Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07453-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07453-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-07453-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Jorge Arias Castellanos.
Parte accionada: Consejo de Estado - Sala Diez Especial de Decisión.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07453-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
22 de enero de 2026 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. El señor Jorge Arias Castellanos en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovió demanda contra la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante DIAN, con el
fin de que se declarara la nulidad parcial de los actos administrativos
mediante los cuales se modificó la declaración del impuesto sobre la
renta y complementarios correspondiente al año gravable 2011 y se
impuso sanción por inexactitud.
1.2. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 29
de mayo de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
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1.3. Contra la decisión anterior las partes del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho presentaron recurso de apelación.
1.4. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante decisión de 17
de marzo de 2022, confirmó la sentencia de primera instancia, al
considerar que la sanción por inexactitud era procedente en la medida
que el contribuyente no expuso las razones que lo respaldaban, sino que
se limitó a solicitar que se considerara “la diferencia de criterios” sin
cumplir con las exigencias del inciso 6 del artículo 647 del Estatuto
Tributario.
1.5. Respecto de la anterior decisión el actor promovió recurso
extraordinario de revisión con fundamento en la causal 5 del artículo 250
del CPACA.
1.6. La Sala Diez Especial de Decisión del Consejo de Estado, mediante
fallo del 11 de abril de 2025, declaró infundado el recurso interpuesto, al
estimar que no se estructuró la nulidad invocada dado que la sentencia
recurrida sí fue motivada en normas del Estatuto Tributario y diferentes
pruebas recaudadas.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte accionante manifestó que se configuró un defecto orgánico dado que
la Sala Especial de Decisión se conformó con un número de consejeros distinto
al establecido por la ley, toda vez que fue integrada por cinco consejeros, de
los cuales, uno suscribió la sentencia ordinaria que era objeto del recurso
extraordinario de revisión.
Refirió que la sentencia C-134 de 2023 declaró que la integración de las Salas
Especiales es de competencia del legislador, por lo que el reglamento del
Consejo de Estado no podía conformarlas, de modo que se debía aplicar lo
estipulado en el artículo 107 del CPACA que dispone que dichas Salas serían
integradas por cuatro consejeros excluyendo al de la Sección que dictó la
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sentencia impugnada.
Comentó que se incurrió en defecto fáctico porque se omitió la valoración
probatoria de las declaraciones de renta y de las declaraciones juramentadas
presentadas ante notario. Igualmente se valoró en “[…] forma defectuosa y
arbitraria el material probatorio al referirse a los contratos de tenencia no solo
para rechazar el pasivo por $465.000.000 y adicionar ilegalmente este valor
como renta líquida, sino para desconocer del renglón de “deducciones” la
suma de $973.000.000 que los adiciona como ingreso como si los 11 vehículos
fueran de su propiedad con la tesis de que los contratos no estipulaban un
valor concreto y con la sola prueba de que en las licencias de tránsito figuraba
como propietario […]”.
Adicionalmente, “[…] por descuido inexcusable y omisión total de las
declaraciones de renta de la valoración probatoria de los cuatro dueños de los
buses y los testimonios que no solo explican que no hay ni un solo ingreso que
no se haya gravado, sino que demuestran la arbitrariedad de la sentencia en
el hecho de que el Consejo de Estado se abstuvo de analizar la naturaleza del
supuesto pasivo llevado al renglón de deudas y del supuesto ingreso llevado
al renglón de deducciones al punto que terminó gravando arbitrariamente tres
veces los mismos ingresos […]”.
Afirmó que se configuró el defecto sustantivo debido a que se inaplicó los
artículos 102-2 y 239-1 del Estatuto Tributario. Sumado a que se “[…] (i)
inaplicó la ley preexistente al acto que se le imputó al contribuyente como es
el artículo102-2 del Estatuto Tributario, pues en el servicio de transporte
público de pasajeros en el que se reciben ingresos propios y ajenos como
intermediario, por el principio de esencia sobre la forma y realidad económica
el intermediario debe descontar de sus ingresos los que no son suyo y cada
contribuyente declarar sus propios ingresos, (ii) desconoció el supuesto pasivo
que en la realidad corresponde al menor valor del bus que no es de su
propiedad, adicionarlo como renta líquida y rechazar supuestas deducciones
que en la realidad corresponde a un ingreso que no le pertenece y (iii) requirió
facturas como sustento del rechazo de las deducciones cuando los
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contribuyentes no están obligados a facturar ni a llevar libros de contabilidad y
exigió, sin sustento legal, que los contratos donde se estipulan obligaciones
necesariamente deben tener un valor […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Conceder el amparo de tutela de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, derecho de contradicción, buena fe, o prevalencia del derecho
formal sobre el material o sustancial.
SEGUNDO: En consecuencia, que se declare que es inválida la
Sentencia de 11 de abril de 2025 de la Sala Diez Especial de Decisión
del Consejo de Estado, expediente no. 11001031500020230312800, que
negó el recurso extraordinario de revisión de la sentencia de 17 de marzo
de 2022 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado proferida en el
proceso de nulidad y restablecimiento no. 68001-23-33-000-2016-00689-
01, sentencia que confirmó la sentencia de primera instancia del Tribunal
Administrativo de Santander que había negado las pretensiones de la
demanda formulada por Jorge Arias Castellanos.
TERCERO: Que para restablecer los derechos fundamentales violados
se ordene a la Sala Diez Especial de Decisión del Consejo de Estado, ya
integrada conforme al artículo 107 del CPACA, que resuelva de nuevo el
recurso extraordinario de revisión examinado y asignándoles valor a las
pruebas del contribuyente que reflejan la realidad económica de los
hechos injustamente gravados por la DIAN, por la operación que el señor
Jorge Arias Castellanos realizó con terceros en ejercicio de su actividad
económica lícita […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 27 de noviembre de 2025, se admitió la presente acción
de tutela contra el Consejo de Estado - Sala Diez Especial de Decisión y se
vinculó a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al Tribunal Administrativo
de Santander y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
2. El 22 de enero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia declarando improcedente el mecanismo de
amparo de la referencia.
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3. Mediante auto de 5 de febrero de 2026, se concedió la impugnación
presentada por el actor contra el fallo de primera instancia.
III. INTERVENCIONES
1. La Sala Diez Especial de Decisión del Consejo de Estado manifestó que no
se configuró el defecto orgánico alegado por el actor en razón a que el artículo
249 del CPACA estableció que “[…] De los recursos de revisión contra las
sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado
conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la
sección que profirió la decisión […]”.
Respecto del defecto fáctico adujo que no tenía vocación de prosperidad “[…]
ya que en la sentencia proferida el 11 de abril de 2025 era improcedente
analizar los defectos en la valoración probatoria efectuada en el proceso
ordinario […] puesto que únicamente se debía revisar la existencia de
anomalías de tipo procesal o procedimental que afectaran el debido proceso
dentro de las cuales no era dable cuestionar la motivación de la providencia,
la valoración probatoria o la aplicación de las normas […]”.
Frente al defecto sustantivo indicó “[…] que tampoco puede prosperar, puesto
que va dirigido a refutar el contenido de la sentencia proferida por la Sección
Cuarta de esta corporación dentro del proceso ordinario y no se refiere a la
emitida por la Sala Especial del Decisión el 11 de abril de 2025 […]”.
Por las anteriores razones, solicitó negar el amparo deprecado por la parte
accionante ante la inexistencia de la vulneración de derechos fundamentales.
Finalmente, señaló que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
relevancia constitucional porque la parte actora utiliza la tutela como una
instancia adicional del proceso primigenio.
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2. La DIAN solicitó declarar improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional debido a que se
pretende convertir el escenario constitucional en una tercera instancia.
Indicó que el defecto orgánico alegado por el actor “[…] se sustentó en el
desconocimiento del reglamento del Consejo de Estado, en especial el artículo
28 del Acuerdo 080 de 2019 cuya legalidad no era cuestionada […]”.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 22 de enero
de 2026, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no cumplía
con el requisito general de relevancia constitucional.
Al respecto, el a quo indicó que “[…] no evidencia un fundamento sólido que
demuestre la vulneración de sus garantías constitucionales que permitan
superar el requisito de relevancia constitucional tratándose de acción de tutela
contra providencia judicial; ello comoquiera que: (i) el debate gira en torno a
un asunto de interpretación meramente legal; y (ii) no se evidencian
afectaciones a derechos fundamentales como el debido proceso, pues no se
alegó algún reproche frente a su ejercicio de defensa y contradicción dentro
del trámite adelantado y en el que se resolvió el recurso extraordinario de
revisión […]”.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos
generales los argumentos expuestos en el escrito de tutela relacionados con
la configuración de un defecto orgánico, fáctico y sustantivo.
Manifestó que “[…] el juez que conoce de la impugnación debe cotejar la
solicitud de tutela con las pruebas, argumentos y la decisión de primera
instancia y si encuentra que esta última carece de fundamento, debe revocarla.
De modo que la decisión de la tutela de primera instancia expedida el 22 de
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enero de 2026 no se adecúa a los presupuestos del precepto en mención […]”.
Adujo que la “[…] ausencia de fundamentos en la decisión judicial va en contra
de los principios que rigen la administración de justicia y afecta de manera
directa los derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la
administración de justicia del demandante. No se trata así de un asunto de
interpretación meramente legal; actuar sin competencia la autoridad judicial,
ignorar las pruebas aportadas y aplicar una norma evidentemente inaplicable
al caso concreto es violar los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la Administración de justicia que configura claramente la relevancia
constitucional […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Cuestión previa
La doctora Nubia Margoth Peña Garzón manifestó encontrarse incursa en la
causal de impedimento prevista en el numeral 6 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal2, por cuanto “[…] como integrante de la Sala Especial de
Decisión núm. 10 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, conocí
del recurso extraordinario de revisión identificado con el número único de
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“[…] ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
[…]
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso,
o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o civil, o
segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar. […]”.
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radicación 2025-07453-00, dentro del cual se dictó la providencia de 11 de
abril de 2025, objeto de la presente solicitud de amparo […]”.
La Sala considera que se encuentra configurada la causal de impedimento
invocada, habida cuenta que a través de la presente acción de tutela se
pretende que se deje sin efectos la providencia de 11 de abril de 2025 proferida
dentro del recurso extraordinario de revisión con radicación 11001-03-15-000-
2023-03128-00, la cual suscribió la doctora Peña Garzón como miembro de la
Sala Diez Especial de Decisión del Consejo de Estado.
De ahí que la situación planteada por la doctora Nubia Margoth Peña Garzón
se encuentra en el supuesto previsto en la causal 6 del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal consistente en que “[…] el funcionario haya dictado la
providencia de cuya revisión se trata […]”.
En ese orden de ideas, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado
por la doctora Nubia Margoth Peña Garzón, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de la presente providencia.
3. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado3, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia acusada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
3
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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4. Caso concreto
4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional4 como del Consejo
de Estado5 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental6 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces7.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
4
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
5
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
6
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
7
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
En este caso, la Sala advierte que la argumentación que esgrimió la parte
actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos fundamentales
en que incurrió la autoridad accionada no devela que el presente asunto gire
en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino, únicamente, frente a
la mera inconformidad con la decisión adoptada en el marco del recurso
extraordinario de revisión con radicación núm. 11001-03-15-000-2023-03128
00.
Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
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la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.
Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que la autoridad accionada incurrió en defecto orgánico por conformar
indebidamente la Sala Especial de Decisión, fáctico por la omisión en la
valoración probatoria de las declaraciones de renta y las declaraciones
juramentadas y, sustantivo por la indebida inaplicación del artículo 102-2
Estatuto Tributario y por omitir aplicar o interpretar el artículo 239-1 ibidem,
circunstancia que se traduce en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto
por el juez natural de la causa judicial.
De ahí que tal como lo consideró el juez de primera instancia “[…] la acción
constitucional objeto de estudio tiene como finalidad que el juez de tutela realice
un nuevo estudio del material probatorio allegado al proceso ordinario, como la
interpretación de las normas aplicables tanto para la conformación de la Sala
Especial de Decisión como para la resolución del caso planteado en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho […]”.
Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta trasgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con las decisiones adoptadas por las autoridades
accionadas como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so
pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su
naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por la doctora
Nubia Margoth Peña Garzón, de conformidad con las consideraciones
anteriormente expuestas.
SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 22 de enero de 2026 proferido
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta decisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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