Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07287-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07287-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07287-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-000-2025-07287-01
Demandante: Sonia Carolina Carrasco Murillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
Subsección B
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Nulidad y
restablecimiento del derecho. Relación laboral encubierta
(contrato realidad). Defecto fáctico.
Decisión: Modifica decisión de primera instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia
proferida el 22 de enero de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por
medio de la cual se negó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 18 de noviembre de 2025, Sonia Carolina Carrasco Murillo, a través de
apoderado judicial, presentó una acción de tutela por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
derivada de la Sentencia de 9 de junio de 2025 proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso
No. 11001-33-42-056-2023-00223-011.
2. A título de amparo constitucional, solicitó que se revocara la providencia
antes mencionada y, en su lugar, se dictara decisión de reemplazo en la que se
accediera a las pretensiones de la demanda.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud, la parte actora expuso que
suscribió con la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá varios contratos
de prestación de servicios entre el 31 de octubre de 2013 y el 31 de diciembre de
20222.
1 Notificada a través de mensaje de datos de 16 de junio de 2025.
2 Según el escrito de tutela, las funciones – obligaciones del contrato fueron: «de acompañamiento psicosocial:
visitas a las familias y reuniones grupales con beneficiarias del programa que inicialmente se llamó Ámbito
Familiar, después Creciendo Juntos y Después Creciendo en Familia».
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Radicación: 11001-03-15-000-000-2025-07287-01
Demandante: Sonia Carolina Carrasco Murillo
4. El 30 de enero de 2023, la hoy accionante solicitó ante la Administración el
reconocimiento y pago de los emolumentos laborales producto de la relación laboral
encubierta y, ante la respuesta negativa, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho3.
5. El 5 de noviembre de 2024, el Juzgado 56 Administrativo de Bogotá accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que se acreditaron
todos los elementos esenciales de una relación laboral y, en consecuencia, ordenó
el pago de los conceptos salariales y prestacionales de los últimos 3 años, y declaró
la prescripción frente a los demás periodos. Decisión que fue apelada por ambas
partes.
6. El 9 de junio de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión de primera instancia y negó la
totalidad de las pretensiones de la demanda, al concluir que no existían elementos
suficientes para demostrar la subordinación y dependencia en la prestación del
servicio frente a la entidad demandada.
7. Como fundamento de la vulneración la parte actora sostuvo que en la
sentencia atacada se incurrió en un defecto fáctico, al no valorarse adecuadamente
pruebas determinantes dentro del proceso, pues, en su criterio, dicha valoración fue
fragmentada y formalista.
8. Adujo que se desestimó sin justificación técnica gran parte de las pruebas
documentales (mensajes de WhatsApp y objeto de los contratos de prestación de
servicio) y testimoniales (entre ellos, el de Martha Cecilia Duque Bermúdez, Liliana
Andrea Cabeza Sanabria y Jairo Estibel Fonseca) e ignoró integralmente la
declaración rendida por Luis Enrique González, así como correos y mensajes de
texto.
9. Todos ellos elementos de juicios que demostraban la subordinación en la
labor desarrollada por la demandante, concretamente, en lo relacionado con la
disposición sobre el trabajo en campo, la determinación de horarios, la imposición
de tareas de apoyo administrativo y logístico como tallaje y peso (componente
nutricional) de los niños para el cumplimiento de metas de atención integral a cargo
de la entidad, el trámite de permisos (condicionados al cumplimiento de metas) y el
carácter permanente de la vinculación. Situación que trajo consigo el
desconocimiento del principio constitucional de primacía de la realidad en asuntos
laborales.
10. Sostuvo que el tribunal consideró, a su juicio de manera errónea, que no
cumplir un horario igual todos los días en el desarrollo de sus funciones equivalía a
tener autonomía para el desarrollo de estas.
3 Correspondiendo su conocimiento al Juzgado 56 Administrativo de Bogotá con radicado No. 11001-33-42-
056-2023-00223-00.
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Demandante: Sonia Carolina Carrasco Murillo
Intervenciones4
11. La Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá se opuso a la
prosperidad de la solicitud de amparo, al considerar que no violó las prerrogativas
constitucionales de la accionante. Indicó que con el mecanismo constitucional la
señora Carrasco Murillo pretendió someter el pleito a una instancia adicional, pues
durante el trámite del proceso ordinario nunca manifestó la configuración de algún
vicio que pudiera afectar sus derechos fundamentales. Alegó igualmente que
carecía de legitimación pasiva en la causa y que la acción no cumplió con los
presupuestos generales de procedibilidad para enjuiciar providencias judiciales.
12. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca insistió en las razones que justificaron la Sentencia de 9 de junio de
2025, en la que concluyó que no había quedado demostrado el elemento de
subordinación. Señaló que la sentencia guardó correspondencia con los hechos y
lo probado en el proceso, por lo cual solicitó desestimar las pretensiones.
13. El Juzgado 56 Administrativo de Bogotá no se pronunció, a pesar de haber
sido debidamente notificada.
Sentencia impugnada
14. El 22 de enero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó las
súplicas de amparo, al considerar que no se configuró el defecto fáctico alegado
pues las pruebas documentales y testimoniales que obraban en el proceso ordinario
fueron valoradas por la autoridad accionada a partir de los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto emanados de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y, a partir de dicho análisis, logró determinarse que no se estructuró el
elemento subordinación propio de las relaciones laborales.
Impugnación
15. La accionante interpuso escrito de impugnación en el que indicó que el juez
de tutela de primer grado también desconoció el principio de primacía de la realidad,
pues se limitó a declarar la razonabilidad formal de la decisión sin estimar el alcance
de los reparos planteados en el escrito de tutela. Reiteró cada uno de los
argumentos presentados en la acción de cara a la indebida valoración de prueba y
la omisión de esta frente algunos elementos de juicio en particular.
16. Asimismo, adujo que la Sección Cuarta del Consejo de Estado no aplicó en
debida forma el precedente vinculante (Sentencia SUJ-025-CE-S2-2021) pues
desconoció «la realidad del trabajo psicosocial en territorio, donde la subordinación
se ejerce mediante la asignación de territorio, la imposición de metas inalcanzables
sin jornada completa y el control por resultados inmediatos».
4 Mediante Auto de 24 de noviembre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción de
tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y vinculó a
la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Integración Social y al Juzgado 56 Administrativo de Bogotá
como terceros interesados.
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Demandante: Sonia Carolina Carrasco Murillo
II. CONSIDERACIONES
Competencia
17. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
18. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, si la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en su calidad de juez de segunda instancia, incurrió en un defecto fáctico por la
indebida valoración de pruebas documentales (mensajes de WhatsApp y objeto de
los contratos de prestación de servicio) y testimoniales (concretamente, los de
Martha Cecilia Duque Bermúdez, Liliana Cabeza y Jairo Estibel Fonseca) y la
omisión integral del testimonio Luis Enrique González, así como correos y mensajes
de texto.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
19. La Sala modificará la decisión en lo que respecta a los reparos relacionados
con la omisión de valoración de ciertas pruebas, por las razones que pasan a
explicarse:
20. La Sala advierte que respecto de la omisión absoluta de valoración
probatoria, la accionante contaba con un mecanismo judicial ordinario idóneo para
controvertir los eventuales reparos por la omisión probatoria como lo es el recurso
extraordinario de revisión, a la luz de la causal prevista en el numeral 5 del artículo
250 de la Ley 1437 de 20115. En ese sentido, si la parte actora consideraba que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto fáctico por cuanto
no valoró u omitió las pruebas que presuntamente acreditaban el elemento de la
subordinación propia de la relación laboral, debió interponer dicho recurso con el
propósito de que la autoridad competente se pronunciara sobre los posibles errores
u omisiones advertidos en el escrito de tutela. No obstante, en el presente caso, tal
circunstancia no ocurrió, pues el recurso no se interpuso.
21. En ese orden de ideas, de acuerdo con la Sentencia de Unificación SU-026
de 2021 de la Corte Constitucional6, la subsidiariedad se incumple cuando el
ordenamiento jurídico dispone de medios judiciales ordinarios o extraordinarios
aptos para controvertir los defectos alegados en sede constitucional. En particular,
5 «Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación».
6 Dentro de los defectos invocados por la parte actora estaba el defecto fáctico por omisión en la valoración de
pruebas.
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Demandante: Sonia Carolina Carrasco Murillo
la Corte ha precisado que el recurso extraordinario de revisión constituye un
mecanismo idóneo y eficaz para cuestionar omisiones probatorias, situaciones
asociadas a la aparición de nuevos elementos de convicción o irregularidades que
afecten la dimensión material del debido proceso7 8. En tales eventos, la tutela
resulta improcedente comoquiera que el examen propio del juez constitucional no
está llamado a sustituir las competencias asignadas al juez natural.
22. En lo que respecta a los demás reparos (indebida valoración probatoria), la
presente acción cumplió con los requisitos generales de procedencia, dado que: (i)
el asunto tiene relevancia constitucional, pues la discusión se centró en una posible
vulneración de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, se identificaron con precisión las causal específicas de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial y la valoración probatoria que reprocha
la parte actora fue la contenida en la decisión de segunda instancia del proceso
ordinario; (ii) se encontró satisfecha la legitimación en la causa, tanto activa como
pasiva, puesto que la hoy accionante actuó como demandante dentro del proceso
ordinario y la decisión objeto de cuestionamiento fue emitida por la Subsección B
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; (ii) se
encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad porque la parte actora agotó
todos los recursos judiciales disponibles para procurar la defensa de sus derechos9;
(iii) la acción de tutela fue presentada el 19 de noviembre de 2025, es decir, dentro
del plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la providencia
enjuiciada10; (iv) no se alegó una irregularidad procesal; (v) los hechos y
fundamentos en los que se basó la presunta vulneración de derechos fueron
identificados de manera razonable; y (vi) la tutela no fue interpuesta contra una
providencia de la misma naturaleza.
23. En consecuencia, ante el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial frente al defecto
7 «6.9. Aunado a lo anterior, en esta oportunidad es aplicable la subregla de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales señalada en el punto 5 de la parte motiva. Ello, debido a que (i) la violación
alegada por los accionantes se refiere exclusivamente al debido proceso y (ii) la protección de este derecho
puede encuadrase de manera integral dentro de las causales del recurso extraordinario de revisión. Por
consiguiente, era este recurso, y no la acción de tutela, el mecanismo de defensa idóneo y eficaz para discutir
los defectos procesales de la sentencia del Consejo de Estado. Más aún, dichos defectos fueron después
efectivamente encuadrados por los accionantes en la causal 5ª del artículo 250 de la Ley 1537 de 2011, relativa
a las irregularidades “originadas[s] en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación”.
[…]
6.12. Dicho recurso constituía en el presente caso el mecanismo de defensa idóneo y eficaz para controvertir
las irregularidades originadas en la sentencia. Idóneo, porque los accionantes invocaron únicamente la
protección del derecho al debido proceso, y la protección de este derecho podía encuadrase de manera integral
dentro de una de las casuales del mencionado recurso. Y eficaz, porque los accionantes no acreditaron ninguna
circunstancia particular que hiciera desproporcionado acudir a este mecanismo extraordinario de defensa
judicial; la complejidad jurídica del trámite de revisión y la duración del proceso no constituían una barrera de
acceso a la justicia en su caso particular.»
8 Sobre el particular y en el mismo sentido (afectaciones materiales al debido proceso y no taxatividad de los
supuestos de nulidad derivada de la sentencia como causal de revisión), puede citarse: Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión No. 5, Sentencia de 24 de julio de 2024, Rad. 11001-03-15-000 2023-00789-00; Sala
Especial de Decisión No. 6, Sentencia de 30 de julio de 2025, rad. 11001-03-15-000-2025-02260-00.
9 La Sala considera necesario precisar que la improcedencia declarada se circunscribe exclusivamente a los
reproches fundados en la supuesta omisión absoluta de valoración probatoria. En cambio, respecto de los
cargos relacionados con la indebida valoración de las pruebas efectivamente examinadas por el juez natural,
se habilita el estudio de fondo, por no existir un mecanismo judicial idóneo distinto a la tutela.
10 La Sentencia del 18 de octubre de 2024 fue notificada el 20 de febrero de 2025.
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Demandante: Sonia Carolina Carrasco Murillo
fáctico por indebida valoración probatoria, se procederá a estudiar de fondo el
asunto de la referencia.
Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos
24. La Sala confirmará la decisión de negar el amparo solicitado por la señora
Carrasco Murillo porque no se configuró el defecto invocado, tal como se expone a
continuación:
25. Para efectuar el estudio del defecto fáctico, la Sala advierte indispensable
tener en cuenta los argumentos expuestos en la Sentencia de 9 de junio de 2025
respecto de la prueba del elemento subordinación en el caso objeto de estudio.
26. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, luego de tener por probada la prestación personal del servicio y la
remuneración o contraprestación por el mismo, señaló que, de los elementos de
juicio arrimados al proceso, quedó demostrado que la accionante fue contratada
bajo la modalidad de prestación de servicios para la ejecución de programas y
planes específicos relacionados con la atención de la población vulnerable en el
distrito [creciendo juntos, creciendo en familia, creciendo feliz], dados los
conocimientos especializados con los que esta contaba para el abordaje psicológico
y social que requería la población objeto de atención.
27. Advirtió que la ejecución de actividades por parte de la señora Carrasco
Murillo a través de visitas a hogares, encuentros grupales o actividades dirigidas a
la población beneficiaria de los programas (talleres), las cuales eran organizadas
(plan de trabajo) por la misma contratista y sin que fuera impuesto un horario
específico para ello, más allá de la coordinación con los demás miembros del equipo
de trabajo, pues una vez culminada las actividades terminaba la labor que se
encontraba a su cargo. A esta conclusión se llegó a partir del análisis de las
declaraciones rendidas por las señoras Cabeza Sanabria y Duque Bermúdez, y el
señor Estibel Fonseca.
28. A partir de lo anterior, el tribunal estimó que la accionante contaba con
autonomía para el desarrollo de sus obligaciones a cargo en el marco de los
contratos suscritos por ella y la entidad demandada.
29. Agregó que no se probó con grado de certeza que en el marco de la
coordinación de actividades le hubieren sido impuestas órdenes a la señora
Carrasco Murillo que dieran pie a considerar la estructuración del elemento
subordinación por dirección de la labor encomendada.
30. Finalmente, en lo que respecta a labores de gestión documental, adujo que
ellas por sí mismas no implican el cumplimiento de órdenes emitidas por superiores,
sino tareas propias de registro y trazabilidad de la ejecución de los programas a
desarrollar.
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Demandante: Sonia Carolina Carrasco Murillo
31. Del examen realizado sobre la actuación del tribunal, esta Sala concluye
que no se configuró el defecto alegado. En efecto, dicha autoridad valoró de manera
razonable y dentro del marco de sus competencias los contratos de prestación de
servicios, los informes de supervisión, las capturas de pantalla de mensaje de datos
y los testimonios rendidos por Matha Cecilia Duque Bermúdez, Liliana Andrea
Cabeza Snabria y José Estibel Fonseca, y a partir de ello señaló que no se habría
logrado desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo que negó tanto
la existencia del vínculo laboral como el consecuente reconocimiento de
prestaciones laborales.
32. En la sentencia enjuiciada, se estableció que recaía sobre el accionante la
carga de acreditar los elementos esenciales de la relación laboral: la prestación
personal del servicio, la remuneración y la subordinación continuada. No obstante,
advirtió que la demandante no logró probar el último de estos elementos.
33. En ese contexto, la Sala observa que los planteamientos del accionante
evidencian más una inconformidad con el análisis jurídico y probatorio adelantado
por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que una vulneración efectiva de derechos fundamentales. Tal
discrepancia no resulta suficiente para calificar la decisión como arbitraria o
irracional. Por el contrario, los argumentos expuestos se inscriben en una valoración
probatoria razonada, objetiva y amparada en la independencia judicial. En este
sentido, ni las partes ni el juez constitucional pueden sustituir el criterio del juez
ordinario, salvo ante una arbitrariedad manifiesta, la cual no se advierte en el caso
concreto.
34. En conclusión, el análisis realizado permite afirmar, tal como lo hizo en su
momento el juez de tutela de primer grado, que no se configuró el defecto fáctico
alegado por la parte accionante. Por el contrario, la autoridad judicial actuó dentro
de sus competencias, valoró las pruebas de manera razonable y determinó la
inexistencia del elemento de subordinación en la relación contractual. No se
evidencia arbitrariedad ni vulneración de derechos fundamentales, sino el ejercicio
legítimo y razonado de la función jurisdiccional.
35. En lo que respecta al argumento relativo a la indebida aplicación del
precedente por parte de la Sección Cuarta del Consejo de Estado (Sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021), esta Sala no lo
comparte, dado que la referencia a dicha providencia no tuvo una finalidad distinta
a identificar el criterio aplicado por el tribunal en relación con la solución de
continuidad de la relación contractual. En otras palabras, el juez de tutela
únicamente mencionó esa decisión con el propósito de describir el razonamiento
del tribunal e identificar las reglas que dicha autoridad empleó.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
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Demandante: Sonia Carolina Carrasco Murillo
III. RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR el numeral primero de la Sentencia de 22 de enero de
2026 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, para que disponga y, en su lugar:
DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por Sonia Carolina
Carrasco Murillo en lo que respecta al reparo relativo a la omisión de valoración de
ciertas pruebas y NEGAR la acción de tutela en todo lo demás.
SEGUNDO. REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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