Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2018-00032-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2018-00032-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2018-00032-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 50001-23-33-000-2018-00032-01 (3125-2025)
Demandante: Carlos Arturo Sandoval Vega
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Tema: Reliquidación pensión de jubilación régimen del Departamento
Administrativo de Seguridad – DAS.
Decisión: Confirmar la sentencia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
demandada contra la sentencia del 24 de julio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, que accedió parcialmente a las suplicas de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1
2.1.1. Pretensiones
2. El señor Carlos Arturo Sandoval Vega por intermedio de apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 de la Ley 1437 del 20112, solicitó declarar la nulidad de las
resoluciones SUB 83646 de 30 de mayo de 2017, mediante la cual se niega la
reliquidación de la pensión de vejez solicitada por el Demandante y la DIR 13480
de 18 de agosto de 2017 por medio de las cuales se negó el reconocimiento
pensional solicitado por el señor Carlos Arturo Sandoval.
3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento
del derecho, solicitó que se ordene reliquidar la pensión mensual vitalicia de vejez
1 Índice 2 del aplicativo SAMAI en primera instancia, archivo denominado “002Contrato Nro.
C01.PCCNTR.2053505.pdf”. página 5-25.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en
adelante CPACA.
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en un monto equivalente al 85% del promedio salarial percibido en el último año de
servicio.
4. Asimismo, pretende que las sumas reconocidas sean indexadas de conformidad
con el IPC, y dar aplicativo a lo enlistado en el artículo 192 y siguientes del CPACA.
2.1.2. Hechos
5. El señor Carlos Arturo Sandoval Vega se vinculó al Departamento Administrativo
de Seguridad —DAS— el 20 de noviembre de 1990, inicialmente como alumno de
academia y, posteriormente, como detective agente. Prestó sus servicios en dicha
entidad hasta el 31 de enero de 2012 y, a partir del 1.º de febrero siguiente, fue
incorporado a la planta de personal de la Policía Nacional en el cargo de técnico de
identificación y registro, empleo que desempeñó hasta su retiro definitivo el 12 de
marzo de 2015. En total, acreditó 24 años, 3 meses y 20 días de servicio y, según
la demanda, consolidó su estatus pensional el 20 de octubre de 2011.
6. Colpensiones le reconoció una pensión de vejez mediante la Resolución GNR
428338 de 19 de diciembre de 2014, liquidada en cuantía equivalente al 75 % y con
fundamento en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores salariales
previstos en el Decreto 1158 de 1994. El demandante sostuvo que la entidad omitió
aplicar el régimen especial que estimaba procedente y, por ello, no liquidó la
prestación en un 85 % de los salarios devengados durante el último año de
servicios, ni incluyó la totalidad de los factores salariales percibidos, entre ellos las
primas, bonificaciones y demás emolumentos relacionados en la demanda.
7. El 11 de enero de 2017, el actor solicitó la reliquidación de su pensión. Sin
embargo, Colpensiones negó dicha petición mediante la Resolución SUB 83646 de
30 de mayo de 2017. Contra esa decisión interpuso recurso de apelación el 14 de
junio de 2017, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante la Resolución DIR
13480 de 18 de agosto de 2017, que confirmó la negativa de reliquidación.
8. Finalmente, el demandante agotó el requisito de procedibilidad, pues la audiencia
de conciliación extrajudicial fue declarada fallida ante la imposibilidad de alcanzar
un acuerdo, tras lo cual promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con el propósito de obtener la reliquidación de su prestación pensional.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
9. Como normas vulneradas citó el preámbulo y artículos 1, 2, 4, 14, 29, 48, 53,
209 y 230 de la Constitución Política; artículos 2° y 4° del Decreto 1835 de 1994,
artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, Decreto 2147 de 1989, Decreto 1213 de
1990, artículo 104 Decreto 2646 de 1994, Ley 4. ° de 1992; Ley 33 de 1985; artículo
73 del Decreto 1933 de 1989; Artículo 10,18 del Código Civil; artículo 27, artículo
2°. Decreto 236 de 2012; el artículo 7 del Decreto 4057 de 2011; artículo 3° del
Decreto 2714 de 2013.
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10. En el concepto de violación explicó que las resoluciones objeto de censura
vulneraron las normas aplicables al régimen pensional especial de los antiguos
funcionarios del DAS incorporados a la Policía Nacional. Afirmó que, por haber
prestado más de veinte años de servicio y haberse vinculado antes de la entrada
en vigor del Decreto 1835 de 1994, el demandante tenía derecho a que su
prestación se liquidara conforme a los Decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989 y 1213
de 1990, en cuantía equivalente al 85 % y con inclusión de los factores salariales
devengados durante el último período de servicios, en lugar de aplicar las reglas
generales de la Ley 100 de 1993.
11. También adujo que, el tiempo laborado como alumno de academia debía
computarse para efectos pensionales, dado que sobre ese período se efectuaron
cotizaciones. Finalmente, acusó los actos demandados de falsa motivación, por
considerar que Colpensiones sustentó la negativa en razones contrarias a la
historia laboral y al régimen especial aplicable; agregó que, ante cualquier duda
interpretativa, debía acudirse a los principios de favorabilidad e igualdad en materia
laboral y pensional.
2.2. Contestación de la demanda.3
12. Colpensiones sostuvo que la pensión del señor Carlos Arturo Sandoval Vega
fue reconocida correctamente bajo los parámetros del Decreto 1047 de 1978, con
una tasa de reemplazo del 75 % y efectiva a partir del 1.º de abril de 2015. Precisó
que dicha norma, en concordancia con el artículo 10 del Decreto 1933 de 1989,
establece los requisitos para acceder a la pensión especial de los detectives del
DAS, pero no regula expresamente la forma de liquidar la prestación.
13. Ante ese vacío normativo, afirmó que debía acudirse a las disposiciones
generales de la Ley 100 de 1993, en particular a su artículo 21, de manera que el
ingreso base de liquidación correspondiera al promedio de los salarios sobre los
cuales cotizó el afiliado durante los diez años anteriores al reconocimiento. Agregó
que el estatus pensional del actor se causó durante la vigencia de esa ley y que,
por tanto, no era procedente liquidar la prestación con fundamento en el último año
de servicios ni incluir factores salariales distintos de aquellos sobre los cuales se
realizaron aportes.
14. En cuanto a la tasa de reemplazo, señaló que, conforme al artículo 34 de la Ley
100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, al demandante le habría
correspondido un porcentaje inferior; sin embargo, se le reconoció el 75 %, decisión
que consideró más favorable. Asimismo, invocó la jurisprudencia constitucional y
ordinaria según la cual el ingreso base de liquidación no forma parte del régimen
de transición, pues este únicamente conserva la edad, el tiempo de servicios o
3 Índice 2 del aplicativo SAMAI en primera instancia, archivo denominado “008Contrato Nro.
C01.PCCNTR.2053505.pdf”.
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semanas cotizadas y el porcentaje de la pensión.
15. Finalmente, adujo que no procedían intereses moratorios, dado que no existió
mora en el pago de mesadas pensionales ya reconocidas, sino una controversia
sobre su cuantía. Tampoco estimó viable la indexación ni el retroactivo pretendido,
por lo que concluyó que los actos administrativos demandados se encontraban
ajustados a derecho y solicitó negar las pretensiones de la demanda.
2.3. La sentencia apelada 4
16. El Tribunal Administrativo del Meta, a través de la sentencia de 24 de julio de
2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
17. En primer lugar, consideró que el señor Carlos Arturo Sandoval Vega
conservaba el régimen pensional especial aplicable a los detectives del extinto
DAS, por haberse vinculado antes del 3 de agosto de 1994 y haber acreditado el
tiempo exigido en actividades de alto riesgo. No obstante, precisó que su
incorporación a la Policía Nacional no le otorgó la condición de agente de policía
sometido al Decreto 1213 de 1990, razón por la cual descartó la aplicación de la
tasa de reemplazo prevista en el artículo 104 de esa normativa.
18. Asimismo, estimó acertado que el ingreso base de liquidación se hubiera
calculado con el promedio de los salarios cotizados durante los diez años anteriores
al retiro, conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y a la sentencia de
unificación del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018. Por ello, negó la
inclusión de todos los factores salariales reclamados y sostuvo que únicamente
podían integrar el IBL aquellos previstos en el artículo 1.º del Decreto 1158 de 1994
y efectivamente cotizados.
19. Sin embargo, con fundamento en la sentencia de unificación SUJ-028-CE-SE-
2022, concluyó que la prima de riesgo debía incorporarse en la liquidación
pensional, por tratarse de un concepto efectivamente percibido por el demandante
durante su vinculación al DAS y reconocido como factor computable. Como la
bonificación por servicios prestados ya había sido incluida, ordenó únicamente
adicionar la prima de riesgo en los porcentajes legales correspondientes.
20. En consecuencia, declaró la nulidad parcial de los actos demandados y ordenó
a Colpensiones reliquidar la pensión desde el 1.º de abril de 2015, incluyendo la
prima de riesgo, pagar las diferencias resultantes debidamente actualizadas y
negar las demás pretensiones. También se abstuvo de imponer costas, debido a
que la decisión se apoyó en sentencias de unificación posteriores a la presentación
de la demanda.
4 Índice 34 del aplicativo SAMAI en primera instancia.
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2.5. Recurso de apelación.5
21. La parte demandada, por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, al considerar improcedente la
reliquidación ordenada con inclusión de la prima de riesgo. Sostuvo que la pensión
del señor Carlos Arturo Sandoval Vega fue reconocida correctamente bajo el
Decreto 1047 de 1978, con una tasa de reemplazo del 75 %, y liquidada conforme
al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, toda vez que el régimen especial de los
detectives del DAS no establece expresamente la forma de determinar el ingreso
base de liquidación.
22. Afirmó que, ante ese vacío normativo y dado que el estatus pensional se causó
en vigencia de la Ley 100 de 1993, debía aplicarse el promedio de los salarios sobre
los cuales se cotizó durante los diez años anteriores al reconocimiento. Añadió que
la liquidación tuvo en cuenta los factores salariales reportados por el empleador en
la historia laboral del actor.
23. Asimismo, invocó la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 28 de
agosto de 2018, según la cual el ingreso base de liquidación no integra el régimen
de transición y solo pueden incluirse los factores salariales sobre los cuales se
hubieran efectuado aportes o cotizaciones al sistema pensional. Señaló que esta
regla es aplicable tanto a los regímenes generales como a los especiales y que su
observancia garantiza la correspondencia entre lo cotizado, la prestación
reconocida y la sostenibilidad financiera del sistema.
24. Con fundamento en lo anterior, concluyó que no era procedente incluir la prima
de riesgo en el IBL, pues la sentencia de primera instancia desconoció el
precedente vinculante de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Por ello,
solicitó revocar la decisión y negar las pretensiones de la demanda.
2.6. Trámite en segunda instancia
25. A través de auto de 6 de febrero de 20266, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada y se ordenó correr traslado a al agente del
Ministerio Público para emitir concepto en segunda instancia.
2.6.1 El Ministerio Público no rindió concepto en el presente caso.
26. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes,
5 Índice 2 del aplicativo SAMAI de primera instancia.
6 Índice 4 de SAMAI.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
27. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1507 de la Ley 1437 de 2011.
3.2. Marco de análisis de la segunda instancia
28. Según el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez
de segunda instancia está circunscrita a los argumentos del apelante. Si ambas
partes apelan la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
29. En el asunto objeto de estudio, la parte demandada es apelante única, por lo
que la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a los
argumentos esgrimidos en el recurso de apelación.
3.3. Problema Jurídico
30. Corresponde a la Sala de Subsección determinar si la reliquidación pensional
efectuada por Colpensiones se fundó en semanas de cotización que no fueron
efectivamente aportadas por el demandado o si, por el contrario, la sentencia de
primera instancia se ajustó al ordenamiento jurídico; y, de ser procedente la nulidad
pretendida, establecer si hay lugar a ordenar la devolución de las sumas pagadas
con ocasión de dicho reconocimiento.
3.4. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso
3.4.1 Régimen especial de pensiones de los servidores del DAS antes de la
entrada en vigor del Sistema General de Seguridad Social8.
31. El Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 19899 dictó una norma general según
la cual los empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones sociales
señaladas para las entidades públicas del orden nacional en los Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984 y en las demás reglas que los
7 « El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
8Análisis normativo efectuado por esta Subsección en sentencia del 26 de agosto de 2021 dentro del proceso
radicado 11001-03-25-000-2016-00680-00(2852-16), con ponencia de quien se ocupa de esta providencia.
9 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento Administrativo
de Seguridad».
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adicionen o modifiquen10. En el artículo 1011 previó que los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad se regirían por los cánones generales
sobre pensión de jubilación. De otra parte, quienes desarrollaran funciones de
dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o especializado, así
como los detectives en sus diferentes grados y denominaciones, se gobernarían por
lo previsto en el Decreto Ley 1047 de 197812.
32. En cuanto a los factores para la liquidación de la pensión y de las cesantías el
mencionado decreto, en el artículo 18 señaló los siguientes: asignación básica
mensual señalada para el respectivo cargo; incrementos por
antigüedad; bonificación por servicios prestados; prima de servicio, subsidio de
alimentación; auxilio de transporte; prima de navidad; gastos de
representación; viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera del
país, cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180)
días en el último año de servicio y la prima de vacaciones.
33. A pesar de que esa norma no incluyó la prima de riesgo, la jurisprudencia del
Consejo de Estado admitió su cómputo en la sentencia del 1.° de agosto de 201313,
providencia en la cual consideró que debía acogerse el criterio de favorabilidad
expuesto en la sentencia del 4 de agosto de 201014, según el cual es válido tener
en cuenta todas aquellas sumas que el servidor percibe de manera habitual y
periódica como contraprestación del servicio, independientemente de su
denominación. Agregó que una interpretación distinta vulneraría las garantías que
la Constitución Política de 1991 previó como referencia para garantizar el desarrollo
y la efectividad del derecho fundamental al trabajo, entre ellas, la remuneración
mínima, vital y móvil, así como los principios de favorabilidad y primacía de la
realidad sobre las formas. Al respecto, precisó que la prima de riesgo es percibida
en forma permanente y mensual. En consecuencia, hace parte de la
contraprestación directa que recibían los servidores del DAS, por lo que debía ser
parte del ingreso base de cotización y de la liquidación de la pensión.
34. De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación unificó su criterio en torno al ingreso base de
10 «Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad tendrán derecho
a las prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración pública del orden nacional en los
Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984, artículo 3º y en los que los adicionan,
modifican, reforman o complementan y, además, a las que este decreto establece.»
11 «Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas para los
empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad.
Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de Detective Agente, Profesional o
Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia de jubilación, por el
Decreto-ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de detectives en sus distintos
grados y denominaciones.»
12 «Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior y que
permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad por un término no menor de 18 años
continuos en el desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión de jubilación al
cumplir 50 años de edad, siempre que para esta época fueren funcionarios de ese Departamento.»
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación: 4400123310002008150 01(0070-
2011), demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23 25 000 2006 07509 01
(0112-09).
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liquidación - IBL de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición de los
Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003, específicamente, fijó
tres subreglas referentes: i) al periodo que debe tenerse en cuenta para liquidar el
ingreso base de liquidación - IBL- de las mismas, y ii) los factores salariales que
deben incluirse para dicho efecto y iii) sobre la obligación de incorporar la prima de
riesgo pese a no efectuarse las cotizaciones al sistema pensional.
35. Sobre las denominadas actividades de alto riesgo en el sector público, el
artículo 14015 de la Ley 100 de 1993 facultó al Gobierno Nacional para expedir el
régimen de los servidores públicos que las desarrollen, teniendo en cuenta una
menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos
requisitos, sin desconocer derechos adquiridos. Para el efecto, se definieron las
actividades de alto riesgo como aquellas que cumplen algunos sectores tales como
el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria.
36. En virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el y en cuanto a los cargos
señaló lo siguiente:
«1. En el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS: Personal de
detectives en sus distintos grados y denominaciones de especializado,
profesional y agente. (Negrilla fuera del original) (…) ».16
37. De lo anterior se puede colegir, que la labor de los detectives del DAS se clasificó
como de alto riesgo, por ello se encuentran bajo un régimen de transición especial17
para aquellos que, a su entrada en vigencia, esto es, el 4 de agosto de 1994, laboraran
en dicha actividad con el beneficio de acceder a la pensión en las condiciones indicadas
por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir, los Decretos 1047 de 1978 y
1933 de 1989.
38. El Decreto Ley 860 del 26 de diciembre de 200318 se ocupó de regular la materia
pensional para los servidores que desempeñan labores de alto riesgo en el DAS e
incluyó a la prima de riesgo en el ingreso base de cotización. La norma también
estableció un nuevo régimen de transición en el parágrafo 5.° del artículo 2°: «Los
detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1994 que a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley hubieren cotizado 500 semanas les serán reconocida la
pensión de vejez en las mismas condiciones del régimen de transición contenidas en
el Decreto 1835 de 1994».
15 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-003 de 1996.
16 Artículo 2 del Decreto 1835 de 1994
17 «Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las actividades descritas en los numerales
1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones
menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el
número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con
anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán por las
disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las
cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»
18 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
dictan otras disposiciones.»
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39. En virtud del Acto Legislativo 1 de 2005, se determinó que: (a) “los requisitos y
beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por
actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse
de lo allí establecido” y (b) la aplicabilidad del régimen de transición corrió hasta el 31
de julio de 2010, o, excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2014, en el caso
que los beneficiarios contaran con 750 semanas de cotización o su equivalente en
tiempo de servicios al momento de la entrada en vigor de dicho Acto Legislativo.
3.5. Caso concreto
3.5.1. De las pruebas.
40. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Subsección advierte
como relevantes las siguientes pruebas:
• El señor Carlos Arturo Sandoval Vega nació el 20 de octubre de 1966.19
• Prestó sus servicios en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS,
en el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 1990 hasta el 31
de enero de 2012.20 Y para la Policía Nacional desde el 1.° de febrero de
2012 hasta 10 del marzo de 2015.
• Certificado de salarios expedida por la pagaduría seccional de Risaralda
del Departamento de Administrativo de Seguridad – DAS.21
• A través de Resolución GNR 428338 de 19 de diciembre de 2014,
Colpensiones accedió a un reconocimiento pensional al demandante,
conforme a los decretos 1047 de 1978 y 1835 de 1994 por acreditar el
requisito de los 20 años de servicios como detective del DAS para acceder
a la prestación.22
• Mediante Resolución SUB 83646 del 30 de mayo de 2017, Colpensiones
negó una solicitud de reliquidación pensional efectuada por el demandante,
al considerar que el actor no cumplía con el requisito de 20 años de servicio
en actividades de alto riesgo.23
19 Índice 2 del aplicativo SAMAI en primera instancia, archivo denominado “002Contrato Nro.
C01.PCCNTR.2053505.pdf”. página 36.
20 Índice 2 del aplicativo SAMAI en primera instancia, archivo denominado “002Contrato Nro.
C01.PCCNTR.2053505.pdf”. página 116 y 213.
21
Índice 2 del aplicativo SAMAI en primera instancia, archivo denominado “002Contrato Nro.
C01.PCCNTR.2053505.pdf”. página 66-74.
22Índice 2 del aplicativo SAMAI en primera instancia, archivo denominado “002Contrato Nro.
C01.PCCNTR.2053505.pdf”. página 142-147.
23 Índice 2 del aplicativo SAMAI en primera instancia, archivo denominado “002Contrato Nro.
C01.PCCNTR.2053505.pdf”. página 179-186.
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• Que la Resolución DIR 13480 del 18 de agosto de 2017, resolvió un recurso
de apelación interpuesto contra la anterior decisión, confirmándola en su
totalidad.24
3.5.2. Análisis de la Sala
41. El señor Carlos Arturo Sandoval Vega, en su condición de exfuncionario del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—, promovió el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con el propósito de obtener la
nulidad de las Resoluciones SUB 83646 de 30 de mayo de 2017 y DIR 13480 de
18 de agosto de 2017, mediante las cuales Colpensiones negó la reliquidación de
su pensión especial de vejez. En particular, solicitó que la prestación fuera
calculada con arreglo al régimen pensional especial aplicable a los detectives del
DAS y con la inclusión de los factores salariales que estimó computables para
determinar el IBL.
42. El Tribunal Administrativo del Meta declaró parcialmente la nulidad de los actos
acusados y ordenó a Colpensiones reliquidar la prestación con la inclusión de la
prima de riesgo, en los porcentajes establecidos en el artículo 2.º de la Ley 860 de
2003. Para adoptar esa determinación, consideró que, aunque el ingreso base de
liquidación debía calcularse con el promedio de lo cotizado durante los diez años
anteriores y con los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, la prima de
riesgo también debía incorporarse conforme a las reglas fijadas por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ-028-CE-SE-
2022.
43. En el recurso de apelación, Colpensiones controvirtió exclusivamente la
inclusión de dicho emolumento. Sostuvo que la prestación fue liquidada
correctamente con los factores salariales reportados por el empleador y sobre los
cuales se efectuaron aportes, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993
y las subreglas establecidas en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018.
En ese sentido, afirmó que la orden impartida por el a quo desconoció la regla según
la cual solo pueden integrar el ingreso base de liquidación los factores sobre los
que se hubieran realizado cotizaciones al sistema pensional.
44. En los términos del recurso, corresponde a la Sala determinar si fue acertado
ordenar la reliquidación de la pensión del señor Carlos Arturo Sandoval Vega con
la inclusión de la prima de riesgo percibida durante su vinculación al DAS o si, como
lo sostiene Colpensiones, dicho concepto debía excluirse por no encontrarse
enunciado en el artículo 1.º del Decreto 1158 de 1994.
45. Para resolver el anterior cuestionamiento, debe señalarse que la sentencia de
unificación de 28 de julio de 2022, proferida por la Sección Segunda de esta
24 Índice 2 del aplicativo SAMAI en primera instancia, archivo denominado “002Contrato Nro.
C01.PCCNTR.2053505.pdf”. página 188-199.
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Corporación, fijó las reglas aplicables al reconocimiento y liquidación de las
pensiones de los servidores del extinto DAS beneficiarios de los regímenes de
transición previstos en los Decretos 1835 de 1994 y 2090 de 2003 y en la Ley 860
de 2003. De acuerdo con ese precedente, tales servidores conservan las
condiciones del régimen anterior en cuanto a la edad, el tiempo de servicios o
número de semanas cotizadas y la tasa de reemplazo; sin embargo, el período para
determinar el ingreso base de liquidación se rige por las disposiciones de la Ley
100 de 1993.
46. En esa medida, cuando al servidor le faltaban diez años o más para adquirir el
derecho pensional al momento de entrar en vigor el Sistema General de Pensiones,
el ingreso base de liquidación corresponde al promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales cotizó durante los diez años anteriores al reconocimiento de la
prestación, debidamente actualizados con fundamento en la variación del índice de
precios al consumidor certificado por el DANE.
47. En el presente asunto se encuentra acreditado que el demandante ingresó al
DAS el 20 de noviembre de 1990, desempeñó cargos de alumno de academia y
detective y, luego de la supresión de esa entidad, fue incorporado a la Policía
Nacional como técnico de identificación y registro. Asimismo, Colpensiones
reconoció que adquirió el estatus pensional el 3 de abril de 2011 y le concedió la
pensión especial de vejez con una tasa de reemplazo del 75 %, calculada sobre el
promedio de lo cotizado durante los diez años anteriores. Estas circunstancias no
fueron objeto de controversia en la apelación.
48. Ahora bien, respecto de los factores computables, la sentencia de unificación
de 28 de julio de 2022 estableció que, por regla general, deben incluirse aquellos
previstos en el artículo 1.º del Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales se hubieran
efectuado aportes al sistema pensional. Sin embargo, consagró una regla particular
en relación con la prima de riesgo percibida por los servidores del DAS, al disponer
que dicho concepto debe integrar el ingreso base de liquidación a partir de la
entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, en los siguientes porcentajes: el 40 %
desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2007 y el 50 % desde
el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los servidores del DAS a las
entidades receptoras, en virtud del Decreto 4057 de 2011.
49. Esta regla especial encuentra fundamento en la propia Ley 860 de 2003, que
modificó la naturaleza de la prima de riesgo y dispuso su incorporación gradual
como factor salarial y pensional. Por consiguiente, su inclusión no desconoce el
principio de correspondencia entre cotización y prestación ni contradice la sentencia
de unificación de 28 de agosto de 2018. Por el contrario, constituye la aplicación
del precedente específico y posterior establecido para la liquidación de las
pensiones de los antiguos servidores del DAS.
50. En efecto, la apelante parte de una lectura incompleta de las reglas
jurisprudenciales, pues centra su argumentación en que únicamente son
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computables los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, pero omite que la
sentencia de unificación de 28 de julio de 2022 reconoció expresamente la prima
de riesgo como factor adicional susceptible de integrar el ingreso base de
liquidación de los exempleados del DAS, dentro de los períodos y porcentajes allí
determinados.
51. En el expediente se acreditó que el señor Carlos Arturo Sandoval Vega percibió
la prima de riesgo mientras estuvo vinculado al DAS. Por tanto, dicho concepto
debía ser tenido en cuenta para establecer el ingreso base de liquidación, en los
porcentajes y períodos señalados por la Ley 860 de 2003, sin que ello implique
incluir indiscriminadamente todos los factores salariales reclamados en la
demanda. Precisamente, el Tribunal negó los demás emolumentos solicitados y
limitó la reliquidación a la inclusión de la prima de riesgo, al advertir que la
bonificación por servicios prestados ya había sido computada.
52. Así las cosas, el reparo de Colpensiones no está llamado a prosperar, pues la
orden de reliquidación impartida por el a quo se ajusta a las reglas fijadas por la
Sección Segunda en la sentencia de unificación SUJ-028-CE-SE-2022. En
consecuencia, al demandante le asiste el derecho a que su pensión especial de
vejez sea reliquidada con la inclusión de la prima de riesgo, en el 40 % desde el 26
de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2007 y en el 50 % desde el 31
de diciembre de 2007 hasta su incorporación a la Policía Nacional.
53. Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, en
cuanto declaró la nulidad parcial de las Resoluciones SUB 83646 de 30 de mayo
de 2017 y DIR 13480 de 18 de agosto de 2017 y ordenó a Colpensiones incluir la
prima de riesgo en el ingreso base de liquidación de la pensión del señor Carlos
Arturo Sandoval Vega, con el consecuente reconocimiento y pago de las diferencias
pensionales debidamente actualizadas.
3.7. De la condena en costas en segunda instancia.
54. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
55. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
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56. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
57. En consecuencia, al no prosperar los reparos efectuados por el apoderado de
Colpensiones se impone condenar en costas en esta instancia a la demandada -
parte vencida-, por cuanto el recurso de apelación no tiene prosperidad. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal de origen.
58. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 24 de julio de 2025, emitida por el Tribunal
Administrativo del Meta, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a Colpensiones, de
acuerdo con las consideraciones expresadas en este fallo. Para tal efecto, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Meta.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI
del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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