4
Sobre el particular pueden consultarse las Sentencias del 24 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-26-000-2025-00018-00
(72426), 25 de octubre de 2024, Rad. 11001-03-26-000-2023-00060-00, 28 de abril de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2023-
04017-00; 20 de mayo de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2023-04693-00; 24 de julio de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2023-
00789-00; 30 de julio de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2025-02260-00; 28 de octubre de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2022-
05810-00; 11 de abril de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2023-03128-00; y 30 de septiembre de 2025, Rad. 11001-03-15-000-
2023-03927-00 de la Salas Especiales de Decisión No. 1, 2, 5, 6, 8, 10 y 11 del Consejo de Estado, respectivamente, entre
otras.
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constitucionales que se invocan como vulneradas y la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue la autoridad que profirió la
decisión que se cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro mecanismo
judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos
constitucionales; (4) la acción de tutela se presentó el 19 de diciembre de 2025, es
decir, dentro de los 6 meses siguientes al auto del 26 de junio de 2025, mediante la
cual se resolvió la solicitud de adición y aclaración formulado por la aquí accionante
respecto de la sentencia del 11 de diciembre de 2024; (5) no se cuestionó una
irregularidad procesal; (6) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos
con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales;
y (7) la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.
73. En consecuencia, tras haberse superado todas las exigencias generales,
en relación con los defectos mencionados procederá a realizarse un estudio de
fondo de la controversia, tal y como lo coligió el juez de primera instancia.
Análisis de la vulneración alegada: Estudio de los defectos
74. La Sala confirmará la negativa del amparo, por no haberse estructurados
los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial, de acuerdo con las
razones que a continuación se exponen:
75. La sociedad recurrente, en el escrito de impugnación, discutió la decisión
adoptada por el juez de primera instancia, al considerar que la nota periodística de
Caracol Radio y la imagen de Google Earth sí fueron determinantes para adoptar la
decisión que hoy se censura, cuyas pruebas no fueron decretadas ni incorporados
en el curso del proceso, lo que impidió a las partes ejercer su derecho de
contradicción.
76. Para resolver el desacuerdo planteado y obtener mayor claridad sobre el
asunto objeto de estudio, la Sala realizará un recuento de las consideraciones
expuestas por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para dictar la sentencia el 11 de diciembre de 2024. Así, se observa
que en la providencia mencionada, aquella autoridad tuvo en cuenta, entre otros
elementos probatorios, los registros civiles de nacimiento de los demandantes, el
Informe Policial de Accidente de Tránsito No. 758190, el Informe Ejecutivo de
Accidente Vehicular PR 31+786 del 25 de marzo de 2011 y reportes de medios de
comunicación aportados por los allí demandantes, el Oficio No. 20224070633901
del 7 de junio de 2022 del Ministerio de Transporte, el Contrato de Concesión OJ-
121-97 suscrito entre el departamento de Cundinamarca y la Concesionaria
Panamericana SAS y el contrato de interventoría entre ICCU y el Consorcio
Concesionario Vial.
77. Al abordar el estudio de fondo del caso, el Tribunal afirmó que se
encontraba acreditado el daño antijurídico, comoquiera que se demostró que el
fallecimiento de Álvaro Antonio Díaz Carmona se produjo como consecuencia de
caída del bus que conducía en la ruta de Bogotá a Medellín a un abismo, en la vía
Cambao – Chuguaral.
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78. Para determinar la imputación del daño, consideró necesario establecer si
este era atribuible al departamento de Cundinamarca o si, por el contrario, se
configuraba alguna causal eximente de responsabilidad. Al respecto, indicó que la
administración y conservación de la vía Cambao–Chuguaral se encontraba a cargo
del departamento de Cundinamarca, entidad que celebró el Contrato de Concesión
No. OJ-121-97 con la sociedad Panamericana para el mantenimiento de dicha
infraestructura vial. Precisó que la concesionaria asumió la responsabilidad por los
hechos ocurridos durante la vigencia del contrato, razón por la cual, en principio,
sería la única responsable.
79. Sin embargo, precisó que no era posible excluir de toda responsabilidad,
por cuanto le corresponde planificar la infraestructura de transporte bajo su
jurisdicción y establecer las prioridades para su conservación y construcción, en
cumplimiento de los principios rectores del sector transporte, especialmente el de
seguridad de las personas. De igual manera, expuso que, conforme a las funciones
asignadas al ICCU y al contratista interventor Consorcio Concesionario Vial, a estas
entidades también les correspondía adoptar las medidas necesarias para el
mantenimiento y mejoramiento de la movilidad. Sin embargo, concluyó que dichas
demandadas incumplieron los deberes contractuales y legales a su cargo.
80. Asimismo, destacó que la parte demandante afirmó que la vía carecía de
defensa metálica para la fecha del accidente, circunstancia que no fue desvirtuada
por las demandadas y que tampoco fue contradicha por los informes obrantes en el
expediente. En ese contexto, consideró que la existencia de un sistema de
contención habría podido modificar las consecuencias del siniestro y que, conforme
a imágenes satelitales de Google Earth, dicho elemento fue instalado
posteriormente en el lugar del accidente. A partir de ello, infirió que las entidades
omitieron adoptar medidas adecuadas de seguridad vial.
81. Con fundamento en lo anterior, revocó la sentencia de primera instancia y
declaró la responsabilidad estatal por la ausencia de un sistema de contención que
redujera el riesgo de caída de vehículos al abismo. No obstante, también advirtió
que no se acreditó que el conductor del bus, quien contaba con amplia experiencia
profesional, hubiese adoptado las medidas mínimas de precaución exigibles, razón
por la cual concluyó que en la producción del daño concurrieron tanto la falta de
precaución del conductor, en menor grado, como la ausencia de elementos de
seguridad vial en el lugar de los hechos, por lo que se presentó una concurrencia
de culpas.
82. Ahora bien, frente al primer elemento probatorio que discute la sociedad
accionante, esto es, el enlace de Caracol Radio, se observa que el Tribunal
accionado expuso lo siguiente:
«[…] Según informe ejecutivo de accidente vehicular PR 31+786 del 25 de marzo de 2011
y reportes de medios de comunicación aportados por el actor, el bus TRE841 de la empresa
Rápido Ochoa cambió su ruta, por orden de policía de carretera que, ordenó desviar de su
ruta habitual (Villeta – Guaduas - Honda), debió (sic) a que el 24 de marzo de 2011 a las
22:31 se reportó derrumbe que produjo el cierre total de la vía Honda – Bogotá.
[…] en el caso concreto encontramos que la empresa transportadora Rápido Ochoa para la
época del accidente tenía autorizado, en los términos que regula la ley, la ruta de transporte
de pasajeros de Bogotá a Medellín. Pero esa ruta (Villeta – Guaduas – Honda), el día del
accidente presentó un derrumbe, por lo que tuvo que cerrarse y desviar al bus por otra vía,
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que fue la vía Cambao, así lo acreditan los informes presentados y la información brindada
por la autoridad de transporte de la época, el director de la Policía de Tránsito y Transporte,
en medios de comunicación […]»5.
83. Igualmente, en cuanto al reparo consistente en que la Subsección
accionada fundamentó su decisión por las imágenes satelitales de Google Earth, a
partir de las cuales se concluyó que la vía donde ocurrió el accidente contaba desde
el 2013 con una barrera de contención metálica, lo que evidenciaba una omisión de
seguridad de la aquí demandante, la Sala observa que para determinar la
responsabilidad, el juicio que realizó aquella autoridad, frente a lo que aquí interesa
fue el siguiente:
«[…] Dentro del informe por accidente de tránsito se estableció como hipótesis “Falta de
precaución por niebla y lluvia”. No obstante, esto no es suficiente para determinar que no le
asiste responsabilidad al Estado sí se encuentra que las condiciones de la vía no contaban
con la debida señalización o elementos de seguridad. Como se mencionó antes, el
encargado de la vía Cambao – Chuguacal donde ocurrió el accidente es el Departamento
de Cundinamarca, quien celebró contrato de concesión con Panamericana No OJ-121-97.
[…]
Precisado lo anterior, en el caso la demandante señaló que la vía no contaba para la fecha
de los hechos con defensa metálica, situación que no fue desvirtuada por el demandado
departamento de Cundinamarca. Así como tampoco en el informe policial por accidente de
tránsito, ni por el ICCU, pues únicamente se señaló que tenía demarcación vial y
señalización horizontal y vertical sobre la curva.
Entonces, conforme con las ventajas que brinda el tener un sistema de contención, bien sea
barra metálica o cualquier otro, era probable que de haber existido alguno de estos sistemas
de contención en la curva donde se produjo el accidente se habría cambiado las
consecuencias. No obstante, pese a la importancia de estos elementos de seguridad y a las
características de la curva para el día de los hechos
no se contaba con ningún sistema de contención.
Sin embargo, lo que sí está acreditado, según las imágenes satelitales tomadas desde
Google Earth, de la vía donde ocurrió el accidente, es que desde el 201324 cuenta con
sistema de contención de defensa metálica, en la curva donde ocurrió el accidente, para
prevenir la caída de los vehículos al abismo. De lo anterior se puede inferir que, al no contar
con los mecanismos de protección adecuados para disminuir el riesgo de accidentes para la
fecha del accidente, la entidad territorial omitió el deber de seguridad que tenía. Así las
cosas, la Sala observa que, hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia, dado que
se estableció la responsabilidad del Estado, ante la falta de diligencia por parte de la entidad
territorial que tenía a cargo la vía, esto es el Departamento de Cundinamarca, al no tener
sistema de contención adecuado para reducir el riesgo de caída al abismo del bus […]».
84. De las anteriores transcripciones, se concluye que los elementos
probatorios que discute la parte accionante no constituyeron el soporte exclusivo ni
principal de las conclusiones probatorias alcanzadas por la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sino que las
conclusiones probatorias a las que llegó dicha autoridad se construyeron a partir de
un conjunto de medios de convicción legalmente incorporados al expediente,
respecto de los cuales las partes tuvieron oportunidad de ejercer plenamente los
principios de contradicción y defensa.
85. Sobre el particular, en lo que atañe a la nota periodística, se resalta que
esta fue analizada con otros elementos probatorios para acreditar que el vehículo
accidentado modificó su recorrido habitual debido al cierre de la vía principal
ocasionado por un derrumbe. Dicha circunstancia también se encontraba
respaldada por diversos reportes periodísticos aportados oportunamente al proceso
5
«https://caracol.com.co/radio/2011/03/25/regional/1301015580_444678.html»
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y admitidos por el juez de conocimiento, así como por el informe ejecutivo de
accidente vehicular PR 31+786 del 25 de marzo de 2011, documentos que
igualmente daban cuenta del cambio de ruta y de las razones que lo motivaron.
86. Igual conclusión se impone frente las imágenes satelitales, pues de la
providencia cuestionada se desprende que estas fueron empleadas como un
argumento complementario para ilustrar la existencia, en una fecha posterior a los
hechos, de un sistema de contención en el lugar donde ocurrió el accidente. No
obstante, la declaratoria de responsabilidad no se sustentó en dichas imágenes,
sino en la valoración de los demás medios probatorios obrantes en el expediente, a
partir de los cuales el Tribunal concluyó que para la época del siniestro no estaba
acreditada la existencia de barreras de contención metálicas u otros mecanismos
de protección que disminuyeran el riesgo de caída de vehículos en el sector.
87. De esta forma, la referencia a dichas imágenes reforzaba la tesis
previamente alcanzada mediante la valoración de otras pruebas regularmente
incorporadas al proceso, por lo que sin tener en cuenta ese elemento de juicio la
conclusión sobre la responsabilidad declarada conservaba sustento en los restantes
elementos de convicción valorados por la juez de la causa.
88. Así las cosas, debe recordarse que la configuración del defecto fáctico exige
demostrar que el yerro alegado es ostensible, flagrante y manifiesto y, además,
deber tener un impacto directo, fundamental o sustancial en la decisión judicial. Sin
embargo, en el presente asunto la accionante no demostró que dichas pruebas
hubiesen sido el soporte central de la decisión que aquí se cuestiona. Por tanto, la
Sala concluye que no se estructuró la causal invocada, dado que el Tribunal no
edificó la declaratoria de responsabilidad estatal a partir de los elementos
probatorios cuya incorporación se reprocha, sino sobre una valoración conjunta de
las pruebas aportadas al proceso, razón por la cual le asiste razón al juez de primera
instancia.
89. Ahora, la parte actora estimó que se configuró la causal de desconocimiento
del precedente judicial, por no haberse observado lo dispuesto en el Auto del 8 de
agosto de 2018, proferido en el proceso de reparación directa con radicado 11001-
33-36-037-2013-00350-01 por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se revocó la vinculación oficiosa
de ICCU, tras haberse vulnerado el debido proceso, dado que la demanda se dirigió
en contra del departamento de Cundinamarca y no contra esa entidad.
90. Sin embargo, la Sala precisa que la providencia invocada no comparte
similitud fáctica con el caso objeto de estudio, por cuanto, tal y como lo expuso la
Sección Cuarta, si bien ambos procesos tienen origen en el accidente de tránsito
ocurrido el 25 de marzo de 2011, el trámite procesal que se adelantó en ellos es
diferente.
91. Sobre el particular, en el expediente mencionado el Juzgado 37
Administrativo de Bogotá negó la existencia de un litisconsorcio necesario y dispuso
la vinculación oficiosa del ICCU, decisión que fue posteriormente revocada en sede
de apelación por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca a través del auto mencionado, en cumplimiento de un fallo de
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tutela; mientras que en el presente asunto el Juzgado 5 Administrativo de Bogotá
aceptó la vinculación de ICCU como litisconsorte necesario, conforme a lo solicitado
por el departamento de Cundinamarca. En esa medida, a pesar de que la
providencia invocada como desconocida fue proferida por el magistrado ponente de
la decisión que se cuestiona en esta instancia, ello no imponía la aplicación
automática del lineamiento allí trazado, en la medida en que no se acreditó una
identidad procesal en ambos casos.
92. Finalmente, en relación con los argumentos expuestos por el departamento
de Cundinamarca en el escrito de impugnación, la Sala advierte que ya se efectuó
el análisis correspondiente respecto de la no configuración del defecto fáctico
alegado, tanto frente a la nota periodística de Caracol Radio como frente a la imagen
satelital cuestionada por la parte accionante, concluyéndose que dichos elementos
no constituyeron el soporte determinante de la decisión censurada, la cual se edificó
sobre una valoración integral del acervo probatorio.
93. En este punto conviene precisar que el ente territorial en calidad de tercero
vinculado al trámite de la acción de tutela, manifestó inicialmente su adhesión a los
argumentos expuestos en la demanda. No obstante, en su intervención posterior
formuló cuestionamientos adicionales relacionados con la configuración del defecto
fáctico, particularmente en lo atinente a la supuesta valoración de pruebas no
decretadas y a un alegado análisis contraevidente del material probatorio que, a su
juicio, acreditaba la culpa exclusiva de la víctima.
94. Al respecto, la Sala precisa que tales cargos difieren de los planteados en
el escrito de tutela y, en consecuencia, su estudio no resulta procedente en esta
instancia. En ese sentido, si el departamento de Cundinamarca considera que la
decisión cuestionada vulneró sus derechos fundamentales, le correspondía
promover directamente el mecanismo constitucional, toda vez que en esta acción
su intervención se limita a ejercer su derecho de defensa de cara a las pretensiones
formuladas por la parte accionante, de manera que no le es posible modificar el
objeto de litigio, el cual se encuentra delimitado por los hechos, cargos y solicitudes
planteados en el escrito de tutela.
95. Así, el análisis que corresponde efectuar al juez constitucional debe
circunscribirse a las vulneraciones alegadas por la accionante y a los defectos
invocados para cuestionar la providencia judicial censurada, sin que resulte
procedente extender el debate a reproches autónomos formulados por un tercero
vinculado; máxime cuando en el presente asunto el departamento manifestó actuar
parcialmente como coadyuvante, cuya figura, de acuerdo con lo dispuesto por la
Corte Constitucional en la Sentencia T-373 de 2025, debe estar «relacionada con
las posiciones y pretensiones presentadas por el accionante o el accionado en el
trámite de tutela, es decir, no puede formular pretensiones propias de amparo ».
96. En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia proferida el 26 de
marzo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al no haber
prosperado ninguno de los argumentos expuestos por la parte accionante en el
escrito de impugnación.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00031-01
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de marzo de 2026 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con los argumentos
expuestos en precedencia.
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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