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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2017-00061-01

Fecha
22 de junio de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2017-00061-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2017, por el Tribunal Administrativo de Casanare, que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone: Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones GNR271811 del 14 de septiembre de 2016, GNR337632 del 16 de noviembre de 2016 y VPB2363 del 19 de enero de 2017, mediante las cuales se negó la pensión de jubilación reclamada por el señor Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez. Tercero. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a título de restablecimiento del derecho, a reconocer la pensión de jubilación del señor Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez, a partir del 22 de octubre de 2017, teniendo en cuenta el 74 % del promedio de lo cotizado en los 10 años anteriores a su retiro definitivo del servicio, con la inclusión de los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994 y la prima de riesgo, esta última en los porcentajes señalados por el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003. Cuarto. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a título de restablecimiento del derecho, a pagar al señor Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez el retroactivo que surja como consecuencia de la liquidación dispuesta en el ordinal anterior, en forma indexada. Quinto. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a ajustar las sumas a reconocer, aplicando la fórmula señalada en la parte considerativa de esta sentencia. 28 Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18) Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez Sexto. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) a dar cumplimiento a la presente sentencia, en los términos previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. Séptimo. Negar las demás pretensiones de la demanda. Octavo. Condenar en costas de ambas instancias a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y a favor del demandante, las cuales […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 85001-23-33-000-2017-00061-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

22 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-2018)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

Temas: Reconocimiento pensión de jubilación, régimen especial de los
servidores del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), guardián

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y
por el Ministerio Público, contra la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2017,
por el Tribunal Administrativo de Casanare, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo - CPACA, el señor Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez,
mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

las siguientes Resoluciones: i) GNR271811 del 14 de septiembre de 2016, que le
negó el reconocimiento de la pensión de vejez; ii) GNR337632 del 16 de noviembre
de 2016, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior
decisión y la confirmó; y iii) VPB2363 del 19 de enero de 2017, que desató el
recurso de apelación incoado dentro de dicha actuación y ratificó la postura de la
administración. Los mencionados actos fueron proferidos por la Administradora
Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó ordenar a Colpensiones i) reconocer una pensión de jubilación en los
términos de los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978 y 451 de
1984 y en el artículo 2 de la Ley 860 de 2003; ii) liquidar la prestación con el 75 %
del salario promedio devengado en el último año de servicio; iii) indexar la primera
mesada pensional; iv) incluir el valor de los ajustes periódicos de conformidad con
el artículo 14 de la Ley 100 de 1993; v) condenar al pago de intereses moratorios,
costas y agencias en derecho.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El señor Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez nació el 22 de octubre de 1967;
laboró al servicio del DAS desde el 2 de noviembre de 1988 hasta el 2 de julio de
2014, en el cargo de guardián 214-05, en ejercicio de funciones de alto riesgo.

ii) El 9 de agosto de 2016, solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión
de jubilación por actividades de alto riesgo, toda vez que prestó sus servicios al
Departamento Administrativo de Seguridad, en adelante DAS, por más de 25 años.

iii) Mediante los actos acusados, la entidad demandada negó el reconocimiento
deprecado, con fundamento en que a 1º de abril de 1994 contaba con 26 años de
edad y 289 semanas de cotización; de manera que no es beneficiario de la

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Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Aunado a que tampoco
cumple con los requisitos del régimen especial para acceder a la pensión como ex
servidor del DAS, puesto que no se desempeñó en los cargos señalados en los
Decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989 y 1835 de 1994, ni en la Ley 860 de 2003.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 48, 53 y 58 de la Constitución Política;
5 de la Ley 4.ª de 1976; 2 del Decreto 1047 de 1978; 10, inciso 2 y 18 del Decreto
1933 de 1989; 2, parágrafo 5 de la Ley 860 de 2003; 140 de la Ley 100 de 1993;
las Leyes 700 de 2001 y 1437 de 2011; los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969,
451 de 1984, 1045 de 1978, 691 de 1994 y 1158 de 1994.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso que
el señor Bohórquez Bohórquez cumplió con todos los requisitos establecidos «en
el artículo 2 del Decreto 1047 de 1978», así como con lo dispuesto en los
Decretos 1933 de 1989 y 1835 de 1994, para ser beneficiario del reconocimiento y
pago de una pensión de jubilación de alto riesgo, por haber laborado más de «27»
años como guardián al servicio del DAS.

1.2. Contestación de la demanda

Colpensiones no contestó la demanda, tal y como lo advirtió el Tribunal mediante
auto del 29 de septiembre de 2017.1

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia escrita proferida el 14
de diciembre de 2017, negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se
pronunció en estos términos:2

1 Folio 134.
2 Folios 172 al 187. Con ponencia del magistrado José Antonio Figueroa Burbano

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Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

i) El demandante no es beneficiario del régimen especial de pensión de jubilación
de dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o
especializados, ya que el empleo que desempeñó todo el tiempo de servicio fue el
de guardián en la Seccional Casanare del DAS, luego estuvo sometido primero, al
régimen general de pensiones establecido para los servidores públicos (Leyes 33
y 62 de 1985) y, posteriormente, a partir de la Ley 100 de 1993, a las
disposiciones de esa norma; sin embargo, no se vio favorecido por el régimen de
transición previsto en el artículo 36 ibidem, porque cuando dicho artículo entró en
vigencia solo tenía 26 años de edad y 5 años, 4 meses y 29 días de servicio.

ii) El artículo 2 del Decreto 1835 de 1994 únicamente consideró como actividades
de alto riesgo las de detectives en sus distintos grados y denominaciones de
especializado, profesional y agente. Asimismo, la Ley 860 de 2003 no incluyó a los
guardianes del DAS como beneficiarios de la pensión especial, luego no puede el
actor pretender, en su calidad de guardián, ser destinatario de estas normas.

iii) Al analizar la situación del accionante a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005
se advierte que para el 22 de julio de 2005 llevaba laborando 16 años, 8 meses y
20 días lo que significa que cumplía con el requisito de tener al menos 750
semanas de servicio; no obstante, no estaba cobijado por el régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, en consecuencia, no tenía derechos adquiridos y quedó
cobijado por el sistema general de pensiones, para el cual, a la fecha de
expedición de la sentencia, tampoco reunía los requisitos exigidos.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. El demandante

El señor Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez, por conducto de apoderado, interpuso
recurso de apelación3 y lo sustentó así:

i) La sentencia proferida por el a quo no abordó la aplicación de la condición más
3 Folios 189 al 194.

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Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

favorable, ni el derecho a la igualdad, toda vez que hay trabajadores que se
encuentran en similares circunstancias de hecho y de derecho a quienes sí se les
reconoció la pensión reclamada.

ii) Tal y como se expuso en el salvamento de voto de la sentencia recurrida, 4 el
guardián del DAS hacía parte del área operativa de la entidad y por ello fue
beneficiario de la prima especial de riesgo, cuya cobertura amplió el Decreto 2646
de 1994. Asimismo, si sirvió durante casi 20 años en las funciones de guardián, ha
de tenerse como servidor público en actividades de alto riesgo, aunque no pueda
equipararse a un detective, dactiloscopista o criminalístico. Además, como la
cotización adicional especial estaba a cargo del empleador, no es indispensable
acreditar si se hizo o no.

iii) De acuerdo con las pruebas allegadas al plenario, las actividades que realizaba
el demandante como guardián de las instalaciones del DAS consistían en velar por
la seguridad interna y externa y asumir la defensa del Departamento. Así que, si
bien la denominación del cargo no se encuentra enlistada en las disposiciones que
regulan la pensión especial por alto riesgo, lo cierto es que el espíritu de la norma
no era otra que la de otorgar dicho beneficio a estos servidores.

1.4.2. El Ministerio Público

La Procuraduría 53 Judicial II Administrativa delegada ante el Tribunal
Administrativo de Casanare interpuso recurso de apelación5 con fundamento en
las siguientes consideraciones:

i) Al realizar un paralelo entre las funciones desempeñadas por el actor y las de
los detectives, estas pueden ser calificadas como de alto riesgo, en una
interpretación conforme a la Constitución Política, en especial, los postulados de
los artículos 13 y 53. Lo anterior, con fundamento en el artículo 2 del Decreto 2646
de 1994, cuando prevé que los empleados del DAS «que desempeñen cargos del

4 Con ponencia del magistrado Néstor Trujillo González.
5 Folios 195 al 199.

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Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

área operativa no contemplados en el artículo 1» de dicha norma, tendrán derecho
a una prima especial de riesgo. Por ello, es claro que, al establecer tal disposición,
el legislador quiso ordenar una protección especial al asimilar el riesgo de esos
empleados (guardianes) con los detectives.

ii) En tal sentido, se comparten las afirmaciones del salvamento de voto, según las
cuales desde una perspectiva constitucional es factible concluir que a. el guardián
del DAS hacía parte del área operativa de la entidad y por ello fue beneficiario de la
prima especial de riesgo cuya cobertura amplió el Decreto 2646 de 1994; b. si tuvo
derecho a esa prima, hizo parte de uno de los grupos destinatarios del régimen de
pensión anticipada del artículo 2 de la Ley 860 de 2003, «pues no todos obedecen
a la técnica legislativa de textura cerrada (números clausus)»; c. si sirvió durante
casi 20 años en la función del guardián, ha de tenerse como servidor público en
actividades de alto riesgo, aunque no pueda equipararse al detective,
dactiloscopista o criminalístico; y d. como la cotización adicional especial estaba a
cargo del empleador, no es indispensable acreditar si se hizo o no.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. El demandante

El señor Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez, por conducto de apoderado, reafirmó
lo sostenido en el libelo introductorio y en el recurso de alzada.6

1.5.2. La demandada

Colpensiones, por intermedio de su apoderado, solicitó «revocar la sentencia
proferida en primera instancia que accedió a las súplicas incoadas» sic, con
fundamento en que la actividad de guardián no se encuentra prevista dentro de las
normas que solicita el accionante le sean aplicadas. Asimismo, si bien este sumó

6 Folios 218 al 221.

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Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

más de 1300 semanas de cotización, no ha cumplido el requisito de la edad
previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.7

1.6. El ministerio público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.8

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De conformidad con los recursos de apelación interpuestos, la Sala deberá
establecer si el señor Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez tiene derecho al
reconocimiento de su pensión de vejez con el régimen especial de pensiones por
actividades de alto riesgo, por haberse desempeñado como guardián del DAS.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Régimen especial de pensiones para los servidores que ejercen
actividades de riesgo en el sector público en vigencia del Sistema General de
Seguridad Social.

El artículo 1409 de la Ley 100 de 199310 previó, en un principio, lo siguiente:

Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De
conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de
los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en
cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización,
o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo
para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de

7 Folios 223 y 224.
8 Folio 643.
9 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-003 de 1996.
10 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».

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Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos
adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización
a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad.

Posteriormente, se expidió el Decreto 691 de 1994, por el cual se incorporaron los
servidores públicos al Sistema General de Pensiones, y del que cabe resaltar su
artículo 5, pues a través de este, extendió el régimen general a los servidores que
laboren en actividades de alto riesgo para su salud.

No obstante, en atención a esta preceptiva y bajo los parámetros de la Ley 4.ª de
1992, el Gobierno nacional profirió el Decreto 1835 del 3 de agosto de 1994, por
medio del cual reglamentó las actividades de alto riesgo de los servidores
públicos, que circunscribió a las siguientes:

Artículo 2º. Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la Ley
100 de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:

1. En el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS: Personal de
detectives en sus distintos grados y denominaciones de especializado,
profesional y agente. (Resaltado fuera del texto)

2. En la Rama Judicial.

Funcionarios de la jurisdicción penal:

Magistrados, Jueces Regionales, Jueces Penales del Circuito, Fiscales y empleados
de los Cuerpos de Seguridad de la Fiscalía General de la Nación y los siguientes
funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía: Profesionales
judiciales especiales, profesionales universitarios judiciales I y II, jefes de sección de
criminalística, investigadores judiciales I y II, técnicos judiciales I y II y escoltas I y
II. […].

De acuerdo con lo anterior, la labor de los detectives del DAS también se clasificó
como de alto riesgo. Asimismo, la norma estableció un régimen de transición
especial11 para aquellos que a su entrada en vigencia, esto es, el 4 de agosto de

11 «Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las

actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen
vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo
que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio
requerido o el número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para
ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.

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Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

1994, laboraran en dicha actividad con el beneficio de acceder a la pensión en las
condiciones indicadas por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir,
los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.

Ahora bien, el Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 200312 derogó el Decreto 1835
de 1994 y definió una vez más cuáles actividades son consideradas de alto riesgo,
sin incluir al DAS.

Finalmente, la Ley 860 del 26 de diciembre de 200313 nuevamente se ocupó de
regular la materia pensional para los servidores que desempeñan labores de alto
riesgo en el DAS y, entre otras cosas, incluyó a la prima de riesgo en el ingreso
base de cotización.14 Además, estableció un régimen especial para el personal del
DAS al que se refieren los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, y uno de

transición para los detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1994,
quienes tendrían derecho a pensionarse en las condiciones previstas en el
Decreto 1835 de 1994. Esto señala la norma:

Artículo 2. Definición y campo de aplicación. El régimen de pensiones para el
personal del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, al que se refieren los
artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994 o normas que lo modifiquen o adicionen,
será el que a continuación se define.

Para el personal del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que labore en
las demás áreas o cargos, se les aplicará en su integridad el Sistema General de
Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.

Parágrafo 1. Pensión de vejez por exposición a alto riesgo. Los Servidores Públicos
señalados en este artículo, dada su actividad de exposición a alto riesgo, que
efectúen la cotización especial señalada en el artículo 12 del Decreto 1835 de
1994 y la que se define en la presente ley, durante por lo menos 650 semanas,
sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión de vejez,
siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente
como servidores del Departamento de Seguridad, DAS, en los cargos
señalados en los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994.

Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o
jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos,
particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»
12 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y

señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades.»
13 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.».
14 Artículo 2.º, parágrafo 4.

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Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

Parágrafo 2. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión de vejez por
exposición a alto riesgo (DAS). La pensión de vejez, se sujetará a los siguientes
requisitos:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones al que se refiere el artículo 33 de la Ley
100 de 1993.

La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá un (1)
año por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales a las
mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda
ser inferior a cincuenta (50) años.

Parágrafo 3. Monto de la cotización especial. El monto de la cotización especial para
el personal del DAS del que trata la presente Ley, será el previsto en la Ley 100 de
1993, modificado por la Ley 797 de 2003, más diez (10) puntos adicionales a cargo
del empleador.

Parágrafo 4. Ingreso base de cotización. El ingreso base de cotización para los
servidores públicos a que se refiere este artículo, estará constituido por los factores
incluidos en el Decreto 1158 de 1994, adicionado en un 40% de la prima especial de
riesgo a la que se refieren los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994.

El porcentaje del cuarenta por ciento (40%) considerado para el Ingreso Base de
Cotización se incrementará al cincuenta por ciento (50%) a partir del 31 de
diciembre del 2007.

Parágrafo 5. Régimen de transición. Los detectives vinculados con anterioridad al 3
de agosto de 1994 que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hubieren
cotizado 500 semanas les serán reconocida la pensión de vejez en las mismas
condiciones del régimen de transición contenidas en el Decreto 1835 de 1994

Parágrafo 6. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible>15 Los servidores públicos de
que trata el campo de aplicación del presente artículo, que a la fecha de entrada en
vigencia de la misma se encuentren afiliados al Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad, deberán trasladarse al Régimen Prima Media con Prestación Definida
en un plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de su
publicación, para que les sea aplicado el régimen previsto en la presente ley. En ese
caso no será necesario que hubieren cumplido el término de permanencia de que
trata el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.

A aquellos servidores públicos que decidan permanecer en el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad se les aplicará en su integralidad lo previsto para dicho
Régimen en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.

Parágrafo 7. Normas aplicables. En lo no previsto para la pensión de vejez
establecida en el presente artículo, se aplican las normas generales contenidas en
la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios. [Resalta la

15 Corte Constitucional, Sentencia C-030 de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

Sala].

Ahora bien, en cuanto al régimen especial aplicable al personal a que se refieren
los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, se advierte que en el artículo 2 de la
Ley 860 de 2003 se permitió que los detectives, criminalísticos, conductores, los
empleados que desempeñen cargos del área operativa, los directores generales
de inteligencia e investigaciones, de protección y extranjería, el jefe de la oficina
de interpol, los directores y subdirectores seccionales, así como los jefes de
división y unidad que desempeñen funciones operativas y el delegado ante el
Comité Permanente, se beneficiarán de la pensión especial de jubilación al
cumplimiento de unos requisitos de edad y semanas mínimas de cotización. Para
este grupo de servidores, las siguientes son las condiciones para el
reconocimiento pensional:16

i) 55 años de edad. La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez
se disminuirá un (1) año por cada sesenta (60) semanas de cotización especial,
adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que
dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.

ii) Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones al que se refiere el artículo 33 de la Ley
100 de 1993 y adicionalmente, la cotización especial señalada en el artículo 12 del
Decreto 1835 de 1994 y la que se define en la Ley 860 de 2003, durante por lo
menos 650 semanas, sean estas continuas o discontinuas.

Valga precisar que cuando la norma alude a semanas de cotización especial, debe
interpretarse según lo señalado por la Corte Constitucional, en la sentencia C-663-
2007, de que se trata de semanas en cualquier actividad catalogada como de alto
riesgo.

2.2.2. La liquidación de pensiones de los servidores del DAS y la sentencia de
unificación SUJ-028-CE-SE-2022 del 28 de julio de 2022

En cuanto al ingreso base de liquidación para el personal beneficiario de las
normas anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, de los Decretos 1047 de 1978 y

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022,

radicado 25000 23 42 000 2013 02380 01(2656-2014).

11

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

1933 de 1989, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 30 de
noviembre de 2000,17 consideró que debía aplicarse en su integridad la normativa
precedente. Así las cosas, inicialmente estimó que debían atenderse aquellos
factores salariales que estuvieran previstos por el artículo 18 del Decreto 1933 de
1989.

No obstante lo anterior, en lo relativo a las actividades de alto riesgo, el Decreto
1137 del 2 de junio de 199418 creó la prima mensual de riesgo equivalente al 30 %
de la asignación básica, entre otros servidores, para los detectives del DAS, con la
salvedad de que aquella no constituía factor salarial y no podría devengarse
simultáneamente con las primas de orden público, de clima y de riesgo de que
tratan los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 1933 de 1989 y la de riesgo señalada por
el Decreto 132 del 17 de enero de 1994. Luego, el Decreto 2646 del 29 de
noviembre de 199419 aumentó el porcentaje de dicho emolumento al 35 % y la
hizo incompatible solamente con las prestaciones con igual denominación
previstas en los Decretos 1933 de 1989 y 132 de 1994, pero reiteró su exclusión
como factor salarial.

En ese escenario, el Consejo de Estado, en un primer momento, se abstuvo de
ordenar su inclusión en atención a que el Decreto 2646 de 1994 precisó que
aquella prima de riesgo no constituye factor salarial.20 Sin embargo, más adelante
consideró que debía acogerse el criterio de favorabilidad expuesto en la sentencia
del 4 de agosto de 2010,21 según el cual es válido tener en cuenta todas aquellas
sumas que el servidor percibe de manera habitual y periódica como

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

Sentencia de 30 de noviembre de 2000. Radicación 2004-2000. C.P. Alejandro Ordóñez
Maldonado.
18 «Por el cual se crea una prima especial de riesgo con carácter permanente para algunos

empleados del Departamento Administrativo de Seguridad».
19 «Por el cual se establece la Prima Especial de Riesgos para los empleados del Departamento

Administrativo de Seguridad».
20 Entre otras se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

del 16 de marzo de 2006, radicación: 250002325000200103086 01(4096-04), demandante: Norma
Constanza Castro Quintero; sentencia del 4 de octubre de 2007, radicación:
25000232500020031688 01 (8439-2005), demandante: Nelson Tiberio Ortiz Zárate.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23

25 000 2006 07509 01 (0112-09).

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Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

contraprestación del servicio, independientemente de su denominación. 22 Lo
anterior, en consideración a que el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 dispuso
que el valor de la pensión debe ser equivalente al 75 % del promedio de los
salarios y primas de toda especie, recibidos durante el último año de servicio, lo
cual sustentó la inclusión de la prima de riesgo y otras prestaciones que no
estaban previstas por el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989 en la pensión de los
detectives del DAS.

Bajo esta nueva perspectiva, en la sentencia del 1.º de agosto de 2013,23 la
Sección Segunda acogió esta última posición. Al respecto, precisó que como la
prima de riesgo se percibía en forma permanente y mensual, formaba parte de la
contraprestación directa que recibían los servidores del DAS, por lo que debía
integrarse en el ingreso de cotización y en la liquidación de la pensión.

Con base en el anterior recuento, la Sección Segunda del Consejo de Estado
advirtió24 que se habían emitido diversidad de pronunciamientos dentro de
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y acciones de tutela, en los
cuales se consideró que el cambio jurisprudencial que introdujo la sentencia del 28
de agosto de 2018,25 que modificó el criterio interpretativo frente al IBL en el
régimen de transición y se alineó con el expuesto por la Corte Constitucional a
partir de la sentencia C-258 de 2013, conllevaba a considerar que las reglas
aplicables a la liquidación de las pensiones de los detectives del DAS se derivaban
de la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores que se deben
incluir son los taxativamente previstos por el Decreto 1158 del 3 de junio de
1998.26

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2010, radicación
250002325000200500052 01(0568-2008), demandante: José Luis Martínez Arteaga.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación:

4400123310002008150 01(0070-2011); C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 23 de septiembre de 2021, radicado 25000 23 42

000 2013 02380 01 (2656-2014).
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de

2018, radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
26 «Por el cual se modifica el artículo 6.º del Decreto 691 de 1994»

13

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

Aunado a que particularmente, en relación con la prima de riesgo, se había
estimado que para quienes laboraron como detectives, su inclusión era viable
como consecuencia de lo señalado por el artículo 3 de la Ley 860 del 26 de
diciembre de 2003. Sin embargo, únicamente podía ser computada cuando se
acrediten los aportes que se efectuaron al sistema de seguridad social por dicho
concepto. De lo contrario, no debía ser tenida en cuenta en el cálculo de la
prestación.27

Bajo tal panorama, en reciente sentencia de unificación, la Sección Segunda del
Consejo de Estado fijó las siguientes reglas:28

i) Los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS, cobijados
por los regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de
2003 y la Ley 860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las condiciones de
edad, tiempo de servicios y monto, entendido como el porcentaje o tasa de
retorno, señalados por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, sin embargo, el
ingreso base de liquidación es el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100
de 1993, este es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base
en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.

ii) Los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones
aquí referidas son los devengados por el servidor que, de acuerdo con el Decreto

27 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021,

radicación: 11001-03-15-000-2021-00342-00(AC); sentencia del 3 de junio de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2021-02097-00(AC); Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de mayo
de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2021-00342-01(AC).
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia SUJ-028-CE-SE-2022 del 28 de julio de 2022,

radicado 25000 23 42 000 2013 02380 01 (2656-2014).

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Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

1158 de 1994 y demás normas aplicables, constituyen la base de cotización para
pensión. En el caso del personal del DAS de que tratan los artículos 1 y 2 del
Decreto 2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en este decreto debe incluirse
para liquidar la pensión a partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, en
los porcentajes señalados por el artículo 2 de la misma ley, es decir:

• En el 40 %, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2007.

• En el 50 %, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los
servidores del DAS a otras entidades, por disposición del Decreto 4057 de 2011.

iii) Si el empleador no cumplió la obligación de realizar los descuentos en el
porcentaje a su cargo y el del empleado destinados a las cotizaciones para el
sistema de pensión sobre los factores devengados que, de conformidad con el
Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003, debían ser base de cotización o si
omitió el traslado de la cotización especial por alto riesgo, sin que la entidad de
previsión social hubiera adelantado las gestiones pertinentes para su cobro, ello
no es oponible al interesado para que la pensión especial se reconozca y liquide
de acuerdo con los parámetros indicados en esta sentencia.

Como fundamento de la decisión, se consideró que el criterio expuesto en las
sentencias del 4 de agosto de 2010 y del 1.º de agosto de 2013, para el caso
particular del DAS, ha sido modificado con la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018, y que ese es el referente que ha llevado a esta Corporación a
replantear su posición en cuanto al IBL en diferentes regímenes especiales que
cobijan a los servidores públicos, cuyo planteamiento atiende la competencia legal
y constitucional tanto del legislador como del ejecutivo para definir el régimen
prestacional de los empleados públicos.

Además, dispuso que las reglas jurisprudenciales que en esa providencia se
fijaron se aplicarían a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como judicial, a través de acciones ordinarias, con la salvedad de
aquellos en los que haya operado la cosa juzgada, los cuales, en función del
principio de seguridad jurídica, son inmodificables.

15

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:

2.3.1. Sobre la edad y la relación laboral del demandante

i) El 22 de octubre de 1967, nació el señor Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez,
según consta en la copia de su cédula de ciudadanía.29

ii) Desde el 2 de noviembre de 1988 hasta el 2 de julio de 2014,30 el señor Gil
Arialdo Bohórquez Bohórquez trabajó al servicio del DAS y desempeñó los cargos
de auxiliar administrativo (guardián) y guardián en sus diferentes grados y
denominaciones, según hizo constar el subdirector de Talento Humano (E) del DAS
en supresión.31 Además, certificó las funciones desempeñadas por aquel cuando
fungió como guardián, código 214, grados 05, 04, y 03, respectivamente, las
cuales se concretan en:

• Velar por la seguridad interna y externa de las instalaciones, bienes y equipos del
Departamento.
• Realizar inspección ocular y revisión a vehículos de funcionarios y particulares que
ingresan o salen de las instalaciones a cargo del Departamento.
• Controlar la entrada y salida de personal y paquetes a las instalaciones y exigir el
respectivo documento de identificación.
• Elaborar la relación de capturados y las hacer anotaciones respectivas en el libro
de minuta de la Sala de Capturados.
• Constatar que los particulares que ingresan a las instalaciones del Departamento
se hallen en el lugar y oficina indicada según la ficha que porten a la vista.

29 Folio 106.
30 La fecha de retiro se extrae del Formato 1, Certificado de Información Laboral. Folio 87
31 Folios 79 al 83.

16

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

iii) Entre el 2 de noviembre de 1988 y el 30 de junio de 2009, el demandante
realizó aportes a Cajanal, y desde el 1.º de julio de 2009 hasta el 2 de julio de
2014 lo hizo al ISS, hoy Colpensiones, según consta en el Formato 1, Certificado
de Información Laboral.32

2.3.2. Sobre los factores salariales y la cotización especial

De acuerdo con los certificados de factores devengados mes a mes entre enero
de 2004 y julio de 2014,33 el demandante percibió asignación básica, bonificación
por servicios, subsidio de alimentación, y primas de clima, de navidad, de
servicios, de vacaciones y de riesgo. Asimismo, se hizo constar que «Para este
periodo el Funcionario hizo un aporte especial para pensión por Exposición Alto
Riesgo sobre el 40 % de la Prima Especial de Riesgo, así mismo, el Departamento
Administrativo de Seguridad ha aportado durante este tiempo el 10 % de Ingreso
Base de Cotización en cumplimiento al parágrafo 3 y 4 del Artículo 2 de la Ley 860
de 2003» para los años 2004 a 2007; entre los años 2008 a 2012, el aporte
especial que aquel efectuó fue del 50 %.

2.3.2. Sobre la reclamación de las prestaciones en litigio

i) El 9 de agosto de 2016, el demandante solicitó a Colpensiones el
reconocimiento de la pensión especial de jubilación en los términos de los
Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978 y 451 de 1984 y en el
artículo 2, «parágrafo 5» de la Ley 860 de 2003, con fundamento en que acreditó
más de 20 años de servicios en actividades de alto riesgo.34

ii) El 14 de septiembre de 2016, con la Resolución GNR271811 Colpensiones
negó el reconocimiento de la pensión de vejez solicitada por el señor Bohórquez
Bohórquez.35 Como fundamento de su decisión señaló que este no se desempeñó
en los cargos estrictamente señalados en el Decreto 2646 de 1994 (norma a la
32 Folio 87.
33 Folios 93 al 103.
34 Folios 22 al 37.
35 Folios 38 al 41.

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Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

que remite la Ley 860 de 2003) por lo que resultaba inviable el estudio jurídico del
reconocimiento pensional a la luz de esas normas que reglamentan las actividades
de alto riesgo para el DAS.

Adicionalmente, indicó que como el señor Bohórquez tampoco es destinatario del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aunque acreditó 1334
semanas de cotización, no podía reconocerse su derecho en aplicación del
régimen general de pensiones, toda vez que no había completado la edad
requerida para ello (62 años).

iii) El 16 de noviembre de 2016, mediante la Resolución GNR337632,

Colpensiones confirmó la decisión anterior,36 en atención a similares
consideraciones a las expuestas en el acto recurrido.

iv) El 19 de enero de 2017, Colpensiones expidió la Resolución VPB2363 por la
cual resolvió el recurso de apelación presentado contra la Resolución GNR271811
del 14 de septiembre de 2016, en el sentido de confirmarla.37

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

El Tribunal Administrativo de Casanare negó las pretensiones de la demanda con
fundamento en que el señor Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez no acreditó los
requisitos necesarios para acceder a la prestación reclamada, toda vez que no se
desempeñó en uno de los cargos señalados en el Decreto 1835 de 1994
reglamentario de las actividades de alto riesgo (detective en sus distintos grados y
denominaciones).

Por su parte, los recurrentes sostuvieron que el demandante tiene derecho al
reconocimiento pensional deprecado, toda vez que como guardián del DAS hacía
parte del área operativa de la entidad y, en consecuencia, era destinatario del
régimen especial.

36 Folios 57 a 64.
37 Folios 65 a 77.

18

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

Así las cosas, la Sala deberá establecer si el actor cumple con las exigencias para
acceder a la pensión especial de alto riesgo por virtud del régimen especial del
DAS previsto en el artículo 2 de la Ley 860 de 2003.

2.4.1. Análisis del reconocimiento pensional en virtud del régimen previsto
en la Ley 860 de 2003

Del material probatorio allegado al proceso se advierte que el señor Bohórquez
Bohórquez laboró como guardián al servicio del DAS por más de 25 años (entre el
2 de noviembre de 1988 y el 2 de julio de 2014). Esta situación, per se, no lo hace
beneficiario del régimen de transición del Decreto 1835 de 1994, toda vez que la
pensión especial estaba dirigida al personal de detectives.

Sin embargo, la Ley 860 de 2003 (parágrafo 1 del artículo 2)38 también permitió
que aquellos servidores públicos a que se referían los artículos 1 y 2 del Decreto
2646 de 1994 que adicionalmente «hubieran efectuado» cotizaciones especiales
por riesgo, no inferior a 650 semanas, podían pensionarse a partir de los 55 años
de edad con reducción de un año por cada 60 semanas de cotización y en todo
caso sin bajar la barrera de los 50 años de edad. El Decreto 2646 de 1994 señaló
concretamente a los siguientes empleados:

Artículo 1º. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad que
desempeñen cargos de Detective Especializado, Detective Profesional, Detective
Agente, Criminalístico Especializado, Criminalístico Profesional, Criminalístico
Técnico y los Conductores tendrán derecho a percibir mensualmente y con carácter
permanente una Prima Especial de Riesgo equivalente al treinta y cinco por ciento
(35%) de su asignación básica mensual.

Artículo 2º. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad que
desempeñen cargos del área operativa no contemplados en el artículo anterior

38
Parágrafo 1. Pensión de vejez por exposición a alto riesgo. Los Servidores Públicos señalados
en este artículo, dada su actividad de exposición a alto riesgo, que efectúen la cotización
especial señalada en el artículo 12 del Decreto 1835 de 1994 y la que se define en la presente ley,
durante por lo menos 650 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la
pensión de vejez, siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo
siguiente como servidores del Departamento de Seguridad, DAS, en los cargos señalados en
los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994.

19

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

y los Directores Generales de Inteligencia e Investigaciones, los Directores de
Protección y Extranjería, el Jefe de la Oficina de Interpol, los Directores y
Subdirectores Seccionales, así como los Jefes de División y Unidad que
desempeñen funciones operativas y el Delegado ante Comité Permanente tendrán
derecho a percibir mensualmente y con carácter permanente una Prima Especial de
Riesgo equivalente al treinta por ciento (30%) de su asignación básica
mensual. [Resalta la Sala].

Siendo ello así, es dable inferir que la Ley 860 de 2003 permitió que los
empleados del área operativa se beneficiaran, de un lado, de la prima especial
de riesgo, y del otro, de la pensión especial de jubilación. Lo anterior por
cuanto, al hacer una interpretación armónica del Decreto 2646 de 1994 y de la Ley
860 de 2003, se logra advertir una correlación a partir de la vigencia de la Ley
ibidem entre el reconocimiento de la prima de riesgo y su incidencia en el plano
pensional para quienes la devengaban.

Asimismo, al hacer una revisión de los posibles beneficiarios de esta pensión, en
los términos del parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003, se observa que,
en atención a la actividad de exposición a alto riesgo, el Decreto 2646 de 1994,
previó como destinatarios de la prima de riesgo, además de los detectives,
criminalísticos, y conductores, a aquellos que desempeñaban cargos en el área
operativa del extinto DAS.

Para determinar cuáles cargos pertenecen al área operativa debe remitirse a lo
preceptuado en los Decretos Ley 1932 de 1989 y Decreto 596 de 1993.

El artículo 4 del Decreto Ley 1932 de 198939 establece que el área operativa del
DAS comprende los empleos cuyas funciones se relacionan directamente con la

recolección, procesamiento y análisis de información; aporte de pruebas técnicas;
protección de las personas e instalaciones; prevención e investigación del
delito; mantenimiento de la seguridad pública e inspección del ingreso,
permanencia y salida de extranjeros y controles migratorios.

39 Por el cual se establece el sistema de clasificación y nomenclatura de los empleos del
Departamento Administrativo de Seguridad, se fija la escala de remuneración y se dictan otras
disposiciones.

20

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

Dentro de los empleos que conforman el área operativa, de conformidad con lo
reglado en el artículo 7 de la norma ibidem se encuentra el de guardián, grados
05, 04, y 03. A partir de las previsiones del Decreto 596 de 1993 a los grados de
remuneración del cargo de guardián se le agregó el código 214.

En cuanto a la descripción de la naturaleza general de la función, el artículo 10 del
Decreto 596 de 1993 señaló que el empleo de guardián debe vigilar los bienes e
instalaciones del Departamento o las que se le indiquen por su jefe inmediato;
asegurar el cumplimiento de los reglamentos de seguridad interna y participar en
el desarrollo de los programas de prevención destinados a ese fin.

Adicionalmente, revisado el Decreto 643 de 2004, por el cual se modificó la
estructura del DAS, se observa que los guardianes hacían parte de la dirección
general operativa, pero sin funciones de Policía Judicial.40

Teniendo en cuenta todo lo anterior, para la Sala es claro que el demandante se
desempeñaba en uno de los cargos del nivel operativo, lo que le permite
beneficiarse del régimen especial para los servidores que prestaron actividades de
alto riesgo al servicio del DAS contemplado en el artículo 2 de la Ley 860 de 2003.

Ahora bien, las siguientes son las condiciones para acceder al reconocimiento
pensional en los términos de la norma ibidem:

i) 55 años de edad. La edad para el reconocimiento de la pensión especial de
vejez se disminuirá un (1) año por cada sesenta (60) semanas de cotización
especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de
Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.

ii) Haber cotizado el número mínimo de semanas (1000) establecido para el
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones al que se refiere el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993 como servidor del DAS y adicionalmente, la

40Artículo 42. según el cual «ejercen de manera Especial funciones de Policía Judicial: [los]
Funcionarios Operativos que dependan de la Dirección General Operativa, los Grupos Operativos
de las Seccionales a excepción de los Guardianes y Agentes Escoltas, y aquellos funcionarios
que cumplan ordenes de interceptación judicial en apoyo a la Fiscalía General de la Nación», lo
que permite concluir que los guardianes dependían del área operativa de la entidad.

21

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

cotización especial señalada en el artículo 12 del Decreto 1835 de 1994 y la
que se define en la Ley 860 de 2003, durante por lo menos 650 semanas,
sean estas continuas o discontinuas.

Del acervo probatorio se advierte que el señor Bohórquez Bohórquez cumplió los
55 años de edad el 22 de octubre de 2022;41 y alcanzó incluso más de las
semanas de cotización establecidas para el Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones a las que se refiere el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, pues
acumuló 1338 semanas.42 Por consiguiente, se corrobora que reúne las
condiciones exigidas en el artículo 2 de la Ley 860 de 2003, y en esos términos
debió reconocerse su pensión.

En ese orden, la decisión de primera instancia deberá ser revocada.

Resta precisar que, contrario a lo afirmado por el a quo, aunque el Acto Legislativo
01 de 2005 puso un límite temporal a los beneficiarios de los regímenes anteriores
en virtud de la transición establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en
este caso el demandante no fue beneficiario del aludido régimen de transición por
no cumplir los requisitos que la norma estableció.43

De igual modo, la Ley 860 de 2003 mantiene su vigor, pues esta no contiene un
régimen especial o exceptuado del sistema general de pensiones, sino,
precisamente hace parte de él al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley
100 de 1993, y en dicho sentido, las barreras temporales impuestas por la reforma
constitucional de 2005 no le afectan. No se puede perder de vista que el régimen
general de pensiones de la Ley 100 de 1993 está constituido por distintas normas
que integran un solo sistema en casos en los que constitucionalmente está
habilitado un tratamiento más favorable (a manera de ejemplo, respecto de
aquellos que laboren en actividades de alto riesgo).

41 La disminución del requisito de edad se abordará en el siguiente numeral para efectos prácticos.
42 Pues trabajo por lapso de 25 años y 8 meses entre el 2 de noviembre de 1988 y el 2 de julio de

2014.
43 Lo anterior por cuanto a 1° de abril de 1994 tenía solo 26 años de edad y acumulaba algo más

de 5 años de labores.

22

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

2.4.2. Análisis de la liquidación de la prestación que pasa a reconocerse

El régimen previsto en la Ley 860 de 2003 establece lo siguiente respecto de la
liquidación de la pensión de vejez:

Parágrafo 4°. Ingreso base de cotización. El ingreso base de cotización para los
servidores públicos a que se refiere este artículo, estará constituido por los factores
incluidos en el Decreto 1158 de 1994, adicionado en un 40% de la prima especial de
riesgo a la que se refieren los artículos 1º y 2° del Decreto 2646 de 1994.

El porcentaje del cuarenta por ciento (40%) considerado para el Ingreso Base de
Cotización se incrementará al cincuenta por ciento (50%) a partir del 31 de
diciembre del 2007.

[…]

Parágrafo 7°. Normas aplicables. En lo no previsto para la pensión de vejez
establecida en el presente artículo, se aplican las normas generales contenidas en
la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios.

De la anterior transcripción se tiene que la Ley 860 de 2003 señaló expresamente
que en lo no previsto se aplicarían las reglas contenidas en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios. En consecuencia, para liquidar la
prestación del accionante deberán atenderse los siguientes parámetros:

i) El ingreso base de liquidación y el monto es el previsto por los artículos 21
y 34 de la Ley 100 de 1993, esto es, el promedio corresponde a los últimos
10 años de servicio y la tasa de reemplazo al 65 % del IBL que puede
incrementar en atención a las semanas adicionales; y

ii) Los factores salariales que se deben tener en cuenta son los devengados
por el servidor que, de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994 y demás
normas aplicables, constituyen la base de cotización para pensión. En el
caso del personal del DAS de que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto 2646
de 1994, la prima de riesgo prevista en este decreto debe incluirse para
liquidar la pensión a partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, en
los porcentajes señalados por el parágrafo 4 del artículo 2 de esa ley.

Así pues, al dar aplicación a los mentados parámetros se tiene que el señor
Bohórquez Bohórquez i) alcanzó el mínimo de semanas (1000) establecido para el
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones al que se refiere el artículo 33

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Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

de la Ley 100 de 1993 el 12 de abril de 2008;44 y ii) comoquiera que acumuló en
total 1338 semanas, por virtud de lo dispuesto en el último inciso del parágrafo 2
del artículo 2 de la Ley 860 de 2003, tiene derecho a que se le disminuyan 5 años
de edad para consolidar su derecho pensional. En consecuencia, el requisito de
edad lo colmó el 22 de octubre de 2017, al cumplir 50 años.

Ahora bien, la prestación debe liquidarse con el 74 % del promedio de los salarios
sobre los cuales cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la
pensión, en atención a que acreditó 1338 semanas de cotización, lo que le
permite, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo 34 de la
Ley 100 de 1993, incrementar su tasa de remplazo en un 1,5 % por cada 50
semanas adicionales.45 Por consiguiente, de conformidad con dicho artículo, el
monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de
cotización requeridas (en este caso 1000), sería en principio del 65% del ingreso
base de liquidación, empero, como el actor tiene 338 semanas adicionales a las
44 En atención a que 1000 semanas corresponden a 19 años, 5 meses y 10 días.
45 Artículo 34. Monto de la pensión de vejez. <Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 797

de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> El monto mensual de la pensión de vejez,
correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso
base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este
porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso
base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje
se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso
base de liquidación.
El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior
a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente.
El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior
a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente.
A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas:
El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización
requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho
porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:
r = 65.50 - 0.50 s, donde:
r =porcentaje del ingreso de liquidación.
s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.
A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el
65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su
nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1o. de enero del año 2005 el
número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. de enero de 2006 se
incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.
A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el
porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto
máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del
nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente
artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de
liquidación, ni inferior a la pensión mínima.

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Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% por cada 50
semanas en exceso, esto es, el 9% adicional, para un total de 74 %.

Asimismo, los factores a incluir serán aquellos previstos en el Decreto 1158 de
1994 y la prima de riesgo desde el año 2004, atendiendo las directrices indicadas
en el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003.

En este caso se pudo constatar que se realizó la cotización especial por alto
riesgo desde 2004 y hasta 2014, la que estaba totalmente a cargo del
empleador; empero, en gracia de discusión, de no haberse realizado las
cotizaciones que correspondían, lo cierto es que por virtud de lo dispuesto en la
aludida Sentencia de Unificación SUJ-028-CE-SE-2022 del 28 de julio de 2022, el
empleador estaba en la obligación de girarlas a la administradora de pensiones y
su omisión no puede ser oponible al pensionado para excluir de la liquidación un
emolumento al que tenía derecho ni corresponde imponer orden de descuento
alguna.

Valga precisar que en Colpensiones recae la obligación de iniciar los mecanismos
o acciones pertinentes para lograr el efectivo traslado de los aportes no realizados
por concepto de la prima de riesgo, a cargo del empleador o de la entidad que
haya asumido tales obligaciones, luego de la supresión del DAS. Lo anterior,
encuentra sustento en las reglas de unificación fijadas por esta Corporación en la
Sentencia SUJ-028-CE-SE-2022 del 28 de julio de 2022.

Finalmente, la Sala advierte que el actor consolidó el derecho pensional el 22 de
octubre de 2017; el 9 de agosto de 2016 presentó la reclamación administrativa, y
el 17 de abril de 2017 radicó la demanda,46 de modo que no se configuró el
fenómeno prescriptivo de las mesadas pensionales.

En suma, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la
nulidad de los actos demandados. A título de restablecimiento del derecho se

46 Folio 1.

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Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

ordenará a Colpensiones que reconozca la pensión de vejez del actor en cuantía
del 74 % del promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicios, de
acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, a partir del 22 de octubre de
2017, con la inclusión de los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994 y la
prima de riesgo, en los porcentajes señalados por el parágrafo 4 del artículo 2 de
la Ley 860 de 2003, con los reajustes legales correspondientes.

Las sumas que resulten a favor del demandante deberán actualizarse por razones
de equidad, tal como lo ha sostenido esta Corporación, en los términos del artículo
187 del CPACA, en aplicación de la siguiente fórmula:

R = Rh Índice Final
Índice Inicial

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante desde la fecha en que
adquirió el derecho, hasta la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el
número que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado
por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial,
vigente para la fecha en que debió hacerse el pago, según se dispuso en la parte
motiva de este proveído.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,47 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código

47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-

01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.

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Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si
ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago
de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las
partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

En el presente caso se condenará en costas de ambas instancias a la entidad
demandada y a favor de la demandante, en la medida que conforme el numeral 4.º
del artículo 365 del CGP se revocará totalmente la providencia apelada, lo que
implica que la primera resultó vencida.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, y en el acervo
probatorio, la Sala considera que el señor Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez tiene
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación del régimen especial de los
servidores del DAS de que trata el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003,
toda vez que desempeño una actividad de alto riesgo en un empleo del nivel u
orden operativo, y acreditó los requisitos de tiempo de servicio y edad allí
contenidos. Así las cosas, se revocará de decisión de primera instancia que le
negó el derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -

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Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2017, por el
Tribunal Administrativo de Casanare, que denegó las pretensiones de la demanda,
en el proceso promovido por el señor Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez contra la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones GNR271811 del 14 de
septiembre de 2016, GNR337632 del 16 de noviembre de 2016 y VPB2363 del 19
de enero de 2017, mediante las cuales se negó la pensión de jubilación
reclamada por el señor Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez.

Tercero. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), a título de restablecimiento del derecho, a reconocer la pensión
de jubilación del señor Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez, a partir del 22 de
octubre de 2017, teniendo en cuenta el 74 % del promedio de lo cotizado en los
10 años anteriores a su retiro definitivo del servicio, con la inclusión de los
factores previstos en el Decreto 1158 de 1994 y la prima de riesgo, esta última en
los porcentajes señalados por el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003.

Cuarto. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones),
a título de restablecimiento del derecho, a pagar al señor Gil Arialdo Bohórquez
Bohórquez el retroactivo que surja como consecuencia de la liquidación dispuesta
en el ordinal anterior, en forma indexada.

Quinto. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones),
a ajustar las sumas a reconocer, aplicando la fórmula señalada en la parte
considerativa de esta sentencia.

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Radicado: 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-18)
Demandante: Gil Arialdo Bohórquez Bohórquez

Sexto. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) a
dar cumplimiento a la presente sentencia, en los términos previstos en el artículo
192 de la Ley 1437 de 2011.

Séptimo. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Octavo. Condenar en costas de ambas instancias a la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y a favor del demandante, las cuales
serán liquidadas por el Tribunal Administrativo de Casanare.

En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
AVM

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

29

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