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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01330-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01330-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo considerado en la parte motiva. Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante por las razones expuestas en la presente providencia. Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes 12 Radicación: 76001-23-33-000-2020-01330-01 (2377-2025)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-01330-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01330-01 (2377-2025)
Demandante: Diego Mauricio Rocha Gallo
Demandado: Colpensiones

Tema: Reconocimiento pensión por actividades de alto riesgo régimen
de transición detective del Departamento Administrativo de
Seguridad DAS. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 12 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. El señor Diego Mauricio Rocha Gallo instauró demanda en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones,1 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de los actos administrativos GNR 229926 del 19 de
junio de 2014, GNR 440764 del 24 de diciembre de 2014 y VPB 64655 del 5 de
octubre de 2015 que negaron el reconocimiento de una pensión por actividades de
alto riesgo en el DAS.

3. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se
condene a reconocer y pagar la pensión de alto riesgo con la inclusión de todos los

1 En adelante Colpensiones.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 76001-23-33-000-2020-01330-01 (2377-2025)

factores salariales contemplados en el Decreto 1933 de 1989 o el último año de
servicios y desde el momento en que adquirió el derecho, es decir, 18 de enero de
2014.

4. Que sobre las sumas reconocidas se hagan los ajustes necesarios conforme el
IPC, se dé cumplimiento a la sentencia en los términos dispuestos en el CPACA, se
condene al pago de intereses moratorios y de costas procesales.

HECHOS

5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

6. Que prestó servicio militar obligatorio del 18 de abril de 1991, hasta el 30 de enero
de 1992, es decir por 9 meses y 12 días, tiempo que debe ser tenido en cuenta para
la seguridad social.

7. Que ingresó a laborar en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS a
partir del 17 de enero de 1994, nombrado mediante Resolución 112 del 17 de enero
de 1994, en el cargo de alumno 326 -03 y luego como detective 208-07 y
permaneció en el servicio activo, desempeñando actividades de alto riesgo descritas
entre otras, en los Decretos 2110 de 1992, 1932 de 1989, por espacio de 20 años
5 meses 20 días continuos, hasta el 1° de julio de 2014.

8. Que acumuló dentro del régimen especial como detective un tiempo de servicio
de 20 años 5 meses y 14 días y en la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia lleva 4 años y 11 meses, más 11 meses de servicio militar, para un total
de 21 años, 4 meses y 14 días.

9. Que el 13 de febrero de 2014, solicitó el reconocimiento y pago de una pensión
de vejez y por medio de Resolución GNR229926 del 19 de junio de 2014,
Colpensiones lo negó y ante los recursos interpuestos, mediante Resoluciones
440764 del 24 de diciembre de 2014 y VPB 64655 del 5 de octubre de 2015,
confirmó la negativa.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

10. Se indicaron como normas violadas los artículos 2, 13, 25, 29, 48, 53 y 58 de la
Constitución, artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 4 Ley 4 de 1966,
artículo 40 Ley 48 de 1993, artículo 1° Decreto 1047 de 1978, artículo 10 Decreto
1933 de 1989, Decretos 2146 y 2147 de 1989, artículos 1 y 2 de la Ley 4 de 1992,
Decreto 1835 de 1994, artículos 4 y 6 Decreto 1932 de 1989, Ley 860 de 2003,

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Decreto 2646 de 1994, artículo 138 del CPACA.

11. Manifestó que Colpensiones desconoció las normas aplicables porque durante
25 años de servicio sin solución de continuidad, desempeñó funciones de las
descritas como de alto riesgo que fueron objeto de excepción por parte del
legislador.

12. Que en el caso de los empleados del DAS, el régimen de transición contenido
en la Ley 860 de 2003, no establece una edad mínima, sino solo dos (2) requisitos:
1) 500 semanas cotizadas al 26 de diciembre de 2003, fecha de entrada en vigencia
la Ley 860, y 2) Haber ingresado a desempeñar actividades de alto riesgo en el DAS
antes del 3 de agosto de 1994; en consecuencia, al contar con más de 500 semanas
cotizadas como detective y haber ingresado al DAS el 17 de enero de 1994, el
régimen de transición al que tiene derecho pasa de ser una expectativa legítima a
ser un derecho adquirido y a poder gozar del beneficio consolidado y contenido en
el régimen de transición del Decreto 1835 de 1994.

13. Que ante la ausencia del monto de la pensión de jubilación en el régimen
especial a los empleados del DAS, por remisión expresa del artículo 1 del Decreto
1933 de 1989, obligatoriamente, se debe llenar este vacío con las normas de
carácter general, esto es el Decreto 1848 de 1969 artículo 73 que expresa «que
será el 75% del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidas en el
último año de servicio».

14. Que respecto a los factores salariales que se deben incluir, serán los estipulados
en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, que según certificación expedida por el
DAS y la Unidad de Migración Colombia, será lo devengado durante el año anterior
a aquella en la que se adquirió el estatus jurídico.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

15. La demanda fue admitida el 25 de marzo de 2021, la entidad argumentó que el
demandante no es beneficiario de una pensión especial por actividad de alto riesgo
bajo las disposiciones del Decreto 1835 de 1994, pues si bien se desempeñó en el
cargo de detective, al 9 de noviembre de 2020, contaba con 1,400 semanas
cotizadas al sistema, de las cuales cero (0) cuentan con cotización especial por
actividad de alto riesgo, debiendo ser mínimo 1000 semanas de cotización en alto
riesgo y respecto al requisito de edad, para el 9 de noviembre de 2020, contaba con
48 años de edad, teniendo en cuenta que nació el 13 de noviembre de 1971.

16. Que en garantía del derecho pensional, se realizó el estudio de una pensión de

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vejez ordinaria bajo las disposiciones de la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley
797 de 2003, que arrojó que nació el 13 de noviembre de 1971, por lo que al 9 de
noviembre de 2020, contaba con 48 años de edad y 1400 semanas cotizadas, es
decir, que supera las semanas requeridas, pero no cuenta con la edad mínima.
Razón por la cual no resulta beneficiario de una pensión de vejez bajo los requisitos
de la Ley 797 del 2003; predicando lo mismo para las disposiciones contempladas
en el Acuerdo 049 de 1990, Ley 100 de 1993 original, Ley 33 de 1985 y Ley 71 de
1988.

17. Además, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo
no debido, prescripción y buena fe.

18. El 25 de agosto de 2022 el Tribunal dispuso el trámite de sentencia anticipada
y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Las partes y el Ministerio
Público guardaron silencio.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

19. Mediante sentencia del 12 de agosto de 2025 el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, negó las pretensiones de la demanda para lo cual argumentó que la Ley
860 de 2003 dispuso una transición que remite a la aplicación del Decreto 1835 de
1994 que, a su vez, reguló una transición (art. 4) que permite acudir a las normas
vigentes anteriores a la Ley 100 de 1993, que para el DAS son los Decretos 1047
de 1978 y 1933 de 1989.

20. Que de acuerdo con el parágrafo 5.º del artículo 2.º de la Ley 860 de 2003, son
beneficiarios del régimen de transición del artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, los
detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1994, que a la fecha de
entrada en vigencia de la referida ley hubieren cotizado 500 semanas.

21. Que el señor Diego Mauricio Rocha Gallo, estaba vinculado a la entidad al
momento de entrar en vigencia el referido Decreto, porque, al 4 de agosto de 1994,
laboraba para el suprimido DAS, además, para el 29 de diciembre de 2003 contaba
con un poco más de 659 semanas, dado que su ingreso al servicio figura el 20 de
noviembre de 1990, de suerte que superaba las 500 requeridas.

22. Que, no obstante, la aplicación de los referidos Decretos 1933 de 1989 y 1047
de 1978, deben entenderse en consonancia con lo ordenado por el parágrafo
transitorio 4 del Acto Legislativo 01 de 2005 por lo que debía verificarse si el
demandante cumplía con las 750 semanas exigidas para conservar la aplicación del
Decreto Ley 1933 de 1989 y el Decreto 1047 de 1978, por ser beneficiario de la

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transición regulada en el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, que reglamentó las
actividades de alto riesgo de los servidores públicos, en concordancia con el artículo
140 de la Ley 100 de 1993.

23. Que el 25 de julio de 2005, fecha en la que entró en vigencia el Acto Legislativo,
el señor Rocha Gallo, contaba con 4205.5 días de servicio, que equivalen a 600.7
semanas, lo que indica que el mismo no tiene derecho a conservar el régimen
especial previsto para los detectives del extinto DAS, hasta el 31 de diciembre de
2014.

24. Que el demandante no cumple con los requisitos para acceder a una pensión
de jubilación, de acuerdo con el Decreto 1835 de 1994, toda vez que no cumple con
las exigencias pactadas en el artículo 3 de dicha disposición.

RECURSO DE APELACIÓN

25. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que expresó que el
Tribunal desvió el estudio del proceso, a determinar que el régimen pensional de los
detectives del extinto DAS, se les aplica el Acto Legislativo 01 de 2005, cuando lo
pretendido y probado es que el régimen pensional de empleados del área operativa
de la estructura orgánica del extinto DAS pertenece a un régimen de alto riesgo, no
a uno especial.

26. Que el régimen pensional del DAS, no es uno exceptuado de los relacionados
en el Acto Legislativo 1° de 2005, sino que es desarrollo del sistema general de la
Ley 100 de 1993, y no tiene nada de excepción, puesto que es por actividades de
alto riesgo para la salud y la vida y, por lo tanto, según el Decreto 2646 de 1994
artículo 2° en armonía con la Ley 860 de 2003, el demandante pertenece al régimen
de alto riesgo que consagra dos requisitos, 20 años de servicio en el cargo de
detective y cualquier edad. Requisitos que se cumplen pero que el Tribunal, se negó
a observar, y desvió erróneamente el estudio del fallo a la aplicación de los
requisitos del Acto Legislativo de 2005.

27. Que el fallo no resolvió la pretensión consistente en que la pensión de vejez por
alto riesgo debía ser reconocida bajo el amparo de la Ley 860 de 2003 y el Decreto
Ley 1933 de 1989, es decir 20 años de servicio y cualquier edad; régimen pensional
definido para los empleados del DAS en normas que desarrollan la Ley 100 de 1993.

28. Que las actividades descritas en el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, no se
refieren a un régimen especial, sino que desarrollan un régimen de pensiones para
trabajadores que laboren en alto riesgo.

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29. Que el señor Diego Mauricio Rocha Gallo, desempeñó las funciones propias de
un detective dentro del DAS, por más de 20 años (incluido el tiempo en las fuerzas
militares), nunca desempeñó cargos de un régimen especial de los señalados en el
Acto Legislativo de 2005, para que puedan negarse las pretensiones, porque no
está dentro del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, está incluido en la
legislación de los cargos llamados de alto riesgo para la salud y la vida contenidos
en el sistema general u ordinario de pensiones, del artículo 140 de la Ley 100 de
1993.

30. Que se equivoca el Tribunal, pues las 750 semanas exigidas son para el régimen
de transición de artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no para el régimen de transición
de la Ley 860 de 2003, cuando lo que se requiere por ley son 650 semanas en alto
riesgo a diciembre de 2003 o tener 20 años de servicio en alto riesgo y cualquier
edad.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

31. Se admitió el recurso el 8 de septiembre de 2025. Las partes y el Ministerio
Público guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES
Problema Jurídico

32. Le corresponde abordar a esta Subsección si el señor Diego Mauricio Rocha
Gallo tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez por alto riesgo bajo el
régimen de transición de los detectives del extinto DAS

Régimen especial de pensiones del DAS2

33. El régimen especial de pensiones de los detectives del Departamento
Administrativo de Seguridad DAS y de los servidores públicos que desarrollan
funciones catalogadas como de alto riesgo ha tenido el siguiente desarrollo
normativo:

34. En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 5.ª de 1978,
el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1047 del 7 de junio de 1978, el cual dispuso:

«ARTICULO 1o. Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o
discontinuos las funciones de las dactiloscopistas en el Departamento Administrativo

2 Acá se retoman varias de las consideraciones de la sentencia de la Sección Segunda, Subsección A del 12

de febrero de 2026 radicado 05001-23-33-000-2016-02055-01 (3756-2023).

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de Seguridad, y que hayan aprobado el curso de formación en dactiloscopia impartido
por el instituto correspondiente de dicho Departamento, tendrán derecho a gozar de
la pensión de jubilación cualquiera sea su edad.

ARTICULO 2o. Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere
el artículo anterior y que permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de
Seguridad por un término no menor de 18 años continuos en el desempeño de
funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 50
años de edad, siempre que para esta época fueren funcionarios de ese
Departamento.

ARTÍCULO 3o. Para los fines del presente Decreto se entiende por dactiloscopista el
empleado público que en forma permanente y continua, recoge, analiza, interpreta,
confronta y clasifica huellas digitales con fines investigativos o de identificación, o
desarrolla cualesquiera de las diferentes actividades técnicas que deben cumplir los
dactiloscopistas en su condición de miembros de la Policía Judicial y como auxiliares
de la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público en la investigación de hechos
delictivos»

35. Esta norma estableció que: (a) los empleados que se desempeñaran como
dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, por 20 años
continuos o discontinuos y que hubieran aprobado el curso de formación impartido
por el instituto de dicho ente, tendrían derecho a gozar de una pensión de jubilación
a cualquier edad y (b) que los servidores que hubieran aprobado el curso ya referido
y permanecieran al servicio de la entidad por un término no inferior a 18 años
continuos como dactiloscopistas, podían acceder a la prestación al cumplir 50 años
de edad, siempre que para ese momento estuvieran vinculados a dicha entidad.

36. El Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1989 a través de su artículo 10
consagró un régimen pensional general para los empleados de dicho organismo, y
uno de carácter excepcional para quienes cumplieran funciones de dactiloscopistas
y detectives, así:

«Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de
jubilación previstas para los empleados de la administración pública del orden
nacional se aplicarán a los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad.

Los empleados que cumplan funciones de dactiloscopistas en los cargos de Detective
Agente, Profesional o Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a
régimen de pensión vitalicia de jubilación, por el Decreto-ley 1047 de 1978, cuyas
normas serán igualmente aplicables al personal de detectives en sus distintos grados
y denominaciones.»

37. Sobre las denominadas actividades de alto riesgo en el sector público, el artículo
140 de la Ley 100 de 1993 facultó al Gobierno Nacional para expedir el régimen de
los servidores públicos que las desarrollen, teniendo en cuenta una menor edad de
jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos, sin
desconocer derechos adquiridos. Para el efecto, se definieron las actividades de

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alto riesgo como aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria.

38. En virtud de lo anterior, se expidió el Decreto 1835 del 3 de agosto de 1994, por
medio del cual reglamentó las actividades de alto riesgo de los servidores públicos,
y en cuanto a los cargos señaló en su artículo 2 lo siguiente:

«1. En el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS: Personal de detectives
en sus distintos grados y denominaciones de especializado, profesional y agente.»

39. Entonces, la labor de los detectives del DAS se clasificó como de alto riesgo,
por ello se encuentran bajo un régimen de transición especial3 para aquellos que, a
su entrada en vigencia, esto es, el 4 de agosto de 1994, laboraran en dicha actividad
con el beneficio de acceder a la pensión en las condiciones indicadas por las normas
anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir, los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de
1989.

40. En lo que atañe a este decreto en mención, se resalta que aquel delimitó un
marco temporal respecto a la aplicación del régimen llamado especial o excepcional
de los referidos funcionarios, pues el artículo 14 en su tenor literario dispuso:

«Artículo 14. Límite del régimen especial. El régimen de pensiones especiales para
las actividades de alto riesgo previstas en este Decreto, sólo cubrirá a los servidores
públicos vinculados a las mismas hasta el 31 de diciembre del año 2004.»

41. El Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 2003 derogó el Decreto 1835 de 1994 y
definió una vez más cuáles actividades son consideradas de alto riesgo, sin incluir
al DAS.

42. Por su parte, el Decreto Ley 860 del 26 de diciembre de 2003 se ocupó de
regular la materia pensional para los servidores que desempeñan labores de alto
riesgo en el DAS y estableció un nuevo régimen de transición en el parágrafo 5.°
del artículo 2° para los detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1994
que a la fecha de entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, 26 de diciembre del mismo
año, hubieran cotizado 500 semanas, quienes tendrían derecho al reconocimiento
de la pensión de vejez en los términos del régimen de transición contenido en el
Decreto 1835 de 1994.

3 Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las actividades

descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con
anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder
a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de semanas cotizadas y el monto
de ésta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo
relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»
18 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se dictan otras disposiciones

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43. Es de anotar que estas condiciones, se contraen a la exigencia de 20 años de
servicios a cualquier edad, como lo previeron los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de
1989.

44. Finalmente, en virtud del Acto Legislativo 1 de 2005, se determinó que: (a) «los
requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión
de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del
Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo
alguno para apartarse de lo allí establecido» y (b) la aplicabilidad del régimen de
transición corrió hasta el 31 de julio de 2010, o, excepcionalmente, hasta el 31 de
diciembre de 2014, en el caso que los beneficiarios contaran con 750 semanas de
cotización o su equivalente en tiempo de servicios al momento de la entrada en vigor
de dicho Acto Legislativo.

Resolución del caso concreto

45. El demandante afirma que tiene derecho a que se le reconozca la pensión de
vejez por alto riesgo bajo el amparo del régimen de transición de la Ley 860 de 2003,
esto con el Decreto 1835 de 1994 y según los requisitos del Decreto Ley 1933 de
1989, es decir 20 años de servicio y cualquier edad.

46. Las pruebas que obran en el expediente demuestran que (i) el señor Diego
Mauricio se vinculó como detective al DAS antes de la entrada en vigencia del
Decreto 1835 de 1994 (4 de agosto de 1994), pues ingresó como detective el 17 de
enero de 1994 y (ii) a la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003 (29 de diciembre de
2003) había cotizado más de 500 semanas, lo que evidencia que acredita, en
principio, los requisitos para hacerse beneficiario del régimen de transición
dispuesto por el Decreto 1835 de 1994, esto es bajo las disposiciones pensionales
contenidas en los Decretos 1047 de 1978 y 1393 de 1989.

47. No obstante, el artículo 14 del Decreto 1835 de 1994, como atrás se expuso,
reguló un límite temporal hasta el 31 de diciembre de 2004 a fin de extender el
régimen especial de pensiones a los servidores públicos que desplegaran
actividades de alto riesgo. Así como la Ley 860 de 2003, mediante la cual se
realizaron reformas a algunas disposiciones de la Ley 100 de 1993, previó en su
parágrafo 5.° del artículo 2.º, las prerrogativas relativas al régimen de transición del
mentado decreto, con ocasión de salvaguardar la expectativa del derecho de ciertos
empleados que en ejercicio de su función desempeñaran tales características
excepcionales.4

4 Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de febrero de 2022 radicado 25000-

23-42-000-2017-05845-01 (4808-2019).

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48. Entonces, de conformidad con lo expuesto, aun al margen de que el
demandante hubiera acreditado los requisitos consagrados en la Ley 860 de 2003
para hacerse beneficiario del régimen de transición de que trata el artículo 4.° del
Decreto 1835 de 1994, otra realidad que también se le atribuye a su situación
prestacional es que para el 31 de diciembre de 2004 (límite temporal fijado por el
Decreto 1835 de 1994 para la aplicación del régimen especial) aquel acredita
únicamente un poco más 10 años y 11 meses de servicios, es decir, que no había
consolidado el derecho en cuanto al tiempo de servicio, por lo que no se cumplió el
requisito de 20 años de ocupación continuos o discontinuos que debían ser
acreditados dentro del límite temporal para la procedencia del reconocimiento
pensional.

49. De ello que el señor Diego Mauricio no podría beneficiarse de las prerrogativas
especiales en materia de pensión, por cuanto cumplió los 20 años de servicios
prestados al DAS, el 17 de enero de 2014,5 es decir, excediendo el término
delimitado por la referida normativa.

50. En igual sentido, debe considerarse que esta conclusión guarda justificación
jurídica con lo preceptuado en el Acto Legislativo 01 de 2005, que en su parágrafo
transitorio 2.º prolongó la vigencia de los regímenes especiales hasta el 31 de julio
de 2010, es decir, hasta la aludida fecha podían afianzarse situaciones jurídicas que
comprometieran el reconocimiento de pensiones de vejez a aquellos empleados
que, por la actividad que desempeñaran o por la naturaleza de la entidad a la cual
se encontraran vinculados, gozaran de un régimen excepcional de pensiones, lo
que permite despachar de manera desfavorable el planteamiento del recurrente
relacionado con que el régimen pensional del DAS, no es uno exceptuado de los
relacionados en el Acto Legislativo 01 de 2005.

51. Cabe recordar que el Acto Legislativo 01 de 2005, norma que modificó el artículo
48 de la Constitución Política, pretendía la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, por lo cual, una consecuencia lógica de la intención del legislador, es
que, entre otras medidas, hubiere eliminado los regímenes pensionales especiales
y permitiera la configuración del derecho bajo la luz de los mismos únicamente hasta
el 31 de julio de 2010.

52. En consecuencia, se insiste que el señor Rocha Gallo al haber ingresado el 17
de enero de 1994 al servicio del organismo de seguridad, cumplió con dicho
requisito temporal el 17 de enero de 2014, esto es, con posterioridad al 31 de julio
de 2010, cuando ya se configuraba la imposibilidad de otorgar el derecho a estos

5 Si se tiene en cuenta que aquel inició con la prestación de sus servicios en el DAS desde el 17 de enero de

1994.

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empleados en acatamiento del régimen especial consagrado en el Decreto 1835 de
1994.

53. Aunque la parte recurrente sostiene que el Tribunal desvió el estudio del proceso
a determinar que el régimen pensional de los detectives del extinto DAS, se les
aplica el Acto Legislativo 01 de 2005, según lo analizado, para el eventual
reconocimiento debe establecerse si el estatus pensional se adquirió dentro del
límite de tiempo previsto, es decir, esa temporalidad habilita el reconocimiento bajo
los parámetros de la transición pedida.

54. Entonces, aunque el Tribunal quiso por favorabilidad determinar si le asistía el
reconocimiento pensional pretendido bajo el régimen de transición consagrado en
el Decreto 1835 de 2004, aun hasta el 31 de diciembre de 20146 bajo la premisa de
acreditar 750 semanas, ello tampoco se verificó en el caso concreto.

55. Finalmente, se resalta que la improcedencia de reconocer la pensión en los
términos del Decreto 1835 de 2004, en atención a lo dispuesto en el Acto Legislativo
01 de 2005, por la vigencia de los regímenes especiales o exceptuados, no aplica
para los requisitos previstos por la Ley 860 de 20037 que actualmente mantiene su
vigor, porque esta norma no contiene un régimen especial o exceptuado del sistema
general de pensiones, sino, precisamente hace parte de él al tenor de lo dispuesto
en el artículo 140 de la Ley 100 de 1993.8

56. Según lo expuesto, se impone confirmar la sentencia impugnada que denegó
las pretensiones de la demanda, toda vez que no prosperan los argumentos del
recurso de apelación interpuesto por el demandante.

De la condena en costas de segunda instancia

57. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una

6 Dice el Parágrafo transitorio 4o. del Acto Legislativo 01 de 2002 «El régimen de transición establecido en la

Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio
de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750
semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los
cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.»
7 Parágrafo 2° del artículo 2 «Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión de vejez por exposición

a alto riesgo (DAS). La pensión de vejez, se sujetará a los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones al que se refiere el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
8 Así se ha considerado por esta Subsección en decisiones del 12 de febrero de 2026 radicado 05001-23-33-

000-2016-02055-01 (3756-2023) y del 22 de junio de 2023 radicado 85001-23-33-000-2017-00061-01 (0958-
2018).

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lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

58. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

59. Así, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

60. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto la
sentencia apelada será confirmada, esto es, las peticiones del recurso fueron
negadas totalmente. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de junio de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo considerado en la parte motiva.

Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante por las razones expuestas
en la presente providencia.

Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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