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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04127-00

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04127-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por Evelio José Vides Contreras, en relación con los defectos procedimental y sustantivo; y NEGAR el amparo solicitado en lo que concierne a la causal de desconocimiento del precedente judicial, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia. SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04127-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., tres (03) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04127-00
Demandante: Evelio José Vides Contreras
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de Nulidad y
restablecimiento del derecho. Exigencia de subsidiariedad.
Ausencia de desconocimiento del precedente judicial.

Decisión: Declarar improcedente la acción de tutela, respecto de los cargos
de defecto procedimental y sustantivo; y negar el amparo, en
relación con la causal de desconocimiento del precedente
judicial.

La Sala decide la acción de tutela formulada por Evelio José Vides Contreras contra
el Tribunal Administrativo del Atlántico.

I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo

1. El 29 de mayo de 2026, Evelio José Vides Contreras, por intermedio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y trabajo; así como los principios de favorabilidad, in dubio pro operario,
condición más beneficiosa y primacía de la realidad sobre las formas.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la sentencia
proferida el 20 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Atlántico en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-
004-2025-00034-01, para, en su lugar, dictar una nueva decisión, en la que se
declare la nulidad de los actos administrativos allí demandados, se atienda las
consideraciones realizadas por el juez constitucional. Asimismo, se revise de
manera oficiosa la prescripción decretada por el Juzgado 4 Administrativo de
Barranquilla en el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia y, en esa
medida, se modifique dicho numeral, comoquiera que los derechos prestacionales
en pensiones y cesantías son irrenunciables e imprescriptibles.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, del escrito de tutela y
anexos, se observa que el accionante presta sus servicios como oficial de
migración, código 3010, grado 15, en la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia, Regional Atlántico, desempeñando sus funciones en una jornada mixta
por sistema de turnos compuesto por horarios diurnos, nocturnos, dominicales y
festivos desde el primero 1 de enero de 2012.

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Demandante: Evelio José Vides Contreras

4. El accionante instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con el fin de que
se declarara la nulidad Oficio No. 20246131708311 del 29 de septiembre de 2024,
por medio de la cual le fue negada su solicitud de reconocimiento, pago y
reliquidación de la diferencia salarial dejada de pagar «por el uso equivocado de
una fórmula matemática errada para liquidar el valor de cada hora de recargo
dominical, festivo y nocturno desde el inicio de sus labores en la entidad
demandada»; y de la Resolución No. 4687 del 24 de diciembre de 2024, mediante
la cual se confirmó la anterior decisión.

5. El 29 de septiembre de 2025, el Juzgado 4 Administrativo de Barranquilla
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para soportar su decisión,
indicó que la entidad demandada venía liquidando dichos recargos sobre 240 horas.
Sin embargo, precisó que la jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente
en la Sentencia de Unificación del 12 de febrero de 2015, estableció que la jornada
ordinaria equivale a 44 horas semanales lo que corresponde a 190 horas
mensuales, por lo cual consideró que la fórmula usada por la entidad era errada y
afectaba su derecho.

6. Adicionalmente, consideró improcedente ordenar la reliquidación del recargo
nocturno dominical y festivo sobre el 235%, porque el actor no agotó la vía
administrativa frente a esta solicitud, pues, a pesar de que se mencionó en los
fundamentos fácticos, no se incluyeron en las peticiones principales ni subsidiarias,
lo que le impidió a la entidad demandada pronunciarse sobre ese tema.

7. Inconformes con la anterior decisión, ambos extremos procesales
interpusieron recurso de apelación. La parte demandante, en relación con la
prescripción trienal, al considerar que los derechos reclamados son irrenunciables
y se causan desde el inicio de la relación laboral, por lo que deben reconocerse
retroactivamente. Argumentó que la prescripción no puede operar mientras subsiste
el vínculo laboral, ya que la subordinación limita la capacidad del trabajador para
reclamar sin temor a represalias. Por ello, solicitó revocar parcialmente la decisión.

8. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia sostuvo
que la sentencia recurrida ordenó pagos por períodos prescritos y reconoció aportes
a pensión que no fueron solicitados, lo que vulnera el principio de congruencia
previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso. También destacó que el
funcionario nunca superó las 44 horas semanales ni las 190 horas mensuales, y
que los recargos reclamados ya fueron liquidados y pagados conforme a la
normativa aplicable.

9. El 20 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico revocó la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda,
al considerar que la jornada de trabajo por turnos del demandante no excedió las
44 horas semanales, ni la jornada máxima mensual, por lo que no había lugar al
pago de compensatorios. Resaltó que el demandante disfrutó del descanso
compensatorios de 24 y 48 horas, por lo que no podrían recibir el recargo del 35%
y el descanso remunerado por trabajo en jornada mixta, de manera simultánea.

10. Adicionalmente, precisó que el grado funcional de nivel técnico es
determinante al momento del reconocimiento de las acreencias solicitadas, toda vez

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que el empleo debe pertenecer al nivel operativo, hasta el grado 16 del nivel
administrativo y hasta grado 9 de nivel técnico, condición que no reunía el
demandante, por cuanto ostenta el grado 15 de nivel técnico.

11. Como fundamento de la vulneración, el accionante afirmó que la
sentencia dictada el 20 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico incurrió en defecto procedimental, al desconocer el principio de
congruencia, comoquiera que la demanda se calificó «erróneamente» como una
reclamación de horas extras o un nuevo reconocimiento salarial, a pesar de que lo
que se buscaba realmente era la reliquidación de los recargos dominicales, festivos
y nocturnos, de manera que no existe coherencia entre las pretensiones y la fijación
del litigio determinada por el Juzgado 4 Administrativo de Barranquilla en primera
instancia y lo resuelto por la corporación judicial accionada.

12. Asimismo, manifestó que se configuró la causal de defecto material o
sustantivo, al llevar la discusión en sede de apelación a una norma que no le era
aplicable a la cuerda procesal surtida bajo los hechos, pretensiones y el concepto
de la violación expuestos en la demanda, desconociendo, inclusive, que el derecho
ya se encontraba reconocido por la entidad allí demandada, sin dejar de lado que el
Decreto 1042 de 1978 ya regula las características de la jornada mixta por turnos,
lo cual también fue aclarado en la sentencia proferida el 12 de febrero de 2015 por
la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso con radicado No.
25000-23-25-000-2010-00725-01.

13. Indicó que es claro que los oficiales de migración no tienen derecho al pago
de horas extras por su nivel técnico (grado 11°), ya que este beneficio solo aplica
hasta el grado 9. Sin embargo, precisó que ese no era el objeto del litigio, por lo que
«notan con extrañeza el desvío de la [autoridad accionada] en la formulación y
resolución del debate jurídico». Además, discutió que, de aceptarse la tesis
adoptada en la sentencia censurada, los oficiales de migración que trabajan en
jornada mixta estarían recibiendo un factor salarial que no les corresponde, lo que
«a todas luces sería irracional porque destruye de facto años de estabilidad jurídica
que han rodeado los derechos de quienes laboran mediante el sistema de turnos o
la jornada mixta en Colombia».

14. Por último, sostuvo que la autoridad accionada pasó por alto múltiples
pronunciamientos, donde se ha determinado de manera uniforme la prosperidad de
pretensiones idénticas a las expuestas en el proceso que se discute, en los que se
ha dicho que «la reliquidación de pensiones, cesantías por el trabajo suplementario
en dominicales, festivos y recargos nocturnos en esos dominicales y festivos
[constituye] un derecho cierto e irrenunciable, lo cual desplaza cualquier excepción
de prescripción».

15. Concretamente, mencionó las sentencias proferidas por el (i) Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 5 y 18 de febrero de 2026 en los procesos con
radicados 11001-33-35-030-2024-00461-01 y 11001-33-35-106-2025-00013-01,
respectivamente, y (ii) Tribunal Administrativo de Santander en el expediente
identificado con el número 68001-33-33-002-2025-00054-01.

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Intervenciones1

16. El Tribunal Administrativo de Atlántico, luego de hacer un breve recuento de
las actuaciones judiciales adelantadas en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho y de las consideraciones expuestas en la providencia que aquí se
reprocha, indicó que no se configuraron ninguna de las causales específicas de
procedibilidad, comoquiera que la decisión se adoptó conforme a los lineamientos
jurisprudenciales y normativos y los medios de prueba aportados al expediente; de
manera que es claro que el propósito de utilizar la tutela como una tercera instancia.
En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de la referencia o, en su
defecto, negar las pretensiones de la tutela.

17. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia afirmó que la acción
de tutela no goza de relevancia constitucional, comoquiera que no se evidencia una
afectación directa, actual y concreta de derechos fundamentales, sino un
desacuerdo frente al contenido de una decisión judicial debidamente motivada.
Asimismo, indicó que no se cumplió el requisito general de subsidiariedad, pues el
actor dispuso de un medio judicial idóneo y eficaz para la defensa de sus derechos,
el cual fue agotado en su integridad, sin que ahora resulte procedente acudir a la
tutela como mecanismo alterno para obtener una decisión diferente frente a los
mismos supuestos fácticos y jurídicos.

18. Adicionalmente, resaltó que la decisión judicial cuestionada se encuentra
amparada por el principio de cosa juzgada, en tanto el proceso ordinario culminó
con una sentencia ejecutoriada que definió de manera definitiva la controversia
planteada, por lo que la pretensión de dejar sin efectos dicha providencia por vía de
tutela desconoce la seguridad jurídica y la estabilidad de las decisiones judiciales,
pues pretende habilitar un nuevo escenario de discusión sobre aspectos que ya
fueron objeto de debate y resolución por la jurisdicción competente.

19. De otra parte, manifestó que esa entidad carece de competencia funcional
y jurisdiccional para atender las pretensiones planteadas en la acción de tutela, en
tanto la actuación cuestionada corresponde exclusivamente a una decisión judicial
adoptada por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Aclaró que si bien participó en
el proceso ordinario, en sede de tutela, no ostenta la calidad de demandada y, en
ese sentido, no puede modificar la providencia ni restablecer los derechos
reclamados, por lo que no se le puede atribuir la vulneración alegada ni exigirle dejar
sin efectos dicha decisión. En esos términos, solicitó su desvinculación del presente
trámite constitucional.

20. El Juzgado 4 Administrativo de Barranquilla remitió copia digital del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, en cumplimiento de la orden
impartida en el auto admisorio de la presente acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

1
El 2 de junio de 2026, se admitió la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico; se
vinculó a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y se requirió al Juzgado 4 Administrativo de
Barranquilla para que remitiera la copia digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 08001-33-33-004-2025-00034-00/01.

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21. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

22. Antes de plantear el problema jurídico que aquí se desarrollará, la Sala
aclara que si bien el accionante dentro de sus argumentos para sustentar la
configuración del defecto sustantivo afirmó que la autoridad judicial accionada
desconoció la sentencia proferida el 12 de febrero de 2015 por la Sección Segunda
del Consejo de Estado dentro del proceso con radicado No. 25000-23-25-000-2010-
00725-01, dicho reproche se estudiará bajo la causal de desconocimiento del
precedente judicial, por ser el que mejor se adecua.

Problema jurídico

23. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, en particular, la exigencia de subsidiariedad,
si el Tribunal Administrativo del Atlántico, al expedir la sentencia del 20 de
noviembre de 2025, incurrió en los defectos procedimental, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, al inobservar el principio de congruencia y
apartarse de la tesis acogida en los pronunciamientos citados por el actor.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

24. La Sala declarará improcedente la acción de tutela, en relación con las
causales de defecto procedimental y defecto sustantivo, por no haberse acreditado
el cumplimiento del requisito general de subsidiariedad, por las razones que a
continuación se exponen:

25. La parte accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y al trabajo, al considerar que
la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico incurrió en los defectos procedimental y sustantivo, puesto que, respecto
del primero, se desconoció el principio de congruencia al calificar la demanda como
una reclamación de horas extras o de un nuevo reconocimiento salarial, a pesar de
que las pretensiones estaban dirigidas a obtener la reliquidación de los recargos
dominicales, festivos y nocturnos y la fijación del litigio efectuada por el juez de
primera instancia también se centró en dicha reliquidación.

26. Asimismo, señaló que se configuró el segundo defecto, al aplicar una
norma que se ajustaba a la cuerda procesal surtida bajo los hechos, pretensiones y
el concepto de la violación expuestos en la demanda, desviando la controversia al
reconocimiento y pago de horas extras y del recargo nocturno, dominical y festivo,
cuando incluso el derecho frente a estos último ya había sido reconocido.

27. Ahora bien, del análisis integral del escrito de tutela se advierte que, aunque
los reparos se formularon bajo dos causales específicas distintas, ambos se centran
en un mismo cuestionamiento: el Tribunal Administrativo de Atlántico alteró el objeto

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de la controversia al resolver un asunto diferente al planteado por la parte
demandante, esto es, abordar la discusión desde la perspectiva del reconocimiento
y pago de horas extras o del recargo dominical, festivo y nocturno, y no desde la
reliquidación de dicho recargo.

28. Al respecto, frente a este tipo de cuestionamientos, el ordenamiento jurídico
prevé un mecanismo judicial específico, idóneo y eficaz para obtener su revisión,
consistente en el recurso extraordinario de revisión, toda vez que el numeral 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 contempla como causal de revisión la nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso, supuesto dentro del cual la
jurisprudencia ha entendido comprendidas aquellas irregularidades relacionadas
con la transgresión del principio de congruencia, bien sea porque el juez omite
pronunciarse sobre aspectos sometidos a su consideración o porque decide
asuntos ajenos al objeto del litigio, excediendo o desbordando el marco fijado por
las pretensiones y los cargos formulados por las partes2.

29. En esa medida, la Sala concluye que el demandante cuenta con otro medio
de defensa idóneo y eficaz para plantear la supuesta irregularidad que ahora
pretende ventilar en sede de tutela, esto es, la ausencia de correspondencia entre
las pretensiones de la demanda y lo decidido por el juez de segunda instancia, por
lo que no se cumple con el requisito general de subsidiariedad, el cual exige que se
hayan agotado todos los instrumentos de defensa judicial previstos en el
ordenamiento jurídico para proteger las garantías fundamentales que se estiman
vulneradas.

30. Lo anterior, dado el carácter excepcional, preferente y sumario de la acción
de tutela, el cual impone como una obligación dirimir los conflictos jurídicos
relacionados con los derechos fundamentales, en un principio, a través de los
mecanismos dispuestos para el efecto, por lo que al juez constitucional le está
vedado emitir un pronunciamiento al respecto, ya que, de lo contrario, estaría
desconociendo las competencias que el legislador atribuyó a otra autoridad judicial.

31. En concordancia con lo expuesto, la Corte Constitucional, en la Sentencia
SU-026 de 2021, enfatizó que la acción de tutela resulta improcedente cuando el
ordenamiento jurídico tiene a su alcance instrumentos judiciales adecuados para
controvertir los yerros alegados, incluso si estos tienen carácter extraordinario. En
particular, el máximo tribunal constitucional precisó que el recurso extraordinario de
revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz para cuestionar omisiones
probatorias, situaciones asociadas a la aparición de nuevos elementos de
convicción o irregularidades que afecten la dimensión material del debido proceso,
como lo sería la transgresión al principio de congruencia por decidirse de forma
extra petita.

32. Finalmente, se repara en que el accionante no demostró la existencia de un
perjuicio irremediable y tampoco, del escrito de tutela y de las pruebas aportadas,

2 Sobre el particular pueden consultarse las Sentencias de 28 de abril de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2023-

04017-00; 20 de mayo de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2023-04693-00; 24 de julio de 2024, Rad. 11001-03-
15-000-2023-00789-00; 30 de julio de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2025-02260-00; 28 de octubre de 2024,
Rad. 11001-03-15-000-2022-05810-00; 11 de abril de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2023-03128-00; y 30 de
septiembre de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2023-03927-00 de la Salas Especiales de Decisión No. 1, 2, 5, 6,
8, 10 y 11 del Consejo de Estado, respectivamente, entre otras.

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se advierte una circunstancia de extrema vulnerabilidad que haga necesaria la
intervención del juez constitucional. En consecuencia, se concluye que no se superó
la exigencia de subsidiariedad, por lo que se declarará improcedente la acción de
tutela, frente a los cargos relativos al defecto procedimental y sustantivo.

33. Sin embargo, en cuanto a la causal de desconocimiento del precedente
judicial, la Sala observa que no solo se cumplió con el requisito de subsidiariedad,
sino que también (1) se encuentra satisfecho el presupuesto de relevancia
constitucional, comoquiera que la acción de tutela busca la protección de los
derechos debido proceso, acceso a la administración de justicia y trabajo; y no
pretende reabrir el debate surtido en el proceso ordinario, sino discutir el
desconocimiento de pronunciamientos, en los que, a su juicio, se estudiaron casos
similares, para lo cual encuadró el reparo en la causal de desconocimiento del
precedente judicial; (2) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva,
puesto que el demandante es el titular de las garantías constitucionales que se
invocan como vulneradas y el Tribunal Administrativo de Atlántico fue la autoridad
judicial que profirió la decisión que se cuestiona en el escrito de amparo; (3) la
acción de tutela se presentó el 29 de mayo de 2026, es decir, dentro de los 6 meses
siguientes a la notificación de la sentencia del 20 de noviembre de 20253; (4) no se
cuestionó una irregularidad procesal; (5) se identificaron razonablemente los hechos
y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos
fundamentales; y (6) la tutela no se interpone contra una providencia de igual
naturaleza.

34. Así las cosas, procederá a estudiarse de fondo la causal mencionada, al
haberse satisfecho todos los requisitos generales de procedibilidad.

Análisis de vulneración alegada: estudio del defecto

35. La Sala negará el amparo solicitado por la parte actora, al no haberse
estructurado la causal de desconocimiento del precedente judicial, conforme a las
razones que a continuación se exponen:

36. En la sentencia cuestionada, el Tribunal Administrativo del Atlántico revocó
la sentencia dictada por el Juzgado 4 Administrativo de Barranquilla y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, expuso que el demandante
laboró en el extinto DAS desde 1994 hasta 2011 y fue incorporado sin solución de
continuidad a la UAE Migración Colombia como oficial de migración, grado 15.

37. Al respecto, precisó que el reconocimiento y pago de los recargos por
trabajos nocturnos, dominicales y festivos para los funcionarios que trabajen
ordinariamente por el sistema de turno, cuando las labores se desarrollen ordinaria
o permanentemente en jornadas que incluyan horas diurnas y horas nocturnas, la
parte del tiempo trabajado durante esas últimas horas se remunerará con el recargo
del 35%, el cual puede compensarse con períodos de descanso. En el caso
concreto, se concluyó que el demandante no excedió la jornada máxima legal y que
ya disfrutó de descansos compensatorios de 24 y 48 horas, por lo que no procede
el reconocimiento simultáneo del recargo del 35% y de los descansos remunerados
por jornada mixta.

3 La providencia fue notificada por mensaje de datos el 2 de febrero de 2026.

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38. Aunado a lo anterior, precisó que el cargo del demandante es determinante
para el reconocimiento de las acreencias solicitadas, ya que la normativa solo
permite el pago de horas extras y recargos a cargos del nivel operativo, hasta el
grado 16 del nivel administrativo o hasta el grado 9 de nivel técnico; sin embargo, el
accionante ostenta el grado 15 del nivel técnico, por lo que superó el límite legal
establecido, motivo por el cual no procede el reconocimiento de horas extras ni
recargos dominicales, festivos o nocturnos.

39. En consecuencia, determinó que el actor no tenía derecho al
reconocimiento y pago de recargo por trabajo en dominicales y festivos, recargos
nocturnos, horas extras, remuneración por compensación por cada 8 horas extras
laboradas en exceso al tope legal, compensación en dinero por descansos
compensatorios, reajuste y liquidación de prestaciones sociales causadas y las que
se causen a futuro con la inclusión de los nuevos valores e Intereses de mora, por
cuanto no reúne las condiciones para que opere su reconocimiento.

40. Ahora, se observa que el accionante alegó el desconocimiento de la
sentencia dictada el 12 de febrero de 2015 por la Sección Segunda del Consejo de
Estado dentro del proceso con radicado No. 25000-23-25-000-2010-00725-01. Sin
embargo, se observa que en ella se analizaron las condiciones laborales de los
servidores del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, mientras que el presente asunto la
discusión está relacionada con el régimen laboral de la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia. De igual forma, en el caso bajo estudio no solo fue
objeto de estudio el Decreto1042 de 1978, sino otros actos actos administrativos
mediante los cuales la referida Unidad reguló el trabajo mediante el sistema de
turno; de manera que la situación expuesta no guarda similitud fáctica ni jurídica con
la aquí analizada y, en esa medida, el lineamiento allí trazado no es de obligatorio
acatamiento para la autoridad judicial accionada.

41. En igual sentido, frente a las sentencias proferidas por algunos tribunales,
la Sala aclara que la parte actora no allegó copia de ninguno de estas providencias
y al verificar en el sistema de gestión judicial SAMAI solo pudo consultarse las
sentencias proferidas el 5 de febrero de 2026 por la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el 5 de marzo de 2026 por
el Tribunal Administrativo de Santander.

42. Sin embargo, tampoco podría predicarse que la corporación accionada
incurrió en desconocimiento, puesto que las providencias invocadas por el actor
fueron emitidas por tribunales administrativos diferentes al que expidió el proveído
que hoy se censura, cuyas decisiones no son de obligatorio acatamiento, toda vez
que corresponden a autoridades judiciales de la misma jerarquía que ejercen sus
funciones con autonomía e independencia, las cuales le permiten a cada juez
interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico dentro del ámbito de sus competencias,
sin quedar vinculado por los criterios adoptados por otros despachos de igual
categoría.

43. En todo caso, se aclara que, contrario a lo afirmado por el accionante, en
ninguno de esos pronunciamientos se determinó que los recargos nocturnos,
dominicales y festivos no se encuentre cobijados por la prescripción respecto de las
sumas exigibles con anterioridad al término legal. Además, se precisa que en la

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providencia objeto de censura no se estudió la figura de la prescripción
precisamente porque se determinó que el actor, en atención al grado salarial, no
reunías las condiciones para que operara su reconocimiento. Por tanto, no se
estructuró la causal específica invocada por la parte demandante.

Conclusión

44. De acuerdo con las anteriores consideraciones, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela instaurada por Evelio José Vides Contreras, en
relación con los defectos procedimental y sustantivo, por no haberse superado el
requisito general de subsidiariedad; y negará el amparo solicitado en lo que
concierne a la causal de desconocimiento del precedente judicial.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por Evelio
José Vides Contreras, en relación con los defectos procedimental y sustantivo; y
NEGAR el amparo solicitado en lo que concierne a la causal de desconocimiento
del precedente judicial, de conformidad con las consideraciones expuestas en la
parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

9
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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