Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00427-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00427-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00427-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
2 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00427-00 (4601-2022)
Demandante Helio Fabio Zuluaga Orozco
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Providencia Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
recurrida: Sentencia del 31 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión
Oral
Tema: Causal 5 de revisión del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2
Sentencia de revisión
Asunto
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Helio Fabio
Zuluaga Orozco contra la sentencia del 31 de agosto de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de la
Ugpp3.
1. Antecedentes
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho4
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del CPACA, Helio Fabio Zuluaga Orozco presentó una
demanda en orden a que se declarara la nulidad de las Resoluciones RDP 003724
del 29 de enero de 2013, por medio de la cual la Subdirección de Determinación de
Derechos Pensionales de la Ugpp le negó el reajuste de la pensión de jubilación; y
RDP 016706 del 15 de abril de 2013, que confirmó el acto inicial al resolver un
recurso de apelación interpuesto en su contra.
1 En lo sucesivo Ugpp.
2 En adelante CPACA.
3 Radicación 76147-33-31-001-2013-00831-00(01)
4 Samai, índice 35, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO»,
documento «41RECIBEMEMORIAL_46012022RESPUESTAOFI(.pdf) NroActua 35», link «76-147-
33-33-001-2013-00831-00», carpeta «Exped. Digitalizado 76147-33-31-001-2013-00831-01».
archivo «1(1) Demanda.pdf», folios 3 a 20.
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2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reajuste de la pensión de jubilación en «cuantía del 7%, por elevación en
la cotización que para el sistema de salud dispuso la Ley 100 de 1993», a partir del 1 de
febrero de 2002; iii) la actualización de las sumas que resulten; iii) el cumplimiento
de la sentencia en los términos previstos en los artículos 192 y siguientes del
CPACA; y iv) la condena en costas a la entidad demandada.
1.1.1. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
3.1. Helio Fabio Zuluaga Orozco nació el 6 de enero de 1936, por tanto, cumplió 55
años de edad en igual día y mes de 1991. Prestó sus servicios al Estado por más
de 32 años, desempeñándose en la Rama Judicial, la Procuraduría General de la
Nación y la Fiscalía General de la Nación.
3.2. A través de la Resolución 0358 del 5 de marzo de 1993, la Caja Nacional de
Previsión Social5 le reconoció la pensión de jubilación a partir del 6 de enero de
1991, condicionada el retiro definitivo del servicio para su disfrute.
3.3. La anterior resolución fue confirmada mediante la Resolución 34002 del 4 de
agosto de 1993. Posteriormente, la Resolución 22276 del 2 de octubre de 2000
reliquidó la pensión reconocida con fundamento en nuevos tiempos de servicio y la
condicionó al retiro definitivo del cargo, lo cual ocurrió el 31 de enero de 2002.
3.4. Cajanal, en cumplimiento de una sentencia judicial, a través de la Resolución
7304 del 31 de octubre de 2005 reliquidó la prestación. La cuantía reconocida
ascendió a $2.562.087.18, desde el 1 de febrero de 2002.
3.5. Antesde la expedición de la Ley 100 de 1993, la cotización en salud
correspondía al 5% de la mesada pensional. Con la entrada en vigor de la norma,
el descuento se elevó al 12%. No obstante, esa disposición estableció que los
pensionados, o quienes hubieran cumplido los requisitos para pensionarse antes
del 1 de enero de 1994, tendrían derecho a que su mesada incluyera el reajuste
correspondiente al mayor valor de la cotización, esto es, el 7%.
3.6. El 13 de julio de 2012, el demandante solicitó a la UGPP el reajuste de su
pensión de jubilación en cuantía del 7%, derivado del incremento en la cotización
para el sistema de salud dispuesto por la Ley 100 de 1993, con efectos a partir del
1 de febrero de 2002. No obstante, la Subdirección de Derechos Pensionales de la
entidad negó la petición mediante la Resolución RDP 003724 del 29 de enero de
2013.
3.7. A través de la Resolución RDP 016706 del 15 de abril de 2013, la Ugpp confirmó
el anterior acto administrativo al resolver el recurso de reposición interpuesto en su
contra.
5 En adelante Cajanal.
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1.2. Sentencia de primera instancia6
4. Mediante sentencia proferida el 30 de enero de 2015 el Juzgado Primero
Administrativo Oral de Descongestión del Circuito Judicial de Cartago accedió a las
pretensiones de la demanda. Para el efecto, declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados y le ordenó a la Ugpp que reajustara la pensión de
jubilación reconocida al actor, a partir del 13 de julio de 2008, con fundamento en
las siguientes consideraciones:
4.1. A partir del año 1994, con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, que creó el
Sistema de Seguridad Social Integral, se modificó el porcentaje de los aportes en
salud, del 5% al 12%, de los cuales el 4% estaba a cargo del trabajador. Sin
embargo, el legislador, con el fin de no afectar a quienes ya habían adquirido
derechos pensionales antes de esa fecha, estableció en el artículo 143 de esa
norma un mecanismo de reajuste en la suma diferencial que se generara por dicho
incremento.
4.2. Posteriormente, la Ley 1122 de 2007, que introdujo modificaciones al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, modificó el artículo 204 de la Ley 100 de
1993 y dispuso que, a partir del 1 de enero de 2007, la cotización al régimen
contributivo de salud sería del 12,5% del ingreso o salario base de cotización.
4.3. En el caso concreto, mediante la Resolución 03058 del 5 de marzo de 1993,
Cajanal reconoció al demandante una pensión vitalicia de jubilación, con efectos a
partir del 1 de abril de 1991 y condicionada a su retiro definitivo del servicio, en
cuantía de $258.825. El actor se retiró definitivamente el 30 de enero de 2002, fecha
desde la cual inició el disfrute efectivo de la pensión concedida.
4.4. Así, aunque el derecho pensional del actor se consolidó en 1991, solo pudo
hacerlo efectivo a partir de 2002, momento en el que comenzó a cotizar el 12%
sobre la totalidad de la mesada reconocida, conforme con la normativa vigente.
4.5. Deigual manera, a partir de 2007, el monto de la cotización en salud se
incrementó al 12,5%, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1122 de
ese año. Este aspecto debía ser considerado por Cajanal al efectuar el reajuste
anual de la pensión.
4.6. En ese contexto, con fundamento en las disposiciones legales que aumentaron
progresivamente la cotización en salud (del 5% al 12% y posteriormente al 12,5%),
así como en la compensación prevista en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, el
demandante tenía derecho a dicho beneficio, toda vez que desde 2002, al retirarse
del servicio, debió asumir el 12% de aportes sobre el monto íntegro de la pensión.
4.7. En consecuencia, la entidad demandada debió tomar como base la mesada
reconocida en 2002, adicionar el 7% correspondiente a la diferencia generada por
6 Samai, índice 35, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO»,
documento «41RECIBEMEMORIAL_46012022RESPUESTAOFI(.pdf) NroActua 35», link «76-147-
33-33-001-2013-00831-00», carpeta «Exped. Digitalizado 76147-33-31-001-2013-00831-01».
archivo «2.Demanda.pdf», folios 23 a 31.
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el aumento en la cotización en salud, y sobre esa cifra aplicar el descuento legal del
12% hasta 2006 y del 12,5% a partir de 2007.
1.3. El recurso de apelación7
5. La Ugpp interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primer grado con
fundamento en lo siguiente:
5.1. En aplicación del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, la entidad efectuó el
reajuste de la mesada pensional del actor por concepto de aportes en salud,
aplicados mes a mes y dirigió los recursos a la EPS en la que estaba afiliado y no
de manera directa a la pensión. De esta forma, la mesada permaneció inalterada,
puesto que el reajuste no modificaba el valor recibido por el pensionado. En la
sentencia del 29 de marzo de 2006 de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia (rad. 26428, M.P. Eduardo López Villegas), se indicó lo
siguiente:
«En consecuencia, el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y el 42 del Decreto
Reglamentario 692 de 1994 pretendieron que el pensionado con derechos
adquiridos antes de la entrada en vigencia de la Ley 100, a pesar de los
incrementos en las cotizaciones a salud ordenados por esta normativa,
mantuviera el mismo nivel de ingresos que tenía previamente.»
5.2. LaCorte Constitucional, mediante sentencia C-111 de 1996, declaró la
exequibilidad de las expresiones «con anterioridad al 1.º de enero de 1994» y «a partir
de dicha fecha» contenidas en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993. En ese
pronunciamiento se señaló lo siguiente:
«Este reajuste de la pensión es específico para quienes se les hubiere
reconocido la pensión con anterioridad al 1o. de enero de 1994 y rige a partir
de dicha fecha, como lo señala la norma cuyos apartes se acusan; no ampara
ninguna desigualdad sino que, por el contrario acata dicho principio consagrado
en el artículo 13 de la C.P., y es evidente que es distinto al reajuste anual
ordenado para todos los pensionados a que se refiere el artículo 14 de la Ley
100 de 1993 […].
Es preciso concluir, pues, que en este caso no quiso el legislador hacer un
reajuste general de la pensión, que existe consagrado en la mencionada
norma, sino resolver un caso específico precisamente para preservar el
principio de igualdad, lo cual interpreta y realiza los fines consagrados en el
supremo ordenamiento jurídico».
5.3. Con fundamento en esa interpretación normativa y jurisprudencial, el derecho de
los pensionados reconocidos antes del 1 de enero de 1994 se limitaba al reajuste
establecido en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993. Este debía ser asumido por el
Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, a través de su administración
fiduciaria, encargado de efectuar directamente el giro de las cotizaciones a la EPS
correspondiente.
7 Samai, índice 35, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO»,
documento «41RECIBEMEMORIAL_46012022RESPUESTAOFI(.pdf) NroActua 35», link «76-147-
33-33-001-2013-00831-00», carpeta «Exped. Digitalizado 76147-33-31-001-2013-00831-01».
archivo «2.Demanda.pdf», folios 41 a 43.
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1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión8
6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, en
la sentencia proferida el 31 de agosto de 2021 revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. La decisión se
fundamentó en las siguientes consideraciones:
6.1. Se encontraba probado que el 6 de enero de 1991 Helio Fabio Zuluaga Orozco
adquirió la condición de pensionado, motivo por el cual Cajanal, mediante la
Resolución 03058 del 5 de marzo de 1993, le reconoció una pensión de jubilación
con efectos a partir del 1 de abril de 1991.
6.2. En ese contexto, resultaba que, al haber adquirido el actor la calidad de
pensionado con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993, aquel tenía
derecho al reajuste previsto en el artículo 143 de esta norma, frente al incremento
de la base de cotización en salud que pasó del 5% al 12%, como se desprendía de
los históricos de pago, en los cuales constaba que al demandante se le aplicaba
este último porcentaje por concepto de salud.
6.3. No obstante, conforme con la interpretación de las altas cortes9 respecto de los
artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994, el reajuste
establecido en dichas disposiciones para quienes obtuvieron el reconocimiento de
la pensión antes de la entrada en vigencia de esa normativa tenía un carácter
meramente compensatorio y no constituía una retribución directa a favor del
pensionado. Ese reajuste buscaba neutralizar el efecto negativo sobre el valor de la
mesada causado por el incremento en la cotización al sistema de salud, mas no
aumentar el monto de la pensión una vez practicada la deducción correspondiente.
6.4. Enconsecuencia, el reajuste pretendido resultaba improcedente, pues no
representaba un incremento real en el ingreso del pensionado, sino una
compensación destinada a la entidad promotora de salud. Por ello, el demandante
no tenía derecho al reajuste reclamado sobre el valor de su pensión.
1.5. Recurso extraordinario de revisión10
7. Helio Fabio Zuluaga Orozco interpuso recurso extraordinario de revisión en contra
de la sentencia proferida el 31 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral. Lo anterior con fundamento en la
causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA. Para tal efecto,
consideró lo siguiente:
7.1. La providencia recurrida configuraba una vía de hecho al centrar el análisis en
el carácter compensatorio del reajuste por el incremento en el aporte al sistema de
8 Samai, índice 35, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO»,
documento «45RECIBEMEMORIAL_003SentenciaSegundaI(.pdf) NroActua 35».
9 Corte Constitucional sentencias C-111 de 1996 y T-677 de 2003. Corte Suprema de Justicia,
sentencia del 14 de agosto de 2002 (sin identificar). Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia
del 19 de mayo de 2005, M.P. Alberto Arango Mantilla, radicación: 11001-03-25-000-2002-00162-01
(3165-02).
10 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3».
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salud, sin considerar las particularidades del caso, toda vez que la mesada se vio
afectada por el aumento en la cotización previsto en la Ley 100 de 1993, que elevó
el aporte del 5% al 12%. Como los requisitos para la pensión se habían cumplido
antes de la entrada en vigor de esa ley, debía mantenerse el porcentaje inicial, por
lo que la entidad pensional tenía que adicionar el 7% a la mesada y posteriormente
deducir el 12% ordenado por la norma.
7.2. Con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, el descuento para salud pasó de
un 5% para pensionados oficiales y un 3.96% para pensionados del ISS a un 12%
para cobertura familiar. En protección de los derechos adquiridos, el artículo 143 de
esa ley y el artículo 42 del Decreto 692 de 1994 dispusieron que quienes hubieran
cumplido con los requisitos para pensionarse antes del 1 de enero de 1994 tendrían
derecho al reajuste equivalente al mayor valor del aporte en salud.
7.3. Cajanal no aplicó lo dispuesto en estas normas, pues no reajustó la mesada en
el 7% correspondiente y, en su lugar, descontó directamente el 12% de la pensión
y lo trasladó a la EPS. De esa manera, la totalidad del aporte fue asumido por el
pensionado, sin compensación previa.
7.4. Al haberse adquirido la condición de pensionado antes del 1 de enero de 1994,
lo procedente era incrementar la mesada en el 7% para luego descontar el 12%, de
modo que el aporte final asumido por el beneficiario equivaliera al 5% inicialmente
vigente.
7.5. El análisis de la providencia recurrida no se enfocó en las disposiciones que
sustentaban las pretensiones, sino en interpretaciones parciales de la Corte
Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia sobre el artículo 143 de la Ley 100
de 1993, que fueron valoradas de manera deficiente. Aunque la compensación no
representaba un aumento real de la mesada, sí buscaba garantizar que el valor
neto, después del descuento en salud, se mantuviera en condiciones similares a las
que existirían si solo se aplicara el 5%.
7.6. La sentencia no resolvió de fondo la situación planteada, al establecer que la
compensación prevista en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 42
del Decreto 692 de 1994 debía reconocerse a favor de la EPS y no como un
incremento del ingreso del pensionado. Con ello, desconoció principios esenciales
del derecho laboral como la favorabilidad, la primacía de la realidad, la igualdad y la
irrenunciabilidad de los derechos mínimos.
7.7. Desde el 1 de febrero de 2002, cuando comenzó a recibir la pensión, se aplicó
de manera íntegra el descuento del 12% sin que mediara compensación alguna, lo
que dejó sin eficacia los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692
de 1994.
1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión11
8. La Ugpp contestó el recurso extraordinario de revisión con fundamento en las
siguientes consideraciones:
11 Samai, índice 21, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«16_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 21».
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8.1. El artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 42 del Decreto 692 de 1994
dispusieron que las entidades encargadas de pagar las pensiones reconocidas con
anterioridad a su vigencia debían asumir la diferencia en el aporte al sistema de
salud, que pasó del 5% al 12%. Esta previsión tenía un carácter compensatorio y
no retributivo. En ese sentido, el ajuste allí previsto no generaba un aumento en el
valor de la prestación, sino que buscaba equilibrar el mayor cargo por aportes. La
reclamación del demandante, encaminada a que ese mecanismo se reflejara como
un incremento real en su ingreso, resultaba improcedente.
8.2. Elbeneficio legal no representaba una suma adicional en la asignación
periódica, sino la conservación de su valor adquisitivo, en la medida en que la
entidad cumplió con la obligación de trasladar la cotización correspondiente a la
EPS, por lo que lo pretendido era contrario al ordenamiento jurídico, tal como lo
concluyó el tribunal en la providencia cuestionada.
8.3. Si bien el actor adquirió la calidad de jubilado antes de la expedición de la Ley
100 de 1993, el goce efectivo de la prestación solo se produjo a partir del 2 de
febrero de 2002, cuando la normativa ya regía, momento a partir del cual tanto él
como su empleador estaban llamados a efectuar aportes del 12%. La liquidación
del derecho en esa fecha obedeció a una orden judicial, con base en el promedio
salarial del último año de servicios, lo que implicó la aplicación del porcentaje legal
vigente.
8.4. En conclusión, el ingreso mensual del demandante no presentó disminución
alguna, pues las deducciones realizadas se ajustaron a lo previsto en la ley.
1.7. Intervención del Ministerio Público
9. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
10. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13
numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado12 de la Sala Plena de esta
corporación, que estableció «[d]e los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
2.2. Legitimación en la causa
11. En el asunto objeto de estudio, Helio Fabio Zuluaga Orozco se encuentra
legitimado para actuar como demandante, comoquiera que tuvo igual calidad dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento presentado contra la Ugpp y en el cual se
profirió la sentencia que se recurre en esta oportunidad.
12 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
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2.3. Oportunidad para presentar el recurso
12. En este caso, se observa que la sentencia del 31 de agosto de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral,
quedó ejecutoriada el 12 de octubre de ese año, según la constancia expedida por
la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca13, y el recurso fue
radicado el 2 de septiembre de 202214.
13. De acuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de revisión fue presentado
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo prevé
el artículo 251 del CPACA.
2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
14. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es un
medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias
ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la cosa
juzgada15. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que
se encuentra ejecutoriada16 y persigue el restablecimiento del criterio de justicia
material y la supremacía de las garantías procesales cuando estas han sido
lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las cuales procede,
establecidas en la ley. Tiene dos características principales:
15. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA,
en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan vicios o
errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la sentencia
proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda examinar la
controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde indicar con
precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia recurrida y las
razones de hecho y de derecho que la sustentan.
16. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las
actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.
2.5. Problema jurídico
17. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:
13 Samai, índice 11, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«9_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 11».
14 Samai, índice 1, actuación «Radicación ventanilla virtual».
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.
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Demandante: Helio Fabio Zuluaga Orozco
¿Se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
en la sentencia del 31 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, al haber
revocado la decisión de acceder a las pretensiones y en su lugar negarlas?
2.6. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión
18. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]» es
causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos en los que se
estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
señalado los siguientes:
i) cuando se configura alguna de las situaciones previstas de manera taxativa en el
artículo 133 del Código General del Proceso17 que solo pudieron ser advertidas en
la sentencia. Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad y
legalidad de las nulidades18 y;
ii) cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución
Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo que no es posible
que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración probatoria
o la aplicación de las normas19. Dentro de este tipo de nulidades la jurisprudencia
ha precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:
«[…] 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia
en proceso terminado normalmente por sentencia en firme.
66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado
el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la
transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive un
proceso legalmente concluido.
66.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.
66.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en
esta.
[…]
66.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida.
66.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.
[…]
17 En adelante CGP.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de
Decisión, sentencia del 5 de mayo de 2020, Radicado: 11001-03-15-000-2017-02519-00.
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66.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de
los magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un
número de votos diferente del previsto en la ley […]»20.
19. Asimismo, el Consejo de Estado ha considerado otros eventos en los que se
vulnera el debido proceso y, por lo tanto, generan la nulidad de la sentencia, que se
presentan cuando:
• Se dicta con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación del
debido proceso21.
• Se condena a una persona que no fue vinculada al proceso22.
• Se profiere sin motivación23.
• Se emite una sentencia inhibitoria injustificadamente24.
• Se desconoce el principio de congruencia25.
• Se dicta con vulneración del principio de la «non reformatio in pejus»26.
20. De igual manera, se ha establecido, como una regla general, que no es
procedente invocar como sustento del recurso de revisión la configuración de una
nulidad ocurrida en una etapa anterior a la sentencia ejecutoriada que puso fin al
proceso. En este caso, su alegación debió presentarse dentro de la oportunidad
procesal prevista en el artículo 134 del CGP27. Sin embargo, la jurisprudencia ha
aceptado la formulación de una nulidad sucedida antes del fallo referido siempre
que el recurrente no hubiese tenido la oportunidad de advertirlo dentro del proceso,
circunstancia que le corresponde probar28.
21. Así las cosas, para que proceda la causal de que trata el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, deberá acreditarse:
i) La existencia de una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso contra la
cual no proceda el recurso de apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo
para debatir cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.
20Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
21 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018,
radicación: 11001-03-26-000-2019-00071-00 (63.893).
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022, radicación:
11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de junio de 2005,
radicación: REV-062.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de
2018, radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01.
25 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de agosto de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022, radicación: 11001-03-15-000-
2020-03065-00.
26 Consejo de Estado, Sala Octava Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala Diecinueve Especial de Decisión, sentencia del
16 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00921-00.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala segunda Especial de
Decisión. Sentencia del 14 de agosto de 2023. Radicado: 110010315000 2015 00545 00.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de
Decisión. Sentencia del 12 de julio de 2023. Radicado: 110010315000 2023 0075900.
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ii) Que la nulidad se estructuró en el momento en que se profirió la decisión judicial,
salvo que de haberse producido antes el afectado no pudo advertirla, lo que deberá
probar.
iii) Que tal nulidad sea una de las taxativamente regladas en el CGP o por la
vulneración del debido proceso previsto en el artículo 29 superior.
22. Definido
lo anterior, se verificará si en el presente asunto se cumplen los
supuestos de la causal 5 de revisión.
2.7. Análisis de configuración de la causal de revisión del numeral 5 del
artículo 250 del CPACA
23. En primer lugar, se advierte que el recurso fue interpuesto contra una sentencia
debidamente ejecutoriada, respecto de la cual no era procedente el recurso de
apelación, tal como se explicó en el acápite sobre la oportunidad para su
presentación. En efecto, se trata de una providencia que puso fin a la segunda
instancia, lo que habilita la interposición del recurso extraordinario de revisión como
mecanismo excepcional de control.
24. En segundo lugar, el numeral 5 del artículo 250 del CPACA impone que la nulidad
se origine en la sentencia recurrida y, según se explicó, debe corresponder a alguna
de las causales expresamente previstas en el CGP o derive de la vulneración del
debido proceso. De los argumentos expuestos por el recurrente, se observa que el
recurso extraordinario de revisión se fundamenta en esa causal, en cuanto se alega
que la sentencia recurrida incurrió en una vía de hecho y desconoció de manera
manifiesta el debido proceso. Como sustento, expuso lo siguiente:
24.1. Elbeneficio legal no representaba una suma adicional en la asignación
periódica, sino la conservación de su valor adquisitivo, en la medida en que la
entidad cumplió con la obligación de trasladar la cotización correspondiente a la
EPS. Lo pretendido, por consiguiente, era contrario al ordenamiento jurídico, tal
como lo concluyó el tribunal en la providencia cuestionada.
24.2. El Tribunal centró su análisis en el carácter compensatorio del reajuste por el
incremento en el aporte al sistema de salud, sin tener en cuenta que el actor había
cumplido con los requisitos para pensionarse antes del 1 de enero de 1994, lo que
le otorgaba el derecho a mantener el porcentaje inicial del 5%.
24.3. En lugar de adicionar el 7% a su mesada para luego descontar el 12% previsto
en la Ley 100 de 1993, la entidad pensional aplicó directamente este último
porcentaje y trasladó el valor íntegro a la EPS, lo que obligó al pensionado a asumir
en su totalidad el mayor aporte.
24.4. La providencia recurrida valoró de forma deficiente la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia sobre el artículo 143 de la Ley 100
de 1993, pues desconoció que el reajuste buscaba garantizar que, después del
descuento en salud, el valor neto de la mesada se mantuviera en condiciones
similares a las que regían antes de la reforma.
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24.5. La
sentencia no resolvió de fondo la controversia, al interpretar que la
compensación prevista en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 42
del Decreto 692 de 1994 debía reconocerse a favor de la EPS y no como un
incremento del ingreso del pensionado.
24.6. Desde que comenzó a percibir la pensión en febrero de 2002, se le aplicó de
manera íntegra el descuento del 12% sin compensación alguna. De esa forma, se
dejaron sin eficacia las normas mencionadas y se vulneraron principios esenciales
del derecho laboral como la favorabilidad, la primacía de la realidad, la igualdad y la
irrenunciabilidad de derechos mínimos.
25. Ahora bien, del estudio de los cargos formulados se advierte que las alegaciones
del recurrente no logran acreditar la configuración de la causal de revisión invocada.
En efecto, el recurso extraordinario de revisión, por su carácter excepcional, no
habilita la reapertura del debate jurídico ya agotado en las instancias, ni permite
controvertir la interpretación judicial adoptada por el juez natural, salvo que esta
constituya una vía de hecho o desconozca de manera ostensible el debido proceso.
26. Tal y como se consideró en acápite anterior, la revisión no constituye una tercera
instancia, sino un mecanismo procesal autónomo orientado a controvertir la
sentencia proferida dentro de un medio de control ordinario. En consecuencia, no
habilita la reapertura del debate jurídico, probatorio o fáctico ya agotado en las
instancias correspondientes, ni puede emplearse como instrumento para
controvertir la función interpretativa del juez o reiterar las discusiones planteadas en
el proceso de origen.
27. En el caso concreto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda
de Decisión Oral, fundamentó su decisión en la interpretación normativa y
jurisprudencial sobre el alcance del artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y del artículo
42 del Decreto 692 de 1994. En particular, acogió los pronunciamientos de la Corte
Constitucional que han precisado que dicha disposición no previó un incremento
real en la pensión, sino un mecanismo de carácter compensatorio destinado a evitar
la disminución de la mesada neta derivada del aumento en la cotización al sistema
de salud del 5% al 12%29.
28. Asimismo, se apoyó en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que
precisó que el reajuste del artículo 143 de la Ley 100 de 1993 no fue un beneficio
adicional o un incremento real en favor de los pensionados, sino un mecanismo de
neutralización del mayor descuento en salud, de manera que el monto de la pensión
neta se mantuviera igual a como se percibía antes de la reforma30.
29. También, en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que precisó que el reajuste
previsto en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 tenía una finalidad exclusivamente
compensatoria, orientada a neutralizar el efecto negativo del incremento en la
cotización en salud de los pensionados con derecho reconocido o causado antes
29 Sentencias C-111 de 1996 y T-677.
30 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 14 de agosto de 2002,
radicación 18563.
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del 1 de enero de 1994, de manera que sus ingresos no se vieran disminuidos por
esa carga31.
30. Nótese, que el juez de conocimiento acogió el criterio jurisprudencial pacífico
fijado por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado, al reconocer que el reajuste previsto en el artículo 143 de la Ley 100 de
1993 tenía un carácter exclusivamente compensatorio, destinado a neutralizar el
incremento en las cotizaciones al sistema de salud y, de esta manera, preservar la
mesada neta de los pensionados sin generar un beneficio adicional o un aumento
real en la pensión. Así, la actuación judicial no evidencia arbitrariedad, capricho ni
vulneración de los derechos del recurrente; por el contrario, la decisión se presenta
como plenamente razonada, coherente y sólidamente fundamentada.
31. El hecho de que el recurrente discrepe de la interpretación realizada por el
tribunal no constituye, por sí solo, la existencia de una vía de hecho, toda vez que
la valoración de hechos y derecho dentro de los márgenes razonables de
interpretación judicial se encuentra amparada por los principios de autonomía de la
función jurisdiccional y de libre valoración de la prueba, previstos en el artículo 230
de la Constitución Política y en el artículo 174 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
32. En este contexto, no puede considerarse que exista arbitrariedad ni falta de
motivación en la decisión adoptada, puesto que la interpretación judicial realizada
se mantuvo dentro del marco del debido proceso y del respeto a las garantías
procesales del recurrente.
33. Así entonces, como ha señalado esta Corporación, «en el presente caso es
improcedente el estudio de los cargos mencionados porque el recurso de revisión no es
una nueva oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en el proceso ordinario, mucho menos para
debatir la interpretación del juez por no ser un recurso que da apertura a una tercera
instancia»32.
34. Debe precisarse que la vulneración del debido proceso que puede ser alegada
en sede de revisión se relaciona con aspectos de naturaleza procesal y con tal
mecanismo excepcional no puede cuestionarse la motivación de la providencia
[salvo que carezca de esta] o la valoración probatoria que hizo el juez.
35. En ese contexto, los cargos planteados no resultaban de recibo, toda vez que el
recurso extraordinario de revisión no constituye un medio idóneo para cuestionar la
interpretación jurídica asumida por el juez natural ni la valoración probatoria
efectuada. Por el contrario, los argumentos de la parte actora no encajaban en los
supuestos que permiten estructurar la causal prevista en el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, ni correspondían a una vulneración sustancial del debido proceso
de carácter procesal en los términos del artículo 29 de la Constitución Política.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 19 de mayo de 2005, M.P. Alberto Arango
Mantilla, radicación 11001-03-25-000-2002-00162-01 (3165-02)
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Diez Especial de Decisión,
sentencia del 11 de abril de 2025, radicación 11001 03 15 000 2023 03128 00, M.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar.
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36. En consecuencia, no se configuró la causal de revisión invocada, toda vez que
no se acreditó la existencia de una nulidad originada en la sentencia ni la
vulneración alegada del debido proceso.
2.8. Costas
37. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que actuase
con temeridad o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal.
3. Conclusión
38. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que no se configuró la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, en la providencia del 31 de
agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión Oral toda, vez que no se acreditó nulidad en la sentencia ni
vulneración del debido proceso. La decisión del tribunal se mantuvo dentro de los
márgenes razonables de valoración judicial y respetó las garantías procesales, por
lo que el recurso extraordinario de revisión no resulta procedente para reabrir
debates jurídicos ni cuestionar interpretaciones legítimas. En esas condiciones, se
declarará infundado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Helio Fabio Zuluaga Orozco en contra de la sentencia proferida el 31 de agosto de
2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión
Oral, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado: 76147-33-
31-001-2013-00831-01.
Segundo: No condenar en costas.
Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las
anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos Samai
y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de
origen.
Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara el voto
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15
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00427-00 (4601-2022)
Demandante: Helio Fabio Zuluaga Orozco
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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