Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01703-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01703-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-01703-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
29 de mayo de 2025
Radicado:25-000-23-42-000-2016-01703-01
Número interno: 1209-2023
Demandante: Jesús Antonio Cuervo
Moreno
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25-000-23-42-000-2016-01703-01 (1209-2023)
Demandante: Jesús Antonio Cuervo Moreno
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones
Tema: Reliquidación pensión de jubilación régimen de detectives del
DAS.
Decisión: Revocar sentencia que negó pretensiones
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 12 de junio de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que negó las
súplicas de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1
2.1.1. Pretensiones
2. El señor Jesús Antonio Cuervo Moreno por intermedio de apoderado judicial y
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 del 20112, solicitó declarar la nulidad
de la Resolución GNR 1905 de 6 de enero de 2015 por medio de la cual se revocó
la Resolución GNR 121510 de 8 de abril de 2014 y en su lugar se reconoció y
ordenó el pago de la pensión de jubilación, en tanto no incluyó en el ingreso base
de liquidación para el reconocimiento pensional todos los factores devengados por
el trabajador durante el último año de servicios.
1 Folio 1 y siguientes del expediente.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante
CPACA.
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Demandante: Jesús Antonio Cuervo
Moreno
3. Así mismo, pretende la nulidad de la Resolución VPB 986 de 8 de enero de 2016
por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la
Resolución GNR 121510 de 8 de abril de 2014 y se modificó la Resolución GNR
1905 de 6 de enero de 2015, en cuanto a la cuantía inicial de la mesada reconocida.
4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento
del derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada a ajustar la pensión de
jubilación con la inclusión de la totalidad de los factores devengados durante el
último año de servicios, los ajustes a valor de las sumas reconocidas de
conformidad con el IPC establecido por el DANE y el reconocimiento y pago de los
intereses moratorios a los que hubiese lugar.
2.1.2. Hechos
5. El señor Jesús Antonio Cuervo Moreno nació el 8 de marzo de 1967, y prestó
sus servicios en Departamento Administrativo de Seguridad DAS, en el periodo
comprendido entre el 13 de noviembre de 1992 y el 14 de julio de 2014.
6. Durante su vinculación a la entidad, se desempeñó en el cargo de detective en
sus diferentes grados y denominaciones, así:
• Alumno de academia grado 03
• Alumno de Academia grado 326-03
• Detective agente grado 208 – 05
• Detective agente grado 208 – 06
• Detective grado 208 – 07
• Detective Profesional Grado 207-09
7. Durante el último año de servicios devengó los siguientes factores salariales:
asignación básica, auxilio de alimentación, bonificación por servicios prestados, las
primas de navidad, de servicios, de vacaciones, de coordinación, de riesgo, y
factores por vacaciones.
8. Mediante Resolución 12510 de 8 de abril de 2014 Colpensiones negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación al demandante y contra dicha decisión
se interpuso recurso de reposición, que fue resuelto a través de Resolución GNR
1905 de 6 de enero de 2015, por medio del cual se revocó la anterior resolución y
en su lugar, se ordenó el reconocimiento de la prestación.
9. No obstante lo anterior, para establecer el valor de la primera mesada,
Colpensiones solo tuvo en cuenta la asignación básica y la bonificación por
servicios prestados y tomó el promedio salarial de los últimos diez años de servicio.
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10. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación
decidido en Resolución VPB 986 de 8 de enero de 2016, que modificó la Resolución
1905 de 6 de enero de 2015, en dicho acto se elevó en la suma de $3.123 la cuantía
inicial de la pensión reconocida al actor, para lo cual se consideró que le era más
favorable tener en cuenta los últimos 10 años de cotización.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
11.Como normas vulneradas citó los artículos 13, 25, 48, 53, 332, 336 de la
Constitución; los Decretos 3135 de 1968; 1848 de 1969; 1042 y 1045 de 1978; 1933
de 1989; 1835 de 1994; y las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993.
12. En el concepto de violación explicó que las resoluciones objeto de censura
desconocen el régimen aplicable al demandante quien es beneficiario del régimen
especial para los detectives del DAS establecido en los Decretos 691 de 1994, 1835
de 1994, 1158 de 1994 y 01 de 1984 y que, de acuerdo con dichas disposiciones,
su pensión debió ser liquidada con todos los factores devengados durante el último
año de servicios.
2.2. Contestación de la demanda
13. La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones)3,
por intermedio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda,
al considerar que la pensión del demandante fue reconocida conforme a derecho,
pues este era beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993
14.Sostuvo que el IBL de los beneficiarios de dicho régimen sería establecido por
las normas previstas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, que a los
que les faltara menos de diez años para adquirir el estatus pensional, se les
liquidaría con el promedio de lo devengado en el lapso comprendido entre la
entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 y el momento en que se cumplan los
requisitos para la pensión.
15.Propuso las excepciones denominadas (i) cobro de lo no debido; (ii)
prescripción; (iii) buena fe e (iv) inexistencia del derecho reclamado.
2.3. La sentencia apelada.
16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Subsección “B”
a través de la sentencia de 12 de junio de 20204, estimó que el demandante no
tiene derecho a la reliquidación de su pensión en los términos solicitados y, en
3 Folios 153 siguientes del expediente.
4 Folio 186 y siguientes del expediente.
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consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
17. Señaló que el demandante es beneficiario del régimen de transición establecido
en el Decreto 1835 de 1994, por lo que se le aplicará lo dispuesto en la norma
anterior (Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989) en cuanto a edad, tiempo se
servicio y el monto de la pensión, sin embargo, en lo que tiene que ver con las
demás condiciones y requisitos para acceder a la pensión se aplicará lo dispuesto
en la Ley 100 de 1993.
18. Indicó que, de acuerdo con las reglas fijadas por el Consejo de Estado en el
fallo de unificación, los factores que se debían tener en cuenta para reliquidar la
pensión son los establecidos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales se
hubiesen efectuado aportes a pensión, esto último de acuerdo con el acto legislativo
01 de 2005.
19.Sostuvo que en el caso concreto se demostró que se había efectuado aportes
sobre la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, pero no
acreditó sobre los otros factores devengados. En ese sentido, negó las
pretensiones de la demanda.
2.4. Recurso de apelación5
20. La parte demandante, por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, al considerar que el
actor a tiene derecho a que se reliquide su pensión de conformidad con el régimen
especial del DAS contenido en los Decretos 1933 de 1989, 1835 de 1994, lo anterior
teniendo en cuenta que laboró como detective del DAS.
21. Sostuvo que el demandante tenía derecho a que su pensión se reliquidara
teniendo en cuenta los factores enlistados en el Decreto 1933 de 1989, así como a
la inclusión de la prima de riesgo, de conformidad con lo indicado en la Sentencia
de Unificación de 8 de abril de 2010 proferida por el Consejo de Estado.
22. En ese orden, reiteró que tiene derecho a que su pensión sea reliquidada con
base en todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
2.5. Trámite en segunda instancia.
23. A través de auto de 23 de octubre 20236, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante y se ordenó correr traslado al agente del
Ministerio Público para conceptuar en segunda instancia.
5 Folio 224 y siguientes del expediente.
6 Folio 219 del expediente
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24. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes,
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
25.Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1507 de la Ley 1437 de 2011.
3.3. Marco de análisis de la segunda instancia
26. Según el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez
de segunda instancia está circunscrita a los argumentos del apelante. Si ambas
partes apelan la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
27. En el asunto objeto de estudio, la demandante es apelante único, por lo que la
competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a los argumentos
esgrimidos en el recurso de apelación.
3.4. Problema Jurídico
28. La Sala de Subsección establecerá si el demandante tiene derecho a la
reliquidación de la pensión con el régimen especial de pensiones del Departamento
Administrativo de Seguridad DAS por haberse desempeñado como detective en
dicha entidad.
3.5. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso
3.4.2.1. Régimen especial de pensiones de los servidores del DAS antes de la
entrada en vigor del Sistema General de Seguridad Social8.
29. El Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 19899 dictó una norma general según
la cual los empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones sociales
señaladas para las entidades públicas del orden nacional en los Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984 y en las demás reglas que los
7 « El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles
de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los
tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia. […]».
8Análisis normativo efectuado por esta Subsección en sentencia del 26 de agosto de 2021 dentro del proceso radicado
11001-03-25-000-2016-00680-00(2852-16), C.P. Gabriel Valbuena.
9 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento Administrativo de
Seguridad».
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adicionen o modifiquen10. En el artículo 1011 previó que los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad se regirían por los cánones generales
sobre pensión de jubilación. De otra parte, quienes desarrollaran funciones de
dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o especializado, así
como los detectives en sus diferentes grados y denominaciones, se gobernarían
por lo previsto en el Decreto Ley 1047 de 197812.
30. En cuanto a los factores para la liquidación de la pensión y de las cesantías el
mencionado decreto previó:
«ARTÍCULO 18. Factores para la liquidación de cesantía y pensiones. Para efectos
del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren
derecho los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad se tendrán en
cuenta para su liquidación, los siguientes factores:
a) La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo;
b) Los incrementos por antigüedad;
c) La bonificación por servicios prestados;
d) La prima de servicio;
e) El subsidio de alimentación;
f) El auxilio de transporte;
g) La prima de navidad;
h) Los gastos de representación;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera del país, cuando
se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180) días en el último
año de servicio;
j) La prima de vacaciones.»
31. Es conveniente señalar que a pesar de que la norma transcrita no incluyó la
prima de riesgo, la jurisprudencia del Consejo de Estado admitió su cómputo en la
sentencia del 1.° de agosto de 201313, providencia en la cual consideró que debía
acogerse el criterio de favorabilidad expuesto en la sentencia del 4 de agosto de
10 «Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad tendrán derecho a las
prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración pública del orden nacional en los Decretos 3135
de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984, artículo 3º y en los que los adicionan, modifican, reforman o
complementan y, además, a las que este decreto establece.»
11 «Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas para los empleados de
la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad.
Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de Detective Agente, Profesional o Especializado,
se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia de jubilación, por el Decreto-ley 1047 de 1978,
cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de detectives en sus distintos grados y denominaciones.»
12 «Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior y que permanezcan al servicio
del Departamento Administrativo de Seguridad por un término no menor de 18 años continuos en el desempeño de
funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que para
esta época fueren funcionarios de ese Departamento.»
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación: 4400123310002008150 01(0070-
2011), demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.
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201014, según el cual es válido tener en cuenta todas aquellas sumas que el
servidor percibe de manera habitual y periódica como contraprestación del servicio,
independientemente de su denominación. Agregó que una interpretación distinta
vulneraría las garantías que la Constitución Política de 1991 previó como referencia
para garantizar el desarrollo y la efectividad del derecho fundamental al trabajo,
entre ellas, la remuneración mínima, vital y móvil, así como los principios de
favorabilidad y primacía de la realidad sobre las formas. Al respecto, precisó que la
prima de riesgo es percibida en forma permanente y mensual. En consecuencia,
hace parte de la contraprestación directa que recibían los servidores del DAS, por
lo que debía ser parte del ingreso base de cotización y de la liquidación de la
pensión.
32. Las denominadas actividades de alto riesgo en el sector público, para las
cuales el artículo 14015 de la Ley 100 de 1993 previó, lo siguiente:
«ARTÍCULO 140. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. De conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el
régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo
en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización,
o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo
para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a
cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad».
33. Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1835 del 3 de agosto
de 1994, por medio del cual reglamentó las actividades de alto riesgo de los
servidores públicos, que estableció lo siguiente:
«1. En el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS: Personal de
detectives en sus distintos grados y denominaciones de especializado,
profesional y agente. (Negrilla fuera del original)
2. En la Rama Judicial.
Funcionarios de la jurisdicción penal:
Magistrados, Jueces Regionales, Jueces Penales del Circuito, Fiscales y
empleados de los Cuerpos de Seguridad de la fiscalía general de la Nación y los
siguientes funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía:
Profesionales judiciales especiales, profesionales universitarios judiciales I y II, jefes
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23 25 000 2006 07509 01
(0112-09).
15 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-003 de 1996.
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de sección de criminalística, investigadores judiciales I y II, técnicos judiciales I y II
y escoltas I y II. (…) ».16
34. De lo anterior se puede colegir, que la labor de los detectives del DAS se clasificó
como de alto riesgo, por ello se encuentran bajo un régimen de transición especial17
para aquellos que, a su entrada en vigencia, esto es, el 4 de agosto de 1994, laboraran
en dicha actividad con el beneficio de acceder a la pensión en las condiciones indicadas
por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir, los Decretos 1047 de 1978 y
1933 de 1989.
35. Ahora bien, el Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 200318 derogó el Decreto 1835
de 1994 y precisó cuáles actividades son consideradas de alto riesgo, sin incluir al
DAS. No obstante, en su artículo 6. ° introdujo un régimen de transición para las
personas que para esa época tuvieran al menos 500 semanas de cotización especial19.
36. Posteriormente la Ley 860 del 26 de diciembre de 2003 20 se ocupó de regular la
materia pensional para los servidores que desempeñan labores de alto riesgo en el
DAS e incluyó a la prima de riesgo en el ingreso base de cotización. La norma también
estableció un nuevo régimen de transición en el parágrafo 5.° del artículo 2°: «Los
detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1994 que a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley hubieren cotizado 500 semanas les serán reconocida la
pensión de vejez en las mismas condiciones del régimen de transición contenidas en
el Decreto 1835 de 1994».
De la aplicación de la sentencia de unificación SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de
julio de 2022 al caso bajo estudio
37.La Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el
28 de julio de 20228, en la que fijó las reglas interpretativas para resolver casos
sobre el IBL de los exservidores del DAS que hubiesen desempeñado actividades
16 Artículo 2 del Decreto 1835 de 1994
17 «Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las actividades descritas en los numerales
1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones
menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el
número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley
100 de 1993.
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones
contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del
respectivo empleador.»
18 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos
y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades.»
19 Sobre la interpretación del régimen de transición previsto en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 se pueden consultar: Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 12 de junio de 2014, radicación: 3287-2013, y de la Subsección A, sentencia
de 22 de abril de 2015, radicación: 2555-13.
20 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras
disposiciones.»
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de alto riesgo y que se encuentren cobijados por los beneficios del régimen de
transición de los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003.
38. En efecto, la Sección Segunda, en sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 de 28 de
julio de 2022, en el proceso radicado 25000-23-42-000 2013-02380-01(2656-2014)
ajustó su posición a la pauta jurisprudencial unificada del 28 de agosto de 2018.
Para ello, determina que a los citados servidores les asistía el derecho a conservar
el régimen anterior pero únicamente en cuanto a los requisitos de edad, tiempo y
monto, sin embargo, respecto al IBL este corresponderá al señalado en la Ley 100
de 1993 y los factores sobre los que cotizó indicados en el Decreto 1158 de 1994,
salvo en lo relacionado con la cotización de prima de alto riesgo.
39. Lo anterior en los siguientes términos:
«[…] 86. Por esa razón, en esta oportunidad la Sección Segunda ajusta su
posición a la adoptada por la Sala Plena para señalar que, los servidores
que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS, cobijados por los
regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de
2003 y la Ley 860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las condiciones
de edad, tiempo de servicios y monto, entendido como el porcentaje o tasa
de retorno, señalados por las normas anteriores, sin embargo, el período
para calcular el ingreso base de liquidación es el previsto por la Ley 100 de
1993.
87. En esas condiciones, el período para liquidar la pensión de los
beneficiarios del régimen de transición es el indicado por los artículos 21 y
36 de la Ley 100 de 1993, es decir: - Si faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii)
el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE. - Si faltare más de diez (10) años,
el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre
los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida
el DANE.
88. Ahora, en lo atinente a los factores que deben incluirse, es imperativo
remitirse a lo regulado por la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios,
para tener en cuenta aquellos previstos en el Decreto 1158 de 1994 y en las
demás normas que señalen que deben ser base de cotización a pensión. En
efecto, el artículo 12 del Decreto 1835 de 1994 ordenó que los afiliados
destinatarios de los regímenes de transición especiales, entre ellos, los del
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DAS, se sujetan en esta materia al régimen ordinario, salvo en lo relacionado
con la cotización especial de alto riesgo, que se abordará más adelante.
89. En el mismo sentido, el Acto Legislativo 1 de 2005 impuso una limitación
directamente constitucional a la liquidación de las pensiones cuando indicó
que solamente se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada
persona haya efectuado cotizaciones. Esta medida se consideró necesaria
para permitir la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
90. En esas condiciones, inicialmente los factores sobre los cuales se deben
efectuar aportes son los señalados por el Decreto 1158 de 1994, estos son:
asignación básica mensual, gastos de representación, prima técnica (cuando
sea factor de salario), primas de antigüedad, ascensional de capacitación
(cuando sean factor de salario), remuneración por trabajo dominical o festivo,
remuneración por trabajo suplementario o de horas extras o realizado en
jornada nocturna y la bonificación por servicios prestados. Igualmente, se
deben tener en consideración aquellos que se ordenen incluir por normas
especiales como la prima de riesgo de que trata el Decreto 2646 de 1994, a
la que también se hará alusión».
40. Específicamente frente a los factores a tener en cuenta para liquidar la pensión,
la Corporación estableció:
«ii) Los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las
pensiones aquí referidas son los devengados por el servidor que, de acuerdo
con el Decreto 1158 de 1994 y demás normas aplicables, constituyen la base
de cotización para pensión. En el caso del personal del DAS de que tratan
los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en
este decreto debe incluirse para liquidar la pensión a partir de la entrada en
vigor de la Ley 860 de 2003, en los porcentajes señalados por el artículo 2
de la misma ley, es decir: - En el 40%, desde el 26 de diciembre de 2003
hasta el 30 de diciembre de 2007. - En el 50%, desde el 31 de diciembre de
2007 hasta la incorporación de los servidores del DAS a otras entidades, por
disposición del Decreto 4057 de 2011.»
41. Finalmente se precisó en la decisión de unificación que si el empleador no
cumplió la obligación de realizar los descuentos en el porcentaje a su cargo y en el
del empleado destinados a las cotizaciones para el sistema de pensión sobre los
factores devengados que, de conformidad con el Decreto 1158 de 1994 y la Ley
860 de 2003, debían ser base de cotización o si omitió el traslado de la cotización
especial por alto riesgo, sin que la entidad de previsión social hubiera adelantado
las gestiones pertinentes para su cobro, ello no es oponible al interesado para que
la pensión especial se reconozca y liquide de acuerdo con los parámetros
indicados.
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3.5. Caso concreto
3.5.1. De las pruebas.
42. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Subsección advierte
como relevantes las siguientes pruebas:
• El señor Jesús Antonio Cuervo Moreno nació el 8 de marzo de 1967.21
• Prestó sus servicios en Departamento Administrativo de Seguridad DAS,
en el periodo comprendido entre el 13 de noviembre de 1992 y el 11 de
julio de 2014.22
• Durante su vinculación a la entidad, se desempeñó en el cargo de
detective en sus diferentes grados y denominaciones, así:23
• Alumno de academia grado 03
• Alumno de Academia grado 326-03
• Detective agente grado 208 – 05
• Detective agente grado 208 – 06
• Detective grado 208 – 07
• Detective Profesional Grado 207-09 }
• Durante los últimos 10 años servicios devengó los siguientes factores
salariales:
-Asignación básica.
-Auxilio de alimentación
-Bonificación por servicios prestados
-Prima de navidad
-Prima de servicios
-Prima de vacaciones
-Prima de coordinación
-Prima Técnica
-Prima de riesgo
-Factores por vacaciones.
• Mediante Resolución 12510 de 8 de abril de 2014 Colpensiones negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación al demandante y a través de
Resolución GNR 1905 de 6 de enero de 2015 se resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra la anterior decisión y se ordenó su revocatoria,
21 Folio 30 del expediente
22
Folio 30 del expediente
23
Folio 30 del expediente
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así como el reconocimiento de la prestación teniendo en cuenta para la
liquidación los factores devengados durante los últimos 10 años de servicio y
señalados en el Decreto 1158 de 1994.
• El demandante interpuso recurso de apelación que fue decidido en Resolución
VPB 986 de 8 de enero de 2016, que modificó la Resolución 1905 de 6 de
enero de 2015 en cuanto a la cuantía inicial de la pensión reconocida
3.5.2. Análisis de la Sala
43. El señor Jesús Antonio Cuervo Moreno en calidad de exfuncionario del extinto
Departamento Administrativo de Seguridad- DAS, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó la nulidad de las Resoluciones
GNR 1905 de 6 de enero de 2015 y VPB 986 de 8 de enero de 2016 en las que se
negó la reliquidación de la pensión del demandante con la inclusión de todos los
factores devengados durante el último año de servicio.
44. Revisado el expediente, se advierte que el demandante estuvo vinculado al
DAS como detective, razón por la cual era beneficiario del régimen especial de
pensiones establecidos para los servidores del DAS, asunto que no es objeto de
discusión dentro del proceso.
45. Como se indicó en acápites anteriores, la Ley 1933 de 1989 estableció que los
empleados del extinto DAS gozan de un régimen prestacional especial para efectos
de la pensión de jubilación, de acuerdo con el cual estos tendrán derecho a que la
prestación se reconozca según las normas generales previstas para los empleados
públicos del orden nacional, es decir, se les aplica lo consagrado en los Decretos
3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.
46. Sin embargo, el personal de detectives en sus distintos grados y los que
cumplan funciones de dactiloscopistas, se encuentran exceptuados de este
régimen, pues dicha disposición señaló que a estos se aplicaría el régimen
pensional previsto en el Decreto 1047 de 1978 , de acuerdo con el cual, tienen
derecho a que su pensión de jubilación sea reconocida con 20 años de servicios
continuos o discontinuos, independientemente de la edad, o 18 en la misma
condición de siempre y cuando tuviesen 50 años y para esta época fuera
funcionario del DAS.
47. Posteriormente, mediante Decreto 1835 de 1994, el gobierno reglamentó las
actividades de alto riesgo para los servidores públicos, entre los que se
encontraban los detectives del DAS y estableció para estos, un régimen de
transición aplicable a los detectives vinculados con anterioridad a este decreto. Sin
embargo, dicho régimen fue derogado por el Decreto 2090 de 2003 que dispuso
que quienes a 28 de julio de 2003 (fecha de su entrada en vigencia), hubiesen
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efectuado al menos 500 semanas de cotización especiales, tendrían derecho a que
una vez cumplidas 1000 semanas cotizadas, la pensión de jubilación les sea
reconocida en las mismas condiciones establecidas en la norma anterior que regula
las actividades de alto riesgo, esto es, el Decreto 1835 de 1994.
48. Ahora bien, parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003 que establece un
régimen de transición que exige estar vinculado antes del 3 de agosto de 1994 y
acreditar 500 semanas de cotización antes de la entrada en vigencia de la ley para
beneficiarse de «las mismas condiciones del régimen de transición contenidas en
el Decreto 1835 de 1994». Esta última norma dispuso que los detectives que
estuviesen vinculados al DAS con anterioridad a su entrada en vigencia «no
tendrían condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder
a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de
semanas cotizadas, y el monto de esta pensión, a las existentes para ellos en las
normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993».
49. De allí que quienes tuvieran la expectativa de pensionarse con arreglo al
régimen especial contenido en las anteriores normas, debían acudir a aquellas
establecidas en los artículos 1 o 2 del Decreto 1047 de 1978, por remisión del
artículo 10 del Decreto 1933 de 1989. La norma a la que se alude señala lo
siguiente:
“Artículo 1. Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o
discontinuos las funciones de las dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de
Seguridad, y que hayan aprobado el curso de formación en dactiloscopia impartido por
el instituto correspondiente de dicho Departamento, tendrán derecho a gozar de la
pensión de jubilación cualquiera sea su edad.”
50. Las pruebas allegadas al proceso demuestran que (i) el demandante se vinculó
como detective al DAS antes de la entrada en vigencia del Decreto 1835 de 199424,
pues ingresó como detective el 13 de noviembre de 1992 y (ii) a la entrada en vigor
de la Ley 860 de 2003 (23 de diciembre de 2003) había cotizado más de 500
semanas ( 579,571 semanas)
51. De lo anterior se observa que el demandante desempeñó los cargos de
detective por el lapso de 20 años como lo exige la norma y, por lo tanto, es
beneficiario del régimen de transición a que alude la Ley 860 de 2003, que remite
al Decreto 1835 de 1994, por lo que éste solo tiene derecho a que se respeten las
condiciones de edad, tiempo de servicios y monto previstos en las normas
anteriores a la Ley 100 de 1993, pero el IBL como los factores a reconocer se
regulan por esta última, por lo que los factores a tener en cuenta para efectos de
liquidar la pensión son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 y a la prima de
riesgo en los porcentajes señalados por el artículo 2 de la Ley 860 de 2003.
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4 de agosto de 1994
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52.Como se expuso en el marco normativo y jurisprudencial, según las reglas de
interpretación fijadas por esta Corporación en sentencia del 28 de julio de 2022 de
la Sección Segunda el ingreso base de liquidación que se debe tener en cuenta
para el reconocimiento de la pensión de vejez de los beneficiarios del régimen de
transición de los servidores que desarrollaron actividades de alto riego es el
establecido en la Ley 100 de 1993.
53.Dicho en otras palabras, si le faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el
tiempo, el que fuere superior; o si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de
liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión.
54.En este orden de ideas, la pretensión del demandante de que se le reliquide la
pensión de vejez teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en
el último año de servicios no se ajusta a la posición jurisprudencial vigente.
55.Es pertinente señalar que el pronunciamiento de unificación de esta Corporación
citado fue proferido con posterioridad a la expedición del acto acusado, el Consejo
de Estado aclaró que “por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma
retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las
reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos
los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a
través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”
56. Ahora bien, de acuerdo con lo expuesto, el actor tenía derecho a que el IBL de
su pensión fuese reconocido teniendo en cuenta los factores devengados durante
los últimos 10 años de servicio, con la inclusión de los factores establecidos en el
Decreto 1158 de 1994, esto es, además de la asignación básica, la bonificación por
servicios prestados, y la prima de riesgo en los porcentajes señalados por el artículo
2 de la Ley 860 de 2003.
57. Aunque el actor devengó además la prima técnica, que es un factor enlistado
en el Decreto 1158 de 1994, el mismo señala que dicha prima solo será incluida
para liquidar la pensión cuando sea considerada factor salarial.
58. Revisadas las normas que regulan el régimen salarial y prestacional del DAS,
esto es el Decreto 1933 de 1989 se advierte que, para los funcionarios de esta
entidad dicha prima no se encontraba establecida como factor salarial para efecto
de liquidar la pensión, razón por la cual no será incluida para determinar el IBL
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59. La Sala advierte que en los actos de reconocimiento y de reliquidación de la
pensión que son objeto de la presente demanda, Colpensiones manifestó que para
liquidar el IBL tuvo en cuenta los factores salariales descritos en el Decreto 1158
de 1994, que fueron devengados durante los últimos 10 años de servicios, sin
embargo, no mencionó cuales fueron dichos factores.
60.Tal situación merece reproche, comoquiera que afecta el derecho al debido
proceso de los pensionados, quienes deben conocer con exactitud cómo fueron
liquidadas sus pensiones, con total precisión del periodo base de liquidación, de los
factores salariales incluidos, los valores que fueron tomados para la liquidación, la
fórmula de actualización de los valores, las operaciones matemáticas que fueron
efectuadas y que arrojaron el valor de la mesada pensional.
61.En ese sentido, al considerar que la demandada solo tuvo en cuenta la
asignación básica y la bonificación por servicios, es procedente ordenar la nulidad
parcial de los actos demandados y con ello la reliquidación pensional a favor del
demandante disponiendo la inclusión de la prima de riesgo, factor respecto del cual
insiste de forma particular el apelante.
62. Por otro lado, si bien en el presente asunto a partir del material probatorio no es
dable constatar si al demandante solo le hicieron descuentos para pensión por los
conceptos de asignación básica y bonificación por servicios prestados, sin realizar
tales deducciones sobre la prima de riesgo que efectivamente era una partida
computable en el IBL, lo cierto es que como se expuso en la tercera regla de
interpretación de la sentencia de unificación del 28 de julio de 2.022, las
cotizaciones frente a este último emolumento eran una obligación del entonces DAS
con el fin de que la prerrogativa del libelista se reconociera en los términos previstos
por la ley.
63. En tal sentido, su posible omisión no sería oponible ni de verificación
indispensable en esta causa judicial para determinar la situación jurídica del señor
Jesús Antonio Cuervo Moreno pues dicha conducta del empleador no permite
excluir de la liquidación prestacional un emolumento al que el primero tenía
derecho.
64.Aun así, en el presente caso no se impartirá orden de descuentos por concepto
de aportes a cargo del pensionado. Lo anterior con sustento en lo siguiente: i) ha
quedado definido que los factores que se deben incluir en el IBL son aquellos que
efectivamente deben integrar el ingreso base de cotización; ii) el artículo 22 de la
Ley 100 de 1993 prevé que el «empleador responderá por la totalidad del aporte
aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador»; iii) la Ley
100 de 1.993 le asignó a las administradoras de pensiones amplias potestades para
lograr el debido cumplimiento del traslado de los aportes «en procura de la
sostenibilidad financiera del sistema pensional y en garantía del pago efectivo de
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los derechos amparados por el sistema de seguridad social en pensiones»; y iv) las
consecuencias del incumplimiento de las obligaciones descritas no pueden ser
imputadas al servidor ni pueden generarle efectos adversos frente a la garantía
efectiva del derecho pensional.
65. Se debe aclarar que es la Colpensiones a quien le corresponde iniciar los
mecanismos o acciones pertinentes para lograr el efectivo traslado de los aportes
que eventualmente no se hubiesen realizado por concepto de la prima de riesgo y
que estuviesen a cargo del empleador o de la entidad que haya asumido tales
obligaciones luego de la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad,
esto sin que sea una carga atribuible al pensionado por tratarse de una omisión de
la autoridad a la que se encontraba vinculado en su momento.
66. Finalmente advierte la Sala que en el presente asunto no operó el fenómeno de
la prescripción, pues el demandante se retiró del servicio el 14 de julio de 2014, la
pensión fue reconocida mediante Resolución de 6 de enero de 2015 y la demanda
se presentó el de abril de 2016,25 es decir, sin que transcurrieran más de 3 años.
3.6. Decisión de segunda instancia
67. La Sala revocará confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, toda vez que estima que el demandante tiene derecho
a que su pensión sea reliquidada en los términos señalados por el parágrafo 4 el
artículo 2 de la Ley 860 de 2003, esto es, con la inclusión de la asignación básica,
la bonificación por servicios y la prima de riesgo como factores salariales para
efectos de liquidar el IBL.
3.7. De la condena en costas en segunda instancia.
68. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la carencia de
fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer extensiva esa
interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los argumentos presentados
por las partes, no puede observarse dicha situación, contrario a ello, se observa
que se sustentaron las razones en defensa jurídica de los intereses y, por ende, no
se condenará en costas.
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Folio 92 del expediente.
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Demandante: Jesús Antonio Cuervo
Moreno
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: Revocar la sentencia del 12 de junio de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Subsección “B” que negó las
pretensiones dentro del proceso promovido por el señor Jesús Antonio Cuervo
Moreno en contra de Colpensiones, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones GNR 1905 de 6 de
enero de 2015 y la Resolución VPB 986 de 8 de enero de 2016 que negaron la
reliquidación de la pensión del actor con la inclusión de todos los factores
devengados durante el último año de servicios.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a Colpensiones a
reliquidar la pensión de jubilación reconocida a favor del señor Jesús Antonio
Cuervo Moreno ello con base en los factores devengados por éste durante los
últimos 10 años de servicio y que se encuentren señalados en el Decreto 1158 de
1994, esto es, la asignación básica y la bonificación por servicios y además, con
inclusión de la prima de riesgo en los porcentajes señalados por el parágrafo 4 del
artículo 2 de la Ley 860 de 2003 conforme se haya devengado por el libelista.
Las sumas que resulten a favor del actor serán ajustadas en los términos de ley,
teniendo en cuenta la siguiente fórmula:
R = RH x índice final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH)
que es lo dejado de percibir por el demandante de la correcta liquidación de su
pensión de vejez, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta
providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas
adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados
durante dicho período. Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo la
fórmula se aplicará separadamente mes por mes, para cada mesada pensional,
teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación
de cada uno de ellos.
CUARTO: Sin condena en costas de segunda instancia, de acuerdo con las
consideraciones expresadas en este fallo.
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QUINTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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