Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05700-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05700-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05700-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05700-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05700-01
Demandante: William Pomar García
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección E
Temas: Impugnación. Nulidad y restablecimiento del derecho. Pensión
de vejez por actividad de alto riesgo DAS.
Decisión: Confirma improcedencia, pero por las razones aquí expuestas.
La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 31 de octubre de 2025 por la Sección Cuarta de esta
corporación, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 11 de septiembre de 2025, William Pomar García, por intermedio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la sentencia
proferida el 5 de septiembre de 2025 por la Subsección mencionada en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-35-007-2024-00096-01, y,
en su lugar, que se dictara una nueva providencia, en la que se estudiaran los
argumentos consignados en el segundo cargo del escrito de apelación.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, del escrito de tutela
y sus anexos, se observa que William Pomar García nació el 9 de mayo de 1967,
prestó el servicio militar entre el 18 de enero y el 30 de diciembre de 1985 (11 meses
y 13 días) y prestó sus servicios en el extinto Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) así: (i) como alumno de academia desde el 20 de noviembre de
1990 hasta el 14 de octubre de 1991 (10 meses y 25 días) y (ii) como detective del
15 de octubre de 1991 al 31 de marzo de 2008 (16 años, 5 meses y 17 días), siendo
su último cargo el de detective profesional 207-11.
4. El señor Pomar García instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones
(COLPENSIONES), para que se declarara la nulidad de las Resoluciones SUB
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05700-01
Demandante: William Pomar García
225294 de 14 de septiembre de 2021, SUB 311406 de 24 de noviembre de 2021,
SUB 233677 de 30 de agosto de 2022, DPE 15296 de 1 de diciembre de 2022, DPE
5520 de 18 de abril de 2023, SUB 302932 de 31 de octubre de 2023 y DPE 2885
de 19 de febrero de 2024, por medio de las cuales se le negó el reconocimiento de
la pensión.
5. Adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, solicitó reconocer
la pensión de vejez por actividades de alto riesgo, de conformidad con el Decreto
1835 de 1994 y la Ley 860 de 2003 con el promedio de lo devengado en los últimos
10 años anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad, esto es, entre el 9 de
mayo de 2012 y el 9 de mayo de 2022, con una tasa de reemplazo del 75%.
6. De forma subsidiaria, requirió el reconocimiento y pago de dicha prestación
con base en el Decreto Ley 1047 de 19781 y la sentencia de unificación del Consejo
de Estado Rad. 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2356-2014), como exfuncionario
del suprimido DAS, con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años
anteriores al cumplimiento de la edad de 50 años (9 de mayo de 2017), con una
tasa de reemplazo del setenta y cinco por ciento (75%) y con la inclusión de los
factores salariales sobre los cuales realizó cotización.
7. El 15 de noviembre de 2024, el Juzgado 7 Administrativo de Bogotá negó
las pretensiones de la demanda, debido a que el demandante no acreditó los 20
años de servicio en actividades de alto riesgo. Además, precisó que si bien era cierto
que el Decreto 1047 de 1978, en su artículo 2, señaló un término no menor de 16
años de servicios especiales para tener derecho a la pensión de jubilación al cumplir
50 años de edad, también lo era que esa norma estableció que para esa época
debía ser funcionario del DAS, presupuesto que no cumplió el demandante.
8. El extremo activo interpuso recurso de apelación en contra de la anterior
decisión. Para el efecto, frente a la pretensión principal, indicó que (i) la sentencia
recurrida se equivocó al afirmar que el Decreto 1835 de 1994 y la Ley 860 de 2003
exigen un tiempo mínimo de cotización especial en actividades de alto riesgo de 20
años, pues no tuvo en cuenta los regímenes de transición que establecieron estas
normas y en los cuales se encontraba inmerso; y (ii) cumplió con los requisitos para
que le fuera reconocida la pensión de vejez por actividades de exposición a alto
riesgo conforme a las disposiciones del Decreto 1835 de 1994 y la Ley 860 de 2003.
9. En relación con la pretensión subsidiaria, manifestó que (a) no se tuvo en
cuenta que el Decreto 1047 de 1978 exige una permanencia en el DAS por un
término no menor a 16 años continuos o discontinuos, «luego la aseveración
realizada en la sentencia reprochada no está ajustada a la verdad»; (b) cumplió con
los requisitos para que le sea reconocida dicha prestación de acuerdo con el
Decreto precitado; (c) no es necesario que hubiese aprobado el curso de
dactiloscopia y que hubiera estado al servicio del DAS al momento de cumplir los
1
«Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que desempeñen funciones de
dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad».
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05700-01
Demandante: William Pomar García
50 años de edad, en virtud de lo dispuesto en la sentencia proferida el 3 de
noviembre de 2022 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en el proceso No. 85001-23-33-000-2015-00022-01 (4995-2015); y (d)
demostró más tiempo de servicio al suprimido DAS que el reconocido por la
sentencia recurrida.
10. El 5 de septiembre de 2025, la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia de primera
instancia, al considerar que el accionante no cumplió con los presupuestos exigidos
en la norma para acceder a la pensión de vejez por exposición a actividades de alto
riesgo.
11. Como fundamentos de derecho, el accionante afirmó que la sentencia
proferida el 5 de septiembre de 2025 por la Subsección E de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en defecto de decisión sin
motivación, puesto que no existió consonancia entre lo pedido en el cargo segundo
del escrito de apelación y lo decidido en dicha providencia, comoquiera que se
desconoció el fallo emitido el 3 de noviembre de 2022 por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso No. 85001-23-33-003-2015-
00022-01 (4995-2015).
12. Indicó que el principio de congruencia busca la protección del derecho de
las partes a obtener una decisión judicial certera sobre el asunto puesto a
consideración del juez. Además, señaló que, a voces del artículo 320 del Código
General del Proceso, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine lo decidido, pero únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante.
13. Por tanto, consideró que, al no existir un pronunciamiento sobre algunos de
los argumentos planteados en el recurso de alzada, esto incidió en el resultado del
trámite y le impidió ejercer su derecho de contradicción, pasando por alto lo
dispuesto en el artículo 281 del estatuto procesal mencionado.
Intervenciones2
14. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, luego de exponer los argumentos planteados en la sentencia
cuestionada, indicó que en esta decisión se justificó plenamente las razones por las
cuales el señor Pomar García no cumplió con los presupuestos exigidos en la norma
para acceder a la pensión de vejez por exposición a actividades de alto riesgo.
Añadió que no se incurrió en ninguna irregularidad procesal.
2
El 19 de septiembre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela contra la Subsección E
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y vinculó al Juzgado 7 Administrativo de Bogotá y a la
Administradora Colombiana de Pensiones.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05700-01
Demandante: William Pomar García
15. De otra parte, sostuvo que la acción de tutela es improcedente toda vez que
la parte accionante ejerció todos y cada uno de los mecanismos judiciales que tenía
a su disposición y el asunto ya fue definido por el juez natural, de manera que este
mecanismo no puede utilizarse como una tercera instancia.
16. COLPENSIONES afirmó que no vulneró derecho fundamental alguno toda
vez que emitió respuesta clara, concreta y de fondo a cada una de las solicitudes
del ciudadano, sin que esté obligada a acceder a lo pretendido.
17. Por otro lado, manifestó que la acción de amparo no cumplió con las
causales de procedibilidad que permita revocar la decisión cuestionada, dado que
no se materializó ningún vicio, defecto o vulneración de derechos fundamentales.
En consecuencia, solicitó declarar improcedente.
18. El Juzgado 7 Administrativo de Bogotá no rindió el informe solicitado, a
pesar de haber sido notificado del auto admisorio de la acción de la referencia.
Sentencia impugnada
19. El 31 de octubre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela por no satisfacerse el requisito general de
relevancia constitucional, comoquiera que el demandante buscaba prolongar la
discusión que ya fue resuelta por el juez de la causa, a pesar de que los puntos de
la apelación contra la decisión de primer grado en el respectivo medio de control
fueron resueltos por el tribunal en la sentencia que se cuestiona acorde con los
temas propuestos en el recurso de alzada, distinto es que el resultado no fuera el
esperado para el actor.
20. En efecto, resaltó que la autoridad accionada estudio la vinculación que tuvo
el señor Pomar García con el extinto DAS no solo como dactiloscopista sino también
como alumno, así como el tiempo prestado en el servicio militar, lapsos que, según
el Tribunal, no lograron sumar el tiempo de servicios exigido para tener derecho al
reconocimiento de la pensión de vejez por actividades de alto riesgo.
21. Por lo anterior, estimó que el asunto no cumple con la exigencia
mencionada, pues la tutela no puede emplearse como una instancia adicional para
dirimir diferencias de juicio o de opinión, ya que la simple disparidad de criterio no
constituye per se una vulneración a los derechos fundamentales, por lo que, de
aceptar dicha posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela.
Impugnación
22. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia porque, en su
criterio, la acción de tutela goza de relevancia constitucional, toda vez que (i) dentro
del debate se involucró el alcance y contenido de los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, los cuales se
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05700-01
Demandante: William Pomar García
vulneraron por no desarrollarse en la sentencia censurada todos los argumentos del
recurso de apelación; (ii) no se trata de una controversia puramente legal o
económica; y (iii) no pretende prolongar el debate, sino demostrar que el silencio en
la decisión de segunda instancia afectó gravemente sus derechos fundamentales.
23. Por otra parte, adujo que el cuadro comparativo elaborado en la sentencia
impugnada por el juez de primer grado contiene información «mal hecha, recortada
y sesgada», dado que no contiene todos los desacuerdos formulados en el recurso
de apelación, especialmente, la parte donde mencionó la sentencia proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso No.
85001-23-33-003-2015-00022-01 (4995-2015).
II. CONSIDERACIONES
Competencia
24. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
25. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, en
especial, el requisito general de subsidiariedad, si la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al expedir la sentencia del
5 de septiembre de 2025 incurrió en la causal de decisión sin motivación y, por ende,
vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
26. La Sala confirmará la improcedencia de la acción de tutela, pero por no
haberse acreditado el cumplimiento del requisito general de subsidiariedad, de
acuerdo con las razones que a continuación se exponen:
27. El accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, al considerar que estos
fueron vulnerados por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al expedir la Sentencia del 5 de septiembre de
2025. Para el efecto, afirmó que la providencia mencionada incurrió en decisión sin
motivación, por violación al principio de congruencia, al no existir consonancia entre
los argumentos planteados en el escrito de apelación y lo decidido en dicha
providencia, debido a que la autoridad judicial no abordó la tesis adoptada en la
sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05700-01
Demandante: William Pomar García
Estado el 3 de noviembre de 2022 en el proceso No. 85001-23-33-003-2015-00022-
01 (4995-2015).
28. En la sentencia de primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no se encontraba
satisfecho el requisito general de relevancia constitucional, comoquiera que el actor
buscaba prolongar la discusión abordada y resuelta por el juez ordinario, a pesar de
que los puntos de la apelación contra la decisión de primer grado fueron
desarrollados por el Tribunal accionado en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, de ahí que la simple disparidad de criterios no
configuraba por si sola la vulneración de derechos fundamentales.
29. No obstante, al realizar una lectura integral del escrito de tutela, se denota
que (i) los derechos invocados por la parte actora tienen la condición de
fundamentales; (ii) los desacuerdos formulados no pretenden continuar con el
debate jurídico, sino que buscan discutir la transgresión del principio de
congruencia, reparo que fue encuadrado adecuadamente en la causal específica de
decisión sin motivación, por lo que no se advierte que el propósito del accionante
sea desconocer la autonomía e independencia del juez natural de la causa; y (iii) la
discusión no versa sobre un asunto de mera legalidad o estrictamente económico.
30. Por tanto, la Sala concluye que el presente asunto reviste una clara y
marcada importancia constitucional, razón por la cual se entiende superado la
exigencia referida, por lo que procederán a estudiarse los demás requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
31. Así, se advierte que el desacuerdo formulado por el actor se estructura en
torno a una presunta vulneración del principio de congruencia, derivada de la
supuesta omisión de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca de pronunciarse sobre un argumento específico
planteado en el recurso de apelación interpuesto por aquel en contra de la sentencia
proferida por el Juzgado 7 Administrativo de Bogotá en el respectivo medio de
control, el cual, en criterio del accionante, resultaba determinante para la resolución
del litigio.
32. Al respecto, frente a este tipo de cuestionamientos, el ordenamiento jurídico
prevé un mecanismo judicial específico, idóneo y eficaz para su resolución,
consistente en el recurso extraordinario de revisión. En efecto, el numeral 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 contempla como causal de revisión la nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso, supuesto dentro del cual se ha
entendido comprendida la transgresión del principio de congruencia, cuando el juez
omite resolver alguno de los cargos propuestos por las partes, que es lo que discute
en esta sede el peticionario del amparo3.
3
Sobre el particular pueden consultarse las Sentencias de 28 de abril de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2023-04017-00; 20 de
mayo de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2023-04693-00; 24 de julio de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2023-00789-00; 30 de julio
de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2025-02260-00; 28 de octubre de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2022-05810-00; 11 de abril
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05700-01
Demandante: William Pomar García
33. En esa medida, se concluye que el demandante cuenta con otro medio de
defensa idóneo y eficaz para plantear la presunta irregularidad que ahora pretende
ventilar por vía de tutela, esto es, la falta de pronunciamiento sobre uno de los
argumentos expuestos en la alzada, por lo que no se cumple con el requisito general
de subsidiariedad, el cual exige que se hayan agotado todos los instrumentos de
defensa judicial dispuestos en el ordenamiento jurídico, para proteger las garantías
fundamentales que se estiman vulneradas.
34. Lo anterior, dado el carácter excepcional, preferente y sumario de la acción
de tutela, el cual impone como una obligación dirimir los conflictos jurídicos
relacionados con los derechos fundamentales, en un principio, a través de las vías
ordinarias dispuestas para el efecto, por lo que al juez constitucional le está vedado
emitir un pronunciamiento al respecto, pues, de lo contrario, estaría desconociendo
las competencias que el legislador atribuyó a otra autoridad judicial.
35. En concordancia con lo expuesto, la Corte Constitucional, en la Sentencia
SU-026 de 2021, enfatizó que la acción de tutela resulta improcedente cuando el
ordenamiento jurídico tiene a su alcance instrumentos judiciales adecuados para
controvertir los yerros alegados, incluso si estos tienen carácter extraordinario. En
particular, el máximo tribunal constitucional precisó que el recurso extraordinario de
revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz para cuestionar omisiones
probatorias, situaciones asociadas a la aparición de nuevos elementos de
convicción o irregularidades que afecten la dimensión material del debido proceso,
como lo sería la transgresión al principio de congruencia por decidirse de forma infra
petita.
36. Ahora bien, se repara en que el accionante no demostró la existencia de un
perjuicio irremediable y tampoco, del escrito de tutela y de las pruebas aportadas,
se advierte una circunstancia de vulnerabilidad que haga necesaria la intervención
del juez constitucional. Adicionalmente, se destaca que el solicitante no planteó
ningún argumento para exponer los motivos por los cuales no agotó el instrumento
que tenía a su alcance.
37. Por tanto, se confirmará la sentencia proferida el 31 de octubre de 2025 por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela formulada por William Pomar García en contra de la Subsección E
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por las
razones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2023-03128-00; y 30 de septiembre de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2023-03927-00 de la
Salas Especiales de Decisión No. 1, 2, 5, 6, 8, 10 y 11 del Consejo de Estado, respectivamente, entre otras.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05700-01
Demandante: William Pomar García
III. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 31 de octubre de 2025 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela formulada por William Pomar García en contra de la Subsección E
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.