Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03017-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03017-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03017-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
7 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03017-01
Accionante: JORGE HERNÁN MESA BOTERO Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN DE TUTELA - Falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se modificará la sentencia proferida el 7 de mayo de 2026 por la Sección
Segunda, Subsección A, de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de
tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, y negó el amparo respecto de
los demás defectos.
2. El recurso extraordinario de revisión no resulta idóneo ni eficaz para atacar la
omisión en la valoración alegada; por ello, agotados los recursos ordinarios, la tutela
resulta procedente.
3. La solicitud de amparo carece de relevancia constitucional. No es un escenario
para evaluar la calidad o corrección legal de los razonamientos del juez natural.
II. ANTECEDENTES
La demanda
4. El 17 de abril de 2026, los señores Jorge Hernán Mesa Botero, Gloria Estela
Zuluaga Ramírez, Juan Diego Mesa Zuluaga y Laura Daniela Mesa Zuluaga
interpusieron demanda de tutela para proteger sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y al principio de
reparación integral. Atribuyeron la vulneración a la sentencia dictada el 6 de noviembre
de 2025, por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que confirmó la sentencia del 29 de mayo de 2024 proferida por el
Juzgado 38 Administrativo de Bogotá, en el proceso de reparación directa con radicado
11001-33-36-038-2020-00058-01.
Hechos relevantes
5. El 5 de septiembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia le impuso medida de
aseguramiento con detención preventiva intramural al señor Jorge Hernán Mesa Botero,
por presuntamente haber incurrido en el delito de peculado por apropiación en favor de
terceros.
6. El 26 de agosto de 2013, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03017-01
Accionante: Jorge Hernán Mesa Botero y otros
sustituyó la medida de aseguramiento de detención preventiva por la domiciliaria, y el 5
de septiembre siguiente, le concedió la libertad por vencimiento de términos.
7. El 20 de mayo de 2015, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales
absolvió al señor Mesa, porque no se acreditó el peculado por apropiación a favor de
terceros ni la apropiación de recursos públicos. El 24 de abril de 2017, el Tribunal
Superior de Manizales confirmó la decisión de primera instancia.
8. Demandó en ejercicio del medio de control de reparación directa a la Rama
Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, trámite que conoció el Juzgado 38
Administrativo de Bogotá bajo el radicado 11001-33-36-038-2020-00058-01 y en el que
se profirió la sentencia del 29 de mayo de 2024, que negó las pretensiones de la
demanda.
9. Tras la apelación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, en sentencia del 6 de noviembre de 2025, confirmó el fallo recurrido.
Pretensiones
10. El accionante solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya trasgresión se
alega; (ii) dejar sin efectos la sentencia proferida el 6 de noviembre de 2025 por la
autoridad judicial accionada; (iii) ordenar la emisión de una nueva decisión que atienda
los fundamentos del fallo de tutela y; (iv) subsidiariamente se adopte una decisión de
fondo que garantice la reparación de los derechos vulnerados.
Fundamentos de la tutela
11. La sentencia incurrió en deficiencias estructurales en su motivación:
• Sustituyó el análisis material por un examen de legalidad formal, al reducir el juicio
de responsabilidad estatal a un estudio formal de la medida de aseguramiento. En
su criterio, dicho razonamiento desconoce el precedente fijado en la sentencia
SU-072 de 2018.
• Aplicó aparentemente el precedente jurisprudencial, pues no analizó el contexto
probatorio, no evaluó la evolución del proceso penal -incluida la absolución penal-
y los dictámenes técnicos allegados y no determinó el deber jurídico de soportar
la medida.
• Desnaturalizó el alcance de la absolución penal, porque, en criterio del Tribunal
esta se produjo por falta de prueba del verbo rector, lo que resulta jurídicamente
insuficiente al reducirla a un aspecto formal y omitió analizar su impacto estructural
e ignoró su incidencia en la debilidad de la imputación.
• Restringió indebidamente el análisis sobre la absolución bajo el argumento de que
ese aspecto no fue planteado en la demanda, sin tener en cuenta que se trataba
de un elemento estructural del proceso penal.
• Hubo motivación aparente y defecto estructural, porque no resolvió el núcleo del
problema jurídico, se usó selectivamente el material probatorio, pero omitió
referirse a pruebas técnicas relevantes, lo que comprometió la imparcialidad y
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Accionante: Jorge Hernán Mesa Botero y otros
racionalidad de la decisión judicial.
12. Incurrió en defecto fáctico: omitió la valoración de pruebas determinantes que
eran concluyentes para demostrar que el valor de las viviendas promovidas bajo la
gerencia de Jorge Hernán Mesa, se encontraban dentro de los parámetros normales del
mercado, y que el cambio de viviendas fue ajustado a la normatividad vigente.
13. No examinó adecuadamente: (i) la debilidad técnica de la medida de
aseguramiento; (ii) la convergencia de estudios técnicos que desvirtuaban la hipótesis
de peculado, emitidas por entidades y profesionales técnicos e idóneos (informes
técnicos del CTI de la Fiscalía, avalúo de la Lonja de Caldas y el informe pericial de la
Sociedad Colombiana de Ingenieros).
14. Desconocimiento del precedente:
No se tuvo en cuenta el criterio de la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018.
Hubo una aplicación aparente del precedente porque invocó «la regla según la cual la
absolución penal no genera automáticamente responsabilidad estatal, señalando que
debía verificarse si la medida cumplía los requisitos legales. Sin embargo, esta referencia
constituyó una aplicación meramente aparente del precedente». Lo anterior, pues redujo
el análisis sobre la existencia de indicios, se limitó a un examen formal de legalidad y
omitió el análisis sustancial exigido por la jurisprudencia. Además, omitió por completo la
valoración de la evolución probatoria y el análisis de la solidez técnica de los informes
allegados al proceso penal y fiscal, y el examen de las razones de la absolución penal.
15. Finalmente, citó varias decisiones proferidas por el Consejo de Estado (4 de
septiembre de 2013, radicado 25000-23-26-000-2001-00794-01), (28 de agosto de 2014,
radicado 25000-23-26-000-2002-01712-01), (15 de agosto de 2018, radicado 66001-23-
31-000-2005-01676-01), (15 de octubre de 2018, radicado 05001-23-31-000-2008-
00134-01) y (25 de enero de 2021, radicado 68001-23-31-000-2010-00405-01) que
reflejan el principio del poder punitivo del Estado exige un elevado estándar de rigor
probatorio que no ocurrió, porque las decisiones cuestionadas afectaron de manera
profunda la libertad, dignidad y la reputación de las personas y de sus familiares, como
le ocurrió a la familia Mesa Zuluaga.
Trámite impartido
16. El 21 de abril de 2026, el despacho sustanciador del proceso en primera instancia
admitió la tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y vinculó a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación.
Intervenciones
17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A afirmó que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional porque la parte
demandante pretende convertir la tutela en una tercera instancia del proceso ordinario.
18. No incurrió en la deficiencia alegada porque en la providencia cuestionada se
estudió la configuración de las exigencias legales para la solicitud e imposición de la
medida de aseguramiento que se alegó como ilegal. Por tanto, se estableció que esta
resultaba improcedente porque se contaba con indicios graves de la comisión del delito
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y la medida resultaba necesaria.
19. En relación con la supuesta aplicación incompleta del precedente, dijo que el
reproche no resultaba claro, pero, en todo caso, sí se aplicó el precedente relacionado
con la responsabilidad objetiva por la privación injusta de la libertad.
20. Respecto del defecto fáctico, señaló que «tales situaciones no fueron alegadas en
el recurso de apelación, que dicho sea de paso fue interpuesto por el hoy accionante».
Además, indicó que no se trataba de realizar un nuevo juicio de responsabilidad penal
sino que debía analizarse la situación fáctica y probatoria surtida en ese proceso, con el
fin de determinar su incidencia o no en la responsabilidad extracontractual. Como
consecuencia, únicamente se analizó la legalidad de la imposición de la medida de
aseguramiento.
21. La Fiscalía General de la Nación alegó su falta de legitimación en la causa por
pasiva, ya que no tuvo participación en las decisiones judiciales cuestionadas ni puede
remediar la supuesta vulneración. Argumentó que la tutela no cumple los requisitos de
procedencia, pues considera que se está intentando reabrir un debate ya resuelto por lo
que solicitó se declare improcedente el mecanismo de amparo al existir otros
mecanismos judiciales y no evidenciar un perjuicio irremediable, ni una vulneración
constitucional relevante que requiera intervención del juez constitucional.
22. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial afirmó que la tutela no es
una instancia adicional en la que sea dable reabrir o ampliar el debate probatorio. Precisó
que, tanto la fijación del litigio realizada el 15 de marzo de 2022 -consentida por las
partes- como el recurso de apelación del 14 de junio de 2024, fueron considerados por
el Tribunal, quien observó y respetó debidamente el principio de limitación al momento
de resolver el recurso.
23. En ese contexto, expuso que la providencia cuestionada determinó la evolución
jurisprudencial y optó por un régimen subjetivo, «cuyo referente es el estudio de las
conductas desplegadas en la imposición de la medida restrictiva de la libertad, al
constituir esta el hecho dañoso por el cual se le reclama a las demandadas». Como no
se cumplió la carga que le correspondía a la parte demandante para demostrar la
antijuricidad del daño, acreditando que la medida fue irracional, innecesaria,
desproporcionada o ilegal.
24. Finalmente, sostuvo que el Tribunal con técnica y precisión planteó los problemas
jurídicos sin que hubiera vulnerado derecho fundamental alguno.
Sentencia de primera instancia
25. El 7 de mayo de 20261, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado negó la acción de tutela respecto del desconocimiento del precedente y la declaró
improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, en relación con el
defecto fáctico.
26. Se encontraba acreditado el requisito de relevancia constitucional, y, respecto del
argumento relacionado con la omisión del Tribunal en la valoración de la prueba pericial
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Samai, índice 18 del expediente de tutela de primera instancia.
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Accionante: Jorge Hernán Mesa Botero y otros
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, los avalúos de los procesos ejecutivos del
Banco Agrario y el concepto que emitió Findeter, no se cumplía con el requisito de
subsidiariedad. Lo anterior, toda vez que el accionante contaba con el recurso
extraordinario de revisión bajo la causal 5 del artículo 250 del CPACA.
27. Respecto de los demás reproches alegados, sostuvo que el Tribunal demandado
valoró de manera íntegra y conforme a las normas de la sana crítica y la experiencia
todas las pruebas que obraban en el expediente. A partir de ello, concluyó que la
imposición de la medida de aseguramiento por parte de la Corte Suprema de Justicia no
fue arbitraria o caprichosa, sino que estuvo fundada en indicios, de los que se podía
inferir de manera razonable la presunta responsabilidad del señor Mesa en el delito de
peculado por apropiación.
28. Precisó que para la medida de aseguramiento no se requería tener certeza sobre
la comisión de la conducta punible, sino que bastaba que del material probatorio se
infiriera de manera razonable la autoría o participación del procesado en el delito.
29. Si bien el Tribunal no se pronunció sobre el cuarto problema jurídico planteado 2,
dicha circunstancia obedeció a que dicho argumento no fue expuesto en la demanda y,
por tanto, no podía ser resuelto en segunda instancia.
30. En cuanto a los criterios reiterados de la sentencia de unificación del 15 de agosto
de 2018, señaló que esta fue dejada sin efectos mediante la providencia del 15 de
noviembre de 2019, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en la tutela con radicado 11001-03-15-000-2019-00169-01.
31. No se configuraba el desconocimiento del precedente porque el Tribunal indicó
los criterios que el juez debía analizar en aquellos eventos en los que se privaba a una
persona de libertad para determinar si era o no atribuible al Estado. El hecho de que no
se hubiera pronunciado sobre las razones de la absolución y la incidencia de esta en la
imposición de la medida, fue porque no fue un argumento de la demanda de reparación.
32. No era cierto que el estudio realizado respecto de la medida de aseguramiento
hubiera sido meramente formal, sino que el asunto se resolvió «con una valoración
probatoria plausible y conforme a la jurisprudencia y la normativa vigente».
33. Por último, aclaró que los accionantes pretendían en sede de tutela que se
efectuara un estudio en relación con la ausencia de sobrecostos en los proyectos de
vivienda investigados, pues los valores cobrados correspondían a los del mercado para
la época de los hechos, de manera que, en su criterio, no había lugar a la imposición de
la medida. Por lo anterior, recalcó que no resultaba procedente ese estudio porque el
análisis se limitó a verificar si el Tribunal demandado incurrió en los defectos alegados.
Impugnación
34. La parte actora impugnó la anterior decisión. Alegó que el recurso extraordinario
de revisión no es idóneo porque este tiene causales taxativas, no permite un control
integral en la valoración probatoria y no está diseñado para la protección directa de
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Fijado de la siguiente manera: «¿En el presente asunto, el hecho de que se hubiese absuelto al demandante en el
proceso penal por falta de pruebas implica que la medida impuesta resulta ser injusta o antijurídica?».
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Accionante: Jorge Hernán Mesa Botero y otros
derechos fundamentales.
35. Reiteró el hecho de que se configuró el defecto fáctico por omisión y valoración
probatoria incompleta. Se ignoraron los informes técnicos del CTI, expedidos incluso
desde antes de que se profiriera la medida de aseguramiento que desvirtuaban el
eventual peculado; los avalúos especializados de la Sociedad Colombiana de Ingenieros,
de la Lonja de Propiedad Raíz, así como las decisiones absolutorias en sede penal, tanto
en primera como en segunda instancia.
36. Cuestionó que no se analizara de fondo ese defecto, porque el análisis no podía
limitarse a una verificación formal de los requisitos de procedibilidad, sino que debía
orientarse a establecer si hubo una afectación relevante de derechos fundamentales.
37. En cuanto al desconocimiento del precedente alegó que la justificación del juez
de tutela de primera instancia «no elimina la necesidad de aplicar los criterios materiales
consolidados en la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de privación injusta
de la libertad».
38. Reprochó el hecho de que se hubiera avalado que el Tribunal no analizara la
absolución penal por no haber sido alegada en la demanda, pues la delimitación formal
del litigio no puede impedir un estudio de los elementos estructurales del daño, porque
ello «vaciaría de contenido el deber del juez de realizar un juicio material de
responsabilidad conforme al artículo 90 de la Constitución».
39. Finalmente, resaltó que no pretende reabrir el debate probatorio ni convertirse en
una tercera instancia, sino corregir una decisión judicial que presenta defectos
constitucionales estructurales.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
40. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación, conforme a los
artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con el
Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento interno de esta corporación.
Problema Jurídico y metodología de la decisión
41. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del
7 de mayo de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad, respecto del defecto fáctico y la negó en relación con los demás
reproches.
42. Esta Subsección constata que la acción de tutela cumple con los demás requisitos
generales de procedencia3; por tanto, centrará su estudio en los requisitos de
3
Primero, está acreditada la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Los señores Jorge Hernán Mesa Botero,
Gloria Estela Zuluaga Ramírez, Juan Diego Mesa Zuluaga y Laura Daniela Mesa Zuluaga fueron demandantes en el
proceso de reparación directa que finalizó con las sentencias cuestionadas, proferidas por el Juzgado 38 Administrativo
de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a quienes se les atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales. Segundo, el fallo objeto de tutela fue proferido el 6 de noviembre de 2025 y notificado el 10 del mismo
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subsidiariedad y relevancia constitucional, conforme con lo expuesto en los
antecedentes.
Análisis de la Sala
Subsidiariedad
43. Consagrada en el tercer inciso del artículo 86 de la Constitución 4 y en el numeral 1
del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 19915, la acción de tutela resulta improcedente
ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, salvo que ellos no sean
eficaces o idóneos, o sea necesario evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
44. El juez constitucional de primera instancia consideró que la presente acción de tutela
resultaba improcedente porque el accionante podía acudir al recurso extraordinario de
revisión para controvertir la omisión en la valoración de la prueba pericial de la Sociedad
Colombiana de Ingenieros, los avalúos de procesos ejecutivos del Banco Agrario y el
concepto que emitió Findeter, bajo la causal 5 del artículo 250 del CPACA.
45. A juicio de esta Sala, la omisión en la valoración de las pruebas alegada no constituye
una causal de procedencia excepcional del recurso de revisión en los términos del
artículo 250 del CPACA, ni menos aún la que refiere el fallador de primera instancia, toda
vez que el numeral 56 del citado artículo desarrolla la procedencia cuando se estructura
una nulidad en la sentencia, lo que por defecto nos remite a las causales taxativas del
artículo 133 del CGP.7, las que tampoco se ajustarían, pues no se atribuyó una omisión
en la oportunidad para solicitar, decretar o practicar pruebas, o que se hubiera omitido la
práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. Adicionalmente,
tampoco se advierte prima facie que esos supuestos encuadren en las hipótesis fácticas
desarrolladas jurisprudencialmente por esta Corporación8.
46. En ese entendido el recurso extraordinario de revisión no resulta idóneo ni eficaz
para para atacar la falta de valoración alegada por el accionante, por lo que agotados los
recursos ordinarios la solicitud de amparo resulta procedente.
47. No obstante, si bien la solicitud de amparo resulta procedente por cumplimiento de
requisito de subsidiariedad, carece de relevancia constitucional como pasa a explicarse.
mes y año, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 17 de abril de 2026, término que resulta razonable.
Tercero, se identificó de forma razonable los hechos que presuntamente generan la vulneración de los derechos y,
cuarto, el fallo censurado no corresponde a una tutela.
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De conformidad con dicho inciso, la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».
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Según dicho numeral, la acción de tutela no procederá «[c]uando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».
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5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
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Por remisión del artículo 208 del CPACA
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Sentencia del 28 de abril de 2025, proferida por la Sala Uno Especial de Decisión del Consejo de Estado, radicado
11001-03-15-000-2023-04017-00, M.P. María Adriana Marín, en la que consideró: «Por vía jurisprudencial, se han
reconocido los siguientes supuestos transgresores del derecho al debido proceso: i) fallo inhibitorio; ii) ausencia de
motivación; iii) transgresión del principio de la non reformatio in pejus; iv) condena contra un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; v) falta de competencia o jurisdicción; vi) decisión proferido en un proceso terminado
por desistimiento, transacción o perención; v) no contar la decisión con el número de votos requerido para su
aprobación, y vi) falta de congruencia por condena extra, ultra o infra petita».
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03017-01
Accionante: Jorge Hernán Mesa Botero y otros
Relevancia constitucional
48. La acción de tutela no es una instancia adicional para discutir aspectos económicos,
de mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces naturales 9. Este mecanismo
solo procede cuando afloran serias dudas sobre la arbitrariedad, capricho o irracionalidad
de una decisión judicial.
49. La Corte Constitucional ha establecido que un asunto carece de relevancia
constitucional en dos situaciones. Por una parte, cuando la discusión se limita a la simple
determinación de aspectos legales de un derecho (la correcta interpretación o aplicación
de una norma procesal, salvo que de esta se desprendan claramente violaciones de
derechos fundamentales). Por otra parte, cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico porque se trata de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas “que no representen un interés general”10.
50. En síntesis, la acción de tutela contra providencias judiciales no es procedente para
evaluar la calidad o corrección legal de los razonamientos del juez natural, ni para alegar
que existen mejores argumentos a los que este utiliza. Lo que corresponde es plantear
que las decisiones censuradas tienen la aptitud de desconocer derechos fundamentales.
51. El Tribunal demandado resolvió los cargos propuestos por los aquí demandantes en
el recurso de apelación con fundamento en los siguientes argumentos:
52. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pudo determinar una posible
inferencia razonable en la presunta participación del investigado en el delito que se le
acusaba. La medida de aseguramiento no fue caprichosa, sino que estuvo debidamente
justificada con los documentos aportados al proceso, las declaraciones de algunos de
los beneficiarios del programa de vivienda, y la respuesta de Findeter, en cumplimiento
de los requisitos del artículo 397 de la Ley 599 de 2000.
53. Sí hubo un pronunciamiento frente a la justificación de la necesidad de la medida y,
de hecho, esa circunstancia fue objeto de recurso de reposición porque «según el
abogado del hoy demandante, la finalidad que le había sido atribuida a la detención no
correspondía a ninguna de las establecidas por el legislador, contenidas en el artículo
355 de la Ley 600 de 2000, recurso que fue resuelto por la alta corporación y por medio
del cual se confirmó la medida».
54. La sentencia penal proferida a favor del demandante tuvo fundamento la falta de
prueba de uno de los elementos propios del peculado por apropiación a favor de terceros,
esto es, que se probara con certeza el verbo rector del tipo penal -apropiarse- y no de
manera expresa en alguna causal de atipicidad de la conducta, como lo sugiere la parte
demandante. Por tanto, no resultaba posible aplicar un análisis de responsabilidad
objetiva. Indicó que le correspondía a la parte actora demostrar la antijuricidad del daño
alegado, y, por tanto, acreditar que la medida de aseguramiento fue irracional,
innecesaria, desproporcionada o ilegal.
9
En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia constitucional tiene
tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las autoridades judiciales de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos
fundamentales e (iii) impedir que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces.
10
Corte Constitucional, sentencias SU-128 de 2021 y T-610 de 2015.
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Accionante: Jorge Hernán Mesa Botero y otros
55. Respecto del cuestionamiento sobre la medida de aseguramiento en la apelación,
según el cual la sentencia penal absolutoria tuvo como fundamento la inexistencia de
pruebas y, por tanto, «los supuestos fácticos y jurídicos de la detención preventiva
padecida por éste, se encuentran afectados de ilegalidad» por lo que la privación fue
injusta y antijurídica». El Tribunal consideró que esa discusión no podía proponerse en
el recurso porque implicaría adicionar los hechos en que se sustentó la demanda,
desconociendo el debido proceso y el derecho de contradicción y defensa que le asiste
a la parte demandada.
56. Por lo anterior, concluyó que la medida de aseguramiento impuesta cumplía con los
presupuestos legales exigidos por el legislador por lo que no era factible predicar que
esta se apartó del ordenamiento jurídico.
57. Precisó que no se trataba de realizar un nuevo juicio de responsabilidad penal en
sede contenciosa administrativa, sino analizar la situación fáctica y probatoria surtida en
la jurisdicción penal, para determinar su incidencia o no en la responsabilidad
extracontractual por privación injusta de la libertad.
58. Como pudo verse, la decisión de negar las pretensiones de la demanda estuvo
fundada en un estudio razonable de la providencia por la cual la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia impuso la medida de aseguramiento, pues se encargó de
determinar si en el caso del señor Jorge Hernán Mesa Botero se cumplían o no los
requisitos establecidos en el artículo 357 de la Ley 600 de 2000.
59. Para la Sala, la conclusión de la autoridad judicial accionada no es caprichosa, ni
irracional. Incluso, si esta Subsección estuviese en desacuerdo con el sentido de la
providencia respecto al valor probatorio que se le debió otorgar a los elementos de
prueba con los que contaba la Corte Suprema de Justicia al momento de imponer la
medida, ello no sería una razón suficiente para afirmar que contiene un defecto fáctico,
puesto que el juez constitucional no está dotado de competencia para determinar el mejor
entendimiento que deba hacerse sobre una prueba o una conclusión única respecto del
análisis de determinados medios probatorios.
60. No se advierte una omisión en la valoración de las pruebas, sino que el Tribunal
realizó un análisis probatorio en conjunto y, a partir de ese estudio, determinó que para
la etapa preliminar en la cual se impuso la medida de aseguramiento, era razonable inferir
que el señor Mesa Botero era autor o partícipe del delito por el cual fue imputado y,
además, que se cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 600 de 2000 para el
decreto de dicha medida cautelar.
61. Ahora bien, en relación con el desconocimiento del precedente, conforme con los
antecedentes normativos y jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional11 y por la
Sección Tercera de esta Corporación12, en los casos en los que se pretenda la
declaratoria de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad,
corresponde al juez, en ejercicio de su autonomía, determinar el régimen de
responsabilidad aplicable a cada caso, dependiendo de sus particularidades, es decir, ni
11
Al respecto, ver entre otras, las Sentencias de Unificación SU 072 de 2018 y SU 363 de 2021.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 31 de
enero de 2019. Rad. 19001-23-31-000-2012-00024-01(54951).
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la ley ni la jurisprudencia definieron la atribución de responsabilidad bajo un título único
de imputación.
62. Así, en sentencia SU-072 de 2018, el alto tribunal constitucional indicó que,
indistintamente del régimen de responsabilidad bajo el cual se realice el juicio de
atribución de responsabilidad, «se mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios
de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que
preceden la imposición de una medida de aseguramiento», es decir, en todo caso es
necesario efectuar el análisis sobre la antijuricidad del daño, a partir de los criterios
anteriormente mencionados, con el fin de determinar el carácter injusto de la privación
de la libertad, atendiendo a los requisitos previstos en el esquema procesal penal vigente
al momento de imposición de la restricción del derecho a la libertad. Concretamente,
sostuvo:
[…] el significado de la expresión “injusta” necesariamente implica definir si la
providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era
investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su
conformidad a derecho.
63. Lo anterior quiere decir que, tal como lo señaló el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la sentencia censurada, para realizar el juicio de atribución de
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, sea cual sea el título de
imputación bajo el cual se efectúe, resulta indispensable analizar los fundamentos
fácticos y jurídicos que dieron lugar a la restricción de la libertad, con el fin de determinar
los requisitos para la imposición de ese tipo de medidas restrictivas de la libertad.
64. Como puede verse, el Tribunal explicó detalladamente las razones de su decisión y
apreció los elementos de prueba que la parte actora estimó desvirtuados o
descontextualizados. Otra cosa es que la parte actora disienta del alcance que el
operador judicial le dio a la decisión por la cual se profirió la medida de aseguramiento
en contra del señor Jorge Hernán Mesa Botero, por lo que para esta Subsección es
evidente que lo que existe en este caso es una disparidad de criterios entre el
razonamiento probatorio del Tribunal y la forma en la que la parte demandante considera
que debieron analizarse las pruebas y definirse la controversia.
65. En rigor, la parte demandante no revela ni acredita que las conclusiones de la
autoridad judicial accionada sean abiertamente antagónicas, contrastadas objetivamente
con las pruebas judiciales, sino que hace una interpretación propia para considerar una
teoría y una conclusión diferentes a la del fallo atacado, pero sin acreditar que la decisión
se adoptó con total desconocimiento de los elementos de prueba arrimados. Las pruebas
fueron valoradas, pero no en la forma en que se pretende en la solicitud de amparo.
66. La parte actora pretende que el juez de tutela ordene que se dicte una nueva
sentencia, en la que se declare la responsabilidad patrimonial de la Nación – Rama
Judicial por los perjuicios causados como consecuencia de la restricción a la libertad de
que fue objeto el señor Mesa Botero, cuando esa discusión ya fue definida en el proceso
ordinario, por el Tribunal accionado, que, con argumentos razonables, concluyó que no
se acreditó la antijuricidad del daño por cuanto la medida de aseguramiento que le fue
impuesta fue necesaria, adecuada y proporcional.
67. En conclusión, aunque la parte demandante pretende atribuir a la sentencia del 6 de
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noviembre de 2025 irregularidades, lo cierto es que sus reproches únicamente
evidencian la intención de imponer la interpretación que, a su juicio, debió otorgarse tanto
al acervo probatorio como a la jurisprudencia aplicable, con el propósito de forzar una
tercera instancia a cargo del juez constitucional y obtener así el aval de su propia tesis
en el juicio de responsabilidad extracontractual.
68. A dicha finalidad se opone la acción de tutela, por lo que, se compartan o no los
fundamentos y la decisión por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esta Sala no
puede adentrarse en un examen de conformidad o desacuerdo frente a una labor que es
propia del juez ordinario, máxime si no se antepone un debate que revele o genere dudas
sobre su disconformidad con la Carta Política.
69. Conforme a lo expuesto, la Sala modificará el fallo impugnado, que declaró
improcedente y negó la acción de tutela. En su lugar, la declarará improcedente por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 7 de mayo de 2026 por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por los señores Jorge
Hernán Mesa Botero, Gloria Estela Zuluaga Ramírez, Juan Diego Mesa Zuluaga y Laura
Daniela Mesa Zuluaga por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Magistrada
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Magistrado
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado
VF
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Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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