Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-01185-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-01185-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2015-01185-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76-001-23-33-000-2015-01185-01 (0796-2022)
Demandante: Rafael Augusto Cuellar Gómez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP
Tema: Reconocimiento pensión DAS.
Decisión: Confirmar sentencia que negó pretensiones
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 11 de diciembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las súplicas de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1
2.1.1. Pretensiones
2. El señor Rafael Augusto Cuellar Gómez, actuando en nombre propio y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011 2, solicitó declarar la nulidad de la
Resoluciones RDP 00813 de 2 de marzo de 2015 y RDP 20916 de 26 de mayo de
2015, a través de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP le negó el
reconocimiento pensional.
1 Folio 62 y siguientes del expediente.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en
adelante CPACA.
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De mandante : Rafae l August o C uel lar Góme z
3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento
del derecho, solicitó que se ordene a la entidad demandada a reconocer, liquidar y
pagar la pensión de vejez desde el 23 de abril de 2010, con la inclusión de todos
los factores salariales devengados en el último año de servicios, teniendo en cuenta
que desempeñó actividades de alto riesgo durante 24 años 5 meses y 11 días, así
como también que se condene a la demandada al pago de las costas.
2.1.2. Hechos
4. El señor Rafael Augusto Cuellar Gómez prestó el servicio militar obligatorio
desde el 10 de enero de 1984 hasta el 28 de diciembre de 1984, es decir, por un
periodo de 11 meses, 18 días y 52 semanadas.
5. Comenzó a laborar en el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS a
partir del 23 de octubre de 1986 como detective urbano (alumno) y permaneció el
en el servicio activo desempeñando actividades de alto riesgo por 23 años, 5
meses, y 20 días, hasta el 22 de abril de 2010, cuando renunció al cargo de director
seccional del Valle del Cauca, grado 22.
6. Durante el tiempo que laboró al servicio del DAS desempeñó los siguientes
cargos:
Detective urbano (alumno) 4115- 23 de octubre de 1986 29 de junio de 1987
03
Detective urbano 415-04 30 de junio de 1987 25 de septiembre de 1989
Detective urbano grado 5 26 de junio de 1989 14 de marzo de 1994
Detective urbano 2008-06 15 de marzo de 1994 3 de abril de 1994
Detective agente 208- 01 4 de abril de 1994 9 de febrero de 2000
Subdirector seccional 108-21 10 de febrero de 2000 15 de noviembre de 2001
Director seccional 108-22 16 de noviembre de 2001 22 de abril de 2010
7. Indicó que realizó las actividades de alto riesgo descritas en los Decretos 2110
de 1992 y 1932 de 1989 y que en los distintos cargos ejerció funciones de policía
judicial en el área operativa, que son consideradas por la legislación colombiana
como de alto riesgo.
8. Señaló que adquirió el estatus de pensionado el día 24 de octubre de 2006, por
cumplir con los 20 años de servicio desempeñando actividades de alto riesgo y que
estuvo vinculado al sistema de prima media con prestación definida desde el 23 de
octubre de 1986 hasta el 1. ° de febrero de 2001.
9. Manifestó que se trasladó al régimen de ahorro individual (Porvenir) desde el 1.°
de febrero de 2001 hasta el 19 de septiembre de 2012 fecha en la que se trasladó
al régimen de prima media con prestación definida (Colpensiones).
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10. El 2 de octubre de 2014 solicitó a la UGPP el reconocimiento de una pensión
de jubilación por actividades de alto riesgo de conformidad con lo establecido en la
Ley 860 de 2003 y los Decretos 1835 de 1994 y 2646 de 1994.
11. A partir del 1. ° de agosto de 2013, el demandante realizó aportes al Sistema
de prima media con prestación definida, y hasta la fecha de presentación de la
demanda había cotizado 24 semanas como trabajador independiente.
12. A través de Resolución RDP 008313 de 2 de marzo de 2015 la UGPP negó la
pensión de jubilación del demandante y señaló que no tenía el número de semanas
cotizadas para adquirir el derecho. En la Resolución RDP 020916 de 26 de mayo
de 2015 la entidad resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior
decisión, confirmándola en su totalidad, para lo cual indicó que el demandante no
era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 por no pertenecer
al régimen de prima media con prestación definida.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
13. Como normas vulneradas citó los artículos 2. °, 13, 25, 29, 48, 53, y 58 de la
Constitución; las Leyes 4.° de 1966 artículo 4.° ; 33 y 62 de 1985; 48 de 1993; 4.°
de 1992 artículos 1. ° y 2. °; 860 de 2003; los Decretos 1933 de 1989; 2146 y 2147
de 1989; 1835 de 1994; 1932 de 1989 artículos 4.°, 6.° literal b y 23 literal a y c;
2646 de 1994.
14. En el concepto de violación explicó que las resoluciones objeto de censura
desconocen el régimen aplicable al demandante quien es beneficiario del régimen
de transición previsto en la Ley 860 de 2003, pues cumplió con el requisito de haber
cotizado 500 semanas al 26 de diciembre de 2003, fecha en la que entró en vigencia
la ley y por haber ingresado a actividades de alto riesgo al DAS antes del 3 de
agosto de 1994 y en ese sentido, tiene derecho a que su pensión sea reconocida
en las condiciones establecidas Decreto 1835 de 1994.
15. Señaló que el régimen pensional de alto riego se encuentra contenido en los
Decretos 1933 de 1989 y que, ante la ausencia del monto de la pensión de
jubilación en el régimen especial a los empleados del DAS, por remisión expresa
del artículo 1. ° de dicho decreto, se deben aplicar las normas de carácter general,
que en el caso concreto es el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969, de acuerdo con
el cual el monto de la pensión debe ser del 75% del promedio de los salarios y
primas de toda especie percibidas durante el último año de servicios.
16. Finalmente, sostuvo que los factores que debían tenerse en cuenta para liquidar
la pensión son aquellos establecidos en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1994.
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2.2. Contestación de la demanda.
17. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP)3, por intermedio de
apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que
el demandante no cumple con los requisitos establecidos la Ley 100 de 1993 y los
Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989 para acceder a la pensión solicitada.
18. Indicó el artículo 1. ° del Decreto 1047 de 1978, en concordancia con el artículo
10 del Decreto 1933 de 1989, establecen que los empleados que desempeñen más
de 20 años funciones de dactiloscopistas en el DAS en los cargos de detective
agente, profesional o especializado tendrán derecho a gozar del derecho pensional,
sin embargo, en el caso concreto, el demandante no cumplió con el requisito del
tiempo de servicio.
19. Advirtió que el Decreto 1835 de 1994 que regula el régimen de los servidores
que desempeñan actividades de alto riesgo, estableció dos requisitos para ser
beneficiario del régimen de transición: i) tener 35 años o más de edad para el caso
de las mujeres o 40 para los hombres y ii) tener más de 10 años de servicio.
20. Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, mediante Decreto 691 de
1994 se incorporaron al Sistema General de Pensiones todos los servidores
públicos que prestaban sus servicios al Estado, por lo cual la entidad realizó el
estudio del reconocimiento con base en la Ley 100 de 1993.
21. Propuso las excepciones denominadas (i) inexistencia de la obligación y cobro
de lo no debido (ii) ausencia de vicios en los actos administrativos demandados y
(iii) prescripción
2.3. La sentencia apelada.
22. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la sentencia de 11
de diciembre de 20194, estimó que el demandante no tiene derecho al
reconocimiento de su pensión en los términos solicitados y, en consecuencia, negó
las pretensiones de la demanda.
23. Señaló que el demandante no es beneficiario del régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues a la entrada en vigencia
del régimen general de pensiones sólo había cotizado 8.5444 años de los 15 que
exige la norma para mantener el beneficio.
3 Folios 121 siguientes del expediente.
4 Folio 184 y siguientes del expediente.
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24. A pesar de lo anterior, estimó que al señor Cuellar Gómez le era aplicable el
régimen pensional contenido en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, por
encontrarse vinculado al DAS, como detective, desde el 3 de agosto de 1994, fecha
en la que entró a regir el Decreto 1835 de 1994
25. Indicó que la Ley 860 de 2003 prolongó el régimen pensional para los detectives
del DAS, siempre y cuando, además de hallarse vinculados a esta entidad antes
del 3 de agosto de 1994, tuvieran 500 semanas cotizadas al 29 de diciembre de
2003 (fecha en la que entró a regir esta ley), requisitos que fueron cumplidos por el
demandante.
26. A pesar de lo anterior, advirtió que, si bien al 29 de diciembre de 2003 el actor
contaba con más de 500 semanas cotizadas, este desempeñó el cargo de detective
sólo hasta el 9 de febrero de 2000, fecha para la cual acumulaba 752 semanas
cotizadas, es decir 14,043 años, por lo cual no cumplió con el requisito de los 20
años de servicios en ese cargo, establecido en el Decreto 1047 de 1978 en
concordancia con el artículo 10 del Decreto 1933 de 1989.
27. Señaló que, aunque con posterioridad ejerció los cargos de subdirector
seccional 108-21 y director seccional grado 108-22, estos no se encuentran
catalogados como actividad de alto riesgo, y en ese sentido, negó las pretensiones
de la demanda.
2.4. Recurso de apelación5
28. La parte demandante, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia
de primera instancia, al considerar que el señor Rafael Augusto Cuellar Gómez,
tiene derecho a que se reliquide su pensión de conformidad con el régimen especial
del DAS contenido en los Decretos 1933 de 1989, 1835 de 1994, 2646 de 1994 y
la Ley 860 de 2003.
29. Sostuvo que el demandante tiene derecho a que su pensión sea reconocida
bajo el amparo de la Ley 860 de 2003 pues cumple con los requisitos para ello, toda
vez que desempeñó los cargos señalados en el Decreto 2646 de 1994, esto es,
detective, subdirector y director seccional del DAS, y ello no fue debidamente
valorado por el juez de primera instancia, quien no incluyó esos periodos para
determinar el tiempo total de servicios.
30. Por otra parte, sostuvo que el tribunal no tuvo en cuenta el año de cotización
efectuado por el Ministerio de Defensa durante el periodo en el que el demandante
se desempeñó como soldado de la república, a pesar de que la Ley 46 de 1994
dice que esta cotización se aplica a cualquier régimen.
5 Índice 34 de Samai. Expediente 76001233300220150118501
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2.5. Trámite en segunda instancia.
31. A través de auto de 4 de abril de 20226, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante y se ordenó correr traslado al agente del
Ministerio Público para conceptuar en segunda instancia.
32. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes,
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
33. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 7 de la Ley 1437 de 2011.
3.3. Marco de análisis de la segunda instancia
34. Según el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez
de segunda instancia está circunscrita a los argumentos del apelante. Si ambas
partes apelan la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
35. En el asunto objeto de estudio, el demandante es apelante único, por lo que la
competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a los argumentos
esgrimidos en el recurso de apelación.
3.4. Problema Jurídico
36. La Sala de Subsección establecerá la legalidad de los actos demandados, para
lo cual se revisará si el demandante, a la fecha de expedición de estos, cumplía o
no los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión con el régimen
especial del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, por haber
desempeñado actividades de alto riesgo en distintos cargos dentro de esa entidad.
6 Folio 220 del expediente
7 « El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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3.5. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso
3.4.2.1. Régimen especial de pensiones de los servidores del DAS antes de la
entrada en vigor del Sistema General de Seguridad Social8.
37. El Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1989 9 dictó una norma general según
la cual los empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones sociales
señaladas para las entidades públicas del orden nacional en los Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984 y en las demás reglas que los
adicionen o modifiquen10. En el artículo 1011 previó que los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad se regirían por los cánones generales
sobre pensión de jubilación. De otra parte, quienes desarrollaran funciones de
dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o especializado, así
como los detectives en sus diferentes grados y denominaciones, se gobernarían
por lo previsto en el Decreto Ley 1047 de 1978 12.
38. En cuanto a los factores para la liquidación de la pensión y de las cesantías el
mencionado decreto, en el artículo 18 señaló los siguientes: asignación básica
mensual señalada para el respectivo cargo; incrementos por
antigüedad; bonificación por servicios prestados; prima de servicio, subsidio de
alimentación; auxilio de transporte; prima de navidad; gastos de
representación; viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera
del país, cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta
(180) días en el último año de servicio y la prima de vacaciones.
39. A pesar de que esa norma no incluyó la prima de riesgo, la jurisprudencia del
Consejo de Estado admitió su cómputo en la sentencia del 1.° de agosto de 2013 13,
providencia en la cual consideró que debía acogerse el criterio de favorabilidad
8Análisis normativo efectuado por esta Subsección en sentencia del 26 de agosto de 2021 dentro del proceso
radicado 11001-03-25-000-2016-00680-00(2852-16), con ponencia de quien se ocupa de esta providencia.
9 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento Administrativo
de Seguridad».
10 «Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad tendrán derecho
a las prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración pública del orden nacional en los
Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984, artículo 3º y en los que los adicionan,
modifican, reforman o complementan y, además, a las que este decreto establece.»
11 «Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas para los
empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad.
Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de Detective Agente, Profesional o
Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia de jubilación, por el
Decreto-ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de detectives en sus distintos
grados y denominaciones.»
12 «Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior y que
permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad por un término no menor de 18 años
continuos en el desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión de jubilación al
cumplir 50 años de edad, siempre que para esta época fueren funcionarios de ese Departamento.»
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación:
4400123310002008150 01(0070-2011), demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.
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expuesto en la sentencia del 4 de agosto de 2010 14, según el cual es válido tener
en cuenta todas aquellas sumas que el servidor percibe de manera habitual y
periódica como contraprestación del servicio, independientemente de su
denominación. Agregó que una interpretación distinta vulneraría las garantías que
la Constitución Política de 1991 previó como referencia para garantizar el desarrollo
y la efectividad del derecho fundamental al trabajo, entre ellas, la remuneración
mínima, vital y móvil, así como los principios de favorabilidad y primacía de la
realidad sobre las formas. Al respecto, precisó que la prima de riesgo es percibida
en forma permanente y mensual. En consecuencia, hace parte de la
contraprestación directa que recibían los servidores del DAS, por lo que debía ser
parte del ingreso base de cotización y de la liquidación de la pensión.
40. Sobre las denominadas actividades de alto riesgo en el sector público, el
artículo 14015 de la Ley 100 de 1993 facultó al Gobierno Nacional para expedir el
régimen de los servidores públicos que las desarrollen, teniendo en cuenta una
menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos
requisitos, sin desconocer derechos adquiridos. Para el efecto, se definieron las
actividades de alto riesgo como aquellas que cumplen algunos sectores tales como
el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria.
41. En virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1835 del 3 de
agosto de 1994, por medio del cual reglamentó las actividades de alto riesgo de
los servidores públicos, y en cuanto a los cargos señaló lo siguiente:
«1. En el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS: Personal de
detectives en sus distintos grados y denominaciones de especializado,
profesional y agente. (Negrilla fuera del original) (…)».16
42. De lo anterior se puede colegir, que la labor de los detectives del DAS se clasificó
como de alto riesgo, por ello se encuentran bajo un régimen de transición especial 17
para aquellos que, a su entrada en vigencia, esto es, el 4 de agosto de 1994, laboraran
en dicha actividad con el beneficio de acceder a la pensión en las condiciones indicadas
por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir, los Decretos 1047 de 1978 y
1933 de 1989.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23 25 000 2006
07509 01 (0112-09).
15 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-003 de 1996.
16 Artículo 2 del Decreto 1835 de 1994
17 «Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las actividades descritas en
los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia,
no tendrán condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el
tiempo de servicio requerido o el número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para ellos en
las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán por las
disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las
cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»
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43. El Decreto Ley 860 del 26 de diciembre de 200318 se ocupó de regular la materia
pensional para los servidores que desempeñan labores de alto riesgo en el DAS e
incluyó a la prima de riesgo en el ingreso base de cotización. La norma también
estableció un nuevo régimen de transición en el parágrafo 5.° del artículo 2°: «Los
detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1994 que a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley hubieren cotizado 500 semanas les serán reconocida la
pensión de vejez en las mismas condiciones del régimen de transición contenidas en
el Decreto 1835 de 1994».
3.5. Caso concreto
3.5.1. De las pruebas.
44. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Subsección advierte
como relevantes las siguientes pruebas:
• El señor Rafael Augusto Gómez Cuellar nació el 23 de agosto de 1964, por
lo que cumplió 55 años el 23 de agosto de 2019. 19
• Prestó sus servicios al Ejército Nacional y al Departamento Administrativo
de Seguridad DAS, durante los siguientes periodos.20
Ejército Soldado 1.° de enero de 28 de diciembre 11 meses y 26 días
Nacional 1984 de 1984
21
DAS Detective 23 de octubre de 29 de junio de 1987 8 meses y 6 días
alumno 4115-03 1986
DAS Detective 30 de junio de 1987 25 de septiembre 2 años, 2 meses y
Urbano 4115-04 de 1989 24 días
DAS Detective 26 de septiembre 6 de julio de 1993 3 años, 8 meses y 9
agente grado 05 de 1989 días.
DAS Detective 7 de julio de 1993 14 de marzo de 9 meses y 7 días
agente 208-05 1994
DAS Detective 15 de marzo de 3 de abril de 1994 19 días
agente 208-06 1994
DAS Detective 4 de abril de 1994 9 de febrero de 5 años, 10 meses y
agente 208-07 2000 5 días.
Total cargo
detective: 14 años,
3 meses y 6 días
DAS Subdirector 119- 10 de febrero de 9 de mayo de 2000 2 meses y 28 días.
20 2000
DAS Director 10 de mayo de 9 de octubre de 4 meses y 27 días
Seccional 108- 2000 2000
18 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
dictan otras disposiciones.»
19 Copia de la Cédula de Ciudadanía visible a folio 61 del expediente
20 Folio 17 y siguientes del expediente
21 Folio 11 del expediente
9
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De mandante : Rafae l August o C uel lar Góme z
21
DAS Subdirector 10 de octubre de 15 de noviembre de 1 año, 1 mes y 5
seccional 119- 2000 2001 días
20
DAS Director 16 de noviembre de 22 de abril de 2010 8 años, 5 meses y 6
seccional 108- 2001 días
22
Total tiempo de
servicio: 24 años, 5
meses y 12 días.
• De acuerdo con la certificación expedida de 20 de agosto de 2013 por el
coordinador del Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera del
DAS,22 durante el periodo comprendido entre abril de 2009 y abril de 2010,
el señor Rafael Augusto Gómez Cuellar devengó además de la asignación
básica, la prima técnica, la bonificación por servicios prestados, las primas
de servicios, de navidad, de vacaciones y de riesgo.
• A través de Resolución RDP 008313 de 2 de marzo de 2015 la UGPP negó
la pensión de jubilación del señor Cuellar Gómez al considerar que no
cumplió con el requisito de los 20 años de servicios como detective del DAS
exigidos por los Decretos 1047 de 1978,1933 de 1989 y 1835 de 1994. 23
• Mediante Resolución RDP 020916 de 26 de mayo de 201524 la entidad
resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión,
confirmándola en su totalidad, por estimar que el demandante no era
beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 por no
pertenecer al régimen de prima media con prestación definida.
3.5.2. Análisis de la Sala
45. El señor Rafael Augusto Cuellar Gómez en calidad de exfuncionario del extinto
Departamento Administrativo de Seguridad- DAS, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó la nulidad de las Resoluciones
RDP 008313 de 2 de marzo de 2015 y RDP 020916 de 26 de mayo de 2015 en las
que la UGPP negó el reconocimiento y pago de una pensión especial de vejez de
conformidad con el régimen de transición de la Ley 860 de 2003.
46. Señaló que el demandante tiene derecho a que se aplique el régimen de
transición pues cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la anterior
disposición, esto es, i) haber ingresado al DAS antes del 3 de agosto de 1994 y ii)
que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003 (diciembre de 2003)
había cotizado 500 semanas.
22 Folios 52 y 53 del expediente.
23 Folios 1 y siguientes del expediente.
24 Folios 5 y siguientes del expediente.
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47. En el fallo de primera instancia se negaron las pretensiones de la demanda al
estimar que este no era beneficiario del régimen de transición, pues durante su
vinculación al DAS no se desempeñó como detective durante más de 20 años, sino
solo durante 14,043 años. Indicó que, aunque se demostró que también ocupó los
cargos de subdirector y director seccional, dicha normativa es aplicable únicamente
a los empleados que ejercieron funciones de dactiloscopistas en los cargos de
detective agente, profesional o especializado y al personal de detectives en sus
diferentes grados y denominaciones, por lo cual los tiempos de servicio
desempeñados en otros cargos no podían ser computados.
48. La parte demandante apeló dicha decisión y reiteró que tenía derecho a la
reliquidación en los términos solicitados, ya que, además del tiempo en el que
laboró como detective, también se desempeñó como director y subdirector
seccional del DAS, cargos son considerados de alto riesgo según lo dispuesto en
el Decreto 2646 de 1994, y por ello, los periodos laborados en los mismos deben
ser incluidos para contabilizar el tiempo de servicios.
49. Ahora bien, como se indicó en acápites anteriores, la Ley 1933 de 1989
estableció que los empleados del extinto DAS gozan de un régimen prestacional
especial para efectos de la pensión, de acuerdo con el cual estos tendrán derecho
a que la prestación se reconozca según con las normas generales previstas para
los empleados públicos del orden nacional, es decir, se les aplica lo consagrado en
los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.
50. Sin embargo, el personal de detectives en sus distintos grados y los que
cumplan funciones de dactiloscopistas, se encuentran exceptuados de este
régimen, pues dicha disposición señaló que a estos se aplicaría el régimen
pensional previsto en el Decreto 1047 de 1978, de acuerdo con el cual, tienen
derecho a que su pensión de jubilación sea reconocida con 20 años de servicios
continuos o discontinuos, independientemente de la edad, o 18 en la misma
condición de siempre y cuando tuviesen 50 años de edad y para esta época fuera
funcionario del DAS.
51. Posteriormente, mediante Decreto 1835 de 1994, el gobierno reglamentó las
actividades de alto riesgo para los servidores públicos, entre los que se
encontraban los detectives del DAS y estableció para estos, un régimen de
transición aplicable a los detectives vinculados con anterioridad a este decreto. Sin
embargo, dicho régimen fue derogado por el Decreto 2090 de 2003 que dispuso
que quienes a 28 de julio de 2003 (fecha de su entrada en vigencia), hubiesen
efectuado al menos 500 semanas de cotización especiales, tendrían derecho a que
una vez cumplidas 1000 semanas cotizadas, la pensión de jubilación les sea
reconocida en las mismas condiciones establecidas en la norma anterior que regula
las actividades de alto riesgo, esto es, el Decreto 1835 de 1994.
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52. Ahora bien, la pensión de jubilación especial que se reclama es aquella prevista
en el parágrafo 5.° del artículo 2.° de la Ley 860 de 2003 que establece un régimen
de transición que exige estar vinculado antes del 3 de agosto de 1994 y acreditar
500 semanas de cotización antes de la entrada en vigencia de la ley para
beneficiarse de «las mismas condiciones del régimen de transición contenidas en
el Decreto 1835 de 1994». Esta última norma dispuso que los detectives que
estuviesen vinculados al DAS con anterioridad a su entrada en vigencia «no
tendrían condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder
a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de
semanas cotizadas, y el monto de esta pensión, a las existentes para ellos en las
normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993».
53. De allí que quienes tuvieran la expectativa de pensionarse con arreglo al
régimen especial contenido en las anteriores normas, debían acudir a aquellas
establecidas en los artículos 1 o 2 del Decreto 1047 de 1978, por remisión del
artículo 10 del Decreto 1933 de 1989. La norma a la que se alude señala lo
siguiente:
«Artículo 1. Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o
discontinuos las funciones de las dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de
Seguridad, y que hayan aprobado el curso de formación en dactiloscopia impartido por
el instituto correspondiente de dicho Departamento, tendrán derecho a gozar de la
pensión de jubilación cualquiera sea su edad.»
54. Las pruebas allegadas al proceso demuestran que el demandante estuvo
vinculado al DAS desde el 23 de octubre de 1986 hasta el 22 de abril de 2010, y
durante el periodo comprendido entre el 10 de febrero de 2000 y el 22 de abril de
2010 ocupó los cargos de director y subdirector seccional del DAS.
55. De lo anterior se observa que tal como lo señaló el juez de primera instancia, el
demandante no desempeñó funciones de dactiloscopista en los cargos de detective
agente, profesional o especializado por el lapso de 20 años, sino sólo durante 14
años, 3 meses y 6 días, y en ese orden no tendría derecho al reconocimiento de la
pensión especial de vejez bajo el amparo del Decreto 1047 de1978.
56. No obstante, es dable precisar que la Ley 860 del 26 de diciembre de 2003, a
través de la cual se reguló nuevamente la materia pensional para los servidores del
DAS. En síntesis, el artículo 2.° dispuso que el régimen especial de pensiones allí
contenido acoge al personal de la mencionada entidad de que tratan los artículos
1.° y 2.° del Decreto 2646 de 1994, ellos son:
• Quienes desempeñen cargos de detective especializado, detective
profesional, detective agente, criminalístico especializado, criminalístico
profesional, criminalístico técnico y los conductores (art. 1 del Decreto 2646 de
1994).
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• Aquellos que desempeñen cargos del área operativa no contemplados
anteriormente y los directores generales de inteligencia e investigaciones, los
directores de protección y extranjería, el jefe de la oficina de Interpol, los
directores y subdirectores seccionales, así como los jefes de división y unidad
que desempeñen funciones operativas y el delegado ante comité permanente
(art. 2 del Decreto 2646 de 1994).
57. De acuerdo con la anterior disposición, quienes ocuparon los cargos señalados,
tienen derecho a que su pensión se reconozca en las condiciones allí establecidas,
es decir, a la edad de 55 años de edad (que pueden reducirse hasta 50) y 1000
semanas de cotización.
58. La Sala advierte que al entrar en vigencia la Ley 860 de 2003 (26 de diciembre
de 2003) el demandante contaba con más de 946 semanas cotizadas, razón por la
cual entrará a revisar si éste cumple con los requisitos establecidos en el artículo
2.° de la Ley 860 de 2003 para ser beneficiario del régimen de transición para
pensiones de alto riesgo establecido en dicha norma.
59. El parágrafo 2. ° del artículo 2. ° de la Ley 860 de 2003 establece dos requisitos
para acceder a la pensión de alto riesgo del DAS: (i) haber cumplido 55 años de
edad y (ii) haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones al que se refiere el artículo 33
de la Ley 100 de 1993 (1000 semanas).
60. Según dicha disposición, la edad para el reconocimiento de la pensión especial
de vejez se disminuirá un (1) año por cada sesenta (60) semanas de cotización
especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de
Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.
61. Ahora, si bien para la fecha de expedición de los actos administrativos
demandados (26 de mayo de 2015), el señor Cuellar Gómez cumplía con el tiempo
requerido, pues acreditó más de 1000 semanas de cotización (24 años, 5 meses y
12 días), lo cierto es que no satisfizo el requisito de la edad (55 o 51 años de edad25)
pues para ese momento contaba con 50 años, 9 meses de edad.
62. De acuerdo con lo expuesto, no se logró desvirtuar la legalidad de los actos
demandados, que negaron el derecho pensional por no encontrar acreditados los
requisitos legales.
63. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda.
25 Aplicando el beneficio legal que permite disminuir un (1) año por cada sesenta (60) semanas de cotización
especial, teniendo en cuenta que el demandante cotizó 275.74 semanas adicionales en ejercicio de actividades
de alto riesgo.
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3.6. De la condena en costas en segunda instancia.
64. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
65. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
66. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
67. En consecuencia, se impondrán costas al demandante -parte vencida-, por
cuanto el recurso de apelación no tiene prosperidad. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal de origen.
68. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 11 de diciembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones dentro del
proceso promovido por el señor Rafael Augusto Cuellar Gómez en contra de la
UGPP, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante.
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de
la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
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TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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