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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01750-00

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01750-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela frente al defecto fáctico presentada por Conaltura - Construcciones y Vivienda S.A.S. SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la acción de tutela frente al defecto sustantivo y desconocimiento del precedente. 12 La Corte Constitucional estudió la demanda de inconstitucionalidad formulada contra el Decreto Extraordinario 2406 de 1991 por el cual «se suprime la oficina de cambios del Banco de la República». En esta oportunidad analizó las facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la República para los efectos de «suprimir funciones o asignarlas». Como resultado del análisis la Corte declaró la exequibilidad de las disposiciones demandadas. 13 La Corte examinó la constitucionalidad de los artículos 7 y 13 de la Ley 40 de 1990. La Corte concluyó que los artículos demandados eran exequibles, sustentado su argumento en que el «constitucionalismo contemporáneo y particularmente en el sistema colombiano vigente, estos derechos deber ser interpretados en el contexto del Estado Social de derecho al lado de preceptos, como el de la igualdad (artículo 13 C.N) y solidaridad (artículo 1 C.N.), que tienden a la promoción de condiciones reales para el ejercicio autónomo de las decisiones libremente escogidas» 14 La Corte estudió la exequibilidad contra las siguientes expresiones: “grave”, “y el tercer inciso del artículo 178 A” y “de la Contraloría”, contenidas en los artículos 52, 66 y 101 de la Ley 1952 de 2019. En esta oportunidad resolvió estarse a lo resuelto en la Sentencia C-181 de 2002 – respecto de la expresión grave – e inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo sobre la exequibilidad de la expresión “y el tercer inciso del artículo 178 A”, contenida en el artículo 66 de la Ley 1952 de 2019 (CGD), por carencia actual de objeto. Señaló que tenia competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad de leyes que, habiendo sido promulgadas, todavía no entran en vigor, cuando estas no hayan sido derogadas. 15 la Corte revisó la constitucionalidad de la Ley 788 de 2020 «Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-01750-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., nueve (09) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01750-00
Demandante: Conaltura - Construcciones y Vivienda S.A.S
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Fondo Nacional de Formación Profesional de la
Industria de la Construcción (FIC).

Decisión: Declara improcedente y niega el amparo.

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Conaltura
– Construcciones y Vivienda S.A.S. contra el Consejo de Estado – Sección Cuarta.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 4 de marzo de 2026, Conaltura – Construcciones y Vivienda S.A.S, a través
de apoderada judicial, presentó una acción de tutela contra la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia1, con ocasión de la
Sentencia de 18 de septiembre de 2025 proferida en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 05001-23-33-000-2018-00239-00/012.

2. A título de amparo constitucional, solicitó que se dejara sin efectos la
mencionada providencia y, en su lugar, se profiriera decisión de remplazo en la que
se accediera a las pretensiones de la demanda.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud, la parte actora manifestó que
mediante Resolución No 002387 del 6 de abril de 2017 el SENA le ordenó el pago
de la suma de $486.510.723, correspondiente a los aportes al Fondo de Industria
de la Construcción - FIC3. Señaló que dicha liquidación se efectuó con fundamento
en las obras ejecutadas por Conaltura Construcción y vivienda durante el periodo
comprendido entre enero de 2011 y marzo de 2017. Contra dicho acto

1 Mencionó también la presunta vulneración del principio de confianza legitima, seguridad jurídica y reserva

legal en materia tributaria.
2 Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 1 de octubre de 2025.
3
Correspondiente a las vigencias de enero a diciembre de 2011, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, del
1 de enero al 31 de diciembre de 2013, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2015, más los intereses generados por la mora y los cuales están contenidos en la liquidación 417
del 28 de marzo de 2017.

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administrativo, la sociedad presentó recurso de reposición4, el cual fue resuelto
desfavorablemente mediante Resolución No 009091 del 28 de septiembre de 2017.

4. El 29 de enero de 2018, la accionante interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho5 contra los actos administrativos del SENA, con el fin
de obtener su nulidad. Solicitó como pretensión subsidiaria la declaración de
ilegalidad de las Resoluciones No 002387 y 009091 de 2017 expedidas por el
SENA.

5. Mediante Sentencia de 26 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la accionante no
aportó los contratos sobre los cuales se realizó la liquidación No 052017-0417 del
28 de marzo de 2017, en la que se determinó una deuda por concepto de la
contribución FIC, así como tampoco otros medios de prueba que desvirtuaran lo
expuesto por el SENA en los actos administrativos demandados, esto es, que
CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A., ostentaba la calidad de
empleador, responsable del pago de la contribución al FIC. Quedando entonces
probado que durante los años 2011 a 2015 la accionante suscribió con terceros
contratos de mano de obra y contratos a todo costo, sin que los subcontratistas
hubieran cumplido su obligación de pagar la contribución FIC.

6. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación,
al considerar que el juez de primera instancia no realizó un análisis adecuado de la
incompatibilidad sobreviniente del Decreto 2375 de 1974 con la Constitución.
Agregó que existió violación del principio de legalidad tributaria debido a que la
creación, sujetos, base y tarifa del FIC no fueron establecidos por una ley formal.

7. Preciso que existió (i) desconocimiento del precedente sobre la solidaridad
entre el contratante y el contratista para el pago del FIC; (ii) extralimitación en el
ejercicio de la potestad reglamentaria del SENA y, (iii) configuración de un defecto
fáctico, derivado de la falta de prueba en la identificación de los trabajadores de los
contratistas, la realización de una liquidación presuntiva y la omisión en el análisis
de contratos de obra.

8. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante Sentencia del 18 de
septiembre de 2025, confirmó la decisión de primera instancia. Sostuvo que los
reparos respecto a la indebida aplicación y derogatoria del artículo 8°del Decreto
083 de 1976; el exceso de los límites de la facultad reglamentaria en la Resolución
1449 de 2012, y la falta de fundamentación y explicación de la liquidación

4 Argumentando que la Resolución No 002387 de 2017 fue proferida con violación al debido proceso por falta

de motivación del acto al sustentarse en razones contrarias a la realidad. Indicó que la suma liquidada se efectuó
con base en los contratos a todo costo ejecutados con terceros durante los periodos gravables años 2011, 2012,
2013, 2014 y 2015, y no directamente con Conaltura Construcción y vivienda S.A. insistió en que no existe
contrato laboral entre Conaltura y los contratistas, por lo que no era responsable del pago del FIC. Indicó que
el FIC es inconstitucional pues no fue creado por el legislador en los términos establecidos por el Constituyente.
5 El proceso fue asignado al Tribunal Administrativo de Antioquia con radicado No. 05001-23-33-000-2018-

00239-00/01.

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presuntiva, no fueron expuestos en la demanda, por lo que no fueron analizados en
segunda instancia.

9. Indicó que, en relación con la presunta inconstitucionalidad del Decreto
2375 de 1974, si bien la constitución de 1991 consagra el principio de reserva legal
en materia tributaria, ello no supone que las normas expedidas con anterioridad que
no se ajusten a las nuevas condiciones formales sean, por ese solo hecho,
inconstitucionales. Agregó que la obligación contenida en el Decreto 2375 de 1974
se origina en el hecho de pertenecer al sector de la industria de la construcción y
tener el carácter de empleador, razón por la cual no existe solidaridad en el pago
del FIC.

10. Asimismo, manifestó que la accionante era dueña de las obras ejecutadas
y no demostró el pago de la contribución del FIC por los contratistas, razón por la
cual debía asumir dicha obligación. Indicó que se cumplía con el presupuesto para
que se aplicara la liquidación presuntiva.

11. Como fundamento de la vulneración, sostuvo la configuración de un
defecto sustantivo por la aplicación de la contribución parafiscal correspondiente al
Fondo de Formación Profesional, prevista en el Decreto 2375 de 1974, pese a su
incompatibilidad con los artículos 150 numeral 12 y 338 de la Constitución Política,
que consagran la reserva estricta de ley en materia tributaria en cabeza del
Congreso de la República. Sostuvo que dicha norma incurre en una
inconstitucionalidad sobreviniente, sin que el Consejo de Estado hubiera emitido un
pronunciamiento de fondo al respecto, dejando la sentencia desprovista de
motivación al omitir el análisis de los cargos constitucionales planteados.

12. Asimismo, adujo una violación directa de la Constitución - artículos 4, 150
numeral 12 y 338 -, al confirmarse la exigibilidad del FIC con fundamento en el
Decreto 2375 de 1974, pese a su incompatibilidad con las disposiciones superiores
mencionadas.

13. De igual manera, señaló el desconocimiento del precedente constitucional
fijado en las sentencias C-014 de 1993, C-040 de 1993, C-560 de 2019, C-776 de
2003, C-219 de 2011. En esa línea, afirmó la vulneración de principios
constitucionales como la confianza legítima, la seguridad jurídica, la soberanía
popular, la participación democrática y el principio de legalidad, insistiendo en la
necesidad de unificar la jurisprudencia sobre la materia.

14. Finalmente, se indicó la existencia de un defecto fáctico, en tanto el Consejo
de Estado no realizó un análisis individualizado de los contratos de obra, las
certificaciones laborales ni de los documentos contables que permitían determinar
la base de cálculo del FIC y, en consecuencia, la inexistencia de la obligación. Por
el contrario, dio por acreditados hechos sin sustento probatorio y trasladó al
accionante la carga de desvirtuar presunciones construidas por el SENA.

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Intervenciones6

15. El Tribunal Administrativo de Antioquia remitió copia digital del proceso No.
05001-23-33-000-2018-00239-00/01. Realizó un recuento del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, y concluyó que en el presente caso no procede la
acción de tutela al no encontrarse configurado ningún defecto.

16. Agregó que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional,
debido a que la accionante pretende que se discuta nuevamente sobre la nulidad
de los actos administrativos demandados.

17. El SENA se pronunció sobre los hechos y pretensiones de la acción de
tutela. Asimismo, indicó que la accionante pretende reabrir el debate probatorio para
que una tercera instancia valore sus argumentos, por lo que solicitó no tutelar los
derechos fundamentales invocados.

18. La Sección Cuarta del Consejo de Estado no se pronunció a pesar de haber
sido debidamente notificada.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

19. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

20. Aunque la accionante alegó de manera expresa una vulneración directa de
la Constitución, la Sala analizará sus argumentos de forma conjunta con el defecto
sustantivo, en la medida en que ambos reproches se fundamentan en
cuestionamientos relacionados con la aplicación del FIC prevista en el Decreto 2375
de 1974.

Problema jurídico

21. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, al proferir la Sentencia del 18 de septiembre
de 2025, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del

6 Mediante Auto de 9 de marzo de 2026, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra la Sección

Cuarta del Consejo de Estado y vinculó al SENA y al Tribunal Administrativo de Antioquia

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precedente, particularmente en la interpretación y aplicación del FIC contenido en
el Decreto 2375 de 1974.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

22. La Sala declarará la improcedencia frente al defecto fáctico por la presunta
omisión en la valoración de pruebas (contratos de obra, las certificaciones laborales
ni de los documentos contables) por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

23. La Sala advierte que la accionante contaba con un mecanismo judicial
ordinario idóneo para controvertir los eventuales reparos por la omisión probatoria
como lo es el recurso extraordinario de revisión, a la luz de la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 20117. En ese sentido, si la parte actora
consideraba que la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en un defecto
fáctico por cuanto no valoró u omitió las pruebas que presuntamente acreditaban la
inexistencia de la obligación del contribuir al FIC, debió interponer dicho recurso con
el propósito de que la autoridad competente se pronunciara sobre los posibles
errores u omisiones advertidos en el escrito de tutela. No obstante, en el presente
caso, tal circunstancia no ocurrió, pues el recurso no se interpuso.

24. En ese orden de ideas, de acuerdo con la Sentencia de Unificación SU-026
de 2021 de la Corte Constitucional, la subsidiariedad se incumple cuando el
ordenamiento jurídico dispone de medios judiciales ordinarios o extraordinarios
aptos para controvertir los defectos alegados en sede constitucional. En particular,
la Corte ha precisado que el recurso extraordinario de revisión constituye un
mecanismo idóneo y eficaz para cuestionar omisiones probatorias, situaciones
asociadas a la aparición de nuevos elementos de convicción o irregularidades que
afecten la dimensión material del debido proceso8, 9. En tales eventos, la tutela

7 «Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son

causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación».
8 «6.9. Aunado a lo anterior, en esta oportunidad es aplicable la subregla de procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales señalada en el punto 5 de la parte motiva. Ello, debido a que (i) la violación
alegada por los accionantes se refiere exclusivamente al debido proceso y (ii) la protección de este derecho
puede encuadrase de manera integral dentro de las causales del recurso extraordinario de revisión. Por
consiguiente, era este recurso, y no la acción de tutela, el mecanismo de defensa idóneo y eficaz para discutir
los defectos procesales de la sentencia del Consejo de Estado. Más aún, dichos defectos fueron después
efectivamente encuadrados por los accionantes en la causal 5ª del artículo 250 de la Ley 1537 de 2011, relativa
a las irregularidades “originadas[s] en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación”. […]
6.12. Dicho recurso constituía en el presente caso el mecanismo de defensa idóneo y eficaz para controvertir
las irregularidades originadas en la sentencia. Idóneo, porque los accionantes invocaron únicamente la
protección del derecho al debido proceso, y la protección de este derecho podía encuadrase de manera integral
dentro de una de las casuales del mencionado recurso. Y eficaz, porque los accionantes no acreditaron ninguna
circunstancia particular que hiciera desproporcionado acudir a este mecanismo extraordinario de defensa
judicial; la complejidad jurídica del trámite de revisión y la duración del proceso no constituían una barrera de
acceso a la justicia en su caso particular.»
9
Sobre el particular y en el mismo sentido (afectaciones materiales al debido proceso y no taxatividad de los
supuestos de nulidad derivada de la sentencia como causal de revisión), puede citarse: Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión No. 5, Sentencia de 24 de julio de 2024, Rad. 11001-03-15-000 2023-00789-00; Sala
Especial de Decisión No. 6, Sentencia de 30 de julio de 2025, rad. 11001-03-15-000-2025-02260-00.

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resulta improcedente comoquiera que el examen propio del juez constitucional no
está llamado a sustituir las competencias asignadas al juez natural.

25. No ocurre lo mismo respecto de los defectos sustantivo y del
desconocimiento del precedente. Ello, por cuanto: (i) el asunto presenta relevancia
constitucional, ya que la discusión se centró en una posible vulneración de los
derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia 10; (ii) se
encontró satisfecha la legitimación en la causa, tanto activa como pasiva, puesto
que la sociedad accionante fue quien actuó dentro del proceso ordinario como
demandante y la decisión objeto de cuestionamiento fue emitida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado; (iii) se cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya
que la parte actora agotó todos los recursos judiciales disponibles para procurar la
defensa de sus derechos; (iv) la acción de tutela fue presentada el 4 de marzo de
2026, es decir, dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de
la providencia enjuiciada11; (vi) no se cuestionó una irregularidad procesal; (v) los
hechos y fundamentos en los que se basó la presunta vulneración de derechos
fueron identificados de manera razonable; y (vii) la tutela no fue interpuesta contra
una providencia de la misma naturaleza.

26. Superado el examen de procedibilidad en relación con los cargos
habilitados para su estudio, la Sala procede a analizar de fondo las supuestas
vulneraciones asociadas al defecto sustantivo y al desconocimiento del precedente.

Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos

27. La Sala negará el amparo invocado por las razones que a continuación se
exponen:

28. Para abordar este planteamiento, resulta necesario examinar los
fundamentos de la sentencia cuestionada. En efecto, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que negó
las pretensiones, luego de determinar que los reparos correspondientes a la
indebida aplicación y derogatoria del artículo 8°del Decreto 083 de 1976; el exceso
de los límites de la facultad reglamentaria en la Resolución 1449 de 2012, y la falta
de fundamentación y explicación de la liquidación presuntiva, no serían analizados
en segunda instancia debido a que no fueron expuestos en la demanda.

29. Indicó que el hecho que el Decreto 2375 de 1974 no cumpliera con el
principio de reserva legal en materia tributaria previsto en la Constitución de 1991,
no lo hacía por sí solo inconstitucional, debido a que esa situación equivaldría a
asignarle efectos retroactivos a la nueva Constitución. Resaltó que el Decreto 2375
de 1974 conserva su vigencia a menos que resulte contrario a los nuevos principios
constitucionales.

10 Mencionó también la presunta vulneración del principio de confianza legitima, seguridad jurídica y reserva

legal en materia tributaria.
11
Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 1 de octubre de 2025.

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30. Asimismo, señaló que la accionante sí era responsable del pago de la
contribución FIC, al actuar como empleadora de las obras que ejecutaba. Agregó
que, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Decreto 1047 de
1983, el director del SENA expidió la Resolución 1449 de 2012, mediante la cual se
estableció el deber de los empleadores mencionados en el artículo 7 del Decreto
083 de 1976 de contribuir al FIC. Precisó que los propietarios o contratistas
principales serán responsables de dicha contribución cuando no acrediten que sus
subcontratistas cumplieron con dicha obligación.

31. Del estudio completo de la providencia no se advierte que el tribunal haya
desconocido el ordenamiento jurídico, como lo afirma la parte actora. Por el
contrario, la decisión se soporta en una interpretación razonable de las normas
aplicables, en particular del Decreto 2375 de 1974.

32. El tribunal llevó a cabo un análisis detallado de la liquidación presuntiva y la
forma en la que se liquidó conforme lo probado dentro del proceso, a saber: objeto
social de la empresa, relación de los contratos ejecutados durante la vigencia 2010
a 2014, certificación firmada por el contador público del número de trabajadores de
obra contratados directamente, mes a mes en los años 2010 al 2014, Relación
firmada por contador público de los consorcios en los cuales participó la empresa
durante los años 2010 a 2014, descripción de cada proyecto en forma de resumen
ejecutivo y cronograma de obra de actividades por proyecto, descripción de cada
proyecto en forma de resumen ejecutivo y cronograma de obra de actividades por
proyecto, y la certificación por el contador público, detallando las cuentas de costos
de mano de obra y subcontratista para cada una de las vigencias fiscalizadas, y se
informe el valor pagado por FIC.

33. Asimismo, examinó la forma en la que el SENA determinó el valor adeudado
por concepto de la contribución FIC en los periodos 2010 a 2015. Evidenciando que
la accionante subcontrató obras y no demostró el pago de la contribución FIC por
los contratistas.

34. Con fundamento en lo anterior, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
concluyó que no era posible acoger las pretensiones de la demandante, ya que al
no demostrar que los subcontratistas cancelaron la contribución, el SENA estaba
habilitado para aplicar la liquidación presuntiva respecto de los contratos realizados
con terceros.

35. Ahora bien, respecto al desconocimiento del precedente de las sentencias
C-014 de 1993, C-040 de 1993, C-560 de 2019, C-776 de 2003, C-219 de 2011 de
la Corte Constitucional, la Sala encontró que no resultaban aplicables al caso.

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36. Las sentencias C-014 de 199312, C-040 de 199313, C-560 de 201914, C-776
de 200315 y C-219 de 201116 de la Corte Constitucional abordaron situaciones
fácticas diferentes. En particular, dichas providencias se refieren a escenarios
normativos y fácticos diversos, que no versan sobre la exigibilidad de la contribución
FIC ni sobre su aplicación en contextos de subcontratación en la industria de la
construcción.

37. En síntesis, del análisis efectuado se deprende que la decisión de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado no incurrió en los defectos alegados. La
autoridad judicial actuó dentro del marco de sus competencias y sustentó su
determinación en una interpretación coherente y jurídicamente fundada del régimen
de transición. No se advierte arbitrariedad ni vulneración de derechos
fundamentales, sino el ejercicio legítimo de la función jurisdiccional

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela frente al defecto
fáctico presentada por Conaltura - Construcciones y Vivienda S.A.S.

SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la acción de tutela frente al defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente.

12
La Corte Constitucional estudió la demanda de inconstitucionalidad formulada contra el Decreto Extraordinario 2406 de
1991 por el cual «se suprime la oficina de cambios del Banco de la República». En esta oportunidad analizó las facultades
extraordinarias otorgadas al presidente de la República para los efectos de «suprimir funciones o asignarlas». Como resultado
del análisis la Corte declaró la exequibilidad de las disposiciones demandadas.
13
La Corte examinó la constitucionalidad de los artículos 7 y 13 de la Ley 40 de 1990. La Corte concluyó que los artículos
demandados eran exequibles, sustentado su argumento en que el «constitucionalismo contemporáneo y particularmente en
el sistema colombiano vigente, estos derechos deber ser interpretados en el contexto del Estado Social de derecho al lado
de preceptos, como el de la igualdad (artículo 13 C.N) y solidaridad (artículo 1 C.N.), que tienden a la promoción de
condiciones reales para el ejercicio autónomo de las decisiones libremente escogidas»
14
La Corte estudió la exequibilidad contra las siguientes expresiones: “grave”, “y el tercer inciso del artículo 178 A” y “de
la Contraloría”, contenidas en los artículos 52, 66 y 101 de la Ley 1952 de 2019. En esta oportunidad resolvió estarse a lo
resuelto en la Sentencia C-181 de 2002 – respecto de la expresión grave – e inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo
sobre la exequibilidad de la expresión “y el tercer inciso del artículo 178 A”, contenida en el artículo 66 de la Ley 1952 de 2019
(CGD), por carencia actual de objeto. Señaló que tenia competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad de leyes
que, habiendo sido promulgadas, todavía no entran en vigor, cuando estas no hayan sido derogadas.
15
la Corte revisó la constitucionalidad de la Ley 788 de 2020 «Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal
del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones». En esa oportunidad la corte resolvió estarse a lo dispuesto en
la Sentencia C-485 de 2003 en la cual se declaró la exequibilidad del parágrafo del articulo 29 d4e la Ley 788 de 2002, se
inhibió de pronunciarse respecto al artículo 34 de la Ley 788 de 2002 y declaró exequible los demás artículos estudiados.
Concluyó que «si bien el legislador dispone de un margen de configuración de la política tributaria y tiene la potestad de
decidir que bienes y servicios grava con el IVA o excluye de dicho tributo (art. 338 de la C.P.), el ejercicio de esta facultad no
es ilimitado, como no lo es ninguna competencia en un estado constitucional, sino que debe respetar el marco constitucional
en su integridad (artículo 1, 2, 3, y 4 C.P.)»
16
La Corte declaró inexequible el Decreto Legislativo 015 de 2011 «Por el cual se establecen los límites máximos de
velocidad para garantizar la seguridad vial en el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica». Lo anterior por cuanto
el decreto estudiado no se dicto por fuera del término que el Ejecutivo tenia para ello, esto es, en los términos para los cuales
se estableció la emergencia social, económica, ecológica por grave calamidad pública.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01750-00
Demandante: Conaltura - Construcciones y Vivienda S.A.S

TERCERO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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