Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06043-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06043-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-06043-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
26 de junio de 2025
Radicado: 52-001-23-33-000-2019-00361-01 (5012-2023)
Demandante: COLPENSIONES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25-000-23-42-000-2017-06043-01 (3144-2021)
Demandante: José Wilson Toro Marín
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP
Tema: Reliquidación pensión de jubilación régimen de detectives del
DAS.
Decisión: Confirmar la sentencia que concedió pretensiones
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia de 28 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que concedió
parcialmente las súplicas de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1
2.1.1. Pretensiones
2. El señor José Wilson Toro Marín por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 de la Ley 1437 del 20112, solicitó declarar la nulidad de la Resolución RDP
004792 de 10 de febrero de 2017 por medio de la cual se le negó la pensión de
jubilación y de las Resoluciones RDP 014375 de 5 de abril de 2017 y RDP 023766 de
6 de junio de 2017, en las que se confirmó la su totalidad la anterior decisión. Actos
proferidos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP-.
3. Así mismo, pretende que se ordene a Colpensiones a girar a la UGPP, a nombre
del actor, el valor de los aportes para pensión pagados por la Agencia Nacional de
1 Folio 1 y siguientes del expediente.
2
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante CPACA.
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Demandante: COLPENSIONES
Defensa Jurídica del Estado mediante Resolución 425 de 11 de diciembre de 2014,
artículos 4. ° y 5. ° por el periodo 2004-03 hasta 2009-06 fecha en la que entró en
vigencia el Decreto 2196 de 12 de junio de 2009 que ordenó a Cajanal a más tardar
dentro del mes siguiente hiciera el traslado de sus afiliados al ISS.
4. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada
Unidad Administrativa Especial de Gestión pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social –UGPP-. a que reconozca la pensión de jubilación conforme al
régimen especial para ex detectives del DAS, con el 75 % del promedio de lo
devengado durante el último año de servicios y los ajustes a valor de las sumas
reconocidas de conformidad con el artículo 187 del CPACA.
2.1.2. Hechos
5. El señor José Wilson Toro Marín prestó sus servicios como detective en el
Departamento Administrativo de Seguridad -DAS, durante el periodo comprendido
entre el 22 de octubre de 1983 y el 4 de febrero de 2014 y completó un tiempo de
servicios de 30 años y 3 meses.
6. Mediante Resolución 0542 de 9 de marzo de 2004 el DAS lo declaró insubsistente
en el cargo, sin embargo, a través de sentencias de 13 de mayo de 2011 y de 17 de
septiembre de 2013, esta última proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, se
ordenó el reintegro del demandante al cargo sin solución de continuidad y el pago de
salarios y prestaciones sociales.
7. Por medio de Resolución 020 de 27 de enero de 2014, se dio cumplimiento a la
sentencia y se dispuso el reintegro del demandante al cargo de Detective Profesional
207-09.
8. A través de Resolución No. 31 de 4 de febrero de 2014, le fue aceptada la renuncia
al cargo.
9. Desde la fecha en la que ingresó al DAS, hasta la declaratoria de insubsistencia en
el cargo el 9 de marzo de 2004, se hicieron los aportes a pensión a Cajanal, sin
embargo, luego de la supresión del DAS, mediante Resolución 425 de 11 de diciembre
de 2014 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado dio cumplimiento al pago
de salarios y prestaciones sociales que giró a Colpensiones, por valor de $5.638.682
y patronales $16.915.996.
10. Colpensiones expidió un certificado laboral de fecha 2 de noviembre de 2017, que
acreditan los aportes para pensión desde el 10 de marzo de 2004 hasta febrero del
año 2010 a nombre del empleador DAS.
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Demandante: COLPENSIONES
11. Por supresión del DAS, el Archivo General de la Nación expidió un certificado
laboral el 8 de marzo de 2017, en donde acredita aportes a pensión únicamente hasta
la fecha de la declaratoria de la insubsistencia el 10 de marzo de 2004 a Cajanal.
12. A través de Resolución RDP 004792 de 10 de febrero de 2017 la UGPP negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación por no encontrar acreditados los aportes y
no allegar los certificados de salarios.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
13.Como normas vulneradas citó los artículos 48 y 53 de la Constitución; el artículo
1. ° del Decreto 1047 de 1978 y en inciso 2 ° del artículo 10 del Decreto 1933 de 1989.
14. En el concepto de violación explicó que las resoluciones objeto de censura
desconocen el régimen aplicable al demandante quien es beneficiario del régimen
especial para los detectives del DAS establecido en las normas citadas anteriormente
y que, de acuerdo con dichas disposiciones, su pensión debió ser liquidada con el 75%
de todos los factores devengados durante el último año de servicios.
15. Señaló que el demandante estuvo afiliado a Cajanal desde el 22 de octubre de
1983 hasta el 9 de marzo de 2004 cuando fue declarado insubsistente y que, como
consecuencia de una decisión judicial, fue reintegrado al cargo desde marzo de 2004
hasta julio de 2009, fecha en la cual continuaba vinculado al fondo de pensiones.
16. Los aportes a pensión causados entre el marzo de 2004 julio de 2009 fueron
pagados a Colpensiones, por lo que dicha entidad debía girarlos a la UGPP con el fin
de que esta última reconozca la pensión, sin embargo, la entidad insiste en retener los
aportes.
17. En ese sentido, la UGPP, negó el reconocimiento pensional desconociendo la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en el sentido de que
las administradoras de pensiones deben asumir los efectos que se deriven del retraso,
traslado o falta de aportes pensionales y que ello no excusa para negar la prestación.
2.2. Contestación de la demanda
18. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP)3, por intermedio de
apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, y señaló que no se
logró demostrar que el demandante cumpliera con los requisitos para acceder a la
pensión, pues en el cuaderno administrativo no se encontró certificación del tiempo
laborado con posterioridad al 11 de marzo de 2014.
3
Folios 153 siguientes del expediente.
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19. Por otra parte, estimó que no era posible acceder al reconocimiento pensional con
el 75% de los factores devengados durante el último año de servicios pues, en armonía
con la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado, el IBL de los beneficiarios
del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es el
previsto en esta normatividad y no en el régimen anterior o en el régimen especial.
20. La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones),
entidad vinculada al proceso, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, pues los actos demandados fueron expedidos por la UGPP, y, además que
no existe obligación alguna a cargo de la entidad, pues ésta dio respuesta a los
requerimientos del actor en relación con los aportes efectuados extemporáneamente
por el DAS.
2.3. La sentencia apelada.
21. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Subsección “D” a
través de la sentencia de 28 de noviembre de 20194, estimó que el demandante tenía
derecho al reconocimiento de su pensión de conformidad con el régimen de transición
establecido en la Ley 860 de 2003 para los detectives del DAS, pues (i) se vinculó a la
entidad antes del 3 de agosto de 1994 (22 de octubre de 1983); (ii) para el 26 de
diciembre de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003 tenía más de
500 semanas cotizadas (1011 semanas) y (iii) consolidó su estatus antes del 31 de
julio de 2010 (cumplió los 20 años de servicio el 27 de abril de 2004).
22. En ese sentido, estimó que el reconocimiento pensional debió efectuarse en
cuantía equivalente al 75% de la totalidad de los factores salariales devengados
durante el último año de servicios que se encontraran enlistados en el artículo 18
Decreto 1933 de 1989, esto es, la asignación básica, la bonificación por servicios
prestados, y las primas de navidad, de servicios, de vacaciones, prima especial de
riesgo, y la prima del clima, las cinco (5) primeras por estar enlistadas en el Decreto
1933 de 1989 y las dos (2) últimas al ser incluidas por la jurisprudencia.
23. Indicó que, aunque se encuentra demostrado que como consecuencia de la
sentencia que ordenó el reintegro del demandante al cargo ocupado en el DAS, la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado realizó los aportes a pensión a
Colpensiones, el actor no estaba vinculado a esa entidad sino a Cajanal. Bajo ese
entendido, la UGPP era la llamada a efectuar el reconocimiento pensional, pues fue
voluntad del demandante estar afiliado a Cajanal (hoy UGPP) y fue allí donde realizó
la mayor cantidad de aportes (19 años 10 meses y 14 días).
24. Precisó que las administradoras de pensiones cuentan con herramientas con el fin
de dar efectividad a los derechos pensionales, según las cuales no se les puede
trasladar a los trabajadores las consecuencias negativas por los errores en los pagos
4
Folio 186 y siguientes del expediente.
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o en la historia laboral. Por esa razón, ordenó a la UGPP realizar los trámites
administrativos necesarios para obtener el traslado de los aportes pensionales del
señor José Wilson Toro Marín a esa entidad. Por otra parte, estimó que en el presente
asunto no operó la prescripción de las mesadas, pues el demandante se retiró del
servicio el 4 de febrero de 2014, la solicitud de reconocimiento de la pensión se realizó
el 15 de septiembre de 2016 y presentó la demanda el 11 de diciembre de 2017, es
decir, sin que pasaran más de tres años entre el retiro y el reconocimiento pensional.
25. Finalmente, se ordenó a la UGPP a efectuar el descuento de los aportes
correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordenó y sobre los cuales
no se hubiese efectuado deducción legal.
2.4. Recurso de apelación5
26. La UGPP, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia, al considerar que el régimen especial aplicable a los detectives del DAS
establecido en los Decretos 1835 de 1994 y 1047 de 1978 y 1933 de 1989, exige como
requisito para el reconocimiento de la pensión de jubilación el cumplimiento de 20 años
de servicios, sin embargo, no se encuentra satisfecho, además, no está demostrado
que sobre dichos tiempos se hayan efectuado aportes a pensión.
27.Transcribió los artículos que regulan las competencias de Colpensiones y de la
UGPP para el reconocimiento de las pensiones y señaló que según el certificado de
Historia Laboral y certificado emitido por la Dirección de Afiliaciones se puede observar
que el actor ha cotizado a Colpensiones desde enero de 1967 y en consecuencia no
es la entidad competente para realizar el reconocimiento pretendido.
28. A su vez, indicó que a través de varios actos administrativos y oficios se solicitó al
demandante, a Colpensiones y al Archivo General de la Nación que allegaran los
certificados que dieran cuenta de los tiempos laborados, la asignación básica y de los
factores devengados sobre los cuales se efectuaron aportes a pensión, sin embargo,
no se presentaron dichos documentos y, por tanto, no acreditó los requisitos para
acceder a la pensión.
2.5. Trámite en segunda instancia.
29. A través de auto de 22 de octubre 20216, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada y mediante auto de 17 de febrero de 2022 se
ordenó correr traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al agente
del Ministerio Público para conceptuar en segunda instancia. Las partes y el Ministerio
Público guardaron silencio en esta etapa del proceso.
5 Folio 224 y siguientes del expediente.
6
Folio 219 del expediente
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30. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección procede
a decidir previas las siguientes,
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
31. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1507 de la Ley 1437 de 2011.
3.3. Marco de análisis de la segunda instancia
32. Según el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a los argumentos del apelante. Si ambas partes
apelan la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
33. En el asunto objeto de estudio, el demandado es apelante único, por lo que la
competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a los argumentos
esgrimidos en el recurso de apelación.
3.4. Problema Jurídico
34. La Sala de Subsección establecerá si el demandante tiene derecho al
reconocimiento de la pensión con el régimen especial de pensiones del Departamento
Administrativo de Seguridad DAS por haberse desempeñado como detective en dicha
entidad.
35. En caso afirmativo, deberá determinar si la UGPP es la entidad competente para
reconocer y pagar la pensión de jubilación o si dicho reconocimiento corresponde a
Colpensiones.
3.5. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso
3.5.1 Régimen especial de pensiones de los servidores del DAS antes de la
entrada en vigor del Sistema General de Seguridad Social8.
36. El Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 19899 dictó una norma general según la
cual los empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones sociales
señaladas para las entidades públicas del orden nacional en los Decretos 3135 de
7 « El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de
los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda,
o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
8Análisis normativo efectuado por esta Subsección en sentencia del 26 de agosto de 2021 dentro del proceso radicado 11001-03-25-000-
2016-00680-00(2852-16), con ponencia de quien se ocupa de esta providencia.
9 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad».
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1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984 y en las demás reglas que los
adicionen o modifiquen10. En el artículo 1011 previó que los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad se regirían por los cánones generales
sobre pensión de jubilación. De otra parte, quienes desarrollaran funciones de
dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o especializado, así
como los detectives en sus diferentes grados y denominaciones, se gobernarían por
lo previsto en el Decreto Ley 1047 de 197812.
37. En cuanto a los factores para la liquidación de la pensión y de las cesantías el
mencionado decreto previó:
«ARTÍCULO 18. Factores para la liquidación de cesantía y pensiones. Para efectos del
reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho
los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad se tendrán en cuenta para
su liquidación, los siguientes factores:
a) La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo;
b) Los incrementos por antigüedad;
c) La bonificación por servicios prestados;
d) La prima de servicio;
e) El subsidio de alimentación;
f) El auxilio de transporte;
g) La prima de navidad;
h) Los gastos de representación;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera del país, cuando se
hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180) días en el último año de
servicio;
j) La prima de vacaciones.»
38. Es conveniente señalar que a pesar de que la norma transcrita no incluyó la prima
de riesgo, la jurisprudencia del Consejo de Estado admitió su cómputo en la sentencia
del 1.° de agosto de 201313, providencia en la cual consideró que debía acogerse el
criterio de favorabilidad expuesto en la sentencia del 4 de agosto de 2010 14, según el
cual es válido tener en cuenta todas aquellas sumas que el servidor percibe de manera
habitual y periódica como contraprestación del servicio, independientemente de su
denominación. Agregó que una interpretación distinta vulneraría las garantías que la
Constitución Política de 1991 previó como referencia para garantizar el desarrollo y la
10 «Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad tendrán derecho a las prestaciones sociales
previstas para las entidades de la administración pública del orden nacional en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451
de 1984, artículo 3º y en los que los adicionan, modifican, reforman o complementan y, además, a las que este decreto establece.»
11 «Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas para los empleados de la administración
pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad.
Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de Detective Agente, Profesional o Especializado, se regirán por lo
establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia de jubilación, por el Decreto-ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables
al personal de detectives en sus distintos grados y denominaciones.»
12 «Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior y que permanezcan al servicio del Departamento
Administrativo de Seguridad por un término no menor de 18 años continuos en el desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán
derecho a la pensión de jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que para esta época fueren funcionarios de ese Departamento.»
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación: 4400123310002008150 01(0070-2011), demandante:
Héctor Enrique Duque Blanco.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).
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efectividad del derecho fundamental al trabajo, entre ellas, la remuneración mínima,
vital y móvil, así como los principios de favorabilidad y primacía de la realidad sobre
las formas. Al respecto, precisó que la prima de riesgo es percibida en forma
permanente y mensual. En consecuencia, hace parte de la contraprestación directa
que recibían los servidores del DAS, por lo que debía ser parte del ingreso base de
cotización y de la liquidación de la pensión.
39. Las denominadas actividades de alto riesgo en el sector público, para las cuales
el artículo 14015 de la Ley 100 de 1993 previó, lo siguiente:
«ARTÍCULO 140. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. De conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el
régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en
cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o
ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el
trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo
del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad».
40. Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1835 del 3 de agosto de
1994, por medio del cual reglamentó las actividades de alto riesgo de los servidores
públicos, que estableció lo siguiente:
«1. En el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS: Personal de detectives
en sus distintos grados y denominaciones de especializado, profesional y
agente. (Negrilla fuera del original)
2. En la Rama Judicial.
Funcionarios de la jurisdicción penal:
Magistrados, Jueces Regionales, Jueces Penales del Circuito, Fiscales y empleados de
los Cuerpos de Seguridad de la fiscalía general de la Nación y los siguientes
funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía: Profesionales
judiciales especiales, profesionales universitarios judiciales I y II, jefes de sección de
criminalística, investigadores judiciales I y II, técnicos judiciales I y II y escoltas I y
II. (…)».16
41. De lo anterior se puede colegir, que la labor de los detectives del DAS se clasificó
como de alto riesgo, por ello se encuentran bajo un régimen de transición especial17
15 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-003 de 1996.
16 Artículo 2 del Decreto 1835 de 1994
17 «Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo
2o., de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que respecta a la
edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las
existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
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para aquellos que, a su entrada en vigencia, esto es, el 4 de agosto de 1994, laboraran
en dicha actividad con el beneficio de acceder a la pensión en las condiciones indicadas
por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir, los Decretos 1047 de 1978 y
1933 de 1989.
42. Ahora bien, el Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 200318 derogó el Decreto 1835 de
1994 y precisó cuáles actividades son consideradas de alto riesgo, sin incluir al DAS. No
obstante, en su artículo 6. ° introdujo un régimen de transición para las personas que para
esa época tuvieran al menos 500 semanas de cotización especial19.
43. Posteriormente la Ley 860 del 26 de diciembre de 2003 20 se ocupó de regular la
materia pensional para los servidores que desempeñan labores de alto riesgo en el DAS
e incluyó a la prima de riesgo en el ingreso base de cotización. La norma también
estableció un nuevo régimen de transición en el parágrafo 5. ° del artículo 2°: «Los
detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1994 que a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley hubieren cotizado 500 semanas les serán reconocida la
pensión de vejez en las mismas condiciones del régimen de transición contenidas en el
Decreto 1835 de 1994».
3.5.2 La multiafiliación o múltiple vinculación en el Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones (SGSSP).
44. Sobre este tema debe señalarse que los dos regímenes de pensiones establecidos
en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (SGSSP) son excluyentes
entre sí, de manera que un afiliado no puede realizar cotizaciones simultáneas a los
dos, lo anterior, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 100 de 1993:
«ARTÍCULO 16. INCOMPATIBILIDAD DE REGÍMENES. Ninguna persona podrá distribuir
las cotizaciones obligatorias entre los dos Regímenes del Sistema General de Pensiones.
[…]»
45. Por su parte, en el artículo 17 del Decreto 692 de 199421 se contempló la
prohibición de vinculaciones múltiples, para lo cual se señaló:
«ARTICULO 17. MÚLTIPLES VINCULACIONES. Está prohibida la múltiple vinculación. El
afiliado sólo podrá trasladarse en los términos de que trata el artículo anterior, sin embargo,
cuando el afiliado cambie de régimen o de administradora antes de los términos previstos,
será válida la última vinculación efectuada dentro de los términos legales. Las demás
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley
100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»
18 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del
régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades.»
19 Sobre la interpretación del régimen de transición previsto en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia de 12 de junio de 2014, radicación: 3287-2013, y de la Subsección A, sentencia de 22 de abril de 2015, radicación: 2555-
13.
20 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.»
21 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993
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vinculaciones no son válidas y se procederá a transferir a la administradora cuya afiliación
es válida, la totalidad de saldos, en la forma y plazos previstos por la Superintendencia
Bancaria.
PARÁGRAFO. Las administradoras podrán establecer sistemas de control de multiafiliación,
sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia Bancaria para dirimir, en casos especiales,
los conflictos que se originen por causa de las múltiples vinculaciones.»
46. Asimismo, el Decreto 3800 de 200322 reiteró la prohibición de que los afiliados
realicen múltiple vinculación entre los regímenes, para ello en el artículo 2.° dispuso:
«Artículo 2°. Casos de múltiple vinculación. En el evento en que las personas a que se
refiere el artículo anterior se encuentren en situación de múltiple vinculación de régimen ante
las administradoras del Sistema General de Pensiones, de conformidad con lo establecido
en el artículo 17 del Decreto 692 de 1994, deberán elegir el régimen al cual deseen estar
vinculados.
Las personas a las que se refiere el artículo anterior, que no manifiesten su voluntad de
afiliación de administradora o selección de régimen, se entenderán vinculadas a la entidad a
la que se encontraran cotizando a 28 de enero de 2004 o a aquella que recibió la última
cotización antes de dicha fecha.»
47. Finalmente, ha de precisarse que el Decreto 3995 de 200823 prevé unos criterios
de solución a la problemática en caso de múltiple afiliación. No obstante, en el
parágrafo del artículo 1.°, establece unas excepciones para la aplicación de las
disposiciones contenidas en esa norma, así:
«Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente decreto se
aplican a los afiliados al Sistema General de Pensiones que al 31 de diciembre de 2007, se
encuentren incursos en situación de múltiple vinculación entre el Régimen de Prima Media
con Prestación Definida y el de Ahorro Individual con Solidaridad y señala algunas normas
de traslados de afiliados, recursos e información.
A las personas que, después de un año de entrada en vigencia la Ley 797 de 2003, se
trasladaron al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) faltándoles 10 años
o menos para tener la edad exigida para tener derecho a la pensión en este régimen, se les
aplicará lo que establecen los artículos 7°, 8° y 12 del presente decreto.
Parágrafo. Se excluyen de la aplicación del presente decreto:
1. Las personas cuya situación de múltiple vinculación haya sido decidida conforme a las
normas vigentes antes de la entrada en vigencia del presente decreto.
2. Las personas a quienes a la entrada en vigencia del presente decreto se les haya
reconocido una pensión del Sistema General de Pensiones, o quienes tengan los requisitos
de pensión cumplidos en alguno de los dos regímenes.
3. Los afiliados que desempeñen actividades de alto riesgo de acuerdo con el artículo 9° del
Decreto-ley 2090 de 2003.»
22 «Por el cual se reglamenta el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003.»
23
«Por el cual se reglamenta el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003.»
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48. Es necesario tener claridad respecto a la vinculación del afiliado a uno de los
regímenes que establece el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
(SGSSP), esto es, al de prima media con prestación definida o el de ahorro individual
con solidaridad, pues ello permite tener certeza de la entidad a cargo de asumir el pago
de la prestación económica causada.
49. Frente a este aspecto, es necesario referirse a la manifestación de voluntad del
afiliado, para lo cual debe recordarse que el traslado de régimen constituye un acto
jurídico que requiere para su eficacia y validez, del consentimiento exento de vicios,
objeto y causa lícita, así como el cumplimiento de las formas solemnes que se
requieran.
50. En efecto, el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en su literal b) estableció que «La
selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre
y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su
elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier
persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará
acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente Ley».
51. Así mismo, el citado artículo 271 dispone, que, si cualquier persona natural o
jurídica impide o atenta en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su
afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social
Integral, la afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en
forma libre y espontánea por parte del trabajador.
52. Acorde con lo anterior, el inciso 1.° del artículo 11424 de la Ley 100 de 1993,
estableció como exigencia a los trabajadores y servidores públicos, que por primera
vez se trasladaran del régimen de prima media con prestación definida, al régimen
de ahorro individual con solidaridad, que deberían entregar una comunicación escrita,
donde constara que la selección había sido libre, espontánea y sin presiones.
53. En sentencia T- 191 de 2020, la Corte Constitucional se refirió a los deberes del
juez frente a los escenarios de múltiple vinculación, frente a los cuales precisó:
1. El estudio de traslados de regímenes pensionales debe revisarse siempre
desde el derecho que tiene toda persona a elegir libremente, así como el deber
que tiene el empleador y las administradoras de fondo de pensiones en brindar
una asesoría adecuada.
2. El primer elemento que debe revisarse es la existencia de información por parte
del empleador –de la necesidad de afiliarse– y de asesoría brindada por parte
24«ARTICULO 114.Requisito para el traslado de régimen. Los trabajadores y servidores públicos que en virtud de lo previsto en la presente
Ley se trasladen por primera vez del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad,
deberán presentar a la respectiva entidad administradora comunicación escrita en la que conste que la selección de dicho régimen se ha
tomado de manera libre, espontánea y sin presiones. […]».
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de la administradora de fondo de pensiones.
3. Deberá verificarse que la persona haya manifestado su voluntad de afiliarse en
un régimen, así como de trasladarse de uno a otros.
4. El juez se encuentra en el deber de verificar la validez del traslado o de la
afiliación. Esto significa, que no basta con verificar los tiempos de cotización,
sino que la vinculación se haga en los términos que establece la ley25. En
consecuencia, el juez deberá identificar cuál es el régimen aplicable y constatar
que los requisitos allí fijados se cumplan a cabalidad. Si la afiliación o el traslado
no cumplen con dichos requisitos, se debe entender, de acuerdo con la
legislación y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que será válida
la vinculación anterior –siempre y cuando haya cumplido también con los
requisitos legales–.
5. Cuando se presenta una múltiple afiliación, luego de establecida la validez de
la última efectuada en los términos legales, procede verificar la transferencia de
los saldos a la administradora de pensiones cuya afiliación resulte válida, por
cuanto a ésta corresponde asumir el reconocimiento y pago de las prestaciones
de invalidez, vejez y muerte26.
3.6. Caso concreto
3.6.1. De las pruebas.
54. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Subsección advierte como
relevantes las siguientes pruebas:
• El señor José Wilson Toro Marín prestó sus servicios en el Departamento
Administrativo de Seguridad DAS, durante el periodo comprendido entre el 22
de octubre de 1983 al 4 de febrero de 2014.27
• Durante su vinculación a la entidad, se desempeñó en el cargo de detective en
sus diferentes grados y denominaciones, así:28
Detective (rural alumno) 22 de diciembre de 1983 5 de julio 1984
4115-03
Detective Profesional 6 de julio de 1984 4 de febrero de 2014
Grado 207-09
• Mediante Resolución 0542 de 09 de marzo de 2004 fue declarado insubsistente
del cargo de detective profesional, a partir de la fecha.29
25 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 05 de octubre de 2010 (rad. 39772), Magistrado Ponente Francisco Javier Ricaurte Gómez, p.
13.
26 C. Sup. Jus., SL 4777-2019, pp. 14s.
27 Folios 15 y 16 del expediente.
28 Folio 15 del expediente.
29
Folio 17 del expediente.
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• En sentencia de 13 de mayo de 2011 proferida por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Villavicencio dentro del proceso de radicado 20-
001-23-31-000-2004-10636-00 se declaró la nulidad de la Resolución 0542 de
09 de marzo de 2004 y, en consecuencia, se ordenó el reintegro del señor José
Wilson Toro Marín al cargo de detective, así como el pago de los salarios y
prestaciones dejados de percibir desde el 9 de marzo de 2004 hasta que se
efectuara el reintegro al servicio. 30
• En cumplimiento del fallo judicial, el director general del Departamento
Administrativo de Seguridad profirió la Resolución 020 de 27 de enero de 2014,
en la que ordenó el reintegro del demandante al cargo de detective profesional
207-09 de la Planta Operativa de la entidad, así como el pago de los salarios y
prestaciones sociales en los términos establecidos en la sentencia.31
• Mediante Resolución 31 de 4 de febrero de 2014 suscrita por el director del
Departamento Administrativo de Seguridad- en Supresión, se aceptó la
renuncia del demandante al cargo de detective profesional 207-09 a partir de 4
de febrero de 2014.
• La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de las
competencias que definidas en los Decreto 1303 de 2014, mediante Resolución
425 de 11 de diciembre de 2014 dio cumplimiento al fallo y ordenó el pago de
los salarios y prestaciones ordenados en la sentencia y ordenó deducir el valor
de los aportes a pensión y pagarlos al Fondo de Pensiones Colpensiones.32
• De acuerdo con el Reporte de semanas cotizadas proferido por Colpensiones
el 2 de noviembre de 2017, el DAS y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado cotizaron los aportes a pensión del periodo comprendido entre el 01
de abril de 2004 y el 19 de diciembre de 2014 a cargo del señor Toro Marín.33
• En oficio 12840 de 29 de noviembre de 2015, el Archivo General de la Nación
dio respuesta a una petición elevada por el demandante, en la que solicitó los
certificados de tiempos de servicios, cargos, lugar de retiro del servicio y
certificados de salarios y prestaciones devengados desde enero de 1994 hasta
el retiro del servicio.
30 Folio 20 y siguientes del expediente.
31 Folio 27 y siguientes del expediente.
32 Folio 31 y siguientes del expediente.
33
Folio 45 y siguientes del expediente.
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La entidad remitió la documentación de conformidad con los archivos
entregados por el DAS bajo su custodia y precisó que no se certificaría la
información correspondiente al tiempo en el que el actor no estuvo vinculado
a la entidad pues sobre ello no reposaba ninguna información, sin embargo,
indicó que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado era la
competente para certificar dicha información.34
• En oficio de 26 de abril de 2017 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado devolvió la solicitud elevada por el actor a esta entidad relacionada con
su historia laboral por estimar que la entidad competente para ello era el Archivo
General de la Nación.35
• El 14 de julio de 2017 el demandante radicó una petición ante el Archivo
General de la Nación solicitando certificados del tiempo de servicios cargos,
lugar de retiro del servicio y certificados de salarios y prestaciones devengados
desde enero de 1994 hasta el retiro del servicio y manifestó que, ante la
negativa de esta entidad y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado para entregar dichos certificados no ha sido posible que la UGPP
resuelva su situación pensional. 36
• El Archivo General de la Nación, mediante oficio 1-2017-05275-524/2017-DAS-
DAS en respuesta a la anterior petición, informó que solicitó a Colpensiones
que certificara los valores recibidos por concepto de aportes a pensión a su
cargo reconocidos y pagados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
34 Folio 48 y siguientes del expediente
35 Folio 72 y siguientes del expediente
36
Folio 76 y siguientes del expediente
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Estado, así como también le requirió el traslado de dichos aportes a la UGPP,
a fin de que ésta última resuelva su situación pensional.37
• El 19 de enero de 2016 el demandante solicitó a Colpensiones el traslado de
las cotizaciones realizadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado a su cargo a la UGPP.38
• Mediante oficio de 30 de marzo de 2016, Colpensiones negó el traslado de los
aportes a pensión del demandante lo invitó a regularizar el estado de su
afiliación.39
• A través de Resolución RDP 004792 de 10 de febrero de 2017, la UGPP negó
el reconocimiento de una pensión al señor José Wilson Toro Marín, pues
advirtió que, aunque laboró al servicio del DAS desde el 22 de octubre de 1992
hasta el 4 de febrero de 2014, sólo cotizó sus aportes a Cajanal (Hoy UGPP)
hasta en año 2004.40
• Mediante Resolución RDP 014375 de 5 de abril de 2017 se resolvió el recurso
de reposición interpuesto contra la anterior decisión, confirmándola en su
totalidad.41
• El demandante interpuso recurso de apelación que fue decidido en Resolución
RDP 023766 de 6 de junio de 2017 que confirmó nuevamente la Resolución
RDP 004792 de 10 de febrero de 2017.42
37 Folio 77 y siguientes del expediente
38 Folio 83 y siguientes del expediente
39 Folio 85 y siguientes del expediente
40 Folio 92 y siguientes del expediente
41 Folio 97 y siguientes del expediente
42
Folio 100 y siguientes del expediente
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3.6.2. Análisis de la Sala
55. El señor José Wilson Toro Marín en calidad de exfuncionario del extinto
Departamento Administrativo de Seguridad- DAS, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho solicitó la nulidad de las Resolución RDP 4792
de 10 de febrero de 2010 en la que se negó el reconocimiento de la pensión del
demandante, y de las Resoluciones RDP 014375 de 5 de abril 2017 y RDP 023766 de
6 de junio de 2017, a través de las cuales se resolvieron los recursos de reposición y
apelación contra la anterior decisión, confirmándola en su totalidad.
56. Revisado el expediente, se advierte que el demandante estuvo vinculado al DAS
como detective, razón por la cual solicita el reconocimiento prestacional conforme el
régimen especial de pensiones establecidos para los servidores del DAS.
57. En ese sentido, de acuerdo con el régimen de transición establecido para estos
funcionarios en parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003 tiene derecho a que
la pensión se reconozca según con las normas previstas para el personal de detectives
en sus distintos grados y los que cumplan funciones de dactiloscopistas establecidos
en el Decreto 1047 de 1978, de acuerdo con la cual la pensión será reconocida con 20
años de servicios continuos o discontinuos, independientemente de la edad, o 18 en
la misma condición de siempre y cuando (i) se hubiese vinculado como detective al
DAS antes de la entrada en vigencia del Decreto 1835 de 199443 y (ii) a la entrada en
vigor de la Ley 860 de 2003 (23 de diciembre de 2003) hubiese cotizado más de 500
semanas.
58.Como fundamento del recurso de apelación, la parte demandada señaló que dentro
del proceso no se encontraba demostrado que el demandante cumpliera con los
requisitos para ser beneficiario de dicha pensión, pues no se acreditó que hubiese
laborado durante 20 años como detective del DAS.
59. Revisada las pruebas allegadas, se observa que el demandante laboró como
detective del DAS en el periodo comprendido entre el 22 de octubre de 1983 y el 9 de
marzo de 2004, fecha en la cual fue declarado insubsistente, completando un tiempo
de servicios de 20 años, 4 meses y 15 días.
60. Así mismo, se advierte que, mediante sentencia de 12 de mayo de 2011 proferida
por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio se declaró la nulidad
del acto mediante el cual el actor fue declarado insubsistente del cargo y se ordenó su
reintegro al mismo sin solución de continuidad, encontrándose acreditado con ello que
el actor laboró desde marzo de 2004 hasta el 4 de febrero de 2014, fecha en la cual
se aceptó su renuncia, lo que demuestra que cumplió con un tiempo de servicios de 9
años 10 meses y 21 días.
43
4 de agosto de 1994
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61. Lo anterior significa que en total el señor Toro Marín laboró por 30 años, 3 meses
y 6 días, es decir, un tiempo superior al exigido por la norma para ser beneficiario de
la pensión, razón por la cual tiene derecho a que su pensión sea reconocida de
conformidad con el régimen pensional previsto para los detectives del DAS.
62. En cuanto a la competencia de la UGPP para el reconocimiento pensional, se
observa que durante el periodo comprendido entre 22 de octubre de 1983 y el 9 de
marzo de 2004, el demandante estuvo afiliado a Cajanal (Hoy UGPP) y realizó los
aportes a pensión a dicha entidad.
63. También se encuentra probado que, en cumplimiento de la sentencia de 12 de
mayo de 2011, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado dispuso el pago
de los aportes a pensión a Colpensiones del periodo comprendido entre marzo de 2004
y el 4 de febrero de 2014.
64. Aunque los aportes a pensión se cotizaron en dos fondos de pensión (UGPP y
Colpensiones), y los aportes correspondientes a los últimos diez (10) años de servicio
se pagaron a Colpensiones como consecuencia de la orden impartida en la sentencia
de 12 de mayo de 2011, el actor no estaba afiliado al fondo.
65. Revisado el expediente se advierte que el demandante elevó peticiones al archivo
General de la Nación solicitando las certificaciones de los tiempos de servicios, de los
pagos de salarios, prestaciones y aportes a pensión, y que dicha entidad le informó
que solicitó a Colpensiones que los aportes a pensión reconocidos a su cargo y
pagados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado fueran trasladados a
la UGPP para que esta última resolviera su situación pensional.
66. Por su parte Colpensiones, a través de oficio de 30 de marzo de 2016, manifestó
al señor Toro Marín que no resultaba procedente la devolución de los aportes a
pensión a su cargo y lo invitó a “regularizar su estado de afiliación”, a que “realice una
afiliación retroactiva en cabeza del empleador” y a que se acerque a la entidad para
“cumplir con el proceso de corrección de afiliación”.
67. Dichos documentos, indican que el demandante no estaba afiliado voluntariamente
a Colpensiones y que los pagos efectuados por concepto de aportes a pensión a su
cargo por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
correspondientes a los periodos comprendidos entre marzo de 2004 y febrero de 2014,
se realizaron sin la autorización expresa de éste para trasladarse a este fondo.
68. Para la Sala, resulta evidente que los pagos de los aportes a pensión efectuados
a Colpensiones se realizaron sin que se hubiese efectuado un traslado del
demandante, que según el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en su literal b) se hace
de forma libre y voluntaria por parte del afiliado (no del empleador), quien para tal
efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado.
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69. En ese sentido, las consecuencias del pago de los aportes a Colpensiones no
pueden ser imputadas al servidor, ni pueden generarle efectos adversos frente a la
garantía efectiva del derecho pensional, y en ese sentido, la UGPP es la llamada a
realizar el reconocimiento y pago de la pensión, tal y como lo señaló el a quo.
70. Así las cosas, a pesar de que no se habían efectuado los aportes de la totalidad
de los tiempos de servicio a la UGPP, al ser ésta la llamada a realizar el reconocimiento
pensional, deberá adelantar las acciones pertinentes para lograr el efectivo traslado
de los aportes que se efectuaron a Colpensiones a cargo del demandante, pues la
Ley 100 de 1993 le asignó a las administradoras de pensiones amplias potestades
para lograr el debido cumplimiento del traslado de los aportes «en procura de la
sostenibilidad financiera del sistema pensional y en garantía del pago efectivo de los
derechos amparados por el sistema de seguridad social en pensiones».
71. Finalmente, el recurrente señaló que solicitó al demandante, a Colpensiones y al
Archivo General de la Nación que allegaran los certificados que dieran cuenta de los
tiempos laborados, la asignación básica y de los factores devengados sobre los cuales
se efectuaron aportes a pensión y que éstos no fueron allegados, por lo que no se
demostró el cumplimiento los requisitos para obtener la pensión.
72. Al respecto, se observa que, en el trámite administrativo adelantado por el actor
ante la UGPP, mediante auto de 6 de junio de 2017 la entidad requirió al señor Toro
Marín para que allegara certificado de información de toda la vida laboral, de los
factores devengados durante los últimos diez (10) años de servicio y el acto
administrativo de retiro del servicio.
73. Revisado el expediente, la Sala advierte que se encuentra demostrado que el actor
laboró al servicio, del DAS desde el 22 de octubre de 1983 hasta el 4 de febrero de
2014, es decir, durante 30 años, 3 meses y 6 días y que sobre dichos periodos se
efectuaron los aportes a pensión, lo anterior, de conformidad con el certificado de
información laboral de 8 de marzo de 2017,44 el certificado suscrito por la coordinadora
de Gestión Humana del archivo General de la Nación el 18 de marzo de 201545 y el
reporte de semanas cotizadas de fecha 2 de noviembre de 2017, expedido por
Colpensiones. 46
74. Así mismo, se encuentran acreditados los factores salariales devengados por el
actor durante su vinculación laboral a través de las certificaciones de 30 de marzo de
2015 suscritas por la tesorera del Archivo General de la Nación47 y las certificaciones
electrónicas de tiempos laborados -CETIL-expedidas el 3 de mayo de 2019.48
44 Folio 15 del expediente.
45 Folio 16 del expediente.
46 Folio 45 del expediente.
47 Folio 50 y siguientes del expediente.
48
Folio 238 y siguientes del expediente.
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75. De acuerdo con lo anterior, aunque no está demostrado que en el proceso
administrativo se hubiesen aportado los documentos requeridos por la UGPP para
realizar el estudio del reconocimiento pensional del señor Marín Toro, lo cierto es que
en el proceso judicial se allegaron las pruebas necesarias y suficientes para demostrar
el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión.
76. En ese sentido, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que concedió
parcialmente las pretensiones de la demanda.
3.7. Decisión de segunda instancia
77. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de
la demanda, toda vez que estima que el demandante tiene derecho a que su pensión
sea reconocida de conformidad con el régimen previsto para los detectives del DAS.
78. Así mismo, se estima que la UGPP es la entidad llamada a reconocer y pagar la
pensión del demandado teniendo en cuenta que estaba afiliado a dicho fondo, y,
además, que los aportes a pensión pagados a Colpensiones, se realizaron sin que
este se hubiese trasladado de fondo de manera voluntaria.
3.8. De la condena en costas en segunda instancia.
79. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba
una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, lo
cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es
procedente efectuar un estudio respecto de la carencia de fundamentación jurídica,
por lo que en esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis,
de la revisión de los argumentos presentados por las partes, no puede observarse
dicha situación, contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa
jurídica de los intereses y, por ende, no se condenará en costas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia de 28 de noviembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda- Subsección “D” que
concedió las pretensiones dentro del proceso promovido por el señor José Wilson Toro
Marín en contra de la UGPP, por las razones expuestas en esta providencia.
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Radicado: 52-001-23-33-000-2019-00361-01 (5012-2023)
Demandante: COLPENSIONES
SEGUNDO: Sin condena en costas de segunda instancia, de acuerdo con las
consideraciones expresadas en este fallo.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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