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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04017-00

Fecha
28 de abril de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04017-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora María Ruth Soto Botello contra la sentencia del 9 de junio de 2022, proferida la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, en atención a las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Se fija por concepto de agencias en derecho, a favor del Departamento de Prosperidad Social (DPS), la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. 23 Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04017-00 (6341) Actor: María Ruth Soto Botello Por Secretaría General, liquídense los gastos procesales. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04017-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

28 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA UNO ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veinticinco (2025)

RADICADO: 11001-03-15-000-2023-04017-00 (6341)
ACTOR: MARÍA RUTH SOTO BOTELLO
DEMANDADO: DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- DPS-
REFERENCIA: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Las causales de revisión son
taxativas y restrictivas / CAUSAL QUINTA DE REVISIÓN –CPACA- Existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación /
NULIDAD DE LA SENTENCIA - FALTA DE CONGRUENCIA - La congruencia interna se refiere
a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia,
mientras que la congruencia externa se relaciona con la coherencia entre la parte resolutiva y
la demanda, su contestación o el recurso interpuesto.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora María Ruth
Soto Botello contra la sentencia proferida el 9 de junio de 2022, por la Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 41001-23-33-000-2015-00841-01(2173-2019), a través de la cual
se modificó el fallo de primera instancia que accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte recurrente asegura que la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación reformó declaraciones contenidas en la sentencia de primera instancia
que no fueron objeto del recurso de apelación. Además, argumenta que no se tomó en
cuenta lo establecido en los contratos y el otrosí aportados al proceso.

II. ANTECEDENTES

El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 1

1. El 28 de septiembre de 2015, la señora María Ruth Soto Botello, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Departamento para la
Prosperidad Social- DPS, con el fin de que se accediera a las siguientes pretensiones:

1
Los antecedentes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se encuentran en formato
digital, en el índice 25 de SAMAI.

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04017-00 (6341)
Actor: María Ruth Soto Botello

• «Declarar la nulidad del oficio de fecha 09 de marzo de 2015, suscrito por la
Subdirectora de Contratación del DPS, que negó el reconocimiento de una relación
laboral y el consecuente reconocimiento y pago por concepto de prestaciones
sociales, y reconocer que existió contrato realidad por haber prestado sus servicios
en forma personal y subordinada a órdenes de dicha Entidad, desde el 24 de junio de
2002 hasta el 31 de marzo de 2012».

• Declarar la nulidad del oficio de 28 de abril de 2015, mediante el cual la subdirectora
de contratación del DPS estimó improcedente el recurso de apelación, interpuesto el 6
de abril de 2015, contra la decisión que negó la relación laboral.

• Declarar que, entre la señora María Ruth Soto Botello y el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social (antes Agencia Presidencial para la Acción
Social y Cooperación Internacional, y Red de Solidaridad Social), existió una relación
de carácter laboral, y no contractual.

• Declarar que la señora María Ruth Soto Botello, en virtud de su relación laboral con
el DPS, tiene derecho a que se le reconozcan, liquiden y paguen las prestaciones
sociales y demás derechos laborales derivados de la relación laboral y que, al
momento de la terminación del vínculo -31 de marzo de 2012- no fueron cancelados.

• Pagar la diferencia salarial entre el valor mensual percibido y el que realmente
correspondía, conforme a la asignación efectuada por el DPS, para el empleo de
profesional especializado que desempeña en la actualidad, y los derechos
prestacionales como primas, bonificación, vacaciones, prima de vacaciones,
bonificación por recreación, cesantías e intereses a las cesantías.

• Ordenar al DPS reconocer, liquidar y pagar aportes con destino al Sistema Nacional
de Seguridad en Pensiones y girarlos a la entidad que corresponda, con la finalidad de
que cuando la demandante cumpla con la edad, pueda acceder a su pensión mensual
de jubilación o vejez, según el caso.

• Ordenar al DPS reintegrar los dineros que hubiesen sido descontados del salario
devengado por la demandante por concepto de retención en la fuente.
• Ordenar al DPS pagar la indexación o corrección monetaria sobre las sumas de
dinero dejadas de percibir, hasta el momento en el que se verifique el pago total de
dichas obligaciones.

2. Como sustento de las pretensiones indicó que prestó sus servicios para la
entidad pública Red de Solidaridad Social, la cual posteriormente se transformó en la

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Actor: María Ruth Soto Botello

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción
Social-, actualmente Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS-,
de manera continua e ininterrumpida, desde el 24 de junio de 2002, hasta el 31 de
marzo de 2012, a través de «contratos de prestación de servicios» y «por esos 9 años,
9 meses y 7 días, cumplió las mismas labores y subordinada permanentemente a las
instrucciones de dicha Entidad, con una retribución y su forma de pago fue mensual».
Agregó que desde el 1º de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2002 continuó
prestando los servicios, sin interrupción y sin contrato de prestación de servicios, y
recibió la respectiva remuneración, cada mes.

3. Señaló que el 20 de febrero de 2015 presentó una petición ante el DPS -radicada
con el n.º 20151280026572-, en la que le solicitó reconocer la existencia de un contrato
realidad, en virtud de la relación laboral que sostuvo con esa entidad. Además, pidió
reconocer, liquidar y pagar las prestaciones sociales, indemnizaciones, sanciones y
demás acreencias derivadas de la relación laboral.

4. La autoridad demandada, en respuesta otorgada el 9 de marzo de 2015,
argumentó que en el caso de la accionante resultaban aplicables las normas de la
relación contractual en la modalidad de prestación de servicios, la cual no genera
vinculación laboral y como, consecuencia, no da derecho al reconocimiento y pago de
prestaciones sociales.

5. Contra la anterior decisión, la demandante interpuso recurso de apelación; sin
embargo, el DPS, mediante oficio de 28 de abril de 2015, manifestó que de acuerdo
con el concepto 2014190023281, proferido por la oficina jurídica, no era procedente el
recurso de apelación, en atención a lo estipulado en los artículos 29 y 31 de la
Constitución Política y al artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

6. El 21 de septiembre de 2015, ante la Procuraduría 153 Judicial II para asuntos
administrativos, se llevó a cabo audiencia de conciliación prejudicial entre las partes,
la cual se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio de la parte convocada.

7. El 13 de diciembre de 2018, el Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia
de primera instancia, en la que declaró la nulidad de los oficios 20156100228961 del 9
de marzo de 2015 y 20156100410871 del 28 de abril de la misma anualidad, y
estableció que entre la accionante y el DPS existió una relación de naturaleza laboral,
entre el 24 de junio de 2002 y el 31 de marzo de 2012.

8. A título de restablecimiento del derecho, ordenó al DPS reconocer y pagar a la
señora María Ruth Soto Botello las prestaciones sociales causadas durante la relación

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Actor: María Ruth Soto Botello

laboral, con base en el salario que percibía una asesora jurídica de la entidad, siempre
que tal remuneración no fuera inferior a los honorarios percibidos. Dispuso que las
sumas tenían que ser debidamente reajustadas e indexadas. Declaró que, para efectos
pensionales, el DPS debía cancelar los aportes patronales correspondientes al fondo
de pensiones de la accionante, por el período comprendido entre el 24 de junio de 2002
y el 31 de marzo de 2012. Por lo demás, negó las pretensiones adicionales de la
demanda y condenó en costas al DPS.

9. Como sustento de la decisión, señaló que el denominado contrato de prestación de
servicios se desfigura cuando se comprueba la presencia de los tres elementos
constitutivos de una relación laboral; esto es, la prestación personal del servicio, la
remuneración y la continuada subordinación laboral, tal como lo dispone el artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo. Al abordar el caso concreto evidenció que:

Las diferentes piezas documentales dan cuenta que la señora María Ruth Soto
Botello suscribió 15 contratos de prestación de servicios, discriminados así: 7 con
la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura; 1 con la Organización Internacional para las Migraciones; 6 con la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –
Acción Social -, y 1 con el Departamento para la Prosperidad Social “DPS”.

En desarrollo de las labores de asesora jurídica, la demandante cumplía un horario
de trabajo (por órdenes impartidas desde Bogotá y difundidas mediante
circulares); como lo indica la circular denominada “Control preventivo Acción
Social No. 11-08 cumplimiento horario de trabajo y atención al público”. De igual
manera, recibía y acataba las órdenes que le impartían la coordinadora de la
Unidad Territorial de Acción Social (Matilde Bonilla) y el jefe de la oficina asesora
jurídica en Bogotá de esa misma institución (Lucy Edrey Acevedo Meneses).

Finalmente, está acreditado que coadyuvó a desarrollar su componente misional
durante un prolongado lapso, teniendo en cuenta los objetivos estratégicos de la
entidad y las funciones que tenía la demandante en la ejecución de los contratos.

10. En ese sentido, como se lograron demostrar los tres elementos de la relación
laboral, concluyó que la accionante tenía derecho a obtener el pago de prestaciones
sociales y a que se consignaran en su favor los respectivos aportes pensionales, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas en las relaciones laborales.

11. Contra esa decisión, el DPS interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto
por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia de 9 de
junio de 2022. Se modificó el fallo de primera instancia, en el siguiente sentido:

Primero: Modificar el ordinal primero de la sentencia del 13 de diciembre de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que accedió́ parcialmente a las
pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, interpuso la señora María Ruth Soto Botello, así:

«PRIMERO.- Declarar la nulidad de los oficios 20156100228961 del 9 de marzo de
2015 y 20156100410871 del 28 de abril de la misma anualidad (suscritos por la

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Actor: María Ruth Soto Botello

subdirectora de contratación del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social); a través de los cuales, le negaron a la demandante la existencia de la
relación laboral que se gestó entre el 14 de septiembre de 2006 y el 31 de marzo
de 2012, y se resolvió un recurso de apelación respectivamente.

Como consecuencia de lo anterior, declarar que entre María Ruth Soto Botello y el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social existió una relación de
naturaleza laboral entre el 14 de septiembre de 2006 y el 31 de marzo de 2012».

Segundo: Modificar el ordinal segundo de la providencia apelada, en los siguientes
términos:

«SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho, ordenar al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, reconocer y pagar a la señora María Ruth
Soto Botello las prestaciones sociales causadas entre el 16 de febrero de 2011 y
el 31 de marzo de 2012, para lo cual se tomará como base de liquidación el valor
pactado por honorarios en los respectivos contratos de prestación de servicios.

Se precisa que las prestaciones a que haya lugar a pagar, solo deberán ser
reconocidas por los tiempos efectivamente laborados, de acuerdo con los contratos
de prestación de servicios, esto es, sin lugar a incluir los lapsos en los que entre
estos, hubo interrupciones.
Las sumas resultantes, se reajustarán e indexarán aplicando la fórmula indicada en
la parte motiva de esta sentencia».

Tercero: Modificar el ordinal tercero del referido pronunciamiento al siguiente tenor:

«TERCERO. - Declarar que para efectos pensionales, se debe computar el período
comprendido entre el 14 de septiembre de 2006 y el 31 de marzo de 2012, para lo
cual deberá observar el lapso efectivamente ejecutado de los contratos y las
determinaciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Para tales efectos, deberán tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional de
la demandante, dentro de los períodos laborados por prestación de servicios,
excepto sobre los períodos sobre los cuales no se acreditó la relación laboral,
incluidos aquellos sobre los cuales se declaró́ la prescripción, mes a mes, y si existe
diferencia entre los aportes realizados por la señora Soto Botello como contratista
y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma
faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que les
correspondía como empleadores. Para efectos de la respectiva condena, deberá
tomarse como base de liquidación el valor pactado por honorarios en los respectivos
contratos.

En ese sentido, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duraron
los referidos vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las hubiese
hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá́ la carga de cancelar o completar,
según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

Cuarto: Adicionar un ordinal a la sentencia de primera instancia como a
continuación se sigue:

«NOVENO. - Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción extintiva
del derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de la señora
María Ruth Soto Botello, por el periodo comprendido entre el 14 de septiembre de
2006 y el 31 de diciembre de 2010».

Quinto: Confirmar en lo demás la sentencia recurrida.

Sexto: No condenar en costas de segunda de conformidad con lo expuesto en
precedencia.

12. Para arribar a esa decisión, el Tribunal tuvo en cuenta las certificaciones
expedidas por la Organización de Estados Iberoamericanos -OEI- y la Organización

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Actor: María Ruth Soto Botello

Internacional para las Migraciones -OIM-; así como los documentos aportados para
acreditar las condiciones contractuales de la vinculación de la demandante, de lo cual
concluyó que la señora María Ruth Soto Botello prestó sus servicios de manera directa
a tales entidades, y no a la Red de Solidaridad Social, RSS.

13. Sostuvo que entre el 14 de septiembre de 2006 y el 31 de marzo de 2012, la
señora María Ruth Soto Botello prestó sus servicios profesionales de manera directa a
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción
Social -, Fondo de Inversión para la Paz, y al Departamento para la Prosperidad Social,
mediante contratos de prestación de servicios, con apenas algunas interrupciones en
términos de días.

14. Agregó que el elemento de la remuneración se podía inferir razonablemente de
los pagos periódicos, mes a mes, que recibía la señora María Ruth Soto Botello, a título
de honorarios, por los diferentes contratos de prestación de servicios que suscribió, en
los que se estipuló: (i) el valor de los contratos, y (ii) la forma de pago en montos
mensuales.

15. Dedujo que las pruebas aportadas al proceso daban cuenta de un contrato de
trabajo encubierto o subyacente.

16. Manifestó que en los diferentes contratos de prestación de servicios se
verificaron interregnos superiores a 30 días hábiles de interrupción, por lo que en esos
lapsos existió solución de continuidad, en atención a lo dispuesto en la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Claro lo anterior, sostuvo que la accionante mantuvo
una vinculación contractual directa con Acción Social y, posteriormente, con el
Departamento para la Prosperidad Social, en los siguientes períodos:

1er. período Del 14/09/06 al 31/12/10
2do. período Del 16/02/11 al 31/03/12

17. Señaló que, por tratarse de una vinculación interrumpida en el servicio público,
el término de la prescripción extintiva debía contarse a partir de la finalización de cada
uno de los períodos laborados, sin que ese entendimiento pudiera extenderse a los
aportes pensionales, de acuerdo con la sentencia de unificación del 26 de agosto de
2016.

18. De conformidad con los razonamientos precedentes, consideró que a la señora
María Ruth Soto Botello se le extinguió el derecho -por prescripción- a los emolumentos

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Actor: María Ruth Soto Botello

prestacionales como cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas, entre
otros, que se hubieran causado entre el 14 de septiembre de 2006 y el 31 de diciembre
de 2010, excepto en lo relacionado con los aportes a pensión.

19. Aclaró que el parámetro económico para la liquidación de la indemnización por
concepto de prestaciones sociales era el estipulado en los contratos de prestación de
servicios, lo que implicaba una modificación en el fallo impugnado, toda vez que no se
demostró que en el período comprendido entre septiembre de 2006 y diciembre de
2011 (fecha de publicación del Decreto 4966), hubiera existido en la planta de personal
de Acción Social, actualmente DPS, el cargo de Asesora Jurídica.

El recurso extraordinario de revisión

20. El 25 de julio de 2023, la señora María Ruth Soto Botello, en su calidad de
abogada, presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 9 de junio
de 2022, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado 41001-23-33-000-
2015-00841-01(2173-2019). Formuló las siguientes pretensiones:

Admitir y dar trámite al presente recurso extraordinario de revisión.

Declarar que la sentencia de segunda instancia proferida el 09 de junio de 2022,
por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, Consejero Ponente Dr. William Hernández Gómez, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con Radicación No.41001-23-33-
000-2015-00841-01 (2173-2019), desconoció los artículos 320 y 328 del C.G.P. y
con esto, los principios procesales de congruencia de las sentencias (contradicción
y defensa), non reformatio in pejus, seguridad jurídica y doble instancia.

Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 09 de
junio de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente doctor William
Hernández Gómez, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicación No. 41001-23-33-000-2015-00841-01 (2173-2019), siendo
demandante María Ruth Soto Botello y demandado el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social-DPS.

En consecuencia, ordenar a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado que:

3.1 Rehaga la sentencia de segunda instancia dentro del medio de control y nulidad
y restablecimiento del derecho con radiación No. 41001-23-33-000-2015-00841-01
(2173-2019), teniendo en cuenta las pretensiones y hechos de la demanda, el
alcance y valor probatorio de las evidencias que obran en el proceso y los
precedentes jurisprudenciales.

3.2 Respetar el contenido de los artículos 320 y 328 del CGP y en consecuencia no
reformar la sentencia de primera instancia en ninguno de los puntos que no fueron
objeto de apelación, en especial, el tiempo que laboré con las ONG´S
Internacionales OEI y OIM, si tenemos en cuenta que fui contratada por ellas, para
trabajar a la Red de Solidaridad Social-RSS, luego ACCION SOCIAL, hoy
Departamento para la Prosperidad Social- DPS, previos Convenios suscritos entre
dichas entidades y no conmigo; y no reformar la sentencia de primera instancia en

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Actor: María Ruth Soto Botello

lo concerniente al tiempo realmente laborado con el DPS (Contrato Realidad), es
decir, del 24 de junio de 2002 al 31 de marzo de 2012, máxime que nada de esto
fue solicitado, alegado o desvirtuado en el escrito de apelación, ni en la contestación
de la demanda.

3.3 No dar aplicación a la prescripción extintiva del derecho al reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales de la demandante, por el periodo comprendido
entre el 14 de septiembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2010, pues tal decisión
se basó en un error existente en la certificación expedida por el mismo DPS.

3.4 Que se declare que entre María Ruth Soto Botello y el Departamento para la
Prosperidad Social -DPS, existió una relación de naturaleza laboral entre el 24 de
junio de 2002 y el 31 de marzo de 2012.

3.5 En consecuencia se ordene al Departamento para la Prosperidad Social - DPS,
a título de restablecimiento del derecho, reconocer y pagar a MARIA RUTH SOTO
BOTELLO las prestaciones sociales causadas entre el 24 de junio de 2002 y el 16
de febrero de 2011, teniendo en cuenta que ya se reconoció y pagó el período del
16 de febrero de 2011 al 31 de marzo de 2012.
Que se me amparen los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la
seguridad social, el principio de primacía de la realidad sobre la formalidad, de
acceso a la administración de justicia, al salario y, en general, a una vida digna.

3. Finalmente, llegado el caso que no se reforme a mi favor la sentencia de segunda
instancia, con muchísimo respeto les ruego a los Honorables Magistrados, no
condenarme en costas, ya que desde que salí de trabajar del DPS, no logré
vincularme laboralmente y actualmente a mis 60 años de edad, estoy dedicada a
las labores del hogar. Considero importante informar, que si bien es cierto, desde
enero del 2022, estoy recibiendo una pensión ínfima de $1.278.000,oo, después de
los descuentos, también lo es que, es para una subsistencia mínima, máxime que
tengo una niña de 17 años ad portas de querer empezar estudios superiores; y
desafortunadamente el dinero que consignó el DPS en COLPENSIONES en
cumplimiento al fallo de segunda instancia del H. Consejo de Estado, dentro del
presente proceso, no ha sido tenido en cuenta, pues desde octubre del 2022 solicité
la reliquidación de mi pensión y me fue negada con Resolución No.SUB 54985 del
28 de febrero de 2023, ya que no se realizó la consignación en debida forma, es
decir, solicitando primero el DPS a COLPENSIONES el cálculo actuarial y es la hora
que no se me ha definido nada.

21. Propuso la causal quinta de revisión, relacionada con la existencia de nulidad
originada en la sentencia contra la que no procede recurso de apelación. En concreto,
adujo que (i) el ad-quem extralimitó su competencia funcional al decidir sobre aspectos
que no fueron materia de apelación, y (ii) no existe congruencia entre la apelación y la
sentencia de segunda instancia.

22. Explicó que el DPS, como apelante único, no manifestó inconformidad frente a
la vinculación contractual durante los años 2002, 2003, 2005 y 2006, sino únicamente
respecto a los años 2001 y 2004. En su criterio, ese yerro llevó a excluir la pretensión
de reconocimiento de la relación laboral existente con el DPS, entre el 24 de junio de
2002 y el 31 de agosto de 2006, por cuenta de las órdenes de prestación de servicios
Nos. 0413-02, Adición OPS No. 0413-02, OPS No. 0183-03, CPS No. 0375-03, C-1036-
03, PS-483-05, Prórroga No. 1 PS-483 (1 de septiembre de 2005 al 28 de febrero de
2006) y Otro sí PS-483 (del 1 de marzo al 31 de agosto de 2006).

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Actor: María Ruth Soto Botello

23. Consideró que la decisión que es objeto de revisión «vulneró los derechos al
debido proceso, al trabajo, a la seguridad social, el principio de primacía de la realidad
sobre la formalidad, de acceso a la administración de justicia, al salario y en general a
una vida digna». Cuestionó los razonamientos efectuados en torno a la falta de prueba
de una relación laboral con la Red de Solidaridad Social, pues en su concepto, la lectura
de los contratos que celebró con la Organización de Estados Iberoamericanos -OEI- y
la Organización Internacional para las Migraciones y Acción Social -OIM-, permitían
conocer que fue contratada «para trabajarle a la Red de Solidaridad Social -RSS, luego
Acción Social, hoy DPS», entre el 24 de junio de 2002 y el 31 de agosto de 2006. Criticó,
al respecto, que se hubiera aducido la imposibilidad de valorar un vínculo laboral con
esas organizaciones por cuanto no fueron parte en el proceso.

24. Explicó que el ad-quem se pronunció sobre la contratación con las ONG´S
Internacionales (OEI y OIM), pero desconoció los años que la demandante trabajó para
la extinta Red de Solidaridad Social- RSS-, hoy DPS; por lo tanto, ignoró la literalidad
de los contratos y órdenes de prestación de servicios, adiciones y los Otrosí, firmados
con esos organismos, lo que no fue objetado por la entidad demandada durante el
curso del proceso.

25. Controvirtió, también, el análisis que se hizo para determinar la existencia de
solución de continuidad entre los contratos y, a partir de ello, establecer la prescripción
aplicada al contrato realidad. Estimó que a partir de la prueba testimonial y demás
documentos aportados al plenario, se podía establecer que no hubo solución de
continuidad superior a 30 días hábiles entre los contratos de prestación de servicios, en
el lapso del 24 de junio de 2002 al 31 de marzo de 2012, «a excepción de la Adición
OPS 0413 de 2002 y la OPS No.0183-03, dado que entre la terminación de la primera
(31 de octubre de 2002) y el inicio de la segunda (20 de enero de 2003), se configuró
una interrupción de 52 días hábiles. No obstante, esos 52 días hábiles se encuentran
probados bajo el principio de la primacía de la realidad sobre la formalidad, con los
testimonios de los señores Dra. Matilde Bonilla Paris, Vianey del Rocío Velasquez y
Wilson Guayara». Aclaró, además, que la fecha de celebración del contrato de
prestación de servicios 11116 de 2011 corresponde al 11 de febrero de 2011, no al 16
de febrero de 2011, como se indicó en la sentencia, error que llevó a concluir que operó
la prescripción trienal.

26. Afirmó que la sentencia objeto de revisión se encuentra incursa en nulidad
«porque al expedirse se reformaron declaraciones contenidas en la sentencia de
primera instancia que no fueron objeto del recurso de apelación, a pesar de existir
apelante único; sin que existiera íntima relación entre los puntos objeto del recurso de
apelación y los puntos reformados y haciendo más desfavorable mi situación, lo que

9

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Actor: María Ruth Soto Botello

desconoce gravemente lo establecido en los artículos 320 y 328 del Código General
del Proceso y, con esto, los principios procesales (i) de congruencia de las sentencias
(contradicción y defensa); (ii) non reformatio in pejus; (iii) seguridad jurídica; y (iv) doble
instancia».

Trámite impartido e intervenciones

27. Mediante auto de 9 de agosto de 2023 se inadmitió la demanda con el fin de
que la parte demandante diera cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8º del artículo
162 del CPACA (índice 4 SAMAI).

28. Cumplido el requerimiento, en proveído de 29 de enero de 2024 se admitió el
recurso extraordinario de revisión. Se ordenó notificar la decisión al Departamento para
la Prosperidad Social- DPS y al Ministerio Público. Las notificaciones se efectuaron en
debida forma (índice 13 SAMAI).

29. En el término de traslado, el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social -DPS- señaló que dio cumplimiento a la sentencia recurrida, mediante
Resolución de pago No. 02228 del 15 de septiembre de 2022 y las órdenes de pago
No. 671322 del 26 de septiembre y No. 308101922 del 27 de septiembre de 2022, lo
cual no fue mencionado por la demandante.

30. En cuanto a los contratos de prestación de servicios suscritos por la señora
María Ruth Soto Botello con las organizaciones internacionales OEI y OIM, manifestó
que dicho aspecto fue abordado en la sentencia de segunda instancia y, luego de la
valoración de las pruebas aportadas, se concluyó que no existía constancia de que la
accionante hubiera realizado actividades para Acción Social, o de que existiera una
relación contractual con la Red de Solidaridad para la época de los hechos; además,
tales organismos no fueron vinculados al proceso. Agregó que:

La situación alegada por el recurso de revisión atinente a los contratos con los
organismos internacionales, del período 2002 a 2006, tampoco fue cuestionado
dentro de la oportunidad procesal por la demandante, toda vez que, bien podía
haberlo hecho mediante la solicitud de corrección, adición y/o aclaración de la
sentencia, consagrados en los artículos 285, 286 y 287 del Código General del
Proceso del que disponía, esto es dentro de los tres (3) días siguientes previos a
que la sentencia de segunda instancia quedara ejecutoriada, pero tampoco hizo uso
de ello, guardando silencio al respecto, sumado esto que, recibió el pago de la
sentencia que se hizo mediante la resolución de pago No. 02228 del 15 de
septiembre de 2022 y las órdenes de pago No. 671322 del 26 de septiembre y la
No. 308101922 del 27 de septiembre de 2022, por parte de Prosperidad Social y
tampoco elevó algún escrito por su inconformidad al respecto.
Todo lo anterior conlleva a pensar que la recurrente, quiere retomar el debate
probatorio para lograr algo que quedó claro dentro del proceso, y que de forma
inequívoca fue decidido por la Sala del Consejo de Estado, como es el hecho de
que la relación contractual que sostuvo la demandante, a propósito de la

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Actor: María Ruth Soto Botello

declaratoria de la existencia del contrato realidad por no presentarlo en tiempo, fue
declarado prescrito.

31. Indicó que el apelante en el proceso ordinario sí manifestó inconformidad frente
a la relación contractual durante el período 2001 a 2004, «aclarando que hubo un error
de digitación y lo que se quiso decir allí era dentro del período 2002 a 2006». Por esa
razón, el Consejo de Estado revisó los contratos de prestación de servicios celebrados
con personas jurídicas diferentes de la Red de Solidaridad y, en esa medida, la decisión
cuestionada estuvo acorde con los argumentos de la impugnación.

32. Precisó que en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación que
se interpuso contra la sentencia de primera instancia también se solicitó aplicar la
prescripción trienal; luego, el ad-quem debía pronunciarse al respecto; además, fue
correcta la fecha que se estimó sobre el inicio del contrato 1116 de 2011, el cual sólo
podía empezar a ejecutarse una vez fuera aprobada la póliza de cumplimiento, lo que
ocurrió el 16 de febrero de 2011.

33. Por lo expuesto, solicitó declarar impróspero el recurso extraordinario de revisión
y condenar en costas a la parte recurrente (índice 16 SAMAI).

CONSIDERACIONES

Caducidad

34. De acuerdo con el primer inciso del artículo 251 del CPACA, el término para
interponer el recurso extraordinario de revisión por la causal quinta de revisión es de
un año, contado a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia cuestionada.

35. En el presente caso, la sentencia que es materia de revisión fue proferida el 9
de junio de 2022 y se notificó por medios electrónicos el 15 de julio de 2022, por tanto,
quedó ejecutoriada el 25 de julio siguiente, según lo dispuesto en el artículo 302 del
CGP.

36. El plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión, por la causal quinta
de revisión vencía, así, el 26 de julio de 2023. Como la demanda se radicó el 25 de
julio de 2023, se concluye que fue oportuna.

Competencia

37. La Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia del 9 de junio de 2022, proferida por la Sección

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Actor: María Ruth Soto Botello

Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en atención a lo dispuesto en los
artículos 1072 y 2493 del CPACA, en concordancia con la distribución de negocios al
interior del Consejo de Estado establecida en el artículo 294 del Acuerdo No. 80 de
2019.

Recurso extraordinario de revisión –marco normativo y jurisprudencial

38. El recurso extraordinario de revisión, en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias
ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Las causales de revisión se
encuentran enlistadas en el artículo 250 del CPACA y en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003.

39. Este medio de impugnación pretende la infirmación de la providencia por resultar
contraria a la justicia y al derecho, con miras a que se produzca una nueva decisión,
ajustada a la ley.

40. El recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el
criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la valoración
probatoria que efectuó, de manera que su estudio se restringe a las causales
taxativamente establecidas por el legislador. Por consiguiente, no puede ser empleado
como una tercera instancia para reabrir el debate probatorio o interpretativo.

41. Uno de los requisitos formales de la demanda consiste en invocar con precisión
cuál es la causal de nulidad que se estima configurada, con indicación clara y exacta
de los motivos y hechos que le sirven de fundamento, los cuales, en orden a ser
analizados, deben estar estrechamente relacionados con el vicio alegado5.

2
Artículo 107. Integración y composición. «El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. Estará integrado por treinta y
un (31) Magistrados. (…)
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por
inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las
secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
3
Artículo 249. Competencia. «De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. (…)».
4
Artículo 29. «Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado. (…)».
5
Así lo indicó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de 8 de
mayo de 2018, exp. 1998-153-01(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.

12

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Actor: María Ruth Soto Botello

Alcance de la causal quinta de revisión

42. La causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA ha
sido objeto de múltiples pronunciamientos al interior de esta Corporación, en la medida
en la que su redacción no permite conocer cuáles situaciones dan lugar a la nulidad de
la sentencia. Por esa razón, la jurisprudencia se ha ocupado de establecer los
supuestos que pueden configurar esa causal y le ha encomendado al juez la función
de establecer su alcance.

43. Se ha sostenido, así, que la sentencia es nula por las causales de nulidad
procesal establecidas en el ordenamiento de procedimiento civil. Al respecto, la
jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha identificado ciertos vicios6 que
afectan la validez de la sentencia, los cuales fueron sintetizados en la sentencia de 31
de mayo de 20117, como pasa a exponerse:

En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia8, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta
sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv)
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada
en ésta9, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o
cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera
de las causas legales de interrupción o de suspensión10 o, en estos casos, antes de
la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor
número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en
la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación11”.

44. Se ha aceptado, además, que la violación del derecho al debido proceso
estatuido en el artículo 29 de la Constitución Política 12 genera la nulidad de la sentencia,
conforme al razonamiento efectuado en ese sentido por la Corte Constitucional13 y, en
los específicos casos que ha identificado esta Corporación.

6
Al respecto, se pueden consultar, por ejemplo, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, 11 de mayo de 1998, rad. REV-093; 18 de octubre de 2005, rad.
2000-00239 y de 20 de octubre de 2009, Rad. REV-2003-00133. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B”, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de
diciembre de 2009, rad. 2006-00123.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2008-00294-
00, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
8
“Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre de
1997, Rad. REV-080”.
9
“Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998,
Rad. REV-093”.
10
“Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección ‘A’, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad. REV-
1998-00170”.
11
“Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de junio de 2005,
Rad. REV-062”.
12
Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26, sentencias
de 3 de febrero de 2015, rad. 1998-00157-01(REV); de 1 de octubre de 2019, rad. 2017-00811-00(REV);
y Sala Especial de Decisión No. 21, sentencia de 3 de diciembre de 2019, rad. 2014-01303-00(REV).
13
Ver sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001.

13

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Actor: María Ruth Soto Botello

45. Por vía jurisprudencial, se han reconocido los siguientes supuestos
transgresores del derecho al debido proceso: i) fallo inhibitorio; ii) ausencia de
motivación; iii) transgresión del principio de la non reformatio in pejus; iv) condena
contra un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; v) falta de
competencia o jurisdicción; vi) decisión proferida en un proceso terminado por
desistimiento, transacción o perención; v) no contar la decisión con el número de votos
requerido para su aprobación, y vi) falta de congruencia por condena extra, ultra o infra
petita.

46. El principio de non reformatio in pejus resulta aplicable a los procesos de doble
instancia y es una expresión del derecho al debido proceso. Tiene como efecto limitar
el alcance de la decisión del juez superior, de modo que no haga más desfavorable la
situación del apelante único14.

47. El principio de congruencia, por su parte, se encuentra consagrado en el artículo
281 del Código General del Proceso. Su finalidad es delimitar el contenido de las
decisiones judiciales, para que éstas se profieran de acuerdo con los argumentos y
alcance de las peticiones y excepciones formuladas por las partes, de modo que exista
identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones oportunamente
aducidas, salvo que la ley otorgue facultades o competencias oficiosas al juzgador.

48. Esta Corporación ha considerado que la congruencia se divide en interna y
externa. La primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva
y resolutiva de la sentencia, mientras que la segunda propende porque la decisión
contenida en la parte resolutiva de la providencia se encuentre en concordancia con lo
pedido en la demanda, en su contestación o en el recurso interpuesto. Se ha indicado,
así, que:

El petitum, entonces, deberá expresar claramente la modificación o reforma que se
pretende de los actos acusados, y a él atañe la observancia por parte del juzgador
del principio de la congruencia de las sentencias, que debe ser tanto interna como
externa. La externa, se traduce en la concordancia debida entre el pedido de las
partes en la demanda y su corrección, junto con las excepciones, con lo decidido
en la sentencia y encuentra su fundamento en los artículos 55 de la Ley 270 de
1996 y 170 del C.C.A., en concordancia con el 305 del C.P.C., que señala que el
juez en la sentencia debe analizar ‘los hechos en que se funda la controversia, las
pruebas, las normas jurídicas pertinentes, con el objeto de resolver todas las
peticiones’. No debe olvidarse, además, que conforme al artículo 304 del C.P.C. la
parte resolutiva ‘deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las
pretensiones de la demanda...’. La congruencia interna, está referida a la armonía
y concordancia que debe existir entre las conclusiones judiciales derivadas de las

14
En palabras de la Corte Constitucional, el principio de no reformar en perjuicio del apelante único (non
reformatio in pejus) «es un principio general del derecho y una garantía del debido proceso. Por esa
razón, es una limitación al poder del Estado que busca que los apelantes únicos puedan presentar
recursos libremente sin el riesgo de que los jueces superiores desmejoren la situación en la que quedaron
luego del fallo de los jueces inferiores. Este principio aplica a todas las jurisdicciones, pero solo cuando
se trata de recursos presentados por un apelante único y tiene como efecto limitar el alcance de la
decisión del juez de segundo grado».

14

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Actor: María Ruth Soto Botello

valoraciones fácticas, probatorias y jurídicas contenidas en la parte considerativa,
con la decisión plasmada en la parte resolutiva de la sentencia 15.

49. La Corte Constitucional, por su parte, se ha referido a este principio procesal,
para precisar lo siguiente:

[E]l juez debe resolver todos los aspectos ante él expuestos y, por consiguiente, es
su obligación explicar las razones por las cuales no se ocupará del análisis de fondo
de alguna de las pretensiones. Adicionalmente, el juez tiene a su cargo el deber de
fallar con fundamento en la realidad fáctica demostrada, por cuanto, su decisión, de
ninguna manera, puede fundamentarse en lo que dicho funcionario considera que
pudo ser, pero que las partes ni él de oficio, lograron establecer en el curso de la
actuación procesal16.

50. En tal virtud, la sentencia debe ser objeto de revisión extraordinaria cuando falta
al principio de congruencia, es decir, cuando carece de coherencia externa y/o interna,
razón suficiente para calificar de inválida la decisión, porque el fallador excede su
competencia, la que, se insiste, está determinada por las pretensiones y fundamentos
de la demanda, o los argumentos del recurso.

51. En cualquier caso, le corresponde al juez definir si la situación analizada
quebranta un mandato constitucional, al punto de desvirtuar el efecto de cosa juzgada
de la decisión.

Caso concreto

52. Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 9 de junio de 2022,
proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado desatendió el
principio de non reformatio in pejus y resulta incongruente con los planteamientos del
recurso de apelación que se interpuso contra el fallo de primera instancia.

53. En la demanda se afirmó que la decisión cuestionada reformó declaraciones de
la sentencia de primera instancia que no fueron objetadas por el apelante único, aun
cuando no existía íntima relación entre los puntos apelados y los reformados, con lo
que se desmejoró injustificadamente la situación jurídica de la accionante.

54. Al estudiar la controversia que se dirimió en el proceso ordinario, encuentra la
Sala que no le asiste razón a la accionante, toda vez que la sentencia que puso fin a
ese litigio se ocupó de resolver los aspectos que fueron materia de apelación y los que
resultaban necesarios para proferir decisión de fondo.

15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de agosto de 2002,
M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, exp. 12668. Ver igualmente, Consejo de Estado, Sección Segunda–
Subsección B, M.P. Cesar Palomino Cortés, exp. 11001-03-25-000-2013-00838-00.
16
Corte Constitucional, sentencia T-961 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Reiterada en la sentencia
T-079 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.

15

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Actor: María Ruth Soto Botello

55. En efecto, en ese proceso se perseguía la declaración de nulidad de los actos
que negaron el reconocimiento de una relación laboral y el consecuente pago de los
rubros dejados de percibir, en virtud de la labor que prestó la señora María Ruth Soto
Botello en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS- (antes
Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional, y Red de
Solidaridad Social), desde el 24 de junio de 2002 hasta el 31 de marzo de 2012. Se
pretendía, así, la declaración de la existencia de un contrato realidad y el
reconocimiento y pago de las sumas adeudadas, por los conceptos de diferencia
salarial, devolución de la retención en la fuente y prestaciones sociales.

56. El Tribunal Administrativo del Huila, en la sentencia de primera instancia
proferida el 13 de diciembre de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. Encontró acreditada una relación de naturaleza laboral entre la demandante
y el DPS, durante el período comprendido entre el 24 de junio de 2002 y el 31 de marzo
de 2012, por lo que ordenó reconocer las prestaciones causadas en ese lapso y
efectuar los respectivos aportes pensionales.

57. En relación con los períodos de contratación y la naturaleza de las labores
desempeñadas refirió, puntualmente:

a.- Las diferentes piezas documentales dan cuenta que la señora María Ruth Soto
Botello suscribió 15 contratos de prestación de servicios, discriminados así: 7 con
la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura; 1 con la Organización Internacional para las Migraciones; 6 con la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción
Social -, y 1 con el Departamento para la Prosperidad Social "DPS" (…).

Vale resaltar, que 5 de los anteriores contratos (OPS 0413-02, Adición OPS 0413
de 2002, OPS 0183-03, CPS 0375-03 y C - 1036 - 03) fueron suscritos en
desarrollo de los siguientes convenios: (…)

b.- Según la información vertida en las certificaciones expedidas por la Asesora
de la Oficina Jurídica de la Organización de Estados Iberoamericanos, por el
Oficial de Logística de la Organización Internacional para las Migraciones, y por el
Subdirector de Contratación del Departamento para la Prosperidad Social, la
demandante fungió en calidad de asesora jurídica del Departamento
Administrativo de la Prosperidad Social, en seis periodos, a saber: (f. 54 y ss, cuad,
1)

-Entre el 24 de junio de 2002 y el 31 de octubre de 2002.
-Entre el 20 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2007.
-Entre el 17 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008.
-Entre el 21 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009.
-Entre el 2 de febrero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010.
-Entre el 16 de febrero de 2011 y el 31 de marzo de 2012.

Es pertinente resaltar, que al finalizar las anualidades 2002, 2008, 2009 y 2010;
se advierte que formalmente se presentaron interrupciones de 79, 16, 20, 32 y
16 días, respectivamente; sin embargo, las deponentes Matilde Bonilla Paris
(quien fungió en calidad de coordinadora de la unidad territorial de Acción Social
de Neiva entre 2003 y 2009), y Vianey del Rocío Velázquez Andrade (quien fue
asesora jurídica en la Red de Solidaridad Social); afirmaron que la accionante
laboró de manera permanente. Incluso, que merced a la carga laboral, asistía

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Actor: María Ruth Soto Botello

sábados, domingos y festivos; apoyaba la brigada de emergencias y participaba
en las jornadas de archivo, rindiendo los correspondientes informes.
Circunstancia, que permite colegir que materialmente desempeñó sus
funciones de manera continua e ininterrumpida.

c.- En desarrollo de las labores de asesora jurídica, la demandante cumplía un
horario de trabajo (por órdenes impartidas desde Bogotá y difundidas mediante
circulares); como lo indica la circular denominada Control preventivo Acción Social
No. 11-08 cumplimiento horario de trabajo y atención al público, suscrita por la jefe
de la oficina de control interno de la Agencia Presidencial para la Acción Social y
la Cooperación Internacional, en la cual, le indicaba la forma en que se debían
atender a los usuarios, y el horario: 8 horas y 45 minutos diarios, de lunes a
viernes, de 8:00 a.m. a 5:45 p.m., en dos sesiones con una hora de almuerzo (f.
189-190 cuad. 1). Dicha circunstancia fue confirmada por el señor Wilson Guayara
Suarez (compañero de trabajo de la demandante).

De igual manera, recibía y acataba las órdenes que le impartían la coordinadora
de la Unidad Territorial de Acción Social (Matilde Bonilla) y el jefe de la oficina
asesora jurídica en Bogotá de esa misma institución (Lucy Edrey Acevedo
Meneses). Incluso, también está acreditado que para desarrollar su labores (esto
es, responder derechos de petición, tutelas, incidentes de desacato) utilizaba los
equipos y herramientas que le proporcionaba la misma entidad.

d.- Teniendo en cuenta que uno de los objetivos estratégicos de la entidad consiste
en «..fijar políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia,
atención y reparación a las víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención
a grupos vulnerables y su reintegración social y económica (…). Y que la
demandante en la ejecución de los contratos tenía como funciones «Apoyar a las
Unidades Territoriales RSS para los Departamentos del Hulla, Caquetá y a la
oficina Jurídica de la entidad en la recopilación de documentación necesaria para
atender tutelas y derechos de petición, así como los otros requerimientos jurídicos
(…». Es menester concluir, que la señora Soto Botello coadyuvó a
desarrollar su componente misional durante un prolongado lapso.

En ese orden de ideas, no se puede colegir que actuara con autonomía,
independencia y que se sometiera simplemente a un régimen de coordinación.
Por lo tanto, se infiere que se encubrió una relación de naturaleza laboral, y
aunque es válido prestar servicios a través de órdenes de prestación de servicios,
solo se permite que sea temporalmente y no de manera indefinida (como sucedió
en el sub lite); desnaturalizándose la esencia de la contratación estatal.

58. Contra esa decisión, la entidad demandada interpuso recurso de apelación, en
el que controvirtió los siguientes aspectos:

(i) Las actividades desarrolladas por la accionante no guardan relación con la misión
institucional del DPS, la que no se corresponde con la garantía de la defensa jurídica
del Estado o de la comunidad en general, de modo que «las actividades de la
demandante, que eran netamente jurídicas y consideradas como de profesión liberal,
no tienen nada que ver con los objetivos de la entidad ni con su misión, eran de mero
apoyo, tanto es así que, nadie le decía a ésta cómo desarrollar su trabajo, verbi gratia,
como debía contestar las tutelas o acciones judiciales, y, menos, cómo desempeñarse
dentro de una audiencia pública por ejemplo, de manera que, la actividad de defensa
jurídica nada tiene que ver con las funciones primarias de la entidad».

(ii) La impartición de instrucciones, la exigencia de informes, el desarrollo de las labores

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en las instalaciones de la entidad o el cumplimiento de un horario de trabajo no son
expresiones de la subordinación laboral, como tampoco lo es la coordinación de
actividades, tal como han señalado la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado.

(iii) No se demostró en el proceso el cumplimiento de un horario laboral. Aunque los
testigos afirmaron que existía un horario, la abogada utilizaba un aplicativo para la
contestación y seguimiento a las acciones de tutela que se presentaban contra la
entidad y no permanecía todo el día en las instalaciones de la contratante porque la
naturaleza de sus funciones no lo ameritaba, y «si la accionante se encontraba a veces
dentro de un horario habitual, es porque no podía ejecutar su labor sino en horas
oficiales y cuando estuviese el personal de planta».

(iv) Los elementos que le fueron entregados a la demandante fueron pactados en los
contratos de prestación de servicios y no existió un pago de salario, sino de honorarios.

(v) Entre los contratos hubo interrupciones, por lo que se configuró la prescripción
trienal. La valoración de los contratos en contraposición a la afirmación sobre la
continuidad de las labores expresada por los testigos es discordante. La fuerza
probatoria que se dio a las declaraciones riñe con las reglas de la lógica y la sana crítica
y es contradictoria, porque no responde a un análisis conjunto de las pruebas. «Sí hubo
solución de continuidad en los contratos suscritos entre la entidad demandada y el
demandante (…). Así las cosas y, según lo expuesto en la jurisprudencia precitada,
deben estudiarse en concreto estas interrupciones para aplicar la prescripción del
derecho frente a estas».

(vi) Los testimonios de los señores Matilde Bonilla Paris, Vianey del Rocío Velásquez
Andrade y Wilson Guayara Suárez son imprecisos porque manifestaron que la
demandante estuvo vinculada al DPS, lo que no es cierto porque para las vigencias
2001 y 2004 suscribió contratos con el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República DAPRE, no con el DPS; además, la coordinadora de la Regional Huila
no era la jefe de la señora María Ruth Soto Botello, sino la supervisora del contrato, y
el horario fijado era exigible a los trabajadores de planta, no a los contratistas.

(vii) La demandante no desarrolló labores de asesoría jurídica, sino de colaboración y
apoyo jurídico a la demandada.

59. Con base en las consideraciones anotadas solicitó revocar la decisión apelada
y negar las pretensiones de la demanda «en la medida que no están probados los
elementos mínimos necesarios para establecer el contrato realidad deprecado por la

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Actor: María Ruth Soto Botello

parte actora». En subsidio, pidió declarar la prosperidad de la excepción de
prescripción sobre los contratos celebrados con anterioridad al contrato 119 de 2012 y
tener en cuenta los pagos que recibió la accionante por concepto de honorarios, los
que superan en un 40% la asignación básica mensual que percibía un empleado de
esa entidad, grado 15, para la época de la contratación.

60. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
de 9 de junio de 2022, se ocupó de resolver los siguientes problemas jurídicos:

1. ¿La señora María Ruth Soto Botello demostró la configuración de los elementos
de la relación laboral durante el tiempo en que estuvo vinculada con Acción Social,
hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, a través de contratos
de prestación de servicios suscritos directamente con la entidad?

En caso afirmativo,

2. ¿Hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho, al haber transcurrido más de tres años entre la finalización de todos o
algunos de los períodos contractuales y la reclamación administrativa?

3. ¿Al declararse la existencia de la relación laboral con ocasión de los contratos
de prestación de servicios suscritos directamente con la entidad demandada,
cómo debe restablecerse el derecho del demandante?

61. Luego de exponer ciertas generalidades sobre el derecho al trabajo y algunas
particularidades del contrato de prestación de servicios, a la luz de la jurisprudencia de
esta Corporación, se centró en analizar cada una de las relaciones contractuales
aducidas por la demandante, con el fin de resolver el primer problema jurídico, esto es,
si dichos vínculos ocultaron una verdadera relación laboral.

62. En relación con los contratos 413 de 2002, 183 de 2003, 375 de 2003, 1036 de
2003 y 483 de 2005, con sus adiciones y otrosí, suscritos entre la accionante y las
organizaciones internacionales OEI y OIM, advirtió el ad-quem que «la señora María
Ruth Soto Botello prestó sus servicios de manera directa a tales entidades, y no a la
Red de Solidaridad Social, RSS (…). Las mencionadas organizaciones no
gubernamentales no fungen como intermediarias para el suministro de personal al
servicio de la multicitada RSS, sino que, por virtud de un convenio de cooperación, las
entidades aunaron esfuerzos para solventar sus objetos misionales facilitando cierto
tipo de servicios (…). De manera que al no ser parte del presente proceso los
señalados organismos internacionales de cooperación, la relación o vinculación que
pudo trabarse entre la demandante y aquellos no puede ser valorada para la
determinación de la existencia del contrato laboral objeto de discusión».

63. Precisó, sin embargo, que entre el 14 de septiembre de 2006 y el 31 de marzo
de 2012, la accionante prestó sus servicios profesionales, de manera directa, a la

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Actor: María Ruth Soto Botello

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción
Social - Fondo de Inversión para la Paz; y al Departamento para la Prosperidad Social,
mediante contratos de prestación de servicios, con apenas algunas interrupciones en
términos de días.

64. Determinó que frente a los citados vínculos con el Departamento para la
Prosperidad Social, la demandante había acreditado los elementos de prestación
personal del servicio y de remuneración o contraprestación, propios de la relación
laboral. Para establecer el criterio de subordinación y dependencia continuada se
tuvieron en cuenta los testimonios rendidos en el proceso por los señores Matilde
Bonilla Paris, Vianey del Rocío Velásquez Andrade y Wilson Guayara Sánchez, así
como el contenido de las órdenes de prestación de servicios y demás pruebas
allegadas al plenario, de lo cual concluyó que «si bien las funciones desempeñadas
por la señora María Ruth Soto Botello se encontraban dentro del alcance de los objetos
de los contratos de prestación de servicio que suscribió con Acción Social, hoy DPS,
debió cumplir y acatar instrucciones y directrices a instancias de dicha entidad, por
superiores que determinaban su desempeño, el cumplimiento de horarios, y el
sometimiento a trámites administrativos».

65. Por lo anterior, declaró la existencia de una relación laboral entre la señora
María Ruth Soto Botello y el DPS.

66. A continuación, analizó el fenómeno de la prescripción trienal, aplicada a los
contratos celebrados con el DPS, con base en el criterio establecido por la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Estableció que en el período del 14 de septiembre de
2006 al 31 de diciembre de 2010 operó la prescripción de las prestaciones causadas,
porque sólo hasta el 18 de febrero de 2015 se le solicitó a la demandada el
reconocimiento de dichas acreencias laborales. No obstante, indicó que dicha
consecuencia no era extensible a los aportes pensionales.

67. Por último, para absolver el tercer problema jurídico, mencionó que la
declaración de la existencia de la relación laboral no implicaba que el beneficiario
tuviera la calidad de empleado público ni una incorporación automática a la planta de
personal de la entidad, ni podía predicarse la retroactividad en las condiciones
pactadas legalmente en el contrato de prestación de servicios, suscrito por ambas
partes, por lo que debían aceptarse como válidos los acuerdos pactados, entre estos,
la remuneración. Por consiguiente, se dispuso que el ingreso sobre el cual debían
calcularse las prestaciones dejadas de percibir correspondía a los honorarios
establecidos en los contratos.

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Actor: María Ruth Soto Botello

68. De lo expuesto, concluye la Sala, sin mayor esfuerzo, que la decisión recurrida
no está incursa en nulidad, como insinúa la accionante, en tanto no excedió el marco
de competencia asignado al juzgador de segunda instancia ni se incurrió en alguna
extralimitación o yerro que hubiera conllevado a adoptar conclusiones contraevidentes,
irrazonables o arbitrarias.

69. En efecto, el principal reproche que elevó la entidad demandada contra el fallo
de primera instancia versó sobre la inexistencia de una relación laboral con la
demandante, por la ausencia de los elementos constitutivos de la misma, en especial,
el de subordinación, en los contratos de prestación de servicios analizados. Dicha
censura inexorablemente imponía la necesidad de examinar todos los contratos
celebrados, no de forma parcializada, como pretende la interesada, sino en su
totalidad, con el fin de establecer si a partir de ellos era posible establecer la existencia
de verdaderas relaciones laborales con la entidad encartada, tal como se afirmó en la
demanda. Dicho estudio naturalmente incluía la verificación de las partes contratantes.

70. No es cierto, entonces, que el DPS se hubiera mostrado conforme frente a las
vinculaciones de los años 2002, 2003, 2005 y 2006, y que la inconformidad se hubiera
centrado en las contrataciones de los años 2001 y 2004, pues, en realidad, el apelante
cuestionó la existencia de una relación de naturaleza laboral en todos los contratos.
Cosa distinta es que hubiera precisado que en las vigencias 2001 y 2004, la accionante
celebró contratos con el DAPRE, no con el DPS, planteamiento que claramente tenía
la finalidad de desvirtuar la relación contractual con la entidad en ese período, no así
la de excluir los demás argumentos de la impugnación.

71. Ahora bien, los cargos que se relacionan con la supuesta valoración incompleta
y/o indebida de las pruebas, que llevó a establecer la existencia de contratos con
organismos internacionales ajenos al DPS, o la solución de continuidad en algunos
contratos celebrados con dicha entidad, así como la fecha exacta en la que empezó a
regir uno de esos negocios jurídicos exceden el alcance del recurso extraordinario de
revisión, el cual, como ya se mencionó, no resulta procedente para controvertir el
estudio de las pruebas y el valor asignado a estas por el juez natural.

72. Ciertamente, en el contexto del recurso extraordinario de revisión no le está
permitido al juez de conocimiento entrometerse en la valoración probatoria o en la
interpretación normativa efectuada por el fallador en la providencia cuestionada o, en
general, sobre el fondo del asunto y, consecuentemente, tampoco es la oportunidad
para que las partes aclaren conductas que pudieron haber adoptado durante el trámite
del proceso ordinario.

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Actor: María Ruth Soto Botello

73. En palabras de esta Corporación, «no se pueden discutir en él los asuntos de
fondo (fuente de la mencionada relación), ni fiscalizarse las razones fácticas y jurídicas
debatidas en el proceso que dio lugar al aparecimiento del fallo que se impugna 17; no
resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en que se realizó
una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una determinada regla de
derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se interpretó equivocadamente
una norma jurídica, pues todas estas observaciones escapan al ámbito de la aludida
causal. (…) En este trámite especial el juez no puede salirse de las causales invocadas
en la demanda de revisión, ni buscar fundamentos diferentes a las mismas, cuando
quiera que ellas se encuentren deficientemente estructuradas»18.

74. Con todo, no observa la Sala que las conclusiones de la sentencia resulten
caprichosas, arbitrarias o inconexas con la controversia que se planteó en la demanda
y en el recurso de apelación. Por el contrario, son consonantes con el análisis
probatorio que efectuó el juez de la causa y los aspectos de disenso señalados por el
apelante; además, encontraron sustento en posturas jurisprudenciales aplicables al
asunto.

75. Las diferencias de la actora con la decisión adoptada no habilitan a la Sala para
efectuar un nuevo análisis del asunto discutido en el proceso primigenio, pues, como
se ha expuesto con suficiencia, el recurso extraordinario de revisión no es una tercera
instancia ni el mecanismo para reabrir el debate probatorio del proceso ordinario.

76. En ese orden de ideas, como la providencia revisada se muestra congruente
con el recurso de apelación y no vulneró el principio de non reformatio in pejus, la Sala
se abstendrá de infirmarla.

Condena en costas

77. El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021,
establece que «si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios
al recurrente».

78. La regla para imponer la condena en costas en este tipo de procesos atiende,
así, a un criterio objetivo, en el que no es menester analizar la actuación de las partes,
para establecer si obraron con temeridad o mala fe, o tener en cuenta otros aspectos,
como la situación económica de la parte destinada a asumir la condena. Por

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005, exp.
REV–173, M.P. María Elena Giraldo Gómez.
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 35.221, M.P. Mauricio
Fajardo Gómez; posición reiterada en sentencia de 15 de febrero de 2018, exp. 39906, M.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04017-00 (6341)
Actor: María Ruth Soto Botello

consiguiente, no es posible acoger la petición de la recurrente dirigida a que se le exima
de esta carga procesal pues, como se anotó, el legislador previó la procedencia de la
condena en costas cuando se declara infundado el recurso.

79. El artículo 361 del CGP prevé que las costas están integradas por la totalidad de
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho. El numeral 8º del artículo 365 del CGP dispone, por su parte, que sólo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación.

80. En el presente asunto, el DPS contestó la demanda de manera oportuna y
presentó argumentos dirigidos a que se declarara infundado el recurso extraordinario
de revisión. Por consiguiente, se impondrá, en su favor, agencias en derecho.

81. Para establecer el monto de las agencias en derecho, la Sala se remite a lo
establecido en el artículo 5º, numeral 9º, del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto
de 2016, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que
dispuso la tarifa de agencias en derecho para los recursos extraordinarios, en cuantía
de uno (1) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

82. Atendiendo a la naturaleza del proceso y la gestión desarrollada por el
profesional del derecho que ejerció la representación legal del DPS, se tasará a su
favor, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de esta providencia.

83. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Uno Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la señora María Ruth Soto Botello contra la sentencia del 9 de junio de 2022,
proferida la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, en atención a las
razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Se fija por concepto de
agencias en derecho, a favor del Departamento de Prosperidad Social (DPS), la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de
esta sentencia.

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Actor: María Ruth Soto Botello

Por Secretaría General, liquídense los gastos procesales.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Notifíquese y cúmplase

Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILSON RAMOS GIRÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL

VF

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