Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00680-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de revisión cuando la cuantía reconocida excede lo debido de acuerdo con la ley: infundada
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00680-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2016-00680-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
26 de agosto de 2021
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CUANDO EL RECONOCIMIENTO SE HAYA OBTENIDO CON VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO - No configuración / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE LA UGPP - Configuración
[L]a UGPP adquirió la calidad de parte demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. Adicionalmente, el Decreto 5021 de 2009, art. 6, núm. 6, le atribuyó a la UGPP la competencia para iniciar acciones de esta naturaleza.(…) [E]l tema que expone la UGPP en cuanto a que no es destinataria ni depositaria de los recursos que se recaudaban para el Sistema de Seguridad Social en Salud, no guarda relación alguna con lo demandado por el señor Ernesto Ruiz Guevara, ni con lo decidido en los fallos de primera y segunda instancia, toda vez que, en estos, no se discutió lo referente a la deducción de aportes a salud, pues el objeto del debate se limitó al ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación del aquí demandado, razón por la cual lo expuesto por la entidad no guarda relación con la violación al debido proceso. En tal sentido, el desacuerdo expresado por la UGPP en la interpretación de las normas sobre su competencia frente a la administración de los recursos que se recaudaban para el Sistema de Seguridad Social en Salud dentro de la presente acción de revisión no es congruente con la sentencia objeto de revisión, ni tampoco constituye la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Por lo tanto, la Sala procederá a declarar infundada la causal de violación de debido proceso propuesta por la entidad demandante.
FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 - ARTÍCULO 20 – LITERAL A / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29
ACCIÓN DE REVISIÓN CUANDO LA CUANTÍA RECONOCIDA EXCEDE LO DEBIDO DE ACUERDO CON LA LEY – Infundada / RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD / FACTORES SALARIALES QUE DEBEN HACER PARTE DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN / APLICACIÓN PRECEDENTE JUDICIAL – Vigente a la fecha de la resolución del asunto
[E]l tribunal dio aplicación al criterio imperante para la época, fijado en la sentencia del 4 de agosto de 2010, por lo cual tuvo en cuenta todos los factores devengados por el señor Ernesto Ruiz Guevara en su condición de ex agente del DAS en el último año de servicio, incluyendo la prima de riesgo, de acuerdo con la certificación expedida por el pagador de la seccional DAS, de la cual se desprende que devengó los siguientes factores salariales: asignación básica, prima de clima, prima de riesgo, bonificación por servicios, bonificación por recreación, sueldo de vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad. En tal sentido, se ordenó tener en cuenta en la liquidación de la pensión del demandado, la inclusión de los emolumentos descritos en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, que hacía parte del régimen anterior aplicable a los detectives del DAS, con observancia no solo del criterio contenido en la sentencia del 4 de agosto de 2010, sino también de asuntos en los que se resolvieron situaciones similares al sub examine. (…) En suma, en el presente asunto se demostró que el señor Ernesto Ruiz Guevara es beneficiario del régimen de transición de que trata el Decreto 1835 de 1994, pues este aspecto no fue objeto de discusión ya que (i) nació el 28 de enero de 1961 , (ii) prestó sus servicios como detective en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, desde el 17 de febrero de 1983. La pensión fue liquidada con base en lo devengado en el último año de servicios con una tasa de reemplazo del 75%, en cumplimiento de los Decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989, 1045 de 1978, 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1835 de 1994 y la Ley 860 de 2003 que consagran el régimen especial de los detectives del DAS, al cual tenía derecho por haber estado vinculado a la entidad para el 3 de agosto de 1994. Los factores salariales que se ordenaron incluir fueron los devengados en el último año de servicios que se encontraban previstos en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, además de los que ya habían sido incluidos inicialmente, lo cual se acompasa con lo sostenido en la sentencia del 4 de agosto de 2010 y con varios pronunciamientos que, para ese momento, había emitido el Consejo de Estado, según la cual el IBL forma parte del régimen de transición y se deben incluir todos los factores salariales devengados, el criterio interpretativo empleado por el tribunal se entiende ajustado a la jurisprudencia imperante en la época. En esas condiciones, no se encuentra demostrada la causal de revisión del artículo 20, literal b) de la Ley 797 de 2003. Esta posición permite salvaguardar instituciones superiores tales como la seguridad jurídica. NOTA DE RELATORIA: Frente al ingreso base de liquidación pensional del régimen pensional, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, Exp. D-9173 y D-9183, M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En cuanto a la forma de liquidar el IBL de las personas sujetas al régimen de transición, ver: Corte Constitucional sentencia SU230-15 de 29 de abril de 2015, Exp. T- 3.558.256, M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Respecto a la inclusión del IBL en el régimen de transición y la inclusión de todos los factores salariales devengados, con exclusión de las vacaciones, indemnización de vacaciones y las bonificaciones de recreación y dirección, ver: C. de E, Sección Segunda, Sentencia del 4 de agosto de 2010, Rad. 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-2009). Sobre el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición pensional del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ver: C. de E, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, Rad.: 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013) (IJ), M.P. César Palomino Cortés.
FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 - ARTÍCULO 20 – LITERAL B / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 140 / DECRETO 1835 DE 1994 / DECRETO LEY 2090 DE 2003 / DECRETO 1047 DE 1978 / DECRETO 1933 DE 1989 / LEY 860 DE 2003 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 36 / CONSTITUCION POLITÍCA - ARTÍCULO 48 / DECRETO 2646 DE 1994 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 21 / DECRETO 1158 DE 1994
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 11001-03-25-000-2016-00680-00(2852-16)
Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Demandado: ERNESTO RUIZ GUEVARA
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Temas: Causales de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reliquidación pensional factores salariales.
SENTENCIA UNICA INSTANCIA. LEY 1437 DE 2011
ASUNTO
Conoce la Sala de Subsección la acción especial de revisión promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP contra la sentencia de 25 de febrero de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.
I. ANTECEDENTES
DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
El señor ERNESTO RUIZ GUEVARA en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones No 12870 del 25 de junio de 2004 y 26406 del 31 de mayo de 2006, 49438 del 21 de septiembre de 2006, 10320 del 10 de marzo de 2008 y 05830 del 10 de febrero de 2009 proferidas por CAJANAL, por medio de las cuales se reconoció la pensión de vejez y se reliquidó en porcentaje del 75%, sin tener en cuenta todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó reliquidar la pensión de vejez con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, como prima de clima, prima de riesgo, prima de servicios, prima de navidad y bonificación por recreación.
1.1. Fundamentos fácticos
Como sustento fáctico de sus pretensiones, expuso lo siguiente:
(i). A través de la Resolución No 12870 del 25 de junio de 2004 CAJANAL reconoció la pensión de vejez al señor Ernesto Ruiz Guevara a partir del 1 de agosto de 2003, de conformidad con el régimen especial para los servidores del DAS.
(ii). El 21 de noviembre de 2005, el señor Ruiz Guevara presentó derecho de petición ante CAJANAL con el fin de que se le reliquidara la pensión, incluyendo los nuevos factores salariales devengados durante el último año de servicios.
(iii) Mediante Resolución No 26406 del 31 de mayo de 2006 CAJANAL reliquidó la pensión pero no incluyó el 75% de todos los factores devengados durante el último año de servicios.
(iv) El señor Ruíz Guevara solicitó la reliquidación pensional ante CAJANAL con el fin de que se reliquidara con el 75% de los nuevos factores salariales, petición que fue negada a través de la Resolución No 49438 del 21 de septiembre de 2006.
(v). Posteriormente, presentó nueva reclamación, la cual fue negada mediante la Resolución No 10320 del 10 de marzo de 2008; contra dicha decisión, interpuso recurso de reposición el cual fue resuelto a través de la Resolución No 05830 del 10 de febrero de 2009 que confirmó en todas sus partes la resolución inicial.
2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio profirió sentencia de primera instancia el 9 de marzo de 2012, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de las Resoluciones 12870 del 25 de junio de 2004, 26406 del 31 de mayo de 2006, 49438 del 21 de septiembre de 2006, 10320 del 10 de marzo de 2008 y 05830 del 10 de febrero de 2009 proferidas por CAJANAL, y como consecuencia, ordenó a CAJANAL a reliquidar la pensión del señor Ernesto Ruiz Guevara con el 75% de los factores de salario devengados en el último año de servicios, esto es, a partir del 1 de diciembre de 2005, incluyendo en ella todos los que se encuentren consagrados en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989.
3. RECURSO DE APELACIÓN
El señor Ernesto Ruiz Guevara interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, con el fin de que fuera revocada parcialmente, y se le reconocieran los factores salariales devengados en el último año de servicios, incluyendo la prima de riesgo, por encontrarse en un régimen especial.
4. SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
El Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia de segunda instancia el 25 de febrero de 2014, confirmando parcialmente la sentencia apelada, oportunidad en la que precisó lo siguiente: «Ordénese a (…) Cajanal reliquidar la pensión de jubilación del señor Ernesto Ruiz Guevara, con el 75% del salario percibido durante el último año de servicios, incluyendo la prima clima, prima riesgo y la bonificación por recreación».
El Tribunal sostuvo que el señor Ernesto Ruiz Guevara se encuentra en el régimen de transición, en consecuencia, para la liquidación de su pensión le era aplicable el régimen especial para los empleados del DAS, contenido en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.
En cuanto a la prima de riesgo, esta debe ser incluida de conformidad con el artículo 73 del Decreto 1848 del 4 de noviembre de 1969, que indica que la pensión de jubilación debe liquidarse con el promedio de los salarios y primas de toda clase.
Sostuvo que de acuerdo con la certificación expedida por el pagador de la seccional DAS, el señor Ernesto Ruiz Guevara, devengó los siguientes factores salariales: asignación básica, prima de clima, prima de riesgo, bonificación por servicios, bonificación por recreación, sueldo de vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad.
En ese orden de ideas y de conformidad con la sentencia del 4 de agosto de 2010 proferida por el Consejo de Estado, el Tribunal ordenó incluir todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, incluyendo la prima de riesgo.
5. LA ACCIÓN DE REVISIÓN
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, compareció ante esta Corporación en ejercicio de la acción de revisión contra la sentencia del 25 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta con las siguientes:
5.1. Pretensiones
“1. Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio de fecha 9 de marzo de 2012 y por el Tribunal Administrativo del Meta de fecha 25 de febrero de 2014, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
2. Declarar que existió falta de legitimación en causa en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Ernesto Ruiz Guevara, pues CAJANAL no era la entidad llamada a satisfacer las necesidades de la demanda, habida cuenta de no ser la destinataria ni depositaria de los fondos o recursos que se recauda para la seguridad social en salud.
3. Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 17336 de 30 de mayo de 2014 y RDP 31460 del 16 de octubre de 2014, mediante las cuales la UGPP dio estricto cumplimiento a los fallos proferidos por el Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio de fecha 9 de marzo de 2012 y por el Tribunal Administrativo del Meta de fecha 25 de febrero de 2014.
4. De forma subsidiaria se ordene la reliquidación de la pensión del señor ERNESTO RUIZ GUEVARA, conforme a los factores salariales estrictamente contenidos en el decreto 1148 de 1994(sic), en concordancia, con la Ley 62 de 1985, esto es, sin tener en cuenta el sueldo de vacaciones, la bonificación por recreación y las primas de clima, vacaciones, navidad y servicios.
5. Condenar al señor ERNESTO RUIZ GUEVARA a reintegrar los valores cancelados por concepto de reliquidación pensional, debidamente indexados, en virtud de las resoluciones RDP 17336 de 30 de mayo de 2014 y RDP 31460 del 16 de octubre de 2014, mediante las cuales la UGPP dio cumplimiento a los fallos del Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio de fecha 9 de marzo de 2012 y por el Tribunal Administrativo del Meta de fecha 25 de febrero de 2014. (folios 357 a 372 – texto de su original)
La UGPP invocó como causales de revisión las previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta, respectivamente, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor ERNESTO RUIZ GUEVARA, ordenaron reliquidar la pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.
De otra parte, sostuvo que existe falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de CAJANAL hoy UGPP, pues no es la entidad competente para satisfacer las pretensiones de la demanda, ni la destinataria ni depositaria de los fondos que recaudan para la seguridad social en salud.
Destacó que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, porque en las sentencias objeto de revisión se ordenó la reliquidación de la pensión del señor Ernesto Ruiz Guevara con la inclusión de todos los factores salariales devengados, a saber: asignación básica, prima de clima, prima de riesgo, bonificación de servicios, bonificación por recreación, sueldo de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad.
6. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN
El señor Ernesto Ruiz Guevara contestó la acción de revisión y para el efecto se opuso a las pretensiones de la UGPP al considerar que no se vulneró el debido proceso ni se excedió la cuantía en el reconocimiento pensional.
Expresó que al haber sido funcionario del DAS, se encontraba bajo un régimen especial de pensiones que le permitía pensionarse con 20 años de servicio, sin tener en cuenta la edad para el personal operativo (detectives) en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, de conformidad con el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 como se ordenó en los fallos objeto de revisión.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo fue establecido en el Decreto 01 de 1984, modificado por la Ley 446 de 1998 y actualmente se rige por lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, en sus artículos 248 a 255.
El artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos son de conocimiento de las secciones y subsecciones del Consejo de Estado, según la materia.
Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, precisa que «las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».
En tal sentido y dado el criterio de especialización laboral, la competencia para resolver el recurso formulado es de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.
«Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Segunda:
[…]
3. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictadas por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección […]»
Por lo anterior, esta Subsección es competente para conocer del recurso extraordinario de revisión formulado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP contra la sentencia del
25 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.
2. Oportunidad
Ahora bien, antes de entrar a resolver el problema jurídico, es necesario señalar en cuanto a la caducidad, y la fecha máxima de interposición de la acción de revisión, que esta fue presentada el 1 de julio de 2016, es decir, dentro del plazo de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la sentencia del 25 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, según lo prevé el artículo 251 del CPACA, por lo que se concluye que aquella se encuentra en tiempo.
3. Legitimación en la causa
La Subsección ha reconocido la legitimación en la causa de la UGPP para interponer el recurso extraordinario de revisión frente a las providencias ejecutoriadas con anterioridad al 12 de junio de 2013 fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo la Caja Nacional de Previsión Social –Cajanal EICE-.» hasta el 11 de junio de 2018, por las causales reglamentadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.».
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sus Salas Especiales de Decisión, admitió expresamente que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social está habilitada para adelantar esta clase de procesos, criterio ratificado por esta Subsección.
4. Problemas jurídicos
De acuerdo con los planteamientos de la acción de revisión, le corresponde a la Sala resolver los siguientes cuestionamientos:
¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 por cuanto se vulneró el debido proceso de la UGPP en razón a que no era la entidad que debía satisfacer las pretensiones de la demanda por no ser la destinataria de los aportes a salud?
¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al ordenar la liquidación de la pensión de un exservidor del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS cobijado por el régimen de transición, atendiendo el ingreso base de liquidación de las normas generales anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, en cuantía equivalente al 75% del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos en el último año de servicios, y no el previsto por el inciso 3.° del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994?
4. Solución a los problemas jurídicos
4.1. ¿Se vulneró el debido proceso de la UGPP por cuanto no era la entidad que debía satisfacer las pretensiones de la demanda como quiera que no era destinataria de los aportes a salud?
La UGPP consideró que la providencia objeto de revisión proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 25 de febrero de 2014 está incursa en la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 porque esa entidad no es la destinataria de los recursos que se recaudaban para el Sistema de Seguridad Social en Salud, razón por la que afirma que carecía de legitimación en la causa por pasiva en lo referente a la orden de devolución del dinero que se había deducido de la pensión por concepto de aportes a salud, por lo que manifiesta que esto desconoce el derecho al debido proceso.
Sobre la causal del literal a) el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas para el recurso extraordinario de revisión, también procede «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso».
Es importante indicar que el debido proceso está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental, constituido por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de la justicia. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son:
«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo;
(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley;
(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;
(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y
(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.».
Adicionalmente, deben tenerse presente otros aspectos que han sido integrados por la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, que, de encontrarse probadas, llevan a la conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias que hacen la decisión incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia. Por ello, son ineludibles al momento de evaluar la configuración de la causal prevista por el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Precisado lo anterior, respecto a la argumentación con la cual la UGPP sustenta la configuración de esta causal, es necesario partir por destacar que, de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación, como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.
La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009. Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese organismo.
En el sub-lite, ello se traduce en que la UGPP adquirió la calidad de parte demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. Adicionalmente, el Decreto 5021 de 2009, art. 6, núm. 6, le atribuyó a la UGPP la competencia para iniciar acciones de esta naturaleza.
Ahora bien, no se puede perder de vista que el objeto de revisión es la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho que declaró la nulidad de las Resoluciones No 12870 del 25 de junio de 2004 y 26406 del 31 de mayo de 2006,49438 del 21 de septiembre de 2006, 10320 del 10 de marzo de 2008 y 05830 del 10 de febrero de 2009 proferidas por CAJANAL hoy UGPP mediante las cuales denegó al señor Ernesto Ruiz Guevara la reliquidación de la pensión con inclusión de todos los factores de salario recibidos en el último año de servicio.
Dichas pretensiones fueron resueltas a través de la sentencia del 9 de marzo de 2012, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio en la que se accedió parcialmente a las pretensiones y declaró la nulidad de dichos actos administrativos, y condenó a CAJANAL a reliquidar la pensión del señor Ernesto Ruiz Guevara con el 75% de los factores de salario devengados en el último año de servicio, esto es, a partir del 1 de diciembre de 2005, incluyendo la prima de servicios, prima de navidad y vacaciones, sin incluir bonificación por recreación, ni pima de clima y prima de riesgo.
La anterior decisión fue apelada y el Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del 25 de febrero de 2014, resolvió confirmar parcialmente la decisión del 9 de marzo de 2012, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio y ordenó reliquidar y pagar la pensión del señor Ernesto Ruiz Guevara con la inclusión de los factores de liquidación tales como, asignación básica, prima de clima, prima de riesgo, bonificación por servicios, bonificación por recreación, vacaciones, primas de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad, devengados por el demandado durante el último año de servicio, esto es, del 30 de noviembre de 2004 al 30 de noviembre de 2005.
En orden a lo anterior, el tema que expone la UGPP en cuanto a que no es destinataria ni depositaria de los recursos que se recaudaban para el Sistema de Seguridad Social en Salud, no guarda relación alguna con lo demandado por el señor Ernesto Ruiz Guevara, ni con lo decidido en los fallos de primera y segunda instancia, toda vez que, en estos, no se discutió lo referente a la deducción de aportes a salud, pues el objeto del debate se limitó al ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación del aquí demandado, razón por la cual lo expuesto por la entidad no guarda relación con la violación al debido proceso.
En tal sentido, el desacuerdo expresado por la UGPP en la interpretación de las normas sobre su competencia frente a la administración de los recursos que se recaudaban para el Sistema de Seguridad Social en Salud dentro de la presente acción de revisión no es congruente con la sentencia objeto de revisión, ni tampoco constituye la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Por lo tanto, la Sala procederá a declarar infundada la causal de violación de debido proceso propuesta por la entidad demandante.
4.2. ¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?
La UGPP aduce que al ordenar la liquidación de la pensión de un exservidor del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS cobijado por el régimen de transición, atendiendo el ingreso base de liquidación en cuantía equivalente al 75% del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos en el último año de servicios, y no el previsto por el inciso 3.° del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994 se excedió la cuantía del derecho reconocido en la ley.
Al respecto, la Ley 797 de 2003, dispuso en su artículo 20, literal b), las siguientes causales de revisión:
«REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
[…]
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
La Sala ha reconocido que esta causal jurisprudencialmente ha sido considerada como una herramienta legal útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa y corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones.
En el caso bajo estudio, la Sala debe determinar si en la sentencia proferida el 25 de febrero de 2014 por el Tribunal Administrativo del Meta, se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por haber confirmado parcialmente la sentencia de primera instancia proferida el 9 de marzo de 2012, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio, que ordenó que la liquidación pensional del señor Ernesto Ruiz Guevara, se le incluyera todos los factores salariales, devengados en el último año de servicio.
Es necesario poner de presente que el señor Ernesto Ruiz Guevara, laboró en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS razón por la cual es necesario analizar cuál era el régimen especial de pensiones de estos servidores antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, con el fin de establecer si el reconocimiento pensional que le fue reconocido en la sentencia objeto de revisión, excede la cuantía del derecho reconocido.
4.2.1. Régimen especial de pensiones de los servidores del DAS antes de la entrada en vigor del Sistema General de Seguridad Social.
El Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1989 dictó una norma general según la cual los empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones sociales señaladas para las entidades públicas del orden nacional en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984 y en las demás reglas que los adicionen o modifiquen. En el artículo 10 previó que los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad se regirían por los cánones generales sobre pensión de jubilación. De otra parte, quienes desarrollaran funciones de dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o especializado, así como los detectives en sus diferentes grados y denominaciones, se gobernarían por lo previsto en el Decreto Ley 1047 de 1978.
En cuanto a los factores para la liquidación de la pensión y de las cesantías el mencionado decreto previó:
«ARTÍCULO 18. Factores para la liquidación de cesantía y pensiones. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad se tendrán en cuenta para su liquidación, los siguientes factores:
a) La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo;
b) Los incrementos por antigüedad;
c) La bonificación por servicios prestados;
d) La prima de servicio;
e) El subsidio de alimentación;
f) El auxilio de transporte;
g) La prima de navidad;
h) Los gastos de representación;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera del país, cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180) días en el último año de servicio;
j) La prima de vacaciones.»
Frente a la disposición anterior, el Consejo de Estado ha sostenido lo siguiente:
«es conveniente señalar que a pesar de que la norma transcrita no incluyó la prima de riesgo, en armonía con lo señalado por el artículo 4 ejusdem, la jurisprudencia del Consejo de Estado admitió su cómputo en la sentencia del 1 de agosto de 2013. Consideró que debía acogerse el criterio de favorabilidad expuesto en la sentencia del 4 de agosto de 2010, según el cual es válido tener en cuenta todas aquellas sumas que el servidor percibe de manera habitual y periódica como contraprestación del servicio, independientemente de su denominación. Agregó que una interpretación distinta vulneraría las garantías que la Constitución Política de 1991 previó como referencia para garantizar el desarrollo y la efectividad del derecho fundamental al trabajo, entre ellas, la remuneración mínima, vital y móvil, así como los principios de favorabilidad y primacía de la realidad sobre las formas. Al respecto, precisó que la prima de riesgo es percibida en forma permanente y mensual. En consecuencia, hace parte de la contraprestación directa que recibían los servidores del DAS, por lo que debía ser parte del ingreso base de cotización y de la liquidación de la pensión.»
En ese contexto y dada la naturaleza del cargo que ocupaba el hoy demandado (detective profesional 2207-09 del DAS) es necesario poner de presente las denominadas actividades de alto riesgo en el sector público, para las cuales el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 previó, lo siguiente:
ARTÍCULO 140. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. De conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad.
Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1835 del 3 de agosto de 1994, por medio del cual reglamentó las actividades de alto riesgo de los servidores públicos, que estableció lo siguiente:
1. En el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS: Personal de detectives en sus distintos grados y denominaciones de especializado, profesional y agente. (Negrilla fuera del original)
2. En la Rama Judicial.
Funcionarios de la jurisdicción penal:
Magistrados, Jueces Regionales, Jueces Penales del Circuito, Fiscales y empleados de los Cuerpos de Seguridad de la Fiscalía General de la Nación y los siguientes funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía: Profesionales judiciales especiales, profesionales universitarios judiciales I y II, jefes de sección de criminalística, investigadores judiciales I y II, técnicos judiciales I y II y escoltas I y II.
[…]
De lo anterior se puede colegir, que la labor de los detectives del DAS se clasificó como de alto riesgo, por ello se encuentran bajo un régimen de transición especial para aquellos que, a su entrada en vigencia, esto es, el 4 de agosto de 1994, laboraran en dicha actividad con el beneficio de acceder a la pensión en las condiciones indicadas por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir, los decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.
El Decreto ley 2090 del 26 de julio de 2003 derogó el Decreto 1835 de 1994 y precisó cuáles actividades son consideradas de alto riesgo, sin incluir al DAS. No obstante, en su artículo 6 introdujo un régimen de transición para las personas que para esa época tuvieran al menos 500 semanas de cotización especial:
Posteriormente la Ley 860 del 26 de diciembre de 2003 se ocupó de regular la materia pensional para los servidores que desempeñan labores de alto riesgo en el DAS e incluyó a la prima de riesgo en el ingreso base de cotización. La norma también estableció un nuevo régimen de transición en el artículo 5° «los detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1994 que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hubieren cotizado 500 semanas, les será reconocida la pensión de vejez en las mismas condiciones del régimen de transición contenidas en el Decreto 1835 de 1994».
4.2.2. El Sistema General de Seguridad Social en pensiones y el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
El artículo 48 de la Constitución Política de 1991 consagró la seguridad social como un derecho irrenunciable y como un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos en que lo establezca la ley.
La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto de obligaciones del Estado y la sociedad, con instituciones y recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, y las demás que se llegaren a incorporar normativamente en el futuro, con el objeto de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, a través de la protección de las contingencias que las puedan afectar, y les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana.
El propósito de la Ley 100 de 1993 fue el de unificar los regímenes pensionales que, antes de su promulgación, se encontraban dispersos en el ordenamiento jurídico, estableciendo reglas comunes para todos los trabajadores del territorio nacional y sin atención a la naturaleza de su relación laboral. No obstante, en el artículo 36, la norma concibió un régimen de transición en favor de las personas que cumplieran con unos requisitos a su entrada en vigor, lo cual les permitiría regirse por la legislación aplicable en el régimen anterior al que se encontraban afiliadas, en cuanto a la edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y monto de la prestación.
“ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]
Bajo ese entendido, solo quienes hubieran acreditado los requisitos de edad o de tiempo de servicios previstos por el artículo 36 para la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, tendrían la posibilidad de pensionarse con arreglo a las normas que venían aplicándose con anterioridad en cuanto a edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto. En cuanto a esto último, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha debatido si el ingreso base de liquidación forma o no parte del régimen de transición. Las posturas frente al particular fueron las siguientes:
a) Criterio de la Corte Constitucional
En la sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos 11 y 36 de la Ley 100 de 1993, frente a la diferenciación que hacía la norma original entre trabajadores del sector público y del sector privado, sin fijar ninguna regla frente a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de transición.
Por su parte, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición de los congresistas, fijó una regla según la cual el IBL no hacía parte de las normas de transición, al respectó manifestó:
En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100, el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo 36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la Ley 100 referidas.
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso.
Posteriormente, en la sentencia SU-230 de 2015, definió que la anterior interpretación no era exclusiva del régimen especial y expuso:
“Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca. (Negrilla por fuera de texto).
A partir de dichas decisiones, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU-427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017.
En esta última providencia, esto es, la SU-395 de 2017, la Corte conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra sentencias que ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en los regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de 1971 y 929 de 1976, y consideró que la regla general de liquidación pensional, en los términos de los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, también cobija a quienes venían rigiéndose por normas especiales, según lo había analizado la sentencia C-258 de 2013, que precisó que la transición consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el servidor, solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, pero excluyendo el ingreso base de liquidación.
b) Criterio del Consejo de Estado
El Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí forma parte del régimen de transición, estableciendo, en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda el 4 de agosto de 2010, que expresó lo siguiente:
“Régimen de transición.
La Ley HYPERLINK "about:blank" \l "Inicio" 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social integral, con el objetivo de amparar a la población en las contingencias de vejez, invalidez y muerte, a través del reconocimiento de pensiones y otras prestaciones, para los afiliados y sus beneficiarios, encaminadas a proteger sus derechos fundamentales y a crear mecanismos de carácter económico que contrarrestaran las circunstancias de desamparo, pérdida de capacidad laboral o vulnerabilidad a las que se veían sometidos.
No obstante lo anterior, la referida ley en su artículo HYPERLINK "about:blank" \l "36" 36 preceptúa lo siguiente:
ARTÍCULO HYPERLINK "about:blank" \l "36" 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será
la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
(…)
Se observa, entonces, que la Ley HYPERLINK "about:blank" \l "Inicio" 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.
Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1 de abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión de jubilación, son las Leyes HYPERLINK "about:blank" \l "Inicio" 33 y HYPERLINK "about:blank" \l "Inicio" 62 de 1985.
(…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley HYPERLINK "about:blank" \l "Inicio" 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.
Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación.
No obstante, mediante la sentencia de unificación CE-SUJ-SIII, de 28 de agosto de 2018, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en interés de unificar su jurisprudencia respecto de los criterios interpretativos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, relativos a si se aplica o no el régimen de transición al IBL, señaló que la interpretación que debe dársele al inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es la que el legislador previó en esa disposición jurídica, es decir, que las personas beneficiarias del régimen de transición pueden adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior; mientras que los restantes requisitos y condiciones, como el IBL, deben regirse por lo previsto en el inciso 3.º del artículo 36 y artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
4.2.3. La liquidación de pensiones de agentes del DAS cobijados por el régimen de transición
En cuanto al ingreso base de liquidación para el personal beneficiario de las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, de los decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 30 de noviembre de 2000, consideró que debe aplicarse en su integridad la normativa precedente.
Estimó que debían atenderse aquellos factores salariales que estuvieran previstos por el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, es decir, los siguientes:
La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo;
Los incrementos por antigüedad;
La bonificación por servicios prestados;
La prima de servicio;
El subsidio de alimentación;
El auxilio de transporte;
La prima de navidad;
Los gastos de representación;
Los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera del país, cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180) días en el último año de servicio;
La prima de vacaciones.
Ahora bien, en lo relativo a las actividades de alto riesgo, el Decreto 1137 del 2 de junio de 1994 creó la prima mensual de riesgo equivalente al 30% de la asignación básica, entre otros servidores, para los detectives del DAS, con la salvedad de que aquella no constituía factor salarial y no podría devengarse simultáneamente con las primas de orden público, de clima y de riesgo de que tratan los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 1933 de 1989 y la de riesgo señalada por el Decreto 132 del 17 de enero de 1994. Luego, el Decreto 2646 del 29 de noviembre de 1994 aumentó el porcentaje de dicho emolumento al 35% y la hizo incompatible solamente con las prestaciones con la misma denominación previstas en los decretos 1933 de 1989 y 132 de 1994, pero reiteró su exclusión como factor salarial.
Las disposiciones excluyeron como factor salarial a la prima de riesgo, sin embargo, dicho factor se incluyó en el ingreso base de cotización por la Ley 860 del 26 de diciembre de 2003, la cual volvió a regular la materia pensional para los servidores que desarrollan labores de alto riesgo en el DAS, estableciendo un nuevo régimen de transición, consistente, como también se precisó, en que los detectives vinculados antes del 3 de agosto de 1994 que para la entrada en vigor de esa ley hubieran cotizado 500 semanas, podrían acceder a la pensión en las condiciones definidas por el Decreto 1835 de 1994.
El Consejo de Estado, en un primer momento, se abstuvo de ordenar su inclusión en atención a que el Decreto 2646 de 1994 precisó que aquella prima de riesgo no constituye factor salarial; no obstante, más adelante consideró que debía acogerse el criterio de favorabilidad expuesto en la sentencia del 4 de agosto de 2010, según el cual es válido tener en cuenta todas aquellas sumas que el servidor percibe de manera habitual y periódica como contraprestación del servicio, independientemente de su denominación, en consideración a que el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 dispuso que el valor de la pensión debe ser equivalente al 75% del promedio de los salarios y primas de toda especie recibidos durante el último año de servicio, argumento que sustentó la inclusión de la prima de riesgo y otras prestaciones que no estaban previstas por el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989 en la pensión de los detectives del DAS.
Bajo esta nueva óptica, en la sentencia del 1 de agosto de 2013 la Sección Segunda unificó su posición sobre el tema para acoger este último criterio y agregó que una interpretación distinta vulneraría las garantías que la Constitución Política de 1991 impuso como referencia para garantizar el desarrollo y la efectividad del derecho fundamental al trabajo, entre ellas, la remuneración mínima, vital y móvil, así como los principios de favorabilidad y primacía de la realidad sobre las formas. Al respecto precisó que la prima de riesgo es percibida en forma permanente y mensual. En consecuencia, hace parte de la contraprestación directa que recibían los servidores del DAS, por lo que debía ser considerado dentro del ingreso base de cotización y de la liquidación de la pensión.
En este punto conviene señalar que la tesis asumida en la sentencia de unificación no se ha examinado nuevamente tal y como lo han indicado los pronunciamientos emitidos por las diferentes secciones del Consejo de Estado, al conocer de acciones de tutela contra providencia judicial sobre la materia y las providencias que han resuelto sobre la acción de revisión casos análogos al presente.
5. Análisis sustancial
La Sala advierte que la procedencia de este medio de impugnación es excepcional, pues afecta el principio de inmutabilidad de las sentencias que hayan hecho tránsito a cosa juzgada, por razones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que revisten tal gravedad que el legislador autoriza a romper el principio de la cosa juzgada -res iudicata pro veritate habetur- y cambiar los resultados de la decisión, en orden a evitar que prevalezca una situación de injusticia como la que se genera cuando la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley que era legalmente aplicable.
La UGPP solicitó infirmar la sentencia del 25 de febrero de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta por considerar que dicha decisión se encuentra incursa en la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez que no se debió ordenar la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, prestados por el señor Ernesto Ruiz Guevara en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, como detective.
Al respecto, y en relación con la cuantía del derecho pensional del señor Ernesto Ruiz Guevara, se observa que la sentencia del 25 de febrero de 2014, objeto de la acción de revisión –que confirmó lo resuelto en la providencia del 9 de marzo de 2012, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio, accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de las Resoluciones No 12870 del 25 de junio de 2004 y 26406 del 31 de mayo de 2006, 49438 del 21 de septiembre de 2006, 10320 del 10 de marzo de 2008 y 05830 del 10 de febrero de 2009 proferidas por CAJANAL, y como restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad demandada reliquidar la pensión de vejez del señor Ernesto Ruiz Guevara con el 75% del salario percibido durante el último año de servicio, teniendo en cuenta todos los factores salariales.
Destaca la Sala que para el momento en el que se produjo la decisión, la posición adoptada por el Consejo de Estado en relación con el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, era la contenida en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual aquel también se rige por las normas anteriores a dicha ley y debe incluir todas las sumas que habitual y periódicamente el servidor recibe como contraprestación de sus servicios.
En ese orden, se observa que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, luego de concluir que el régimen aplicable al demandante en razón de su cargo de detective del DAS era el contenido en el Decreto 1933 de 1989, examinó lo referente a los factores salariales y sostuvo lo siguiente:
«En cuanto a la prima de riesgo, no obstante que el a quo indicó que tal prestación no sería incluida como factor salarial porque no estaba incluida en los referidos (sic) en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, esta Sala de decisión, no avala tal postura, teniendo en cuenta que dicha prima tiene proyección dentro del marco de liquidación de la pensión, pues de conformidad con el artículo 73 del Decreto 1848 del 4 de noviembre de 1969, que como se dijo gobierna la materia, la pensión vitalicia de jubilación debe liquidarse con el periodo de los salarios y primas de toda especie.
Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado ha venido reiterando la connotación salarial que le ha dado a la prima de riesgo, al indicar:
La prima de riesgo fue concebida por ciertos funcionarios entre ellos los detectives del DAS – que por el ejercicio de la una función se encontraban más al peligro, por tanto, les fue cancelada la prima en forma habitual y periódica y como contraprestación directa del servicio, presupuestos que desdibujan el concepto per se de la citada prima para convertirla en salario”
A propósito de los factores salariales para efectos de la liquidación pensional, la posición del H. Consejo de Estado ha tenido mucha movilidad, pero en pronunciamientos recientes, el máximo órgano de la jurisdicción, en aplicación del principio de progresividad y como garantía de la igualdad y favorabilidad, discurrió en providencia de 4 de agosto de 2010, en el siguiente sentido, para incluir en la base de liquidación de la pensión la totalidad de lo devengado por el empleado».
De lo anterior se evidencia que el tribunal dio aplicación al criterio imperante para la época, fijado en la sentencia del 4 de agosto de 2010, por lo cual tuvo en cuenta todos los factores devengados por el señor Ernesto Ruiz Guevara en su condición de ex agente del DAS en el último año de servicio, incluyendo la prima de riesgo, de acuerdo con la certificación expedida por el pagador de la seccional DAS, de la cual se desprende que devengó los siguientes factores salariales: asignación básica, prima de clima, prima de riesgo, bonificación por servicios, bonificación por recreación, sueldo de vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad.
En tal sentido, se ordenó tener en cuenta en la liquidación de la pensión del demandado, la inclusión de los emolumentos descritos en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, que hacía parte del régimen anterior aplicable a los detectives del DAS, con observancia no solo del criterio contenido en la sentencia del 4 de agosto de 2010, sino también de asuntos en los que se resolvieron situaciones similares al sub examine. Cabe destacar que esta postura fue unificada por esta corporacón mediante providencia del 1 de agosto de 2013 como se indicó.
En suma, en el presente asunto se demostró que el señor Ernesto Ruiz Guevara es beneficiario del régimen de transición de que trata el Decreto 1835 de 1994, pues este aspecto no fue objeto de discusión ya que (i) nació el 28 de enero de 1961, (ii) prestó sus servicios como detective en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, desde el 17 de febrero de 1983.
La pensión fue liquidada con base en lo devengado en el último año de servicios con una tasa de reemplazo del 75%, en cumplimiento de los Decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989, 1045 de 1978, 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1835 de 1994 y la Ley 860 de 2003 que consagran el régimen especial de los detectives del DAS, al cual tenía derecho por haber estado vinculado a la entidad para el 3 de agosto de 1994.
Los factores salariales que se ordenaron incluir fueron los devengados en el último año de servicios que se encontraban previstos en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, además de los que ya habían sido incluidos inicialmente, lo cual se acompasa con lo sostenido en la sentencia del 4 de agosto de 2010 y con varios pronunciamientos que, para ese momento, había emitido el Consejo de Estado71, según la cual el IBL forma parte del régimen de transición y se deben incluir todos los factores salariales devengados, el criterio interpretativo empleado por el tribunal se entiende ajustado a la jurisprudencia imperante en la época.
En esas condiciones, no se encuentra demostrada la causal de revisión del artículo 20, literal b) de la Ley 797 de 2003. Esta posición permite salvaguardar instituciones superiores tales como la seguridad jurídica72.
Conclusión. En criterio de la Sala, la posición adoptada por el tribunal guardó consonancia con la jurisprudencia imperante en el órgano de cierre de lo contencioso-administrativo para la fecha, razón por la cual debe mantenerse, por ser una situación consolidada que goza de los efectos de cosa juzgada.
En ese sentido, la Sala advierte que el respeto hacia las decisiones proferidas con base en la normativa y la jurisprudencia vigentes para su época, constituye la salvaguarda de instituciones de raigambre constitucional como lo son la seguridad jurídica y la confianza legítima.
Así las cosas, en el sub lite la parte demandante no logró demostrar la vulneración de los artículos 21 de la Ley 100 de 1993, 1 del Decreto 1158 de 1994, en razón a que la interpretación del Tribunal Administrativo del Meta sobre tales contenidos normativos, plasmada en la sentencia objeto del recurso, se alineó con el criterio jurisprudencial de esta corporación, vigente para la época de la expedición del fallo.
Por último, es pertinente advertir que, aunque en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, la Corporación acogió la tesis sostenida por la Corte Constitucional según la cual el IBL no forma parte de la transición, y definió como se deben liquidar las pensiones del régimen de transición, también es, que en esa sentencia se señalaron los efectos que ese nuevo criterio unificado tendría respecto de las situaciones consolidadas. En aquella providencia se indicó que no se afectarían las situaciones favorables definidas mediante sentencia judicial con efectos de cosa juzgada, por lo que se deberían conservar los reconocimientos pensionales realizados con aplicación de la tesis anterior contenida en la sentencia de 4 de agosto de 2010 y en los casos en donde ya existía cosa juzgada, tal y como ocurrió en el presente asunto.
De esta manera, comoquiera que no se configura la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, habrá de declararse infundada la acción extraordinaria de revisión interpuesta por la entidad recurrente.
6. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público». Esta Corporación ha considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, constituye una herramienta para afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro y un mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la condena en costas en el caso analizado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO. DECLÁRASE infundada la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP contra el señor Ernesto Ruiz Guevara, por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de que se revise la sentencia de segunda instancia proferida el 25 de febrero de 2014, por el Tribunal Administrativo del Meta, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 50001 3331 004 2010 00156.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta decisión archívese el expediente previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AUSENTE CON PERMISO
Por la cual se reconoció la pensión de vejez al señor Ernesto Ruiz Guevara, proferida por CAJANAL. ( fls 14 a 18 – C1)
Por la cual se reliquida una pensión de vejez, proferida por CAJANAL (fls 21 a 25 – C1). Por la cual se niega una reliquidación de pensión de vejez, proferida por CAJANAL. (fls 28 a 32 C1)
Por la cual se niega una reliquidación pensional, proferida por CAJANAL. ( fls 33 a 37 C1)
Por la cual se resuelve un recurso de reposición, en la que se confirma en todas sus partes, la Resolución No 10320 de 10 de marzo de 2008. (fls 39 a 44 C1)
Folios 102 a 114 cuaderno 1
Por la cual se reconoció la pensión de vejez al señor Ernesto Ruiz Guevara, proferida por CAJANAL. ( fls 14 a 18 – C1)
Por la cual se reliquida una pensión de vejez, proferida por CAJANAL (fls 21 a 25 – C1). Por la cual se niega una reliquidación de pensión de vejez, proferida por CAJANAL. (fls 28 a 32 C1)
Por la cual se niega una reliquidación pensional, proferida por CAJANAL. ( fls 33 a 37 C1)
Por la cual se resuelve un recurso de reposición, en la que se confirma en todas sus partes, la Resolución No 10320 de 10 de marzo de 2008. (fls 39 a 44 C1)
Folios 116 a 121 cuaderno 1
Folios 116 a 120 cuaderno 2.
a) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. b) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”
Folios 408 a 411
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Auto del 7 de mayo de 2018. - Radicación 2017-00285-00 -Actor: - UGPP, proferido por la Subsección A de la Sección Segunda, Magistrado Ponente doctor William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP. Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017. Sentencia C-341 de 2014. Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015. Por la cual se reconoció la pensión de vejez al señor Ernesto Ruiz Guevara, proferida por CAJANAL. ( fls 14 a 18 – C1)
Por la cual se reliquida una pensión de vejez, proferida por CAJANAL (fls 21 a 25 – C1). Por la cual se niega una reliquidación de pensión de vejez, proferida por CAJANAL. (fls 28 a 32 C1)
Por la cual se niega una reliquidación pensional, proferida por CAJANAL. ( fls 33 a 37 C1)
Por la cual se resuelve un recurso de reposición, en la que se confirma en todas sus partes, la Resolución No 10320 de 10 de marzo de 2008. (fls 39 a 44 C1)
«Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad»
«Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad tendrán derecho a las prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración pública del orden nacional en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984, artículo 3º y en los que los adicionan, modifican, reforman o complementan y, además, a las que este decreto establece.»
«Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas para los empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad.
Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de Detective Agente, Profesional o Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia de jubilación, por el Decreto-ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de detectives en sus distintos grados y denominaciones.»
«Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior y que permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad por un término no menor de 18 años continuos en el desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que para esta época fueren funcionarios de ese Departamento.»
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación: 4400123310002008150 01(0070-2011), demandante: Héctor Enrique Duque Blanco. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09). Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-003 de 1996. Artículo 2 del Decreto 1835 de 1994
«Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993. Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»
«Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades.»
Sobre la interpretación del régimen de transición previsto en el artículo 6 del Decreto 2090 de se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 12 de junio de 2014, radicación: 3287-2013, y de la Subsección A, sentencia de 22 de abril de 2015, radicación: 2555-13.
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.»
Artículo 1 de la Ley 100 de 1993. Ibidem. Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
«Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República y sus familiares.»
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 250002325000200607509 01. Consejo de Estado; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 28 de agosto de 2018, Radicado 2012-00143, C.P.: César Palomino Cortés. Las reglas jurisprudenciales que se fijaron en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 se aplican a todos los casos pendientes de solución, tanto en vía administrativa como en vía judicial, a través de acciones ordinarias. En otras palabras, se excluyen aquellos asuntos pendientes de resolver en recurso extraordinario, ya que para salvaguardar el principio de la seguridad jurídica, los efectos de la citada providencia no operan respecto de situaciones definidas y que hicieron tránsito a la cosa juzgada. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 30 de noviembre de 2000.
Radicación 2004-2000. C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
«Por el cual se crea una prima especial de riesgo con carácter permanente para algunos empleados del Departamento Administrativo de Seguridad».
«Por el cual se establece la Prima Especial de Riesgos para los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad».
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.»
Entre otras se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2006, radicación: 250002325000200103086 01(4096-04), demandante: Norma Constanza Castro Quintero; sentencia del 4 de octubre de 2007, radicación: 25000232500020031688 01 (8439-2005), demandante: Nelson Tiberio Ortiz Zárate. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09). Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2010, radicación 250002325000200500052 01(0568-2008), demandante: José Luis Martínez Arteaga. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación: 4400123310002008150 01(0070-2011), demandante: Héctor Enrique Duque Blanco. Dentro de las sentencias más recientes se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de 2020, radicación 110010315000201904948 00(AC), actor: Patrimonio Autónomo Público PAP, Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica del extinto DAS y su Fondo Rotatorio; Sección Primera, sentencia del 1 de febrero de 2018, actor: Edmundo Ángel Ballén; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de mayo de 2018, actor: Ángel Modesto Tello Chaves; Sección Cuarta, sentencia del 6 de diciembre de 2017, radicación 110010315000201702111 00(AC), actor: Luz Marina Solaque Urrego, entre otras. Sección Segunda, subsección A, sentencia de trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021), Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN, Radicación: 11001-03-25-000-2018-00934-00 (3180-2018) sobre Ingreso base de liquidación servidores del DAS cobijados por el régimen de transición del Decreto 1835 de 1994). Por la cual se reconoció la pensión de vejez al señor Ernesto Ruiz Guevara, proferida por CAJANAL. ( fls 14 a 18 – C1)
Por la cual se reliquida una pensión de vejez, proferida por CAJANAL (fls 21 a 25 – C1). Por la cual se niega una reliquidación de pensión de vejez, proferida por CAJANAL. (fls 28 a 32 C1)
Por la cual se niega una reliquidación pensional, proferida por CAJANAL. ( fls 33 a 37 C1)
Por la cual se resuelve un recurso de reposición, en la que se confirma en todas sus partes, la Resolución No 10320 de 10 de marzo de 2008. (fls 39 a 44 C1)
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 250002325000200607509 01. Copia de Cedula obrante a folio 10 anexo
Certificación expedida por el subdirector de talento humano del DAS folio 12 anexo
Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP. Sentencia del 4 de marzo de 2021, radicación. 11001-03-25-000-2018-00479-00, demandante UGPP, Sección Segunda Subsección A.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008, expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).
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