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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00966-00

Fecha
27 de abril de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00966-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Dositeo Zamora Sanabria, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00966-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

27 de abril de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2023 00966 00
Accionante: Dositeo Zamora Sanabria

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00966-00
Accionante: DOSITEO ZAMORA SANABRIA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y CONSEJO
DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando se dirige
contra una providencia judicial que ya hizo tránsito a cosa
juzgada y se sustenta la vulneración de los derechos
fundamentales en que, con posterioridad a la sentencia
cuestionada, fue modificada la jurisprudencia.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Dositeo Zamora
Sanabria, por conducto de apoderado, contra las sentencias proferidas el
15 de octubre de 2015 y el 21 de octubre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Casanare y la Subsección B, Sección Segunda, del
Consejo de Estado, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con el radicado nro. 85001 2333 000 2015
00020 01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora promovió acción de tutela en contra de las precitadas
sentencias con el fin que se amparen sus derechos fundamentales al

1

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Radicación: 11001 03 15 000 2023 00966 00
Accionante: Dositeo Zamora Sanabria

debido proceso, la seguridad social en conexidad con el mínimo vital, vida
digna, igualdad y salud, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] Primero. Se conceda la acción constitucional de amparo
deprecada, y por ende acceda a tutelar los derechos fundamentales
de mi poderdante relativos al DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD
SOCIAL EN CONEXIDAD CON EL MINIMO VITAL, LA VIDA
DIGNA, IGUALDAD, SALUD, IGUALDAD (sic), aplicando por vía
de excepción de inconstitucionalidad la expresión «siempre que
para esta época fueren funcionarios de ese Departamento»,
contenido en el artículo 2 del Decreto 1047 de 1978.

Segundo. Declarar la nulidad de las resoluciones No. RDP 016751
del 28 de mayo de 2014, No.RDP 018714 del 13 de junio de 2014,
No. RDP 018826 del 17 de junio de 2014, a través de las cuales la
UGPP negó la solicitud de reconocimiento de la pensión especial
vitalicia de jubilación a mi poderdante.

Tercero. Solicito se deje sin efecto la decisión proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare de fecha 15 de octubre de
2015, radicado N° 85001-2333-000-2015-00020-00 así como el
fallo emitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B de fecha 21 de
octubre de 2019, radicado No. 85001-23-33-000-2015-00020-0 1
(4951-2015), en aras de garantizar el debido proceso y como
consecuencia se declare la nulidad de las resoluciones antes
mencionadas y en su lugar se reconozca la pensión especial vitalicia
de jubilación […]”. [Negrillas y mayúsculas en el escrito de tutela]

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que laboró en el extinto Departamento
Administrativo de Seguridad - DAS desde el 1 de agosto de 1977 hasta el
17 de agosto de 1995, y el último cargo desempeñado fue detective
profesional 207-09.

Indicó que, a partir del 4 de julio de 2004, cumplió con los requisitos para
el reconocimiento y pago de la pensión especial de jubilación establecidos
en el artículo 2 del Decreto 1047 de 1978, el Decreto 1933 de 1989 y el
Decreto 1835 de 1994, “(…) por haber laborado más de 18 años como
detective al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad DAS,

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00966 00.
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cumplido 50 años de edad y haber ingresado al DAS, antes del 3 de agosto
de 1994 (…)”; y que presentó reclamación administrativa ante la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales – UGPP, solicitando el reconocimiento de la pensión especial
vitalicia de jubilación por actividades de alto riesgo.

Manifestó que la UGPP negó su solicitud mediante la Resolución RDP
016751 del 28 de mayo de 2014 y sus confirmatorias RDP 018714 y
018826 del 13 y 17 de junio de 2014, respectivamente. Por esa razón,
promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin
que se declarara la nulidad de dichos actos y, en consecuencia, se
reconociera la pensión de jubilación en un monto equivalente al 75% del
salario promedio devengado.

Señaló que la demanda correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Casanare que, en sentencia del 15 de octubre de 2015,
negó las pretensiones.

Sostuvo que, inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación y
la Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, en providencia
del 21 de octubre de 2019, confirmó lo resuelto en primera instancia.

La parte actora precisó que interpuso acción de tutela contra el
mencionado fallo de segunda instancia, la cual fue negada.

Anotó que, si bien la primera tutela presentada fue negada, se debe tener
en cuenta “(…) la aparición de una nueva tesis por la ocurrencia de un
cambio jurisprudencial, que se aparta de las decisiones anteriores del
Tribunal Administrativo, así como del Consejo de Estado aplicando la vía
de la figura de excepción de inconstitucionalidad, hallando la razón en
demandas que se relacionan con el tema del reconocimiento de la pensión
especial de jubilación de los detectives del DAS (…)”2. Por esa razón,
argumentó que no existe temeridad al interponer una segunda tutela.

2
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00966 00.
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Accionante: Dositeo Zamora Sanabria

El actor alegó que con esta segunda tutela pretende el amparo de sus
derechos fundamentales con base en las sentencias de la Sección
Segunda del Consejo de Estado proferidas el 27 de octubre de 2022 3 y
el 3 de noviembre de 20224, a través de las cuales se resolvieron casos
similares a los suyos relacionados con el reconocimiento de pensión de
jubilación y régimen especial de los servidores del DAS.

Consideró que en dichas providencias se aclararon los parámetros
impuestos para conceder la pensión especial de vejez a quienes se
desempeñaron como detectives del DAS, porque en ellas se determinó
“(…) inaplicar por vía de excepción de inconstitucionalidad la expresión
“siempre que para esta época fueren funcionarios de ese Departamento”
contenida en el artículo 2 del Decreto 1047 de 1978 (…)”5.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes, fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada en esta Corporación el 22 de febrero de 2023
y correspondió por reparto a la Sección Primera que, mediante auto del
24 de febrero de 20236, la admitió y dispuso notificar al Tribunal
Administrativo de Casanare y a la Subsección B, Sección Segunda, del
Consejo de Estado, y vincular a la UGPP7.

De igual forma, solicitó a la Subsección B, Sección Segunda, del Consejo
de Estado y al Tribunal Administrativo de Casanare que allegaran copia

3
Proceso con radicación nro. 66001 23 33 000 2016 00142.
4
Proceso con radicación nro. 33 000 2015 00022 01.
5
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00966 00.
6
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00966 00.
7
Esta orden se cumplió el 28 de febrero de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
00966 00.
4

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Accionante: Dositeo Zamora Sanabria

digital del proceso con radicado número 85001 2333 000 2015 00020 01,
el cual fue remitido8.

3.2. El Consejero de Estado Carmelo Perdomo Cuéter, ponente del fallo
de segunda instancia proferido el 21 de octubre de 2019, presentó en
tiempo informe9 en el que señaló que las razones que sirvieron de
fundamento para dicha providencia se encuentran consignadas “en sus
motivaciones”; y sobre los hechos de la tutela indicó que se atiene a lo
que resulte demostrado en el proceso.

3.3. El apoderado de la UGPP presentó en tiempo, vía mensaje de datos,
informe10, en el que indicó que, dentro del expediente pensional del hoy
accionante, obra una acción de tutela presentada en el año 2020, la cual
fue negada y no fue seleccionada por la Corte Constitucional para
revisión; por lo tanto, alegó que se configura la cosa juzgada
constitucional, comoquiera que hay identidad de partes, identidad de
hechos e identidad de pretensiones.

Manifestó que, al estar demostrada la cosa juzgada constitucional, el
accionante incurre en una actuación temeraria al presentar una segunda
tutela por los mismos hechos.

Arguyó que las decisiones tomadas por las accionadas se ajustan al
ordenamiento legal que regula el tema del reconocimiento de la pensión
de vejez para los empleados del DAS, y que la parte actora no puede
pretender usar la acción de tutela como una tercera instancia para revisar
las decisiones adoptadas por el juez competente.

3.4. El magistrado del Tribunal Administrativo de Casanare, José Antonio
Figueroa Burbano, rindió informe11, en el cual indicó que en el proceso

8
Visto en los índices 12 y 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00966 00.
9
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00966 00.
10
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00966 00.
11
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00966 00.
5

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Radicación: 11001 03 15 000 2023 00966 00
Accionante: Dositeo Zamora Sanabria

contencioso se analizaron todas y cada una de las situaciones puestas de
presente en la demanda, tal como consta en el fallo de primera instancia
que resolvió negar las pretensiones. En ese sentido, argumentó que al
actor no se le ha transgredido ninguno de los derechos invocados en el
escrito de tutela.

Señaló que la tutela no puede ser utilizada como una tercera instancia, ni
un procedimiento adicional al de nulidad y restablecimiento del derecho
para seguir debatiendo la situación juzgada.

Adicionalmente agregó que no se cumple con el requisito de inmediatez,
comoquiera que han transcurrido más de 3 años desde el fallo de segunda
instancia.

3.5. El expediente ingresó al despacho para fallo el 8 de marzo de 202312.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199113 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,14 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202115, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201916 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

12
Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00966 00.
13
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
14
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
15
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
16
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
6

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4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente17:

4.2.1. El señor Dositeo Zamora Sanabria, actuando por conducto de
apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la UGPP, con el fin que se declarara la nulidad de la
Resolución RDP 016751 del 28 de mayo de 2014 y sus confirmatorias RDP
018714 y 018826 del 13 y 17 de junio de 2014, respectivamente; y, en
consecuencia, se ordenara a la UGPP a reconocer a su favor la pensión
especial vitalicia de jubilación y se liquidara en un 75% del salario
promedio devengado durante su último año de servicio.

4.2.2. Surtido el trámite correspondiente, mediante sentencia del 15 de
octubre de 2015, el Tribunal Administrativo de Casanare, negó las
pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que “[no] tiene derecho
a pensión de jubilación con base en el régimen especial de que tratan el
artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1047 de 1978, pues
para ello se necesitaba 20 años de servicio y cualquier edad, o 18 años
de servicio y 50 de edad pero encontrarse vinculado con la entidad. En
efecto, cuando fue declarado insubsistente el 16 de agosto de 1995, el
demandante tenía 18 años y 16 días de servicio pero solo 41 años de edad
(…)”18.

4.2.3. Inconforme con la decisión, el hoy accionante, presentó recurso de
apelación19.

4.2.4. Mediante providencia del 21 de octubre de 201920, la Subsección
B, Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la sentencia de

17
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con el nro. 85001 2333 000 2015 00020 01, visto en el índice 12 y 13 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
00966 00.
18
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00966 00.
19
Ibídem.
20
Ibídem.
7

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primera instancia, argumentando que “(…) el accionante solo satisfizo el
tiempo de servicio equivalente a 18 años continuos, empero, si bien es
cierto que obra prueba de que laboró en calidad de detective, también lo
es que no demostró si las funciones que ejerció durante su vinculación
fueron de dactiloscopista; de igual modo, al momento de alcanzar la edad
de 50 años no era servidor del DAS (4 de julio de 2004), pues su retiro
tuvo lugar el 18 de agosto de 1995, razones por las cuales carece del
derecho a la pensión de jubilación que reclama (…)”.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

De manera previa a estudiar los reproches de la solicitud de amparo
constitucional, la Sala observa que el apoderado de la UGPP, en el informe
rendido, manifestó que en el expediente pensional del actor obra una
acción de tutela interpuesta en el año 2020, con el radicado 11001 03 15
000 2020 00010 00, que tiene identidad de partes, hechos y pretensiones
con la presente tutela.

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que la actuación
temeraria se configura cuando, sin motivo expresamente justificado, la
misma acción de tutela es interpuesta por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales.

La jurisprudencia constitucional ha considerado que la temeridad se
configura cuando se presentan los siguientes elementos: (i) identidad de
partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones, y (iv) la
ausencia de justificación en la radicación de la nueva tutela, vinculada a
un actuar doloso y de mala fe por parte del accionante21.

En el caso concreto, el accionante manifiesta que no hay temeridad por
cuanto, aunque presentó una petición de amparo en contra de las mismas
providencias que aquí cuestiona, la razón por la que promueve la nueva
acción de tutela se fundamenta en las sentencias proferidas por la Sección

21
Corte Constitucional. Sentencia T – 162 del 2 de mayo de 2018. M.P.: Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
8

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Segunda del Consejo de Estado el 27 de octubre de 2022 22 y el 3 de
noviembre de 202223 y, con sustento en esta nueva postura
jurisprudencial, solicita que se inaplique la excepción de
inconstitucionalidad de la expresión “siempre que para esta época fueren
funcionarios de ese Departamento”, contenida en el artículo 2 del Decreto
1047 de 1978.

En ese sentido, la Sala concluye que no existe identidad en los
fundamentos por los que se promovió la tutela radicada con el nro. 11001
03 15 000 2020 00010 00 con la que es objeto de examen en esta
oportunidad, comoquiera que el actor explicó las razones que motivaban
la presentación de la nueva solicitud.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

El primero de los requisitos que el juez constitucional debe examinar para
establecer la procedencia de la acción contra providencia judicial es la
relevancia constitucional, para ello, la Sala analizará (i) los criterios que
la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para
luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

22
Proceso con radicación nro. 66001 23 33 000 2016 00142.
23
Proceso con radicación nro. 33 000 2015 00022 01.
9

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4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional24

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”25.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional26.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte

24
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
25
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
26
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte precisó que “los
fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe
contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

10

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Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades27:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia28. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

4.4.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que 29 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de

27
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
28
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
29
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
11

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Accionante: Dositeo Zamora Sanabria

mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”.

En el asunto bajo examen, el reproche del accionante radica en que hay
lugar al reconocimiento de la pensión, con fundamento en las sentencias
proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 27 de octubre
de 202230 y el 3 de noviembre de 202231, y que, con sustento en esta
nueva tesis jurisprudencial, se debe inaplicar por vía de excepción de
inconstitucionalidad la expresión “siempre que para esta época fueren
funcionarios de ese Departamento”, contenida en el artículo 2 del Decreto
1047 de 197832.

Al respecto, la Sala observa que las citadas providencias fueron proferidas
con posterioridad a la fecha en que se expidió la sentencia aquí atacada,
esto es, el 21 de octubre de 2019, por la Subsección B, Sección Segunda
del Consejo de Estado.

30
Consejo de Estado. Rad. 66001 23 33 000 2016 00142 01. Consejero Ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.
31
Consejo de Estado. Rad. 85001 23 33 000 2015 00022 01. Consejero Ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.
32
“Artículo 2. Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el
artículo anterior y que permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de
Seguridad por un término no menor de 18 años continuos en el desempeño de funciones
de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 50 años de
edad, siempre que para esta época fueren funcionarios de ese Departamento.”
[Subrayado fuera de texto original]
12

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Accionante: Dositeo Zamora Sanabria

Por consiguiente, la Sala considera que el asunto fue resuelto con
fundamento en los hechos y el derecho aplicable al momento de proferir
la sentencia cuestionada, y como consecuencia, hizo tránsito a cosa
juzgada, por lo que el actor no puede pretender que, a través del
mecanismo de la acción de tutela, se discuta nuevamente un caso que ya
fue examinado por el juez natural de la causa con base en una
jurisprudencia que no estaba vigente para esa fecha.

En este punto, la Sala estima pertinente precisar que la acción de tutela
no se está utilizando para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario,
en la medida que las sentencias invocadas por el actor, como se dijo, no
fueron examinadas por el juez natural debido a que son posteriores al
fallo cuestionado; sin embargo, sí se advierte que el interesado está
utilizando la acción de tutela como una instancia o recurso adicional para
discutir una decisión que ya hizo tránsito a cosa juzgada, con el fin de
traer nuevos argumentos que no fueron debatidos en el proceso ordinario.

Adicionalmente, no puede pasarse por alto que la sentencia aquí
controvertida fue proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
y, de acuerdo con la jurisprudencia citada en precedencia, para que se
cumpla el requisito de relevancia constitucional debe advertirse prima
facie que la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima
de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales; lo que en
este caso no ocurre puesto que el actor finca la vulneración de sus
derechos fundamentales en que, con posterioridad a la providencia
atacada, existe una nueva tesis jurisprudencial; en esa medida, el
interesado no aduce que la providencia haya incurrido en algún yerro,
sino que con la nueva jurisprudencia le asiste el derecho al reconocimiento
de la prestación.

Por las razones señaladas, la Sala declarará improcedente la presente
acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

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Accionante: Dositeo Zamora Sanabria

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada
por el señor Dositeo Zamora Sanabria, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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