Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2015-00022-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2015-00022-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 85001-23-33-000-2015-00022-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
3 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 85001 23 33 000 2015 00022 01 (4995-2015)
Demandante: Humberto Salamanca González
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento pensión de jubilación, régimen especial de los
servidores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el 29 de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo de
Casanare, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Humberto Salamanca González, mediante
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de los siguientes
actos administrativos: i) Auto ADP 010074 del 10 de octubre de 2012, por medio de
la cual la UGPP se negó a pronunciarse sobre la petición de reconocimiento
pensional, con fundamento en la pérdida de competencia; y ii) el acto ficto o
presunto que se configuró por la falta de respuesta de fondo a la petición presentada
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Radicado: 85001 23 33 000 2015 00022 01 (4995-2015)
Demandante: Humberto Salamanca González
el 2 de julio de 2014.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) reconocer que el demandante tiene derecho a una pensión especial de jubilación,
de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 1047 de 1978, artículo 2, 1848 de
1969 y 1933 de 1989, a partir del 26 de abril de 2010, en cuantía del 75 % del salario
promedio devengado durante el último año de servicio; ii) pagar el retroactivo
derivado del reconocimiento anterior; iii) indexar la primera mesada pensional; iv)
actualizar las sumas de dinero reconocidas; v) condenar al pago de intereses
moratorios, costas y agencias en derecho.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor Humberto Salamanca González nació el 26 de abril de 1960; prestó el
servicio militar obligatorio desde el 19 de enero de 1979 hasta el 30 de agosto de
1980; se vinculó al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) el 18 de
octubre de 1983 en el cargo de detective alumno 4115-03 y laboró en esa entidad
hasta el 7 de febrero de 2001, esto es, por 17 años, 3 meses y 19 días. El último
cargo desempeñado fue el de detective profesional 207-09.
ii) El 2 de julio de 2014, solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de una pensión
de jubilación; no obstante, la entidad se negó a pronunciarse a través del acto
demandado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 48, 53 y 58 de la Constitución Política;
5 de la Ley 4.ª de 1976; las Leyes 4ª de 1992, 48 de 1993, 100 de 1993, 700 de
2001 y 1437 de 2011; los Decretos 1848 de 1969, 451 de 1984, 1045 de 1078, 1047
de 1978, 1933 de 1989 y 1835 de 1994.
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Demandante: Humberto Salamanca González
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:1
i) A partir del 26 de abril de 2010, el señor Salamanca González cumplió con todos
los requisitos establecidos en el artículo 2 del Decreto Ley 1047 de 1978, para
efectos del reconocimiento y pago de una pensión especial de jubilación, por haber
laborado más de 18 años como detective al servicio del DAS, sumado el tiempo de
servicio militar obligatorio, y haber cumplido 50 años de edad.
ii) Los aportes del actor fueron dirigidos a la Caja Nacional de Previsión Social, de
forma ininterrumpida desde el 18 de octubre de 1980, hasta el 7 de febrero de 2001.
1.2. Contestación de la demanda
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por intermedio de apoderado, se opuso
a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a
continuación:2
i) Comoquiera que el demandante nació el 26 de abril de 1960, al momento de entrar
en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba con 33 años de edad y 12 años y 26 días
de servicio, de forma que no está amparado por el régimen de transición que esta
introdujo.
ii) Si bien cumplió 50 años de edad el 26 de abril de 2010, para esa data se
encontraba retirado del servicio, toda vez que laboró en el DAS hasta el 7 de febrero
de 2001; de forma que, de conformidad con los Decretos 1047 de 1978, 1933 de
1989, 1835 de 1994 y 2091 de 2003 y la Ley 860 de 2003, se requería que este
«tuviera 16 años (sic) continuos» al cumplir los 50 años, siempre que para esa
época fuera empleado de dicha entidad o tener 20 años de servicios, con
independencia de la edad. Sin embargo, el señor Salamanca González no cumple
con ninguno de estos requisitos.
1 Folios 4 a 26.
2 Folios 152 a 178.
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Demandante: Humberto Salamanca González
iii) No es procedente el reconocimiento de la pensión con todos los factores
devengados durante el último año de servicio, tal y como lo dispuso la Corte
Constitucional en la Sentencia SU 230 de 2015, en la que se señaló que solo
deberían tenerse en cuenta los factores salariales sobre los cuales efectivamente
haya cotizado el actor.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia proferida el 29 de
octubre de 2015, denegó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se
pronunció en estos términos:3
i) Con anterioridad a la Ley 100 de 1993, el régimen pensional de los empleados del
DAS estaba establecido en los artículos 1 y 2 del Decreto 1047 de 1978; y 10 y 18
del Decreto 1933 de 1989, a los cuales se debe acudir por virtud de lo dispuesto en
el parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003, toda vez que el artículo 140 de
la Ley 100 autorizó al Gobierno nacional a expedir el régimen de quienes prestaban
sus servicios en actividades de alto riesgo y así fue catalogada la que desarrollaban
los detectives de esa institución en el artículo 2 del Decreto 1835 de 1994.
ii) El accionante no cumple con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación
con base en el régimen especial del DAS «de que tratan los artículos 140 de la Ley
100 de 1993 y el Decreto 1047 de 1978» por cuanto se requieren a. 20 años de
servicio en cualquier edad, o b. 18 años de servicio y 50 de edad, «siempre que
para esta época fueren funcionarios de ese Departamento». Sin embargo, ninguna
de las situaciones se presenta.
iii) Lo anterior, por cuanto si bien acreditó 18 años, 10 meses y 30 días de servicio,
y tener más de 50 años de edad, cuando se retiró del DAS, el 8 de febrero de 2001,
solo tenía 40 de edad.
iv) Así las cosas, le asiste razón a la entidad accionada cuando afirma que el actor
no cumple con los requisitos exigidos en la ley para acceder a la pensión de
3 Folios 255 a 261.
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Demandante: Humberto Salamanca González
jubilación por lo que se negarán las pretensiones, sin que sea necesario entrar a
pronunciarse sobre los demás argumentos de la defensa.
1.4. El recurso de apelación
El señor Humberto Salamanca González, por conducto de apoderado, interpuso
recurso de apelación4 y lo sustentó así:
i) El apartado final del artículo 2 del Decreto 1047 de 1978 debe entenderse como
un requisito de permanencia al departamento, esto es, haber cumplido los 18 años
de servicio activo como dactiloscopista o detective, y no como erradamente lo
entiende el a quo pues resultaría «ilógico» entender que debe estar al servicio de la
entidad para acceder al derecho, pues la norma estaba dada para el evento de estar
expuesto por un periodo de 18 años a actividades de alto riesgo.
ii) El Tribunal desconoció que el demandante es beneficiario del régimen de
transición del artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, puesto que su vinculación como
detective se prolongó por 17 años, 3 meses y 19 días, que aunados al tiempo
prestado al Estado del servicio militar obligatorio, por virtud de lo dispuesto en la
Ley 48 de 1993, esto es, 1 año, 7 meses y 11 días, completa 18 años, 20 meses y
30 días, como lo dio por demostrado el a quo; empero, no tuvo en consideración
que a la entrada en vigencia del aludido decreto, aquel era detective y, por lo tanto,
beneficiario del derecho pensional.
iii) No se tuvo en cuenta que el actor fue desvinculado de la entidad, esto es, de
forma unilateral, por motivos que no eran de su resorte, toda vez que su
nombramiento fue declarado insubsistente, de modo que no es ajustado a la
equidad y a la justicia, especialmente si se tiene en cuenta que las disposiciones
que se solicitan aplicar, instituyeron la prestación al considerar que por la labor que
realizaban esos servidores, se encontraban en alto riesgo. En tal sentido, la
interpretación de las preceptivas que gobiernan el caso no deben ser restringidas ni
exegéticas, sino que deben aplicarse en armonía con los principios fundantes en
4 Folios 263 a 268.
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Demandante: Humberto Salamanca González
materia de trabajo y de la seguridad social consagradas en la Constitución Política.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. El demandante
El señor Humberto Salamanca González, por conducto de apoderado, reafirmó lo
sostenido en el libelo introductorio y en el recurso de alzada.5
1.5.2. La demandada
La UGPP, por intermedio de su apoderado, solicitó confirmar lo decidido en primera
instancia, con fundamento en lo expuesto en la contestación de la demanda.6
1.6. El ministerio público
El agente delegado ante esta Sección no rindió concepto.7
1.7. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
El director de defensa jurídica nacional de la Agencia intervino con fin de solicitar
que «se nieguen las pretensiones de reliquidación», con fundamento en que el IBL
es un aspecto que se excluyó del régimen de transición contemplado en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, y que esta situación se desprende del análisis de la norma
y del criterio jurisprudencial de las altas cortes, en especial de la Sentencia de
Unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de
Estado, en cuyas reglas y subreglas se refirió al tiempo para calcular el IBL los
factores salariales que se deben incluir, frente a lo cual especificó que serían
únicamente aquellos sobre los cuales se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al sistema de pensiones.8
5 Folios 294 a 298.
6 Folios 304 a 305.
7 Según se desprende de la constancia secretarial del 24 de marzo de 2017. Folio 306.
8 Índice 19, aplicativo Samai.
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Demandante: Humberto Salamanca González
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si el señor Humberto Salamanca González tiene
derecho al reconocimiento de su pensión de vejez con el régimen especial de
pensiones del Departamento Administrativo de Seguridad ( DAS) por haberse
desempeñado como detective de esa entidad.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Régimen especial de pensiones de los detectives del DAS antes de la
entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social
En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 5.ª de 1978, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 1047 del 7 de junio de 1978, 9 el cual en su
artículo 110 dispuso que los empleados que se desempeñaran como
dactiloscopistas en el DAS, por 20 años continuos o discontinuos y que hubieran
aprobado el curso de formación impartido por el instituto de dicho ente, tendrían
derecho a gozar de una pensión de jubilación a cualquier edad. Adicionalmente, en
el artículo 2, ordenó que los servidores que hubieran aprobado el curso ya referido
y permanezcan al servicio de la entidad por un término no inferior a 18 años
continuos como dactiloscopistas, pueden acceder a la prestación al cumplir 50 años
de edad, siempre que para ese momento estuvieran vinculados.
Posteriormente, el Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1989 11 dispuso que los
empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones sociales previstas para
las entidades públicas del orden nacional, en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de
9 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que desempeñen
funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad»
10 «Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o discontinuos las funciones de las
dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad, y que hayan aprobado el curso de formación
en dactiloscopia impartido por el instituto correspondiente de dicho Departamento, tendrán derecho a gozar de
la pensión de jubilación cualquiera sea su edad.»
11 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento Administrativo
de Seguridad»
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1969, 1045 de 1978, 451 de 1984 y en las demás reglas que los adicionen o
modifiquen12 y, en el artículo 10,13 previó que los empleados del referido
departamento se regirían por los cánones generales sobre pensión de jubilación, al
tiempo que quienes desarrollaran funciones de dactiloscopistas en los cargos de
detective agente, profesional o especializado, en sus diferentes grados y
denominaciones, se gobernarían por lo previsto en el Decreto Ley 1047 de 1978.14
2.2.2. De las actividades de riesgo en el sector público en vigencia del Sistema
General de Seguridad Social
El artículo 14015 de la Ley 100 de 199316 previó, en un principio, lo siguiente:
Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De conformidad
con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores
públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad
de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se
consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas
que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional
Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a
cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad.
Posteriormente, se expidió el Decreto 691 de 1994, por el cual se incorporaron los
servidores públicos al Sistema General de Pensiones, y del que cabe resaltar su
artículo 5, pues a través de este, extendió el régimen general a los servidores que
laboren en actividades de alto riesgo para su salud.
12 «Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad tendrán
derecho a las prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración pública del orden nacional
en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984, artículo 3º y en los que los adicionan,
modifican, reforman o complementan y, además, a las que este decreto establece.»
13 «Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas para los
empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad.
Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de Detective Agente, Profesional o
Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia de jubilación, por el
Decreto-ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de detectives en sus distintos
grados y denominaciones.»
14 «Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior y que permanezcan
al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad por un término no menor de 18 años continuos en el
desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 50 años de
edad, siempre que para esta época fueren funcionarios de ese Departamento.»
15 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-003 de 1996.
16 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
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No obstante, en atención a esta preceptiva y bajo los parámetros de la Ley 4.ª de
1992, el Gobierno nacional profirió el Decreto 1835 del 3 de agosto de 1994, por
medio del cual reglamentó las actividades de alto riesgo de los servidores públicos,
que circunscribió a las siguientes:
Artículo 2º. Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100
de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:
1. En el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS: Personal de detectives
en sus distintos grados y denominaciones de especializado, profesional y
agente. (Resaltado fuera del texto)
2. En la Rama Judicial.
Funcionarios de la jurisdicción penal:
Magistrados, Jueces Regionales, Jueces Penales del Circuito, Fiscales y empleados de
los Cuerpos de Seguridad de la Fiscalía General de la Nación y los siguientes
funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía: Profesionales judiciales
especiales, profesionales universitarios judiciales I y II, jefes de sección de criminalística,
investigadores judiciales I y II, técnicos judiciales I y II y escoltas I y II. […].
De acuerdo con lo anterior, la labor de los detectives del DAS también se clasificó
como de alto riesgo. Asimismo, la norma estableció un régimen de transición
especial17 para aquellos que a su entrada en vigencia, esto es, el 4 de agosto de
1994, laboraran en dicha actividad con el beneficio de acceder a la pensión en las
condiciones indicadas por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir, los
Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.
Ahora bien, el Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 200318 derogó el Decreto 1835
de 1994 y definió una vez más cuáles actividades son consideradas de alto riesgo,
sin incluir al DAS.
17 «Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las actividades
descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con
anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder
a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de semanas cotizadas y el monto
de ésta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo
relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»
18 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las
condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas
actividades.»
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Finalmente, la Ley 860 del 26 de diciembre de 200319 nuevamente se ocupó de
regular la materia pensional para los servidores que desempeñan labores de alto
riesgo en el DAS y, entre otras cosas, incluyó a la prima de riesgo en el ingreso base
de cotización.20
2.2.3. La liquidación de pensiones de agentes del DAS cobijados por el régimen
de transición. Postura unificada de la Sección
En cuanto al ingreso base de liquidación para el personal beneficiario de las normas
anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, de los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de
1989, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 30 de noviembre
de 2000,21 consideró que debía aplicarse en su integridad la normativa precedente.
Así las cosas, inicialmente estimó que debían atenderse aquellos factores salariales
que estuvieran previstos por el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989.
No obstante lo anterior, en lo relativo a las actividades de alto riesgo, el Decreto
1137 del 2 de junio de 199422 creó la prima mensual de riesgo equivalente al 30 %
de la asignación básica, entre otros servidores, para los detectives del DAS, con la
salvedad de que aquella no constituía factor salarial y no podría devengarse
simultáneamente con las primas de orden público, de clima y de riesgo de que tratan
los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 1933 de 1989 y la de riesgo señalada por el Decreto
132 del 17 de enero de 1994. Luego, el Decreto 2646 del 29 de noviembre de 199423
aumentó el porcentaje de dicho emolumento al 35 % y la hizo incompatible
solamente con las prestaciones con igual denominación previstas en los Decretos
1933 de 1989 y 132 de 1994, pero reiteró su exclusión como factor salarial.
En ese escenario, el Consejo de Estado, en un primer momento, se abstuvo de
ordenar su inclusión en atención a que el Decreto 2646 de 1994 precisó que aquella
19 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se dictan otras disposiciones.».
20 Artículo 2.º, parágrafo 4.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de
30 de noviembre de 2000. Radicación 2004-2000. C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
22 «Por el cual se crea una prima especial de riesgo con carácter permanente para algunos empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad».
23 «Por el cual se establece la Prima Especial de Riesgos para los empleados del Departamento Administrativo
de Seguridad».
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prima de riesgo no constituye factor salarial.24 Sin embargo, más adelante consideró
que debía acogerse el criterio de favorabilidad expuesto en la sentencia del 4 de
agosto de 2010,25 según el cual es válido tener en cuenta todas aquellas sumas que
el servidor percibe de manera habitual y periódica como contraprestación del
servicio, independientemente de su denominación.26 Lo anterior, en consideración
a que el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 dispuso que el valor de la pensión
debe ser equivalente al 75 % del promedio de los salarios y primas de toda especie,
recibidos durante el último año de servicio, lo cual sustentó la inclusión de la prima
de riesgo y otras prestaciones que no estaban previstas por el artículo 18 del
Decreto 1933 de 1989 en la pensión de los detectives del DAS.
Bajo esta nueva perspectiva, en la sentencia del 1.º de agosto de 2013,27 la Sección
Segunda acogió esta última posición. Al respecto, precisó que como la prima de
riesgo se percibía en forma permanente y mensual, formaba parte de la
contraprestación directa que recibían los servidores del DAS, por lo que debía
integrarse en el ingreso de cotización y en la liquidación de la pensión.
Con base en el anterior recuento, la Sección Segunda del Consejo de Estado
advirtió28 que se habían emitido diversidad de pronunciamientos dentro de procesos
de nulidad y restablecimiento del derecho y acciones de tutela, en los cuales se
consideró que el cambio jurisprudencial que introdujo la sentencia del 28 de agosto
de 2018,29 que modificó el criterio interpretativo frente al IBL en el régimen de
transición y se alineó con el expuesto por la Corte Constitucional a partir de la
sentencia C-258 de 2013, conllevaba a considerar que las reglas aplicables a la
liquidación de las pensiones de los detectives del DAS se derivaban de la aplicación
24 Entre otras se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de
marzo de 2006, radicación: 250002325000200103086 01(4096-04), demandante: Norma Constanza Castro
Quintero; sentencia del 4 de octubre de 2007, radicación: 25000232500020031688 01 (8439-2005),
demandante: Nelson Tiberio Ortiz Zárate.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23 25 000 2006
07509 01 (0112-09).
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2010, radicación
250002325000200500052 01(0568-2008), demandante: José Luis Martínez Arteaga.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación: 4400123310002008150
01(0070-2011); C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 23 de septiembre de 2021, radicado 25000 23 42 000 2013
02380 01 (2656-2014).
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,
radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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Radicado: 85001 23 33 000 2015 00022 01 (4995-2015)
Demandante: Humberto Salamanca González
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores que se deben incluir son los
taxativamente previstos por el Decreto 1158 del 3 de junio de 1998.30
Aunado a que particularmente, en relación con la prima de riesgo, se había estimado
que para quienes laboraron como detectives, su inclusión era viable como
consecuencia de lo señalado por el artículo 3 de la Ley 860 del 26 de diciembre de
2003. Sin embargo, únicamente podía ser computada cuando se acrediten los
aportes que se efectuaron al sistema de seguridad social por dicho concepto. De lo
contrario, no debía ser tenida en cuenta en el cálculo de la prestación.31
Bajo tal panorama, en reciente sentencia de unificación, la Sección Segunda del
Consejo de Estado fijó las siguientes reglas:32
i) Los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS, cobijados por
los regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003
y la Ley 860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las condiciones de edad,
tiempo de servicios y monto, entendido como el porcentaje o tasa de retorno,
señalados por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, sin embargo, el ingreso
base de liquidación es el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993,
este es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base
en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida
el DANE.
30 «Por el cual se modifica el artículo 6.º del Decreto 691 de 1994»
31 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2021-00342-00(AC); sentencia del 3 de junio de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2021-
02097-00(AC); Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de mayo de 2021, radicación: 11001-03-15-
000-2021-00342-01(AC).
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia SUJ-028-CE-SE-2022 del 28 de julio de 2022, radicado 25000
23 42 000 2013 02380 01 (2656-2014).
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Radicado: 85001 23 33 000 2015 00022 01 (4995-2015)
Demandante: Humberto Salamanca González
ii) Los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones
aquí referidas son los devengados por el servidor que, de acuerdo con el Decreto
1158 de 1994 y demás normas aplicables, constituyen la base de cotización para
pensión. En el caso del personal del DAS de que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto
2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en este decreto debe incluirse para liquidar
la pensión a partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, en los porcentajes
señalados por el artículo 2 de la misma ley, es decir:
• En el 40 %, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2007.
• En el 50 %, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los
servidores del DAS a otras entidades, por disposición del Decreto 4057 de 2011.
iii) Si el empleador no cumplió la obligación de realizar los descuentos en el
porcentaje a su cargo y el del empleado destinados a las cotizaciones para el
sistema de pensión sobre los factores devengados que, de conformidad con el
Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003, debían ser base de cotización o si
omitió el traslado de la cotización especial por alto riesgo, sin que la entidad de
previsión social hubiera adelantado las gestiones pertinentes para su cobro, ello no
es oponible al interesado para que la pensión especial se reconozca y liquide de
acuerdo con los parámetros indicados en esta sentencia.
Como fundamento de la decisión, se consideró que el criterio expuesto en las
sentencias del 4 de agosto de 2010 y del 1.º de agosto de 2013, para el caso
particular del DAS, ha sido modificado con la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018, y que ese es el referente que ha llevado a esta Corporación a
replantear su posición en cuanto al IBL en diferentes regímenes especiales que
cobijan a los servidores públicos, cuyo planteamiento atiende la competencia legal
y constitucional tanto del legislador como del ejecutivo para definir el régimen
prestacional de los empleados públicos.
Además, dispuso que las reglas jurisprudenciales que en esa providencia se fijaron
se aplicarían a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como judicial, a través de acciones ordinarias, con la salvedad de aquellos en los
que haya operado la cosa juzgada, los cuales, en función del principio de seguridad
jurídica, son inmodificables.
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Demandante: Humberto Salamanca González
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:
El 26 de abril de 1960, nació el señor Humberto Salamanca González, según consta
en la copia de su cédula de ciudadanía.33
2.3.1. Sobre la relación laboral del demandante
Entre el 19 de enero de 1979 y el 30 de agosto de 1980, el demandante prestó el
servicio como soldado en el Ejército Nacional, tal y como se advierte en el Formato
1, Certificado de Información Laboral, la coordinadora Grupo Archivo General.34
Desde el 18 de octubre de 1983 hasta el 8 de febrero de 2001, el señor Humberto
Salamanca González trabajó al servicio del DAS y desempeñó los cargos de
detective rural alumno, rural, agente y profesional en sus diferentes códigos y
grados, según hizo constar la coordinadora del Grupo de Gestión Humana del
Archivo General de la Nación.35 Su nombramiento fue declarado insubsistente
mediante la Resolución 0163 del 1.º de febrero de 2001. Además, tuvo una comisión
de estudios entre el 6 y el 17 de marzo de 1995, para «reentrenamiento a detectives
rurales en la Academia Superior de Inteligencia y Seguridad Pública».
2.3.2. Sobre los factores salariales y la cotización especial
De acuerdo con los certificados de factores devengados mes a mes entre enero de
1991 y febrero de 2001,36 el demandante percibió asignación básica, bonificación
por servicios, subsidio de alimentación, y primas de clima, navidad, de servicios, de
vacaciones y de riesgo. Asimismo, se hizo constar que desde el 4 de agosto de
33 Folio 96.
34 Folio 204, documento denominado «7-Certificado de información laboral-Causante. PDF».
35 Folios 51 a 54.
36 Folios 84 a 94.
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1994 al 7 de febrero de 2001, se envió cotización a cargo del patrono
correspondiente al 8.5 % por actividad de alto riesgo a la Caja de Previsión Social.
2.3.2. Sobre la reclamación de las prestaciones en litigio
El 2 de julio de 2014, el demandante solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación con fundamento en que superó los 50 años de edad y
trabajó en el DAS por más de 17 años, lo que sumado al tiempo que prestó el servicio
militar obligatorio, corresponde a más de 18 años de servicio, como lo exige el
artículo 2 del Decreto 1047 de 1978.37
El 10 de octubre de 2014, a través del Auto ADP 010074, la UGPP se abstuvo de
pronunciarse sobre la petición anterior, con fundamento en que al 1.º de abril de
1994, el señor Salamanca González contaba con 12 años y 26 días de servicio y 33
años de edad; y que entre el 1.º de mayo de 2003 y el 28 de febrero de 2011 estuvo
afiliado al Instituto de Seguros Sociales (ISS), por lo que, es esta entidad a la que le
corresponde reconocer la prestación reclamada.38
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario señalar
que el Tribunal Administrativo de Casanare denegó las pretensiones de la demanda
con fundamento en que el señor Salamanca González no acreditó los requisitos
necesarios para acceder a la prestación reclamada, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 1 y 2 del Decreto 1047 de 1978.
No obstante lo anterior, el demandante sostiene en la apelación que tiene derecho
al reconocimiento pensional deprecado conforme a los preceptos de los Decretos
1047 de 1978 y 1933 de 1989, toda vez que ingresó al DAS antes del 3 de agosto
de 1994, y ejerció como detective por más de 17 años aunado al tiempo en que
prestó el servicio militar obligatorio, con lo que completó los 18 años que exige el
artículo 2 del primer decreto aludido.
37 Folios 27 a 46.
38 Folio 47 a 49.
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Demandante: Humberto Salamanca González
Al respecto debe señalarse que la pensión de jubilación especial que se reclama,
por virtud de lo dispuesto en el parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003, 39
se aplica a los empleados que cumplan funciones de dactiloscopistas en los cargos
de detective agente, profesional o especializado, y «se regirán por lo establecido en
cuanto a régimen de pensión vitalicia de jubilación, por el Decreto-ley 1047 de 1978,
cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de detectives en sus distintos
grados y denominaciones».40
En efecto, la Ley 860 de 2003 contiene un régimen de transición (parágrafo 5 del
artículo 2) que exige estar vinculado antes del 3 de agosto de 1994 y acreditar 500
semanas de cotización para beneficiarse de «las mismas condiciones del régimen
de transición contenidas en el Decreto 1835 de 1994». Esta norma dispuso que los
detectives que estuviesen vinculados al DAS con anterioridad a su entrada en
vigencia «no tendr[ía]n condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad
para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el
número de semanas cotizadas, y el monto de esta pensión, a las existentes para
ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993».
Del material probatorio allegado al proceso se advierte que el señor Salamanca
González laboró como detective al servicio del DAS entre el 18 de octubre de 1983
hasta el 8 de febrero de 2001. Esta situación lo hace beneficiario del régimen de
transición de la Ley 860 y del Decreto 1835 de 1994 toda vez que acreditó 890
semanas de cotización y estaba vinculado en dicha actividad de alto riesgo antes
del 3 de agosto de 1994. De allí que tenía la expectativa de pensionarse con arreglo
al régimen especial contenido en las anteriores, esto es aquellas establecidas en
los artículos 1 o 2 del Decreto 1047 de 1978, por remisión del artículo 10 del Decreto
1933 de 1989. La norma a la que se alude señala lo siguiente:
Artículo 1. Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o
discontinuos las funciones de las dactiloscopistas en el Departamento Administrativo
39 «Parágrafo 5. Régimen de transición. Los detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1994
que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hubieren cotizado 500 semanas les serán reconocida
la pensión de vejez en las mismas condiciones del régimen de transición contenidas en el Decreto 1835 de
1994».
40 El artículo 10 del Decreto 1933 de 1989.
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Demandante: Humberto Salamanca González
de Seguridad, y que hayan aprobado el curso de formación en dactiloscopia impartido
por el instituto correspondiente de dicho Departamento, tendrán derecho a gozar de la
pensión de jubilación cualquiera sea su edad.
Artículo 2. Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el
artículo anterior y que permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de
Seguridad por un término no menor de 18 años continuos en el desempeño de
funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 50
años de edad, siempre que para esta época fueren funcionarios de ese
Departamento. [Resalta la Sala].
De lo transcrito se puede concluir que en su artículo 1 el decreto dispuso que los
empleados que se desempeñaran como dactiloscopistas en el DAS por 20 años y
que hubieran aprobado el curso de formación impartido por el instituto de dicho ente,
tendrían derecho a gozar de una pensión de jubilación a cualquier edad. Sin
embargo, en el artículo 2, ordenó que los servidores que hubieran aprobado el curso
ya referido y permanezcan al servicio de la entidad por un término no inferior a 18
años continuos como dactiloscopistas, podrían acceder a la prestación al cumplir 50
años de edad, siempre que para ese momento estuvieran vinculados.
Siendo ello así, y conforme al estudio del material probatorio allegado al proceso,
se evidencia que el señor Salamanca González desempeñó los cargos de detective
alumno rural, agente y profesional en sus diferentes códigos y grados, entre el 18
de octubre de 1983 y el 8 de febrero de 2001, esto es, por 17 años, 3 meses y 21
días. Además, prestó el servicio militar obligatorio por un periodo de 1 año, 7 meses
y 11 días.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala precisa que completará el tiempo de servicio
que consagra la ley con el periodo durante el cual prestó el servicio militar
obligatorio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993,41
que establecen lo siguiente:
Artículo 40. Al término de la prestación del servicio militar. Todo colombiano que
haya prestado el servicio militar obligatorio, tendrá los siguientes derechos:
a. En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar le será
computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de vejez y prima de
antigüedad en los términos de la ley. [Resalta la Sala].
41 Vigente para la fecha de adquisición del estatus jurídico de pensionado, pues esta norma fue derogada por
la Ley 1861 de 2017; sin embargo, esta conserva los términos de la disposición transcrita.
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Radicado: 85001 23 33 000 2015 00022 01 (4995-2015)
Demandante: Humberto Salamanca González
Así, en atención a que el señor Salamanca González prestó el servicio militar
obligatorio, tiene derecho a que «se compute el tiempo durante el cual prestó dicho
servicio como semanas efectivamente cotizadas al sistema»,42 tal y como lo ha
señalado la Corte Constitucional y lo ha ordenado esta corporación en
oportunidades anteriores en las que se debatía similar pretensión a la del sub judice,
esto es, el reconocimiento de una pensión de jubilación por ser beneficiario de
régimen especial de los servidores del DAS,43 pues lo que se analiza es la posibilidad
de acceder a una prestación que se fundamenta en los aportes efectivamente
realizados al sistema. Al respecto en Sentencia T-063 de 2013, la Corte
Constitucional señaló lo siguiente:
[L]a Sala considera que al tenor del artículo 40 de la Ley 48 de 1993, todo
colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio tendrá derecho a
que en las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar
le sea computado para efectos de acceder al reconocimiento de la pensión de
vejez. El mencionado beneficio se aplica, incluso, en los casos en los cuales la
prestación del servicio militar se haya realizado con anterioridad a la entrada en
vigencia de la norma, en virtud del principio constitucional de favorabilidad (CP. art.
53), como lo expuso la Corte en la sentencia T-275 de 2010 en los siguientes
términos: “si bien es cierto la norma debería aplicarse desde el momento de su
publicación y no tener efectos sobre hechos ocurridos con anterioridad a la misma,
en virtud del principio de favorabilidad e igualdad se deberían tener en cuenta las
prerrogativas a cualquier tiempo consagradas”.
[…]
En los términos expuestos por la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional previamente reseñada44, la aplicación de la citada prerrogativa tiene
efectos tanto en las pensiones sometidas a un determinado tiempo de servicio, como
en aquellas que dependen del principio de cotización efectiva, pues finalmente es
obligación de la Nación (ya sea a través del Ministerio de Defensa Nacional45 o de
Hacienda y Crédito Público46) asumir el pago por el tiempo que haya durado la
prestación del servicio, a través del reconocimiento de la cuota parte correspondiente.
En este sentido, no puede existir una afectación de la sostenibilidad financiera del
sistema, sobre todo cuando se trata de una norma cuyo origen subyace en la
atribución reconocida al legislador en el artículo 216 de la Constitución Política,
conforme al cual: “la ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del
servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo”47 y en el principio de
solidaridad que rige el derecho a la seguridad social (CP art. 48), como se explicó en
42 Sentencia T-063 de 2013.
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de marzo de 2007, radicado 52001 23
31 000 2001 01684 01 (2385-2004), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
44 Acápite 4.7 de esta providencia.
45 Sentencia T-275 de 2010.
46 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 24 de julio de 2002.
47 Subrayado por fuera del texto original.
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Radicado: 85001 23 33 000 2015 00022 01 (4995-2015)
Demandante: Humberto Salamanca González
el apartado 4.6.6 de esta providencia.
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, la Sala Tercera de Revisión concluye
que todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio y sea
beneficiario de un régimen pensional que se fundamenta en los aportes
efectivamente realizados al sistema, tiene derecho a que la entidad encargada
de reconocerle la pensión de vejez, le compute el tiempo durante el cual prestó
dicho servicio como semanas efectivamente cotizadas al sistema. Dicha entidad
deberá, en cada caso concreto, solicitar a la Nación (ya sea a través del Ministerio de
Defensa Nacional o de Hacienda y Crédito Público) la cuota parte correspondiente al
tiempo de prestación del servicio, con base en el salario mínimo legal mensual
vigente, pues –como lo ha sostenido el Consejo de Estado– pese a no haber aún
reglamentación sobre el asunto en particular, el artículo 18 de la Ley 100 de 1993
determina que en ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al monto del
salario mínimo legal mensual vigente48. [Resalta la Sala].
Sobre el particular, esta Sección en Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-010-2018
SUJ-010-S2, precisó que49 «dentro de los derechos que se distinguen para aquellas
personas que hubieren cumplido con la obligación constitucional, se encuentra que
el tiempo de servicio les será computado para efectos de cesantía y pensión (art.
40), es decir, que ese tiempo tiene incidencia en la consolidación del derecho
pensional en las entidades del Estado de cualquier orden50».
Como corolario se tiene que tanto la Corte Constitucional51 como el Consejo de
Estado,52 en asuntos contornos similares al que ahora es objeto de estudio, han
aceptado que el tiempo de prestación del servicio militar se computa para efectos
del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, no solo cuando el beneficiario
es sujeto del régimen de transición sino cuando se trata de regímenes especiales
que se rigen por el principio de cotización efectiva.
En efecto, el literal a) del artículo 40 de la Ley 48 de 1993 «se refiere de modo
genérico a “todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio”, de
donde se infiere que la efectividad del beneficio opera de manera automática una
48 Ibídem.
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-010-2018 SUJ-010-S2 del 12 de
abril de 2018, radicado 81001 23 33 000 2014 00012 01 (1321-15), M.P. William Hernández Gómez.
50 Sobre los efectos en materia de pensión, cesantías y prima de antigüedad del tiempo de servicio militar se
puede consultar: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto con radicación 1144 del 16 de
septiembre de 1998.Así mismo, concepto con radicación 11001-03-06-000-2001-01397-00(1397) del 24 de julio
de 2002.
51 Sentencia T-181 de 2011.
52 Ver, entre otros, sentencia del 31 de mayo de 2007, expediente 8959-05 M.P. Bertha Lucía Ramírez de Paez;
sentencia del 21 de noviembre de 2013, radicado 68001 23 31 000 2009 00307 01(2056-2013), M.P. Alfonso
Vargas Rincón; y sentencia del 12 de mayo de 2014, radicado 88001 23 31 000 2011 00057 01 (2700-12), M.P.
Luis Rafael Vergara Quintero.
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vez se haga valer para el reconocimiento de derechos pensionales».53 Asimismo la
Subsección B de esta Sección ha sostenido que «no es proporcional, en un Estado
Social de Derecho como el nuestro, que las autoridades judiciales desconozcan los
derechos de aquellos quienes, en cumplimiento de un deber legal y constitucional
arriesgan su vida por servir a la patria».54 Esta postura ha sido expuesta por la Sala
de Consulta y Servicio Civil desde el 24 de julio de 2002.55
Por lo anterior, resulta indiscutible su cómputo a efectos de acreditar el requisito de
tiempo de servicios que exige el régimen especial de alto riesgo para los servidores
del DAS, tal y como lo concluyó esta Sección en sentencia del 15 de marzo de
2007,56 al señalar lo siguiente:
De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso el demandante prestó sus servicios al
DAS en el cargo de Detective desde el 27 de marzo de 1981 hasta el 17 de febrero de
1999 para un tiempo total de servicio de 17 años, 11 meses y 23 días por lo que, en
principio, no reúne el requisito de tiempo de servicio que exige el artículo 1 del Decreto
1047 de 1978.
Como el demandante solicitó completar los 20 años de servicio que consagra la ley
incluyendo el tiempo durante el cual prestó el servicio militar obligatorio se acudirá a lo
preceptuado en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993 que prescribe:
“Todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio tendrá los
siguientes derechos:
a) En las entidades del Estado de cualquier orden le será computado para efectos
de cesantía, pensión de jubilación de vejez y prima de antigüedad en los términos
de la ley.
….”.
De lo anterior se concluye que el actor es beneficiario del régimen especial pues la
suma de los tiempos prestados como Detective en el DAS, 17 años, 11 meses y 23
días, y el del servicio militar arroja un total de 20 años, 1 mes y 4 días de servicio,
reuniendo así el requisito exigido por el artículo 1 del Decreto 1047 de 1978 (fls. 50
y 51). [Resalta la Sala].
En igual sentido lo dispuso esta Subsección en sentencia del 7 de noviembre de
2019 al señalar que «el periodo en el que […] prestó el servicio militar obligatorio
53 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicado 1557, C.P. Gloria Duque Hernández.
54 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de febrero de 2011, radicado 11001 03
15 000 2010 01270 00, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
55 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 24 de julio de 2002, radicado 11001-03-
06-000-2001-01397-00(1397), M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.
56 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de marzo de 2007, radicado 52001 23
31 000 2001 01684 01 (2385-2004), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
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era computable con el que trabajó en el DAS, de modo que los dos se podían
computar para cumplir con el requisito de tiempo necesario para acceder a la
pensión de vejez».57
Sin embargo, el señor Salamanca González no es beneficiario del derecho
pensional reclamado por virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1047 de
1978, porque no acreditó 20 años de servicio. Empero, en relación con lo previsto
en el artículo 2, se advierte que no demostró que hubiere aprobado el curso de
dactiloscopista ni que se encontrara vinculado a la entidad al cumplir los 50 años de
edad, esto es, el 26 de abril de 2010, tal y como lo exige la literalidad de la norma,
en atención a que nació el 26 de abril de 1960 y se retiró del DAS el 8 de febrero de
2001. No obstante, sobre el particular, la Sala realizará las siguientes precisiones:
2.4.1. Sobre el curso de formación en dactiloscopia
El artículo 12 del Decreto 1550 de 197858 señala que «Los alumnos de los cursos
intensivos de instrucción y formación profesional para detectives investigadores,
detectives dactiloscopistas y detectives de seguridad rural, tanto los becarios como
los que reciben asignación proporcional, que hayan aprobado todas las materias
de los respectivos planes de estudio y reciban la certificación
correspondiente, serán nombrados en cargos de detectives investigadores II,
detectives dactiloscopistas II o detectives de seguridad rural II. Tales
funcionarios prestarán servicios en los lugares que se les señale» [Resalta la
Sala].
A su vez, el literal c) del artículo 15 ibidem establece que «para ser promovido al
cargo inmediatamente superior», las personas que desempeñen empleos de
detective investigador, detective dactiloscopista o detective de seguridad rural, en
cualquiera de sus categorías, «deberán, acreditar, entre otros, el requisito de asistir
cumplidamente al curso de capacitación y aprobar todas las materias teóricas y
57 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicado 11001
03 25 000 2016 00681 00(2861-2016), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
58 «Por el cual se fija el régimen de clasificación correspondiente a los cargos de detective del Departamento
Administrativo de Seguridad, se establecen requisitos para el ingreso y promoción de sus titulares, y se dictan
otras disposiciones»
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Radicado: 85001 23 33 000 2015 00022 01 (4995-2015)
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prácticas del mismo».
Finalmente, el Decreto 2147 de 198959 en su artículo 50 señala que «el ingreso al
servicio se hará mediante nombramiento en período de prueba para el grado inferior
de detective agente, entre quienes hayan adelantado y aprobado los cursos de
formación y especialización en la Academia de Inteligencia y Seguridad
Pública o en las escuelas regionales, y obtenido evaluación favorable del
Comité Interdisciplinario del respectivo centro docente». A su vez, el parágrafo
de esta norma previó que «los alumnos de Academia que no aprueben los cursos
de formación y especialización para ingreso u obtengan evaluación desfavorable,
serán retirados de la institución mediante resolución expedida por el Jefe del
Departamento».
La normativa expuesta, permite inferir que si el demandante ingresó al DAS como
detective rural alumno y permaneció en la institución e incluso fue promovido en los
cargos de detective agente y profesional en sus diferentes códigos y grados, es
porque aprobó el curso exigido en el Decreto 1047 de 1978, por lo que se entenderá
acreditado este requisito.60
2.4.2. Sobre el requisito de edad previsto en el artículo 2 analizado
Tal y como se expuso en líneas anteriores, bajo el supuesto del artículo 2 del
59 «Por el cual se expide el régimen de carrera de los empleados del Departamento Administrativo de
Seguridad».
60 La parte inicial del inciso segundo del artículo 10 del Decreto 1933 de 1989, se refiere a una clase de
detectives (agente, profesional y especializado) según la labor especial que ejecutan; sin embargo, al final
dispone igual derecho para los detectives (en sus distintos grados y denominaciones), sin precisar otra clase de
función, pero indiscutiblemente se refiere a otra clase de detectives diferentes a los primeros, es decir, aquellos
que dentro de la entidad se dedican a la función específica de su empleo. Este personal también está sometido
a situaciones de alto riesgo y por lo tanto fue tenido en cuenta por el legislador de manera privilegiada en el
ámbito pensional.
En tal sentido, si el Decreto 1953 de 1989 precisó que las previsiones del Decreto 1047 de 1978 se aplican i)
los empleados que cumplan funciones de dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o
especializado y ii) al personal de detectives en sus distintos grados y denominaciones -entendidos estos últimos,
según la Subsección, «a otra clase de detectives diferentes a los primeros» (Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de noviembre de 2013, radicado 68001 23 31 000 2009 00307 01
(2056-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón)
En ese orden, resulta claro que el requisito del artículo 2 del Decreto 1047 de 1978, consistente en haber
aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior, debe interpretarse, para el primer grupo, «especialización
de dactilocopista» y, para el segundo, «instrucción para detectives», según sus especialidades, en los términos
de los Decretos 1550 de 1978 y 2193 de 1989.
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Decreto 1047 de 1978, el interesado deberá acreditar 50 años de edad «siempre
que para esta época fueren funcionarios de ese Departamento», esto es, al servicio
del DAS; sin embargo, el señor Salamanca González alcanzó la edad cuando su
relación con la entidad había fenecido.
No obstante lo anterior, para la Sala la interpretación que corresponde otorgar a
esta disposición, en el caso concreto, es que no es necesario el cumplimiento de
los 50 años de edad en vigencia del vínculo legal y reglamentario, cuando el
interesado ya había acumulado el tiempo de servicio indispensable para estructurar
la prestación, aunque la edad sí sea una condición para otorgar el derecho, de
manera que la adquisición del estatus jurídico de pensionado ocurrirá cuando se
alcance ese momento.
Así las cosas, se considera que para resolver el asunto sub examine, corresponde
desatender el aparte del artículo 2 del Decreto 1047 de 1978 aludido por vía de la
figura de la excepción de inconstitucionalidad en virtud de la cual el operador
inaplica un enunciado normativo manifiestamente contrario a los principios,
garantías y derechos superiores de la Constitución Política, por desconocerlos o
contrariarlos.
Lo anterior, en atención a que en el presente asunto, la Sala encuentra que la
exigencia de cumplir 50 años de edad a fin de consolidar una pensión de vejez, pero
que además esto ocurra en la época de vinculación oficial con la entidad, resulta
violatorio del derecho a la igualdad y desproporcionado frente a la situación de
quienes logran acreditar 20 años de labor, pues a estos últimos no se les exige la
permanencia en el servicio estatal, con lo que, además, se vulnera el principio de
favorabilidad de quienes acreditan el cumplimiento de los requisitos de tiempo de
servicio y edad necesarios para ser titular de una pensión especial de jubilación.
Por otra parte, resulta de mayor importancia destacar que si el artículo 2 del Decreto
1047 de 1978 pretendía generar algún beneficio o flexibilizar los requisitos para
quienes hayan acumulado un tiempo considerable de servicio, implica entender que
exigirle a estos servidores que permanezcan hasta los 50 años al servicio del DAS
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Demandante: Humberto Salamanca González
no resultaría acorde con la finalidad de la norma, si se tiene en cuenta que se debían
vincular entre los 20 y 26 años de edad, según lo dispuesto en el Decreto 1550 de
1978.
Esto es así, por cuanto si un detective ingresa en la edad máxima posible (26 años),
al alcanzar el tiempo de servicio (18 años) cumpliría apenas 44 de edad, por lo que
no colmaría el requisito de permanecer hasta los 50 años en vigencia del vínculo
legal y reglamentario con el DAS, como lo establece la norma, lo que se traduciría
en que dicha disposición carecería de un efecto útil, ya que ningún servidor lograría
acreditar esos supuestos y a la postre correspondería una carga mayor y de
imposible cumplimiento.
En consecuencia, si el propósito de la norma era disminuir la rigurosidad de los
preceptos que le permitían alcanzar el estatus de pensionado, imponer
condicionamientos que superen tal propósito haría inane el fin pretendido y
conllevaría a dar un tratamiento desigual entre detectives con una expectativa
similar ante la ley.
Por lo expuesto, y en atención a que el señor Humberto Salamanca González
i) estaba vinculado al DAS con anterioridad al 3 de agosto de 1994, ii) a la fecha de
entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003 había cotizado 890 semanas;61
iii) acreditó más de 18 años de servicio, 17 de los cuales en calidad de detective,
sumado a uno más de servicio militar obligatorio; y iv) el 26 de abril de 2010, cumplió
los 50 años de edad; la Sala concluye que es beneficiario del régimen especial del
DAS previsto en el artículo 2 del Decreto 1047 de 1987, por virtud de lo dispuesto en
los artículos 2, parágrafo 5 de la Ley 860 de 2003, 4 del Decreto 1835 de 1994 y 10
del Decreto 1933 de 1989.
2.4.3. Sobre la liquidación de la pensión
De conformidad con lo expuesto en el marco normativo de esta decisión, en reciente
61 Si se tiene en cuenta que ingresó al DAS el 18 de octubre de 1983 y se desvinculó el 8 de febrero de 2001.
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Demandante: Humberto Salamanca González
sentencia de unificación62 la Sección Segunda de esta Corporación, fijó las
siguientes reglas para liquidar las pensiones de los beneficiarios del régimen
especial del DAS que se consolidaron en vigencia de la Ley 100 de 1993: i) el período
para calcular el ingreso base de liquidación es el indicado por los artículos 21 y 36
de la Ley 100 de 1993, es decir, los últimos 10 años de servicios o el tiempo que le
hiciere falta para adquirir el derecho; y ii) los factores salariales que se deben tener
en cuenta son los devengados por el servidor que, de acuerdo con el Decreto 1158
de 1994 y el artículo 2 de la Ley 860 de 2003, constituyen la base de cotización para
pensión.
Así las cosas, la prestación que por virtud de esta decisión se reconoce, deberá
liquidarse con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años, anteriores a la
fecha de retiro, toda vez que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el
demandante contaba con 33 años, 11 meses y 6 días de edad.
Asimismo, en cuanto a los factores salariales que deben tenerse en cuenta, estos
corresponden a los previstos en el Decreto 1158 de 1994 y a la prima de riesgo en
los porcentajes señalados por el artículo 2 de la Ley 860 de 2003. De manera que
de aquellos que el demandante percibió solo tiene derecho a que sean incluidos en
el IBL, la asignación básica y la bonificación por servicios prestados. No se incluirá
la prima de riesgo toda vez que esta constituye factor salarial a partir de la Ley 860
de 2003 y el demandante se retiró en el año 2001.
Finalmente, se advierte que el demandante adquirió el derecho a percibir la pensión
el 26 de abril de 2010, fecha en la cual adquirió el respectivo estatus jurídico por
cumplir la edad exigida en la ley, no obstante, aquel presentó la reclamación
administrativa ante la UGPP el 2 de julio de 2014, y la demanda la promovió el 22 de
enero de 2015,63 por lo que se encuentran prescritas las mesadas causadas con
anterioridad al 2 de julio de 2011; ello por haber dejado transcurrir más de 3 años
desde la fecha de estructuración de la prestación y la petición correspondiente en
vía administrativa.
62 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia SUJ-028-CE-SE-2022 del 28 de julio de 2022, radicado 25000
23 42 000 2013 02380 01 (2656-2014).
63 Folio 26.
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Demandante: Humberto Salamanca González
2.4.4. Sobre la entidad encargada del reconocimiento pensional
La Sala advierte que mediante el auto Auto ADP 010074 del 10 de octubre de 2012,
la UGPP se negó a pronunciarse sobre la petición de reconocimiento pensional con
fundamento en la falta de competencia para estudiar la situación pensional del
demandante, por considerar que correspondía a la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones) al haber cotizado allí en los últimos años. Razón por la
cual se pasará a verificar cuál es la entidad encargada del reconocimiento
pensional.
En el material probatorio allegado, se encuentra que en los certificados de factores
devengados mes a mes entre 1994 y 2001 se indicó que el DAS «envió cotización a
cargo del patrono correspondiente al 8.5 % por actividad de alto riesgo a la Caja de
Previsión Social».64 Además, en el Formato 1 Certificado de Información Laboral
expedido el 13 de junio de 2014, el subdirector de Talento Humano de la entidad
certificó que entre el 18 de octubre de 1983 y el 7 de febrero de 2001, se realizaron
cotizaciones a Cajanal.65
Lo anterior se corrobora con el reporte de semanas cotizadas en Colpensiones que
indica que el demandante realizó aportes «como trabajador independiente» entre
el 1.º de mayo de 2003 y el 31 de marzo de 2011, lo que coincide con los
argumentos expuestos por la UGPP en el acto demandado.
Ahora bien, las siguientes son las reglas generales de competencia en cabeza de la
UGPP y de Colpensiones para el reconocimiento de pensiones, en los términos
definidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil66 y tal y como lo ha acogido esta
Subsección:67
64 Folios 87 a 94.
65 Folio 57.
66 Se extrae, además, de la siguiente decisión en un conflicto de competencias: Consejo de Estado, Sala de
Consulta y Servicio Civil, del 17 de febrero de 2021. Exp. 11001-03-06-000-2020-00244-00(C)
67 Ver, entre otros, sentencia del 30 de junio de 2022, radicado 25000 23 42 000 2017 04907 01 (3140-2020),
M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Demandante: Humberto Salamanca González
i) Compete a la UGPP el reconocimiento de las pensiones de aquellas personas que antes
del 12 de julio de 200968 adquirieron el derecho a la pensión, es decir, cumplieron los
requisitos de edad y número de semanas cotizadas o tiempo de servicios exigidos,
siempre y cuando estuvieran afiliadas en ese momento a Cajanal.
ii) Es competencia también de la UGPP el reconocimiento de las pensiones de aquellas
personas que, estando afiliadas a Cajanal o a otras cajas, fondos o entidades públicas
autorizadas por el artículo 52 de la Ley 100 de 1993 para administrar pensiones en el
régimen de prima media, cumplieron el requisito de tiempo de servicios o número de
semanas cotizadas exigido por la ley, y se retiraron o desafiliaron del régimen de prima
media con prestación definida antes de la cesación de actividades de la respectiva caja,
fondo o entidad, para esperar el cumplimiento de la edad.
iii) En los demás casos, el reconocimiento y pago de las pensiones en el régimen de
prima media con prestación definida compete a Colpensiones, como administradora
general de dicho régimen en la actualidad .
En tal sentido, se observa que la historia laboral del señor Salamanca González se
encuentra enmarcada dentro de uno de los presupuestos analizados que le atribuyen
la competencia a la UGPP para reconocer su pensión, dadas las siguientes
consideraciones:
i) Adquirió el estatus pensional el 26 de abril de 2010, fecha en la cual cumplió los 55
años de edad que exige el artículo 2 del Decreto 1047 de 1978.
ii) Los 18 años de servicio los acreditó desde el 8 de febrero de 2001, fecha en la cual
se retiró del DAS. Sin embargo, para esta data restaba acreditar el cumplimiento del
requisito de la edad. Entre los años 2003 y 2011 realizó cotizaciones como
independiente en Colpensiones hasta completar 149.43 semanas.
De lo expuesto se advierte que si bien el señor Salamanca González se afilió a
Colpensiones, lo hizo con el propósito de esperar el cumplimiento del requisito de la
edad y no con el de mejorar las condiciones de su prestación, pues en 8 años apenas
acreditó las 149.43 semanas referidas. De esta manera, se puede afirmar que se retiró
de la UGPP cuando ya tenía acreditados los requisitos de tiempo de servicios y restaba
alcanzar la edad exigida en el régimen pensional especial deprecado, lo que en virtud
de las reglas aludidas permite atribuir la competencia a la demandada.
68 Fecha en la cual se realizó el traslado masivo de afiliados de Cajanal en Liquidación al ISS, de acuerdo
con lo preceptuado por el artículo 4º del Decreto 2196 de 2009.
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Demandante: Humberto Salamanca González
Aunado a lo anterior, resulta evidente que las semanas cotizadas ante Colpensiones,
no tienen incidencia en el reconocimiento que se realiza a través de esta decisión,
pues ese tiempo no puede ser computado para otorgar la pensión reclamada.
Además, los recursos para el pago de la pensión, independientemente de la entidad
competente para su reconocimiento, provienen del llamado fondo común de
naturaleza pública para asegurar el pago de las prestaciones derivadas del Régimen
de Prima Media establecido en el artículo 32 de la Ley 100 de 1993; garantía a favor
tanto de Colpensiones como de la UGPP, de que existen los recursos para su pago;
sumado a que fue a esta última a la que se realizaron las cotizaciones que originan el
derecho que ahora se otorga.
Por lo tanto, y en atención al imperativo tendiente a asegurar la efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política y la Ley y la preservación del orden
jurídico, lo cual debe extenderse al señor Salamanca González, quien no puede verse
perjudicado por las diferencias administrativas que se presentan entre las entidades
potencialmente obligadas a garantizar sus derechos prestacionales, aunado a que la
demandada cuenta con los recursos para financiar la prestación, la Sala considera
que sí corresponde a la UGPP reconocer la pensión que se depreca.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,69 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
69 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
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proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso,70 la Sala se abstendrá de condenar en
costas de segunda instancia en atención a que la decisión obedece a un cambio
jurisprudencial que se produjo en el trámite del proceso.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, y en el acervo probatorio,
la Sala considera que el demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión
de jubilación del régimen especial de los servidores del DAS de que trata el artículo
2 del Decreto 1047 de 1978, toda vez que acreditó el cumplimiento de los requisitos
de tiempo de servicio y edad allí contenidos.
Por lo tanto, se impone revocar la sentencia apelada y, en su lugar, declarar la
nulidad de los actos demandados. A título de restablecimiento de derecho se
ordenará a la UGPP que reconozca la prestación en cuantía del 75 % del promedio
de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicios, de acuerdo con el artículo
21 de la Ley 100 de 1993 ibidem, a partir del 26 de abril de 2010, con la inclusión
de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, con los reajustes
70 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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legales correspondientes. Sin embargo, se declararán prescritas las mesadas
anteriores al 2 de julio de 2011.
Las sumas que resulten a favor del demandante deberán actualizarse por razones
de equidad, tal como lo ha sostenido esta Corporación, en los términos del artículo
187 del CPACA, en aplicación de la siguiente fórmula:
R = Rh Índice Final
Índice Inicial
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante desde la fecha en que adquirió
el derecho, hasta la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el número que
resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE,
vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial, vigente para
la fecha en que debió hacerse el pago, según se dispuso en la parte motiva de este
proveído.
La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en el término de treinta
(30) días contados desde la fecha de su comunicación (artículo 192 CPACA). De no
hacerse así, las sumas reconocidas en favor del demandante, devengarán intereses
moratorios, los que serán reconocidos en la forma señalada en el inciso 3.º del
artículo 192 en mención y el numeral 4.º del artículo 195 del CPACA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 29 de octubre de 2015, por el Tribunal
Administrativo de Casanare, que denegó las pretensiones de la demanda, en el
proceso promovido por el señor Humberto Salamanca González, contra la Unidad
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Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP). En su lugar se dispone:
Segundo. Inaplicar por vía de excepción de inconstitucionalidad la expresión
«siempre que para esta época fueren funcionarios de ese Departamento»,
contenida en el artículo 2 del Decreto 1047 de 1978, por las razones expuestas en
esta decisión.
Tercero. Declarar la nulidad del Auto ADP 010074 del 10 de octubre de 2012 y del
acto ficto o presunto que se configuró por la falta de respuesta a la petición
presentada el 2 de julio de 2014, mediante los cuales la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP) declaró la falta de competencia sobre el derecho deprecado y negó
la pensión de jubilación reclamada por el señor Humberto Salamanca González.
Cuarto. Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a título de
restablecimiento del derecho, a reconocer la pensión de jubilación del señor
Humberto Salamanca González, a partir del 26 de abril de 2010, teniendo en cuenta
el 75 % del promedio de lo cotizado en los 10 años anteriores a su retiro definitivo
del servicio, con la inclusión de la asignación básica y la bonificación por servicios
prestados.
Quinto. Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a título de
restablecimiento del derecho, a pagar al señor Humberto Salamanca González el
retroactivo que surja como consecuencia de la liquidación dispuesta en el ordinal
anterior, en forma indexada, desde el 2 de julio de 2011, por prescripción trienal.
Sexto. Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a ajustar las sumas a
reconocer, aplicando la fórmula señalada en la parte considerativa de esta
sentencia.
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Demandante: Humberto Salamanca González
Séptimo. Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) a dar cumplimiento a la
presente sentencia, en los términos previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de
2011.
Octavo. Negar las demás pretensiones de la demanda.
Noveno. Sin costas en esta instancia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
(SLVA)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
32
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