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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2014-00089-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2014-00089-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de La Guajira, el 31 de julio de 2019, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, salvo el numeral cuarto que condenó en costas a la entidad demandada. Segundo: Modificar el numeral segundo en el sentido de ordenar a Colpensiones la liquidación de la pensión, en cuantía del 75 % del promedio de lo cotizado en los 10 años anteriores a su retiro definitivo del servicio, con la inclusión de la asignación básica, la bonificación por servicios y la prima de riesgo, esta última en los porcentajes señalados por el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003. No habrá lugar a efectuar descuento alguno a cargo del pensionado por concepto de los aportes no realizados por el empleador. A la entidad le corresponde adelantar los procedimientos o acciones pertinentes para lograr el cobro y traslado de los aportes para pensión no efectuados respecto de la prima de riesgo por el Departamento Administrativo de Seguridad o de la entidad que haya asumido tales obligaciones, luego de su supresión. Tercero: Sin condena en costas en las dos instancias. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 44001-23-40-000-2014-00089-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 44001-23-40-000-2014-00089-01 (2693-2022)
Demandante: José Duván Gómez Hincapié
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

Tema: pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo. Subtema 1: detective
del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Subtema 2: tiempo de servicio
como alumno. Subtema 3: IBL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de La Guajira, el 31 de julio de 2019, que accedió a las
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El actor, quien prestó sus servicios en el Departamento Administrativo de Seguridad
como detective solicita el reconocimiento de su pensión de vejez por actividad de alto
riesgo. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el
reconocimiento de la pensión liquidada con los factores cotizados en el último año de
servicios. Inconforme con esta decisión, Colpensiones apela porque no se puede
computar dentro de los 20 años, el tiempo que el accionante fue alumno de la
academia del DAS.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. José Duván Gómez Hincapié, a través de apoderado, presentó demanda el 7
de marzo de 2014, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

Radicación: 44001-23-40-000-2014-00089-01 (2693-2022)
Demandante: José Duván Gómez Hincapié
Demandado: Colpensiones

derecho, contra la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante
Colpensiones), con las siguientes pretensiones:

2. Declarar la nulidad de la Resolución 048241 del 15 de diciembre de 2011, que
negó el reconocimiento de una pensión especial de vejez regida por la normativa del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

3. Declarar la nulidad de la Resolución VPB – 2348 del 17 de julio de 2013, que
confirmó la Resolución 048241 del 15 de diciembre de 2011, al resolver el recurso de
apelación.

4. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene el reconocimiento
de una pensión de jubilación regulada por el régimen especial del DAS contenido en
los decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989 y 1835 de 1994, liquidada con el 75 % de
los factores salariales devengados en el último año de servicios, a saber, asignación
básica, bonificación por servicios prestados, primas de riesgo, de clima, de instalación,
de servicios, de navidad y vacaciones.

5. Asimismo, pidió el pago de las mesadas causadas hasta la inclusión en nómina,
la actualización de las sumas adeudadas, el reconocimiento de los intereses
moratorios y la condena en costas a la entidad accionada1.

2. Hechos

6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

7. José Duván Gómez Hincapié nació el 8 de diciembre de 1968 y laboró en el
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) del 20 de noviembre de 1990 hasta
el 10 de octubre de 2011, su último cargo fue detective profesional y acreditó un total
de 20 años, 10 meses y 20 días. El tiempo de servicio y la realización de los aportes a
pensión consta en la certificación laboral expedida por el DAS. Por consiguiente, el
actor adquirió el estatus pensional el 20 de noviembre de 2010, sin consideración a la
edad.

8. La entidad demandada negó el reconocimiento pensional con el argumento que
el actor solamente laboró 19 años, 8 meses y 7 días, en tanto, únicamente tuvo en
cuenta el tiempo de servicios del 2 de enero de 1992 al 30 de junio de 2009.

1 Samai, índice 2, expediente digital, ED_00020140008900ZI(.zip) NroActua 2, Cuaderno 1. Demanda. Págs. 4 a

15. Presentación 7 de marzo de 2014.

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Radicación: 44001-23-40-000-2014-00089-01 (2693-2022)
Demandante: José Duván Gómez Hincapié
Demandado: Colpensiones

3. Normas violadas y concepto de violación

9. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

De la Constitución Política, los artículos 2, 13, 25, 53 y 58.
Del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 21.
Del Decreto 1835 de 1994, el artículo 4.
De la Ley 100 de 1993, los artículos 36, 140 y 288.
Del Decreto 1933 de 1989, los artículos 1, 10 y 18.
Del Decreto 451 de 1989, el artículo 5.
Del Decreto 1047 de 1978, los artículos 1 y 2.
Del Decreto 1045 de 1978, el artículo 45.
Del Decreto 1848 de 1969, el artículo 73.
Del Decreto 3135 de 1968, el artículo 27.
Las leyes 57 y 153 de 1887.

10. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que las
resoluciones demandadas desestimaron el tiempo como alumno de la academia del
DAS, que corrió del 20 de noviembre de 1990 al 1 de enero de 1992. Ello pese a que
el empleador certificó que realizó los aportes a pensión para esos años. Entonces
resaltó que para el reconocimiento de la pensión del actor, Colpensiones debió
computar el tiempo en que se desempeñó como alumno de la academia del DAS.

11. Adicionalmente, el actor resaltó que Colpensiones desconoció el régimen
especial aplicable al DAS, contenido en los artículos 1 y 2 del Decreto 1047 de 1978,
1, 10 y 18 del Decreto 1933 de 1989 y 4 del Decreto 1835 de 1994. En este sentido,
indicó que es beneficiario del régimen de transición, contenido en el artículo 4 del
Decreto 1835 de 1994, puesto que ingresó al DAS como alumno de academia el 20 de
noviembre de 1990 y desde esa fecha la entidad envió los aportes a pensión a la Caja
Nacional de Previsión Social.

12. En cuanto al ingreso base de liquidación, explicó que la pensión debe liquidarse
con el 75 % de todos los factores devengados en el último año de servicios, en razón
de la remisión del artículo 1 del Decreto 1933 de 1989 a los decretos 3135 de 1968 y
1848 de 1969.

4. Contestación de la demanda

13. Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda porque el actor no
tiene derecho al reconocimiento pensional, toda vez que los únicos periodos cotizados
ante el entonces Instituto de Seguros Sociales son 788 días, los cuales sumados al
tiempo laborado en el sector público, acreditan únicamente 19 años, 8 meses y 7 días.
Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y prescripción2.

2 Samai, índice 2, expediente digital, ED_00020140008900ZI(.zip) NroActua 2, Cuaderno 1, págs. 79 a 85.

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Radicación: 44001-23-40-000-2014-00089-01 (2693-2022)
Demandante: José Duván Gómez Hincapié
Demandado: Colpensiones

5. Sentencia de primera instancia

14. El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia del 31 de julio de
2019, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la entidad
demandada. Por tanto, declaró la nulidad de las resoluciones demandadas y ordenó a
título de restablecimiento del derecho:

SEGUNDO. Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho CONDENAR
a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, a que a título de
restablecimiento del derecho, con sujeción al marco jurídico señalado en la parte
considerativa de esta sentencia y si aún no lo hubiere hecho: (i) reconozca en forma
vitalicia al señor JOSÉ DUVÁN GÓMEZ HINCAPÍE identificado con la […], el derecho
que tiene a la pensión especial de jubilación en cuantía del 75% de todos los factores
a los cuales haya hecho aportes salariales devengados durante el último año de
servicio (10 de octubre de 2010 al 10 de octubre de 2011), (ii) pague al mencionado
señor las mesadas pensionales causadas desde el 10 de octubre de 2011, aplicando
a las sumas a pagar, las deducciones y compensaciones a que legalmente hubiere
lugar. Las sumas liquidas que deban de pagarse al beneficiario de esta condena,
deberán reajustarse conforme a la regla y fórmula prevista en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: Ordénese a la Administradora Colombiana de Pensiones
COLPENSIONES pagar a favor del señor JOSE DUVAN GÓMEZ HINCAPÍE, las
mesadas pensionales actualizadas a que tiene derecho a partir del 10 de octubre de
2011, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

15. Como fundamento de la decisión explicó que el actor es beneficiario del
régimen de transición regulado en el artículo 2 del parágrafo 5 de la Ley 860 de 2003,
porque se vinculó al DAS el 20 de noviembre de 1990, estaba afiliado a Cajanal y para
el 10 de octubre de 2011 tenía 677 semanas, y luego se trasladó al Instituto de Seguros
Sociales, hasta su retiro.

16. Para el Tribunal sí procede sumar los dos años de servicios como alumno de la
academia del DAS, para el reconocimiento pensional, en atención a que el empleador
realizó las cotizaciones. Entonces, concluyó que tiene derecho al reconocimiento de la
pensión acorde con el régimen especial regulado en los decretos 1047 de 1978, 1933
de 1989 y 1835 de 1994.

17. En este orden de ideas, el Tribunal explicó que la entidad accionada solo sumó
el tiempo desde el 2 de enero de 1992 al 30 de junio de 2009 y el tiempo posterior que
cotizó al ISS; sin embargo, no tuvo en cuenta los aportes realizados por el actor cuando
ingresó al DAS en el año 1990, en la calidad de alumno de la academia, los cuales
están acreditados en la certificación expedida por la entidad empleadora.

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Radicación: 44001-23-40-000-2014-00089-01 (2693-2022)
Demandante: José Duván Gómez Hincapié
Demandado: Colpensiones

18. En criterio del Tribunal, la pensión se debe liquidar con el 75 % de los factores
salariales para liquidar la pensión como detective del DAS que están regulados en el
artículo 18 del Decreto 1933 de 1989 devengados en el último año de servicios, del 10
de octubre de 2010 al 10 de octubre de 2011. A los que se debe adicionar la prima de
riesgo, por cuanto goza de una naturaleza salarial.

19. Condenó en costas a Colpensiones por ser la parte vencida en el proceso3.

6. Recurso de apelación

20. Colpensiones interpuso apelación contra la sentencia de primera instancia. Indicó
que los actos administrativos demandados «gozan de legalidad ya que el demandante
no cumple con los requisitos establecidos en la norma, para adquirir la pensión de
jubilación por aportes».

21. Además, explicó que el demandante no cumple con el requisito de tiempo de
servicios «debido a que en los periodos comprendidos entre el 20/11/1990 hasta el
01/01/1992 que se certifica como alumno de academia, grado 03, no encaja en la
hipótesis del Decreto 1933 de 1989, en el artículo 10, porque no son beneficiarios de
dicha norma quienes tengan la calidad de alumnos de la academia».

22. Por consiguiente, la entidad indicó que el actor no acreditó el tiempo de servicio
para el reconocimiento de la pensión, toda vez que solo cuenta con 19 años y 8 meses
de servicios4.

7. Trámite procesal en segunda instancia

23. El auto del 11 de agosto de 2022 admitió el recurso de apelación, conforme el
numeral 3 del artículo 247 de la Ley 1437 de 20115. El auto del 11 de mayo de 2023
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión6.

8. Alegatos de conclusión

8.1. Parte actora

24. El accionante solicitó que se confirme el fallo de primera instancia. Manifestó que
desde el 20 de noviembre de 1990 hasta el 30 de junio de 2009, se efectuaron aportes
mensuales para pensión a la Caja Nacional de Previsión Social y, a partir del 1.º de
julio de 2009 y hasta el retiro definitivo del servicio oficial, los aportes se realizaron al
ISS. Adicionó que el tiempo total de servicios en la entidad ascendió a 20 años, 10
meses y 19 días, y que el pago de la pensión debe ser efectivo desde el 10 de octubre

3 Samai, índice 2, expediente digital, ED_00020140008900ZI(.zip) NroActua 2, cuaderno 1, págs. 194 a 219.
4 Samai, índice 4, proceso en el Tribunal 44001234000020140008900.
5 Samai, índice 4.
6 Samai, índice 13.

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Demandado: Colpensiones

de 2011, fecha de retiro del servicio, sin prescripción.

8.2. Parte demandada

25. Colpensiones explicó que el Decreto 1835 de 1994 prevé que quienes ingresaron
al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) antes del 4 de agosto de 1994
conservan el derecho a que se les apliquen las normas vigentes con anterioridad a la
Ley 100 de 1993, en los términos del régimen de transición.

26. Al estudiar los tiempos de servicio del demandante, advirtió que, en principio,
podría ser beneficiario de dicho régimen, de modo que el marco normativo aplicable al
caso concreto sería el previsto en los decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989. No
obstante, el tiempo correspondiente al curso de formación en la Academia Superior de
Inteligencia del DAS, para quienes ingresan con el fin de adelantar estudios
conducentes al curso de detective, no resulta acumulable para efectos pensionales.

27. En consecuencia, para la entidad no es posible computar el lapso de formación
comprendido entre el 20 de noviembre de 1990 y el 14 de octubre de 1991. Así pues,
al descontar dicho periodo, el interesado acreditó 19 años y 7 meses de tiempo, razón
por la cual no satisface el requisito mínimo de 20 años exigido por el Decreto 1047 de
19787.

9. Concepto del Ministerio Público

28. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado pidió que se
confirme el fallo de primera instancia. En este sentido reprochó que el escrito de
impugnación es incongruente, dado que la controversia no concierne al reconocimiento
de una pensión por aportes, donde están involucrados tiempos privados de servicios.
Así resaltó que Colpensiones no controvirtió la ratio decidendi del fallo de primera
instancia8.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

29. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.

2. Problema jurídico

30. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y teniendo

7 Samai, índice 18.
8 Samai, índice 23.

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en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, según el artículo 3289 del
Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir si:

31. ¿El accionante, quien laboró como detective profesional del DAS, no tiene derecho
a la suma del tiempo como alumno en la academia, para efectos pensionales, pese a
que la entidad empleadora haya realizado los aportes a pensión? En caso de tener
derecho se analizará si el ingreso base de liquidación está regido por la Ley 100 de
1993, o debe ser calculado con los factores devengados en el último año de servicios.

32. Para resolver el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: i) régimen
pensional de los detectives del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); ii)
sentencia de unificación del 28 de julio de 202210; iii) hechos probados relevantes; y
iv) caso concreto.

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1. Régimen pensional de los detectives del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS)

33. El régimen especial pensional del DAS está conformado por el Decreto Ley 1047
de 197811, que reguló el derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación, en
el artículo 1, a cualquier edad, los empleados del DAS que hubieran ejercido como
dactiloscopistas por 20 años continuos o discontinuos y que hubieran aprobado el
curso de formación impartido por el instituto de dicho ente.

34. Luego, el Decreto Ley 1933 de 198912 dispuso que los empleados del DAS eran
beneficiarios de las prestaciones sociales señaladas para las entidades públicas del
orden nacional, en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978 y 451 de
1984. Además, en el artículo 10, preservó las condiciones para el reconocimiento de
la pensión especial regulada en el Decreto Ley 1047 de 1978 frente a quienes tenían
funciones de dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o
especializado, y extendió estas prerrogativas a los detectives en sus diferentes grados
y denominaciones.

9 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre

los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo tendrá
competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014).
11 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que desempeñen

funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad».
12 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento Administrativo de

Seguridad».

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Demandado: Colpensiones

35. Después, el Decreto 1835 de 199413, expedido en desarrollo de la Ley 4 de 1992,
reglamentó las actividades de alto riesgo para servidores públicos y, en su artículo 2.1,
incluyó a los detectives del DAS —en los grados de especializado, profesional y
agente— dentro de ese régimen. Ahora bien, el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994
estableció un régimen de transición para servidores del DAS que, al 4 de agosto de
1994, ejercían actividades de alto riesgo. Les permitió pensionarse con las reglas
anteriores a la Ley 100 de 1993 (decretos 1047/1978 y 1933/1989), en particular,
acceder a la pensión con 20 años de servicio, sin el requisito de edad.

36. Finalmente, la Ley 797 de 200314 facultó al presidente para reformar el régimen de
alto riesgo; con esas facultades se derogó el Decreto 1835 de 1994 y se expidió el
Decreto Ley 2090 de 200315. Este redefinió las actividades de alto riesgo (art. 2),
excluyendo al personal del DAS, y creó un régimen de transición (art. 6) para quienes,
a la fecha de expedición, tuvieran al menos 500 semanas de cotización especial.

3.2. Sentencia de unificación del 28 de julio de 2022, sobre el régimen pensional
de los detectives del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)16

37. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación SUJ-
028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022, analizó el régimen pensional del DAS.
Concluyó que según el parágrafo 5 del artículo 2 la Ley 860 de 200317 los detectives
del extinguido DAS, vinculados antes del 3 de agosto de 1994 (entrada en vigor del
Decreto 1835 de 199418), y que a la fecha de vigencia de la referida Ley 860 de 2003
tuvieran cotizadas 500 semanas, tienen derecho al reconocimiento de una pensión de
vejez en las condiciones del régimen de transición del Decreto 1835 de 1994, que
remite a los decretos 1047 de 197819 y 1933 de 198920.

38. Respecto a la prima de riesgo computable en el IBL para efectos pensionales de
los exfuncionarios del DAS, la sentencia unificó el criterio, así:

[…] la prima de riesgo del DAS debe integrar el ingreso base de liquidación de las
pensiones del personal de que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, a
partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, hasta que se llevó a cabo la
incorporación del personal del DAS a otras entidades luego de su supresión, de la
siguiente forma:

13 «Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos».
14 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993

y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».
15 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las

condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas
actividades».
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014).
17 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993

y se dictan otras disposiciones».
18 «Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos».
19 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que desempeñan

funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad».
20 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento Administrativo de

Seguridad».

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• En porcentaje del 40%, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre
de 2007.
• En porcentaje del 50%, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de
los servidores del DAS a otras entidades, por disposición del Decreto Ley 4057 de 2011.

39. La regla de unificación sobre el IBL de las pensiones especiales de riesgo del DAS,
consiste en que: «los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS,
cobijados por los regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994,
2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las condiciones
de edad, tiempo de servicios y monto, entendido como el porcentaje o tasa de retorno,
señalados por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, sin embargo, el ingreso
base de liquidación es el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993».

40. La justificación jurídica que sustenta el criterio hermenéutico para aplicar la Ley
100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición en actividades de alto riesgo
es la siguiente:

83. […] con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, en la cual el
Consejo de Estado se alineó con la postura adoptada por la Corte Constitucional
a partir de la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen general de
pensiones […] ha llevado a esta corporación a replantear su posición en cuanto a
la interpretación del ingreso base de liquidación en diferentes regímenes
especiales […].

86. Por esa razón, en esta oportunidad la Sección Segunda ajusta su posición a
la adoptada por la Sala Plena para señalar que, los servidores que desarrollaron
actividades de alto riesgo del DAS, cobijados por los regímenes de transición de
que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003, tienen
derecho a que se respeten las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto,
entendido como el porcentaje o tasa de retorno, señalados por las normas
anteriores, sin embargo, el período para calcular el ingreso base de liquidación es
el previsto por la Ley 100 de 1993.

41. Así pues, la primera regla establece el período para liquidar las pensiones de los
servidores públicos del DAS que ejecutan actividades de alto riesgo y adquieren el
derecho con sujeción a los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003
(edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo), en los siguientes términos:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

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Demandante: José Duván Gómez Hincapié
Demandado: Colpensiones

42. La segunda regla indica que «los factores salariales que se deben tener en cuenta
para liquidar las pensiones aquí referidas son los devengados por el servidor que, de
acuerdo con el Decreto 1158 de 1994 y demás normas aplicables, constituyen la base
de cotización para pensión». Para los empleados del DAS de que tratan los artículos
1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en este decreto debe
incluirse para liquidar la pensión desde la vigencia de la Ley 860 de 2003, en los
porcentajes señalados por el parágrafo 4 del artículo 2 de la misma ley, así:

• En el 40%, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2007.
• En el 50%, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los servidores
del DAS a otras entidades, por disposición del Decreto 4057 de 2011.

43. Así las cosas, el IBL para quienes están en la transición especial prevista en los
Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003 está regulado en los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, quienes adquieren el
derecho pensional con los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto del régimen
anterior señalados en los decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.

44. Por último, la providencia indicó que el incumplimiento del empleador en realizar
los aportes sobre los factores salariales exigidos por el Decreto 1158 de 1994 y la Ley
860 de 2003, o la omisión en el traslado de la cotización especial por alto riesgo,
sumados a la inactividad de la entidad de previsión social para su cobro, no son
oponibles al interesado, así:

Si el empleador no cumplió la obligación de realizar los descuentos en el porcentaje a su
cargo y el del empleado destinados a las cotizaciones para el sistema de pensión sobre
los factores devengados que, de conformidad con el Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860
de 2003, debían ser base de cotización o si omitió el traslado de la cotización especial por
alto riesgo, sin que la entidad de previsión social hubiera adelantado las gestiones
pertinentes para su cobro, ello no es oponible al interesado para que la pensión especial
se reconozca y liquide de acuerdo con los parámetros indicados en esta sentencia.

3.3. Hechos probados relevantes

45. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se muestra
a continuación:

46.El señor José Duván Gómez Hincapié nació el 8 de diciembre de 1968, como
consta en la cédula de ciudadanía21.

47. Acorde con la certificación expedida por la Subdirección de Talento Humano del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el 9 de febrero de 2011, el actor
prestó sus servicios durante 20 años, 2 meses y 20 días (sin descontar una licencia no
remunerada de 30 días). Precisó que ingresó al DAS «el 20 de noviembre/90, al cargo

21 Samai, índice 2, expediente digital, ED_00020140008900ZI(.zip) NroActua 2, cuaderno 1, pág. 42.

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de alumno de academia, grado 03, de la Academia Superior de Inteligencia y
Seguridad Pública, Curso 075, según Resolución 3881/90». Para la fecha de la
certificación el actor ejercía el cargo de detective profesional 207-09. Señaló que la
entidad realizó los aportes a pensión, así22:

Del 20 de noviembre/90 al 30 de junio de 2009, se envió aporte mensual por pensión a La
Caja Nacional de Previsión Social Nit. (899.999.010-3).

Del 1° de julio de 2009 a la fecha, se envía aporte mensual por Pensión a la AFP – Instituto
de Seguro Social Nit. (860.013.816-1), según Decreto 2196 de 2009.

48. La citada certificación también indicó que del 29 de noviembre de 1994 a la fecha
del referido documento, el actor percibió la prima especial de riesgo del 35 % sobre la
asignación básica mensual, según el Decreto 2646 de 199423.

49. En el mismo sentido, consta la certificación del coordinador del grupo de
administración de personal del DAS, en supresión, donde indicó que el actor laboró allí
del 20 de noviembre de 1990 hasta el 10 de octubre de 2011 y el último cargo fue
detective profesional 207-0924.

50. Igualmente, obra el extracto de hoja de vida del accionante que certifica un tiempo
total de servicios del 20 años, 6 meses y 8 días, y que ingresó como «alumno de
academia, grado 03» el 20 de noviembre de 199025. Así como, los certificados de
salarios de 2010 y 201126.

51. El certificado de la subdirectora de Talento Humano, del 17 de febrero de 2011,
informó que el actor ejerció los cargos de alumno academia grado 03, del 20 de
noviembre de 1990 al 1°. de enero de 1992, y luego como detective del 2 de enero de
1992, encontrándose activo para la fecha del certificado27.

52. El Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución 048241 del 15 de
diciembre de 2011, negó la solicitud de reconocimiento de la pensión especial de vejez
por actividades de alto riesgo, del 24 de junio de 2011, con fundamento en que el actor
prestó sus servicios del 2 de enero de 1992 al 30 de junio de 2009, para el DAS, de
modo que solo sumó 19 años, 8 meses y 7 días. Por tanto, el actor no acreditó el
requisito mínimo de 20 años de servicios al DAS28.

53. Colpensiones, mediante la Resolución VPB 2348 del 17 de julio de 2013, confirmó
la Resolución 048241 del 15 de diciembre de 2011 e insistió en que el tiempo en la
calidad de agente alumno de la academia no se puede tener en cuenta para el

22 Idem, pág. 33.
23 Idem, pág. 33.
24 Idem, pág. 34.
25 Idem, págs. 35 a 37.
26 Idem, págs. 39 a 40.
27 Idem, pág. 38.
28 Idem, págs. 18 a 21.

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reconocimiento de la pensión de vejez por alto riesgo29.

3.4. Caso concreto

54. Como fundamento de la demanda, el accionante, quien fue detective del DAS,
pide el reconocimiento de una pensión de vejez por actividades de alto riesgo, y solicita
que compute el tiempo de dos años en el cual fue alumno de la academia de la entidad
para su formación como detective, del 20 de noviembre de 1990 al 1°. de enero de
1992.

55. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda con fundamento en que
sí acreditó 20 años de servicios, incluido el tiempo como alumno, toda vez que el DAS,
como empleador realizó los aportes a pensión para ese periodo en la Caja Nacional
de Previsión Social. Por consiguiente, ordenó el reconocimiento de la pensión de vejez
acorde con la normativa especial del DAS, liquidada con todos los factores salariales
sobre los cuales realizó aportes en el último año de servicios. Efectiva desde el 10 de
octubre de 2011.

56. Colpensiones interpuso recurso de apelación frente al cual, la Subsección debe
precisar que una parte del escrito está dirigida a censurar el supuesto reconocimiento
de una pensión por aportes. Empero, el marco del litigio no concierne al
reconocimiento de dicha pensión. Por consiguiente, frente a este aspecto es
improcedente realizar un pronunciamiento de fondo. Pese a esta deficiencia de técnica
en la formulación del recurso, se realizará el estudio del otro argumento, en el cual la
entidad insiste en que el tiempo del accionante como alumno de la academia del DAS
no se puede sumar para el reconocimiento de la pensión de vejez por actividad de alto
riesgo.

57. Con el objeto de resolver el recurso de apelación en el proceso está demostrado
que el señor José Duván Gómez Hincapié nació el 8 de diciembre de 1968 y prestó
sus servicios en el DAS en el cargo de alumno de academia, grado 03, desde el 20
de noviembre de 1990 al 1°. de enero de 1992, y en el empleo de detective desde el 2
de enero de 1992 hasta el 10 de octubre de 2011, para un total de 20 años, 9 meses
y 21 días (descontando los 30 días de licencia no remunerada). Además, devengó una
prima especial de riesgo del 35 % de la asignación básica mensual. Igualmente, está
probado que Colpensiones le negó al actor el reconocimiento de la pensión porque no
sumó el tiempo en la calidad de alumno de academia, para incluirlo dentro de los 20
años válidos para reconocer la pensión.

58. En el asunto bajo análisis, la Subsección señala que el actor estaba vinculado
al DAS, desde el año 1990, es decir, antes de la vigencia del Decreto 1835 de 199430,
y adquirió el estatus pensional, en vigencia de la Ley 860 de 2003; la cual en el

29 Idem, págs. 23 a 26.
30 «Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos».

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parágrafo 5 del artículo 2 remite al régimen de transición del Decreto 1835 de 1994,
que igualmente remite a las normas anteriores, contenidas en los decretos 1933 de
1989 y 1047 de 1978. Por ello, el Tribunal le reconoció la pensión con fundamento en
el Decreto 1047 de 1978, aplicable por disposición del artículo 10 del Decreto 1933 de
1989, que señala:

ARTÍCULO 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de
jubilación previstas para los empleados de la administración pública del orden nacional
se aplicarán a los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad.

Los empleados que cumplan funciones de dactiloscopistas en los cargos de Detective
Agente, Profesional o Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen
de pensión vitalicia de jubilación, por el Decreto-ley 1047 de 1978, cuyas normas serán
igualmente aplicables al personal de detectives en sus distintos grados y
denominaciones.

59. A su turno, el artículo 1°. del Decreto 1047 de 1978 indicaba que tendrían
derecho a gozar de una pensión de jubilación a cualquier edad, los empleados públicos
que ejercieran por 20 años continuos o discontinuos funciones de dactiloscopistas en
el DAS. Pensión que el artículo 10 del Decreto 1933 de 1989 extendió al personal de
detectives. En efecto, el fallo de unificación del 28 de julio de 202231 estudió la
transición para los servidores del extinto DAS, al indicar que:

62. El mismo Decreto 1835 de 1994, en el artículo 4, señaló un régimen de transición
especial, para los servidores del DAS que, a su entrada en vigor, esto es, el 4 de agosto
de 1994, laboraran en las actividades catalogadas de alto riesgo. El beneficio consistió
en la posibilidad de acceder a la pensión en las condiciones de edad, tiempo de servicio
o semanas cotizadas y monto, indicadas por las normas anteriores a la Ley 100 de
1993, es decir a los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989. De esta manera,
conservaron la posibilidad de acceder a la pensión de vejez una vez acreditaran 20
años de servicio, sin importar la edad.

60. En lo que concierne al tiempo como alumno de la academia, la Subsección
considera que sí procede sumarlo para efectos del reconocimiento de la pensión,
puesto que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo de
Seguridad lo incluyó en la certificación del tiempo de servicios al señalar de forma
expresa que el actor ingresó al DAS desde el 20 de noviembre de 1990. Nótese que
la referida Subdirección certificó que «del 20 de noviembre/90 al 30 de junio de 2009,
se envió aporte mensual por Pensión a La Caja Nacional de Previsión Social»32. Por
consiguiente, la entidad empleadora además de certificar el tiempo como laborado,
realizó los aportes a pensión.

61. Además, el actor ingresó al DAS «el 20 de noviembre/90, al cargo de alumno
de academia, grado 03, de la Academia Superior de Inteligencia y Seguridad Pública,
Curso 075, según Resolución 3881/90», entonces la vinculación se dio en un cargo,

31 Sentencia de unificación SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022, Consejo de Estado, Sección Segunda,

núm. de radicado: 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014).
32 Idem, pág. 33.

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designado mediante acto administrativo. En efecto, el Decreto Ley 2146 de 198933, en
los empleos de libre nombramiento y remoción incluía en la clasificación de los
empleos al alumno de academia.

62. En línea con lo anterior, esta corporación para efectos pensionales ha tenido en
cuenta el tiempo de los alumnos del DAS, como se puede evidenciar en las sentencias
del 23 de agosto de 201234, 22 de abril de 201535 y 19 de julio de 202336. En esta
última providencia, el accionante fue alumno de la Academia de Investigación del 16
de octubre de 1984 al 4 de septiembre de 1985 y ese tiempo no fue excluido del tiempo
total de 20 años, 2 meses y 28 días, de prestación de servicios en el DAS.

63. Por último, el cómputo del tiempo en la academia, en el cargo de alumno, está
acorde con el acto legislativo 01 de 2005, el cual precisa que «para la liquidación de
las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones», de donde se infiere que la pensión debe
corresponder a lo aportado.

64. Ahora bien, en el fallo de primera instancia, el Tribunal ordenó que la pensión
debía liquidarse en cuantía del 75 % de todos los factores cotizados en el último año
de servicios (10 de octubre de 2010 al 10 de octubre de 2011); sin embargo, tal como
lo señaló el fallo de unificación del 28 de julio de 2022, el ingreso base de liquidación
está regido por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, los factores
corresponden a los regulados en el Decreto 1158 de 1994, en el caso del accionante
son asignación básica y bonificación por servicios, más la prima de riesgo acorde con
el artículo 2 de la Ley 860 de 200337.

65. En efecto, para el personal del DAS la prima de riesgo sí debe computarse en el
IBL, en los porcentajes señalados en el artículo 2 de la Ley 860 de 200338, tal como lo
señaló el citado fallo de unificación, así:

• En el 40%, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2007.

33 Por el cual se expide el régimen de administración de personal de los empleados del departamento administrativo

de seguridad.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de agosto de 2012, proceso con radicado

76001-23-31-000-2003-03702-01 (1031-10), M.P. Alfonso Vargas Rincón. En esta providencia se indicó: «El señor
JOSÉ MIGUEL LÓPEZ LÓPEZ es beneficiario de este régimen especial por haber prestado sus servicios al
Departamento Administrativo de Seguridad “DAS” en forma continua como ya se dijo, desde el 1 de marzo de 1975
en los cargos de Detective Alumno de Seguridad Rural, Detective Agente y Detective Profesional, por lo que
adquirió su status pensional el 1 de marzo de 1995, fecha en que cumplió 20 años de servicio».
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de abril de 2015, proceso con radicado

25000-23-25-000-2009-00175-01(1520-13), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2012-01547-01

(0737-2015), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
37 Respecto de la modificación del IBL cuando la entidad apela, consultar el fallo del 19 de julio de 2023, Sección

Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2012-01547-01 (0737-2015).
38 Artículo 2: […] Pár. 4: Ingreso base de cotización. El ingreso base de cotización para los servidores públicos a

que se refiere este artículo, estará constituido por los factores incluidos en el Decreto 1158 de 1994, adicionado en
un 40% de la prima especial de riesgo a la que se refieren los artículos 1º y 2° del Decreto 2646 de 1994.
El porcentaje del cuarenta por ciento (40%) considerado para el Ingreso Base de Cotización se incrementará al
cincuenta por ciento (50%) a partir del 31 de diciembre del 2007.

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• En el 50%, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta el retiro del servicio.

66. En este orden de ideas, la pensión debe liquidarse con el promedio de lo
devengado en los últimos 10 años, previos a la fecha del retiro, toda vez que a la fecha
de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1° de abril de 1994), al actor le faltaban
más de 10 años para adquirir el estatus pensional, el cual consolidó cuando cumplió
20 años de servicios.

67. En consecuencia, se modificará el fallo apelado para disponer la reliquidación
pensional, en cuantía del 75% del promedio de lo cotizado en los 10 años anteriores a
su retiro definitivo del servicio, con la inclusión de la asignación básica, la bonificación
por servicios y la prima de riesgo, esta última en los porcentajes señalados por el
parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003, con los reajustes legales
correspondientes.

68. Ahora bien, es improcedente efectuar descuentos al pensionado por los aportes
que el empleador dejó de realizar, en este sentido se pronunció el fallo de unificación
del 28 de julio de 202239 al considerar que:

115. De esta manera, el hecho de que el empleador no haya cumplido con el descuento
y pago oportuno de los aportes correspondientes y de que la entidad administradora
de pensiones haya omitido su deber de verificación y ejecución de los procedimientos
tendientes a su pago, en manera alguna puede imponerse como un obstáculo para el
reconocimiento de la pensión, que tiene la finalidad de cubrir los riesgos derivados de
la vejez, invalidez o muerte, pues se trata de la negligencia de las entidades cuyas
consecuencias no pueden ser trasladadas al trabajador.

116. Cuando la administradora no adelanta las gestiones necesarias para el cobro
respectivo o acepta el pago extemporáneo de aportes por parte del empleador, se
entiende que asume las consecuencias derivadas de su propia negligencia. En este
caso, le corresponde admitir la mora patronal y reconocer el pago de las mesadas a
las que tiene derecho el trabajador. Ahora, como las instituciones que administran el
sistema de pensiones disponen de todas las herramientas jurídicas para hacer exigible
la consignación efectiva de los aportes, la constitución en mora del empleador en
manera alguna justifica la negativa del derecho pensional a la persona que cumple con
los requisitos para acceder a ella.

[…]

118. Así pues, el ordenamiento jurídico prevé consecuencias por la inobservancia de
los deberes de realizar descuentos por aportes y pagos para el sistema de seguridad
social. En materia disciplinaria, la Ley 734 del 5 de febrero de 2002, en el artículo 48,
numeral 28, define que la omisión de esta obligación constituye falta gravísima. Esta
disposición se reprodujo en la Ley 1952 del 28 de enero de 2019, en el artículo 57,
numeral 9, como una falta relacionada con la hacienda pública. Por su parte, las normas
tributarias contenidas en la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 modificada por la
Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 le confieren a la UGPP la competencia para
imponer sanciones allí descritas a los aportantes que incumplan con las contribuciones
parafiscales de la protección social (artículo 179).

39 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014).

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119. Todo lo expuesto lleva a concluir que, los servidores del DAS, para quienes se
previó que la prima de riesgo haría parte del ingreso base de cotización, no deben verse
afectados en su derecho pensional, por el hecho de que no acrediten los descuentos
sobre este factor con incidencia pensional. Ciertamente, era responsabilidad de su
empleador efectuar las deducciones y traslados correspondientes por este concepto,
obligación que debía ser verificada por el ente de previsión social, conforme las
competencias legal y reglamentariamente asignadas. Así las cosas, el incumplimiento
de estos últimos no debe ser asumido por el trabajador que aspira a consolidar su
derecho pensional, en la plenitud de las condiciones que concede la ley.

69. En este orden de ideas, corresponde a la entidad adelantar los trámites
necesarios para el cobro y traslado de los aportes pensionales no efectuados respecto
de la prima de riesgo por parte del Departamento Administrativo de Seguridad —o de
la entidad que hubiera asumido esas obligaciones luego de su supresión—.

70. Ahora bien, sobre la prescripción se tiene que el actor interpuso la reclamación
administrativa el 24 de junio de 2011, la cual tiene el efecto de interrumpir dicho
fenómeno extintivo, luego el accionante presentó la demanda el 7 de marzo de 2014,
es decir, en el término de tres años posterior a la interrupción de la prescripción. Por
consiguiente, no operó el fenómeno de la prescripción y procede el pago de las
mesadas desde el retiro del servicio que aconteció el 10 de octubre de 2011.

4. Conclusión

71. El señor José Duván Gómez Hincapié tiene derecho al reconocimiento de la
pensión de vejez, regida por el régimen especial del DAS, con el cómputo del tiempo
que ejerció como alumno de la academia del DAS y el IBL se rige por el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993. En cuanto a los factores salariales son los previstos en el Decreto
1158 de 1994 y la prima de riesgo se incluye en los porcentajes señalados en el
parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003, solo a partir de la vigencia de esta
norma.

5. Costas

72. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 40 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no

40 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a

un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la

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presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, se
revocará la condena en costas impuesta en el numeral cuarto del fallo apelado y en
esta instancia tampoco se ordenará dicho pago, porque no se advierte que la parte
vencida haya incurrido en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de La Guajira, el 31 de julio de 2019, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, salvo el numeral cuarto que condenó en costas a la entidad demandada.

Segundo: Modificar el numeral segundo en el sentido de ordenar a Colpensiones la
liquidación de la pensión, en cuantía del 75 % del promedio de lo cotizado en los 10
años anteriores a su retiro definitivo del servicio, con la inclusión de la asignación
básica, la bonificación por servicios y la prima de riesgo, esta última en los porcentajes
señalados por el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003.

No habrá lugar a efectuar descuento alguno a cargo del pensionado por concepto de
los aportes no realizados por el empleador. A la entidad le corresponde adelantar los
procedimientos o acciones pertinentes para lograr el cobro y traslado de los aportes
para pensión no efectuados respecto de la prima de riesgo por el Departamento
Administrativo de Seguridad o de la entidad que haya asumido tales obligaciones,
luego de su supresión.

Tercero: Sin condena en costas en las dos instancias.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 44001-23-40-000-2014-00089-01 (2693-2022)
Demandante: José Duván Gómez Hincapié
Demandado: Colpensiones

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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