Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02055-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02055-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-02055-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de febrero de 2026
Radicado: 05-001-23-33-000-2016-02055-01
Número interno: 3756-2023
Demandante: Luis Augusto Morales Devia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05-001-23-33-000-2016-02055-01 (3756-2023)
Demandante: Luis Augusto Morales Devia
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones
Tema: Reconocimiento Pensión DAS.
Decisión: Confirmar sentencia que negó pretensiones
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia de 3 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, que negó las súplicas de la
demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1
2.1.1. Pretensiones
2. El señor Luis Augusto Morales Devia por intermedio de apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 de la Ley 1437 del 20112, solicitó declarar la nulidad de las
Resoluciones GNR 9242 de 14 de enero de 2014, GNR 182502 de 22 de mayo de
2014, VPB 17733 de 26 de febrero de 2015, GNR 260548 de 27 de agosto de 2015,
GNR 384239 de 27 de noviembre de 2015 y VPB 9044 de 24 de febrero de 2016 a
través de los cuales se negó el reconocimiento de una pensión de jubilación al señor
Luis Augusto Morales Devia.
3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada a reconocer
1 Folio 1 y siguientes del expediente.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante
CPACA.
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y pagar la pensión de jubilación al demandante en los términos establecidos en el
Decreto 1047 de 1978, a partir del 23 de julio de 2014, con la inclusión de todos los
factores devengados.
4. Así mismo, pretende el reconocimiento y pago de los intereses moratorios
establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y el cumplimiento de la sentencia
en los términos de los artículos 188, 189 y 195 del CPACA.
2.1.2. Hechos
5. El señor Luis Augusto Morales Devia nació el 20 de noviembre de 1971 y prestó
sus servicios en el sector público durante los siguientes periodos:
Empleador Desde Hasta Número de
semanas
Ministerio de Defensa 8 de enero de 1989 30 de diciembre de 1989 51
DAS 16 de junio de 1993 14 de junio de 1994 52
DAS 15 de junio 1994 31 de enero de 2012 915
Policía Nacional 1.° de febrero de 2012 22 de julio de 2014 129
6. Indicó que como consecuencia de la supresión del Departamento
Administrativo de Seguridad- DAS, fue trasladado al servicio de la Policía Nacional.
7. El 1.° de agosto de 2013 el demandante solicitó a Colpensiones el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación y mediante Resolución GNR 9242
de 14 de enero de 2014, la entidad negó lo solicitado y le informó que contaba con
1.085 semanas cotizadas.
8. Contra la anterior Resolución el demandante interpuso recurso de reposición y
en subsidio de apelación que fueron resueltos a través de Resoluciones GNR 182502
de 22 de mayo de 2014 y VPB 17733 de 26 de febrero de 2015, que confirmaron la
decisión inicial en su totalidad.
9. El 14 de mayo de 2015 el demandante solicitó nuevamente el reconocimiento y
pago de su pensión de vejez, lo cual le fue negado por Colpensiones a través de la
Resolución GNR 260548 de 27 de agosto de 2015, para lo cual le informó que
acreditaba un total de 1.154 semanas cotizadas.
10. Por medio de las Resoluciones GNR 384239 de 27 de noviembre de 2015 y
VPB 9044 24 de febrero de 2016 fueron desatados los recursos de reposición y en
subsidio de apelación formulados contra la Resolución GNR 260548 27 de agosto de
2015, en el sentido de confirmar el acto recurrido.
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2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
11. Como normas vulneradas citó los artículos 1.°, 2.°, 4.° , 5.° , 25, 48 y 53 de la
Constitución; 21 del Código Sustantivo del Trabajo, 1.° y 2.° del Decreto 1047 de 1978;
36, 140, 141 y 288 de la Ley 100 de 1993; 1.°, 10 y 18 del Decreto 1933 de 1989; 3.°
parágrafo 1.° y 4.°del Decreto 1835 de 1994: 101 del Decreto 1950 de 1973; 40 de la
Ley 48 de 1993 y las Leyes 57 y 153 de 1887.
12. En el concepto de violación explicó que las resoluciones que se demandan
desconocen el régimen aplicable al demandante quien es beneficiario del régimen de
transición establecido en la Ley 860 de 2003 para los detectives del DAS, pues cumplió
los requisitos, esto es, i) haberse vinculado con anterioridad al 3 de agosto de 1994 y
ii) que a la entrada en vigencia de la ley (29 de diciembre de 2003) tuviera cotizadas
500 semanas, por lo que, de acuerdo con dicho régimen, tiene derecho a que su
pensión sea reconocida de conformidad con los Decretos 1933 de 1989 y 1047 de
1978.
13. Indicó que, laboró al servicio del DAS como detective especializado 206-14 por
19 años, 7 meses y 3 días comprendidos entre el 16 de octubre de 1984 y el 29 de
julio de 1990 y del 5 de septiembre de 1990 al 30 de junio de 2004.
14. Sostuvo que hay lugar a contabilizar el tiempo de servicios incluyendo el periodo
durante el cual prestó el servicio militar obligatorio, esto es, del 5 de enero de 1982 al
30 de diciembre de 1982; lo anterior, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 48
de 1993 y con los pronunciamientos del Consejo de Estado, que en concepto de 24
de julio de 2002 indicó que dichos periodos eran computables para efectos del
reconocimiento pensional.
15. Desatacó que de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 1047 de 1978,
1933 de 1989 y 1835 de 1994, tiene derecho a que su mesada sea liquidada con el
75% de los salarios y primas de toda especie percibidas durante su último año de
servicios, entre los cuales se encuentra la prima de riesgo, esta última de conformidad
con la Ley 860 de 2003.
2.2. Contestación de la demanda
16. La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones)3,
por intermedio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, y
señaló en primer lugar que el demandante no era beneficiario del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, pues no tenía ni la edad ni el tiempo de servicios.
3 Folios 153 siguientes del expediente.
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17. Por otra parte, señaló que tampoco tenía derecho a que su pensión fuese
reconocida de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1047 de 1978, pues dicha
normativa es aplicable a quienes cumplan la función de dactiloscopista, y aunque el
demandante demostró que laboró como detective del DAS, no acreditó que
desempeñó dicha función.
18. Además, de acuerdo con el parágrafo 5.° de la Ley 860 de 2003, se estableció
un régimen de transición para los detectives aplicable a quienes (i) se hubiesen
vinculado a la entidad con anterioridad al 3 de agosto de 1994, (ii) tuviesen 500
semanas cotizadas a la entrada en vigencia de esta ley (26 de diciembre de 2003).
19. Indicó que el demandante se vinculó al DAS antes del 3 de agosto de 1994, sin
embargo, no reunió las 500 semanas antes del 26 de diciembre de 2003, pues no eran
acumulables los tiempos de servicio durante los cuales el demandante realizaba los
estudios para detective, esto es, del 7 de julio de 1993 al 14 de julio de 1994, lo anterior,
de conformidad con el concepto 29 de julio de 2014.
20. Sostuvo que los tiempos de servicio que deben tenerse en cuenta para el
reconocimiento pensional deben contabilizarse a partir del 15 de junio de 1994, cuando
ingresó como detective agente 208-06, por lo que para el 26 de diciembre de 2003
sólo acreditó 490 semanas. En ese sentido, concluyó que el demandante no es
beneficiario del régimen de transición de la Ley 860 de 2003.
21. Por otra parte, señaló que el solicitante tampoco acreditó los requisitos
establecidos en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003 para adquirir la pensión, que exigen
55 años de edad y 1300 semanas de cotización, pues cuenta con 44 años y la edad y
mínima para adquirir la pensión a partir del 1. ° de enero de 2014 es de 62 años.
22. Propuso las excepciones de (i)inexistencia de la obligación de reconocer la
pensión de vejez, (ii) inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de vejez
con factores salariales no reportados, (iii) cobro de lo no debido, (iv) prescripción, (v)
inexistencia de intereses moratorios, (vi) improcedencia de la indexación de la
condena e intereses comerciales, (vii) buena fe y la de (viii) imposibilidad de la condena
en costas.
2.3. La sentencia apelada.
23. El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la sentencia de 3 de mayo
de 2023, 4 estimó que el demandante no tiene derecho al reconocimiento de su
pensión en los términos solicitados y, en consecuencia, negó las pretensiones de la
demanda.
4 Índice 48 de Samai – Expediente 5001233300020160205500
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24. Señaló que el parágrafo 5.° del artículo 2.° de la Ley 860 de 2003 reglamentó el
régimen de transición para los servidores del Departamento Administrativo de
Seguridad DAS y estableció como requisitos para ser beneficiario de dicho régimen (i)
estar vinculado al DAS antes del 3 de agosto de 1994 y (ii) que antes de la entrada en
vigencia de esta ley hubiere cotizado 500 semanas.
25. Indicó que el demandante cumplió con el primer requisito, pues se vinculó al
DAS el 16 de junio de 1993, y que demostró 50,4 semanas de cotizaciones por el
Ministerio de Defensa por el periodo comprendido entre el 8 de enero de 1989 y el 30
de diciembre de 1989 y 520 semanas por el DAS como detective profesional, en el
periodo comprendido entre el 16 de junio de 1993 y el 29 de diciembre de 2003, por lo
que el principio, le era aplicable lo dispuesto en la Ley 860 de 2003 y, en consecuencia,
el régimen de transición contemplado en el artículo 4.º del Decreto 1835 de 1994, para
el reconocimiento pensional.
26. No obstante, el demandante debió cumplir con los requisitos para acceder a la
pensión de alto riesgo establecidos en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989,
antes del 31 de julio de 2010, conforme el parágrafo transitorio 2° del artículo 1º del
Acto Legislativo 01 de 2005.
27. Al verificar el tiempo de servicio, señaló en primer lugar, de conformidad con el
artículo 40 de la Ley 48 de 1993, incluiría lo acreditado durante el servicio militar, esto
es, desde el 18 de enero de 1989 hasta el 30 de diciembre del mismo año,
completando un total de 11 meses y 23 días.
28. Respecto a la primera posibilidad para acceder a la pensión, esto es, acreditar
20 años de servicios continuos o discontinuos y cualquier edad, destacó que para el
31 de julio de 2010 el demandante contaba solamente con 18 años, 1 mes y 9 días de
servicios por lo que no tenía derecho la pensión en esos términos.
29. Frente a la posibilidad de acceder a la pensión acreditando el cumplimiento de
18 años de servicios continuos y 50 años de edad, tampoco se cumplió toda vez que
a 31 de julio de 2010, el demandante tenía 38 años de edad por lo que no tenía derecho
a la pensión conforme a esos presupuestos.
30. Estimó que el demandante no tenía derecho a adquirir la pensión de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1835 de 1994 pues dicha norma exige 55
años de edad y 1000 semanas de cotización especial, que no acreditó el actor. Así
mismo, no le era aplicable el régimen de transición de la Ley 36 de 1993 pues a 1. °
de abril de 1994 no contaba con 40 años de edad, ni 15 años de servicios.
31. Finalmente señaló que no tenía derecho a adquirir la pensión en los términos
previstos en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, pues a la fecha
de solicitud de reconocimiento de la prestación, esto es en el año 2014, la norma exigía
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como requisitos tener 62 años de edad y 1.275 semanas, de las cuales solo tenía
1085.
32. Bajo las anteriores consideraciones negó las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas a la parte vencida por estimar que no se encontraba
demostrada su causación.
2.4. Recurso de apelación5
33. La parte demandante, por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, al considerar que el actor
tiene derecho a que se reconozca su pensión de conformidad con el régimen de
transición especial del DAS, pues se vinculó a la entidad antes del 3 de agosto de 1994
y acreditó 500 semanas de cotización a la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003.
34. Estimó que el tribunal se equivocó al limitar el reconocimiento del derecho a que
el afiliado adquiriera el estatus para el 31 de julio de 2010, pues el Decreto 2090 de
2003 no consagra un régimen especial de pensiones sino un esquema normativo de
pensiones de alto riesgo que se inscribe en el régimen de prima media con prestación
definida dentro del sistema general de pensiones.
35. Así mismo, que el Acto Legislativo 01 de 2005 no prohíbe la existencia de reglas
especiales para pensiones de alto riesgo, que se inserten en los regímenes generales
de sistema de pensiones, y tampoco previó su desaparición inmediata o diferida.
36. Reiteró que los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS,
cobijados por los regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994,
2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las condiciones
de edad, tiempo de servicios y monto, entendido como el porcentaje o tasa de retorno,
señalados por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.
2.5. Trámite en segunda instancia.
37. A través de auto de 16 de abril 20246, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante y se ordenó correr traslado al agente del
Ministerio Público para conceptuar en segunda instancia.
38. Las partes demandantes, demandada y el agente del ministerio público
guardaron silencio.
5 Folio 224 y siguientes del expediente.
6 Folio 219 del expediente
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39. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
40. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 7 de la Ley 1437 de 2011.
3.3. Marco de análisis de la segunda instancia
41. Según el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez
de segunda instancia está circunscrita a los argumentos del apelante. Si ambas partes
apelan la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
42. En el asunto objeto de estudio, el demandante es apelante único, por lo que la
competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a los argumentos
esgrimidos en el recurso de apelación.
3.4. Problema Jurídico
43. La Sala de Subsección establecerá la legalidad de los actos demandados, para
lo cual se revisará si el demandante, a la fecha de expedición de estos, cumplía o no
los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión con el régimen especial de
pensiones del Departamento Administrativo de Seguridad DAS por haberse
desempeñado como detective en dicha entidad.
3.5. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso
3.5.1. Régimen especial de pensiones de los servidores del DAS antes de la
entrada en vigor del Sistema General de Seguridad Social8.
44. El Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1989 9 dictó una norma general según
la cual los empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones sociales
señaladas para las entidades públicas del orden nacional en los Decretos 3135 de
7 « El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el
de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
8Análisis normativo efectuado por esta Subsección en sentencia del 26 de agosto de 2021 dentro del proceso
radicado 11001-03-25-000-2016-00680-00(2852-16), con ponencia de quien se ocupa de esta providencia.
9 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento Administrativo de
Seguridad».
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1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984 y en las demás reglas que los
adicionen o modifiquen10. En el artículo 1011 previó que los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad se regirían por los cánones generales
sobre pensión de jubilación. De otra parte, quienes desarrollaran funciones de
dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o especializado, así
como los detectives en sus diferentes grados y denominaciones, se gobernarían por
lo previsto en el Decreto Ley 1047 de 1978 12.
45. En cuanto a los factores para la liquidación de la pensión y de las cesantías el
mencionado decreto, en el artículo 18 señaló los siguientes: asignación básica
mensual señalada para el respectivo cargo; incrementos por antigüedad; bonificación
por servicios prestados; prima de servicio, subsidio de alimentación; auxilio de
transporte; prima de navidad; gastos de representación; viáticos que reciban los
funcionarios en comisión, dentro o fuera del país, cuando se hayan percibido por un
término no inferior a ciento ochenta (180) días en el último año de servicio y la prima
de vacaciones.
46. A pesar de que esa norma no incluyó la prima de riesgo, la jurisprudencia del
Consejo de Estado admitió su cómputo en la sentencia del 1.° de agosto de 2013 13,
providencia en la cual consideró que debía acogerse el criterio de favorabilidad
expuesto en la sentencia del 4 de agosto de 201014, según el cual es válido tener en
cuenta todas aquellas sumas que el servidor percibe de manera habitual y periódica
como contraprestación del servicio, independientemente de su denominación. Agregó
que una interpretación distinta vulneraría las garantías que la Constitución Política de
1991 previó como referencia para garantizar el desarrollo y la efectividad del derecho
fundamental al trabajo, entre ellas, la remuneración mínima, vital y móvil, así como los
principios de favorabilidad y primacía de la realidad sobre las formas. Al respecto,
precisó que la prima de riesgo es percibida en forma permanente y mensual. En
10 «Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad tendrán derecho a
las prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración pública del orden nacional en los
Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984, artículo 3º y en los que los adicionan, modifican,
reforman o complementan y, además, a las que este decreto establece.»
11 «Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas para los
empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad.
Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de Detective Agente, Profesional o
Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia de jubilación, por el Decreto-
ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de detectives en sus distintos grados y
denominaciones.»
12 «Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior y que permanezcan
al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad por un término no menor de 18 años continuos en el
desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 50 años de edad,
siempre que para esta época fueren funcionarios de ese Departamento.»
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación: 4400123310002008150
01(0070-2011), demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23 25 000 2006
07509 01 (0112-09).
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consecuencia, hace parte de la contraprestación directa que recibían los servidores
del DAS, por lo que debía ser parte del ingreso base de cotización y de la liquidación
de la pensión.
47. Sobre las denominadas actividades de alto riesgo en el sector público, el
artículo 14015 de la Ley 100 de 1993 facultó al Gobierno Nacional para expedir el
régimen de los servidores públicos que las desarrollen, teniendo en cuenta una menor
edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos,
sin desconocer derechos adquiridos. Para el efecto, se definieron las actividades de
alto riesgo como aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria.
48. En virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1835 del 3 de
agosto de 1994, por medio del cual reglamentó las actividades de alto riesgo de los
servidores públicos, y en cuanto a los cargos señaló lo siguiente:
«1. En el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS: Personal de detectives
en sus distintos grados y denominaciones de especializado, profesional y agente.
(Negrilla fuera del original) (…).16
49. De lo anterior se puede colegir, que la labor de los detectives del DAS se
clasificó como de alto riesgo, por ello se encuentran bajo un régimen de transición
especial17 para aquellos que, a su entrada en vigencia, esto es, el 4 de agosto de
1994, laboraran en dicha actividad con el beneficio de acceder a la pensión en las
condiciones indicadas por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir, los
Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.
50. El Decreto Ley 860 del 26 de diciembre de 200318 se ocupó de regular la materia
pensional para los servidores que desempeñan labores de alto riesgo en el DAS e
incluyó a la prima de riesgo en el ingreso base de cotización. La norma también
estableció un nuevo régimen de transición en el parágrafo 5.° del artículo 2°: «Los
detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1994 que a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley hubieren cotizado 500 semanas les serán
15 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-003 de 1996.
16 Artículo 2 del Decreto 1835 de 1994
17 «Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las actividades descritas en los
numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no
tendrán condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo
de servicio requerido o el número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para ellos en las normas
vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán por las
disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las
cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»
18 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan
otras disposiciones.»
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reconocida la pensión de vejez en las mismas condiciones del régimen de transición
contenidas en el Decreto 1835 de 1994».
51. En virtud del Acto Legislativo 1 de 2005, se determinó que: (a) «los requisitos y
beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por
actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse
de lo allí establecido» y (b) la aplicabilidad del régimen de transición corrió hasta el 31
de julio de 2010, o, excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2014, en el caso
que los beneficiarios contaran con 750 semanas de cotización o su equivalente en
tiempo de servicios al momento de la entrada en vigor de dicho Acto Legislativo.
3.5. Caso concreto
3.5.1. De las pruebas.
52. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Subsección advierte
como relevantes las siguientes pruebas:
• El señor Luis Augusto Morales Devia nació el 20 de noviembre de 1971. 19
• Prestó sus servicios en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, en
el periodo comprendido entre el 16 de junio de 1993 y el 31 de enero de
2012.20
Ministerio de 8 de enero 30 de 11 meses y 50.8
Defensa 21 de 1989 diciembre de 22 días semanas
1989
Departamento 16 de junio de 31 de enero 18 años, 7 971.8
Administrativo de 1993 de 2012 meses y 15 semanas
Seguridad22 días
Total 19 años, 7 1022.6
meses y 7 semanas
días
• Que durante el tiempo en el que estuvo vinculado al DAS, desempeñó los
siguientes cargos:
• Alumno de academia grado 03 (del 16 de junio de 1992 al 6 de julio de
1993)
• Alumno de academia 326-03 para ocupar el cargo de detective. (7 de julio
de 1993 al 14 de junio de 1994)
• Detective agente 208-06
• Detective 208-06
19 Archivo GEN-DDI-AF-2015_7653779-20150821120005 del CD visible en el folio 1del expediente
20 Folio 30 del expediente
21 Archivos GRP-COP-AF-2013_5265122-20140327032955 y GEN-ANX-CI-2015_4319209-20150514111517del
CD visible en el folio 1del expediente
22 Folio 54 del expediente
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• Detective 208-07
• Detective Profesional 208-09
• De acuerdo con la certificación de 6 de noviembre de 2012 suscrita por el
coordinador del Grupo de Administración de Personal del Departamento
Administrativo de Seguridad en Supresión, el señor Morales Devia ingresó
como alumno de academia grado 03 el 16 de junio de 1993, asignado a la
Academia Superior de Inteligencia y Seguridad Pública y desempeñó como
ultimo cargo el de detective profesional 207-09 asignado al Grupo de
Identificación Independiente de la Dirección General Operativa. 23
• Luis Augusto Morales Devia fue incorporado a la Policía Nacional de Colombia
a partir del 1. ° de febrero del 2012, como consecuencia de la supresión del
Departamento Administrativo de Seguridad24 y laboró en dicha entidad hasta el
18 de julio de 201425 en donde se desempeñó como técnico de identificación y
registro código 1-2 grado 7.26
• Según la certificación 6 de noviembre de 2012, suscrita por el Coordinador del
Grupo de Administración de Personal del Departamento Administrativo de
Seguridad en proceso de supresión, el demandante fue asignado a partir del 24
de septiembre de 2009, y hasta el 28 de noviembre de 2011, a la Dirección
General de Inteligencia, a partir del 29 de noviembre de 2011 al 26 de diciembre
2011, a la seccional Antioquia y desde el 27 de diciembre de 2011 hasta el 31
de enero de 2012 al Grupo de Identificación Dependiente de la Dirección
Operativa . 27
• A través de Resolución GNR 9242 de 14 de enero de 2014, la entidad negó el
reconocimiento de una pensión de vejez al demandante, conforme los Decretos
1933 de 1989 y 1047 de 1978 por estimar que no cumplió con el requisito de
los 20 años de servicios como detective del DAS para acceder a la prestación.
28
• Mediante Resolución GNR 182502 de 22 de mayo de 2014, Colpensiones
resolvió un recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión,
confirmándola en su totalidad. 29
23 Folio 53 del expediente.
24 Folio 63 del expediente
25 Folio 45 del archivo GEN-ANX-CI-2015_4319209-20150514111517 del CD visible en el folio 1 del expediente.
Folio 48 ibidem
27 Folio 59 del expediente
28 Archivo GRF-AAT-RP-2013_5265122-20140114100701 del CD visible en el folio 1 del expediente.
29 Archivo GRF-AAT-RP-2014_4570517-20140611112648 del CD visible en el folio 1 del expediente.
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• En la Resolución VPB 17733 de 26 de febrero de 2015 Colpensiones resolvió
un recurso de apelación presentado contra la anterior decisión, confirmándola
en su totalidad. 30
• Mediante Resolución GNR 260548 de 27 de agosto de 2015 Colpensiones negó
al demandante el reconocimiento de una pensión de jubilación de conformidad
con el régimen de transición previsto en la Ley 806 de 2033, esto es, de acuerdo
a lo dispuesto en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, por estimar que
no cumplió con el tiempo de servicios establecidos en la norma para adquirir la
prestación, ya que solo acreditó 18 años, 7 meses y 16 días de servicio, lo
anterior teniendo en cuenta que los tiempos en los que el demandante laboró
en la academia del DAS, no era acumulable para efectos de pensión. Así mismo
indicó no se efectuaron cotizaciones especiales para alto riesgo desde el 23 de
junio de 1994 hasta el 26 de diciembre de 2003, fecha en la que entró en
vigencia la Ley 860 de 2003. 31
• A través de Resolución GNR 384239 de 27 de noviembre de 2015 Colpensiones
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión,
confirmado lo decidido.32
• En Resolución VPB 9044 24 de febrero de 2016, Colpensiones resolvió un
recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión confirmándola en
su totalidad.33
3.5.2. Análisis de la Sala
53. El señor Luis Augusto Morales Devia en calidad de exfuncionario del extinto
Departamento Administrativo de Seguridad- DAS, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho solicitó la nulidad de las Resoluciones GNR
9242 de 14 de enero de 2014, GNR 182502 de 22 de mayo de 2014, VPB 17733 de
26 de febrero de 2015, GNR 260548 de 27 de agosto de 2015, GNR 384239 de 27 de
noviembre de 2015 y VPB 9044 de 24 de febrero de 2016 a través de los cuales se
negó el reconocimiento de una pensión de jubilación de conformidad con el régimen
especial de pensiones establecido para los servidores del DAS.
54. En el recurso de apelación la parte actora insiste en el derecho pretendido,
destacando que contrario a lo considerado por el Tribunal, el régimen de transición
especial que lo cobija no ha perdido vigencia y por tanto, , no hay lugar a limitar en el
tiempo el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del status pensional.
30 Archivo GRF-AAT-RP-2015_2637153-20150324044545 del CD visible en el folio 1 del expediente.
31 Archivo GRF-AAT-RP-2015_4319209-20150827115234 del CD visible en el folio 1 del expediente.
32 Archivo GRF-AAT-RP-2015_8664297-20151127091701 del CD visible en el folio 1 del expediente.
33 Archivo GRF-AAT-RP-2016_2107492-20160302045132 del CD visible en el folio 1 del expediente.
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55. Como se indicó en acápites anteriores, la Ley 1933 de 1989 estableció que los
empleados del extinto DAS gozan de un régimen prestacional especial para efectos
de la pensión de jubilación, de acuerdo con el cual estos tendrán derecho a que la
prestación se reconozca según las normas generales previstas para los empleados
públicos del orden nacional, es decir, se les aplica lo consagrado en los Decretos 3135
de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.
56. Sin embargo, el personal de detectives en sus distintos grados y los que
cumplan funciones de dactiloscopistas, se encuentran exceptuados de este régimen,
pues dicha disposición señaló que a estos se aplicaría el régimen pensional previsto
en el Decreto 1047 de 1978 , de acuerdo con el cual, tienen derecho a que su pensión
de jubilación sea reconocida con 20 años de servicios continuos o discontinuos,
independientemente de la edad, o 18 en la misma condición, siempre y cuando
tuviesen 50 años de edad y para esta época fuera funcionario del DAS.
57. Posteriormente, mediante Decreto 1835 de 1994, el gobierno reglamentó las
actividades de alto riesgo para los servidores públicos, entre los que se encontraban
los detectives del DAS y estableció para estos, un régimen de transición aplicable a
los detectives vinculados con anterioridad a este decreto. Sin embargo, dicho régimen
fue derogado por el Decreto 2090 de 2003 que dispuso que quienes a 28 de julio de
2003 (fecha de su entrada en vigencia), hubiesen efectuado al menos 500 semanas
de cotización especiales, tendrían derecho a que una vez cumplidas 1000 semanas
cotizadas, la pensión de jubilación les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en la norma anterior que regula las actividades de alto riesgo, esto es, el
Decreto 1835 de 1994.
58. Ahora bien, el parágrafo 5 del artículo 2.° de la Ley 860 de 2003 establece un
régimen de transición que exige estar vinculado antes del 3 de agosto de 1994 y
acreditar 500 semanas de cotización antes de la entrada en vigencia de la ley para
beneficiarse de «las mismas condiciones del régimen de transición contenidas en el
Decreto 1835 de 1994». Esta última norma dispuso que los detectives que estuviesen
vinculados al DAS con anterioridad a su entrada en vigencia «no tendrían condiciones
menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o
jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de semanas cotizadas, y el
monto de esta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con
anterioridad a la Ley 100 de 1993».
59. De allí que quienes tuvieran la expectativa de pensionarse con arreglo al
régimen especial contenido en las anteriores normas, debían acudir a aquellas
establecidas en los artículos 1 o 2 del Decreto 1047 de 1978, por remisión del artículo
10 del Decreto 1933 de 1989. La norma a la que se alude señala lo siguiente:
«Artículo 1. Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o discontinuos
las funciones de las dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad, y
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que hayan aprobado el curso de formación en dactiloscopia impartido por el instituto
correspondiente de dicho Departamento, tendrán derecho a gozar de la pensión de
jubilación cualquiera sea su edad.»
60. Las pruebas allegadas al proceso demuestran que (i) el demandante se vinculó
como detective al DAS antes de la entrada en vigencia del Decreto 1835 de 1994 34,
pues ingresó como detective el 16 de junio de 1993 y (ii) a la entrada en vigor de la
Ley 860 de 2003 35había cotizado más de 500 semanas (599,6 semanas).
61. Ahora bien, de acuerdo con el artículo primero de la disposición transcrita, se
estableció que podían ser beneficiarios de la pensión de jubilación los empleados que
se desempeñaran como dactiloscopistas en el DAS por 20 años y que hubiesen
aprobado el curso de formación en dactiloscopia.
62. Siendo así, el actor no cumplió con los 20 años de servicios exigidos para
adquirir el derecho, pues de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso se
encuentra demostrado que éste laboró como detective del DAS, durante 19 años, 7
meses y 7 días, lo anterior teniendo en cuenta un periodo de 11 meses y 22 días en
los que el demandante prestó en servicio militar, pues como ha señalado esta
corporación en pronunciamientos anteriores, «todo colombiano que haya prestado el
servicio militar obligatorio y sea beneficiario de un régimen pensional que se
fundamenta en los aportes efectivamente realizados al sistema, tiene derecho a que
la entidad encargada de reconocerle la pensión de vejez, le compute el tiempo durante
el cual prestó dicho servicio como semanas efectivamente cotizadas al sistema.».36
63. En igual sentido lo dispuso esta Subsección en sentencia del 7 de noviembre
de 2019 al señalar que «el periodo en el que […] prestó el servicio militar obligatorio
era computable con el que trabajó en el DAS, de modo que los dos se podían computar
para cumplir con el requisito de tiempo necesario para acceder a la pensión de
vejez».37
64. Por otra parte, el artículo 2.° del Decreto 1047 de 1978 prevé un segundo
supuesto para adquirir la pensión de jubilación bajo el régimen especial del DAS, que
exige el cumplimiento de dos requisitos (i) 18 años de servicios continuos en el
desempeño de funciones de dactiloscopista y (ii) 50 años de edad, siempre que para
esa época fueren funcionarios del DAS.
65. Sobre el primer requisito, la Sala reitera que se probó que el accionante laboró
por un periodo superior a los 18 años como detective del DAS, y aunque no se
34 4 de agosto de 1994
35 23 de diciembre de 2003
36 Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “A”. Sentencia de 3 de noviembre de 2022 rad. 85001 23
33 000 2015 00022 01 (4995-2015) MP: Rafael Francisco Suarez Vargas.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicado 11001
03 25 000 2016 00681 00(2861-2016), M.P. Gabriel Valbuena Hernández
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demostró que aprobó el curso de dactiloscopista, con base en el artículo 20 del Decreto
2193 de 1998, así como del artículo 50 del Decreto 2147 de 1989, es posible inferir
que, si el demandante ingresó al DAS como detective agente 208-06 y permaneció en
la institución e incluso fue promovido en los cargos de detective agente y profesional
en sus diferentes códigos y grados, es porque aprobó de manera satisfactoria el curso
exigido en el Decreto 1047 de 1978, razón suficiente para entender acreditada esta
exigencia.
66. En cuanto al requisito de tener 50 años de edad advierte la Sala que, para la
fecha de expedición de los actos administrativos demandados (26 de mayo de
2015), el señor Morales Devia cumplía con el tiempo requerido, pues acreditó más de
18 años en calidad de detective, lo cierto es que no satisfizo el requisito de la edad
(50 años de edad) pues para ese momento contaba con 43 años, 9 meses de edad.
67. En esos términos, no se logró desvirtuar la legalidad de los actos demandados,
que negaron el derecho pensional por no encontrar acreditados los requisitos legales.
68. Ahora, sobre el argumento del juez de primera instancia, que indicó que no era
posible reconocer la pensión en los términos establecidos en las normas antes citadas,
pues de acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005, la vigencia de los regímenes
pensionales exceptuados expiraría el 31 de julio de 2010, se advierte que en
pronunciamientos anteriores, la Corporación ha señalado que «la Ley 860 de 2003
actualmente mantiene su vigor, pues esta norma no contiene un régimen especial o
exceptuado del sistema general de pensiones, sino, precisamente hace parte de él al
tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, y en dicho sentido, las
barreras temporales impuestas por la reforma constitucional de 2005 no le afectan. No
se puede perder de vista que el régimen general de pensiones de la Ley 100 de 1993
está constituido por distintas normas que integran de manera permanente un solo
sistema en casos en los que constitucionalmente está habilitado un tratamiento más
favorable (a manera de ejemplo, respecto de aquellos que laboren en actividades de
alto riesgo) .».38 En esos términos, si en la actualidad el actor cumple con los requisitos
establecidos para ser beneficiario del régimen especial de los detectives del DAS,
podrá reclamarlo ante la respectiva entidad de previsión.
3.6. Decisión de segunda instancia
69. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de
la demanda, toda vez que, aunque estima que el demandante al momento de
expedición de los actos enjuiciados no cumplía con el requisito de edad de 50 años,
que es necesario para el reconocimiento de la prestación.
38 sentencia del 22 de junio de 2023, radicado 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958- 2018) M. P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
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3.7. De la condena en costas en segunda instancia.
70. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
61. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
71. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
72. En el caso concreto no procede la condena en costas, pues, aunque la
sentencia de primera instancia será confirmada, le asiste razón al actor en cuanto a
que el régimen pensional aplicable es el previsto en el artículo 2 del Decreto 1047 de
1978, por virtud de lo dispuesto en los artículos 2, parágrafo 5 de la Ley 860 de 2003,
4 del Decreto 1835 de 1994 y 10 del Decreto 1933 de 1989, no obstante, al momento
de expedición de los actos enjuiciados no cumplía con el requisito de edad de 50 años.
73. Por ello, se ordenará a la Administración iniciar un nuevo procedimiento tendiente
a dilucidar el derecho pensional que podría asistirle al accionante. En consecuencia,
se prescindirá de la condena en costas en ambas instancias.
74. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia de 3 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones dentro del proceso promovido
por el señor Luis Augusto Morales Devia en contra de Colpensiones, por las razones
expuestas en esta providencia.
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SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante.
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Antioquia.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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