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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02467-00

Fecha
4 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02467-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

4 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02467-00 (3786)
Accionante: Rafael Augusto Cuellar Gómez
Accionada: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: reconocimiento de pensión de vejez –
actividad de alto riesgo. Subtema 3: defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente y fáctico.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Rafael Augusto Cuéllar Gómez contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

1. Síntesis del caso

El señor Rafael Augusto Cuéllar Gómez presentó acción de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia, entre otras garantías que consideró
vulneradas con ocasión de la sentencia dictada el 12 de febrero de 2026 por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm.
76001-23-33-000-2015-01185-011. En esta oportunidad, la Subsección declarará
improcedente el amparo frente a los cargos de incongruencia y lo negará en lo
demás, porque no advirtió que se configuraron los defectos específicos alegados.

1 En primera instancia el asunto se tramitó al número de radicado 76001-23-33-002-2015-01185-00.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02467-00 (3786)
Accionante: Rafael Augusto Cuellar Gómez
Accionada: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. El señor Rafael Augusto Cuéllar Gómez radicó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se
anulen las resoluciones RDP 00813 de 2 de marzo de 2015 y RDP 20916 de 26 de
mayo de 2015, mediante las cuales la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) le negó el
reconocimiento pensional. Pidió que la entidad demandada le reconozca, liquide y
pague la pensión de vejez desde el 23 de abril de 2010, con la inclusión de todos
los factores salariales devengados en el último año de servicios, al tener en cuenta
que desempeñó actividades de alto riesgo durante 24 años, 5 meses y 11 días.

3. En primera instancia, el asunto lo conoció el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, autoridad que dictó sentencia el 11 de diciembre de 2019 en la que negó
las pretensiones de la demanda. Sostuvo que el demandante no es beneficiario del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que a la entrada en
vigencia del Régimen General de Pensiones solo había cotizado 8.54 años de los
15 que exige la norma para mantener el beneficio. Pese a lo anterior, al señor Rafael
Augusto Cuéllar le era aplicable el régimen pensional de los decretos 1047 de 1978
y 1933 de 1989, por haberse vinculado al Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS), como detective, desde el 3 de agosto de 1994, fecha en que entró
a regir el Decreto 1835 de 1994.

4. Destacó que la Ley 860 de 2003 prolongó el régimen pensional para los
detectives del DAS siempre que, además de estar vinculados a la entidad antes del
3 de agosto de 1994, tuvieran 500 semanas cotizadas al 29 de diciembre de 2003,
cuando entró a regir esa ley; requisitos que satisfizo el demandante. No obstante,
advirtió que el actor ejerció como detective solo hasta el 9 de febrero de 2000, fecha
para la cual acumulaba 752 semanas, es decir 14 años. Por consiguiente, no
cumplió con el requisito de los 20 años de servicio establecido en el Decreto 1047
de 1978, en concordancia con el artículo 10 del Decreto 1933 de 1989. Así pues,
pese a que el actor después se desempeñó como subdirector seccional y director
seccional, estos cargos no se catalogan como actividad de alto riesgo.

5. Inconforme con esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación al considerar que le asiste el derecho a obtener su reliquidación pensional
de conformidad con el régimen especial del DAS, previsto en los decretos 1933 de
1989, 1835 de 1994, 2646 de 1994 y la Ley 860 de 2003. Puntualmente, tiene
derecho a que su pensión se reconozca al amparo de la Ley 860 de 2003, porque
cumple con los requisitos para ello: desempeñó los cargos enlistados en el Decreto
2646 de 1994 y esto no fue debidamente valorado por el juez de primera instancia,
quien omitió la inclusión de esos períodos.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02467-00 (3786)
Accionante: Rafael Augusto Cuellar Gómez
Accionada: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

6. Asimismo, expresó que el Tribunal dejó de tener en cuenta el año de
cotización efectuado por el Ministerio de Defensa Nacional en el período en el cual
el actor ejerció como soldado de la República, a pesar de que la Ley 46 de 1994
dispone que la cotización será de aplicación en cualquier régimen.

7. En segunda instancia, la Subsección A de la Sección Segunda dictó
sentencia el 12 de febrero de 2026 en la que confirmó la providencia apelada y
condenó en costas de segunda instancia a la parte demandante. Sustentó que el
demandante no desempeñó funciones de dactiloscopia en los cargos de detective
agente, profesional o especializado por el lapso de 20 años, sino por 14 años, 3
meses y 6 días. En ese orden, no tendría derecho al reconocimiento de la pensión
especial de vejez amparado en el Decreto 1047 de 1978.

8. No obstante, precisó que la Ley 860 de 2003 reguló nuevamente la materia
pensional de los servidores del DAS, y en su artículo 2 dispuso que el régimen
especial de pensiones allí contenido comprendía al personal de la mencionada
entidad de que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994. De acuerdo con
lo anterior, quienes desempeñen los citados cargos tienen derecho a que su pensión
se reconozca en las condiciones allí establecidas, con 55 años de edad, que pueden
reducirse a 50 y 1000 semanas de cotización.

9. Aplicado lo anterior al caso concreto, cuando entró en vigor la Ley 860 de
2003, el señor Rafael Augusto Cuéllar Gómez tenía 946 semanas cotizadas, por lo
que entró a revisar si cumplía con los requisitos del artículo 2 de dicha norma para
ser beneficiario del régimen de transición de las pensiones de alto riesgo: cumplir
55 años y haber cotizado el número mínimo de semanas que prevé el Sistema
General de Pensiones del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, esto es, 1000 semanas.
En concreto, la edad para el reconocimiento pensional se disminuirá 1 año por cada
60 semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas que exige el Sistema
General de Pensiones, sin que la edad pueda ser inferior a 50 años.

10. En ese escenario, para la fecha de expedición de los actos administrativos
demandados, el 26 de mayo de 2015, el señor Rafael Augusto Cuéllar Gómez
cumplía con el tiempo requerido, ya que acreditó más de 1000 semanas de
cotización (24 años, 5 meses y 12 días). No obstante, no satisfizo el requisito de
edad, de 55 o 51 años2 porque para ese momento contaba con 50 años y 9 meses.
En consecuencia, no logró desvirtuar la legalidad de los actos demandados lo que
permitía confirmar la sentencia de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

11. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

2 En aplicación del beneficio legal que habilita disminuir 1 año por cada 60 semanas de cotización especial; así

las cosas, el demandante cotizó 275.74 semanas adicionales en ejercicio de actividades de alto riesgo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02467-00 (3786)
Accionante: Rafael Augusto Cuellar Gómez
Accionada: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

1.- Tutelar y proceder al amparo de los Derechos debido proceso (art. 29), derecho
a la igualdad (art.13), principio de favorabilidad en seguridad social, primacía de lo
sustancial sobre lo formal (art. 48 y 53) confianza legitima y derechos adquiridos,
seguridad jurídica, acceso efectivo a la administración de justicia (art. 228) y
desconocimiento del precedente jurisprudencial de las altas cortes sobre excepción
de inconstitucionalidad del accionante y todos los demás derechos probados y que
conexamente le han sido vulnerados con ocasión de la providencia
acusada.

2.- En consecuencia, solicito dejar sin efecto la sentencia del 12 de febrero de 2026,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A - M.P. Luis
Eduardo Mesa Nieves dentro del proceso No. 76001233300020150118501 (0796-
2022), notificada electrónicamente el día 10 de marzo de 2026, Demandante: Rafael
Augusto Cúellar Gómez vs Demandado: UGPP.

3.- Solicito se ordene proferir una nueva decisión que reemplace la providencia
tutelada donde el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A - M.P. Luis
Eduardo Mesa Nieves, proteja los derechos fundamentales del accionante, con una
debida motivación y análisis de razonamiento probatorio.

12. Como fundamento de sus pretensiones, refirió que la providencia incurrió en
defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y defecto fáctico. Frente
al primero, sostuvo que aun cuando el Consejo de Estado reconoce que el actor
cumple con los requisitos para acceder al régimen pensional especial del DAS, de
acuerdo con la Ley 860 de 2003 y el Decreto 2646 de 1994, con inclusión del
régimen de transición especial, niega el derecho por el incumplimiento de 51 años
en mayo de 2015, con lo cual desconoce las 38 semanas de cotización en alto
riesgo, adicionales a las 1.240 semanas.

13. En ese sentido, se configuró una interpretación contraria a los principios de
favorabilidad e in dubio pro operario3, al dejar de considerar las 38 semanas
aludidas en el marco de la propia operación matemática llevada a cabo por la
Subsección. Bajo ese entendido, se violó de manera directa la Constitución Política
y se debieron incluir los 7 meses faltantes, de modo que, se estructuraría su derecho
pensional a los 50 años y 3 meses, y no a los 50 años y 9 meses. En consecuencia,
el estatus pensional se debía fijar el 23 de noviembre de 2014 en un caso sensible
como el de un adulto mayor, y el Consejo de Estado modificó aspectos sustanciales
del régimen de transición del artículo 2 de la Ley 860 de 2003. Así lo sustentó el
tutelante:

Conforme a las pruebas, el actor cumplió los 50 años el 23 de agosto de 2014. Al
descontar 278.74 semanas de cotización en alto riesgo (según la página 13 del
fallo), que superan las 1.000 exigidas, resulta procedente una reducción de 4 años
(240 semanas) y 9 meses adicionales (38.74 semanas), partiendo de una edad base
de 55 años. Esto conduce a establecer que el derecho pensional se consolidaba a
los 50 años y 3 meses, es decir, el 23 de noviembre de 2014. Por su parte, el acto
administrativo de la UGPP es de mayo de 2015.

3 De conformidad con el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, significa «en caso de duda, a favor del

trabajador».
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02467-00 (3786)
Accionante: Rafael Augusto Cuellar Gómez
Accionada: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

La interpretación contenida en el numeral 61 del fallo del 12 de febrero de 2026 no
es congruente con el principio de favorabilidad en materia pensional. La Subsección
“A” elimina de manera injustificada 38.74 semanas de cotización en alto riesgo, sin
ofrecer una explicación válida o suficiente sobre por qué no fueron incluidas en el
cálculo de reducción de edad.

14. En igual sentido, la providencia afirmó que a la fecha de expedición del acto
administrativo demandado le faltaban al actor tres meses de edad, lo cual vulnera
el debido proceso en atención a que esa situación jurídica nunca fue objeto de
debate dentro del proceso. Además, la decisión no ofreció una justificación válida
para sostener que a este le faltaban tres meses para cumplir los 51 años, cuando
acreditó que cumplió este requisito al momento de interponer la demanda, fecha en
la cual tenía 51 años y 1.278 semanas de cotización en alto riesgo.

15. Del mismo modo, se violó directamente el artículo 53 de la Constitución
Política porque se desconocieron las reglas fijadas en la sentencia de unificación
SU-273 de 2022 sobre la aplicación del principio de favorabilidad y la excepción de
inconstitucionalidad en materia pensional. También se omitió considerar que se trató
de un asunto pensional especial que está amparado por la sentencia de unificación
SU-028 de 2022, y se pasaron por alto dos decisiones proferidas por la Subsección
A de la Sección Segunda frente al mismo tema, que justificaban la aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad. Igualmente, la sentencia tomó como criterio la
fecha de expedición de los actos administrativos para acreditar la condición de la
edad, sin que eso esté previsto en una norma o precedente jurisprudencial.

16. Así las cosas, la decisión incurrió en error en el cálculo de la condición de
edad dentro del régimen de alto riesgo. Específicamente, el régimen de transición
previsto en el artículo 2 de la Ley 860 de 2003, aplicable a los empleados del DAS
que ingresaron antes de 1994 y que contaban con al menos 650 semanas de
cotización de alto riesgo para el año 2003. En esa línea, el señor Rafael Augusto
Cuéllar Gómez cumplió ambos requisitos, sin embargo, la providencia negó el
derecho a partir del resultado del cálculo erróneo de la edad, sustentado en la fecha
de expedición de los actos administrativos, aspecto que no se debatió en el proceso.
En otras palabras, se trató de un asunto que dejó de considerarse en las
resoluciones de la UGPP.

17. Seguidamente, el accionante afirmó que la autoridad judicial accionada se
apartó del principio de igualdad ante la ley y desconoció el precedente de la propia
Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia del 6 de julio de 2023 4, relativo
a un caso idéntico, en el cual se aplicó el principio de favorabilidad en el marco de
una pensión del extinto DAS. También el contenido de una decisión emitida por la
misma Sala de fecha 22 de junio de 20235. De este modo, transgredió el principio

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2023, exp. 44001-23-33-000-

2015-00103-01(4208-2016)
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023, exp. 85001-23-33-

000-2017-00061-01 (0958-2018).
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de igualdad, al incurrir en contradicción frente a un asunto igual, sin explicarse las
razones del apartamiento.

18. En ese contexto, el accionante alegó la violación al principio pro homine6, el
desconocimiento del principio de favorabilidad para atender la pretensión
subsidiaria de la forma en la cual fue planteada, y la falta de estudio del problema
jurídico a la luz de principios pensionales, en especial, al tratarse de una persona
de la tercera edad que hace 14 años ha reclamado el reconocimiento del derecho
adquirido. Asimismo, expresó que se configuró un exceso ritual manifiesto porque
la decisión judicial se basó en un trámite ajeno al problema jurídico planteado.

19. El señor Rafael Augusto Cuéllar Gómez también puso de presente que se
incurrió en defecto fáctico porque se consideró que la fecha de expedición de los
actos administrativos incide en la acreditación de los requisitos pensionales, cuando
esta circunstancia no tiene la entidad de afectar el reconocimiento del derecho; así
la realidad probatoria demostró que cumplió con los requisitos para acceder a la
pensión en el régimen de alto riesgo. De esta manera, la fecha de emisión de los
actos comprendió un aspecto meramente formal que no podía ir por encima de la
realidad sustancial. En razón a ello, la decisión abordó el análisis pensional desde
un plano formal, en contravía de los principios constitucionales, cuando debió aplicar
el régimen de transición de la Ley 860 de 2003.

20. A juicio del actor, de una revisión de las pruebas documentales se constataba
que tenía derecho al régimen de transición especial, porque cumplió los requisitos
pensionales exigidos. En virtud de esto, la falta de valoración de las pruebas que
sustentan la pertinencia de aplicar un régimen pensional especial, distinto al de la
Ley 100 de 1993, permiten tener por configurado el vicio alegado. Así pues, se
incurrió en error en la operación matemática efectuada para determinar la condición
de la edad, a pesar de que está demostrado el requisito de semanas de cotización
y, además, la decisión careció de sustento probatorio para inaplicar los principios
de igualdad y favorabilidad.

21. El actor también expresó que en su condición de apelante único limitó su
inconformidad a que los cargos de subdirector y director seccional se catalogan
como de alto riesgo en el DAS, según el Decreto 2646 de 1994 y la Ley 860 de
2003, de ahí que sumado el tiempo de servicio se completaban 1.278 semanas de
cotización especial cuando se requerían, bien 1.000 semanas y 55 años, o 1.300
semanas y 50 años. En ese orden, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado debía resolver la apelación dentro de los límites fijados por el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP). No obstante, se pronunció de
forma incongruente porque replanteó el problema jurídico y dejó de lado el análisis
de la naturaleza de alto riesgo7.

6 De conformidad con el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, significa «principio en virtud del cual se

ha de acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos
protegidos y, a la inversa, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites
al ejercicio de los mismos».
7 Samai, índice 2, 1_DemandaWeb_Demanda_AcciondeTutelaRAFAEL(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.

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2.3. Trámite procesal

22. El despacho ponente, mediante auto del 8 de abril de 2026 8, admitió la
demanda, vinculó al presente trámite como terceros con interés al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y a la UGPP, ordenó que se notificara esta
providencia a las partes y a los vinculados; requirió al Tribunal para que remitiera,
en medio digital, el expediente del proceso ordinario y dispuso a tener como pruebas
los documentos aportados con el escrito de tutela.

2.4. Intervenciones

23. La subdirectora de Defensa Judicial y Pensional de la UGPP sostuvo que la
acción de tutela se instauró como una tercera instancia para revisar las decisiones
proferidas por los jueces naturales, lo cual no resulta posible en garantía del
principio de la cosa juzgada. Destacó que en el caso puntual no se acreditaban los
requisitos generales de procedibilidad ni las causales específicas de procedencia
alegadas.

24. Además, expresó que correspondía al demandante, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, probar su dicho, pero no lo hizo. Por ende,
no podía hacer uso del mecanismo constitucional para solicitar que se revoquen los
fallos que quedaron debidamente ejecutoriados y consolidaron en debida forma la
situación jurídica de la reliquidación de la pensión de jubilación reclamada. Así, no
se satisfizo la subsidiariedad ni se demostró la configuración de un perjuicio
irremediable. Solicitó que se declare improcedente el amparo o, en su defecto, se
niegue9.

25. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió el expediente digital,
pero no se pronunció sobre los hechos que motivaron la interposición de la acción
de tutela10. Por su parte, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado guardó silencio, pese a que se le notificó en debida forma el auto admisorio
dictado al interior de este trámite.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Rafael Augusto Cuéllar Gómez, en contra
de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

8 Samai, índice 5.
9 Samai, índice 11, 14_MemorialWeb_Otro-RTAAVOCO202602467(.pdf) NroActua 11.
10 Samai, índice 10.

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3.2. Legitimación en la causa

27. La legitimación en la causa por activa del señor Rafael Augusto Cuéllar
Gómez está acreditada porque fue el demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se expidió la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

28. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, debido a que fue la
autoridad que profirió la sentencia objeto de tutela.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

29. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado11 y de la Corte
Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias
judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos
generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales
se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional12.

30.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

31. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales13 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.

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32. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución14.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

33. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional15 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

34. Así pues, la Corte Constitucional16 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»17 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental»18;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar
o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto
monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés
general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.

35. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuraron los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente y fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto y violación directa
de la Constitución Política, los cuales, a su juicio, impidieron que se expidiera una
providencia ajustada a derecho.

36. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad, porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas

14 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

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dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela y sus cuestionamientos se dirigen a controvertir
el cálculo de la edad que terminó en una negativa de su derecho.

37. No obstante, se advierte que se tendrá por satisfecho el citado requisito
únicamente en punto a los citados cargos, porque la tutela deviene improcedente
para alegar una incongruencia en la decisión judicial, toda vez que para estos
particulares efectos la jurisprudencia ha previsto el recurso extraordinario de
revisión, amparado en la causal quinta del artículo 250 del CPACA, sin que el señor
Rafael Augusto Cuéllar Gómez hubiera acreditado que lo agotó.

38. En este orden, los reparos dirigidos a proponer que el Tribunal desbordó los
cargos del actor en su condición de apelante único, en el marco de los límites fijados
por el artículo 328 del CGP, y que la fecha de expedición de los actos administrativos
fue un aspecto que no se debatió en el proceso ni se consideró en sede
administrativa por parte de la UGPP, no superan el requisito de subsidiariedad. Por
ende, solo se continuará con el estudio de fondo en punto a los vicios sustanciales
advertidos por el accionante frente a la decisión y que se encuadran en las aludidas
causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

39. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia proferida el 12 de febrero de 2026 por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, fue notificada el 10 de marzo de 2026, y la
demanda de tutela se presentó el 26 de marzo de 2026, esto es, dentro del plazo
de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional19 y del Consejo de
Estado20 como razonable.

40. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

41. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

42. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente y fáctico. Si bien se alegó un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto y una violación directa de la Constitución Política, estos
cargos, aunque gozan de relevancia constitucional, se subsumen en las causales

19 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
20Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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específicas mencionadas frente a las cuales se hará el estudio de fondo en esta
instancia.

43. En este orden, también conviene precisar que aun cuando el actor pidió el
amparo de varios derechos y principios, el presente asunto se enfocará en la
violación del debido proceso, la igualdad y el acceso a la administración de justicia,
ya que las otras garantías son conexas a que se materialice la vulneración de los
citados derechos que están directamente relacionados con los vicios alegados.

3.4. Problema jurídico

44. ¿La autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, y al acceso a la administración de justicia, en la
sentencia del 12 de febrero de 2026, mediante la cual confirmó la providencia del
11 de diciembre de 2019, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el marco de la solicitud de reconocimiento de la
pensión de vejez por el desempeño de actividad de alto riesgo?

45. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados;
y ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto sustantivo

46. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado21.

47. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta
que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

48. La Corte Constitucional se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los

21 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.

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jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar
su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de
la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]22.

49. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía
de los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

50. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior)23.

3.4.2. El defecto fáctico

51. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en
defecto fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión»24. Este vicio en la
valoración probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener
«incidencia directa en la decisión25» objeto de tutela. Además, puede configurarse
en dos dimensiones: una positiva y otra negativa.

52. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»26. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la
solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»27.

53. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

22 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
23 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
25 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
27 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso28.

54. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial29, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»30.

55. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera
genérica, por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar
si la decisión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar
las pruebas en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]31.

3.4.3. El desconocimiento del precedente judicial

56. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la

28 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
29 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
30 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
31 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas32.

57. Al respecto, la Corte Constitucional33 ha considerado que el precedente se
define como aquella sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados
y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por
las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales34.

58. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia35.

59. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano
que los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por

32 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar”
la vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento
en estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la
misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para
valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse
de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce el
precedente horizontal».
33 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
34 Se transcribe incluso con errores.
35 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
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autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»36.

60. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela37

61. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que
las decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de
un tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco
de la función judicial, pues se trata de una sola corporación38.

62. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela
ante la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.

3.5. Caso concreto

63. El señor Rafael Augusto Cuéllar Gómez considera que la decisión judicial
cuestionada incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y
defecto fáctico. En la medida en que existe una relación inescindible entre estos, la
Sala los abordará de forma concatenada.

64. De esta forma, se tiene que el actor repara en que el Consejo de Estado
reconoció que cumple con los requisitos para acceder al régimen pensional especial
del DAS, de conformidad con la Ley 860 de 2003 y el Decreto 2646 de 1994, pero
negó el derecho con sustento en que incumplió el requisito de los 51 años. Aduce,
de forma puntual, que esto desconoce que acreditó dicha edad en mayo de 2015,
por tanto, pasó por alto las 38 semanas restantes de cotización de alto riesgo.

36 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
37 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del
precedente horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y
suficiencia. El primero exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares
(es decir, que reconozca expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un
precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas a
la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio jurisprudencial
o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para
resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el
derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores
judiciales».
38 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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65. Bajo este entendido, cuestiona la operación aritmética llevada a cabo por la
Subsección tutelada para calcular su edad y precisó que su derecho pensional se
estructuraría a los 50 años y 3 meses, de suerte que el estatus pensional se debía
fijar el 23 de noviembre de 2014, en un caso sensible como el suyo. El accionante
también indicó que el Consejo de Estado modificó aspectos sustanciales del
régimen de transición del artículo 2 de la Ley 860 de 2003 y que no justificó en
debida forma su decisión porque sostuvo que le faltaban tres meses para cumplir
los 51 años, cuando acreditó que satisfizo el requisito de la edad al momento de
interposición de la demanda, fecha en la cual tenía 51 años y 1.278 semanas de
cotización.

66. A lo anterior agregó que se desconocieron las sentencias SU-273 de 2022 y
SU-028 de 2022 de la Corte Constitucional y dos decisiones dictadas por la
Subsección accionada frente al mismo tema pensional, que sustentaban la
aplicación de la excepción de inconstitucionalidad y del principio de favorabilidad.

67. Por último, el actor sostuvo que la providencia incurrió en defecto fáctico
porque la fecha de expedición de los actos administrativos no incide en el
reconocimiento pensional; la realidad probatoria evidenciaba que sí cumplió con los
requisitos para acceder a las pretensiones, pero se cometió un error en la operación
matemática llevada a cabo para calcular la edad. Finalmente, expresó que se
inobservó la demostración del requisito de semanas de cotización y mencionó que
hubo ausencia de respaldo para inaplicar los principios de favorabilidad e igualdad.

68. En este contexto, la Sala observa que el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley
860 de 2003 prevé lo siguiente:

PARÁGRAFO 2o. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión de
vejez por exposición a alto riesgo (DAS). La pensión de vejez, se sujetará a los
siguientes requisitos:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones al que se refiere el artículo 33 de la Ley
100 de 199339.

La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá un (1)
año por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales a las
mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda
ser inferior a cincuenta (50) años.

69. Esta normativa fue aplicada por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, al considerar que para que el señor Rafael Augusto Cuéllar
Gómez fuera beneficiario de la pensión de vejez de alto riesgo del DAS debía tener
55 años y haber cotizado el número mínimo de 1.000 semanas, como lo dispone el

39El numeral 2 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 establece: «2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000)

semanas en cualquier tiempo».
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Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993. De manera especial,
reconoció la posibilidad que disponía la normativa de disminuir de 1 año por cada
60 semanas de cotización adicionales a las mínimas requeridas.

70. En ese marco, la autoridad judicial accionada analizó el caso concreto y
determinó que el demandante, al momento de expedición de los actos
administrativos demandados, el 26 de mayo de 2015, cumplió con el tiempo al
acreditar más de 1.000 semanas de cotización (24 años, 5 meses y 12 días). Sin
embargo, no satisfizo el requisito de edad de 55 o 51 años, porque para ese
momento contaba con 50 años y 9 meses de edad.

71. Establecido lo anterior, la Sala advierte que la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado dio aplicación al contenido textual del parágrafo 2
del artículo 2 de la Ley 860 de 2003, sin que se pueda aducir que modificó aspectos
sustanciales del régimen de transición allí previsto. En ese escenario, calculó que
los 24 años, 5 meses y 12 días equivalían a 1.275,74 semanas, motivo por el cual
había lugar a aplicar el beneficio previsto frente a la reducción de la edad, en punto
a las 275,74 semanas que son adicionales a las 1.000 requeridas.

72. Explicado en otros términos, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado tomó las 275,74 semanas adicionales y las dividió en fracciones
exactas de 60 semanas de cotización, lo que le arrojó como resultado una reducción
de 4 años frente a los 55 de edad inicialmente requeridos; por ende, estableció como
brecha mínima de edad, el cumplimiento de 51 años. En igual sentido, tuvo en
cuenta, a partir de la copia de la cédula de ciudadanía que se enunció como prueba
en la providencia, que el señor Rafael Augusto Cuéllar nació el 23 de agosto de
1964; en consecuencia, para el 26 de mayo de 2015, era razonable considerar que
contaba con 50 años y 9 meses de edad, como lo tuvo por demostrado la accionada.

73. Pues bien, de lo dicho el accionante plantea un desconocimiento de su edad
ya que según refirió, para mayo de 2015 tenía 51 años, además considera que se
pasaron por alto las 38 semanas de cotización de alto riesgo que son adicionales.
No obstante, lo cierto es que no indicó con precisión a partir de qué prueba se podía
extraer que acreditó 51 años, lo cual no se desprende de los medios de convicción
relacionados en la providencia. Tampoco refiere a través de qué medio probatorio
acreditó que ejerció un mayor número de semanas adicionales, para que estas se
consideraran en la reducción realizada, conforme al beneficio legal aplicable.

74. De igual forma, el señor Rafael Augusto Cuéllar Gómez plantea argumentos
que resultan incoherentes entre sí y que no advierten que se incurrió en un defecto
en la providencia judicial, pues mencionó que su derecho pensional se estructuraría
a los 50 años y 3 meses y manifestó que su estatus pensional se debía fijar el 23
de noviembre de 2014. Lo primero, sugiere una reducción mayor frente a la edad
por aplicación de la regla establecida en la normativa, sin mayor explicación; y lo
segundo, da cuenta de que, incluso antes de la expedición de los actos enjuiciados,
criterio del cual se valió la Subsección accionada, ya había cumplido el estatus
pensional.
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75. Conviene agregar que esto último, el actor no lo fundamenta en una prueba
que así lo corrobore, es más, aduce que al momento de interponer la demanda ya
había acreditado los 51 años de edad y las semanas requeridas, lo que propone un
análisis distinto frente a la fecha de cumplimiento de los requisitos.

76. Así las cosas, el accionante acude en sede tutela para cuestionar la
operación aritmética practicada por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado para calcular su edad; sin embargo no argumenta cómo este
cálculo respondió a una indebida valoración probatoria, a un defecto sustantivo o a
una inaplicación que no resulta acorde con la jurisprudencia. Esto por cuanto no
puso de presente, con precisión, que la operación contuvo variables erróneas según
la lectura pacífica de la normativa, ni que desconoció las pruebas a través de las
cuales se podía tener por probado un número mayor de semanas.

77. Particularmente, el accionante acepta que cumplió 50 años el 23 de agosto
de 2014, pero a su parecer se debían descontar 278.74 semanas que superaban
las 1.000 exigidas. Con esta afirmación desconoce que la providencia computó los
24 años, 5 meses y 12 días como un total de 1.275,74 semanas, lo que arrojaba un
diferencial de 275,74 frente a las 1.000.

78. Adicionalmente, al partir de lo anterior, el señor Rafael Augusto Cuéllar
Gómez pretende una lectura distinta del parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 860 de
2003, en tanto aduce que debió reducirse la edad en 4 años y 9 meses adicionales,
según la proporción exacta de semanas, lo que daba lugar a considerar que su
derecho pensional se causaba a los 50 años y 3 meses, para el 23 de noviembre
de 2014. En razón a ello, explica que la providencia dejó de justificar el motivo por
el cual no incluyó las 38.74 semanas.

79. Sin embargo, revisado dicho planteamiento, se observa una divergencia
interpretativa en la forma de aplicar el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 860 de
2003, pues mientras que la Subsección A descontó solo 4 años (240 semanas); la
parte actora pide que el cálculo se haga de forma exacta, inclusive, por la porción
de semanas que no alcanzan las 60, pero que generan una disminución de la edad.

80. Al respecto, no es posible considerar que dicha situación configura un defecto
sustantivo en la decisión, porque la aplicación normativa de la Subsección A
respondió a criterios razonables, si se tiene en cuenta que la lectura literal del
apartado refiere que se disminuirá un (1) año por cada sesenta semanas de
cotización. De ahí se tiene que la norma no prevé una reducción proporcional
cuando se trate de una fracción inferior a las citadas 60 semanas. Bajo ese
entendido, la autoridad accionada habría hecho una interpretación sistemática y
exegética, acorde con la normativa en el marco de su autonomía judicial, sin que
sea propio hacer distinciones donde el legislador no lo hizo.

81. Puntualmente, pese a que la parte actora alude a la violación de principios
constitucionales, entre estos la favorabilidad, el in dubio pro operario y el pro
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homine, aspecto que innegablemente enmarca la aplicación normativa por parte de
las autoridades judiciales, es clave considerar que la determinación de la condición
más beneficiosa parte de la base de la existencia de al menos dos interpretaciones
distintas en torno a una misma norma40. No obstante, la Sala considera que esto no
ocurre con el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003, porque este alude a
un supuesto claro y no diferenciado que, en principio, no admite interpretaciones,
salvo que se profiera una sentencia de unificación que fije otra lectura.

82. De este modo, la interpretación realizada por la Subsección A de la Sección
Segunda, frente al contenido normativo, resulta razonable, pues está respaldada en
que para el reconocimiento «de la mencionada pensión especial se deben cumplir
unos requisitos de edad y semanas cotizadas que solo dispone el Régimen de Prima
Media con prestación definida»41.

83. Inclusive, lo anterior también encuentra sustento en la sentencia dictada por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 22 de junio de
202342, que el actor invoca como desconocida, porque de su contenido se
desprende que redujo en ese asunto 5 años para consolidar el derecho pensional
en aplicación de la Ley 860 de 2003, cuando estaba probado que el demandante
acreditó un total de 1338 semanas; es decir, tomó las 338 semanas en fracciones
exactas de 60, lo cual utilizó como sustento para reducir la edad en 5 años.

84. En ese sentido, para el actor la decisión incurrió en defecto fáctico porque la
fecha de expedición de los actos administrativos no incide en el reconocimiento
pensional y la realidad probatoria evidenciaba que sí cumplía con los requisitos para
acceder a las pretensiones reclamadas, por tanto, adujo que se cometió un error en
la operación matemática, se inobservó la demostración del requisito de semanas de
cotización y hubo ausencia de respaldo para inaplicar los principios de favorabilidad
e igualdad.

85. No obstante, en línea con lo expuesto, se precisa que la referencia a la fecha
de expedición de los actos y su incidencia en el reconocimiento pensional no plantea
la indebida valoración probatoria, y el hecho de anunciar que las pruebas daban
cuenta de que acreditó los requisitos para acceder a las pretensiones propone una
revaloración probatoria como si la acción de tutela fuera una tercera instancia
judicial, sin referirse a un medio suasorio concreto que hubiera sido desconocido
con su correspondiente carácter decisivo para cambiar el sentido de lo resuelto.

86. Visto así, la mención a que se cometió un error en la operación matemática
se plantea como un juicio de corrección y no de validez de la decisión judicial, de
suerte que no está debidamente sustentado para tener por superada una causal
específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

20 de noviembre de 2019, exp. 47001-23-33-000-2015-00173-01 (1993-2017).
41 Corte Constitucional, sentencia C-030 de 2009.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

22 de junio de 2023, exp. 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-2018).
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02467-00 (3786)
Accionante: Rafael Augusto Cuellar Gómez
Accionada: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

igual sentido, no basta con anunciar que se inobservó el requisito de las semanas
de cotización y que hubo ausencia de respaldo probatorio, entre otras, para aplicar
principios constitucionales, y pretender que con ello se tenga por configurado un
defecto fáctico.

87. Ahora bien, en lo que respecta al desconocimiento del precedente judicial, el
actor mencionó que se desconocieron las sentencias SU-273 de 2022 y SU-028 de
2022 de la Corte Constitucional y dos decisiones dictadas por la Subsección
accionada frente al mismo tema pensional, que sustentaban la aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad y del principio de favorabilidad. En particular, el
señor Rafael Augusto Cuéllar Gómez indicó que en los fallos emitidos por el Consejo
de Estado se aplicó la excepción de inconstitucionalidad para favorecer al trabajador
en la determinación de la edad, mientras que en su caso, como se evidenció, se
dejó de emplear la favorabilidad, pese a que existió identidad de supuestos jurídicos.

88. Al respecto, se debe considerar que el actor más allá de indicar que los
procesos tenían similares supuestos, porque en ambos se estudió el principio de
favorabilidad frente a las pensiones de los empleados del DAS en actividades de
alto riesgo, no desarrolló los fundamentos de hecho y de derecho que guardaban
similitud, aunado a que no destacó que en estas decisiones, emitidas por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se fijó una regla
aplicable a todos los casos como el suyo. En consecuencia, no se satisfizo la carga
argumentativa mínima requerida para considerar que las sentencias supuestamente
desconocidas eran precedente judicial para su asunto.

89. Es más, si se revisa la providencia emitida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado el 6 de julio de 2023, dentro del expediente con
número de radicación 44001-23-33-000-2015-00103-01 (4208-2016), aportada por
el actor a esta sede constitucional, se advierte que allí se analizó la aplicación del
artículo 2 del Decreto 1047 de 1978; en particular se estudió que la norma prevé
que se debe cumplir 50 años, cuando para la época se ejerciera como funcionario
del DAS. No obstante, la aludida decisión precisó que este requisito no se debía
cumplir en vigencia del vínculo legal y reglamentario.

90. En ese escenario, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado inaplicó el aparte del artículo 2 del Decreto 1047 de 1978, por la figura de la
excepción de inconstitucionalidad, al considerar que el requisito relativo a cumplir
50 años, durante la época de vinculación oficial con la entidad, violaba el derecho a
la igualdad.

91. Así pues, a simple vista se advierte que la citada decisión no resolvió un caso
igual al que es objeto de análisis en esta oportunidad, porque según lo consideró la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado el actor no tenía
derecho al reconocimiento de la pensión de vejez al amparo del Decreto 1047 de
1978, sino en aplicación del artículo 2 de la Ley 860 de 2003. Por ende, el estudio
de legalidad se realizó en función de esta normativa, que exigía acreditar la edad y
las semanas mínimas de cotización a las que se ha hecho mención.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02467-00 (3786)
Accionante: Rafael Augusto Cuellar Gómez
Accionada: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

92. Por los motivos expuestos, resulta evidente que la decisión enjuiciada aplicó
una interpretación literal de la norma que no puede considerarse arbitraria ni
caprichosa y que estuvo respaldada en el análisis de las pruebas allegadas al
expediente, cuestión distinta es que el accionante esté inconforme con lo resuelto y
pretenda reabrir el debate para preferir una lectura alternativa en aplicación de
principios y garantías constitucionales, como la favorabilidad, cuando no existe una
sentencia de unificación o precedente en la jurisdicción contenciosa-administrativa
o constitucional que respalde su tesis. No hay lugar a considerar que la sentencia
tutelada fue arbitraria, máxime cuando esta fue dictada por una alta corte, escenario
en el cual la procedencia de la acción de tutela resulta excepcionalísima.

93. Así las cosas, se pone en evidencia la insistencia del actor para que su asunto
se resuelva de forma favorable, de manera que se tenga por satisfecho el requisito
de la edad exigido para acceder al reconocimiento pensional, al tomar como punto
de partida la fecha de interposición de la demanda y su condición de vulnerabilidad
por pertenecer a la tercera edad; sin que con ello logre demostrar que la decisión
enjuiciada incurrió en un defecto que compromete su validez y viola sus derechos
fundamentales.
4. Conclusión

94. Por lo expuesto, se concluye que no se incurrió en vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, al proferir la sentencia del 12 de febrero de 2026,
mediante la cual se confirmó la providencia dictada el 11 de diciembre de 2019, que
negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en
el marco de la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez por el desempeño
de actividad de alto riesgo.

95. En concreto, no se evidencia de su contenido un análisis arbitrario o
caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos que constituya una vía de hecho por los
defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente, que exija la
intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo del
accionante. Además, como se anticipó en el análisis de procedibilidad, se declarará
la improcedencia de la demanda de tutela en punto a los cargos dirigidos a plantear
una incongruencia en la decisión.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Declarar improcedente el amparo frente a los cargos de incongruencia,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02467-00 (3786)
Accionante: Rafael Augusto Cuellar Gómez
Accionada: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

Segundo: Negar el amparo de tutela de la referencia, frente a los defectos fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente, por los motivos consignados en la
parte considerativa de esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado Electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado Electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace.

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