Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00890-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00890-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00890-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00890-01 (4849-2023)
Demandante: Edward Barajas Méndez
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Tema: pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo. Subtema 1: detective
del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Subtema 2: tiempo de servicio.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 1° de junio de 2023, que accedió a
las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El actor, quien prestó sus servicios en el Departamento Administrativo de Seguridad
como detective, solicita el reconocimiento de su pensión de vejez por actividad de alto
riesgo. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el
reconocimiento de la pensión. Inconforme con esta decisión, Colpensiones apela
porque, a su juicio, el demandante no acreditó las 500 semanas de cotización
requeridas por la transición regulada en el parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 860 de
2003.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1. Edward Barajas Méndez, a través de apoderado, presentó demanda el 12 de
agosto de 2020, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante
Colpensiones), con las siguientes pretensiones:
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00890-01 (4849-2023)
Demandante: Edward Barajas Méndez
Demandado: Colpensiones
2. Declarar la nulidad de la Resolución GNR 57124 del 23 de febrero de 2016, que
le negó el reconocimiento de una pensión de vejez por actividad de alto riesgo con el
régimen del DAS.
3. Declarar la nulidad de la Resolución GNR 164124 del 2 de junio de 2016, que
confirmó la Resolución GNR 57124 del 23 de febrero de 2016, al resolver un recurso
de apelación.
4. Declarar la nulidad de la Resolución SUB 37106 del 13 de febrero de 2019, que
negó el reconocimiento de una pensión de vejez por actividad de alto riesgo.
5. Declarar la nulidad de la Resolución DPE 8411 del 23 de agosto de 2019, que
confirmó la Resolución SUB37106 del 13 de febrero de 2019.
6. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene el reconocimiento
de una pensión de vejez por actividad de alto riesgo, desde el 1° de agosto de 2019,
regulada en los decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989 y 1835 de 1994. De forma
subsidiaria, pidió el reconocimiento de la pensión regulada en el artículo 2 del
parágrafo 5 de la Ley 860 de 2003.
7. Además, solicitó que la pensión se liquide con el 75 % de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicios, a saber, asignación básica,
bonificación por servicios prestados, prima de riesgo y las doceavas de las primas de
servicios, navidad y vacaciones. Reclamó el pago de las mesadas retroactivas,
debidamente indexadas con el índice de precios al consumidor; el reconocimiento de
intereses moratorios y que la entidad sea condenada en costas1.
2. Hechos
8. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
9. Edward Barajas Méndez nació el 10 de septiembre de 1968, cumplió el tiempo
de servicio militar y prestó sus servicios en el Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) desde el 16 de junio de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2011, en
el cargo de detective, y del 1° de enero de 2012 al 31 de julio de 2019 en la Fiscalía
General de la Nación. Para diciembre de 2003 tenía 592 semanas especiales de
cotización, 849 con corte al 31 de julio de 2019 y en total 1.441.
10. El DAS se liquidó y el actor fue incorporado sin solución de continuidad en la
Fiscalía General de la Nación, a partir del 1° de enero de 2012, para desempeñar las
1 Samai, índice 2, expediente digital, ED_EXPEDIENTE_25000234200020200089(.rar) NroActua 2, Carpeta
documentales, Doc. 04.
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Demandante: Edward Barajas Méndez
Demandado: Colpensiones
mismas funciones de Policía Judicial, por consiguiente, continuó ejerciendo
actividades de alto riesgo.
11. En consecuencia, el actor prestó sus servicios por un tiempo total de 26 años y
es beneficiario de la transición regulada en el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, que
remite a los decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.
12. El 26 de diciembre de 2014, el actor solicitó el reconocimiento de la pensión de
vejez por alto riesgo, que fue negada por Colpensiones.
3. Normas violadas y concepto de violación
13. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 13, 23, 25, 48, 53 y 58.
De la Ley 100 de 1993, los artículos 36, 140 y 288.
Decreto 1158 de 1994.
Del Decreto 1835 de 1994, los artículos 2, 4 y 12.
Del Decreto 2646 de 1994, los artículos 1 y 2.
Del Decreto 2527 de 2000, el artículo 4.
Ley 860 de 2003.
Decreto 2090 de 2003.
Las leyes 57 y 153 de 1887.
14. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que es
beneficiario del régimen de transición del Decreto 1835 de 1994, puesto que ingresó
al servicio del DAS antes del 3 de agosto de 1994 y ejerció funciones de Policía Judicial
en el DAS y en la Fiscalía General de la Nación. Por lo tanto, cumplió con todos los
requisitos exigidos en el Decreto 1047 de 1978 para el reconocimiento de la pensión
por haber ejercido una actividad de alto riesgo.
15. Por otra parte, el actor señaló que igualmente acredita los requisitos exigidos
por la Ley 860 de 2003 para el reconocimiento pensional, toda vez que ingresó al
servicio el 16 de junio de 1993, es decir, antes del 3 de agosto de 1994 y cotizó 592
semanas especiales para el mes de diciembre de 2003, cuando entró en vigencia la
referida ley.
4. Contestación de la demanda
16. Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda, porque al aplicar la
Ley 860 de 2003 al actor, por tener la edad de 52 años de edad, debería acreditar 1480
semanas cotizadas al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, no
obstante, solamente tenía 1381 semanas. Además, afirmó que el accionante solo tiene
490 semanas cotizadas entre el 15 de junio de 1994 y el 26 de diciembre de 2003, por
3
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Demandado: Colpensiones
lo tanto, no cumple con el mínimo de semanas previsto en la Ley 860 de 2003, por lo
cual no tiene derecho al reconocimiento de la pensión regulada en el Decreto 1047 de
1978.
17. Sostuvo que el tiempo en que el accionante fue alumno de academia desde el
16 de junio de 1993 al 14 de junio de 1994 no se puede sumar para efectos
pensionales, por ello, solamente tiene 1381 semanas. Adicionalmente, el actor fue
incorporado sin solución de continuidad a la Fiscalía General de la Nación desde el 1°
de enero de 2012; sin embargo, dichos tiempos de servicios no pueden homologarse,
acorde con el concepto BZ_2016_12472081 del 15 de diciembre de 2016, el cual
señaló que «la pensión especial de vejez prevista para los ex trabajadores del DAS
perdió vigencia con la liquidación de dicha entidad, no siendo posible acumular las
cotizaciones especiales u ordinarias efectuadas en alguna de las entidades
receptoras».
18. Por último, afirmó que no es posible acceder al derecho solicitado bajo la Ley
797 de 2003, ya que el accionante no cumple con los requisitos obligatorios para
pensionarse, los cuales son tener 62 años de edad y haber cotizado 1300 semanas2.
5. Sentencia de primera instancia
19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
declaró la nulidad de las resoluciones demandadas y a título de restablecimiento
ordenó el reconocimiento de la pensión de vejez bajo el régimen especial por actividad
de alto riesgo, regulada en «los Decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989 y 1835 de 1994,
por ser beneficiario del régimen de transición previsto en el parágrafo 5º del artículo 2º
de la Ley 860 de 2003, a partir del 01 de agosto de 2019 (fecha del retiro del servicio)».
20. Dispuso que el monto de la pensión sería liquidado «teniendo en cuenta el 75%
del promedio de los salarios cotizados durante los 10 últimos años de servicios de
conformidad con lo previsto en artículo 21 de la Ley 100 de 1993, y con inclusión de
los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, esto es, asignación básica,
bonificación por servicios prestados y la prima de riesgo, esta última en los porcentajes
señalados por el parágrafo 4.° del artículo 2 de la Ley 860 de 2003». Igualmente,
dispuso que la condena debía actualizarse en los términos del artículo 187 del CPACA,
negó las demás pretensiones de la demanda y no condenó en costas.
21. Como fundamento de la decisión, el Tribunal consideró que el accionante prestó
servicio militar desde el 8 de enero hasta el 30 de diciembre de 1989, es decir, por 11
meses y 12 días; del 16 de junio de 1993 al 31 de diciembre de 2011, como alumno
de academia y detective. Posteriormente, fue incorporado a la Fiscalía General de la
2 Samai, índice 2, expediente digital, ED_EXPEDIENTE_25000234200020200089(.rar) NroActua 2, docs. 19 y 20.
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Demandante: Edward Barajas Méndez
Demandado: Colpensiones
Nación, en el cargo de técnico investigador II, del 1° de enero de 2012 al 1° de agosto
de 2019, por un tiempo de 7 años y 7 meses.
22. Ahora bien, consideró que el servidor debía demostrar 500 semanas de
cotización en esas mismas actividades antes del 26 de diciembre de 2003, fecha en
que empezó a regir la referida ley, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 5.º del
mismo artículo.
23. Explicó que sí procedía tener en cuenta las cotizaciones realizadas como
«alumno Academia Grado 03, Alumno de Academia 326-03, Detective Agente 208-06,
Detective 208-07, Detective Profesional 207-09 y Detective Profesional 207-10»,
puesto que son actividades de alto riesgo, de conformidad con el artículo 1º del Decreto
2646 de 1994.
24. En este orden de ideas, el fallo determinó que el actor era beneficiario de la
transición regulada en la Ley 860 de 2003, comoquiera que tenía 500 semanas de
cotizaciones especiales antes de la fecha de entrada en vigencia de la referida ley.
25. En lo que respecta al tiempo como alumno, el Tribunal afirmó que sí podía
computarse, porque el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994 protegió las condiciones
pensionales de los funcionarios del DAS vinculados antes de su vigencia que
desempeñaran actividades de alto riesgo, entre ellos, los detectives en todas sus
modalidades. En criterio del Tribunal, la norma no excluyó a quienes estuvieran en
etapa de formación o instrucción como detectives, por lo que no existía fundamento
legal ni jurisprudencial para descontar esos períodos.
26. Al concluir que el demandante cumplió con los requisitos del régimen de
transición de la Ley 860 de 2003, el Tribunal se remitió al Decreto 1047 de 1978, que
regulaba la pensión especial para los detectives del DAS y determinó que el actor
prestó sus servicios en el DAS, desde el 16 de junio de 1993 al 31 de diciembre de
2011 (18 años, 5 meses y 15 días). Luego fue incorporado a la Fiscalía General de la
Nación del 1° de enero de 2012 al 1° de agosto de 2019 (7 años y 7 meses). Por
consiguiente, el demandante sí acreditó el tiempo de 20 años de servicios, exigido por
el referido Decreto 1047 de 1978, y tiene derecho al reconocimiento de la pensión del
régimen especial del DAS.
27. No impuso condena en costas, porque el Tribunal accedió a las pretensiones
parcialmente3.
3 Samai, índice 2, expediente digital, ED_EXPEDIENTE_25000234200020200089(.rar) NroActua 2, doc. 41.
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Demandante: Edward Barajas Méndez
Demandado: Colpensiones
6. Recurso de apelación
28. Colpensiones interpuso apelación contra la sentencia de primera instancia, con
fundamento en los siguientes argumentos:
29. La Ley 860 de 2003, en el artículo 2, parágrafo 5, previó un régimen de transición
para que los afiliados pudieran beneficiarse de las normas anteriores, contenidas en
los decretos 1835 de 1994 y 1047 de 1978. El requisito consiste en que el interesado
debe acreditar 500 semanas cotizadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 860
de 2003.
30. Sin embargo, en criterio de la entidad, el accionante se vinculó en el cargo de
detective en el DAS con posterioridad al 15 de junio de 1994 y, además, no cumple
con el mínimo de semanas de la transición, para ser beneficiario del Decreto 1047 de
1978, ya que, entre el 15 de junio de 1994 y el 26 de diciembre de 2003, solamente
cuenta con un total de 490 semanas. Adicionalmente, no acreditó los requisitos
previstos por Colpensiones contenidos en la Circular Interna 15 de 2015, referidos a
que debe completar el número de 1480 semanas cotizadas al Sistema General de
Pensiones.
31. La entidad señaló que le informó al actor que su derecho pensional podía
estudiarse conforme a la Ley 100 de 1993, pero que no acreditaba los requisitos para
obtener el reconocimiento pensional4.
7. Trámite procesal en segunda instancia
32. El auto del 12 de octubre de 2023 admitió el recurso de apelación, conforme el
numeral 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y prescindió del término para correr
traslado a las partes5. El Ministerio Público no se pronunció.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
33. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.
2. Problema jurídico
34. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y teniendo
4 Samai, índice 2, expediente digital, ED_EXPEDIENTE_25000234200020200089(.rar) NroActua 2, doc. 44.
5 Samai, índice 6.
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Demandante: Edward Barajas Méndez
Demandado: Colpensiones
en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, según el artículo 3286 del
Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir si:
35. ¿El accionante, quien laboró como detective profesional del DAS, no tiene derecho
al reconocimiento de la pensión regulada en el Decreto 1047 de 1978, porque
presuntamente ejerció el cargo de detective después del 15 de junio de 1994 y no tiene
500 semanas cotizadas del 15 de junio de 1994 al 26 de diciembre de 2003?
36. Para resolver el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: i) régimen
pensional de los detectives del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); ii)
sentencia de unificación del 28 de julio de 20227; iii) hechos probados relevantes; y iv)
caso concreto.
3. Marco normativo y jurisprudencial
3.1. Régimen pensional de los detectives del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS)
37. El régimen especial pensional del DAS está conformado por el Decreto Ley 1047
de 19788, que reguló el derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación, en el
artículo 1, a cualquier edad, los empleados del DAS que hubieran ejercido como
dactiloscopistas por 20 años continuos o discontinuos y que hubieran aprobado el
curso de formación impartido por el instituto de dicho ente.
38. Luego, el Decreto Ley 1933 de 19899 dispuso que los empleados del DAS eran
beneficiarios de las prestaciones sociales señaladas para las entidades públicas del
orden nacional, en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978 y 451 de
1984. Además, en el artículo 10, preservó las condiciones para el reconocimiento de
la pensión especial regulada en el Decreto Ley 1047 de 1978 frente a quienes tenían
funciones de dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o
especializado, y extendió estas prerrogativas a los detectives en sus diferentes grados
y denominaciones.
6 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo tendrá
competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014).
8 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que desempeñen
funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad».
9 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento Administrativo de
Seguridad».
7
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00890-01 (4849-2023)
Demandante: Edward Barajas Méndez
Demandado: Colpensiones
39. Después, el Decreto 1835 de 199410, expedido en desarrollo de la Ley 4 de 1992,
reglamentó las actividades de alto riesgo para servidores públicos y, en su artículo 2.1,
incluyó a los detectives del DAS —en los grados de especializado, profesional y
agente— dentro de ese régimen. Ahora bien, el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994
estableció un régimen de transición para servidores del DAS que, antes de su vigencia,
ejercían actividades de alto riesgo. Les permitió pensionarse con las reglas anteriores
a la Ley 100 de 1993 (decretos 1047/1978 y 1933/1989), en particular, acceder a la
pensión con 20 años de servicio, sin el requisito de edad.
40. Finalmente, la Ley 797 de 200311 facultó al presidente para reformar el régimen de
alto riesgo; con esas facultades se derogó el Decreto 1835 de 1994 y se expidió el
Decreto Ley 2090 de 200312. Este redefinió las actividades de alto riesgo (art. 2),
excluyendo al personal del DAS, y creó un régimen de transición (art. 6) para quienes,
a la fecha de expedición, tuvieran al menos 500 semanas de cotización especial.
3.2. Sentencia de unificación del 28 de julio de 2022, sobre el régimen pensional
de los detectives del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)13
41. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación SUJ-
028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022, analizó el régimen pensional del DAS.
Concluyó que, según el parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 860 de 200314, los
detectives del extinguido DAS, vinculados antes del 3 de agosto de 1994 (entrada en
vigor del Decreto 1835 de 199415), y que a la fecha de vigencia de la referida Ley 860
de 2003 tuvieran cotizadas 500 semanas, tienen derecho al reconocimiento de una
pensión de vejez en las condiciones del régimen de transición del Decreto 1835 de
1994, que remite a los decretos 1047 de 197816 y 1933 de 198917.
42. Respecto a la prima de riesgo computable en el IBL para efectos pensionales de
los exfuncionarios del DAS, la sentencia unificó el criterio, así:
[…] la prima de riesgo del DAS debe integrar el ingreso base de liquidación de las
pensiones del personal de que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, a
partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, hasta que se llevó a cabo la
incorporación del personal del DAS a otras entidades luego de su supresión, de la
siguiente forma:
10 «Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos».
11 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993
y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».
12 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las
condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas
actividades».
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014).
14 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993
y se dictan otras disposiciones».
15 «Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos».
16 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que desempeñan
funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad».
17 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento Administrativo de
Seguridad».
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00890-01 (4849-2023)
Demandante: Edward Barajas Méndez
Demandado: Colpensiones
• En porcentaje del 40%, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre
de 2007.
• En porcentaje del 50%, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de
los servidores del DAS a otras entidades, por disposición del Decreto Ley 4057 de 2011.
43. La regla de unificación sobre el IBL de las pensiones especiales de riesgo del DAS,
consiste en que: «los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS,
cobijados por los regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994,
2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las condiciones
de edad, tiempo de servicios y monto, entendido como el porcentaje o tasa de retorno,
señalados por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, sin embargo, el ingreso
base de liquidación es el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993».
44. La justificación jurídica que sustenta el criterio hermenéutico para aplicar la Ley
100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición en actividades de alto riesgo
es la siguiente:
83. […] con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, en la cual el
Consejo de Estado se alineó con la postura adoptada por la Corte Constitucional
a partir de la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen general de
pensiones […] ha llevado a esta corporación a replantear su posición en cuanto a
la interpretación del ingreso base de liquidación en diferentes regímenes
especiales […].
86. Por esa razón, en esta oportunidad la Sección Segunda ajusta su posición a
la adoptada por la Sala Plena para señalar que, los servidores que desarrollaron
actividades de alto riesgo del DAS, cobijados por los regímenes de transición de
que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003, tienen
derecho a que se respeten las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto,
entendido como el porcentaje o tasa de retorno, señalados por las normas
anteriores, sin embargo, el período para calcular el ingreso base de liquidación es
el previsto por la Ley 100 de 1993.
45. Así pues, la primera regla establece el período para liquidar las pensiones de los
servidores públicos del DAS que ejecutan actividades de alto riesgo y adquieren el
derecho con sujeción a los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003
(edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo), en los siguientes términos:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
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46. La segunda regla indica que «los factores salariales que se deben tener en cuenta
para liquidar las pensiones aquí referidas son los devengados por el servidor que, de
acuerdo con el Decreto 1158 de 1994 y demás normas aplicables, constituyen la base
de cotización para pensión». Para los empleados del DAS de que tratan los artículos
1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en este decreto debe
incluirse para liquidar la pensión desde la vigencia de la Ley 860 de 2003, en los
porcentajes señalados por el parágrafo 4 del artículo 2 de la misma ley, así:
• En el 40%, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2007.
• En el 50%, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los servidores
del DAS a otras entidades, por disposición del Decreto 4057 de 2011.
47. Así las cosas, el IBL para quienes están en la transición especial prevista en los
Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003 está regulado en los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, quienes adquieren el
derecho pensional con los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto del régimen
anterior señalados en los decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.
48. Por último, la providencia indicó que el incumplimiento del empleador en realizar
los aportes sobre los factores salariales exigidos por el Decreto 1158 de 1994 y la Ley
860 de 2003, o la omisión en el traslado de la cotización especial por alto riesgo,
sumados a la inactividad de la entidad de previsión social para su cobro, no son
oponibles al interesado, así:
Si el empleador no cumplió la obligación de realizar los descuentos en el porcentaje a su
cargo y el del empleado destinados a las cotizaciones para el sistema de pensión sobre
los factores devengados que, de conformidad con el Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860
de 2003, debían ser base de cotización o si omitió el traslado de la cotización especial por
alto riesgo, sin que la entidad de previsión social hubiera adelantado las gestiones
pertinentes para su cobro, ello no es oponible al interesado para que la pensión especial
se reconozca y liquide de acuerdo con los parámetros indicados en esta sentencia.
3.3. Hechos probados relevantes
49. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se muestra
a continuación:
50. El señor Edward Barajas Méndez nació el 10 de septiembre de 1968, como consta
en la cédula de ciudadanía18.
51. El actor prestó servicio militar como soldado bachiller entre el 8 de enero de 1989
y el 30 de diciembre de 1989. La entidad responsable de los aportes correspondientes
a dicho período fue el Ministerio de Defensa Nacional19.
18 Samai, índice 2, expediente digital, ED_EXPEDIENTE_25000234200020200089(.rar) NroActua 2, anexo 1, pág.
3.
19 Idem, págs. 6 y 7.
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52. El demandante ingresó al DAS el 16 de junio de 1993, en el cargo de alumno de
academia, grado 03, de la planta administrativa de la Academia Superior de
Inteligencia y Seguridad Pública, curso 078, conforme a la Resolución 1106 de 1993 20.
53. De acuerdo con el certificado expedido en el Formato 1 para bonos pensionales
por el Archivo General de la Nación, el actor registró los siguientes tiempos de servicio
en el DAS: del 16 de junio de 1993 al 14 de junio de 1994, como alumno de academia
326-03, y del 15 de junio de 1994 al 31 de diciembre de 2011, como detective
profesional 207-10, en el DAS en proceso de supresión21.
54. La Subdirección de Talento Humano certificó que el señor Barajas Méndez se
desempeñó en el DAS hasta el 31 de diciembre de 2011, en el cargo de detective
profesional 207-10, dependiente de la Dirección General Operativa. Igualmente, indicó
que no registró suspensiones en el ejercicio del cargo ni licencias sin derecho a
remuneración, y que su tiempo total de servicio en esa entidad fue de 18 años, 6 meses
y 15 días22.
55. La misma certificación señaló que, durante su vinculación con el DAS, el actor
percibió una prima especial de riesgo equivalente al 35 % de la asignación básica
mensual, conforme al Decreto 2646 de 1994. Además, se informó que la entidad
efectuó cotizaciones patronales por actividad de alto riesgo a la Caja Nacional de
Previsión Social, en porcentaje del 8.5 %, desde el 1.º de enero de 1996 hasta el 31
de julio de 2003, según el Decreto 1835 de 1994.
56. En relación con los aportes pensionales, se acreditó que, entre el 16 de junio de
1993 y el 30 de junio de 2009, el DAS realizó aportes a Cajanal, y que, desde el 1.º de
julio de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2011, los efectuó al Instituto de Seguros
Sociales.
57. Con ocasión de la supresión del DAS, el señor Edward Barajas Méndez fue
incorporado a la Fiscalía General de la Nación a partir del 1.º de enero de 2012, donde
se desempeñó como técnico investigador II e investigador criminal II, con funciones de
policía judicial23.
58. La Fiscalía General de la Nación certificó que el demandante estuvo vinculado a
esa entidad desde el 1.º de enero de 2012 hasta el 31 de julio de 2019, y que durante
dicho período realizó los aportes especiales por actividad de alto riesgo24.
59. Mediante la Resolución 985 del 14 de junio de 2019, la Fiscalía General de la
20 Idem, pág. 30.
21 Idem, págs. 15 a 25.
22 Idem, pág. 30.
23 Idem, pág. 33.
24 Idem, pág. 59.
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Nación aceptó la renuncia presentada por el señor Edward Barajas Méndez al cargo
de técnico investigador II, a partir del 1.º de agosto de 201925.
60. El reporte de semanas cotizadas expedido por Colpensiones el 7 de octubre de
2019 registró cotizaciones desde octubre de 1995 hasta agosto de 2019, para un total
de 1389,29 semanas26.
61. El 26 de diciembre de 2014, el actor solicitó ante Colpensiones el reconocimiento
de la pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo27.
62. Colpensiones, mediante la Resolución GNR 57124 del 23 de febrero de 2016,
negó el reconocimiento pensional solicitado. Esta decisión fue confirmada al resolver
el recurso de reposición mediante Resolución GNR 164124 del 2 de junio de 201628.
63. Posteriormente, Colpensiones expidió la Resolución GNR 262621 del 6 de
septiembre de 2016, por medio de la cual negó nuevamente el reconocimiento de la
pensión de vejez29.
64. A través de la Resolución GNR 2462 del 5 de enero de 2017, Colpensiones
rechazó por extemporáneo el recurso de reposición y negó tanto la pensión de vejez
como la pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo30.
65. El 18 de octubre de 2018, el señor Edward Barajas Méndez presentó una nueva
solicitud de reconocimiento de la pensión especial de vejez por actividad de alto
riesgo31.
66. Dicha petición fue resuelta desfavorablemente por Colpensiones mediante la
Resolución SUB 37106 del 13 de febrero de 2019. Esta decisión fue confirmada a
través de la Resolución SUB 118858 del 15 de mayo de 2019 y, posteriormente,
mediante Resolución DPE 8411 del 23 de agosto de 201932.
3.4. Caso concreto
67. El accionante, quien fue detective del DAS, pide el reconocimiento de una
pensión de jubilación especial por alto riesgo, con el régimen del Decreto 1047 de 1978
y solicita que se compute el tiempo en que prestó servicio militar, en el DAS y en la
Fiscalía General de la Nación.
25 Idem, pág. 57.
26 Idem, págs. 97 a 108.
27 Idem, págs. 109 a 110.
28 Idem, págs. 112 a 113.
29 Samai, índice 2, expediente digital, ED_EXPEDIENTE_25000234200020200089(.rar) NroActua 2, anexo 2, págs.
40 a 50.
30 Idem, págs. 68 a 79.
31 Idem, págs. 81 a 93.
32 Idem, págs. 95 a 102. Anexo 3, págs. 5 a 14 y 29 a 41.
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68. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda con fundamento en que
sí acreditó 20 años de servicios en actividades de alto riesgo, incluido el tiempo como
alumno en el DAS y el laborado en la Fiscalía General de la Nación, en el área de
Policía Judicial. Por consiguiente, ordenó el reconocimiento de la pensión de vejez
acorde con el Decreto 1047 de 1978, liquidada con el 75 % de los salarios cotizados
en los últimos 10 años de servicios, efectiva desde el retiro del servicio el 1° de agosto
de 2019.
69. Colpensiones interpuso recurso de apelación para insistir en que el accionante
se vinculó al DAS como detective con posterioridad al 15 de junio de 1994, y por ello,
solamente acreditó 490 semanas cotizadas hasta el 26 de diciembre de 2003, de modo
que no cumple con el requisito mínimo de 500 semanas, exigido por el parágrafo 5 del
artículo 2 de la Ley 860 de 2003.
70. Con el objeto de resolver el recurso de apelación en el proceso está demostrado
que el señor Edward Barajas Méndez nació el 10 de septiembre de 1968; prestó el
servicio militar del 8 de enero de 1989 al 30 de diciembre de 1989; ingresó al DAS
como alumno de academia del 16 de junio de 1993 al 14 de junio de 1994; fue detective
del 15 de junio de 1994 al 31 de diciembre de 2011; y con ocasión de la incorporación
a la Fiscalía General de la Nación, prestó allí sus servicios del 1° de enero de 2012
hasta el 31 de julio de 2019, así:
Tabla 1.
Cargo Tiempo Semanas
Servicio militar como 8 de enero de 1989 al 30 357 días 51 semanas
soldado bachiller. de diciembre de 1989
Alumno de academia, 16 de junio de 1993 al 364 días 52 semanas
grado 03, en el DAS. 14 de junio de 1994
Detective agente y 15 de junio de 1994 al 6409 días 915,57 semanas
profesional en el DAS. 31 de diciembre de
201133
Técnico investigador en la 1° de enero de 2012 al 2769 días 395,5 semanas
FGN. 31 de julio de 2019
Total 9899 días 1414 semanas
71. En el asunto bajo análisis, la Subsección señala que el actor estaba vinculado
al DAS, desde el año 1993, como alumno de academia, y desde el 15 de junio de 1994,
en el empleo de detective, es decir, antes de la vigencia del Decreto 1835 de 1994 (3
de agosto de 1994)34; y cumplió 20 años de servicios el 18 de junio de 2012, cuando
ya estaba en rigor la Ley 860 de 2003.
72. Ahora bien, Colpensiones reprocha que el demandante no probó con el requisito
de 500 semanas cotizadas antes de la vigencia de la Ley 860 de 2003, para poder ser
beneficiario de la transición regulada en el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994. Sin
33 Hasta el 26 de diciembre de 2003, las semanas laboradas en actividades de alto riesgo suman 600,42.
34 «Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos».
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embargo, de conformidad con los tiempos acreditados en el proceso, la Subsección
considera que el accionante sí cumplió las 500 semanas cotizadas.
73. En efecto, el tiempo del servicio militar se puede computar válidamente para el
reconocimiento de la pensión por actividad de alto riesgo, tal como lo consideró esta
Subsección en la sentencia del 19 de julio de 2023, así35:
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Subsección considera que sí es viable completar
el tiempo de servicio que establece la ley para acceder al régimen reclamado con el
periodo durante el cual prestó el servicio militar obligatorio, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, que establece lo siguiente:
Artículo 40. Al término de la prestación del servicio militar. Todo colombiano que
haya prestado el servicio militar obligatorio, tendrá los siguientes derechos:
a. En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar le será
computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de vejez y prima de
antigüedad en los términos de la ley.
La Sala precisa que, contrario a lo señalado por la entidad apelante, la Ley 48 de 1993
no se limita a las prestaciones reconocidas en vigencia del Sistema General de
Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, pues a través de esa norma se
«reglament[ó] el servicio de Reclutamiento y Movilización» y previó que «[t]odo varón
colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla
su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes definirán
cuando obtengan su título de bachiller». De manera que el campo de aplicación de esta
disposición, no se circunscribió a las pensiones reconocidas por virtud de la Ley 33 de
1985 ni del Decreto 758 de 1990 como lo afirma la UGPP en su recurso. Así, Juan
Guillermo Alzate Atehortúa tiene derecho a que «se compute el tiempo durante el cual
prestó dicho servicio como semanas efectivamente cotizadas al sistema», tal y como
lo ha señalado la Corte Constitucional y lo ha ordenado esta corporación en asuntos
en los que se debatió similar pretensión a la del sub judice, esto es, el reconocimiento
de una pensión de jubilación por ser beneficiario del régimen especial de los servidores
del DAS36».
74. Igualmente, el tiempo laborado como alumno de la academia del DAS se puede
sumar para el reconocimiento de la pensión especial por actividad de alto riesgo,
puesto que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo de
Seguridad lo incluyó en la certificación del tiempo de servicios al señalar que el actor
ingresó al DAS desde el 16 de junio de 1993 y que cotizó para pensión37. Por
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2012-01547-01
(0737-2015).
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de marzo de 2007, radicado 52001 23 31
000 2001 01684 01 (2385-2004), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez; y Subsección A, sentencia del 3 de
noviembre de 2022, radicado 85001 23 33 000 2015 00022 01 (4995-2015), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
37 Samai, índice 2, expediente digital, ED_EXPEDIENTE_25000234200020200089(.rar) NroActua 2, anexo 1, pág.
11.
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consiguiente, la entidad empleadora además de certificar el tiempo como laborado,
realizó los aportes a pensión.
75. En línea con lo anterior, esta corporación para efectos pensionales ha tenido en
cuenta el tiempo de los alumnos del DAS, como se puede evidenciar en las sentencias
del 23 de agosto de 201238, 22 de abril de 201539, 19 de julio de 202340 y 12 de marzo
de 202641.
76. En este orden de ideas, para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 860 de
2003 (26 de diciembre de 2003) el actor sí tenía más de 500 semanas de cotización42.
Por consiguiente, en los términos del parágrafo 5 del artículo 2 de la referida ley, el
demandante cumplió el requisito para ser beneficiario del régimen de transición del
Decreto 1835 de 1994, que igualmente permite la aplicación de normas anteriores,
contenidas en los decretos 1933 de 1989 y 1047 de 1978.
77. Así las cosas, se desestima lo alegado por la entidad en el recurso de apelación,
toda vez que el demandante sí es beneficiario de la transición de la Ley 860 de 2003,
que permite la aplicación de las normas anteriores al Decreto 1835 de 1994, a saber,
los decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989. En este orden de ideas, no hay lugar a
estudiar el reconocimiento pensional con la aplicación integral de la Ley 100 de 1993,
ni con los parágrafos 1° y 2 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003 que reguló el régimen
especial derivado de la ejecución de actividades de alto riesgo del Sistema General de
Riesgos Profesionales.
4. Conclusión
78. El señor Edward Barajas Méndez sí cumplió con el requisito de 500 semanas
de cotización para beneficiarse del régimen de transición de la Ley 860 de 2003, y por
tanto tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, regida por el régimen
especial del DAS, con el cómputo del tiempo de prestación del servicio militar y como
alumno de la academia del DAS.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de agosto de 2012, proceso con radicado
76001-23-31-000-2003-03702-01 (1031-10), M.P. Alfonso Vargas Rincón. En esta providencia se indicó: «El señor
JOSÉ MIGUEL LÓPEZ LÓPEZ es beneficiario de este régimen especial por haber prestado sus servicios al
Departamento Administrativo de Seguridad “DAS” en forma continua como ya se dijo, desde el 1 de marzo de 1975
en los cargos de Detective Alumno de Seguridad Rural, Detective Agente y Detective Profesional, por lo que
adquirió su status pensional el 1 de marzo de 1995, fecha en que cumplió 20 años de servicio».
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de abril de 2015, proceso con radicado
25000-23-25-000-2009-00175-01(1520-13), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2012-01547-01
(0737-2015), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 44001-23-40-000-2014-00089-01
(2693-2022).
42 Según la sentencia C-633 de 2007 de la Corte Constitucional para el cómputo de las 500 semanas de cotización
especial, se podían acreditar semanas de cotización en cualquier actividad de alto riesgo.
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5. Costas
79. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 43 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
instancia no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte vencida haya
incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 1° de junio de 2023, que accedió
a las pretensiones de la demanda.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
43 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00890-01 (4849-2023)
Demandante: Edward Barajas Méndez
Demandado: Colpensiones
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
17
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