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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07085-00

Fecha
15 de enero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07085-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Flore Enith Valencia Castaño y Zhamara Lizeth Henao Valencia, de conformidad con la parte motiva. SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07085-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

15 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., quince (15) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07085-00
Demandante: Flor Enith Valencia Castaño y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa.
Prescripción de acciones en contra de terceros civilmente
responsables en accidente de tránsito.
Decisión: Declara improcedente. Subsidiariedad.

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Flor Enith
Valencia Castaño y otro contra el Tribunal Administrativo del Caquetá y otro.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 10 de noviembre de 2025, Flor Enith Valencia Castaño y Zhamara Lizeth
Henao Valencia presentaron una acción de tutela contra el Juzgado 2 Administrativo
de Florencia y el Tribunal Administrativo del Caquetá, por la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia1, con ocasión de la Sentencia de 31 de julio de 2019 y 08 de octubre de
20252, proferidas en el proceso de reparación directa No. 18001-33-33-002-2017-
00771-00/01. A título de amparo constitucional, solicitó que se revocaran las
mencionadas providencias y, en su lugar, se profiriera decisión de remplazo en la
que se accediera a las pretensiones de la demanda.

2. Como fundamentos fácticos de la solicitud, la parte actora señaló que con
ocasión de un accidente de tránsito ocurrido el 21 de agosto de 2006, en el que se
vio involucrada una buseta afiliada a la empresa Coomotor Florencia Ltda., que
cubría la ruta Bogotá–Florencia, varias personas resultaron lesionadas y otras
fallecieron. En ese contexto, el 29 de septiembre de 20173, se promovió una
demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial, por el presunto
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia4.

1
Mencionó también la presunta vulneración de las garantías de prevalencia del derecho sustancial y el principio de justicia
material.
2
Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 31 de octubre de 2025.
3
El proceso fue asignado al Juzgado 2 Administrativo de Florencia con radicado No. 18001-33-33-002-2017-00771-00/01
4
El accionante adujo que se inició el proceso penal en contra del conductor del vehículo, por los delitos de homicidio culposo
en concurso con lesiones personales culposas. Describió el desarrollo de las distintas etapas procesales hasta que la Corte
Suprema de Justicia declaró la prescripción de la acción penal. Destacó las solicitudes de impulso procesal formuladas por el
apoderado de la parte civil, encaminadas a la realización de la audiencia preparatoria y la audiencia pública. Inicialmente, el
asunto fue conocido por el Juzgado 2 Penal de Florencia y, posteriormente, pasó al Juzgado 3 Penal de la misma ciudad.
Despacho que profirió Sentencia condenatoria el 6 de junio de 2014 en contra de Jairo Mora Benavides. Dicha decisión fue
apelada por el defensor del acusado, el apoderado de Seguros La Equidad, la apoderada de Coomotor Florencia Ltda. y el

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3. Mediante Sentencia de 31 de julio de 2017, el Juzgado 2 Administrativo de
Florencia negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que el daño alegado
no era cierto, dado que los accionantes, al momento en el que se declaró la
prescripción de la acción penal, aún conservaban la posibilidad de acudir a la
jurisdicción civil ordinaria para reclamar la indemnización correspondiente frente al
propietario del vehículo, la empresa transportadora y la aseguradora, en su
condición de terceros civilmente responsables distintos al procesado penalmente, a
pesar que en el proceso penal se hubiera declarado la prescripción.

4. Sostuvo que la prescripción de la acción penal no implicaba la extinción de
la acción civil, conforme lo dispuesto en los artículos 98 y 99 del Código Penal y
2536 del Código Civil, razón por la cual no se acreditó la imposibilidad definitiva de
obtener el resarcimiento pretendido. En consecuencia, concluyó que no se
configuraba un vínculo directo entre la conducta atribuida a la Rama Judicial y el
perjuicio invocado por los demandantes.

5. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación,
en el cual sostuvo que se desconoció que el contrato de transporte, regulado por el
Código de Comercio, impone una obligación de resultado, consistente en conducir
a los pasajeros sanos y salvos a su destino, de modo que el incumplimiento de dicha
obligación generaba responsabilidad sin que fuera necesario acreditar culpa. Afirmó
que la morosidad judicial condujo a la prescripción de la acción penal en el año
2015, lo cual privó a las víctimas de la posibilidad de ejecutar las condenas civiles
allí reconocidas. Ello, a su juicio, configuró un daño cierto, consistente en la pérdida
de la oportunidad de obtener la reparación, al operar igualmente la prescripción de
la acción contractual prevista en el artículo 993 del Código de Comercio, lo que cerró
el acceso a la jurisdicción civil.

6. El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante Sentencia del 8 de octubre
de 2025, confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda. Indicó que la declaratoria de prescripción de las acciones penales y
civiles frente al conductor del vehículo no implicaba, por sí sola, la extinción de la
posibilidad de obtener la reparación de los daños causados a las víctimas del
accidente, en tanto el ordenamiento jurídico civil prevé la acción civil ordinaria para
reclamar los perjuicios a cargo de los terceros civilmente responsables.

7. Agregó que dicha declaratoria no eliminó de manera definitiva la posibilidad
de obtener la indemnización pretendida, pues subsistía la opción de acudir a la
jurisdicción civil contra los responsables directos. En consecuencia, concluyó que
no se configuró un daño cierto, toda vez que la parte demandante aún contaba con
un mecanismo judicial idóneo para reclamar el pago de los perjuicios sufridos, por
lo que la imposibilidad de obtener la reparación no se extinguió con la declaratoria
de prescripción.

apoderado de la parte civil. Mediante Sentencia del 26 de marzo de 2015, el Tribunal confirmó la providencia de primera
instancia. Posteriormente, los terceros civilmente responsables interpusieron recurso extraordinario de casación y, mediante
decisión del 16 de septiembre de 2015, se declaró la prescripción de las acciones penales y civiles adelantadas en contra de
Jairo Mora Benavides, ordenándose la cesación del procedimiento seguido en su contra y la cancelación de las medidas
restrictivas, tanto personales como reales, que se habían impuesto con ocasión del proceso.

2
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8. Como fundamento de la vulneración, sostuvo que la providencia
cuestionada realizó una interpretación errónea del término de prescripción aplicable
a las demandas promovidas contra los terceros civilmente responsables, al
considerar que resultaba aplicable el artículo 2526 del Código Civil5 y no el artículo
993 del Código de Comercio6.

9. Insistió en que el termino de prescripción aplicable al caso era el establecido
en el artículo 993 del Código de Comercio, esto es 2 años contados a partir del día
en que haya concluido o debido concluir la obligación de transporte. Por ello,
afirmaron que resultaba desacertado indicar a las accionantes que su acción contra
los terceros civilmente responsables prescribía según lo dispuesto en el artículo
2526 del Código Civil. Para sustentar su postura, citaron diversas providencias
judiciales en las que se ha aplicado el término de 2 años previsto en el artículo 993
del Código de Comercio, al tratarse de una norma especial7.

10. Finalmente, se invocó el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación integral, así como la aplicación del bloque de constitucionalidad en esta
materia. Sostuvo que las providencias cuestionadas incurrieron en defectos fáctico
y sustantivo, al no reconocer que, en el caso concreto, el término de prescripción
aplicable para demandar a los terceros civilmente responsables era el consagrado
en el artículo 993 del Código de Comercio.

Intervenciones8

11. El Juzgado 2 Administrativo de Florencia envió copia digital del proceso No.
18001-33-33-002-2017-00771-00/01.

12. María Omaira Sánchez Acevedo, María Estella Sánchez Acevedo, María
Esneda Sánchez Acevedo y Jaime Alberto Sánchez Acevedo enviaron escritos en
donde le otorgan poder a un abogado dentro de la acción de la referencia.

13. El Tribunal Administrativo del Caquetá, la Nación – Rama Judicial, Obed
Arnulfo Henao Rosero, Mónica Henao Rosero, Luis Eduardo Sánchez Pérez,
Cristian Danilo Mora Sánchez, María Nancy Sánchez Acevedo, René de Jesús
Sánchez Acevedo y Carlos Alberto Sánchez Acevedo, no se pronunciaron a pesar
de haber sido debidamente notificados.

5
Artículo 2536. Prescripción de la acción ejecutiva y ordinaria. La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la
ordinaria por diez (10). La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria
durará solamente otros cinco (5). Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el
respectivo término.
6
Artículo 993. Prescripción de acciones. Las acciones directas o indirectas provenientes del contrato de transporte
prescriben en dos años. El término de prescripción correrá desde el día en que haya concluido o debido concluir la obligación
de conducción. Este término no puede ser modificado por las partes
7
Sentencia del Tribunal Superior de Medellín del 9 de julio de 2024 radicado No 05001-31-03-017-2018-00678-01; Sentencia
de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 9 de diciembre de 2020 - STC11177-2020 radicado No
11001-02-03-000-2020-03194-00; Sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero
de 2011 radicado 35406; Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 9 de diciembre de 2020
STC11177-2020 con radicado No 11001-02-03-000-2020-03194-00.
8
Mediante Auto de 12 de noviembre de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
del Caquetá y el Juzgado 2 Administrativo de Florencia, y vinculó a la Nación – Rama Judicial, Obed Arnulfo Henao Rosero,
Mónica Henao Rosero, Luis Eduardo Sánchez Pérez, Cristian Danilo Mora Sánchez, María Nancy Sánchez Acevedo, María
Omaira Sánchez Acevedo, María Esneda Sánchez Acevedo, María Estella Sánchez Acevedo, René de Jesús Sánchez
Acevedo y Carlos Alberto Sánchez Acevedo.

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Demandante: Flor Enith Valencia Castaño y otro

II. CONSIDERACIONES

Competencia

14. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

15. De ser procedente este mecanismo constitucional, se estudiará únicamente
la posible vulneración de los derechos fundamentales alegados frente a la Sentencia
de 8 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, debido
a que esta fue la autoridad que definió el asunto en segunda instancia y, ante un
eventual amparo, sería la llamada a cumplir con las órdenes que aquí se dicten.

16. Los argumentos expuestos por el accionante se analizarán bajo la categoría
de un presunto defecto sustantivo, dado que corresponden a cuestionamientos
sobre la aplicación del artículo 2536 del Código de Civil de cara al artículo 993 del
Código de Comercio.

Problema jurídico

17. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el
Tribunal Administrativo del Caquetá, en su calidad de juez de segunda instancia,
incurrió en un defecto sustantivo. En particular, se deberá determinar si la autoridad
judicial interpreto de manera incorrecta la prescripción de la acción civil en contra
de terceros civilmente responsables en accidentes de tránsito, cuando media un
contrato de transporte, en este caso, de pasajeros.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

18. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela debido al
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por las razones que se exponen a
continuación:

19. Las accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia9, al considerar que dichas
garantías fueron vulneradas por el Tribunal Administrativo del Caquetá al proferir la
Sentencia del 8 de octubre de 2025, en la que a su juicio incurrió en un defecto
sustantivo.

9
Mencionó también la presunta vulneración de las garantías de prevalencia del derecho sustancial y el principio de justicia
material

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20. Para analizar este planteamiento, resulta necesario revisar los fundamentos
de la sentencia cuestionada. Al respecto, se advierte que el Tribunal Administrativo
del Caquetá confirmó la decisión del Juzgado 2 Administrativo de Florencia que
negó las pretensiones de la demanda, tras concluir que los accionantes aun
contaban con la posibilidad de acudir a la jurisdicción civil para reclamar la
indemnización de perjuicios frente al propietario del vehículo, la empresa
transportadora y la aseguradora, en su condición de terceros civilmente
responsables distintos al procesado penal.

21. El Tribunal consideró que la controversia planteada por los accionantes bajo
la figura de la pérdida de oportunidad, debido a que se alegaba que estas habrían
perdido la posibilidad de ser indemnizadas dentro del proceso penal derivado del
accidente de tránsito ocurrido el 21 de agosto de 2006, como consecuencia de la
declaratoria de prescripción penal y civil10.

22. Señaló que la declaratoria de prescripción penal y civil frente al conductor
del vehículo solo producía efectos respecto de la persona juzgada penalmente, sin
que ello impidiera que las víctimas, constituidas como parte civil, acudieran a la
jurisdicción civil para reclamar la reparación de los perjuicios derivados del
accidente de tránsito. En ese sentido, contaban hasta el «21 de agosto de 2016»
para ejercer la acción civil ordinaria contra los responsables directos, esto es, el
propietario del vehículo y la empresa a la cual se encontraba afiliado. Por lo tanto,
la prescripción de la acción penal y civil, por sí sola, no extinguió de manera
definitiva la posibilidad de obtener la indemnización pretendida, razón por la cual no
se configuró un daño cierto.

23. No obstante, se advierte que en el recurso de apelación las accionantes
invocaron la aplicación del artículo 993 del Código de Comercio 11, relativo a la
prescripción de las obligaciones derivadas del contrato de transporte, disposición
que consideraron aplicable al caso concreto. Lo anterior, bajo el entendido de que
se encontraba acreditada la existencia de un contrato de transporte y que en
desarrollo de este se incumplió la obligación de seguridad inherente a dicha relación
contractual.

24. Sostuvieron que las acciones directas o indirectas provenientes del contrato
de transporte prescriben en el término de 2 años, contados a partir del día en que
haya concluido o debido concluir la obligación de transporte. En el caso particular,
dicho término debía contabilizarse desde el 21 de agosto de 2006 12, razón por la
cual resultaba lógico concluir que las acciones y derechos derivados de ese contrato
prescribieron el 21 de agosto de 2008, al tratarse de una norma especial que regula

10
Precisó que para que se configure la responsabilidad por perdida de oportunidad, debían concurrir 3 elementos: (i) falta de
certeza o aleatoriedad del resultado esperado, es decir, la incertidumbre respecto a si el beneficio o perjuicio se iba a recibir
o evitar; (ii) certeza de la existencia de una oportunidad; (iii) certeza de que la posibilidad de adquirir el beneficio o evitar el
perjuicio se extinguió de manera irreversible para la víctima. Al aplicar estos elementos al caso concreto, concluyó que, si
bien los accionantes tenían una expectativa legitima de obtener un beneficio económico10, ello no implicaba la certeza de que
dichas sumas fueran efectivamente pagadas.
11
Artículo 993. Prescripción de acciones. Las acciones directas o indirectas provenientes del contrato de transporte
prescriben en dos años. El término de prescripción correrá desde el día en que haya concluido o debido concluir la obligación
de conducción. Este término no puede ser modificado por las partes.
12
Día del accidente de transito

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de manera específica la reclamación de la indemnización de perjuicios derivados de
la ejecución del contrato de transporte de pasajeros.

25. A pesar de lo anterior, y aunque las accionantes alegaron un presunto
defecto sustantivo por la aplicación indebida del artículo 2536 del Código Civil y la
omisión en la aplicación del artículo 993 del Código de Comercio, se observa que
dichos argumentos fueron planteados en el recurso de apelación presentado el 13
de agosto de 2019. Sin embargo, estos no fueron abordados por el Tribunal
Administrativo del Caquetá en la Sentencia del 8 de octubre de 2025, lo que
permitiría advertir una posible falta de congruencia en dicha providencia. Por lo que
si se estimaba vulnerado el aludido principio (entiéndase el de congruencia), les
correspondía asumir la carga procesal de interponer el recurso extraordinario de
revisión, conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA 13.

26. En ese orden de ideas, de acuerdo con la Sentencia de Unificación SU-026
de 2021 de la Corte Constitucional, la subsidiariedad se incumple cuando el
ordenamiento jurídico dispone de medios judiciales ordinarios o extraordinarios
aptos para controvertir los defectos alegados en sede constitucional. En particular,
la Corte ha precisado que el recurso extraordinario de revisión constituye un
mecanismo idóneo y eficaz para cuestionar omisiones probatorias, situaciones
asociadas a la aparición de nuevos elementos de convicción o irregularidades que
afecten la dimensión material del debido proceso. En tales eventos, la tutela resulta
improcedente comoquiera que el examen propio del juez constitucional no está
llamado a sustituir las competencias asignadas al juez natural.

27. En este contexto, al no haber utilizado los mecanismos judiciales
disponibles, la sociedad accionante dejó de activar las herramientas de defensa
previstas en el ordenamiento jurídico, perdiendo así la oportunidad procesal de
sostener su posición. En otras palabras, contaba con medios judiciales idóneos que
no fueron debidamente utilizados.

28. La acción de tutela no está diseñada como un mecanismo para reabrir
debates que debieron resolverse en las etapas ordinarias del proceso, ni como un
medio para subsanar errores u omisiones atribuibles a las partes. Dado su carácter
excepcional y su propósito específico, esto es, la protección inmediata de derechos
fundamentales, su procedencia está sujeta al cumplimiento de requisitos estrictos,
entre ellos el principio de subsidiariedad, consagrado en el artículo 86 de la
Constitución Política y en el artículo 6.1 del Decreto 2591 de 1991.

29. En definitiva, la acción de tutela no puede ser utilizada como atajo frente a
la inactividad procesal de una de las partes. Cuando existen mecanismos ordinarios
y extraordinarios previstos por la ley, como el recurso de revisión, corresponde a los
interesados hacer uso oportuno de ellos. Pretender que la tutela supla esta carga
no solo desnaturaliza su función excepcional, sino que debilita el orden jurídico que

13
Sobre el particular pueden consultarse las Sentencias de 28 de abril de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2023-04017-00; 20
de mayo de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2023-04693-00; 24 de julio de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2023-00789-00; 30 de
julio de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2025-02260-00; 28 de octubre de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2022-05810-00; 11 de
abril de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2023-03128-00; y 30 de septiembre de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2023-03927-00 de
la Salas Especiales de Decisión No. 1, 2, 5, 6, 8, 10 y 11 del Consejo de Estado, respectivamente, entre otras.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07085-00
Demandante: Flor Enith Valencia Castaño y otro

garantiza el debido proceso para todos. La protección de los derechos
fundamentales exige rigor, pero también responsabilidad en el ejercicio de la
defensa judicial.

30. Por lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
presentada por Flor Enith Valencia Castaño y Zhamara Lizeth Henao Valencia.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Flore Enith Valencia Castaño y Zhamara Lizeth Henao Valencia, de conformidad
con la parte motiva.

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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