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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01562-00

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01562-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el municipio de Charta (Santander), respecto de los reparos relativos al defecto fáctico por omisión probatoria y el defecto sustantivo, y NEGAR el amparo solicitado en lo 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-01562-00 Demandante: Municipio de Charta (Santander) atinente al desconocimiento del precedente judicial y el defecto fáctico respecto a la apreciación inadecuada del Acuerdo Municipal 005 de 2019. SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01562-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01562-00
Demandante: Municipio de Charta
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Defecto fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial.

Decisión: Declara improcedente la tutela frente al desacuerdo relativo a la
omisión probatoria y la causal de defecto sustantivo. Niega el
amparo respecto de la causal de desconocimiento del
precedente judicial y la supuesta indebida apreciación del
Acuerdo Municipal 005 de 2019.

La Sala decide la acción de tutela formulada por el municipio de Charta contra el
Juzgado 12 Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de
Santander.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 26 de febrero de 2026, el municipio de Charta (Santander), por intermedio
de apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra del Juzgado 12
Administrativo de Bucaramanga y del Tribunal Administrativo de Santander, con el
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
(defensa y contradicción) e igualdad; así como el principio de autonomía
administrativa y ejercicio de la función pública.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos las sentencias
proferidas el 4 de septiembre de 2024 y el 19 de agosto de 2025 por las autoridades
judiciales mencionadas, respectivamente, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 68001-33-33-012-2020-00256-00/01.

3. Como fundamentos fácticos de la acción de amparo, el municipio
accionante afirmó que luego de superado el concurso de méritos adelantado por la
Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, el 14 de julio de 2011, Diana Milena
Monsalve Mendoza se posesionó en el cargo de auxiliar de tesorería, código 407,
grado 10, en esa entidad territorial.

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Demandante: Municipio de Charta (Santander)

4. El 24 de agosto de 2017, la señora Diana Milena Monsalve Mendoza solicitó
al municipio el ajuste salarial, teniendo en cuenta que, según el registro público de
carrera administrativa (Resolución nro. CNSC - 2016170001044s del 31-05-2016 de
la CNSC) establecido para su cargo era de grado 10, existiendo únicamente hasta
el 02 en la administración municipal. El 21 de junio de 2019, se expidió el Decreto
nro. 022 de 2019, por medio del cual se superó esta inconsistencia.

5. El 23 de junio de 2019, se expidió el Acuerdo Municipal 005, por medio del
cual se indicó que el cargo que ocupaba la servidora se liquidaría con grado 2,
obteniendo el ajuste salarial correspondiente.

6. El 30 de junio de 2020, se emitió el Acuerdo Municipal 009, a través del cual
se modificó el cargo de Diana Milena Monsalve Mendoza al grado 1 y se disminuyó
su salario, al pasar de percibir $1.779.297 a $1.412.727.

7. El 18 de diciembre de 2020, la señora Monsalve Mendoza instauró
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en su contra, con el fin de
obtener la nulidad del Acuerdo precitado y, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó el reconocimiento y liquidación del valor dejado de percibir por la disminución
salarial por concepto de salarios, primas, bonificaciones, prestaciones sociales y
demás emolumentos laborales dejados de percibir desde la entrada en vigencia del
Acuerdo No. 009 del 30 de junio de 2020, incluyendo el valor de los aumentos que
debieren realizarse, y los intereses correspondientes hasta que se profiera la
sentencia debiendo ser indexados dichos valores.

8. El 4 de septiembre de 2024, el Juzgado 12 Administrativo de Bucaramanga
accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que el acto administrativo
demandado fue expedido de manera irregular y con falsa motivación, toda vez que
no se demostró que la emisión del Acuerdo Municipal 009 de 2020 estuviera
precedida de los estudios técnicos mínimos, tales como el análisis de los procesos
técnico-misionales y de apoyo, la evaluación de la prestación de los servicios, y de
las funciones, perfiles y cargas de trabajo de los empleos que justificaran la
modificación de la planta de empleos de la administración municipal de Charta.

9. En desacuerdo con la anterior decisión, el ente territorial interpuso recurso
de apelación, en el que expuso que (i) no se realizaron cambios a los manuales de
funciones y competencias laborales; (ii) el Manual de Funciones y Competencias
Laborales, establecido en el Decreto 055 de 2015, fue el que fijó la escala salarial
de la planta de cargos del Municipio de Charta, y dentro de dicha escala se
encuentra el cargo denominado «Asistente de Secretaría de Hacienda con el código
01», sin que exista la escala salarial No. 2; y (3) no era necesario realizar estudios
técnicos o financieros para la expedición del acto administrativo cuestionado, dado
que solo se buscaba corregir los porcentajes autorizados de manera incorrecta
mediante el Acuerdo No. 005 de 2019.

2
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10. El 19 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó
la sentencia de primera instancia1, al no existir estudios técnicos que fundamentaran
la modificación introducida en el acto administrativo acusado.

11. Como fundamentos de derecho, el accionante afirmó que el Juzgado 12
Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, con
ocasión de la expedición de las sentencias proferidas el 4 de septiembre de 2024 y
el 19 de agosto de 2025, incurrieron en defecto fáctico, por no valorar pruebas
decisivas, tales como las actas de archivo del Proyecto de Acuerdo 003 de 2019,
algunas declaraciones de concejales, el manual de funciones previsto en el Decreto
022 de 2019 y la Sentencia SU-287 de 2024.

12. Indicó que las providencias cuestionadas adolecen de defecto sustantivo,
por la aplicación indebida de normas sobre reestructuración de planta de personal,
sin tener en cuenta que en el acto administrativo demandado solo se corrigió un
error material.

13. Además, señaló que se incurrió en un error inducido porque el Tribunal
Administrativo de Santander basó su decisión en el Acuerdo 005 de 2019, «el cual
fue aprobado sin estudios técnicos, financieros. Si bien este acuerdo no es objeto
de estudio, claramente la demandante no hizo énfasis en este ya que la favorecía
injustificadamente».

Intervenciones2

14. Diana Milena Monsalve Mendoza indicó que la acción de tutela es
improcedente porque no superó los requisitos generales de subsidiariedad e
inmediatez, comoquiera que el accionante cuenta con el recurso extraordinario de
revisión, previsto en los artículos 248 y siguientes del CPACA, y la acción de tutela
se instauró en febrero de 2026, es decir, después de los 6 meses de proferida la
sentencia de segunda instancia, sin que el actor justificara su demora.

15. Sin perjuicio de lo anterior, manifestó que no se configuraron ninguna de las
causales alegadas, dado que no existe un error flagrante y ostensible en la
valoración probatoria, no se demostró que las autoridades accionadas adoptaran
sus decisiones con fundamento en normas inaplicables, inexistentes o
inconstitucionales y tampoco existe una contradicción grosera entre los
fundamentos y las decisiones cuestionadas.

16. Alegó que el accionante incurrió en una gravísima falta al pretender generar
suspicacias sobre la transparencia y legitimidad de los proveídos cuestionados, al
indicar que «la hermana de la suscrita habría trabajado o trabaja en uno de los
juzgados administrativos del circuito de Bucaramanga», sin aportar prueba alguna,
lo que constituye un ataque directo contra la independencia e imparcialidad de la

1
La providencia se notificó a través de mensaje de datos el 21 de agosto de 2025.
2
El 3 de marzo de 2026, se admitió la acción de tutela en contra del Juzgado 12 Administrativo de Bucaramanga y del
Tribunal Administrativo de Santander y se vinculó a Diana Milena Monsalve Mendoza.

3
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Rama Judicial, «al pretender hacer ver que las sentencias fueron producto de una
desviación de poder o de actos de corrupción». Añadió que el apoderado del
municipio accionante, al utilizar expresiones injuriosas y descalificadoras,
desconoció los deberes procesales y éticos previstos en los artículos 78 del Código
General del Proceso y 28 de la Ley 1123 de 2007.

17. En esos términos, solicitó denegar las pretensiones formuladas, al no
cumplirse con los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción
de tutela en contra de providencias judiciales; y remitir copias a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial con el fin de que se investigue la posible comisión de
faltas disciplinarias por la transgresión de los deberes consagrados en los
numerales 1, 2 y 4 del artículo 78 del Código General del Proceso, la temeridad
procesal prevista en los artículos 79 a 81 del referido estatuto; así como de los
numerales 6 y 7 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, por las expresiones
injuriosas utilizadas, las imputaciones infundadas contra la Rama Judicial y la
citación de fuentes «completamente» impertinentes al caso.

18. El Juzgado 12 Administrativo de Bucaramanga, luego de hacer un recuento
de las actuaciones adelantadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, afirmó que los cargos planteados en la acción de tutela no evidencian
la configuración de un defecto que comprometa la validez constitucional de las
providencias reprochadas, sino lo que muestran es una discrepancia con la
argumentación jurídica construida por las autoridades judiciales accionadas,
aspecto que resulta ajeno al ámbito excepcional de este mecanismo. En
consecuencia, solicitó negar el amparo invocado.

19. El Tribunal Administrativo de Santander solo remitió copia digital del
expediente, sin realizar ningún pronunciamiento frente a los hechos expuestos en
el escrito de tutela.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

20. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

21. Antes de definir el problema jurídico que aquí se abordará, la Sala aclara
que el estudio del presente asunto se centrará en la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, al ser la autoridad que resolvió

4
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definitivamente el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto que
confirmó la decisión adoptada por el Juzgado 12 Administrativo de Bucaramanga.

22. Igualmente, es preciso indicar que si bien es cierto que el accionante alegó
que se incurrió en defecto fáctico por la inobservancia de la Sentencia SU-287 de
2024 de la Corte Constitucional y en error inducido, debido a que el Tribunal
Administrativo de Santander adoptó su decisión con fundamento en la valoración
probatoria realizado sobre el Acuerdo 005 de 2019, el cual no contaba con estudios
técnicos; también lo es que dichos reparos se adecuan más a las causales de
desconocimiento del precedente judicial y defecto fáctico, motivo por el cual estos
se analizarán a la luz de los últimos defectos mencionados.

Problema jurídico

23. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, especialmente, el de subsidiariedad y
relevancia constitucional, si el Tribunal Administrativo de Santander, al expedir la
Sentencia del 19 de agosto de 2025, valoró las pruebas conforme a las reglas de la
sana crítica, aplicó adecuadamente las disposiciones relativas a la modificación de
la planta de personal en una entidad y se encontraba obligado a acatar los
pronunciamientos invocados por la parte accionante.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

24. La Sala declarará improcedente la acción de tutela respecto de los defectos
fáctico, error inducido y sustantivo, debido a que las dos primeras causales no
cumplieron con el requisito de subsidiariedad y, el último defecto, no superó la
exigencia de relevancia constitucional, por las razones que pasan a exponerse:

25. El municipio accionante discute que la sentencia emitida el 19 de agosto de
2025 por el Tribunal Administrativo de Santander adolece de defecto fáctico porque
no valoró las actas de archivo del Proyecto de Acuerdo 003 de 2019, algunas
declaraciones de concejales, y el manual de funciones previsto en el Decreto 022
de 2019.

26. No obstante, la Subsección estima que el ente territorial cuenta con otro
mecanismo idóneo de defensa judicial para discutir dicha omisión probatoria como
lo es el recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal contenida
en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, la existencia de
una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación. Sin embargo, no se observa que aquel haya
empleado dicho instrumento antes de acudir a esta vía de amparo.

27. Al respecto, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-026 de 2021,
enfatizó que la acción de tutela resulta improcedente cuando el ordenamiento
jurídico tiene a su alcance instrumentos judiciales adecuados para controvertir los
yerros alegados, incluso si estos tienen carácter extraordinario. En particular, el

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máximo tribunal constitucional ha precisado que el recurso extraordinario de revisión
constituye un mecanismo idóneo y eficaz para cuestionar omisiones probatorias,
situaciones asociadas a la aparición de nuevos elementos de convicción o
irregularidades que afecten la dimensión material del debido proceso3, 4.

28. En esa medida, se concluye que el demandante tiene a su alcance otro
instrumento de defensa idóneo y eficaz para plantear la presunta irregularidad que
ahora pretende ventilar por vía de tutela, por lo que no se cumple con el requisito
general de subsidiariedad, el cual exige que se hayan agotado todos los
instrumentos de defensa judicial dispuestos en el ordenamiento jurídico, para
proteger las garantías fundamentales que se estiman vulneradas.

29. Lo anterior, dado el carácter excepcional, preferente y sumario de la acción
de tutela, el cual impone como una obligación dirimir los conflictos jurídicos
relacionados con los derechos fundamentales, en un principio, a través de las vías
ordinarias dispuestas para el efecto, por lo que al juez constitucional le está vedado
emitir un pronunciamiento al respecto, pues, de lo contrario, estaría desconociendo
las competencias que el legislador atribuyó a otra autoridad judicial, máxime cuando
no se observa la inminente configuración de un perjuicio irremediable.

30. Ahora bien, respecto del reparo atinente al defecto sustantivo, la Sala
observa que la parte accionante manifestó que se aplicaron de forma indebida las
normas sobre reestructuración de planta de personal, sin tener en cuenta que en el
acto administrativo demandado solo se corrigió un error material.

31. No obstante, se precisa que cuando se presentan acciones de tutelas contra
decisiones judiciales es necesario cumplir con unos requisitos mínimos de
argumentación y explicación. En este sentido, quien interpone la solicitud de amparo
tiene la carga de exponer de forma razonada los hechos que, según su criterio,
dieron lugar a la vulneración de derechos fundamentales, identificar cuáles
derechos resultaron comprometidos y especificar claramente el defecto o la causal
que haría procedente la acción, en caso de comprobarse.

32. Así las cosas, en el presente asunto se evidencia que el municipio
accionante alegó la configuración de la causal mencionada sin explicar
concretamente las normas que, a su juicio, fueron aplicadas de manera irregular,

3
«6.9. Aunado a lo anterior, en esta oportunidad es aplicable la subregla de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales señalada en el punto 5 de la parte motiva. Ello, debido a que (i) la violación alegada por los accionantes
se refiere exclusivamente al debido proceso y (ii) la protección de este derecho puede encuadrase de manera integral dentro
de las causales del recurso extraordinario de revisión. Por consiguiente, era este recurso, y no la acción de tutela, el
mecanismo de defensa idóneo y eficaz para discutir los defectos procesales de la sentencia del Consejo de Estado. Más aún,
dichos defectos fueron después efectivamente encuadrados por los accionantes en la causal 5ª del artículo 250 de la Ley
1537 de 2011, relativa a las irregularidades “originadas[s] en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”. […]
6.12. Dicho recurso constituía en el presente caso el mecanismo de defensa idóneo y eficaz para controvertir las
irregularidades originadas en la sentencia. Idóneo, porque los accionantes invocaron únicamente la protección del derecho al
debido proceso, y la protección de este derecho podía encuadrase de manera integral dentro de una de las casuales del
mencionado recurso. Y eficaz, porque los accionantes no acreditaron ninguna circunstancia particular que hiciera
desproporcionado acudir a este mecanismo extraordinario de defensa judicial; la complejidad jurídica del trámite de revisión
y la duración del proceso no constituían una barrera de acceso a la justicia en su caso particular.»
4
Sobre el particular y en el mismo sentido (afectaciones materiales al debido proceso y no taxatividad de los supuestos de
nulidad derivada de la sentencia como causal de revisión), puede citarse: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No.
5, Sentencia de 24 de julio de 2024, Rad. 11001-03-15-000 2023-00789-00; Sala Especial de Decisión No. 6, Sentencia de
30 de julio de 2025, rad. 11001-03-15-000-2025-02260-00.

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aspecto que no permite en esta instancia hacer un pronunciamiento de fondo, ya
que esto implicaría hacer un estudio oficioso de todas las normas del ordenamiento
jurídico relacionadas con la reestructuración de planta de personal y, en esa medida,
el juez de tutela invadiría la autonomía e interpretación de las autoridades que
conocieron del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Adicionalmente,
se resalta que la sola discrepancia sobre la interpretación normativa no constituye,
por sí sola, una justificación válida para la intervención del juez de tutela en el debate
judicial.

33. Por tanto, si bien es cierto que la acción de tutela no exige formalismos, no
lo es menos que sí requiere un mínimo de argumentación, para poder definir si se
presenta o no un yerro, sin necesidad de nuevo estudio de todo el proceso. De este
modo, se concluye que el cargo relativo al defecto sustantivo no superó la exigencia
de relevancia constitucional e identificaron razonablemente los hechos y
argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos
fundamentales por dicho defecto.

34. De otra parte, en relación con los cargos de desconocimiento del
precedente judicial y defecto fáctico respecto a la valoración del Acuerdo 005 de
2019, la Sala encuentra reunidos los requisitos generales de procedibilidad, dado
que: (i) la controversia goza de relevancia constitucional, toda vez que el debate
gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad; se argumentaron con
suficiencia los reparos alegados y no se trata de un asunto de mera legalidad o
carácter eminentemente económico; (2) se tiene acreditada la legitimación, tanto
activa como pasiva, puesto que el municipio accionante es el titular de las garantías
constitucionales que se invocan como vulneradas y el Tribunal Administrativo de
Santander fue la autoridad que profirió la decisión que se cuestiona en el escrito de
amparo; (3) no existe otro mecanismo judicial que permita a la parte actora procurar
la defensa de sus derechos constitucionales; (4) la acción de tutela se presentó el
26 de febrero de 2026, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación
de la providencia de 19 de agosto de 2025; (5) no se cuestionó una irregularidad
procesal; (6) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con
fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (7)
la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.

Análisis de la vulneración alegada: estudio de los defectos

35. La Sala negará el amparo invocado por la parte accionante, al no haberse
estructurado el defecto fáctico, sobre la valoración probatoria del Acuerdo 005 de
2019, y el defecto de desconocimiento del precedente judicial, con fundamento en
las razones que a continuación se exponen:

36. En la sentencia reprochada, se observa que el Tribunal Administrativo de
Santander confirmó la decisión adoptada por el Juzgado 12 Administrativo de
Bucaramanga, consistente en acceder a las pretensiones de la demanda formulada
por Diana Milena Monsalve Mendoza, para lo cual, en primer lugar, valoró la

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Resolución No. CNSC – 20161700018445 del 31 de mayo de 2016, mediante la
cual la Comisión Nacional del Servicio Civil efectúo la inscripción en el registro
público de carrera administrativa de unas servidoras, encontrándose dentro de ellas
la señora Diana Milena Monsalve Mendoza en el empleo denominado como auxiliar
de tesorería, código 407, grado No. 10; el Decreto No. 022 del 21 de junio de 2019
que modificó parcialmente el Decreto No. 002 del mismo año, acto administrativo a
través del cual se modifica parcialmente el artículo segundo del manual de funciones
y los niveles jerárquicos que comprende la planta de personal del Municipio de
Charta; el Acuerdo No. 005 del 23 de junio de 2019, mediante el cual se estableció
la remuneración correspondiente al empleo del Municipio de Charta,
pronunciamiento a través del cual se estableció la planta de personal; y el Acuerdo
No. 009 del 30 de junio de 2020, que estableció el incremento salarial para los
empleados públicos de la administración municipal para la vigencia fiscal del año
2020.

37. Posteriormente, frente al caso bajo estudio, expuso lo siguiente:

«[…] Descendiendo al caso en concreto, observa esta instancia que la parte accionante considera
que fueron desconocidos sus derechos, pues argumenta que se efectúo una modificación de la
planta de personal sin haberse antecedido de los correspondientes estudios técnicos, siendo el
pretexto para introducir dicha modificación el ajuste salarial obligatorio que se efectúa con cada
nueva vigencia, escenario que, tal y como se dijo por parte del a-quo, no debe ventilarse a través
de la mencionada decisión, la cual se encuentra revestida de ciertos formalismos que la parte
pasiva encontró ajustado omitir, bajo la premisa que no se resolvió en ninguno de sus apartes
sobre la modificación de las funciones de la planta de personal.

Vale la pena señalar que, aunque no se está introduciendo una modificación o cambio de
funciones respecto del cargo ocupado por la aquí demandante, si se está efectuado un cambio
en su denominación, circunstancia que visiblemente afecta los derechos adquiridos por la señora
MONSALVE MENDOZA, quién debió afrontar la disminución de su salario por cuenta del cambio
en la denominación del grado asignado al empleo por ella ocupado, el cual paso de ser grado 02
a grado 01.

Aclarado lo anterior y comoquiera que no existen estudios técnicos que fundamenten la
modificación introducida en el acto administrativo acusado, tal y como confirma la misma entidad
territorial, quien alegó haber efectuado un simple ajuste salarial y no una modificación de la planta
de personal, habrá de confirmarse la prosperidad de este cargo de nulidad en los términos
previamente analizados por la primera instancia, en donde se indicó que resultaba necesario que
las decisiones contenidas en el Acuerdo demandado, debían contar con el correspondiente
soporte técnico, según previó el legislador en las normas que sirven como marco de referencia y
que se citan en precedencia.

Se resalta que la falta de estudios técnicos debe conllevar a la conclusión que la facultad
discrecional desplegada por la autoridad territorial quedó sin soporte alguno que la avale, pues
no existe justificación procedente para el cambio de denominación del empleo ocupado en carrera
por parte de la señora MONSALVE MENDOZA, circunstancia esta última que en efecto debe
culminar en la nulidad de la decisión que se reprocha en la presente oportunidad.

Finalmente, habrá de confirmarse igualmente el restablecimiento ordenado por el operador
judicial en primera instancia pues, al haberse efectuado un cambio de denominación del empleo
de la demandante sin el lleno de la totalidad de requisitos para efectuar dicha actuación
administrativa, resultaba procedente ordenar a su empleador que, hasta tanto no se adecue
correctamente la planta de personal, atendiendo las incoherencias advertidas respecto del cargo
al cual fue inscrita en carrera la señora MONSALVE MENDOZA y el ocupado en la administración
municipal, se debe ordenar el pago de las diferencias causadas tal y como dispuso el a-quo […]
(Sic)».

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Demandante: Municipio de Charta (Santander)

38. En esos términos, la Sala aclara, en primer lugar, que el acto administrativo
demandado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fue el Acuerdo
Municipal 009 de 2020, por medio del cual se estableció el incremento salarial para
los empleados públicos de la administración municipal para la vigencia fiscal del año
2020, de manera que al Tribunal Administrativo de Santander solo le correspondía
analizar la legalidad de dicho acto administrativo.

39. Así, la Sala observa que el análisis realizado por el Tribunal Administrativo
de Santander estuvo enmarcado por las disposiciones normativas pertinentes,
especialmente los artículos 41 de la Ley 443 de 1998 y 148 del Decreto 1572 de
1998, los cuales requieren que cualquier reforma a la planta de personal esté
debidamente soportada en estudios técnicos.

40. En esa medida, la Sala considera que la autoridad accionada realizó una
apreciación razonable de los elementos probatorios obrantes en el expediente, pues
en las pruebas recaudadas no reposaban los documentos técnicos que soportaran
la modificación del cargo ocupado por la demandante. Así, el municipio desconoció
el mandato previsto en la norma para efectuar dicho cambio, lo que de ningún modo
configura un defecto fáctico, en tanto la decisión del tribunal se fundamenta en un
análisis de las particularidades del caso y en el cumplimiento de los requisitos
normativos exigidos para modificar cargos de la planta de personal.

41. Ahora, en relación con la inobservancia de la Sentencia SU-287 de 2024, la
Sala precisa que esta no comparte identidad fáctica ni jurídica con el caso bajo
estudio, comoquiera que en dicha providencia la Corte Constitucional analizó un
asunto de reparación directa. En consecuencia, no resulta razonable exigirle a la
autoridad accionada aplicar los lineamientos fijados para un caso con supuestos
completamente disimiles, por lo que tampoco se configura el desconocimiento del
precedente judicial alegado.

Conclusión

42. La Sala declarará improcedente la acción de tutela formulada por el
municipio de Charta (Santander), respecto de los reparos relativos al defecto fáctico
por omisión probatoria y el defecto sustantivo, por no cumplirse los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional, respectivamente, y negará el amparo
solicitado en lo atinente al desconocimiento del precedente judicial y el defecto
fáctico respecto a la apreciación inadecuada del Acuerdo Municipal 005 de 2019.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el
municipio de Charta (Santander), respecto de los reparos relativos al defecto fáctico
por omisión probatoria y el defecto sustantivo, y NEGAR el amparo solicitado en lo

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01562-00
Demandante: Municipio de Charta (Santander)

atinente al desconocimiento del precedente judicial y el defecto fáctico respecto a la
apreciación inadecuada del Acuerdo Municipal 005 de 2019.

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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