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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-03128-00

Fecha
11 de abril de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-03128-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Jorge Arias Castellanos contra la sentencia del 17 de marzo de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en la segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68001-23-33-000-2016- 00689-01 (25504). Segundo: Condenar en costas a la parte recurrente y a favor de la demandada, las cuales se fijan en la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Tercero: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. Firmada electrónicamente JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente WILLIAM BARRERA MUÑOZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO Con salvamento de voto Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL Con salvamento de voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-03128-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

11 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIEZ ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C. once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001 03 15 000 2023 03128 00
Demandante: Jorge Arias Castellanos

Providencia Sentencia del 17 de marzo de 2022 proferida por el Consejo
recurrida: de Estado, Sección Cuarta.

Temas: Causal 5 de revisión del artículo 250 del CPACA. Nulidad
originada en la sentencia.

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Jorge Arias
Castellanos contra la sentencia del 17 de marzo de 2022 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió contra la Nación, Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, Unidad Administrativa Especial.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2, Jorge Arias Castellanos presentó demanda en
orden a que se declarara la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión
042412015000003 del 20 de enero de 2015 por medio de la cual se modificó la
declaración que presentó del impuesto de renta año gravable 2011; y de la
Resolución 1190 del 22 de febrero de 2016 que resolvió el recurso de
reconsideración en contra de la anterior.

1 Índice 26, Samai. Folios 40 a 66 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con

radicado: 68001-23-33-000-2016-00689-01 (25504). (Corresponde a folios 74 a 126 del PDF).
2 En adelante CPACA.

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2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03128 00
Demandante: Jorge Arias Castellanos

2. Atítulo de restablecimiento del derecho pidió que se dispusiera que la
declaración de renta presentada por el año gravable 2011 se encontraba en firme.
De manera subsidiaria, solicitó que se revocara la sanción impuesta por
inexactitud «por existir una clara diferencia de criterios».

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. JorgeArias Castellanos era asociado de la Cooperativa de Transportes
Limitada (COOPETRAN)3 y afilió a tal empresa los vehículos de placas SXR 637,
XVY 595, CVV 073, XVP 107 y CUV 619.

3.2. Respecto de los vehículos mencionados celebró lo siguientes contratos:

Objeto del contrato y
Tipo de Fecha del Otra parte
Vehículo estado de dominio del
contrato contrato del contrato
vehículo
«reconocer como dueño,
10 de
Aura Argüello poseedor y propietario del
CVV 073 Tenencia septiembre
Galvis 100% del vehículo (…) y su
de 2007
cupo al tercero».
«en virtud del cual entregó su
50% dominio, propiedad y
posesión del vehículo de placas
14 de julio de Arnulfo Arenas
SXR 637 Permuta SXR y recibió del tercero el 50%
2011 Acevedo
de dominio, propiedad y
posesión del vehículo de placas
XVY 595»
«en virtud del cual se pactó que
el 27 de abril de 2011 el
Carlos
27 de abril vendedor (el actor) entregaría el
XVP 107 compraventa Gustavo
de 2011 vehículo en mención al tercero
Gómez Arias
(comprador), circunstancia que
ocurrió dicha fecha»
Se hizo constar que el
demandante era tenedor del
vehículo y que la propiedad era
de Wilder Calderón Piedrahita
27 de Wilder
(25%) y de José Adán Peña
CUV 619 Tenencia diciembre de Calderón
(50%).
2006 Piedrahita
También se señaló que el
vehículo estaba afectado con
«reserva de dominio» a favor de
una entidad financiera.

3.3. El 7 de junio de 2012 presentó la declaración de renta por el año gravable
2011 con la información descrita en el cuadro anterior y fijó un pago total de
impuesto equivalente a cero pesos.

3.4. El 28 de mayo de 2014 la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
de Impuestos de Bucaramanga de la DIAN profirió el requerimiento especial
042382014000034 notificado el 31 de ese mes y año, el cual fue atendido por
Jorge Arias Castellanos.

3 En delante se conocerá así a largo del proyecto.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 03128 00
Demandante: Jorge Arias Castellanos

3.5. El 20 de enero de 2015 la división referida emitió la Liquidación Oficial de
Revisión 042412015000003 en la que determinó un total a pagar por impuesto
de $1.240.460 y una sanción por inexactitud en la declaración de $763.3604.

3.6. El 22 de febrero de 2016 la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos
de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN profirió la Resolución 1190 con la
que confirmó la liquidación mencionada, al resolver el recurso de reconsideración
presentado por el demandante.

1.2. Sentencia de primera instancia5

4. El Tribunal Administrativo de Santander profirió la sentencia del 29 de mayo de
2020 en la cual declaró la nulidad parcial de los actos administrativos
demandados. A título de restablecimiento del derecho ordenó a la DIAN «[...] que
la sanción impuesta por inexactitud y el saldo a pagar a cargo del señor Jorge Arias
Castellanos sea el equivalente al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar,
determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente […]» (sic).
Denegó las demás pretensiones de la demanda.

5. Lo anterior, con fundamento en los siguientes argumentos:

5.1. En el presente asunto se debía resolver si los contratos de permuta, tenencia
y compraventa de los vehículos con placas SXR 637, XVY 595, CVV 073, XVP
107 y CUV 619 eran suficientes para demostrar que sobre los ingresos que Jorge
Arias Castellanos reportó como persona natural «[…] recaían costos y deducciones
por valor equivalente a $3.516.863.000 […]».

5.2. El artículo 746 del Estatuto Tributario6 indicó que las declaraciones tributarias
se presumían veraces, siempre que sobre ellas no se hubiera exigido «[…] una
comprobación especial ni la ley lo exija […]». Además, los artículos 770 y 771 ibidem
establecieron que los contribuyentes que no estaban obligados a llevar libros de
contabilidad solo podían solicitar pasivos respaldados por documentos de fecha
cierta y que la no acreditación de estos «[…] acarrea el desconocimiento de los
mismos, al menos que se pruebe que las cantidades respectivas y sus rendimientos
fueron oportunamente declarados por el beneficiario […]» (sic).

5.3. Así las cosas, una vez la DIAN expuso que no estaban debidamente probados
los pasivos, le correspondía al contribuyente demostrar su existencia y que su
valor debía deducirse de la declaración. En el caso concreto, los contratos
aportados «[…] fueron insuficientes para demostrar que efectivamente este adeudaba
la suma de $3.516.863.000, toda vez que en estos no se establecía obligación de
cancelar dicha suma […]» (sic).

4 Los valores no se indicaron en los hechos de la demanda; sin embargo, para mayor claridad se

tomaron de la Liquidación Oficial de Revisión 042412015000003 visible en el folio 21 y 22
(corresponden a los folios 36 a 38 del PDF) del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado: 68001-23-33-000-2016-00689-01 (25504).
5 Índice 26, Samai. Folios 425 a 434 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho

con radicado: 68001-23-33-000-2016-00689-01 (25504).
6 En adelante ET.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 03128 00
Demandante: Jorge Arias Castellanos

5.4. En lo que respecta a la adición de ingresos que hizo la DIAN a la declaración
de renta por valor de $7.156.009, no había lugar a pronunciarse porque el
demandante no incluyó este ítem en el recurso de reconsideración que presentó
el 24 de marzo de 2015, por lo que «[…] frente a esta glosa no se agotó la
reclamación administrativa […]».

5.5. Se debía mantener la sanción por inexactitud de la declaración de renta por
el año gravable 2011 porque se demostró que el demandante omitió informar
ingresos y fue inexacto al señalar costos y deducciones. Sin embargo, por virtud
del artículo 282, parágrafo 5, de la Ley 1819 de 2016 que autorizó aplicar el
principio de favorabilidad en materia sancionatoria y del artículo 288 ibidem que
modificó el artículo 648 del ET, la sanción debía reducirse al 100% de la
diferencia respecto del saldo a pagar. Estas normas resultaban más favorables a
las aplicadas por la DIAN para determinar la sanción que establecían un
porcentaje del 160%. Por tal razón, procedía la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados en lo relativo a esta materia.

1.3. Los recursos de apelación
1.3.1. Parte demandante7

6. Jorge Arias Castellanos interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera de primera instancia, con base en los argumentos que se exponen a
continuación:

6.1. El tribunal de primera instancia aseveró que el contribuyente era quien debía
acreditar sus pasivos y que los contratos aportados no probaron el fijado en
$465.000.000. Es decir, la sentencia se sustentó solamente en la valoración de
aquellos documentos. Con la actuación descrita el aquo incurrió en un «exceso
de ritual manifiesto» y dejó de aplicar el principio de primacía del derecho
sustancial sobre el formal.

6.2. Para resolver el asunto se debían tener en cuenta otras pruebas aportadas al
proceso, además de los contratos, tales como la certificación de afiliación de
COPETRAN, el cuadro explicativo de participación en cada vehículo de
transporte, la declaración jurada de Arnulfo Arenas Acevedo y Aura Argüello
Galvis y sus respectivas declaraciones de renta, así como las de Carlos Gustavo
Gómez Arias y Wilmer Calderón Piedrahita.

6.3. Lasentencia se limitó a enumerar las pruebas documentales y las
declaraciones aludidas, pero no hizo un análisis racional sobre ellas. Por ende,
vulneró el artículo 742 del ET.

6.4. COPETRAN, como empresa de transporte terrestre, no permitía la vinculación
de vehículos de terceras personas sin afiliación, para ello era necesario ser
asociado y tener vehículos propios. Por tal razón, en estas actividades era una
práctica usual recurrir a figuras contractuales por parte de los asociados, como
la tenencia de vehículos, para aumentar su capacidad operativa sin ser los

7 Índice 26, Samai. Folios 436 a 445 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho

con radicado: 68001-23-33-000-2016-00689-01 (25504).

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Demandante: Jorge Arias Castellanos

propietarios de los automotores, tal y como constaba en los contratos suscritos.
La DIAN desconoció esta realidad, pues en los documentos aportados se afirmó
«con fecha cierta» que la propiedad de los vehículos no era del demandante. En
ese sentido, «[…] la realidad formal era una y la sustancial otra el acto era el propietario
formal de los vehículos pero no podría disponer de ellos […]» (sic).

6.5. Con los contratos de tenencia, permuta y compraventa de los vehículos con
placas SXR 637, XVY 595, CVV 073, XVP 107 y CUV 619 y con las declaraciones
juramentadas se acreditó que:

(i) aunque formalmente el demandante figuraba como propietario de los
bienes, en realidad era un mero tenedor o propietario parcial, en el caso
de la permuta y en el de la compraventa, y se perfeccionó porque las
partes acordaron la cosa y el precio, según lo dispuesto en el artículo 1857
del C.C.;
(ii) los ingresos reportados por la actividad desarrollada con los automotores
no eran suyos en su totalidad, sino que se dividían con los «verdaderos
dueños de los vehículos»;
(iii) por lo anterior, el demandante no debía reconocer la propiedad de los
vehículos en la declaración de renta. En cambio, sí le correspondía indicar
el pasivo que tenía con los terceros dueños de estos.

6.6. El demandante se dedicaba al transporte de pasajeros por lo que no era
«comerciante». Además, los contratos de tenencia tampoco eran de naturaleza
mercantil, por lo que la DIAN aplicó indebidamente los artículos 1204, 1208 y
1209 del Código de Comercio.

6.7. La presunción de propiedad de los vehículos que existía con fundamento en
la licencia de tránsito se podía desvirtuar con pruebas en contrario. En el presente
caso, ello se hizo al acreditar la calidad de mero «poseedor» del demandante y
que el provecho económico derivado del uso de tales muebles no era exclusivo
de él.

6.8. Las actuaciones del demandante acataron lo dispuesto en el artículo 771-2
del ET y los Decretos 3050 de 1997 y 522 de 2003, puesto que: no tenía la
obligación de expedir facturas; los contratos que suscribió no eran de naturaleza
mercantil; y al ser de «fecha cierta» tales documentos acreditaban las respetivas
transacciones «da[ban] lugar a los costos declarados».

6.9. La DIAN vulneró las normas contables al adicionar a la declaración de renta
ingresos por valor de $7.156.009 con fundamento en la información exógena
proveniente de transporte Técnico de Colombia S.A.S, Leasing Corficolombiana
S.A., Tecni Isuzi Ltda, Izu Repuestos Diesel S.A., por cuanto estas eran
sociedades comerciales que registraban sus transacciones por sistema de
causación y no de caja. Por ende, como el solicitante no recibió el pago de parte
de tales empresas tampoco estaba obligado a declararlos.

6.10. La sentencia se limitó a citar los artículos del Estatuto Tributario que reglaban
la sanción por inexactitud para convalidar la que impuso la DIAN. Igualmente, la

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providencia se fundó en la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado
del 1 de noviembre de 2012 y no efectuó análisis alguno ni examinó si la
actuación del demandante encajó dentro de alguno de los supuestos normativos
que daban lugar a la sanción. Este análisis era obligatorio por tratarse de la
aplicación de normas de carácter sancionatorio y no era posible guiarse por
alguna presunción.

6.11. La declaración tributaria del actor no incurrió en ninguna de las causales que
ameritaran la sanción impuesta, puesto que declaró sus ingresos, no incluyó
costos inexistentes ni registró datos falsos o incompletos.

6.12. El tribunal tampoco realizó un análisis sobre la « diferencia de criterios entre la
administración y el contribuyente» en los términos aceptados por la jurisprudencia
del Consejo de Estado.

1.3.2. Parte demandada8

7. La DIAN interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara el numeral 5
de la sentencia en el que el tribunal se abstuvo de condenar en costas al
demandante.

8. A juicio de la entidad, la providencia fue favorable a sus intereses porque si
bien declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados y ordenó
modificar el monto de la sanción por inexactitud, esta decisión «[…] obedeció a la
aplicación del principio de favorabilidad previsto en la Ley 1819 de 2016, más no, a que
prosperaran los cargos de la demanda […]» (sic). En consecuencia, el tribunal debió
condenar en costas al demandante según lo prescrito en los artículos 188 del
CPACA y 366, numerales 3 y 4, del CGP.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión9

9. El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 17 de marzo de 2022
confirmó la de primera instancia. Al fijar el problema jurídico señaló que se debía
establecer si procedían «[…] la adición de ingresos, los pasivos y costos registrados
por el contribuyente y, si es del caso, se estudiará la diferencia de criterios frente a la
sanción por inexactitud. Y la condena en costas […]» (sic). Sustentó la decisión en
los siguientes argumentos:

9.1. Elartículo 746 del ET estableció una presunción legal respecto de la
información incluida en las declaraciones tributarias; no obstante, esta admitía
prueba en contrario y era la autoridad fiscal la que debía desvirtuarla mediante el
ejercicio de las facultades de fiscalización e investigación previstas en el artículo
684 ibidem, pero la «comprobación especial o una exigencia legal corr[ía] por cuenta
del contribuyente».

9.2. Según lo prescrito en el artículo 744 ejusdem las pruebas dentro del proceso
administrativo debían ser presentadas con la declaración o durante el proceso de

8 Índice 23, samai del proceso ordinario.
9 Índice 23, samai del proceso ordinario en segunda instancia.

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Demandante: Jorge Arias Castellanos

fiscalización, por ende, el contribuyente al responder el requerimiento o al
presentar el recurso de reconsideración debía radicar las que pretendía en su
favor.

9.3. «Adición de ingresos». El contribuyente podía exponer nuevos argumentos
en la demanda para refutar la decisión contenida en el acto administrativo
proferido por la DIAN. En ese orden, el juez debía analizar los cargos del escrito
inicial, aunque no se hubieran propuesto «[…] con ocasión del recurso de
reconsideración […]». Si bien en sede administrativa el demandante no refutó la
adición de ingresos por valor de $7.156.000, lo cierto era que sí lo había expuesto
en la demanda al señalar que no debía probar los pagos recibidos. Por lo tanto,
le correspondía al tribunal estudiar el planteamiento.

9.4. Frente al punto en cuestión, la jurisprudencia señaló que «[…] en los casos en
que se pretenda alterar el aspecto positivo de la base gravable (entiéndase adición de
ingresos), la carga se asigna a la autoridad que constituye el sujeto que invoca a su favor
la modificación del caso […]». Sin embargo, «[…] en virtud del sistema de
autoliquidación tributaria, en aquellos casos en los que medie un despliegue probatorio
cuya vocación permita cuestionar la veracidad de los hechos consignados en la
declaración, el llamado a comprobarlos es el sujeto pasivo o declarante […]». Por ende,
el cargo no tenía vocación de prosperidad.

9.5. «Pasivos» no aceptados por la DIAN como declarados por valor de
$465.000.000 correspondientes a los vehículos de placas XVV 073, XVU 619,
XVP 107, SXR 637 y XVY 595 y que el demandante refutó por no ser el verdadero
propietario. Del análisis de los contratos de tenencia, permuta y compraventa se
concluyó lo siguiente:

Contrato Objeto Observación
«Aura Argüello Galvis
«[e]l documento, pese a
manifiesta entregar la
contener fecha cierta de
tenencia de un vehículo del
suscripción -11 sept. 2007
Documento de tenencia del que es “propietaria” a Jorge
ante el Notario Once del
vehículo de placas XVV073 Arias Castellanos -quien
Círculo de Bucaramanga no
del 11 de septiembre de figura como propietario en la
especifica el valor de la
2007. tarjeta del vehículo-, este, a
obligación, ni fechas de
su vez, se compromete a
pago y vigencia del acuerdo
entregar el producido del
[…]».
bus a dicha señora».
«[e]l documento, pese a
contener fecha cierta de
Jorge Arias Castellanos
suscripción -27 y 29 de
aseveró que figura en la
diciembre de 2006 ante el
tarjeta de propiedad del
Notario Once del Círculo de
vehículo, «pero que
Bucaramanga-, no indica el
Contrato de tenencia del realmente e[ra] propietario
monto de la obligación que
vehículo XVU619, suscrito del 25% y tenedor del 75%,
se pretende respaldar, ni la
el 26 de diciembre de 2006. pues la propiedad
vigencia en el tiempo de los
corresponde a Wilmer
acuerdos, no hay constancia
Calderón Piedrahíta, José
de los pagos realizados por
Adán Peña y Romelia
cuenta del referido contrato,
Carreño Ardila»
ni el lugar ni la forma de
hacer dichos pagos […]»
Promesa de compraventa Jorge Arias Castellanos «[e]n la promesa se advierte
del vehículo identificado con prometió entregar a título de que la titularidad del
placas XVP107, suscrito el compraventa el vehículo a vehículo recae en Jorge

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 03128 00
Demandante: Jorge Arias Castellanos

27 de abril de 2011. Carlos Gustavo Gómez Arias Castellanos, pero no
Arias; «[n]o obstante, no es posible determinar en
figura prueba del traspaso qué momento se efectuó el
del vehículo ni formalización traspaso a Carlos Gustavo
de la compraventa, ni se Gómez y si esto ocurrió en
indica qué pasó con el 2011. Tampoco hay prueba
«pendiente» que esta de pago en relación con esta
estipulado en la cláusula obligación […]».
adicional del contrato […]».
Promesa de permuta de «[…] no existe constancia
vehículos identificados con La propiedad de los de la entrega de los
placas SXR637 y XVY595, vehículos «recae en cabeza vehículos ni se indica el
suscrito el 14 de julio de de Jorge Arias Castellanos» valor del contrato, ni montos
2011. de pago […]».

9.6. Las declaraciones rendidas dentro del proceso por Carlos Gustavo Gómez
Arias y Wilmer Calderón Piedrahíta confirmaron que, pese a que el demandante
aparecía como propietario de los vehículos, su condición «[…] siempre fue la de
tenedor de los mismos […]» y que ello se utilizó como estrategia para «[…] afiliarlos
a la Cooperativa Copetrán, ya que el actor tenía la condición de socio, requisito necesario
para su afiliación […]».

9.7. No obstante las pruebas descritas, «[i]ndependientemente de la idoneidad del
acto negocial llevado a cabo por las partes, que no es objeto de calificación en este
proceso, lo cierto es que procede el rechazo de pasivos, pues no se advierte que en los
contratos aportados conste deuda alguna [...]» (sic). Además, no se aportó
comprobante de pago que acreditara la existencia de alguna deuda que
coincidiera con la declarada.

9.8. «Costos por $973.601.000». De acuerdo con lo reglado en el artículo 771-2
del ET los costos debían estar soportados en facturas o documentos
equivalentes. En el presente caso, el demandante no los probó, por cuanto los
contratos aportados «[…]no reun[ian] tales requisitos, esto es, los exigidos para el
reconocimiento de los costos debatidos, ni tampoco desvirtúan que los vehículos
referidos y los ingresos por estos producidos pertenecieran al actor, pues está
demostrado que figura como propietario de los mismos ante los registros de tránsito
correspondientes […]» (sic). Además, no demostró que hubiera realizado pagos a
terceros por los porcentajes enunciados en tales documentos. A ello se sumó que
los acuerdos entre particulares por virtud del artículo 553 del ET no eran
oponibles al fisco, por lo que debían reunir los requisitos antedichos.

9.9. «Trasgresión de los principios de esencia sobre la forma, realidad
económica autonomía de la voluntad, interpretación de los contratos y
buena fe». No fueron desconocidos porque los contratos fueron valorados como
prueba, solo que con ellos no se acreditaron los pasivos y costos rechazados por
la DIAN.

9.10. «Sanción por inexactitud». Era improcedente analizar la exoneración de
esta sanción si el contribuyente no expuso las razones que la sustentaban. En el
asunto examinado se limitó a solicitar que se considerara « la diferencia de
criterios» sin cumplir con las exigencias del inciso 6 del artículo 647 del ET «[e]n
esas condiciones procede la referida sanción, porque el actor incluyó en su declaración
datos equivocados de los cuales derivó un menor saldo a pagar […]».

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 03128 00
Demandante: Jorge Arias Castellanos

9.11. «Costas». El fallo no era totalmente favorable a la DIAN al anularse
parcialmente los actos administrativos demandados, por lo que era improcedente
la condena en costas en contra del demandante al configurarse «[…] el supuesto
establecido en el numeral 5 del artículo 365 del CGP, que permite al juez abstenerse de
condenar en costas cuando prosperan parcialmente las pretensiones de la demanda
[…]».

1.5. Recurso extraordinario de revisión10

10. Jorge Arias Castellanos interpuso el recurso extraordinario de revisión con
fundamento en la causal 5 del artículo 250 del CPACA, por vulneración al debido
proceso. También invocó la «[…] violación del artículo 83 de la Constitución Política
[…]» y «[…] la causal de nulidad establecida en el numeral 5 del artículo 133 del Código
General del Proceso […]» (sic).

11. Lo anterior lo sustentó en lo siguiente:

11.1. La Sección Cuarta vulneró el debido proceso porque «[…] reiteró la
interpretación equivocada de los artículos 770, 767, 743 relacionados con la prueba de
los pasivos, fecha cierta de los documentos privados e idoneidad de los medios
probatorios del Estatuto Tributario, en cuanto valoró indebidamente los contratos de
fecha cierta (tenencia, compraventa y permuta) celebrados con terceros no afiliados a
Copetran exigiendo ilegalmente que los contratos debían indicar “el monto del pago”
[…]». La providencia no analizó los argumentos de la demanda y reprodujo los
esbozados por la DIAN sin haber hecho un examen crítico de los contratos y
declaraciones de renta del demandante y de los terceros que soportaron los
pasivos y deducciones.

11.2. «Nulidad
por violación directa del artículo 29 de la constitución política por
desconocer como prueba los contratos celebrados con cada uno de los dueños de los
cuatro buses». Luego de trascribir los contratos de permuta, tenencia y
compraventa de los vehículos de placas XVV 073, XVU 619, XVP 107, SXR 637
y XVY 595, sobre el análisis expuesto en la sentencia de segunda instancia se
señaló lo siguiente:

• «Rechazo del valor de vehículo de propiedad del tercero $445.000.000 suma
descontada del renglón deudas». La sentencia al decidir este punto desconoció
las «irrefutables pruebas» que sí tuvo en cuenta el salvamento de voto.

• «Rechazo de ingresos recibidos para terceros por $973.601.000 descontados del
renglón “otras deducciones”». En este punto la providencia incurrió en los
siguientes errores:

«[…] (i) el producido de los cuatro vehículos que no eran ingresos propios de Jorge
Arias Castellanos, los restó en el renglón otras deducciones (ii) No eran verdaderas
deducciones a las que se refiere el artículo 107 del Estatuto Tributario, por lo tanto, el
ingreso de un tercero no debe reunir los requisitos de las deducciones y mucho menos
en este caso que exigen la expedición de la factura cuando no tienen la obligación de
expedirla (iii) La plena prueba del pago del producido de cada bus son las

10 Índice 2 y 9, Samai, expediente de recurso extraordinario de revisión.

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10

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03128 00
Demandante: Jorge Arias Castellanos

declaraciones de renta de los terceros, declaraciones que ni siquiera fueron
mencionadas por la sentencia (iv) que figure la propiedad de los vehículos de Jorge
Arias en las licencias de tránsito se desvirtuó con las pruebas cuya valoración
omitieron y que demostraron la realidad económica pactada en cada uno de los
contratos (v) En cuanto a la indebida aplicación del artículo 239-1 para considerar
inexistente el pasivo, ni siquiera lo mencionó […]» (sic).

11.3. «Nulidad por haber omitido la valoración de las declaraciones de renta presentadas
por los terceros dueños de los buses». La sentencia dejó de analizar las
declaraciones de renta por el año gravable 2011 de los 4 dueños de los buses de
placas XVU-619, XVV-073, XVY-595 y XVP-107 con las que se demostró que
«[…] declararon en su patrimonio los mismos 465.000.000 y como ingreso los mismos
$973.601.000 […]». En el caso de los no obligados «[…] constituye plena prueba las
declaraciones de renta de los terceros que crucen con lo declarado por el no obligado
[…]».

11.4. Tales declaraciones y los contratos suscritos «[…] constituyen plena prueba del
valor incluido como en el renglón deudas por $465.000.000 y que constituye el menor
valor del patrimonio bruto de Jorge Arias ($75.000.000, $160.000.000, $100.000.000 y
$130.000.000) y, lo incluido en el renglón de deducciones por $973.600.561
($222.262.623, $450.439.000, $225.488.687, $75.410.251) que corresponde a los
ingresos de los terceros dueños de los buses que cada uno declaró y gravó como
ingreso.[…]» (sic). No obstante, la sentencia no mencionó esta prueba.

11.5. «Nulidad por no haberse apreciado los testimonios de los terceros dueños de los
buses». En la sentencia no se valoraron los testimonios de los dueños de los
buses, lo cual «[…] equivale a dejar de oír a la parte que lo aporta, e implica violar el
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política […]».
Asimismo, significó la vulneración de los artículos 187 del CPACA y 280 del CGP
que ordenaron al juez motivar la sentencia con un análisis crítico de las pruebas,
pues «[u]na motivación que no analice las pruebas no es una verdadera motivación
[…]».

11.6. La falta de la valoración aludida ocasionó que en la sentencia se hicieran
afirmaciones erradas como aceptar que el demandante era un simple « tenedor»
y al tiempo negar la existencia del pasivo porque en los contratos no constaba la
deuda. Ello, pese a que «[…] en los contratos claramente quedó estipulado el
porcentaje de participación en el vehículo, porcentaje que correspondía la parte del
vehículo que no le era propio y la realidad sobre la entrega del producido en el mismo
porcentaje de participación de cada vehículo […]» (sic). En ese orden, se vulneraron
los artículos 6 y 228 Constitucionales porque se privilegió las formas sobre el
derecho sustancial.

11.7. Al revisar la sentencia de primera instancia, la providencia recurrida se limitó
a examinar las deudas y deducciones, pero omitió analizar aspectos centrales
del debate como «[…] la ilegal adición a la renta líquida del contribuyente con el
“pasivo” rechazado por la DIAN […]».

11.8. «Nulidad por omitir totalmente la motivación de la adición de 465.000.000 como
renta líquida gravable». La DIAN se fundamentó en el artículo 239-1 del ET que no
era la norma aplicable al caso, pues solo lo era «[…] para la adición de pasivos

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 03128 00
Demandante: Jorge Arias Castellanos

inexistentes en períodos no revisables, lo que quiere decir, que sus efectos no pueden
cobijar vigencias que precisamente son objeto de fiscalización […]». Además, porque
los $465.000.000 no eran una deuda «[…] sino el descuento del activo por la
participación de terceros que son también propietarios de los buses […]». De igual
manera, la entidad no desvirtuó los pasivos reportados ni valoró los contratos.

11.9. En igual dirección, la sentencia recurrida desconoció la jurisprudencia que
había proferido sobre la aplicación de la norma referida11 y, además, «[…] no
precisó ni se refirió a una sola razón para mantener como renta líquida el pasivo que
rechazó por no incluir los contratos un monto o valor, ni ningún análisis en cuanto no se
trataba de un verdadero pasivo y mucho menos en cuanto que se trataba o no de un
pasivo inexistente para dejarlo adicionado a la renta líquida gravable […]».

11.10. «Cargo de nulidad de la sentencia por violación de los artículos 29 y 83 de la C.P.
por vulneración directa al derecho al debido proceso». La decisión desconoció la
ritualidad de la segunda instancia y el artículo 133, numeral 5, del CGP porque,
si bien esta norma estableció como causal de nulidad la pretermisión de la etapa
probatoria, «[e]l correcto entendimiento de esta causal lleva a la conclusión de que la
nulidad no sólo se configura si el juez de conocimiento deja de practicar las pruebas
decretadas en la actuación, sino también porque deja de valorar las oportunamente
allegadas al proceso […]» (sic).

11.11. De igual manera, se desconoció el principio de la buena fe, puesto que la
sentencia dejó de valorar de forma adecuada los contratos, las declaraciones de
renta de los propietarios de los vehículos y sus testimonios.

11.12. «Adición de ingresos $7.156.000». En la providencia no se valoró que el
demandante no estaba obligado a llevar contabilidad por lo que se regía por el
sistema de caja para el reporte de sus ingresos y que las sociedades que
reportaron información exógena sí estaban obligadas a ello. Pese a lo anterior,
sí reportó tal suma en su declaración.

11.13. «Sanción por inexactitud 467.756.557». Las pruebas aportadas y el análisis de
los artículos 102-2 y 770 del ET permitieron inferir que en la declaración de renta
no se incluyó información con el fin de obtener un menor impuesto a pagar. Por
el contrario, la DIAN gravó «[…] dos veces los $973.600.561, al contribuyente y a los
cuatro dueños de los buses. En efecto, partió de la base de que el total de los ingresos
de los 11 buses correspondían a Arias Castellanos. Nada más lejano a la realidad, pues
los ingresos de los cuatro buses fueron declarados y gravados por los terceros no
afiliados […]». La sentencia al ignorar esta situación desconoció el contenido del
artículo 683 del ET.

1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión12

12. La Nación, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Unidad
Administrativa Especial se opuso a la prosperidad de las pretensiones del recurso
extraordinario de revisión, por las siguientes razones:

11 Citó la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 12 de agosto de 2023 con

radicado Radicación número: 25000-23-37-000-2014-01133-01(23923).
12 Índice 16 de Samai, expediente del recurso extraordinario de revisión.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 03128 00
Demandante: Jorge Arias Castellanos

12.1. En el presente caso se configuró la caducidad del recurso, puesto que la
sentencia recurrida fue notificada por estado electrónico el 28 de marzo de 2022
y quedó ejecutoriada el 31 de ese mes y año. Si bien el demandante solicitó la
adición de la sentencia, lo hizo el 3 de mayo de 2022 cuando estaba ejecutoriada.
Por consiguiente, el término para presentar la demanda venció el 31 de marzo
de 2023. Al ser radicada el 13 de junio de este año se hizo por fuera del plazo
fijado en el artículo 251 del CPACA.

12.2. Los argumentos expuestos en el recurso no podían servir de fundamento
para la configuración de la causal de nulidad del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA. Ello, porque a través de esta vía procesal era improcedente reabrir el
debate probatorio realizado en el proceso ordinario. Esta era la intención del
demandante con el recurso «[…] pues sus argumentos están dirigidos a oponerse a
las consideraciones del Consejo de Estado, con las cuales negó las pretensiones de la
demanda […]».

12.3. El recurrente cuando expuso la vulneración de los artículos 83 de la Carta
Política y 135-5 del artículo 133 del CGP manifestó su inconformidad sobre la
valoración de las pruebas. Este argumento no encajaba en la causal de nulidad
porque esta se refería a la solicitud, decreto y práctica de las pruebas. En ese
orden, «[…] el recurrente pretende una nueva valoración de las pruebas en que se
fundamentó el rechazo del pasivo, ingresos de terceros, adición de ingresos y la
imposición de la sanción por inexactitud […]».

12.4. En la sentencia recurrida sí se hizo un análisis de las pruebas aportadas por
la parte demandante bajo las reglas de la sana crítica y se concluyó que los
documentos allegados no desvirtuaron las glosas de la DIAN.

12.5. En el recurso se insistió en los argumentos expuestos en la demanda del
proceso ordinario referidos a que los contratos de permuta, tenencia y
compraventa probaban la existencia del pasivo. No obstante, tales documentos
no acreditaban la afirmación del declarante, ciertamente, los contratos no
registraron obligación dineraria alguna a su cargo ni se aportaron recibos de pago
o consignaciones que lo hicieran.

12.6. El recurrente presentó acción de tutela en contra del fallo cuestionado con
iguales argumentos a los expresados en el presente recurso. La tutela con
radicado 11001031500020220670701 fue negada porque no se configuraron los
defectos sustantivo y fáctico, pues se encontró que en la sentencia se realizó una
adecuada valoración probatoria.

1.7. Intervención del Ministerio Público13

13. LaProcuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado presentó
concepto y solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de revisión con
apoyo en las siguientes razones:

13 Índice 17, Samai, expediente del recurso extraordinario de revisión.

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13

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03128 00
Demandante: Jorge Arias Castellanos

13.1. El principio de congruencia no se vulneró por corresponder lo pedido en la
demanda, con lo probado y lo decidido en la sentencia.

13.2. Al demandante le correspondía demostrar la improcedencia de la adición de
ingresos por valor de $7.156.000 y la veracidad de la información incluida en su
declaración de renta, por así disponerlo el artículo 167 del CGP.

13.3. Sobre los pasivos declarados en el año gravable 2011 por un monto de
$465.000.000 relacionados con los vehículos de placas XVV 073, XVU 619, XVP
107, SXR 637 y XVY 595, faltó la prueba de su existencia, puesto que no se
aportaron soportes de los pasivos declarados y el contenido de los contratos no
lo acreditó.

13.4. El fin del recurso extraordinario de revisión no era corregir los errores en que
hubiese incurrido el juez, «[…] sino permitir un nuevo estudio del asunto cuando la
sentencia ha sido afectada por fenómenos externos que no fueron puesto[s] de presente
dentro del trámite del proceso contencioso, situación que no se evidencia en el presente
caso […]» (sic).

1.8. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no se pronunció.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

14. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 107, 111.2, y 249 del
CPACA y 29.1, del Acuerdo 080 de 201914 expedido por la Sala Plena de esta
corporación que estableció que le corresponde resolver «[l]os recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado».

2.2. Legitimación en la causa

15. En el asunto objeto de estudio Jorge Arias Castellanos está legitimado para
actuar como demandante, comoquiera que tuvo tal calidad en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho15 instaurado en contra de la DIAN y en el
cual se profirió la sentencia que se recurre.

2.3. Oportunidad para presentar el recurso

16. El artículo 251 del CPACA con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
señala que el recurso extraordinario de revisión «[…] podrá interponerse dentro del

14 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
15 Radicado 68001-23-33-000-2016-00689-01 (25504)

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14

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03128 00
Demandante: Jorge Arias Castellanos

año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia […]». En el presente caso, el
recurso fue presentado dentro del término previsto.

17. En efecto, la Sección Cuarta de esta corporación dictó la sentencia recurrida
el 17 de marzo de 2022 y la notificó por estado electrónico el 28 de marzo de ese
año16. De igual manera, en un correo electrónico del 26 de igual mes y anualidad
se informó al demandante y a su apoderada de la notificación por « estado-
sentencia» a partir del 28 de marzo y se les envió copia de la sentencia notificada17
a sus correos electrónicos18.

18. La Secretaría de la Sección Cuarta notificó la sentencia por estado que fijó el
28 de marzo de 2022 y las partes tuvieron acceso a su texto en sus respectivos
correos electrónicos. De este modo, el término de ejecutoria de la sentencia corrió
durante los días 29, 30 y 31 de marzo de 2022, y en esta última fecha quedó
ejecutoriada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 302 del CGP.

19. Significalo anterior que el recurso extraordinario de revisión debía ser
presentado a más tardar el 1 de abril de 2023 por ser el límite otorgado para
hacerlo por el artículo 251 del CPACA. No obstante, al revisar el expediente se
constató que Jorge Arias Castellanos lo radicó el 13 de junio de 202319.

20. Ahora, lo anterior no implica que deba declararse la caducidad del recurso,
puesto que en el sub examine se presentó una particularidad en el trámite
procesal que generó en el recurrente la expectativa de que el vencimiento del
plazo fijado en el artículo 251 del CPACA se cumpliría en una fecha posterior a
la mencionada.

21. En efecto, el demandante solicitó la adición de la sentencia el 3 de mayo de
202220 una vez vencido el término de ejecutoria de la providencia, única
oportunidad procesal que ofrece el artículo 287 del CGP para tal solicitud21 y al
hacerlo señaló que estaba dentro del término porque «[…] la sentencia fue
notificada el 29 de abril de 2022[…]»22. Sin embargo, esta aseveración no tiene
respaldo probatorio dentro del expediente. La única comunicación que existe con
esa fecha es la que la Secretaría de la Sección Cuarta envío a la DIAN 23 con el

16 Índice 27, Samai expediente electrónico de segunda instancia del proceso ordinario con
radicado 68001-23-33-000-2016-00689-01 (25504)
17Índice 28, ibidem.
18 Los correos a los que se remitió la notificación fueron «jorgeariascastellanos@hotmail.com» y

«paty929@hotmail.com» registrados en la demanda [Índice 26, Samai. Folio 66 del expediente
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado: 68001-23-33-000-2016-00689-01
(25504)]. También se envió al correo electrónico
«solucionesparalaempresamoderna@gmail.com» desde la cual la apoderada presentó distintos
memoriales durante el desarrollo del proceso. Por ejemplo, presentó a solicitud de adición de la
sentencia el 3 de mayo de 2022. Índice 35, Samai expediente electrónico de segunda instancia
del proceso ordinario con radicado 68001-23-33-000-2016-00689-01 (25504).
19 Índice 2, Samai.
20 Índice 35, Samai expediente electrónico de segunda instancia del proceso ordinario con

radicado 68001-23-33-000-2016-00689-01 (25504)
21 «[…]Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los

extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto
de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la
ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad […]».
22 Índice 35, Samai proceso ordinario.
23 Índice 34, Samai proceso ordinario.

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15

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03128 00
Demandante: Jorge Arias Castellanos

fin de cumplir con lo dispuesto en el último inciso del artículo 203 del CPACA24 y
en la que se le informó que la sentencia quedó ejecutoriada el 31 de marzo de
ese mismo año25.

22. Bajo este panorama, a la solicitud de adición presentada no se le debió dar
trámite por haber sido presentada por fuera del término de ejecutoria de la
sentencia. No obstante, la Sección Cuarta la resolvió de fondo de manera
negativa en auto del 16 de junio de 2022 notificado el 23 de igual mes y año 26 .

23. Por lo anterior, es razonable que el recurrente haya interpretado que la fecha
a partir de la cual debía contar el plazo previsto en el artículo 251 del CPACA
para presentar el recurso extraordinario de revisión correspondía a la ejecutoria
de la providencia que resolvió la adición de la sentencia.

24. Ello, porque la decisión de la Sección Cuarta dio lugar a inferir que el término
de ejecutoria se había suspendido por virtud de lo reglado en el inciso 2 del
artículo 302 del CGP27 y que, por lo tanto, el plazo de caducidad del recurso
comenzaba a contarse una vez ejecutoriado el auto aludido [28 de junio de 2022].

25. Por la razón expuesta, en atención a los postulados del principio de buena fe
y con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia, en el presente
caso esta última fecha es la que debe ser tenida en cuenta como punto de partida
para contabilizar la caducidad del recurso. Así las cosas, al quedar ejecutoriado
el auto del 16 de junio de 2022 que resolvió la solicitud de adición el 28 de ese
mes y año, el término reglado en el artículo 251 del CPACA vencía el 28 de junio
de 2023. En ese orden, comoquiera que Jorge Arias Castellanos interpuso el
recurso el 13 de junio de 2023, lo hizo dentro del término legal.

24 La norma señala que «[u]na vez en firme la sentencia, se comunicará al obligado, haciéndole

entrega de copia íntegra de la misma, para su ejecución y cumplimiento […]». En el correo
enviado a la DIAN se adjuntó la sentencia del 17 de marzo de 2022 y el Oficio 757 en el que
indicó lo siguiente: «[…] En cumplimiento del artículo 203 de la Ley 1437 de 2011, certifico que
en el proceso de la referencia se dictó sentencia de segunda instancia el diecisiete (17) de marzo
de 2022 según registro electrónico: F95669039F528AE6 290F6323FC8278CD
FE28D636EEB919DC 8E643DEFA79E1B39 y consecutivo Nº 23 de la Plataforma SAMAI de la
corporación, con salvamento de voto de la consejera MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ
ARGÜELLO. Notificada legalmente a las partes por estado sentencia electrónico fijado el
veintiocho (28) de marzo de 2022 y ejecutoriado el treinta y uno (31) de marzo de 2022 a las 5:00
p.m. […]». Índice 34, Samai proceso ordinario.
25 En el correo enviado a la DIAN se adjuntó la sentencia del 17 de marzo de 2022 y el Oficio

757 en el que indicó lo siguiente: «[…] En cumplimiento del artículo 203 de la Ley 1437 de 2011,
certifico que en el proceso de la referencia se dictó sentencia de segunda instancia el diecisiete
(17) de marzo de 2022 según registro electrónico: F95669039F528AE6 290F6323FC8278CD
FE28D636EEB919DC 8E643DEFA79E1B39 y consecutivo Nº 23 de la Plataforma SAMAI de la
corporación, con salvamento de voto de la consejera MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ
ARGÜELLO. Notificada legalmente a las partes por estado sentencia electrónico fijado el
veintiocho (28) de marzo de 2022 y ejecutoriado el treinta y uno (31) de marzo de 2022 a las 5:00
p.m. […]». Índice 34, Samai proceso ordinario.
26 Índices 38, 41 y 42, Samai proceso ordinario.
27 El inciso 2 del artículo 302 del CGP establece que «[…] cuando se pida aclaración o

complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud
[…]».

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2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

26. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es
un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la
cosa juzgada28. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una
sentencia que se encuentra ejecutoriada29 y persigue el restablecimiento del
criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando
estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las
cuales procede, establecidas en la ley. Tiene dos características principales:

27. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas prescritas en el artículo 250 del
CPACA, en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan
vicios o errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la
sentencia proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda
examinar la controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde
indicar con precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia
recurrida y las razones de hecho y de derecho que la sustentan.

28. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un medio de control ordinario y no
una nueva oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico
propio de las instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es
una vía para cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la
discusión de los problemas debatidos en el proceso original, puesto que no
constituye una tercera instancia.

2.5. Problema jurídico

29. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:

¿En la sentencia del 17 de marzo de 2022 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta se configuró la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA al confirmar la sentencia de primera instancia
dictada el 29 de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo de Santander?

2.5.1. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión

30. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación
[…]» es una de las causales del recurso extraordinario de revisión. Sobre los
eventos en los que se estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha señalado los siguientes:

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.

Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 03128 00
Demandante: Jorge Arias Castellanos

i) cuando se configura alguna de las situaciones previstas en el artículo 133 del
Código General del Proceso30 que solo pudieron ser advertidas en la sentencia.
Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad y legalidad de
las nulidades31; y

ii) cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución
Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo que no es posible
que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración
probatoria o la aplicación de las normas32. Dentro de este tipo de nulidades la
jurisprudencia ha precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:

«[…] 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme.

66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.

66.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.

66.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en esta.

66.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello
se pretermite íntegramente la instancia.

66.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida.

66.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.

66.8. Cuando la sentencia carece de motivación.

66.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número
de votos diferente del previsto en la ley […]»33

31. Asimismo, el Consejo de Estado ha considerado otros eventos en los que se
vulnera el debido proceso y, por lo tanto, generan la nulidad de la sentencia, que
se presentan cuando:

30 En adelante CGP.
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de

Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de

Decisión, sentencia del 5 de mayo de 2020, Radicado: 11001-03-15-000-2017-02519-00.
33Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de

Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.

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Demandante: Jorge Arias Castellanos

• Se dicta con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación del
debido proceso34.
• Se condena a una persona que no fue vinculada al proceso35.
• Se profiere sin motivación36.
• Se emite una sentencia inhibitoria injustificadamente37.
• Se desconoce el principio de congruencia38.
• Se dicta con vulneración del principio de la «non reformatio in pejus»39.

32. De igual manera, se ha establecido, como una regla general, que no es
procedente invocar como sustento del recurso de revisión la ocurrencia de una
nulidad ocurrida en una etapa anterior a la sentencia ejecutoriada que puso fin
al proceso. En este caso, su alegación debió darse dentro de la oportunidad
procesal prevista en el artículo 134 del CGP40. Sin embargo, la jurisprudencia ha
aceptado la formulación de una nulidad sucedida antes del fallo referido siempre
que el recurrente no hubiese tenido la oportunidad de advertirlo dentro del
proceso, circunstancia que le corresponde probar41.

33. Así las cosas, para que proceda la causal de que trata el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, deberá acreditarse:

i) la existencia de una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso contra
la cual no proceda el recurso de apelación, pues de ser así este sería el
medio idóneo para debatir cualquier vicio en que hubiera incurrido la
providencia;
ii) que la nulidad se estructuró en el momento en que se profirió la decisión
judicial, salvo que de haberse producido antes el afectado no pudo
advertirla, lo que deberá probar; y
iii) que tal nulidad sea una de las taxativamente regladas en el CGP o por la
vulneración del debido proceso previsto en el artículo 29 superior.

34. Definido lo anterior, se verificará si en el presente asunto se cumplen los
supuestos de la causal 5 de revisión.

34 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018,

radicación: 11001-03-26-000-2019-00071-00 (63.893).
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022,

radicación: 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de junio de

2005, radicación: REV-062.
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de

2018, radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01.
38 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021,

radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de agosto de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022, radicación: 11001-03-15-
000-2020-03065-00.
39 Consejo de Estado, Sala Octava Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de 2021,

radicación: 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala Diecinueve Especial de Decisión, sentencia
del 16 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00921-00.
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala segunda Especial de

Decisión. Sentencia del 14 de agosto de 2023. Radicado: 110010315000 2015 00545 00.
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de

Decisión. Sentencia del 12 de julio de 2023. Radicado: 110010315000 2023 0075900.

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2.5.2. Análisis de configuración de la causal de revisión del numeral 5 del
artículo 250 del CPACA

35. En primer lugar, se advierte que el recurso fue interpuesto contra una
sentencia que se encuentra ejecutoriada contra la cual no procedía el recurso de
apelación, según se expuso en el acápite de « oportunidad para presentar el
recurso» de esta providencia. Es así, comoquiera que fue la que puso fin a la
segunda instancia.

36. En cuanto al segundo y tercer requisito para que proceda el estudio de la
causal de que trata el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esto es, que la
nulidad se hubiese originado en la sentencia que se recurre y que sea una de las
taxativamente regladas en el CGP o por la vulneración del debido proceso
previsto en el artículo 29 superior, en el presente caso no puede predicarse su
cumplimiento por lo siguiente:

37. Al agrupar los argumentos que Jorge Arias Castellanos esgrimió en el recurso
de revisión, se infiere que sustenta que la causal por violación al debido proceso
se materializó en la sentencia por cuatro razones específicas que se pueden
clasificar en (i) falta de una adecuada valoración probatoria; (ii) indebida
apreciación de las normas aplicables a su caso; (iii) configuración de la causal de
nulidad prevista en el numeral 5 del artículo 133 del CGP; y (iv) falta de
motivación de la sentencia. Los cargos aludidos se estudiarán a continuación:

38. Análisis de los dos primeros cargos:

38.1. (i) Falta de una adecuada valoración probatoria. La fundamentó con los
siguientes argumentos:

• en la providencia se reiteró la interpretación equivocada de los artículos
770, 767, 743 relacionados con la prueba de los pasivos, por cuanto apreció
de forma errada los contratos que celebró con los terceros por los vehículos
afiliados a Copetran, no se tuvo en cuenta las razones incluidas en la
demanda, las declaraciones de renta del demandante y de los terceros que
soportaron los pasivos y deducciones;

• en la sentencia se dejaron de valorar los contratos celebrados con cada
uno de los dueños de los cuatro buses y sus declaraciones de renta por el
año gravable 2011 que indicaban lo declarado como patrimonio
($465.000.000) y como ingresos ($973.601.000);

• la sentencia recurrida se limitó a examinar las deudas y deducciones y
omitió analizar «[…] la ilegal adición a la renta líquida del contribuyente con el
“pasivo” rechazado por la DIAN […]».

38.2. (ii) Indebida apreciación de las normas aplicables a su caso. Lo argumentó
de la siguiente manera:

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• en la providencia se dejó de lado que no estaba obligado a llevar
contabilidad al regirse por el sistema de caja para el reporte de sus ingresos;

• en la sentencia al estudiarse la sanción por inexactitud se ignoró que las
pruebas aportadas y el análisis de los artículos 102-2 y 770 del ET permitían
inferir que en la declaración de renta no se incluyó información con el fin de
obtener un menor impuesto a pagar. Al ignorar esta situación, la sentencia
desconoció el contenido del artículo 683 del ET;

• la DIAN se fundamentó en el artículo 239-1 del ET sin ser la norma
aplicable, pues solo lo era «[…] para la adición de pasivos inexistentes en
períodos no revisables […]» y porque los $465.000.000 no eran una deuda.
La providencia vulneró la jurisprudencia proferida sobre la aplicación de tal
norma y no dio razón del porqué mantuvo como renta líquida el pasivo que
rechazó porque faltó incluir en los contratos un monto o valor;

• se desconoció el principio de la buena fe, puesto que la sentencia dejó de
evaluar de forma adecuada los contratos, las declaraciones de renta de los
propietarios de los vehículos y sus testimonios;

38.3. Como se advierte, lo que la parte recurrente pretende con los dos primeros
cargos aludidos es cuestionar la valoración probatoria y el análisis jurídico que
se hizo de su caso por parte de la Sección Cuarta de esta corporación.

38.4. En cuanto a lo primero, es claro que refuta el examen de las pruebas que se
hizo en la providencia al aseverar que se dejó de apreciar varias de las arrimadas
al proceso [declaración de renta de terceros dueños de los vehículos y sus
testimonios] y que otras se analizaron de forma errada y aislada de las demás,
específicamente, los contratos de permuta, tenencia y compraventa de los
vehículos de placas XVV 073, XVU 619, XVP 107, SXR 637 y XVY 595.

38.5. En lo que respecta al análisis jurídico, el recurrente cuestiona que se hubiera
dado determinado entendimiento a las normas del Estatuto Tributario. Según su
postura, un análisis de las pruebas hecho en conjunto con los artículos 102.2,
683 y 770 hubiese llevado a la conclusión de que en la declaración de renta no
se incluyó información para generar un valor menor del impuesto a pagar.
Asimismo, indica que la DIAN aplicó el artículo 239-1 del ET sin ser la norma que
debía regir su situación y que en la sentencia ello se avaló en contravía de la
propia jurisprudencia de la Sección Cuarta. Por último, asevera que se vulneró el
principio de la buena fe porque no se valoraron las pruebas referidas.

38.6. De lo expuesto se puede deducir que los cargos mencionados no se
relacionan con los eventos en que se puede estructurar la causal de revisión 5
del artículo 250 del CPACA, por cuanto no encajan en las situaciones previstas
en el artículo 133 del Código General del Proceso y tampoco constituyen uno de
los supuestos en los que puede predicarse la vulneración del debido proceso a
partir del artículo 29 de la Constitución Política al no ser de naturaleza procesal.
Por consiguiente, no se trata de alguna nulidad que se hubiese originado en la
sentencia.

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38.7. En este punto cabe recordar que la vulneración del debido proceso que
puede ser alegada en sede de revisión se relaciona con aspectos de naturaleza
procesal y con tal mecanismo procesal no puede cuestionarse la motivación de
la providencia [salvo que carezca de esta] o la valoración probatoria que hizo el
juez.

38.8. Al ser así, en el presente caso es improcedente el estudio de los cargos
mencionados porque el recurso de revisión no es una nueva oportunidad para
reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las instancias
procesales que ya se han surtido en el proceso ordinario, mucho menos para
debatir la interpretación del juez por no ser un recurso que da apertura a una
tercera instancia.

39. (iii) Configuración de la causal de nulidad prevista en el numeral 5 del artículo
133 del CGP.

39.1. En primer lugar, la parte recurrente afirma que se vulneró el artículo 29
Constitucional porque con la providencia se desconoció la ritualidad de la
segunda instancia. En segundo lugar, asevera que se configuró la causal de
nulidad prevista en el numeral 5 del artículo 133 del CGP, por cuanto, a su juicio,
esta también se genera cuando el juez deja de valorar las pruebas.

39.2. En lo que respecta al primer punto, el recurrente no explica en que consistió
tal actuación irregular. Además, el argumento se dirige a señalar la desatención
de todo el trámite de la instancia, pero no a que en la sentencia recurrida se
hubiese generado la nulidad, requisito necesario para que se configure la causal
del numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

39.3. En cuanto al segundo punto, la aseveración de que se materializó la nulidad
prevista en el numeral 5 del artículo 133 del CGP no tiene cabida porque la
disposición es clara en determinar que el proceso es nulo en todo o en parte «[…]
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o
cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria
[…]», lo cual descarta como su causa alguna deficiencia en la valoración
probatoria.

39.4. Ciertamente, la nulidad que regla la norma no hace alusión a este último
evento y es clara en indicar que se origina cuando se omite una de las etapas del
proceso en el que se solicitan, decretan y practican las pruebas, esto es, la
demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda
de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición [etapa que
inicia desde la demanda hasta la audiencia inicial según el artículo 179 del
CPACA]; y los incidentes y su respuesta; cuando se omiten las audiencias en que
se decretan y practican [audiencia inicial y de pruebas] o cuando no se permite
su solicitud en segunda instancia, etapas previstas en los artículos 162.5, 172,
173.2, 175.4 y parágrafo 2, 177, 179, 180.10, 181, 212, 213 del CPACA.

39.5. Significa lo anterior que la nulidad en la sentencia ocurre por violación del

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numeral 5 del artículo 133 de CGP si se profiere sin agotarse alguna de las etapas
mencionadas.

39.6. Ahora, ello ocurre siempre que la parte no hubiese tenido la oportunidad
procesal de alegar la nulidad antes de dictarse la sentencia porque para que se
configure la del numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esta debió darse en esta
y no en etapas previas, supuesto que en todo caso el recurrente debe probar. Así
las cosas, comoquiera que este no es el argumento del cargo que se estudia y
que, por el contrario, lo que el recurrente esgrime es una falta de valoración
probatoria como razón de la nulidad, no prospera el alegato.

39.7. De igual manera, el numeral 5 del artículo 133 de CGP señala que se causa
la nulidad cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley
es obligatoria. Este supuesto tampoco se corresponde con la razón expuesta por
la parte recurrente, toda vez que apoya el cargo en que en la sentencia recurrida
la Sección Cuarta dejó de valorar en debida forma las pruebas arrimadas al
proceso y no en que se dictó sin practicar un medio probatorio obligatorio para
definir el litigio.

39.8. En orden a lo expuesto, se concluye que en la sentencia recurrida no se
configuró la nulidad prevista en el numeral 5 del artículo 133 del CGP.

40. (iv) Falta de motivación de la sentencia recurrida.

40.1. En el recurso también se aduce que la sentencia desconoció los artículos
187 del CPACA y 280 del CGP porque omitió la apreciación de los testimonios
de los terceros dueños de los buses y ello implicó que no se hiciera una
motivación de la sentencia con fundamento en un análisis crítico de las pruebas.

40.2. Pues bien, la nulidad por vulneración del debido proceso puede tener su
génesis en la existencia de una sentencia sin motivación. La jurisprudencia de
esta corporación ha indicado que ello se materializa cuando existe carencia
absoluta de pronunciamiento en relación con las razones de hecho o de derecho
que debieron sustentar la decisión. Esto descarta que proceda por deficiencias
en la motivación que pueden derivarse de la errada valoración de las pruebas o
de las normas aplicables al caso concreto, pues entonces en la providencia sí se
expusieron las razones de la decisión42.

40.3. Sobre el particular se ha señalado lo siguiente:

42 Postura que se puede consultar, entre otras, en la sentencia de 05 de abril de 2016 dictada por

la Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo de Estado con radicado 11001-03-15-000 2008-
00320-00 (REV) en la que analizó la casual 6 del artículo 188 del CCA que coincide en todo con
el del numeral 5 del artículo 250 del CAPCA. En ella se explicó que la jurisprudencia «[...] ha
diferenciado la falta absoluta de motivación de la deficiente o errada, y ha señalado que
únicamente la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de
derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la causal sexta. De
manera que es improcedente, con fundamento en dicha causal, alegar situaciones relacionadas
con deficiencias en la motivación derivadas, por ejemplo, de la estimación errada de las pruebas
o de los hechos por parte del juez; de la indebida interpretación de las normas jurídicas aplicadas;
o del desconocimiento del precedente judicial [...]». Posición reiterada en la sentencia del 18 de
noviembre de 2024 proferida por la Sala Especial 11 de Decisión, radicado 11001-03-15-000-
2021-11693-00.

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«[…] 58. En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta absoluta
de motivación de la deficiente o errada, indicando que únicamente la carencia total
de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le
permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la causal de nulidad
originada en la sentencia.

59. Así, la Corporación tiene sentado que es improcedente, con fundamento en
dicha causal, alegar situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación
derivadas, por ejemplo, de la estimación errada de las pruebas o de los hechos
por parte del juez, de la indebida interpretación de las normas jurídicas aplicadas,
o del desconocimiento del precedente judicial. […]»43.

40.4. En el presente caso, el contenido de la sentencia recurrida permite constatar
que se fundamentó en las normas del Estatuto Tributario y en varias pruebas que
sustentaron la resolución del problema jurídico planteado.

40.5. Sobre el primer punto, acató los artículos 684, 744 y 746 de tal codificación
para resolver el tema relacionado con la presunción legal de la información
incluida en las declaraciones tributarias, la admisión de prueba en contrario en
virtud de las facultades fiscales de la Dian para revisar esta, y el deber del
contribuyente de presentar las pruebas en su favor una vez fuese requerido.

40.6. Asimismo, se apoyó en los artículos 771.2 y 543 del ET para resolver la
cuestión sobre los costos reportados por Jorge Arias Castellanos por valor de
$973.601.000 en su declaración de renta. Al aplicar tales normas concluyó que
los costos debían estar soportados en facturas o documentos equivalentes y que,
en el caso concreto, el contribuyente no aportó esas pruebas sin que fuera
oponible al fisco documentos suscritos entre particulares sin tener tales
características. De igual manera, se sustentó en el artículo 547, inciso 6, del ET,
para resolver el cargo de la apelación relacionado con la sanción por inexactitud
en la declaración de renta.

40.7. En lo relacionado con las pruebas, se advierte que se valoraron cada uno de
los contratos de tenencia, permuta y compraventa relacionados con los vehículos
de placas XVV 073, XVU 619, XVP 107, SXR 637 y XVY 595 para decidir si
podían ser tenidos en cuenta como prueba de los pasivos registrados en la
declaración del impuesto. A ello agregó el análisis de las declaraciones rendidas
dentro del proceso por Carlos Gustavo Gómez Arias y Wilmer Calderón
Piedrahíta, quienes afirmaron ser los propietarios de los buses y confirmaron que,
pese a que el demandante aparecía como propietario, era solo simple tenedor
para poder afiliarse a Copetran.

40.8. De lo anterior la sentencia concluyó que, aun con la existencia del negocio
jurídico, no era posible avalar el pasivo registrado porque en los contratos no
aparecía deuda alguna.

43 Consejo de Estado, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 26 de enero de 2024, radicado

11001-03-15-000-2023-04450-00. Ver también sentencia del 1 de septiembre de 2023 de la Sala
15 Especial de Decisión, radicado 11001 03 15 000 2022 06499 00.

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40.9. Todo lo anterior permite afirmar que la sentencia recurrida sí fue motivada en
normas del Estatuto Tributario y diferentes pruebas recaudadas y que, contrario
a lo que el recurrente asevera. La providencia también analizó los testimonios de
quienes aseguraban ser los propietarios de los vehículos. Por tal razón, la nulidad
en la sentencia que se invoca por vulneración de la motivación que exigen los
artículos 187 del CPACA y 280 del CGP no se configura, puesto que para ello es
necesario que haya carencia absoluta de las razones que dieron lugar a la
decisión.

40.10. Por lo expuesto, no se materializó la causal de revisión prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA por violación del debido proceso.

3. Costas

41. De conformidad con lo señalado en el artículo 255 del CPACA, modificado por
la Ley 2080 de 2021, una vez se declara infundado el recurso extraordinario de
revisión, corresponde al juez condenar en costas al recurrente, disposición que
se aplica en este caso de acuerdo con la posición mayoritaria de la Sala.

42. Por su parte, el artículo 366, ordinal 4, del Código General del Proceso dispone
que «[p]ara la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que
establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la
cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo
de dichas tarifas».

43. Así las cosas, según los parámetros establecidos en el Acuerdo PSAA16-
10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se condenará en costas a
la parte recurrente y en favor de la DIAN, las cuales se fijan en un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, ya que
acudió al proceso para contestar la demanda.

44. En cuanto a las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y
perjuicios, no serán reconocidos, toda vez que no fueron demostrados en el
trámite, conforme lo establecido en los artículos 188 y 255 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el 361 del
Código General del Proceso.

4. Conclusión

45. Con fundamento en lo expuesto se concluye que, en la sentencia del 17 de
marzo de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, no se
configuró la causal prevista en los numeral 5 del artículo 250 del CPACA al
confirmar la sentencia de primera instancia dictada el 29 de mayo de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Santander.

46. Lo anterior, comoquiera que la parte recurrente (i) pretendió reabrir el debate
probatorio y jurídico propio del proceso ordinario; (ii) no acreditó que se hubiese

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materializado la causal de nulidad prevista en el numeral 5 del artículo 133 del
CGP en la providencia; y (iii) la sentencia sí fue motivada por lo que no se vulneró
el debido proceso por esta causa. En consecuencia, se declarará infundado el
recurso extraordinario de revisión.

47. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Diez Especial de Decisión, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Jorge Arias Castellanos contra la sentencia del 17 de marzo de 2022, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en la segunda instancia del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68001-23-33-000-2016-
00689-01 (25504).

Segundo: Condenar en costas a la parte recurrente y a favor de la demandada,
las cuales se fijan en la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Tercero: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Firmada electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Con salvamento de voto

Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Con salvamento de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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