Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-00383-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2016-00383-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-00383-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-00383-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
6 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-00383-01 (4488-2018)
Demandante: Omar Hasney Cubillos Castillo
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Temas: Reconocimiento pensión de jubilación, régimen especial de los
servidores del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), detective
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 9 de mayo de 2018, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo - CPACA, el señor Omar Hasney Cubillos Castillo,
mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las siguientes Resoluciones: i) GNR352464 del 12 de diciembre de 2013, que le
negó el reconocimiento de la pensión de vejez; y ii) VPB12362 del 29 de julio de
2014, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00383-01 (4488-18)
Demandante: Omar Hasney Cubillos Castillo
la confirmó. Los mencionados actos fueron proferidos por la Administradora
Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó ordenar a Colpensiones i) reconocer una pensión de jubilación en los
términos del régimen especial consagrado en el artículo 4 del Decreto 1835 de
1994; ii) liquidar la prestación con el 75 % del salario promedio devengado en el
último año de servicio, incluida la prima de riesgo; iii) indexar la primera mesada
pensional; iv) incluir el valor de los ajustes periódicos de conformidad con el
artículo 14 de la Ley 100 de 1993; v) condenar a la demandada al pago de
intereses moratorios, costas y agencias en derecho.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor Omar Hasney Cubillos Castillo nació el 23 de marzo de 1969; laboró al
servicio del Departamento Administrativo de Seguridad, en adelante DAS, desde el
13 de febrero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 2011, en el cargo de detective
profesional 207-09, y en la Unidad Nacional de Protección, en adelante UNP, desde
el 1° de enero de 2012 hasta el 10 de abril de 2012.
ii) El 17 de mayo de 2013, solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión
de vejez por actividades de alto riesgo, toda vez que prestó ese tipo de servicios al
DAS por más de 20 años.
iii) Mediante los actos acusados, la entidad demandada negó el reconocimiento
deprecado, atendiendo al no cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 y por no haber laborado 20 años exclusivos en el DAS, toda vez
que el estatus pensional lo consolidó con posterioridad a la supresión de dicha
entidad.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
2
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00383-01 (4488-18)
Demandante: Omar Hasney Cubillos Castillo
Como tales, se señalaron los artículos 2, 13, 25, 53 y 58 de la Constitución
Política; 5 de la Ley 4.ª de 1976; 2 del Decreto 1047 de 1978; 10, inciso 2 y 18 del
Decreto 1933 de 1989; 2, parágrafo 5 de la Ley 860 de 2003; 140 de la Ley 100 de
1993; las Leyes 700 de 2001 y 1437 de 2011; los Decretos 3135 de 1968, 1848 de
1969, 451 de 1984, 1045 de 1978, 691 de 1994 y 1158 de 1994.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso lo
siguiente:
i) La entidad demandada incurrió en un yerro de interpretación jurídica al
negarle el derecho que le asiste al señor Cubillos Castillo de percibir una pensión
de jubilación computando el tiempo de servicios prestados en la UNP del 1° de
enero de 2012 al 10 de abril de 2012, el servido al Ministerio de Defensa Nacional,
y el del servicio militar obligatorio.
ii) Los empleados del DAS no se encuentran obligados a cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues su régimen es el
establecido en el Decreto 1835 de 1994, artículo 4°.
iii) El Decreto 1835 de 1994 solo exigía para los detectives del DAS que
estuvieran vinculados a cargos de excepción con anterioridad a su vigencia, esto
es, antes del 3 de agosto de 1994, situación que cumple a cabalidad el
demandante por lo cual debió haber sido reconocida su pensión sin ninguna
dilación.
iv) De conformidad con el régimen especial aplicable a su caso se deben tener
en cuenta la totalidad de factores salariales devengados durante el último año de
servicio, incluida la prima de riesgo, dando aplicación a la Ley 4 de 1966 y a los
principios de favorabilidad e igualdad.
1.2. Contestación de la demanda
3
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00383-01 (4488-18)
Demandante: Omar Hasney Cubillos Castillo
El apoderado de Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda y
expuso las siguientes razones de defensa:1
i) Para la fecha de expedición del Decreto 860 de 2003 el señor Cubillos
Castillo acreditaba un total de 611 semanas de cotización, lo que permite dar
aplicación en su caso al régimen de transición previsto en el Decreto 1835 de
1994, que como requisitos para conceder una pensión de jubilación por
actividades de alto riesgo exigía el cumplimiento de 55 años de edad y reunir 1000
semanas de cotización.
ii) Teniendo en cuenta que el accionante nació el 23 de marzo de 1969, no
cumple con el requisito de edad fijado por la norma y por lo tanto no es susceptible
del reconocimiento pensional deprecado.
Propuso las excepciones de cobro de lo no debido, buena fe y la genérica.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia escrita proferida el 9 de mayo de 2018, accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos
términos:2
i) Se encuentra acreditado que el demandante nació el 23 de marzo de 1969
y se vinculó al DAS desde el 13 de febrero de 1992 hasta el 31 de diciembre de
2011, ejerciendo como último cargo el de detective profesional, 207-09 y en la
UNP, entre el 1° de enero y el 10 de abril de 2012, como oficial de protección, por
lo cual acumuló un tiempo de servicio equivalente a 20 años, 1 mes y 26 días.
ii) Dado lo anterior, el señor Cubillos Castillo no se encuentra sometido al
régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino al
1
Folios 84 al 89.
2
Folios 134 al 149. Con ponencia del magistrado Carlos Alberto Orlando Jaiquel.
4
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00383-01 (4488-18)
Demandante: Omar Hasney Cubillos Castillo
contemplado en el artículo 4° del Decreto 1835 de 1994 y el parágrafo 5° del
artículo 2° de la Ley 860 de 2013, puesto que se vinculó al DAS antes del 3 de
agosto de 1994 y además al 29 de diciembre de 2003 (fecha de entrada en
vigencia de la ley 860), ya contaba con más de 11 años de servicio, superando así
las 500 semanas de cotización exigidas en actividades de alto riesgo.
iii) Además, se observa que, para la fecha de retiro del servicio, el actor
ostentaba la calidad de oficial de protección, cargo equivalente al de detective
profesional, 207-09, lo que le permite gozar del régimen pensional anterior, pero
solo en lo relacionado con la edad, el tiempo de servicios y el porcentaje a tener
en cuenta, mas no con el ingreso base de liquidación.
iv) De tal suerte y teniendo en cuenta que para la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 en materia pensional al demandante le faltaban más de 10 años para
consolidar el derecho a la pensión, la cuantía de dicha prestación corresponde al
75% del promedio de los salarios que sirvieron de base para aportes durante los
últimos 10 años, actualizados anualmente con base en la variación del índice de
precios al consumidor, incluyendo para el efecto los factores que señala el artículo
1° del Decreto 1158 de 1994.
v) En el presente caso no se configuró prescripción trienal, comoquiera que
entre la fecha de retiro del servicio (10 de abril de 2012) y la fecha de solicitud
pensional (17 de mayo de 2013), no transcurrió el término de tres años que
establece el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, así como tampoco entre la
respuesta a dicha solicitud (21 de enero de 2014) y la presentación de la demanda
(19 de octubre de 2015).
vi) En suma, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados;
ordenó a Colpensiones reconocer y pagar una pensión de vejez por alto riesgo en
cuantía del 75% del promedio de los salarios que sirvieron de base para los
aportes durante los últimos 10 años, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, incluyendo los factores que señala
el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, desde el 11 de abril de 2012, fecha a
5
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00383-01 (4488-18)
Demandante: Omar Hasney Cubillos Castillo
partir de la cual se produjo el retiro definitivo del servicio, con los reajustes legales
y sin perjuicio del descuento de aportes para pensión sobre los factores respecto
de los cuales no se hubiera efectuado dicha deducción; y negó las demás
pretensiones de la demanda.
1.4. Los recursos de apelación
1.4.1. El demandante
El señor Omar Hasney Cubillos Castillo, por conducto de apoderado, interpuso
recurso de apelación3 y lo sustentó de la siguiente manera:
i) El Tribunal le otorgó el derecho pensional de conformidad con las normas
rectoras para el caso (artículo 4 del Decreto 1835 de 1994 y parágrafo 5° del
artículo 2° de la Ley 860 de 2003), pero su liquidación o ingreso base de
liquidación se efectuó con la Ley 100 de 1993. Así pues, existen dos cánones
diferentes para el reconocimiento pensional, por lo que la sentencia está violando
flagrantemente el principio de inescindibilidad de la ley, es decir, que debería
utilizarse la misma norma tanto para establecer el IBL como para reconocer la
prestación.
ii) Así las cosas, para el reconocimiento pensional del demandante debían
tenerse en cuenta todos y cada uno de los factores salariales devengados en el
último año de servicio en el porcentaje del 75%, tales como: la asignación básica,
la bonificación por servicios prestados, la prima de riesgo en su 35%, y las
doceavas partes de las primas de servicio, vacaciones y navidad.
1.4.2. La demandada
Colpensiones interpuso recurso de apelación4 al indicar que no comparte la
decisión de primera instancia, ya que el accionante no cuenta con la totalidad de
3
Folios 163 al 171.
4
Folios 159 al 162.
6
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00383-01 (4488-18)
Demandante: Omar Hasney Cubillos Castillo
requisitos para acceder a la pensión, pues en atención a que nació el 23 de marzo
de 1969, «a la fecha» cuenta con 49 años y, en ese orden, no se puede acceder al
reconocimiento de la prestación cuando la edad es inferior a los 50 años.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. El demandante
El señor Omar Hasney Cubillos Castillo, por conducto de apoderado, reafirmó lo
sostenido en el libelo introductorio y en el recurso de alzada.5
1.5.2. La demandada
Colpensiones, por intermedio de su apoderado, solicitó fuera revocada la
sentencia de primera instancia bajo los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.6
1.6. El ministerio público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.7
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De conformidad con los recursos de apelación interpuestos, la Sala deberá
establecer si el señor Omar Hasney Cubillos Castillo tiene derecho al
reconocimiento de su pensión de vejez con el régimen especial de pensiones por
5
Folios 222 al 224.
6
Folios 199 y 200.
7
Folio 229.
7
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00383-01 (4488-18)
Demandante: Omar Hasney Cubillos Castillo
actividades de alto riesgo, por haberse desempeñado como detective del extinto
DAS y oficial de protección en la UNP.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Régimen especial de pensiones de los detectives del DAS antes de la
entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social
En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 5.ª de 1978, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 1047 del 7 de junio de 1978,8 el cual en su
artículo 19 dispuso que los empleados que se desempeñaran como
dactiloscopistas en el DAS, por 20 años continuos o discontinuos y que hubieran
aprobado el curso de formación impartido por el instituto de dicho ente, tendrían
derecho a gozar de una pensión de jubilación a cualquier edad. Adicionalmente,
en el artículo 2, ordenó que los servidores que hubieran aprobado el curso ya
referido y permanezcan al servicio de la entidad por un término no inferior a 18
años continuos como dactiloscopistas, pueden acceder a la prestación al cumplir
50 años de edad, siempre que para ese momento estuvieran vinculados.
Posteriormente, el Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1989 10 dispuso que los
empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones sociales previstas para
las entidades públicas del orden nacional, en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de
1969, 1045 de 1978, 451 de 1984 y en las demás reglas que los adicionen o
modifiquen11 y, en el artículo 10,12 previó que los empleados del referido
8
«Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que
desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad»
9
«Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o discontinuos las funciones de
las dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad, y que hayan aprobado el
curso de formación en dactiloscopia impartido por el instituto correspondiente de dicho
Departamento, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación cualquiera sea su edad.»
10
«Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad»
11
«Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad
tendrán derecho a las prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración
pública del orden nacional en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de
1984, artículo 3º y en los que los adicionan, modifican, reforman o complementan y, además, a las
que este decreto establece.»
8
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00383-01 (4488-18)
Demandante: Omar Hasney Cubillos Castillo
departamento se regirían por los cánones generales sobre pensión de jubilación,
al tiempo que quienes desarrollaran funciones de dactiloscopistas en los cargos de
detective agente, profesional o especializado, en sus diferentes grados y
denominaciones, se gobernarían por lo previsto en el Decreto Ley 1047 de 1978.13
2.2.2. De las actividades de riesgo en el sector público en vigencia del
Sistema General de Seguridad Social
El artículo 14014 de la Ley 100 de 199315 previó, en un principio, lo siguiente:
Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De
conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los
servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una
menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos
requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el
trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a
cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad.
Posteriormente, se expidió el Decreto 691 de 1994, por el cual se incorporaron los
servidores públicos al Sistema General de Pensiones, y del que cabe resaltar su
artículo 5, pues a través de este, extendió el régimen general a los servidores que
laboren en actividades de alto riesgo para su salud.
No obstante, en atención a esta preceptiva y bajo los parámetros de la Ley 4.ª de
1992, el Gobierno nacional profirió el Decreto 1835 del 3 de agosto de 1994, por
12
«Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación
previstas para los empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los
empleados del Departamento Administrativo de Seguridad.
Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de Detective Agente,
Profesional o Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia
de jubilación, por el Decreto-ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al
personal de detectives en sus distintos grados y denominaciones.»
13
«Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior y que
permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad por un término no menor
de 18 años continuos en el desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la
pensión de jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que para esta época fueren funcionarios
de ese Departamento.»
14
Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-003 de 1996.
15
«Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
9
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00383-01 (4488-18)
Demandante: Omar Hasney Cubillos Castillo
medio del cual reglamentó las actividades de alto riesgo de los servidores
públicos, que circunscribió a las siguientes:
Artículo 2º. Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100
de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:
1. En el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS: Personal de detectives
en sus distintos grados y denominaciones de especializado, profesional y
agente. (Resaltado fuera del texto)
2. En la Rama Judicial.
Funcionarios de la jurisdicción penal:
Magistrados, Jueces Regionales, Jueces Penales del Circuito, Fiscales y empleados
de los Cuerpos de Seguridad de la Fiscalía General de la Nación y los siguientes
funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía: Profesionales
judiciales especiales, profesionales universitarios judiciales I y II, jefes de sección de
criminalística, investigadores judiciales I y II, técnicos judiciales I y II y escoltas I y
II. […].
De acuerdo con lo anterior, la labor de los detectives del DAS también se clasificó
como de alto riesgo. Asimismo, la norma estableció un régimen de transición
especial16 para aquellos que a su entrada en vigencia, esto es, el 4 de agosto de
1994, laboraran en dicha actividad con el beneficio de acceder a la pensión en las
condiciones indicadas por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir,
los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.
Ahora bien, el Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 200317 derogó el Decreto 1835
de 1994 y definió una vez más cuáles actividades son consideradas de alto riesgo,
sin incluir al DAS.
16
«Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las
actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen
vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo
que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio
requerido o el número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para
ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o
jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos,
particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»
17
«Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades.»
10
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00383-01 (4488-18)
Demandante: Omar Hasney Cubillos Castillo
Finalmente, la Ley 860 del 26 de diciembre de 200318 nuevamente se ocupó de
regular la materia pensional para los servidores que desempeñan labores de alto
riesgo en el DAS y, entre otras cosas, incluyó a la prima de riesgo en el ingreso
base de cotización.19
2.2.3. La liquidación de pensiones de agentes del DAS cobijados por el
régimen de transición. Postura unificada de la Sección
En cuanto al ingreso base de liquidación para el personal beneficiario de las
normas anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, de los Decretos 1047 de 1978 y
1933 de 1989, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 30 de
noviembre de 2000,20 consideró que debía aplicarse en su integridad la normativa
precedente. Así las cosas, inicialmente estimó que debían atenderse aquellos
factores salariales que estuvieran previstos por el artículo 18 del Decreto 1933 de
1989.
No obstante lo anterior, en lo relativo a las actividades de alto riesgo, el Decreto
1137 del 2 de junio de 199421 creó la prima mensual de riesgo equivalente al 30 %
de la asignación básica, entre otros servidores, para los detectives del DAS, con la
salvedad de que aquella no constituía factor salarial y no podría devengarse
simultáneamente con las primas de orden público, de clima y de riesgo de que
tratan los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 1933 de 1989 y la de riesgo señalada por
el Decreto 132 del 17 de enero de 1994. Luego, el Decreto 2646 del 29 de
noviembre de 199422 aumentó el porcentaje de dicho emolumento al 35 % y la
hizo incompatible solamente con las prestaciones con igual denominación
previstas en los Decretos 1933 de 1989 y 132 de 1994, pero reiteró su exclusión
como factor salarial.
18
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.».
19
Artículo 2.º, parágrafo 4.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia de 30 de noviembre de 2000. Radicación 2004-2000. C.P. Alejandro Ordóñez
Maldonado.
21
«Por el cual se crea una prima especial de riesgo con carácter permanente para algunos
empleados del Departamento Administrativo de Seguridad».
22
«Por el cual se establece la Prima Especial de Riesgos para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad».
11
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00383-01 (4488-18)
Demandante: Omar Hasney Cubillos Castillo
En ese escenario, el Consejo de Estado, en un primer momento, se abstuvo de
ordenar su inclusión en atención a que el Decreto 2646 de 1994 precisó que
aquella prima de riesgo no constituye factor salarial.23 Sin embargo, más adelante
consideró que debía acogerse el criterio de favorabilidad expuesto en la sentencia
del 4 de agosto de 2010,24 según el cual es válido tener en cuenta todas aquellas
sumas que el servidor percibe de manera habitual y periódica como
contraprestación del servicio, independientemente de su denominación. 25 Lo
anterior, en consideración a que el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 dispuso
que el valor de la pensión debe ser equivalente al 75 % del promedio de los
salarios y primas de toda especie, recibidos durante el último año de servicio, lo
cual sustentó la inclusión de la prima de riesgo y otras prestaciones que no
estaban previstas por el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989 en la pensión de los
detectives del DAS.
Bajo esta nueva perspectiva, en la sentencia del 1.º de agosto de 2013, 26 la
Sección Segunda acogió esta última posición. Al respecto, precisó que como la
prima de riesgo se percibía en forma permanente y mensual, formaba parte de la
contraprestación directa que recibían los servidores del DAS, por lo que debía
integrarse en el ingreso de cotización y en la liquidación de la pensión.
Con base en el anterior recuento, la Sección Segunda del Consejo de Estado
advirtió27 que se habían emitido diversidad de pronunciamientos dentro de
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y acciones de tutela, en los
cuales se consideró que el cambio jurisprudencial que introdujo la sentencia del 28
23
Entre otras se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 16 de marzo de 2006, radicación: 250002325000200103086 01(4096-04), demandante: Norma
Constanza Castro Quintero; sentencia del 4 de octubre de 2007, radicación:
25000232500020031688 01 (8439-2005), demandante: Nelson Tiberio Ortiz Zárate.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23
25 000 2006 07509 01 (0112-09).
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2010, radicación
250002325000200500052 01(0568-2008), demandante: José Luis Martínez Arteaga.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación:
4400123310002008150 01(0070-2011); C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 23 de septiembre de 2021, radicado 25000 23 42
000 2013 02380 01 (2656-2014).
12
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00383-01 (4488-18)
Demandante: Omar Hasney Cubillos Castillo
de agosto de 2018,28 que modificó el criterio interpretativo frente al IBL en el
régimen de transición y se alineó con el expuesto por la Corte Constitucional a
partir de la sentencia C-258 de 2013, conllevaba a considerar que las reglas
aplicables a la liquidación de las pensiones de los detectives del DAS se derivaban
de la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores que se deben
incluir son los taxativamente previstos por el Decreto 1158 del 3 de junio de
1998.29
Aunado a que particularmente, en relación con la prima de riesgo, se había
estimado que para quienes laboraron como detectives, su inclusión era viable
como consecuencia de lo señalado por el artículo 3 de la Ley 860 del 26 de
diciembre de 2003. Sin embargo, únicamente podía ser computada cuando se
acrediten los aportes que se efectuaron al sistema de seguridad social por dicho
concepto. De lo contrario, no debía ser tenida en cuenta en el cálculo de la
prestación.30
Bajo tal panorama, en reciente sentencia de unificación, la Sección Segunda del
consejo de Estado fijó las siguientes reglas:31
i) Los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS, cobijados
por los regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de
2003 y la Ley 860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las condiciones de
edad, tiempo de servicios y monto, entendido como el porcentaje o tasa de
retorno, señalados por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, sin embargo, el
ingreso base de liquidación es el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100
de 1993, este es:
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de
2018, radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
29
«Por el cual se modifica el artículo 6.º del Decreto 691 de 1994»
30
Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2021-00342-00(AC); sentencia del 3 de junio de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2021-02097-00(AC); Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de mayo
de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2021-00342-01(AC).
31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia SUJ-028-CE-SE-2022 del 28 de julio de 2022,
radicado 25000 23 42 000 2013 02380 01 (2656-2014).
13
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00383-01 (4488-18)
Demandante: Omar Hasney Cubillos Castillo
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.
ii) Los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones
aquí referidas son los devengados por el servidor que, de acuerdo con el Decreto
1158 de 1994 y demás normas aplicables, constituyen la base de cotización para
pensión. En el caso del personal del DAS de que tratan los artículos 1 y 2 del
Decreto 2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en este decreto debe incluirse
para liquidar la pensión a partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, en
los porcentajes señalados por el artículo 2 de la misma ley, es decir:
• En el 40 %, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2007.
• En el 50 %, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los
servidores del DAS a otras entidades, por disposición del Decreto 4057 de 2011.
iii) Si el empleador no cumplió la obligación de realizar los descuentos en el
porcentaje a su cargo y el del empleado destinados a las cotizaciones para el
sistema de pensión sobre los factores devengados que, de conformidad con el
Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003, debían ser base de cotización o si
omitió el traslado de la cotización especial por alto riesgo, sin que la entidad de
previsión social hubiera adelantado las gestiones pertinentes para su cobro, ello
no es oponible al interesado para que la pensión especial se reconozca y liquide
de acuerdo con los parámetros indicados en esta sentencia.
Como fundamento de la decisión, se consideró que el criterio expuesto en las
sentencias del 4 de agosto de 2010 y del 1.º de agosto de 2013, para el caso
particular del DAS, ha sido modificado con la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018, y que ese es el referente que ha llevado a esta Corporación a
replantear su posición en cuanto al IBL en diferentes regímenes especiales que
cobijan a los servidores públicos, cuyo planteamiento atiende la competencia legal
14
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00383-01 (4488-18)
Demandante: Omar Hasney Cubillos Castillo
y constitucional tanto del legislador como del ejecutivo para definir el régimen
prestacional de los empleados públicos.
Además, dispuso que las reglas jurisprudenciales que en esa providencia se
fijaron se aplicarían a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como judicial, a través de acciones ordinarias, con la salvedad de
aquellos en los que haya operado la cosa juzgada, los cuales, en función del
principio de seguridad jurídica, son inmodificables.
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:
2.3.1. Sobre la edad y la relación laboral del demandante
i) El señor Omar Hansey Cubillos Castillo nació el 23 de marzo de 1969, tal
como consta en su cédula de ciudadanía.32
ii) Entre el 13 de febrero de 1992, y el 31 de diciembre de 2011, el señor
Cubillos Castillo laboró en el DAS; el último cargo desempeñado fue el de detective
profesional 207-09.33
iii) Desde el 1° de enero hasta el 10 de abril de 2012, se desempeñó en la UNP
en el cargo de oficial de protección, código 3137, grado 13.34
2.3.2. Sobre los factores salariales y la cotización especial
De acuerdo con los certificados de factores devengados mes a mes entre enero
de 2009 y diciembre de 2011,35 el demandante mientras prestó servicios al DAS
32 Folio 48.
33 Folios 8 y 9
34 Folios 6 y 7
15
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00383-01 (4488-18)
Demandante: Omar Hasney Cubillos Castillo
percibió los factores de asignación básica, bonificación por servicios, vacaciones,
indemnización de vacaciones, indemnización de prima de riesgo y las primas de
navidad, de servicios, de vacaciones y de riesgo.
De igual modo, entre el 1° de enero y el 10 de abril de 2012, al servicio de la UNP
le fueron reconocidas las prestaciones de asignación básica, bonificación de
servicios, prima de servicios, compensación de vacaciones en dinero, prima de
vacaciones, bonificación por recreación, y prima de navidad.36
2.3.2. Sobre la reclamación de las prestaciones en litigio
i) El 17 de mayo de 2013, el demandante solicitó a Colpensiones el
reconocimiento de la pensión especial de jubilación, con fundamento en que
acreditó más de 20 años de servicios en actividades de alto riesgo.37
ii) El 12 de diciembre de 2013, con la Resolución GNR352464 Colpensiones
negó el reconocimiento de la pensión de vejez solicitada por el señor Cubillos
Castillo.38 Como fundamento de su decisión señaló que este al 28 de julio de 2003
tenía 589 semanas de cotización, por lo que no cumplía con el requisito mínimo de
700 semanas; adicionalmente no acreditó el requisito de la edad exigida en el
Decreto 2090 de 2003, esto es, 55 años. De igual modo no es destinatario del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues a 1° de abril de
1994 tenía 25 años de edad y 160 semanas cotizadas, únicamente.
iii) El 29 de julio de 2014, Colpensiones expidió la Resolución VPB12362 por la
cual resolvió el recurso de apelación presentado contra la anterior decisión, en el
sentido de confirmarla.39
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
35 Folios 43 al 45.
36 Folio 46.
37 Folio 3
38 Folios 12 al 17.
39
Folios 28 al 31.
16
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00383-01 (4488-18)
Demandante: Omar Hasney Cubillos Castillo
Contra la sentencia del 9 de mayo de 2018, dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, se
formularon los recursos de apelación objeto de análisis para controvertir, por un
lado, la decisión de reconocimiento pensional, ya que a juicio de la entidad
apelante el actor no cuenta con el requisito de edad exigido por el Decreto 1835
de 1994 (55 años) y, por otro lado, para solicitar que se ordene la liquidación de la
prestación teniendo en cuenta todos y cada uno de los factores salariales
devengados en el último año de servicio, incluida la prima de riesgo.
Así las cosas, en primer término, se debe precisar que en consideración a que el
señor Omar Hansey Cubillos Castillo se desempeñó como detective durante su
vinculación al DAS, puede beneficiarse del régimen especial de pensiones, tal y
como lo reconoció el Tribunal en la primera instancia.
Lo anterior por cuanto se encuentra demostrado que el demandante acreditó los
requisitos trazados por la Ley 860 de 2003 para hacerse beneficiario del régimen
de transición de que trata el artículo 4.° del Decreto 1835 de 1994, pues i) se
desempeñó en el DAS bajo el cargo de detective; ii) se vinculó a la entidad con
anterioridad al 3 de agosto de 1994, y; iii) para el momento en que entró en
vigencia la norma ibidem contaba con 617,02 semanas de cotización.
De igual modo, de conformidad con lo previsto en los artículos 1.° y 2.° del Decreto
1047 de 1978, es evidente que el señor Cubillos Castillo logró satisfacer la
exigencia de los 20 años de servicio, toda vez que tuvo una relación legal y
reglamentaria como detective del extinto DAS por un lapso de 19 años, 10 meses y
18 días comprendidos entre el 13 de febrero de 1992 y el 31 de diciembre de
2011, y desde el 1° de enero hasta el 10 de abril de 2012 como oficial de
protección en la UNP, acumulando un total de 20 años, 1 mes y 26 días de servicio.
En tal sentido, el demandante podía adquirir el derecho pensional a cualquier
edad.
De suerte que el argumento esgrimido por la entidad demandada en el recurso de
17
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00383-01 (4488-18)
Demandante: Omar Hasney Cubillos Castillo
apelación referente a que el señor Cubillos Castillo no acreditó el requisito de edad
exigido para ser acreedor de la pensión de vejez por haber desempeñado una
actividad de alto riesgo no tiene vocación de prosperidad.
Hasta este punto resta precisar que aunque el Acto Legislativo 01 de 2005 puso
un límite temporal a los beneficiarios de los regímenes anteriores al contenido en
la Ley 100 de 1993, en virtud de la transición establecida en el artículo 36 ibidem,
en este caso, el demandante no fue beneficiario del aludido régimen de transición
por no cumplir los requisitos que ese articulado estableció. Además, en todo caso
su derecho pensional, por haber desempeñado una actividad de alto riesgo, no
estaba condicionado a la acreditación de las reglas previstas en el régimen de
transición del mentado artículo 36).40 No entiendo RFSV.
En ese orden, la Ley 860 de 2003 actualmente mantiene su vigor, pues esta
norma no contiene un régimen especial o exceptuado del sistema general de
pensiones, sino, precisamente hace parte de él al tenor de lo dispuesto en el
artículo 140 de la Ley 100 de 1993, y en dicho sentido, las barreras temporales
impuestas por la reforma constitucional de 2005 no le afectan. No se puede perder
de vista que el régimen general de pensiones de la Ley 100 de 1993 está
constituido por distintas normas que integran de manera permanente un solo
sistema en casos en los que constitucionalmente está habilitado un tratamiento
más favorable (a manera de ejemplo, respecto de aquellos que laboren en
actividades de alto riesgo).41
Volviendo al análisis del caso, con ocasión del recurso de alzada del demandante
se debe precisar que en las pensiones especiales de los beneficiarios del régimen
de transición para empleados que desempeñen actividades de alto riesgo solo se
mantienen las condiciones de edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo
contempladas en las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, ya que el ingreso
base de liquidación y los factores salariales que se deben computar son aspectos
40
Lo anterior por cuanto a 1° de abril de 1994 tenía solo 25 años de edad y acumulaba algo más
de un año de labor.
41 Véase la sentencia del 22 de junio de 2023, radicado 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-
2018) M. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
18
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00383-01 (4488-18)
Demandante: Omar Hasney Cubillos Castillo
que se determinan según lo previsto en la norma ibidem, tal como fue analizado
en la sentencia de unificación del 28 de julio de 2022.42
Así las cosas, el período de liquidación advertido en la sentencia de primera
instancia, correspondiente al 75% del promedio de los salarios que sirvieron de
base para aportes durante los últimos 10 años anteriores a la adquisición del
estatus pensional, se encuentra ajustado a las reglas de interpretación anotadas.
De igual modo, los factores salariales que han de tenerse en cuenta, tal y como se
expuso en el marco normativo de esta decisión, corresponden a los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 y a la prima de riesgo en los porcentajes señalados por el
artículo 2 de la Ley 860 de 2003. De manera que de aquellos que el demandante
percibió solo tiene derecho a que sean incluidos en el IBL, la asignación básica, la
bonificación por servicios prestados y la prima de riesgo.
Si bien a partir del material probatorio allegado no es posible determinar si al señor
Cubillos Castillo le hicieron descuentos para el sistema general de pensiones por
los conceptos de asignación básica, bonificación por servicios prestados, y la
prima de riesgo, que efectivamente era una partida computable en el IBL, de
conformidad con las reglas de interpretación planteadas en la sentencia de
unificación del 28 de julio de 2022, las cotizaciones frente a este último
emolumento eran una obligación del entonces DAS.43
Así las cosas, las consecuencias de la posible omisión no serían oponibles ni
determinantes en la situación jurídica del demandante, pues dicha conducta del
empleador no permite excluir de la liquidación prestacional un factor al que tenía
derecho.
Valga precisar que en Colpensiones recae la obligación de iniciar los mecanismos
o acciones pertinentes para lograr el efectivo traslado de los aportes no realizados
42
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia SUJ-028-CE-SE-2022 del 28 de julio de 2022,
radicado 25000 23 42 000 2013 02380 01 (2656-2014).
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 25000-23-42-000-2014-03302-
01 (0370-2020) C. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
19
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00383-01 (4488-18)
Demandante: Omar Hasney Cubillos Castillo
por concepto de la prima de riesgo, a cargo del empleador o de la entidad que
haya asumido tales obligaciones, luego de la supresión del DAS.
Así las cosas, la Sala encuentra procedente ordenar la inclusión en el ingreso
base de liquidación de la prima de riesgo, en los términos señalados por el
parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003, además de la asignación básica
y la bonificación por servicios prestados, en ese orden, el recurso de apelación del
demandante, sobre ese punto, se resolverá favorablemente.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,44 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si
ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago
de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las
partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
44
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 130G01-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
20
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00383-01 (4488-18)
Demandante: Omar Hasney Cubillos Castillo
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso,45 la Sala se abstendrá de condenar
en costas de segunda instancia en atención a que la decisión obedece a un
cambio jurisprudencial que se produjo en el trámite del proceso.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, y en el acervo
probatorio, la Sala considera que el señor Omar Hansey Cubillos Castillo tiene
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación del régimen especial de que
trata el artículo 4.° del Decreto 1835 de 1994, así como a la inclusión de la prima
de riesgo en la liquidación de su prestación. En ese orden, se modificará de
decisión de primera instancia para ordenar la inclusión del mentado factor.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar el numeral tercero de la sentencia proferida el 9 de mayo de
2018, en el sentido de indicar que en IBL de la pensión de vejez por alto riesgo
debe incluirse, además de los factores que señala el artículo 1° del Decreto 1158
de 1994, la prima de riesgo en los porcentajes señalados por el parágrafo 4° del
artículo 2 de la Ley 860 de 2003, conforme se haya devengado por el libelista.
No habrá lugar a efectuar descuento alguno a cargo del pensionado por concepto
de los aportes no realizados por el empleador. A la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones) le corresponde adelantar los procedimientos o acciones
45
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
21
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00383-01 (4488-18)
Demandante: Omar Hasney Cubillos Castillo
pertinentes para lograr el cobro y traslado de los aportes para pensión no
efectuados respecto de la prima de riesgo por el Departamento Administrativo de
Seguridad o de la entidad que haya asumido tales obligaciones, luego de su
supresión.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 9 de mayo de 2018, por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido
por el señor Omar Hansey Cubillos Castillo, contra la Administradora Colombiana
de Pensiones (Colpensiones), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
Tercero. Sin costas en esta instancia.
En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
22
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.