Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2014-01133-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2014-01133-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2014-01133-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello
12 de agosto de 2021
ESTUDIO EN SEGUNDA INSTANCIA DE CARGO O ARGUMENTO NUEVO PLANTEADO EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN PERO NO CONTENIDO EN LA DEMANDA NI EN EL RECURSO DE APELACIÓN - Improcedencia. No procede su estudio en segunda instancia al no haber hecho parte del debate planteado en el proceso / PRINCIPIO DE JUSTICIA ROGADA – Alcance / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA – Objeto. Reiteración de jurisprudencia
Zima Global C.I. S.A.S., en sus alegatos de segunda instancia, propuso un nuevo cargo de nulidad que no fue planteado en la demanda: que el auto de inspección tributaria fue proferido en un procedimiento de fiscalización sobre IVA, no sobre el impuesto sobre la renta, por lo que no suspendió el término de firmeza de la declaración de este tributo por el año 2009. Este nuevo cargo no puede ser estudiado en virtud del principio de justicia rogada, que impone al interesado la carga de exponer los argumentos que sustentan su pretensión de nulidad en la demanda y le impide proponer nuevos cargos de nulidad durante el trámite judicial. En los alegatos, la actora también planteó nuevos motivos de inconformidad con la sentencia de primera instancia que no fueron propuestos en el recurso de apelación (..) Estos cargos tampoco serán estudiados con base en el principio de congruencia, previsto en el artículo 320 del Código General del Proceso. También se advierte que, en la apelación, Zima Global C.I. S.A.S, incluyó dentro de su reparo el pasivo con C.I. Logística y Exportaciones S.A.S. Sin embargo, este no hizo parte del concepto de violación de la demanda, por lo que la Sala no se pronunciará sobre este aspecto.
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO CGP) - ARTÍCULO 320
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la imposibilidad de estudiar en segunda instancia nuevos cargos no planteados en la demanda consultar sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 11 de julio de 2019, Exp. 25000-23-37-000-2010-00008-03(21636), C.P. Milton Chaves García
SUSPENSIÓN DE TÉRMINO PARA NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL POR PRÁCTICA DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA DECRETADA DE OFICIO - Operancia. Opera por el término por tres meses contados a partir de la notificación del auto que decrete la inspección / NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA – Efectos jurídicos. Extiende el término para notificar el requerimiento especial. Reiteración de jurisprudencia / FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS AÑO GRAVABLE 2009 - Término – Dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, si no se ha notificado requerimiento especial / NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL – Efectos jurídicos. Extiende el término de firmeza de la declaración
El artículo 706 del Estatuto Tributario establece que cuando se practica la inspección tributaria de oficio, el término para notificar el requerimiento especial se suspende por tres meses «contados a partir de la notificación del auto que la decrete». Esta Sección, precisó que la duración de la suspensión no puede ser prorrogada ni disminuida, por lo que la notificación del auto de inspección tributaria da lugar a la «extensión» del término para notificar el requerimiento especial. Además, el artículo 714 del Estatuto Tributario (en la redacción vigente para la ocurrencia de los hechos de la demanda) dispone que la declaración queda en firme «si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial». De esta forma, para contabilizar la suspensión del término para notificar el requerimiento especial por el decreto de la inspección tributaria, debe tenerse en consideración la fecha en que finaliza el plazo para declarar. En el caso bajo examen, las partes están de acuerdo en que el término para notificar el requerimiento especial finalizaba, en principio, el 23 de abril de 2012. Así las cosas, la notificación del auto de inspección tributaria el día 17 del mismo mes y año extendió el término de firmeza de la declaración hasta el 23 de julio de 2012. En consecuencia, la notificación del requerimiento especial el 19 de julio de 2012 fue oportuna
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 706 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 714
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la suspensión del término para notificar el requerimiento especial por la notificación oportuna del auto de inspección tributaria consultar sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 30 de julio de 2020, Exp. 70001-23-33-000-2015-00512-01(23384), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; 5 de abril de 2018, Exp. 05001-23-33-000-2012-00293-01(20241), C.P. Stella Jeanette Carvajal Basto y del 23 de julio de 2020, Exp. 66001-23-33-000-2016-00766-01(24009), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, entre otras.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Obligados a llevar contabilidad / PRUEBA DE PASIVOS PARA OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD - Requisitos. Deben estar soportados en pruebas idóneas con el lleno de todas las formalidades exigidas para la contabilidad / PRUEBA SUPLETORIA O SUPLETIVA DE PASIVOS - Alcance. Se debe probar que las cantidades respectivas y sus rendimientos fueron declarados oportunamente por el beneficiario / EXISTENCIA Y REALIDAD DE PASIVOS - Facultad fiscalizadora de la DIAN. La administración cuenta con los medios probatorios previstos en las leyes tributarias y, en cuanto sean compatibles con estas, con las de procedimiento civil, para verificar la realidad de los pasivos. Reiteración de jurisprudencia / RECHAZO DE PASIVOS EN DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS AÑO GRAVABLE 2009 - Legalidad. Adición como renta líquida gravable de pasivos inexistentes de periodos no revisables (año 2008) arrastrados al periodo objeto de revisión (año 2009) / RENTA LÍQUIDA GRAVABLE POR ACTIVOS OMITIDOS O PASIVOS INEXISTENTES - Justificación y alcance del artículo 239-1 del Estatuto Tributario. Reiteración de jurisprudencia / ADICIÓN DE RENTA LÍQUIDA GRAVABLE POR PASIVOS INEXISTENTES – Procedencia. Cuando la autoridad tributaria detecte pasivos inexistentes o activos omitidos por el contribuyente
[E]l artículo 770 del Estatuto Tributario dispone que los pasivos declarados por las personas obligadas a llevar contabilidad deben estar respaldados por documentos idóneos y con el lleno de las formalidades exigidas para la contabilidad. El artículo 771 ibídem señala que el incumplimiento de la prueba principal permite rechazar los pasivos, salvo que se pruebe que las cantidades respectivas y sus rendimientos fueron oportunamente declarados por el beneficiario, lo cual se considera una prueba supletiva. Luego de analizar estas normas, esta Sección precisó lo siguiente: «2.2.3. Lo dicho, sin embargo, no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora para verificar la realidad del pasivo. En esa medida, debe entenderse que los artículos 283, 770 y 771 del Estatuto Tributario no limitan la facultad comprobatoria de la Administración. Por tal razón, si en ejercicio de la facultad fiscalizadora la DIAN logra probar la inexistencia de las deudas, desvirtuando la prueba principal y/o la supletoria, los pasivos pueden ser rechazados. Para ello, la Administración cuenta con los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con las normas tributarias» Por su parte, señala el artículo 239-1 del Estatuto Tributario que, cuando la autoridad tributaria detecte pasivos inexistentes o activos omitidos por el contribuyente, el valor de los mismos constituirá renta líquida gravable «en el periodo gravable objeto de revisión». Esta Sección afirmó que la norma bajo análisis, adicionada por la Ley 863 de 2003, «buscó luchar contra la evasión fiscal y generar una fuente de ingresos permanente para el Estado, mediante una regla de cierre que fortalecía el rol de control propio de la información patrimonial en el impuesto sobre la renta, esto es, la de que “la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes hacen inferir la existencia de una renta originada en períodos anteriores”». Además, en esta misma línea, la Sala señaló lo siguiente: «2.7. En todo caso, se pone de presente que la aplicación del HYPERLINK "https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2264/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=12014" \h artículo 239-1 del Estatuto Tributario, por la adición de la renta líquida cuando el contribuyente “excluya pasivos inexistentes” no se deriva del hecho de suprimir el pasivo del patrimonio, sino que parte del presupuesto de que el pasivo que no se incluye en la declaración, era inexistente y afectó el patrimonio declarado en otros períodos gravables. Lo que lleva a precisar que la prueba que debe aportarse en estos casos, es el soporte documental de la existencia del pasivo, y no la relativa a la extinción de la obligación. Pues lo que pretende castigar la norma con la adición de la renta líquida, es que los contribuyentes pretendan extraer del patrimonio un pasivo inexistente que generó una disminución patrimonial en períodos no revisables para la Administración, sin obtener una consecuencia negativa» (subrayado propio). De esta forma, el artículo 239-1 del Estatuto Tributario permite que la DIAN analice la existencia de pasivos arrastrados desde periodos no revisables y, en caso de que resulten inexistentes (como es el caso de algunos de los pasivos provenientes de 2008), procede su adición como renta líquida gravable en el periodo gravable revisable al cual fueron arrastrados y que es objeto de fiscalización (para este caso el 2009) (…) [C]ontrario a lo dicho por la apelante, la DIAN no rechazó el pasivo con D.D. Latin America Company Ltda. solo porque no localizó al proveedor en la dirección suministrada en el RUT, sino porque la contabilidad de la contribuyente no reflejaba su realidad económica y porque el cruce de información no permitió constatar la existencia de los pasivos al 31 de diciembre de 2009, con lo que se desacreditó la existencia de los pasivos, por lo que procedía su rechazo.
Finalmente, plantea el apelante que, el desconocimiento de los pasivos provenientes de períodos no revisables, desconoce la firmeza de la declaración de renta del año 2008, al respecto debe advertir esta Sala que, la Administración tiene la facultad de verificar la existencia de los pasivos declarados en un determinado período gravable, lo que ocurrió respecto del año 2009, solo que al hacerlo verificó que los pasivos incluidos en la declaración de renta del citado año gravable 2009, eran inexistentes y que algunos de ellos, provenían del año gravable 2008, período no revisable. En otras palabras, la fiscalización y determinación de los pasivos improcedentes recayó sobre la declaración de renta del año gravable 2009, que no la del año gravable 2008, solo que algunos de los pasivos inexistentes provenían de ese ejercicio gravable.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 770 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 771 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 283 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 239-1 / LEY 863 DE 2003 – ARTÍCULO 6
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el rechazo de pasivos inexistentes y la adición de renta líquida gravable prevista en el artículo 239-1 del Estatuto Tributario consultar sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 24 de agosto de 2017, Exp. 66001-23-31-000-2011-00382-01(20469), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; 5 de noviembre de 2020, Exp. 70001-23-33-000-2015-00082-01(22985), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y del 16 de octubre de 2019, Exp. 76001-23-33-000-2013-01020-01(22739), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
SANCIÓN POR INEXACTITUD - Procedencia. Inclusión en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2009 de costos y pasivos inexistentes, lo que derivó en un menor impuesto a cargo / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN RÉGIMEN SANCIONATORIO TRIBUTARIO – Improcedencia. No procede la disminución de la sanción por inexactitud cuando se omitan activos o se incluyan pasivos inexistentes
Si bien, es criterio de esta Sección reconocer, en privilegio del principio de favorabilidad, la disminución de la sanción de inexactitud al 100% del mayor impuesto, en el marco del artículo 288 de la Ley 1819 de 2016, no procede en este caso tal reconocimiento, por derivarse la actuación de la inclusión de pasivos inexistentes, conducta para la cual estableció la ley una sanción de inexactitud equivalente al 200% del mayor impuesto. Por tal razón, se mantendrá la sanción impuesta en los actos demandados.
FUENTE FORMAL: LEY 1819 DE 2016 - ARTÍCULO 288
CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA - Improcedencia por falta de prueba de su causación
No habrá condena en costas por esta instancia, considerando que no fue demostrada su causación, según lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable en virtud del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO CGP) - ARTÍCULO 365 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 188
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera ponente: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-37-000-2014-01133-01(23923)
Actor: ZIMA GLOBAL C.I. S.A.S.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
FALLO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia del 26 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió:
Se NIEGAN las pretensiones de la demanda.
Por no haberse causado no se condena en costas.
(…).
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Zima Global C.I. S.A.S. presentó, el 19 de abril de 2010, la declaración del Impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2009, registrando pasivos por valor de $2.631’176.000.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) inició procedimiento de fiscalización mediante el Auto de Apertura 322402011002048 del 21 de febrero de 2011. En dicho trámite fue proferido el Auto de Inspección Tributaria Nro. 322402012000071 del 13 de abril de 2012, notificado mediante correo del 17 del mismo mes y año. En cumplimiento de dicho auto, fueron realizadas las visitas del 23 de abril, del 3 de mayo y del 13 de junio de 2012, en las que se recaudaron pruebas relacionadas con la información y los soportes contables, así como la información bancaria de la contribuyente.
Luego, la DIAN profirió el Requerimiento Especial Nro. 322401012000204 del 18 de julio de 2012, que propuso modificar la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios por el año gravable 2009 con base en el rechazo de parte de los pasivos declarados.
La DIAN profirió la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 322412012013000095 del 16 de abril de 2013, en la que decidió:
Rechazar pasivos (renglón 40) por valor de $2.396’177.000 (de la suma que había sido declarada por valor de $ 2.631.176.000). La suma rechazada se componía de pasivos inexistentes de períodos no revisables por valor de $1.043.631.847 y la diferencia por valor de $1.352.545.153 correspondía a pasivos inexistentes del período gravable investigado.
La suma de $1.043.631.847, correspondía a los pasivos con Louis Dreyfus Comoditas Colombia por $463’249.257 y D.D. Latín América Company Ltda. por $580’382.320 y la diferencia de pasivos del período por $1.352.545.153 estaban suscritos con Jesús Antonio Toro, Juan Manuel Ospina Castro y a C.I. Logística y Exportaciones S.A.S.
Como resultado de lo anterior, la Administración, determinó una renta líquida gravable por valor de $2.084.823.000, que se compone de $1.043.632.000 por concepto de los pasivos inexistentes de períodos no revisables y de $1.041.191.000 resultante del cálculo de la renta por comparación patrimonial efectuada en consideración a los pasivos inexistentes diferentes a los provenientes de períodos no revisables (este cálculo fue efectuado por la Administración a partir del patrimonio bruto declarado por el año 2009 en cuantía de $2.739.069.000).
Por lo anterior, se modificó el impuesto a cargo (renglón 74) en $690’171.000, así como el saldo a pagar (renglón 81) en $690’345.000 y se determinó sanción por inexactitud por valor de $1.100’786.000, equivalente al 160% de la diferencia del valor a pagar.
La sociedad presentó recurso de reconsideración contra la anterior decisión. Sin embargo, la DIAN confirmó la decisión, mediante la Resolución Nro. 900.139 del 13 de mayo de 2014.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), Zima Global C.I. S.A.S. formuló las siguientes pretensiones, según consta en el escrito de subsanación a la inadmisión de la demanda inicial:
III. PRETENSIONES PRINCIPALES
PRIMERA: Declarar la NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO del acto administrativo LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS PERIODO GRAVABLE 2009 No. 322412013000095 de fecha abril 16 del año 2013 expedido por la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ.
SEGUNDA: Declarar la NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO del acto administrativo RESOLUCIÓN NÚMERO 900.139 de Mayo 13 de 2014 por la cual se decide un recurso de reconsideración proferida por la SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS JURÍDICOS de LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ.
TERCERA: Como consecuencia de las declaraciones primera y segunda, y restableciendo los derechos del contribuyente, declarar que la liquidación privada del impuesto de renta y complementarios por el año gravable 2009 presentada por ZIMA GLOBAL C.I S.A.S, el 19 de abril del año 2010 con el No. 91000085032770 en el formulario No. 1109600912498 queda en firme.
SUBSIDIARIA DE LAS PRINCIPALES.
De no acoger las pretensiones principales en subsidio se solicita:
PRIMERA: Declarar la NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO del acto administrativo LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA y COMPLEMENTARIOS PERIODO GRAVABLE DEL 2009 No. 322412013000095 de fecha Abril 16 del año 2013 expedido por la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ, en la parte que para determinar la renta por comparación de patrimonios, excluye como pasivos la suma de $1.043.632.000.00 por cuanto este incremento patrimonial fue aplicado a la renta gravable como pasivos de periodos no revisables determinados.
SEGUNDA: Declarar la NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO del acto administrativo RESOLUCIÓN NÚMERO 900.139 de Mayo 13 de 2014 por la cual se decide un recurso de reconsideración proferida por la SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS JURÍDICOS de LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ, en la parte que confirma la liquidación de revisión en la doble inclusión de pasivos rechazados por $1.043.632.000.00, primera inclusión como renta proveniente de pasivos determinados de periodos no revisables y segunda inclusión como menor valor de los pasivos determinados para depurar renta por comparación de patrimonios.
TERCERA: Como consecuencia de las declaraciones primera y segunda subsidiarias, ordenas: a) La nulidad de la determinación de la renta por comparación de patrimonio que da como resultado incremento en la renta gravable por diferencia incremento no justificado en cuantía de $1.041.191.000.00, b) La reliquidación de la renta líquida gravable excluyendo de la renta gravable determinada la suma de $1.041.191.000.00, c) La reliquidación correspondiente del impuesto a cargo, d) La reliquidación correspondiente de las sanciones.
Para estos efectos invocó como normas violadas los artículos 29, 209 y 238 de la Constitución; los artículos 236, 705 y 730 del Estatuto Tributario; y los artículos 1, 3, 87, 91, 138, 159 y 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
El concepto de la violación de las citadas normas se sintetiza así:
No procede el rechazo de los pasivos arrastrados de periodos no revisables.
Los actos acusados rechazaron los pasivos arrastrados del periodo no revisable 2008 por $1.043’631.847, por las obligaciones contraídas con Louis Dreyfus Comoditas Colombia y D.D. Latin America Company Ltda. De esta forma, desconocieron el derecho al debido proceso y configuraron la causal de nulidad quinta del artículo 730 del Estatuto Tributario por ir en contra de un procedimiento legalmente concluido, pues la declaración de dicho periodo se encuentra en firme.
La DIAN señaló que los pasivos arrastrados del periodo gravable 2008 no coincidían con las respuestas a los requerimientos ordinarios enviados a los terceros proveedores. Pero luego, de forma contradictoria, afirmó que dichos proveedores no fueron localizados en la dirección del RUT, lo que también impidió verificar su capacidad de almacenamiento; en consecuencia, los actos acusados incurren en falsa motivación al no ser coherentes. Además, no puede atribuirse responsabilidad al contribuyente porque la DIAN no encuentre a sus proveedores en el año 2012, pues las operaciones comerciales con ellos finalizaron en el año 2008.
También existe falsa motivación porque la autoridad tributaria afirmó que su decisión está probada en diversos indicios. Sin embargo, no indicó cuales son los hechos indiciarios ni relacionó qué pruebas los demostraron.
Otro defecto probatorio de los actos acusados consiste en que dieron validez a las afirmaciones de los proveedores en sus respuestas a los requerimientos ordinarios de información, pero no indican qué prueba respalda dichas declaraciones. En cambio, se rechazó sin motivo alguno la afirmación de la contribuyente que se encuentra respaldada en las facturas de compra expedidas en el 2008.
No procede la adición de la renta gravable por incremento no justificado, incluyendo como factor, los pasivos rechazados que fueron arrastrados de periodos no revisables y por los cuales adicionó la DIAN renta líquida gravable.
Adujo que, la diferencia por el incremento no justificado, la convierte la DIAN en renta gravable, teniendo como factor determinante para establecer esa diferencia, la exclusión del valor de los pasivos de períodos no revisables ($1.043.362.000), los cuales también convirtió la Administración en renta gravable, lo que desconoce el derecho al debido proceso, porque constituye doble juzgamiento o doble condena por un solo hecho.
Bajo la misma ilación señaló que, si la DIAN excluyó los anteriores pasivos y adicionó la renta gravable, dicha adición debe ser utilizada para efectos de determinar el patrimonio líquido de la sociedad, de manera que este debe incrementarse en el valor de los pasivos rechazados ($1.043.362.000) y, que al no hacerlo desconoció las reglas del artículo 236 del Estatuto Tributario.
La DIAN no motivó adecuadamente el rechazo de los pasivos.
La DIAN rechazó los pasivos (renglón 40) por un total de $2.396’177.000. Pero, al depurar la renta gravable por comparación patrimonial, tomó el patrimonio declarado en el año 2009 y le restó $1.587´545.000 por concepto de «pasivos desconocidos probados determinados», sin exponer cuáles son esos pasivos, por qué son probados determinados y por qué afirma que son desconocidos si los restó del patrimonio y, por lo tanto, debe considerarlos válidos.
La autoridad tributaria no justificó el rechazo de $182’636.000 del total de los pasivos rechazados ($2.396’177.000). En los actos acusados únicamente constan los motivos para desconocer los siguientes pasivos: i) Louis Dreyfus Commodities Colombia por $463’249.527, ii) Jesús Antonio Toro por $115.459.600, iii) Juan Manuel Castro Ospina por $1.054’449.594 y iv) D.D. Latinamerica Company Ltda. por $580’382.320. Pero el total de esos valores es de $2.213’541.041.
De otro lado, la cifra que se restó al patrimonio bruto ($1.587´545.000) no se puede obtener tomando el total de pasivos rechazados por la DIAN con motivación suficiente ($2.213’541.000) y restando el pasivo arrastrado de periodos no revisables ($1.043’631.847) porque el resultado sería de solo $1.169’090.000. Además, este último concepto también fue adicionado a la renta gravable y, según se explicó, esto desconoce el derecho al debido proceso, porque supone un doble juzgamiento de un mismo hecho.
La DIAN motivó falsamente el rechazo de los pasivos con terceros.
La DIAN justificó el rechazo de pasivos con Louis Dreyfus Commodities Colombia, Jesús Antonio Toro, Juan Manuel Castro Ospina y D.D. Latin America Company Ltda. con cuatro argumentos generales, que son los siguientes: i) los proveedores no fueron localizados en las direcciones suministradas en el RUT, lo que impidió acreditar la realidad de sus operaciones, ii) no se probó la capacidad de almacenamiento de mercancía de los terceros, iii) los proveedores no cumplieron sus obligaciones fiscales y iv) la contabilidad de la contribuyente no está debidamente soportada en documento idóneo.
Los actos acusados rechazaron los pasivos con Lois Dreyfus Commodities Colombia porque dicha empresa certificó que las cuentas por cobrar en contra de la contribuyente eran de cero al 31 de diciembre de 2009. Sin embargo, no aportó ninguna prueba que respaldara dicha afirmación, por lo que no debió dársele validez ni prevalencia sobre la afirmación de la sociedad investigada. Además, la DIAN no tuvo en cuenta que dicho proveedor puede estar omitiendo sus activos y que esta argumentación no es coherente con los cuatro motivos generales expuestos.
La autoridad tributaria rechazó los pasivos con D.D. Latin America Company porque no pudo ser localizada en la dirección del RUT, porque este proveedor no presentó su declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y solo presentó declaraciones de IVA por algunos periodos de 2008 y 2009. Sin embargo, no se tuvo en cuenta que se trató de localizar a ese tercero en 2012, es decir cuatro años después de realizadas las operaciones comerciales, por lo que no hay indicios reales de que no tuviera capacidad de almacenamiento en 2008. En todo caso, no propuso un motivo para no dar validez a las facturas de compra expedidas en 2008 y que fueron aportadas al expediente administrativo.
La DIAN rechazó los pasivos con Jesús Antonio Toro porque este proveedor también certificó que no existían cuentas por cobrar contra la sociedad actora para el 31 de diciembre de 2009, pero esta argumentación tampoco es coherente con los cuatro motivos generales expuestos.
Los pasivos con Juan Manuel Castro Ospina fueron rechazados porque no tenía capacidad de almacenamiento. Sin embargo, este pasivo no tuvo origen en la compra de mercancías, sino por la entrega de dinero en cuentas de participación para financiar las operaciones de la sociedad contribuyente. La DIAN también sostuvo que esta persona no contestó el requerimiento ordinario de información enviado a la dirección del RUT, pero no puede sancionarse a una contribuyente solo porque una persona natural no actualizó su RUT.
El requerimiento especial fue extemporáneo.
El término de firmeza de la declaración del año 2009 finalizaba el 23 de abril de 2012. Sin embargo, la notificación del auto de inspección tributaria del 17 de abril de 2012 prorrogó el término de firmeza por tres meses, es decir hasta el 17 de julio del mismo año. Pese a lo anterior, el requerimiento especial fue proferido el día 18 y notificado el día 19 de julio de 2012, por lo que fue extemporáneo.
Oposición a la demanda
La DIAN controvirtió las pretensiones de la actora con base en los siguientes argumentos:
Procede el rechazo de los pasivos arrastrados de los periodos no revisables.
Los actos acusados no cuestionaron la firmeza de la declaración del periodo gravable 2008, sino que se limitaron a realizar la comparación patrimonial, según lo previsto en el artículo 236 del Estatuto Tributario, por lo que las modificaciones solo correspondieron a glosas de la declaración del año 2009.
El pasivo con Louis Dreyfus Comoditas Colombia por $463’249.257 fue rechazado porque esa misma empresa certificó que las cuentas por cobrar contra la demandante a 31 de diciembre de 2009 eran de cero. Además, consta que los pasivos adquiridos en el año 2008 fueron pagados, por lo que se concluyó que la información del proveedor era veraz.
Los pasivos con D.D. Latin America Company Ltda. por $580’382.320 fueron rechazados porque en la visita realizada en la dirección del RUT el 10 de julio de 2012 se encontró que la empresa no existía, que el lugar era una vivienda y que su habitante afirmó que residía ahí desde hace cinco años. Además, inicialmente la contribuyente afirmó que su pasivo inicialmente era de $1.475’382.320 y que se redujo por la cancelación de algunas facturas, pero este hecho no se registró en su contabilidad.
Lo anterior demuestra que no hubo ninguna contradicción porque el hecho de que Louis Dreyfus Comoditas Colombia respondiera el requerimiento ordinario de información no tiene ninguna relación con que D.D. Latin America Company Ltda. no se encontrara en la dirección del RUT.
Además, tampoco es cierto que se haya dado validez a la certificación de Louis Dreyfus Comoditas Colombia sin alguna otra prueba, pues en el expediente constan las demás pruebas que permitieron concluir que los pasivos eran inexistentes.
Procede la adición de la renta gravable por el valor de los pasivos rechazados y que fueron arrastrados de periodos no revisables.
El artículo 236 del Estatuto Tributario establece que, cuando entre dos periodos gravables hay una diferencia injustificada en el patrimonio líquido, el valor de dicha diferencia se grava con el impuesto sobre la renta y complementarios. Así las cosas, la DIAN no realizó un doble juzgamiento por tomar el valor de los pasivos rechazados y adicionarlos a la renta gravable.
El rechazo de los pasivos fue debidamente motivado.
La demandante afirmó que la DIAN rechazó los pasivos por $2.396’177.000, pero solo justificó el rechazo de $2.213’541.041, es decir que no justificó el rechazo de $182’636.381. Pero esto no es cierto, pues este valor se refiere al pasivo supuestamente contraído con C.I. Logística y Exportación S.A.S., que también fue rechazado porque esa sociedad no existe.
De otro lado, en la liquidación oficial de revisión consta que el incremento patrimonial no justificado se determinó así: se calculó el pasivo, tomando el pasivo declarado ($2.631’176.000) y se le restó el pasivo rechazado arrastrado de periodos no revisables ($1.043’632.000), lo que dio un total de $1.587’545.000. Después se determinó el patrimonio líquido de 2009 tomando el patrimonio bruto el declarado por valor de $2.739’069.000, al cual se le restó el valor de los pasivos determinados en cuantía de $1.587’545.000, lo que dio como resultado la diferencia patrimonial inicial de $1.151’524.000, suma que se restó el patrimonio líquido del año 2008 ($106.918.000).; posteriormente a dicha diferencia patrimonial se le restó la renta líquida depurada de la declaración de renta del año 2009, por valor de $3’395.000, de lo que resultó una diferencia patrimonial de $1.041’191.000- valor que fue determinado como renta líquida gravable.
Finalmente, explica que, al valor anterior se le adicionó, el monto de los pasivos rechazados que, fueron arrastrados de periodos no revisables ($1.043’632.000), para un total de renta gravable por comparación patrimonial de $2.084’823.000.
La DIAN motivó en debida forma el rechazo de los pasivos con terceros.
Los pasivos declarados con Louis Dreyfus Comoditas Colombia y D.D. Latin America Company Ltda. fueron rechazados con las pruebas expuestas anteriormente en este acápite.
El pasivo con Jesús Antonio Toro fue rechazado porque también certificó que las cuentas por cobrar en contra de la actora al 31 de diciembre de 2009 eran de cero, afirmación que fue respaldada en los documentos pertinentes y que obran en el expediente administrativo.
También se rechazó el pasivo con Juan Manuel Toro Ospina porque no se demostró con prueba idónea la realización de una inversión y en el libro auxiliar de contabilidad se encontró una diferencia en la conciliación que no fue justificada por la contribuyente. Además, también se le envió un requerimiento ordinario de información que fue devuelto porque la persona cambió su domicilio, sin que la demandante informara alguna nueva dirección para su localización.
El requerimiento especial fue oportunamente notificado.
La notificación del auto de inspección tributaria no suspendió el término de firmeza de la declaración de 2009 hasta el 17 de julio de 2012, como lo afirmó la actora, sino hasta el día 23 del mismo mes y año. En consecuencia, el requerimiento especial fue notificado oportunamente.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente:
El requerimiento especial fue oportunamente notificado.
El término para notificar el requerimiento especial finalizaba, en principio, el 23 de abril de 2012. Se dice que en principio porque dicho término se suspendió por tres meses debido a la notificación del auto de inspección tributaria, por lo que se prorrogó hasta el 23 de julio de 2012. En el expediente consta que el requerimiento ordinario fue notificado antes de ese día, por lo que fue oportuno.
El rechazo de los pasivos fue suficientemente sustentado.
Los artículos 283 y 770 del Estatuto Tributario establecen que los pasivos proceden si están respaldados en documentos idóneos y si cumplen con todas las formalidades de la contabilidad. Correlativamente, el artículo 771 ibídem señala que, el incumplimiento de estos requisitos acarrea el desconocimiento de los pasivos.
En los antecedentes administrativos constan suficientes pruebas para rechazar los pasivos declarados por la demandante, según se expone a continuación.
El revisor fiscal y el representante legal de Louis Dreyfus Commodities Colombia certificaron que la cuenta por cobrar contra la actora al 31 de diciembre de 2009 era de cero, así que el cruce de información permitió concluir que ese pasivo era inexistente.
Jesús Antonio Toro también certificó que la cuentas por cobrar frente a la contribuyente a 31 de diciembre de 2009 era de cero, afirmación que respaldó en la relación de las facturas que fueron efectivamente pagadas.
D.D. Latin America Company Ltda. no pudo ser localizada en la dirección del RUT y, en la visita a ese lugar durante el 2012, se demostró que se trataba de una vivienda habitada desde hace cinco años, es decir desde el 2007, lo que permite rechazar los pasivos supuestamente contraídos en 2008. Además, esa empresa fue creada en 2008 y disuelta en 2009 y, a pesar de las grandes cifras de sus operaciones comerciales, no presentó ninguna declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios y solo presentó algunas declaraciones del IVA, que no fueron pagadas.
Los pasivos con Juan Manuel Castro Ospina y C.I. Logística y Exportación S.A.S. no fueron acreditados por la demandante porque estos proveedores tampoco fueron localizados en la dirección del RUT. Aunque este simple hecho no permite rechazar el pasivo, el artículo 772 del Estatuto Tributario impide utilizar la contabilidad en favor de la contribuyente porque no cumplió con todos los requisitos legales, de tal modo que no acreditó suficientemente la existencia del pasivo. En efecto, la demandante no aportó pruebas de sus afirmaciones, sino que se limitó a culpar a sus proveedores por supuestas omisiones de activos, lo que constituye un indicio en su contra y permite concluir que la contabilidad no refleja fielmente su realidad económica.
El Tribunal puntualizó que, acorde con lo señalado por el Consejo de Estado, «si un contribuyente incluye en la declaración de renta pasivos no demostrados, los mismos deben rechazarse y como consecuencia aumentar el patrimonio líquido del contribuyente».
Además, el artículo 236 del Estatuto Tributario establece que cuando la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta, es inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último periodo gravable y el patrimonio líquido del periodo inmediatamente anterior, dicha diferencia debe considerarse renta gravable, a menos que el contribuyente demuestre que el aumento del patrimonio está justificado.
En el caso bajo examen, la DIAN acreditó que no procedían los pasivos que fueron declarados por valor de $2.396’177.000, por lo que esa entidad debía determinar la renta por comparación patrimonial como lo hizo, lo cual no supone una alteración de la declaración del tributo por el año 2008, que se encuentra en firme. Esto porque en todo caso, los pasivos rechazados fueron los declarados para el periodo gravable 2009, aunque hayan sido arrastrados de periodos no revisables.
Así, concluye que «era factible que se desconocieran pasivos por $1.043’631.847 por supuestas compras insolutas realizadas en el año 2008, pues por corresponder a pasivos declarados en el año 2009, periodo que no estaba en firme, la DIAN tenía el deber de verificar su procedencia, como en efecto lo hizo».
No hizo ningún pronunciamiento sobre la sanción por inexactitud porque no fue objeto de censura por la demandante.
Recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia con base en los argumentos que se resumen a continuación:
El requerimiento especial fue notificado de forma extemporánea.
El Tribunal no tuvo en cuenta que el auto de inspección tributaria fue notificado el 17 de abril de 2012. Así las cosas, es a partir de ese momento que se debe contabilizar la suspensión de tres meses y no desde la terminación del plazo inicial de firmeza de la declaración de renta de 2009. En consecuencia, la oportunidad para notificar el requerimiento especial no finalizaba el 23 de julio, sino el 17 de julio de 2012.
No procedía el rechazo de algunos pasivos.
Respecto de los pasivos arrastrados de periodos no revisables por valor de $1.043’632.000, argumentó que no procedía su rechazo luego de transcurridos cuatro años de la presentación de la declaración de renta del año 2008, cuando ya no se adeudaban, por el hecho de que la DIAN no localizara a los proveedores. Argumentó que, tales pasivos estaban debidamente soportados en los registros contables.
Sostiene que estos pasivos correspondían a D.D. Latin America Company por $580.382.320 y a C.I. Logística y Exportaciones S.A.S. $182.636.381 cuya contrapartida en el balance eran inventarios, los cuales son admitidos por la DIAN. Adicionalmente aduce que, por el hecho de que los acreedores sean omisos en renta o eludan la DIAN no pueden obligar a lo imposible a la sociedad actora.
Por último señala que, la contabilidad se fundamenta en una partida doble, de tal modo que si la DIAN acepta el débito, no puede cambiar la naturaleza del crédito contabilizado, por no haber encontrado cuatro años más tarde al proveedor de insumos respaldados con las facturas respectivas, se parcelaría la prueba, pues se aceptaría para propósitos favorables y se rechazaría pata los desfavorables.
Puntos que no fueron objeto de apelación.
La Sala precisa que la apelación no presentó motivos de inconformidad contra la sentencia de primera instancia relacionado con el rechazo de los pasivos por las operaciones con Jesús Antonio Toro y con Juan Manuel Castro Ospina, como tampoco reiteró el cargo de nulidad relacionado con la determinación de la renta gravable por comparación patrimonial.
Alegatos de conclusión
Alegatos de la parte demandante.
Zima Global C.I. S.A.S. reiteró lo dicho en su apelación y agregó que el auto de inspección tributaria señaló que fue proferido en una investigación sobre el IVA, no sobre la renta, por lo que no pudo suspender el término de firmeza de la declaración de renta por el periodo gravable 2009.
Los certificados aportados por el revisor fiscal y el representante legal de Louis Dreyfus Commodities Colombia no tienen valor probatorio porque no acreditaron, el primero ser contador público y el segundo la calidad de representante legal de la empresa. Además, en la contabilidad de la actora consta que no se realizó ningún pago a esa empresa en septiembre de 2009, por lo que ese proveedor trata de omitir sus verdaderos activos.
El certificado expedido en nombre de Jesús Antonio Toro tampoco tiene validez porque quien lo suscribió no acreditó ser el representante del proveedor ni ser contador público. Además, no se señaló si esa persona natural estaba obligada a llevar contabilidad. Además, reiteró que se trata de un proveedor que omite sus activos.
Los pasivos con D.D. Latin America Company y con C.I. Logística y Exportación S.A.S. están acreditados con la contabilidad de la contribuyente y las facturas de compra que no fueron pagadas. Es imposible aportar una prueba diferente a la contabilidad y el movimiento de inventarios. El hecho de que la DIAN no localice a los proveedores no da lugar al rechazo automático del pasivo.
El pasivo con Juan Manuel Ospina Castro tuvo origen en un financiamiento de capital para operaciones de la actora, según consta en la contabilidad, aunque no se suscribió algún otro título para respaldar este pasivo.
Alegatos de la parte demandada.
El abogado que presentó los alegatos de conclusión en nombre de la entidad demandada no allegó poder suficiente para hacerlo, por lo que se tendrán por no presentados.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Delimitación del problema jurídico
Zima Global C.I. S.A.S., en sus alegatos de segunda instancia, propuso un nuevo cargo de nulidad que no fue planteado en la demanda: que el auto de inspección tributaria fue proferido en un procedimiento de fiscalización sobre IVA, no sobre el impuesto sobre la renta, por lo que no suspendió el término de firmeza de la declaración de este tributo por el año 2009.
Este nuevo cargo no puede ser estudiado en virtud del principio de justicia rogada, que impone al interesado la carga de exponer los argumentos que sustentan su pretensión de nulidad en la demanda y le impide proponer nuevos cargos de nulidad durante el trámite judicial.
En los alegatos, la actora también planteó nuevos motivos de inconformidad con la sentencia de primera instancia que no fueron propuestos en el recurso de apelación. Estos son: i) que los certificados aportados por el revisor fiscal y el representante legal de Louis Dreyfus Commodities Colombia no son válidos y que esta empresa trata de omitir sus activos, ii) que el certificado expedido en nombre de Jesús Antonio Toro tampoco tiene validez y que también trata de omitir sus activos y iii) que el pasivo con Juan Manuel Ospina Castro tuvo origen en un financiamiento para las operaciones de la actora y que no se suscribió ningún otro título que lo soportara.
Estos cargos tampoco serán estudiados con base en el principio de congruencia, previsto en el artículo 320 del Código General del Proceso.
También se advierte que, en la apelación, Zima Global C.I. S.A.S, incluyó dentro de su reparo el pasivo con C.I. Logística y Exportaciones S.A.S. Sin embargo, este no hizo parte del concepto de violación de la demanda, por lo que la Sala no se pronunciará sobre este aspecto.
Entonces, en el marco de los propuestos cargos de la apelación, corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 322412012013000095 del 16 de abril de 2013 y la Resolución Nro. 900.139 del 13 de mayo de 2014, mediante las cuales se determinó oficialmente el Impuesto sobre la Renta y Complementarios a cargo de la actora por el periodo gravable 2009.
Sobre la notificación del requerimiento especial
La apelante sostuvo que el término para notificar el requerimiento especial se suspendió a partir de la notificación del auto de inspección tributaria el 17 de abril de 2012 y no desde la finalización del plazo de firmeza de la declaración el día 23 del mismo mes y año. Por lo anterior, concluye que la notificación del requerimiento especial de forma posterior al 17 de julio de 2012 es extemporánea.
El artículo 706 del Estatuto Tributario establece que cuando se practica la inspección tributaria de oficio, el término para notificar el requerimiento especial se suspende por tres meses «contados a partir de la notificación del auto que la decrete».
Esta Sección, precisó que la duración de la suspensión no puede ser prorrogada ni disminuida, por lo que la notificación del auto de inspección tributaria da lugar a la «extensión» del término para notificar el requerimiento especial.
Además, el artículo 714 del Estatuto Tributario (en la redacción vigente para la ocurrencia de los hechos de la demanda) dispone que la declaración queda en firme «si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial». De esta forma, para contabilizar la suspensión del término para notificar el requerimiento especial por el decreto de la inspección tributaria, debe tenerse en consideración la fecha en que finaliza el plazo para declarar.
En el caso bajo examen, las partes están de acuerdo en que el término para notificar el requerimiento especial finalizaba, en principio, el 23 de abril de 2012. Así las cosas, la notificación del auto de inspección tributaria el día 17 del mismo mes y año extendió el término de firmeza de la declaración hasta el 23 de julio de 2012. En consecuencia, la notificación del requerimiento especial el 19 de julio de 2012 fue oportuna.
Este cargo de la apelación no prosperó.
Sobre la procedencia del rechazo de los pasivos
Observa la Sala que, la Administración rechazó pasivos al haber establecido su inexistencia, parte de los cuales provenían de períodos no revisables ($1.043’632.000) y otros correspondían al período gravable en discusión ($1.352.545.153). Los pasivos inexistentes de períodos no revisables, estaban integrados con los pasivos de Louis Dreyfus Comoditas Colombia y D.D. Latín América Company Ltda. y los otros pasivos correspondían a Jesús Antonio Toro, Juan Manuel Ospina Castro y a C.I. Logística y Exportaciones S.A.S.
A partir de lo anterior, la Administración adicionó como renta líquida gravable, el valor que correspondía a los pasivos provenientes de períodos no revisables y calculó la renta por comparación patrimonial, habida cuenta de los otros pasivos inexistentes determinados.
En su apelación, la actora solo censuró el rechazo de los pasivos arrastrados desde periodos no revisables, señalando que era improcedente que la DIAN los desconociera cuatro años después de la presentación de la declaración del periodo gravable 2008, cuando ya no se adeudaban, por el hecho de que esa entidad no hubiera encontrado el acreedor. Agregó que estos pasivos se encontraban en firme y que estaban soportados en registros contables.
Al respecto se precisa que, el artículo 770 del Estatuto Tributario dispone que los pasivos declarados por las personas obligadas a llevar contabilidad deben estar respaldados por documentos idóneos y con el lleno de las formalidades exigidas para la contabilidad. El artículo 771 ibídem señala que el incumplimiento de la prueba principal permite rechazar los pasivos, salvo que se pruebe que las cantidades respectivas y sus rendimientos fueron oportunamente declarados por el beneficiario, lo cual se considera una prueba supletiva. Luego de analizar estas normas, esta Sección precisó lo siguiente:
«2.2.3. Lo dicho, sin embargo, no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora para verificar la realidad del pasivo. En esa medida, debe entenderse que los artículos 283, 770 y 771 del Estatuto Tributario no limitan la facultad comprobatoria de la Administración.
Por tal razón, si en ejercicio de la facultad fiscalizadora la DIAN logra probar la inexistencia de las deudas, desvirtuando la prueba principal y/o la supletoria, los pasivos pueden ser rechazados.
Para ello, la Administración cuenta con los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con las normas tributarias»
Por su parte, señala el artículo 239-1 del Estatuto Tributario que, cuando la autoridad tributaria detecte pasivos inexistentes o activos omitidos por el contribuyente, el valor de los mismos constituirá renta líquida gravable «en el periodo gravable objeto de revisión».
Esta Sección afirmó que la norma bajo análisis, adicionada por la Ley 863 de 2003, «buscó luchar contra la evasión fiscal y generar una fuente de ingresos permanente para el Estado, mediante una regla de cierre que fortalecía el rol de control propio de la información patrimonial en el impuesto sobre la renta, esto es, la de que “la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes hacen inferir la existencia de una renta originada en períodos anteriores”». Además, en esta misma línea, la Sala señaló lo siguiente:
«2.7. En todo caso, se pone de presente que la aplicación del HYPERLINK "https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2264/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=12014" \h artículo 239-1 del Estatuto Tributario, por la adición de la renta líquida cuando el contribuyente “excluya pasivos inexistentes” no se deriva del hecho de suprimir el pasivo del patrimonio, sino que parte del presupuesto de que el pasivo que no se incluye en la declaración, era inexistente y afectó el patrimonio declarado en otros períodos gravables.
Lo que lleva a precisar que la prueba que debe aportarse en estos casos, es el soporte documental de la existencia del pasivo, y no la relativa a la extinción de la obligación. Pues lo que pretende castigar la norma con la adición de la renta líquida, es que los contribuyentes pretendan extraer del patrimonio un pasivo inexistente que generó una disminución patrimonial en períodos no revisables para la Administración, sin obtener una consecuencia negativa» (subrayado propio).
De esta forma, el artículo 239-1 del Estatuto Tributario permite que la DIAN analice la existencia de pasivos arrastrados desde periodos no revisables y, en caso de que resulten inexistentes (como es el caso de algunos de los pasivos provenientes de 2008), procede su adición como renta líquida gravable en el periodo gravable revisable al cual fueron arrastrados y que es objeto de fiscalización (para este caso el 2009)
A partir de lo anterior, procederá la Sala con el análisis de las pruebas obrantes en el proceso en relación con los pasivos inexistentes de períodos no revisables, objeto de apelación:
Se encuentra acreditado que, las partes han coincidido en que los pasivos imputados de periodos no revisables por valor de $1.043.631.577, corresponden a las obligaciones contraídas en el año 2008 con Louis Dreyfus Comoditas Colombia por $463’249.257 y con D.D. Latin America Company Ltda. por $580’382.320 sobre las cuales observa esta Sección lo siguiente:
Respecto del pasivo con Louis Dreyfus Commodities Colombia, consta en el proceso que, la actora soportó con diversas facturas que le fueron expedidas en el año 2008, sin embargo, los certificados expedidos por el representante legal del proveedor y el revisor fiscal, señalan que la cuenta por cobrar contra la demandante al 31 de diciembre de 2009 era de cero (0) . En ambos certificados se discrimina el movimiento del pasivo en el año 2009, así como los pagos o abonos en cuenta efectuados por la sociedad apelante durante el año, hasta quedar en cero (0) el pasivo.
Dan cuenta también los antecedentes administrativos que, la demandada revisó el movimiento contable, libro mayor y auxiliares de la cuenta PUC 2205 pasivo con proveedores y solicitó extractos bancarios que no fueron aportados por la actora.
En el caso bajo estudio, si bien la operación fue registrada contablemente, la actuación administrativa adelantada estuvo encaminada a verificar la existencia de los pasivos con los proveedores a 31 de diciembre de 2009, sin que fuera aportado por la actora prueba idónea de su existencia (art 770 E.T) o su prueba supletoria (art 771 ibídem).
Resulta suficiente lo anterior para desestimar la existencia del pasivo con Louis Dreyfus Commodities Colombia para el año 2009, de tal modo que procede su rechazo.
En cuanto al proveedor D.D. Latin America Company Ltda., la DIAN rechazó este pasivo, considerando lo siguiente: i) la demandante registró en su contabilidad un pasivo por $1.475’382.320, pero solo declaró $580’382.320 por el año gravable 2009, lo que la actora justificó por la anulación de dos facturas, sin embargo, no hizo ningún registro contable que reflejara lo anterior; iii) en la visita no fue encontrada la dirección del RUT y, por el contrario, se evidenció que se trataba de una vivienda habitada por una persona natural; y iv) el proveedor no presentó declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2009 y solo presentó la declaración del IVA por los bimestres 3, 4, 5 y 6 de 2008 y 1 de 2009.
En concordancia, el informe final de verificación o cruce del 16 de julio de 2012 puso de presente que la visita al proveedor en la dirección del RUT fue realizada el 10 de julio de 2012 y que la persona presente en el lugar afirmó que no conoce a la sociedad y que reside en el lugar desde hace cinco años. Así mismo, indicó que en las declaraciones del IVA presentadas por la proveedora entre 2008 y 2009 liquidaron ingresos y compras por cero (0) pesos.
Como se evidencia, y contrario a lo dicho por la apelante, la DIAN no rechazó el pasivo con D.D. Latin America Company Ltda. solo porque no localizó al proveedor en la dirección suministrada en el RUT, sino porque la contabilidad de la contribuyente no reflejaba su realidad económica y porque el cruce de información no permitió constatar la existencia de los pasivos al 31 de diciembre de 2009, con lo que se desacreditó la existencia de los pasivos, por lo que procedía su rechazo.
Finalmente, plantea el apelante que, el desconocimiento de los pasivos provenientes de períodos no revisables, desconoce la firmeza de la declaración de renta del año 2008, al respecto debe advertir esta Sala que, la Administración tiene la facultad de verificar la existencia de los pasivos declarados en un determinado período gravable, lo que ocurrió respecto del año 2009, solo que al hacerlo verificó que los pasivos incluidos en la declaración de renta del citado año gravable 2009, eran inexistentes y que algunos de ellos, provenían del año gravable 2008, período no revisable. En otras palabras, la fiscalización y determinación de los pasivos improcedentes recayó sobre la declaración de renta del año gravable 2009, que no la del año gravable 2008, solo que algunos de los pasivos inexistentes provenían de ese ejercicio gravable.
Por lo anterior, este cargo de la apelación tampoco prospera.
Sobre la sanción por inexactitud
La Sala evidencia que los actos acusados impusieron una sanción por inexactitud equivalente al 160% de la diferencia entre el saldo a pagar y el determinado en la liquidación oficial, la cual no fue censurada por la parte demandante.
Si bien, es criterio de esta Sección reconocer, en privilegio del principio de favorabilidad, la diminución de la sanción de inexactitud al 100% del mayor impuesto, en el marco del artículo 288 de la Ley 1819 de 2016, no procede en este caso tal reconocimiento, por derivarse la actuación de la inclusión de pasivos inexistentes, conducta para la cual estableció la ley una sanción de inexactitud equivalente al 200% del mayor impuesto. Por tal razón, se mantendrá la sanción impuesta en los actos demandados.
Con base en lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia apelada. No habrá condena en costas por esta instancia, considerando que no fue demostrada su causación, según lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable en virtud del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Confirmar la sentencia apelada, proferida el 26 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.
Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Folio 145 del expediente.
Folios 44 a 45 del expediente.
Es este punto, el Tribunal citó la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 66001-23-31-000-2008-00340-01 (18541). Sentencia del 1° de noviembre de 2012. CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
Folio 144 del expediente.
Ibidem.
Folios 171 a 172 del expediente.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-2015-00778-01 (23331). Sentencia del 16 de octubre de 2019. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-2010-00008-03 (21636). Sentencia del 11 de julio de 2019. CP: Milton Chaves García.
En este sentido ver: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-27-000-2010-00159-01 (20002). Sentencia del 28 de agosto de 2014. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez; y ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-2016-00599-01 (23476). Sentencia del 6 de noviembre de 2019. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:70001-23-33-000-2015-00512-01 (23384). Sentencia del 30 de julio de 2020. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
En este sentido ver: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 05001-23-33-000-2012-00293-01 (20241). Sentencia del 5 de abril de 2018. CP: Stella Jeanette Carvajal Basto; y ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 66001-23-33-000-2016-00766-01 (24009). Sentencia del 23 de julio de 2020. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez (E).
Folios 14 y 61 del expediente.
Folio 480 del anexo 3.
Folio 999 del anexo 6.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 05001-23-31-000-2007-00032-01 (20851). Sentencia del 5 de febrero de 2019. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 66001-23-31-000-2011-00382-01 (20469). Sentencia del 24 de agosto de 2017. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 70001-23-33-000-2015-00082-01 (229). Sentencia del 5 de noviembre de 2020. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 76001-23-33-000-2013-01020-01 (22739). Sentencia
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 76001-23-33-000-2013-01020-01 (22739). Sentencia del 16 de octubre de 2019. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Folios 7 y 63 del expediente.
Folio 1050 del anexo 6.
Folio 768 del anexo 5.
Folios 1050 reverso a 1051 del anexo 6.
Folios 943 a 944 del anexo 4.
Folio 1054 del anexo 6.
Radicado: 25000-23-37-000-2014-01133-01 (23923)
Demandante: Zima Global C.I. S.A.S.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
HYPERLINK "http://www.consejodeestado.gov.co" www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 73001-23-33-000-2014-00055-01 (21370)
Demandante: Petrobras Colombia Limited
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