Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00789-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00789-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00789-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
24 de julio de 2024
Radicado: 11001 03 15 000 2023 00789 00
Demandante: Arquiglass del Caribe Ltda. en Liquidación
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINTA ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicado: 11001 03 15 000 2023 00789 00
Demandante: ARQUIGLASS DEL CARIBE LIMITADA EN LIQUIDACIÓN
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA
NACIONAL
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal 5ª del artículo 250
del CPACA
Recurso extraordinario de revisión
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto mediante apoderado
judicial por la sociedad Arquiglass del Caribe Ltda. en liquidación contra la sentencia
del 26 de febrero de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, que revocó el fallo del 18 de febrero de 2010, del Tribunal
Administrativo del Atlántico y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de
reparación directa.
I. ANTECEDENTES
1. Antecedentes administrativos y demanda
La sociedad Arquiglass del Caribe Ltda. en liquidación, promovió demanda de
reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el
fin de que se les declarara administrativamente responsables por omisión en el deber
de protección, toda vez que, el 31 de agosto de 1999, en la ciudad de Barranquilla
hubo un paro cívico en el que se presentaron bloqueos, quema de objetos y
saqueos, que afectaron a la sede de la empresa, de los cuales conoció la Policía
Nacional, pero no hizo nada para impedirlos. Como consecuencia, solicitó que se le
indemnizara por concepto de daño emergente y de lucro cesante.
El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 18 de febrero de
2010, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que la
Policía Nacional no adoptó medidas permanentes para evitar el saqueo de la sede de
la sociedad Arquiglass del Caribe Ltda. en liquidación, cuando tuvo conocimiento de
los actos vandálicos. Consideró que, la entidad era responsable únicamente de los
daños ocasionados por el saqueo y no de los derivados de la irrupción y quema de la
sede.
Las partes interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión. La parte
demandante pidió que se declarara responsable a la Policía Nacional de todos los
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 00789 00
Demandante: Arquiglass del Caribe Ltda. en Liquidación
daños reclamados y se le reconociera las reparaciones locativas de la sede y los
daños causados a las máquinas. Por su parte, la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional indicó que los daños fueron ocasionados por terceros y la entidad
hizo presencia en la zona según su capacidad institucional.
2. Sentencia recurrida en revisión
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 26 de
febrero de 2021, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda de reparación directa, al considerar que el ataque a la
sede de Arquiglass del Caribe Ltda. en liquidación, no podía ser previsto por la
Policía Nacional y tampoco podía ser resistido, por lo que se configuró el hecho de
un tercero.
Relacionó el material probatorio aportado al proceso, precisó que no serían
valoradas algunas pruebas por lo siguiente: (i) que en la inspección judicial
practicada como prueba anticipada por el Juzgado Segundo Civil de Barranquilla, se
recepcionaron varios testimonios, pero para la época en que se practicó «…se
autorizaba el testimonio anticipado únicamente respecto de personas gravemente
enfermas -situación que no se acreditó en el proceso- y exigía la citación de la parte
contraria y la prueba se llevó a cabo sin citar a la demandada»; (ii) que el dictamen
pericial no podía ser practicado sin citación de la parte contraria; y, (iii) que la cinta
audiovisual y las fotografías aportadas por la parte demandante, no se podían valorar
porque no había certeza de la persona que las realizó y tampoco de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas.
Posteriormente, indicó que estaba probado que, «(…) el 31 de agosto de 1999 hubo
un paro cívico de gran magnitud en la ciudad de Barranquilla en el que se
presentaron bloqueos de vías, quema de objetos e incluso el uso de armas de fuego.
Una turba de por lo menos mil manifestantes vandalizó y saqueó la sede de
Arquiglass del Caribe Ltda. y de otros locales comerciales. Durante los disturbios las
autoridades intervinieron en la medida de sus posibilidades con tanquetas y
rescataron en dos ocasiones al personal que estaba atrapado en la sede de
Arquiglass del Caribe Ltda. Sin embargo, las protestas fueron de tal magnitud que el
Ejército, última instancia en estas situaciones, tuvo que intervenir para restaurar el
orden público en la ciudad.»
Refirió que, la Policía Nacional tenía conocimiento de las manifestaciones e hizo
presencia en los lugares de la ciudad donde se llevarían a cabo, anticiparon las
situaciones que normalmente ocurren, pero no podían prever que una concentración
pacífica sobre la deficiente prestación de servicios públicos terminaría en el saqueo y
la quema de la sede de Arquiglass del Caribe Ltda., una empresa ajena al motivo de
la protesta. Que, la magnitud de los actos vandálicos, el número desproporcionado
de participantes, el uso de armas de fuego y otros elementos destructivos, así como
la intención indiscriminada de dañar propiedad privada, fueron eventos imprevisibles
para las autoridades en el contexto normal de una manifestación.
Señaló que, la conducta de la turba de manifestantes superó la capacidad de
resistencia de las autoridades, evidenciando que las acciones violentas no
correspondían a una manifestación pacífica, sino a una asonada fuera de control.
Que, la Policía Nacional, limitada por sus recursos, no pudo concentrar
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Demandante: Arquiglass del Caribe Ltda. en Liquidación
completamente su defensa en un solo establecimiento comercial, lo cual restringió su
capacidad para repeler el ataque. Que, a pesar de los intentos con tanquetas para
dispersar la multitud, la situación requirió la intervención del Ejército Nacional para
controlar a los manifestantes.
Aseguró que, en estos eventos, es crucial evaluar la capacidad operativa del Estado
frente a las alteraciones presentadas, determinando si se contaba con los medios
adecuados para restaurar el orden público. Que, como el ataque a la sede de
Arquiglass del Caribe Ltda. no podía ser previsto por la Policía Nacional y tampoco
podía ser resistido, se configuró el hecho de un tercero.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
1. Escrito del recurso extraordinario de revisión
La sociedad Arquiglass del Caribe Ltda., el 14 de febrero de 2023, interpuso recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 26 de febrero de 2021, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, porque consideró que se
encuentra incursa en la causal 5ª del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, “existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.
Indicó que, en la sentencia cuestionada se negaron las pretensiones de la demanda
a pesar del material probatorio acumulado durante el proceso y la prueba anticipada.
Esta decisión se fundamentó en exonerar de responsabilidad a la Nación - Policía
Nacional respecto a los hechos que se le imputaban con el argumento de que fueron
“hechos de un tercero” y no podían ser imputados como una omisión en el deber de
protección. Según el fallo, este hecho ajeno a la administración fue imprevisible e
irresistible, lo cual llevó a la conclusión de no responsabilizar a la Policía Nacional
por los eventos ocurridos.
Aseguró que, en el presente caso, la Policía Nacional tenía conocimiento previo del
paro antes del 31 de agosto de 1999, debido a la amplia difusión en medios de
comunicación. Que, durante los disturbios, se registró la presencia de tres tanquetas
policiales y un helicóptero en la avenida circunvalar, lo que sugiere que la Policía
estaba presente durante los actos de vandalismo y ataques contra la bodega número
10, ocupada por Arquiglass del Caribe Ltda., entidad demandante. Añadió que, el
Ejército Nacional intervino efectivamente a las 5:30 p.m. para poner fin a los
disturbios, según se evidencia en un video y 33 fotografías, respaldados por
testimonios, incluido el del periodista Hellman Hincapié de Caracol Televisión, quien
criticó la respuesta pasiva de la Policía Nacional ante los hechos violentos
presenciados.
Que, los actos de vandalismo ocurrieron durante un período prolongado hasta la
intervención del Ejército, indicando que la Policía Nacional no tomó medidas
efectivas para detenerlos. Afirmó que, su pasividad permitió los daños, pues la
Policía no cumplió con su deber de mantener y restaurar el orden público.
Señaló que, los argumentos expuestos van en línea con los argumentos señalados
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 16 de
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Demandante: Arquiglass del Caribe Ltda. en Liquidación
mayo de 20161, respecto al deber de vigilancia que tiene la Policía Nacional en
hechos como el que dieron origen al proceso de reparación directa.
2. Trámite procesal
En auto del 5 de mayo de 2023, se admitió el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la sociedad Arquiglass del Caribe Ltda., se ordenaron las
notificaciones de rigor2 y, por secretaría, se requirió al Tribunal Administrativo del
Atlántico, para que remitiera en calidad de préstamo, el expediente dentro del cual se
tramitó el proceso de reparación directa con radicado nro. 080012331000200101676
00.
Mediante auto del 9 de noviembre de 2023, se tuvieron como pruebas los
documentos aportados con la demanda.
3. Contestación al recurso
La Nación – Policía Nacional guardó silencio.
4. Concepto del Ministerio Público
El Ministerio público no se pronunció.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en el inciso 1° del artículo 249 del CPACA, de los
recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones
del Consejo de Estado, conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin
exclusión de la sección que profirió la decisión.
El Acuerdo 321 del 2 de diciembre de 2014, expedido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, reglamentó la integración y
funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión de que trata el artículo 107 de la
Ley 1437 de 2011.
Por su parte, el numeral 1 del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, asigna la
competencia a las Salas Especiales de Decisión de los recursos extraordinarios de
revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del
Consejo de Estado.
De acuerdo con lo anterior, a la Sala Quinta Especial de Decisión del Consejo de
Estado le corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la sociedad Arquiglass del Caribe Ltda. en liquidación, contra la sentencia del 26 de
febrero de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
1
Radicación número 52001-23-31-000-2003-01002-01 (32342), C.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
2
Se ordenó notificar personalmente, a través de los diferentes canales virtuales, a la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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Demandante: Arquiglass del Caribe Ltda. en Liquidación
2. Oportunidad del recurso
El recurso extraordinario de revisión se presentó el 14 de febrero de 2023, es decir,
en vigencia del CPACA, por lo que, es procedente revisar el término de interposición,
conforme con lo previsto en el artículo 251 ejusdem, según el cual, el recurso podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia3.
Comoquiera que la sentencia que se cuestiona quedó ejecutoriada el 6 de julio de
20224 y el recurso extraordinario de revisión se radicó el 14 de febrero de 2023, es
claro que la demanda se presentó dentro del término.
3. Legitimación en la causa
Respecto de la sociedad Arquiglass del Caribe Ltda. en Liquidación, recae el interés
jurídico que se debate en el sub examine, en tanto que, fue la parte demandante
vencida dentro del medio de control de reparación directa objeto de reproche.
Por su parte, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, está
legitimada, pues fue parte demandada en el proceso de reparación directa en el cual
se profirió la sentencia que ahora se cuestiona.
La Sala procede a pronunciarse respecto de: (i) la naturaleza y marco legal del
recurso extraordinario de revisión y, (ii) el alcance y requisitos de la causal 5ª del
artículo 250 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
4. Naturaleza y marco legal del recurso extraordinario de revisión
En los términos del artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos, en los eventos contemplados en el
artículo 250 del CPACA5.
3
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos
que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco
(5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del
mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.
4
Teniendo en cuenta que la sentencia se notificó por correo electrónico el 30 de junio de 2022. (índice 34 de
SAMAI del proceso de reparación directa).
5
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos
en su expedición.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 00789 00
Demandante: Arquiglass del Caribe Ltda. en Liquidación
Respecto de la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, la Corte
Constitucional lo ubica como una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin
de restablecer la justicia material6, en el mismo sentido, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de la Sala Especial
Número Tres7, explicó que, en general, es un medio de impugnación excepcional
contra la sentencia, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada. Se
propone con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del
ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por las sentencias injustas.
Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la
sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario.
Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la
labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material.
De ahí que, el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador
ha determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de
situaciones excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten
interpretaciones más allá de lo que en buena ley se deduce de su texto.
Las causales de revisión previstas en el artículo 250 CPACA básicamente tienen que
ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos
decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del
debido proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o
la interpretación errónea de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por
violación de la ley8.
5. Del alcance y requisitos de la causal quinta: -“5. Existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.
De la lectura del numeral 5 del artículo 250 del CPACA, es posible advertir que para
que se configure la causal, deben concurrir los siguientes requisitos: (i) que la
providencia que es recurrida mediante el recurso extraordinario de revisión ponga fin
al proceso; (ii) que contra esta decisión no proceda el recurso de apelación y, (iii)
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de
cosa juzgada y fue rechazada”.
6
Sentencia C-418 de 1994.
7
Ver, sentencia del 6 de septiembre de 2016, expediente con radicado número: 11001031500020130199800.
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Sala Especial de Decisión número 3.
8
Ibídem.
6
Radicado: 11001 03 15 000 2023 00789 00
Demandante: Arquiglass del Caribe Ltda. en Liquidación
que la nulidad alegada haya ocurrido en el momento en que se dictó la sentencia y
no antes9.
Pues bien, por regla general, los motivos de nulidad que afectan la sentencia son
aquellos eventos descritos en el artículo 133 del Código General del Proceso10 –
antes el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil – y por violación del artículo
29 de la Constitución Política11, ocurre lo propio en las distintas jurisdicciones12.
Será entonces, en los eventos en los que algunas de las circunstancias descritas en
la precitada norma se configuren en el momento procesal de la expedición de la
sentencia que se habilita el recurso extraordinario de revisión13, pues recuérdese, que
de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las
demás irregularidades del proceso que no se impugnan oportunamente se tendrán
por subsanadas y que, en los términos del inciso final del artículo 135 ejusdem, será
rechazada de plano toda solicitud de nulidad que se funde en hechos que se
propongan después de que la misma haya sido saneada, sin perjuicio de las
nulidades insaneables que describe el parágrafo del artículo 136 de la misma norma.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de mayo de
2011, en el expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2008-00294-00,
9
Recuérdese, que de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las demás
irregularidades del proceso que no se impugnan oportunamente por los mecanismos que establece el código se
tendrán por subsanadas.
10
La comprensión del artículo 133 del Código General del Proceso permite advertir que las causales de nulidad
tienen que ver básicamente con sucesos del siguiente orden:
1. Que el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Que el juez proceda contra providencia ejecutoriada del superior, reviva un proceso legalmente concluido o
pretermita íntegramente la respectiva instancia.
3. Que se adelante después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si,
en estos casos, se reanude antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado
judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica
de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la
sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas
como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado.
11
la Corte Constitucional en las sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001 precisó que la
nulidad originada en la sentencia no se restringe a las causales que prevé el Código General del Proceso – antes
Código de Procedimiento Civil-, que, adicionalmente, puede derivar de la violación al debido proceso establecido
en el artículo 29 de la Constitución Política.
12
La jurisdicción civil [Artículos 379 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.], la jurisdicción penal
[Artículos 192 y siguientes de la Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal], la jurisdicción ordinaria laboral
[Artículo 62 y siguientes del Código de Procedimiento Laboral] y la jurisdicción de lo contencioso administrativo
[artículo 250 y siguientes del Código de lo Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo].
13
Salvo algunos eventos en los que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo
ser advertida por el afectado, caso en el cual el interesado tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de
proponer la nulidad o alegar el vicio oportunamente. De lo contrario, la causal de revisión en cuestión se
convertiría en una anormal oportunidad para que las partes subsanen las omisiones del proceso ordinario y
aleguen nulidades o errores procesales que debieron proponer dentro del término oportuno. Al respecto, ver
sentencias del 3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2018-01235-00 y del
3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-20120-00643-00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 00789 00
Demandante: Arquiglass del Caribe Ltda. en Liquidación
identificó algunos eventos es los que se predica la existencia de la nulidad originada
en la sentencia, en los siguientes términos:
“En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta
sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no
ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o,
en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada
con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso
14
al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación[ ]”.
Aunado a lo anterior, esta Corporación ha previsto que la causal de nulidad originada
en la sentencia también comprende la violación al principio de congruencia, así:
“Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación
del principio de congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o
por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en
ésta; también se configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los
15
puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)”
Se resalta que la Sala Plena de esta Corporación dio un nuevo alcance a la referida
causal, en lo que concierte al derecho al debido proceso. En sentencia de unificación
del 8 de mayo de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, en el
expediente con radicado número: 11001-03-15-000-1998-00153-0116, se refirió
ampliamente al derecho a la tutela judicial efectiva o recurso judicial efectivo y
consideró que el recurso de revisión y las causales que dan lugar a su solicitud,
constituyen un mecanismo judicial destinado a la protección de derechos
fundamentales como el de acceso a la justicia y el debido proceso, es decir, es
un instrumento o medio de control que el legislador diseñó para la protección de esos
derechos fundamentales, que buscan la satisfacción plena del derecho fundamental
a la tutela judicial efectiva, pero conservando la excepcionalidad que lo caracteriza17.
14
Al respecto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 20 de octubre
de 2009, dentro del expediente con radicado número: 2003-00133-00, señaló que la nulidad originada en la
sentencia por ausencia de motivación, se presenta solamente ante la carencia total de pronunciamiento del
juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. REV 2014-
00440-00.
16
En esa oportunidad, la Sala Plena estableció que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando se
presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se dictó el
fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, [actualmente artículo 133 del Código General del
Proceso] y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció esta
Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en la
Sentencia C-739 de 2001 y entró a determinar si un fallo inhibitorio no justificado, es causal de nulidad
constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una tutela
judicial efectiva.
17
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 19 de septiembre de
2023, exp. nro. 11001-03-15-000-2020-03585-00, C.P. Dr. Luis Alberto Álvarez Parra.
8
Radicado: 11001 03 15 000 2023 00789 00
Demandante: Arquiglass del Caribe Ltda. en Liquidación
Al respecto, precisó que toda persona tiene derecho al debido proceso y, por tal
razón, a que los procesos judiciales sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento
de los presupuestos procesales así lo permita, pues de lo contrario, iría en
detrimento no solo del derecho al debido proceso, sino del derecho de acceso a una
real y efectiva administración de justicia, dado que la no resolución de las
controversias judiciales, fundada en motivos caprichosos, equivale a una falta de
tutela judicial efectiva y, en forma genérica a una vulneración al debido proceso.
Por tal razón, la Sala concluyó, que también hay una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad
judicial dicte sin fundamento válido, razonable, una sentencia inhibitoria, por
considerarla una clara denegación de justicia.
Al tiempo, estableció que, en adelante, «los eventos definidos tradicionalmente por la
jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en
sentencia, no son taxativos».
En ese sentido, en aras de hacer efectivos los derechos a la tutela judicial efectiva, al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso, estableció como subregla
jurisprudencial: es deber del juez decidir de fondo los litigios cuando las circunstancias así
se lo permitan, lo que significa que la violación a tales preceptos cuando se expide un fallo
inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión alegada.
Finalmente, se precisa que esta causal no procede para controvertir las razones del
fallo ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en
que, a juicio de la recurrente, hubiera incurrido el fallador. Un entendimiento distinto
equivaldría a convertir el recurso en un juicio en que se discutirían nuevamente los
hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada18. En los términos de la sentencia
del 11 de octubre de 200519, “no se trata de controvertir la corrección o incorrección del
juzgamiento, ni de corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en que
a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el
recurso en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya
dilucidados con fuerza de cosa juzgada; sino de la inobservancia de las reglas propias de la
sentencia, que vician su validez”.
6. Planteamiento del problema jurídico
En los términos del recurso, a la Sala le corresponde estudiar si la sentencia
proferida el 26 de febrero de 2021, por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, dentro del proceso de reparación directa radicado con número
080012331000200101676 00, está incursa en la causal de revisión prevista en el
numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
Para lo anterior, la Sala establecerá si los argumentos planteados por la parte
recurrente se enmarcan dentro de los presupuestos para alegar la causal invocada.
18
Sentencias del 16 de agosto de 2018, expediente con radicado número: 23001-33-31-003-2007-00107-01
[47300], Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, M.P. Guillermo Sánchez Luque Consejo de
Estado, que reitera la sentencia del 11 de octubre de 2005, Rad. 00794-00 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo.
19
Expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2003-00794-01 M.P. Ligia López Díaz, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo.
9
Radicado: 11001 03 15 000 2023 00789 00
Demandante: Arquiglass del Caribe Ltda. en Liquidación
7. De la solución al problema jurídico planteado
La sociedad Arquiglass del Caribe Ltda. en liquidación pidió que se dejara sin efecto
la sentencia del 26 de febrero de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, que revocó el fallo del 18 de febrero de 2010, del Tribunal
Administrativo del Atlántico y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de
reparación directa, al considerar que los daños ocurridos el 31 de agosto de 1999, a
la bodega donde funcionaba la sociedad, fueron hechos de un tercero y no podían
ser imputados como una omisión en el deber de protección de la Policía Nacional.
La petición de la sociedad recurrente se funda en que, la sentencia cuestionada se
encuentra incursa en la causal 5ª del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por ser una decisión incongruente,
toda vez que, a su juicio, se negaron las pretensiones de la demanda a pesar del
material probatorio acumulado durante el proceso y la prueba anticipada, los cuales
aseguró daban cuenta de que los hechos ocurridos eran imputables a la Nación –
Policía Nacional, por omisión al deber de protección y no podían catalogarse como
un daño de un tercero.
Sin embargo, la Sala advierte que el cargo no cumple el presupuesto de
procedibilidad de la causal invocada, toda vez que la pretensión de la parte
recurrente es reabrir el debate que ya se dio ante el juez natural de la causa, como si
el recurso extraordinario de revisión constituyera una tercera instancia, por lo
siguiente:
Aunque la parte recurrente alega una violación al principio de congruencia y al
derecho al debido proceso, lo hace refiriéndose concretamente al desconocimiento
del acervo probatorio aportado al proceso de reparación directa y a la valoración
hecha por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, con base en las
cuales se determinó que los daños que sufrió la bodega donde funcionaba la
sociedad Arquiglass del Caribe Ltda. en liquidación, el 31 de agosto de 1999, cuando
se llevó a cabo un paro cívico, constituyó un hecho imprevisible e irresistible por lo
tanto no podía imputarse responsabilidad a la Policía Nacional.
Al respecto, se advierte que, en la sentencia cuestionada hay un acápite denominado
“hechos probados”, en donde se indicó que parte del material probatorio aportado no
sería valorado, por las siguientes razones:
«Hechos probados
6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación,
en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio.
7. La inspección judicial practicada como prueba anticipada por el Juzgado Segundo Civil
de Barranquilla (f. 40-50 c. 1), será valorada pues podía ser practicada sin citación de la
parte contraria, según el artículo 300 CPC, modificado por el artículo 131 del Decreto
2282 de 1989. En la diligencia se practicaron los testimonios de Ezzo Maloof Maloof,
Francisco Javier López Ruiz y Wilfran Berrio Díaz. Estas declaraciones no serán
valoradas, porque el artículo 298 CPC, vigente para la época en que se presentó la
prueba anticipada, autorizaba el testimonio anticipado únicamente respecto de personas
gravemente enfermas -situación que no se acreditó en el proceso- y exigía la citación de
la parte contraria y la prueba se llevó a cabo sin citar a la demandada.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 00789 00
Demandante: Arquiglass del Caribe Ltda. en Liquidación
8. El dictamen pericial practicado como prueba anticipada ante el Juzgado Segundo Civil
de Barranquilla (f. 55 a 60 c. 1), no será valorado pues no podía ser practicado sin
citación de la parte contraria, según el artículo 300 CPC, modificado por el artículo 131
del Decreto 2282 de 1989.
9. La cinta audiovisual y las fotografías aportadas por la parte demandante (f. 69 a 78 c. 1
artículo 252 CPC, hoy 244 CGP, no se tiene certeza de la persona que las realizó y
tampoco de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas.»
De lo anterior, se advierte que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado explicó con suficiencia las razones por las cuales algunas pruebas no se
valorarían. Sin embargo, esos argumentos no fueron controvertidos en el recurso
extraordinario de revisión, pues el alegato de Arquiglass del Caribe Ltda. en
liquidación se centró en que existió una violación al principio de congruencia y al
derecho al debido proceso, porque las pruebas aportadas acreditaban la
responsabilidad de la Nación – Policía Nacional, por la presunta omisión en el deber
de protección que debió proporcionar el 31 de agosto de 1999, para evitar los daños
ocurridos en la bodega donde funcionaba la sociedad.
De la lectura del recurso de revisión, se observa que lejos de sustentar la causal de
revisión invocada, lo que hace es cuestionar la valoración probatoria que hizo el juez
de instancia, como si el recurso extraordinario de revisión se constituyera en una
especie de instancia adicional para revivir discusiones jurídicas, respecto de un
asunto que se encuentra definido por el juez natural de conocimiento.
Así, ninguno de los argumentos expuestos por la parte recurrente evidencia la
vulneración al principio de congruencia o al derecho al debido proceso, sino que
muestra es su desacuerdo con la valoración probatoria sustento de la decisión, por lo
que no se trata de una anomalía en el procedimiento o en la sentencia que constituya
causal de nulidad, pues no encuadra en los supuestos que la Sala Plena de la
Corporación ha previsto como constitutivas de nulidad.
Además, se tiene que en la providencia se citaron las declaraciones de varios
testigos presenciales de los hechos, para concluir que los daños ocurridos
constituían el hecho de un tercero, por las siguientes razones:
«El dicho de los declarantes sobre la respuesta de las autoridades ante lo ocurrido en
Arquiglass es uniforme y no se aprecian inconsistencias, ni lagunas en su versión de los
hechos. Los testigos reconocieron que las autoridades evacuaron a todo el personal que
se encontraba en la bodega, pero que ellos insistieron en quedarse. Los declarantes,
además, vieron cuando las tanquetas de la Policía hicieron rondas por toda la avenida
para dispersar a los manifestantes.
17. El ordenamiento vigente al momento de los hechos -Decreto 1355 de 1970, Código
de Policía- autorizaba la reunión de personas en un sitio público para manifestar
intereses sociales, económicos, políticos o cualquier otro fin lícito. Para ello, en escrito
presentado 48 horas antes del evento -por al menos tres interesados-, se debía informar
a la primera autoridad política del lugar la fecha, hora y sitio de la reunión. Si esta
también comprendía una movilización, se debía informar el recorrido. En todo caso, la
autoridad, con una resolución motivada, estaba facultada para modificar la fecha, sitio o
recorrido de la reunión o movilización en el lapso de las 24 horas previas (art. 102,
modificado por el art. 118 Decreto 522 de 1971).
Con la perspectiva de la estrecha relación entre el derecho de reunión o movilización de
personas en lugares públicos y el mantenimiento del orden público (art. 2 Decreto 1355
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 00789 00
Demandante: Arquiglass del Caribe Ltda. en Liquidación
de 1970), el precepto disponía que la autoridad de policía no debía adelantar
procedimiento alguno contra las personas que acataran sus órdenes, pero facultaba a la
misma autoridad para disolver el evento si degeneraba en tumulto, desorden o agitación
que afectara la tranquilidad o inseguridad. Asimismo, la autoridad debía detener a
quienes infringieran las normas penales o de policía, para ponerlas a disposición del
funcionario competente (arts. 104 y 107). En todo caso, la policía podía impedir
manifestaciones o movilizaciones que no hubieran sido anunciadas o que no cumplieran
los objetivos anunciados por los organizadores (art. 105). También, debía desmovilizar a
los manifestantes, si advertía que estos portaban armas o elementos con los que
pudieran causar daño a los bienes públicos o a la propiedad privada y a decomisar dichos
elementos, a través del ejercicio legítimo de la coerción para el restablecimiento del orden
público (arts. 29 y 106). La Constitución retoma este enfoque al disponer que se
garantizan solo las reuniones y manifestaciones públicas que sean pacíficas y al deferir al
legislador la limitación de su ejercicio (reserva de ley).
18. El hecho del tercero se configura como causal de exoneración de responsabilidad
cuando se prueba que es la causa exclusiva del daño. Por ello se exige que ese tercero
sea completamente ajeno a la administración y que su acción sea imprevisible e
irresistible.
El hecho de un tercero es imprevisible cuando su ocurrencia es improbable. La conducta
debe ser imprevisible para la Administración, ya que si puede ser evitada o anticipada le
debe ser imputada dada su obligación de impedir el resultado. La imprevisibilidad no
significa que la autoridad deba imaginarse todo aquello que puede ocurrir, pues bajo ese
supuesto nada es imprevisible. Por su parte, el hecho de un tercero es irresistible cuando
el cumplimiento cuidadoso y diligente de los deberes de la Administración es insuficiente
para evitar el hecho dañoso. El hecho debe ser irresistible puesto que si la entidad puede
oponérsele válidamente no lo puede alegar como causal de exoneración.
19. Conforme a las pruebas, el 31 de agosto de 1999 hubo un paro cívico de gran
magnitud en la ciudad de Barranquilla en el que se presentaron bloqueos de vías, quema
de objetos e incluso el uso de armas de fuego. Una turba de por lo menos mil
manifestantes vandalizó y saqueó la sede de Arquiglass del Caribe Ltda. y de otros
locales comerciales. Durante los disturbios las autoridades intervinieron en la medida de
sus posibilidades con tanquetas y rescataron en dos ocasiones al personal que estaba
atrapado en la sede de Arquiglass del Caribe Ltda. Sin embargo, las protestas fueron de
tal magnitud que el Ejército, última instancia en estas situaciones, tuvo que intervenir para
restaurar el orden público en la ciudad.
La Policía Nacional sabía de las manifestaciones y estuvo presente en las zonas de la
ciudad que iban a ser afectadas por el paro. Inicialmente, para garantizar el derecho de
reunión o movilización y el mantenimiento del orden público. Cuando advirtió que algunos
manifestantes portaban armas o elementos para causar daño a los bienes públicos y a la
propiedad privada, intentó dispersar la movilización con tanquetas.
Las autoridades anticiparon aquellas situaciones que normalmente ocurren en las
manifestaciones, no era posible prever que una manifestación -que debía ser pacífica y
cuyo fin era reclamar por la deficiente prestación de los servicios públicos- terminaría con
el saqueo y la quema de la sede de Arquiglass del Caribe Ltda., empresa que -además-
no estaba relacionada con el motivo de la protesta. La magnitud de los actos vandálicos,
la desproporción de la multitud de personas que participó en ellos, el uso de armas de
fuego y otros elementos con alto poder de destrucción y la intención de dañar la
propiedad privada del sector de forma indiscriminada, eran hechos imprevisibles para las
autoridades, dentro del desarrollo normal y habitual de una manifestación.
La conducta de la turba de manifestantes tampoco podía ser resistida por las
autoridades, pues la cantidad de personas que participaron en estos actos y las acciones
violentas que emprendieron no eran propias de una manifestación pacífica, sino de una
asonada que se salió de control. Los medios que tenía la Policía Nacional a su
disposición impedían concentrar la totalidad de la acción defensiva en un solo
establecimiento de comercio, circunstancia que limitaba la capacidad de acción para
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 00789 00
Demandante: Arquiglass del Caribe Ltda. en Liquidación
repeler este ataque. La Policía Nacional hizo presencia en la bodega en reiteradas
ocasiones e intentó dispersar la multitud con tanquetas. Sin embargo, el ataque fue tan
desproporcionado que, para controlar a los manifestantes, el Ejército Nacional tuvo que
hacer presencia en la zona.
No debe perderse de vista que en estos eventos debe juzgarse la posibilidad de resistir
las acciones violentas, de acuerdo con la capacidad operativa y los medios de los que
dispone el Estado. En materia de mantenimiento del orden público, esa capacidad debe
ser valorada según la magnitud de las alteraciones que se presentan en determinado
momento y los medios disponibles para su restablecimiento, para establecer si el Estado
podía hacerle frente.
Como el ataque a la sede de Arquiglass del Caribe Ltda. no podía ser previsto por la
Policía Nacional y tampoco podía ser resistido, se configuró el hecho de un tercero. Por
ello, la Sala revocará la sentencia apelada.»
Para la Sala, la decisión es congruente, toda vez que se tuvieron en cuenta los
argumentos de la demanda, la contestación y el recurso de apelación presentado por
la sociedad Arquiglass del Caribe Ltda. en liquidación.
Recuérdese que el recurso extraordinario de revisión no está dado para insistir en
argumentos que fueron analizados y despachados desfavorablemente por los jueces
de instancia.
Luego, de ninguna manera las afirmaciones en que la recurrente basó el recurso
extraordinario de revisión pueden ser entendidas como verdaderos argumentos que
se enmarquen dentro de los requisitos de la causal invocada, pues, como se vio, no
cumple con alguno de los presupuestos fácticos que la jurisprudencia de esta
Corporación ha determinado para la procedencia del mismo.
Así, la providencia cuestionada no vulneró el principio de congruencia, ni el derecho
al debido proceso que alegó la recurrente dentro del escrito del recurso
extraordinario de revisión.
Conviene señalar es que, tal y como lo ha indicado esta Corporación en anteriores
oportunidades, el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación
excepcional de las sentencias, cuyo objeto es el rompimiento de la cosa juzgada,
según la cual, una vez en firme la sentencia no es procedente una nueva discusión
sobre el asunto ya resuelto. Por lo tanto, para que el recurso sea procedente, debe
comprobarse la existencia de un motivo o causal de revisión, que de manera
inequívoca demuestre la aptitud suficiente para variar los resultados de la decisión.
En suma, los cargos no prosperan y, en consecuencia, se impone declarar infundado
el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Arquiglass del Caribe
Ltda. en liquidación, contra la sentencia del 26 de febrero de 2021, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
8. Condena en costas
Lo primero que debe señalarse es que el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, fue
modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, para prever que “Si se declara
infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 00789 00
Demandante: Arquiglass del Caribe Ltda. en Liquidación
La anterior disposición es aplicable al presente caso, teniendo en cuenta que, el
recurso extraordinario de revisión se interpuso en vigencia de la Ley 2080 de 2021 –
14 de febrero de 2023-, es aplicable al presente asunto la modificación introducida
por al artículo 255 del CPACA.
En el presente caso como se declara infundado el recurso extraordinario de revisión,
sería procedente la condena en costas. Sin embargo, teniendo en cuenta que la
entidad pública contra la que se interpuso el recurso extraordinario de revisión no
intervino en este proceso y ni siquiera constituyó apoderado judicial que permitiera
considerar, cuando menos, que habría ejercido la vigilancia del proceso, la Sala
estima que no hay lugar a fijar agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
sociedad Arquiglass del Caribe Ltda. en liquidación contra la sentencia del
26 de febrero de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, dentro del proceso de reparación directa radicado
con nro. 080012331000200101676 01, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo: Condenar en costas a la parte recurrente, las cuales se liquidarán por
Secretaría, pero abstenerse de fijar agencias en derecho, por las razones
expuestas en la parte considerativa.
Cuarto: En firme la providencia, archívense la actuación.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
(Firmado electrónicamente)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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