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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01928-01

Fecha
29 de mayo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01928-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el 22 de febrero de 2018, que declaró la prescripción de las prestaciones sociales y ordenó el pago de los aportes a salud y pensión, en el sentido de modificar los numerales primero y segundo del fallo apelado, en su lugar se dispone: Primero: Declarar la nulidad del acto ficto que se configuró por la falta de respuesta del Ministerio de Salud y Protección Social frente a la reclamación presentada el 13 de noviembre de 2012, así como del oficio 2012-042888 del 22 de noviembre de 2012 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Segundo: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, declarar la existencia de una relación laboral entre Hubert Iván Maldonado Melo desde el 26 de diciembre de 1996 con el Instituto de Seguros Sociales y a partir del 1° de julio de 2003 hasta el 25 de octubre de 2007 con la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento (salvo las interrupciones), tiempo que se tendrá en cuenta para efectos pensionales. Tercero: Condenar a la Nación, Ministerio de la Salud y Protección Social y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a reconocer al señor Hubert Iván Maldonado Melo las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho, del 1° de junio de 2001 al 25 de octubre de 2007, (en tanto, operó la prescripción de las prestaciones sociales causadas antes del 1° de junio de 2001), para lo cual tomará como referente los salarios de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las ejecutadas por el demandante en el periodo reclamado, por el tiempo en el cual se demostró la existencia de la relación laboral, conforme a lo explicado en la parte motiva. De igual manera, también a título de restablecimiento del derecho, ordenar a las entidades demandadas, en caso de existir diferencias entre los aportes realizados por el demandante como contratista y los que efectivamente se debieron cumplir en razón de la relación laboral, que efectúe las cotizaciones al respectivo fondo de pensiones en […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-01928-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

29 de mayo de 2025

Radicación: 25000-23-42-000-2013-01928-01 (0181-2019)
Demandante: Hubert Iván Maldonado
Demandado: Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01928-01 (0181-2019)1
Demandante: Hubert Iván Maldonado Melo
Demandado: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y ESE Luis Carlos Galán Sarmiento

Tema: cumplimiento a lo ordenado por la sentencia del 20 de mayo de 2024, dictada
por la Sala Dos Especial de Decisión del Consejo de Estado. Subtema 1: relación
laboral encubierta. Subtema 2: interrupción de la prescripción. Subtema 3: médico
especialista.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a dictar
sentencia de reemplazo, dentro del presente asunto, para dar cumplimiento al fallo del
20 de mayo de 20242, proferido por la Sala Dos Especial de Decisión del Consejo de
Estado, que declaró la nulidad del fallo del 19 de enero de 2023 de la Sección
Segunda, Subsección B de esta corporación.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El demandante celebró contratos de prestación de servicios por más de 10 años para
ejercer como médico especialista en ginecobstetricia con el Instituto de Seguros
Sociales y la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, y solicitó la nulidad de los actos
administrativos fictos originados por la falta de respuesta a sus reclamaciones del 13
de noviembre de 2012 y del oficio del Ministerio de Hacienda que negó su reclamación.
Como restablecimiento del derecho, pidió el reconocimiento y pago de todas las
prestaciones laborales legales, extralegales y convencionales. Argumentó que, pese a
haber estado vinculado formalmente mediante contratos de prestación de servicios en
realidad existió una relación laboral encubierta, pues desempeñó funciones bajo
subordinación, con jornada fija, salario y sin el goce de los derechos laborales
correspondientes.
II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. El señor Hubert Iván Maldonado Melo, mediante apoderado judicial, presentó
demanda3, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

1 Expediente físico.
2 Proceso con radicado 11001-03-15-000-2023-04693-00.
3 22 de febrero de 2013.

1

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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01928-01 (0181-2019)
Demandante: Hubert Iván Maldonado
Demandado: Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y otros

contra las entidades llamadas a responder por las deudas de la extinta Empresa Social
del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento, a saber: el Ministerio de Salud y Protección
Social; el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el Instituto de Seguros Sociales en
Liquidación; y FIDUPREVISORA, que administra el patrimonio autónomo de la extinta
ESE. El actor formuló las siguientes pretensiones:

(i) Se declare la nulidad de los actos fictos que se configuraron por la falta de
respuesta frente a las reclamaciones presentadas el 13 de noviembre de 2012 ante la
FIDUPREVISORA, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto de Seguros
Sociales en Liquidación.

(ii) Se declare la nulidad del oficio 2-2012-042888 del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público que respondió la reclamación del 13 de noviembre de 2012.

(iii) A título de restablecimiento del derecho solicitó que se declare que las entidades
demandadas deben reconocerle y pagarle todas las prestaciones sociales legales,
extralegales y convencionales, la prima técnica, el auxilio de cesantía, los intereses
sobre las cesantías, la prima de servicio, la prima de navidad, la prima de vacaciones,
la prima de antigüedad, el subsidio de transporte, el subsidio de alimentación, y los
aportes a salud y a pensión.

(iv) Así mismo, pidió el reconocimiento del tiempo laborado en dominicales, festivos,
trabajo nocturno, horas extras, así como la sanción moratoria, y el pago de la
indemnización por la desvinculación unilateral de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento.

(v) Por último, pidió el pago de intereses comerciales y moratorios, y que se
condene en costas a la parte demandada4.

2.1.2. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

3. El señor Hubert Iván Maldonado Melo celebró contratos de prestación de
servicios con el Instituto de Seguros Sociales desde el 26 de diciembre de 1996, y
cumplió funciones de ginecobstetra. La vinculación continuó con la ESE Luis Carlos
Galán Sarmiento desde el 26 de junio de 2003 hasta el 25 de octubre de 2007.

4. Relató que laboró un tiempo total de 10 años y 5 meses como contratista, sin
embargo, en realidad el actor trabajó bajo subordinación, con el cumplimiento estricto
de un horario y percibió un salario. Pese a ello, no disfrutó de vacaciones, prestaciones
sociales ni del pago del tiempo suplementario.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

De la Constitución Política, los artículos 4, 13, 25, 48, 53, 121, 122, 123, 125 y 209.
De la Ley 80 de 1993, el artículo 32.

4 Folios 236 a 247 del expediente físico.

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De la Ley 4 de 1992.
De la Ley 100 de 1993, artículos 15, 17, 18, 20, 22, 23, 128, 157, 161 y 204.
La Ley 332 de 1996.
Del Decreto 3135 de 1968, el artículo 8.
Del Decreto 1045 de 1968, el artículo 25.
Del Código Sustantivo del Trabajo, los artículos 22, 23, 27, 37, 39, 47, 57, 65, 67, 161,
168, 172, 173, 177, 179, 186, 193, 230, 249, 467, 477 y 478.
La Ley 1071 de 2006.
De la Ley 790 de 2002, el artículo 17.

6. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que, conforme al
artículo 53 de la Constitución Política, se debe aplicar el principio de primacía de la
realidad sobre las formas legales, puesto que el demandante prestó sus servicios en
condiciones de subordinación y dependencia, con el cumplimiento de horarios estrictos
y un salario, lo cual constituye una relación laboral. Por tanto, el Instituto de Seguros
Sociales en liquidación y la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, debieron reconocer el
vínculo laboral.

7. Asimismo, al demandante se le impuso un régimen propio de empleados de
planta, con jornadas laborales superiores a las 8 horas diarias, trabajó en días no
laborales sin pago adicional, y con la exigencia de reponer el tiempo de incapacidades
o permisos. Esta situación desvirtuó el carácter administrativo del contrato, y configuró
una verdadera relación laboral encubierta.

8. Finalmente, sostuvo que las entidades violaron la ley al utilizar de forma
permanente una figura contractual excepcional, como en el caso del doctor Maldonado
Melo, quien estuvo vinculado por más de diez años bajo dicha modalidad. En
consecuencia, los actos demandados desconocieron los derechos fundamentales del
trabajador y se configuró un contrato realidad.

2.2. Trámite procesal

9. Mediante auto del 2 de julio de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
admitió la demanda y ordenó notificar a los Ministerios de Salud y la Protección Social,
así como de Hacienda y Crédito Público5.

2.3. Contestación de la demanda

2.2.1. Ministerio de Salud y Protección Social

10. El Ministerio, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda,
al indicar que el actor no prestó sus servicios para esta entidad del orden nacional.
Además, no tuvo injerencia en la actuación administrativa adelantada por la ESE Luis
Carlos Galán Sarmiento. Sin embargo, en gracia de discusión, explicó que el
demandante no era servidor público de la extinta ESE, sino un contratista, y que el
objeto de los contratos correspondía al ejercicio como médico especialista en
ginecobstetricia.

5 Folio 270.

3

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11. Igualmente, señaló que el contrato de prestación de servicios está regulado por
la Ley 80 de 1993, que en el numeral 3 del artículo 32 prevé «en ningún caso estos
contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebran por el término
estrictamente indispensable». Precisó que la vinculación que se realiza con la
administración bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios no configura
una relación laboral subordinada de carácter legal o reglamentaria, por lo tanto, no hay
lugar al pago de prestaciones sociales.

12. También indicó que la vinculación que se realiza con la administración bajo la
modalidad de contrato de prestación de servicios no genera una relación laboral
subordinada de carácter legal o reglamentaria, entonces, es improcedente el pago de
prestaciones sociales. Además, acorde con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el
demandante celebró con la Empresa Social del Estado contratos de prestación de
servicios en los que se comprometió a ejecutar un objeto contractual con autonomía y
libertad, en tal virtud no existió subordinación, puesto que sus obligaciones se
derivaron del objeto contractual.

13. Por otra parte, los contratos de prestación de servicios se justificaron en que en
la planta de personal no existía el personal suficiente para cumplir con el objeto
misional. Por último, precisó que el contrato terminó debido a que el Gobierno nacional
ordenó la supresión de la ESE, a través del Decreto 3202 del 24 de agosto de 2007.

14. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
prescripción, cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación6.

2.2.2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

15. El apoderado del Ministerio se opuso a las pretensiones de la demanda al indicar
que no está legitimado en la causa por pasiva y que el oficio 2-2012-042888 es una
comunicación que no es susceptible de control judicial, dado que no modifica, crea o
extingue un derecho7.

16. Propuso las excepciones de prescripción, falta de legitimación en la causa por
pasiva e inepta demanda.

2.2.3. Sentencia de primera instancia

3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 22 de febrero de 2018, declaró probada de oficio la
prescripción del derecho al pago de las prestaciones sociales frente a las vinculaciones
del 26 de diciembre de 1996 al 25 de octubre de 2007. No condenó en costas a las
partes, al no observar una conducta dilatoria o de mala fe.

4. A título de restablecimiento del derecho condenó a las entidades demandadas a
reconocer y pagar al actor «los porcentajes de cotización correspondientes al
empleador, a pensión y salud, que debió trasladar a los fondos, se aclara que no podrá
ser la totalidad de dichos montos, sino la cuota parte que le correspondía a las
6 Folios 353 a 372.
7 Folios 296 a 303.

4

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entidades demandadas. Trasladar al respectivo fondo de pensiones y la EPS (sic).
Adicional a ello, la entidad demandada debe girar al respectivo Fondo de Pensiones lo
correspondiente, luego de hacer la liquidación de lo efectivamente cotizado y lo que se
debió cotizar durante los periodos que estuvo vinculado entre el 26 de diciembre de
1996 al 25 de octubre de 2007, sin prescripción alguna». El tribunal negó las demás
pretensiones de la demanda y no condenó en costas. Como fundamento de la decisión
expuso los siguientes argumentos:

5. El demandante se obligó a prestar sus servicios en el Instituto de Seguros
Sociales y la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, respectivamente, conforme al objeto
de los contratos de prestación de servicios celebrados del 26 de diciembre de 1996 al
25 de octubre de 2007, con el cumplimiento de horario y el pago de honorarios, y el
médico estaba sometido al cumplimiento de órdenes en cuanto al modo y tiempo del
trabajo ejecutado. El elemento de la subordinación se acreditó con los memorandos
para el cumplimiento del horario, los llamados de atención por no realizar el programa
quirúrgico, así como que el actor debía rendir informes de gestión y prestar sus
servicios en las instalaciones de la entidad.

6. La existencia de la subordinación desvirtuó que el accionante ejecutara el
contrato de manera autónoma o independiente, dado que las funciones asignadas se
desarrollaban bajo un horario específico propio del personal de planta de la entidad.
Dichas funciones eran de carácter permanente y no correspondían a una labor
excepcional o esporádica que justificara la contratación ocasional de servicios.

7. En criterio del tribunal, el vínculo se extendió de manera continua por un período
superior a los diez años, lo que evidenció una verdadera relación laboral encubierta
bajo la apariencia de un contrato de prestación de servicios.

8. Acorde con esta valoración, el tribunal consideró que se configuraron los
presupuestos jurídicos de una relación laboral encubierta, y que la finalidad de la
administración fue evadir el pago de prestaciones sociales.

9. Frente a la prescripción expuso que, según el criterio del Consejo de Estado,
ocurre cuando el interesado deja pasar más de tres años después de finalizada la
relación contractual para reclamar la existencia del contrato realidad. En este orden de
ideas, el tribunal expuso que el demandante presentó las reclamaciones
administrativas el 13 de noviembre de 2012 ante FIDUPREVISORA, el Ministerio de Salud
y Protección Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Instituto de
Seguros Sociales, para pedir el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las
prestaciones sociales, pero la última vinculación terminó el 25 de octubre de 2007 y el
actor presentó la demanda el 22 de febrero de 2013, razón por la cual operó el
fenómeno jurídico de la prescripción.

10. Sin embargo, el tribunal precisó que los aportes a pensión son imprescriptibles,
de conformidad con la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 8, la cual
estableció que la prescripción no se aplica a los aportes a pensión, en atención a la
«condición periódica del derecho pensional». En consecuencia, se dispuso que las

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, proceso con radicado 23001-23-000-

2013-00260-01 (0088-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
5

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Demandante: Hubert Iván Maldonado
Demandado: Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y otros

entidades demandadas deberían «pagar al demandante a título de restablecimiento
del derecho, los porcentajes de cotización correspondientes al empleador a pensión y
salud que debió trasladar a los fondos correspondientes».

11. Agregó que correspondía a la entidad girar al fondo de pensiones y a la EPS, lo
que debió cotizar, toda vez que los contratistas efectuaban aportes en un porcentaje
diferente a los dependientes, esto con el propósito de «recomponer el IBL en los
periodos que estuvo vinculado entre el 26 de diciembre de 1996 a 25 de octubre de
2007»9.

2.4. Recursos de apelación

2.4.1. Parte demandante

12. El señor Hubert Iván Maldonado Melo, mediante apoderado, interpuso recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia y manifestó su inconformidad
frente a la configuración de la prescripción. Como sustento del recurso, señaló que
dicha figura operó en el presente asunto, en la medida en que la reclamación de los
derechos se realizó oportunamente desde el año 2009 (sic: 2010), dentro de los
términos establecidos por la ley y la jurisprudencia, con lo cual se habría interrumpido
válidamente el término prescriptivo10.

2.4.2. Ministerio de Salud y Protección Social

13. El apoderado del Ministerio solicitó que se revoque el fallo de primera instancia
con fundamento en que los contratos de prestación de servicios celebrados entre el
demandante y la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento estaban regidos por la Ley 80 de
1993, los cuales en ningún caso configuran una relación laboral ni derecho al pago de
prestaciones sociales. Aunado a que el cumplimiento de un horario y la realización del
trabajo en las instalaciones del empleador no configuran per se el elemento de la
subordinación, sino que refieren una relación de coordinación para el desarrollo
eficiente de la actividad encomendada.

14. Así mismo, el Ministerio sostuvo que, según los diferentes contratos de
prestación de servicios, existía un supervisor, quien no desarrollaba labores de jefe
inmediato. Y, que si bien fueron firmados 37 contratos de prestación de servicios,
desde el 2 de enero de 1997 hasta el 25 de octubre de 2007, «lo cierto es que ello no
significa que por tal circunstancia sea viable declarar que existió un contrato laboral
entre la demandante y la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, pues las actividades que
venía desarrollando en virtud de tales contratos, culminaron al vencimiento de duración
del objeto contractual».

15. En lo que respecta a la prescripción, el Ministerio afirmó que todos los derechos
derivados de la relación contractual están extinguidos, dado que la reclamación del 13
de noviembre de 2012 superó ampliamente el término de tres años desde la
terminación del último contrato11.

9 Folios 318 a 332 del expediente físico.
10 Folio 339 del expediente físico.
11 Folios 340 a 348.

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2.4.3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

16. El apoderado del Ministerio solicitó que se revoque el numeral segundo del fallo
de primera instancia, para en su lugar absolverlo de responsabilidad, con fundamento
en los siguientes argumentos:

17. La entidad recurrente advirtió que era improcedente su vinculación, sin embargo,
el tribunal condenó solidariamente a todas las entidades demandadas, incluyendo al
Ministerio, sin motivación expresa.

18. Por otra parte, censuró que la sentencia no haya declarado la nulidad del oficio
2-2012-042888 del Ministerio de Hacienda, lo cual era necesario para poder
restablecer el derecho reclamado. Así, señaló que esta omisión afectó directamente la
parte resolutiva del fallo, ya que no se puede restablecer un derecho sin haber anulado
previamente el acto administrativo que presuntamente lo vulneró. Asimismo, cuestionó
la falta de congruencia en la sentencia, ya que no explicó las razones jurídicas que
llevaron a considerar que el citado oficio constituía un acto definitivo, susceptible de
control jurisdiccional, y que generaba efectos jurídicos12.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

19. Mediante auto del 5 de marzo de 2019, el despacho ponente admitió los recursos
de apelación presentados por la parte actora, el Ministerio de Salud y Protección Social
y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público13. En auto del 20 de mayo de 2019, se
corrió traslado para alegar de conclusión a las partes, y se puso el expediente a
disposición del Ministerio Público14.

2.6. Alegatos de conclusión

2.6.1. La parte actora

20. La parte demandante alegó que la sentencia de primera instancia no reconoció
expresamente la existencia de un contrato realidad entre las partes, a pesar de que el
médico laboró de forma continua y bajo la modalidad de contratos de prestación de
servicios, con lo cual se configuró una relación laboral encubierta.

21. En relación con el fenómeno de la prescripción, el accionante consideró que el
fallo apelado declaró su configuración respecto de derechos prestacionales, pese a
que el juez de primera instancia reconoció que el actor suscribió contratos de
prestación de servicios entre el 26 de diciembre de 1996 y el 25 de octubre de 2007.
Así pues, la parte recurrente sostuvo que la primera reclamación fue radicada el 13 de
mayo de 2010, es decir, faltando menos de seis meses para el vencimiento del término
trienal de prescripción, que se habría cumplido el 25 de octubre de 2010.

12 Folios 349 a 357.
13 Folio 374.
14 Folio 382.

7

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22. Por lo anterior, solicitó que se revoque la declaración de prescripción, al
considerar que el escrito del 13 de mayo de 2010 interrumpió válidamente el término
prescriptivo. Por ello, a su juicio, no se ha configurado el fenómeno jurídico alegado, y
en consecuencia, el actor tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones
reclamadas15.

2.6.2. Ministerio de Salud y Protección Social

23. El apoderado del Ministerio sostuvo que no existe fundamento jurídico que
permita el reconocimiento de los derechos reclamados, dado que el actor estaba
vinculado a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento mediante contrato de prestación de
servicios, y dicho vínculo no fue controvertido oportunamente. El Ministerio resaltó que
la solicitud de reconocimiento es improcedente, en tanto no se impugnaron los
contratos ni sus cláusulas, y la entidad no puede ser condenada, ya que no es
sucesora legal ni contractual de la ESE.

24. Se precisó, además, que las Empresas Sociales del Estado pueden celebrar
contratos de prestación de servicios para suplir necesidades puntuales, sin que ello
implique una relación laboral ni vinculación directa con la planta de personal. En el
presente caso, el actor prestó sus servicios como médico mediante contratos de
prestación de servicios, sin pertenecer a la planta de la entidad, hecho que fue
acreditado con testimonios obrantes en el expediente.

25. Finalmente, concluyó que operó la prescripción, por cuanto el último contrato
ejecutado con la ESE finalizó el 25 de octubre de 2007 y la reclamación administrativa
fue presentada únicamente hasta el año 2012, con lo cual se superó el término de tres
años16.

2.6.3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

26. El apoderado del Ministerio manifestó que la entidad no está legitimada en la
causa por pasiva porque no participó en la expedición de los actos administrativos
demandados ni existe un fundamento normativo que le atribuya al Ministerio la
obligación de responder por las pretensiones contra la ESE Luis Carlos Galán
Sarmiento17.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

27. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.

15 Folios 397 a 408.
16 Folios 389 a 396.
17 Folio 421 a 425.

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3.2. Cuestiones previas

3.2.1. Cumplimiento de lo ordenado por la Sala Dos Especial de Decisión

28. La Sala Dos Especial de Decisión, mediante sentencia del 20 de mayo de 2024,
declaró fundado el recurso extraordinario de revisión presentado por el señor Hubert
Iván Maldonado Melo contra el fallo del 19 de enero de 2023, proferido por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación. En consecuencia, declaró
la nulidad de la providencia y ordenó que se dictara nuevamente para subsanar la
irregularidad consistente en no haber resuelto lo planteado en el recurso de apelación
contra el fallo de primera instancia «respecto a la prescripción de las sumas
reclamadas», puesto que, se abordó el análisis de la prescripción sin tener en cuenta
la petición radicada el 13 de mayo de 2010, ante la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento.

29. Como sustento de la decisión, la Sala Especial de Decisión consideró que se
configuró la causal quinta del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, por violación del derecho al debido proceso. Esto
en atención a que el fallo de la Subsección no tuvo en cuenta el recurso de apelación
presentado por la parte actora ni el escrito del 13 de mayo de 2010, radicado ante la
ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, el cual interrumpió la prescripción, toda vez que la
relación contractual terminó el 25 de octubre de 2007.

30. En lo que concierne al citado escrito del 13 de mayo de 2010, la Sala Especial de
Decisión afirmó que fue aportado como prueba con la demanda; sin embargo, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la prescripción de todas las sumas
reclamadas, dado que solamente tuvo en cuenta las reclamaciones interpuestas por
el actor el 13 de noviembre de 2012, cuando ya habían pasado más de tres años desde
el 25 octubre de 2007, fecha de terminación del último contrato. Igualmente, la
sentencia de segunda instancia del 10 de enero de 2023 no abordó lo reprochado por
el accionante, en el recurso de apelación, respecto de la prescripción, pese a que en
el expediente obraba la reclamación del 13 de mayo de 2010, presentada ante la ESE.

31. En este orden de ideas, le corresponde a la Subsección dictar una nueva sentencia
para cumplir lo dispuesto por la Sala Dos Especial de Decisión en lo concerniente a
que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por el accionante en cuanto a que
no operó la prescripción y que se analice el referido escrito del 13 de mayo de 2010.
En el citado documento, el actor solicitó a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento el
reconocimiento de la relación laboral desde el 1° de julio de 2003 hasta el 3 de
septiembre de 2007, con el pago consecuente de todas las prestaciones sociales,
cesantías, intereses a las cesantías, primas, emolumentos y sanción moratoria.

32.Consecuentemente, la decisión de cumplimiento se dictará acorde con lo
considerado por la Sala Dos Especial de Decisión.

3.2.2. Legitimación en la causa de las entidades demandadas

33. Dado que en los recursos de apelación tanto el Ministerio de Salud y la Protección
Social como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicaron que no están
legitimados en la causa por pasiva, previamente al pronunciamiento de fondo, se
analizará este aspecto.

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Demandante: Hubert Iván Maldonado
Demandado: Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y otros

3.2.2.1. Legitimación del Ministerio de Salud y Protección Social

34. El Ministerio de Salud y Protección Social indicó que no tiene la calidad de
sucesor procesal de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento. En este aspecto, se debe
decir que si bien el demandante no tuvo vínculo contractual directo con el Ministerio
de Salud y Protección Social, lo cierto es que en virtud del contrato celebrado con la
Fiduciaria La Previsora S.A., en el marco del proceso de liquidación de la ESE Luis
Carlos Galán Sarmiento, corresponde a dicha cartera ministerial asumir la legitimación
en la causa por pasiva, en su calidad de fideicomitente18.

35. Ciertamente, si bien el Ministerio de Salud y Protección Social no celebró los
contratos de prestación de servicios, «a dicho ministerio le fue cedido el contrato de
fiducia mercantil de administración del patrimonio autónomo de remanentes de la ESE
Luis Carlos Galán Sarmiento y, por ello, actúa como fideicomitente»19. Por lo tanto,
aunque no compromete su patrimonio, lo cierto es que las sumas reconocidas «se
pagarán con cargo a los activos administrados por la sociedad fiduciaria FIDUPREVISORA
y que fueron transferidos al patrimonio autónomo de remanentes constituido por la
extinta ESE Luis Carlos Galán, a través del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-0410
(No. 114 de 2008), suscrito en cumplimiento del artículo 35 del Decreto Ley 254 de
2000, modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, siguiendo para el efecto,
igualmente, las reglas y procedimientos para el pago del pasivo a cargo de la institución
previstas en el Decreto 2211 de 2004»20.

36. En efecto, la Ley 1105 del 13 de diciembre de 200621, en el artículo 19 reguló el
procedimiento de liquidación de las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden
nacional, así:

ARTÍCULO 19. El artículo 35 del Decreto-ley 254 de 2000 quedará así:

ARTÍCULO 35. A la terminación del plazo de la liquidación, el liquidador podrá celebrar
contratos de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria por el cual se transferirá activos
de la liquidación con el fin de que la misma los enajene y destine el producto de dichos
bienes a los fines que en el inciso siguiente se indican. La entidad fiduciaria contratista
formará con los bienes recibidos de cada entidad en liquidación un patrimonio
autónomo.

La entidad fiduciaria destinará el producto de los activos que les transfiera el liquidador
a pagar los pasivos y contingencias de la entidad en liquidación, en la forma que
hubiere determinado el liquidador en el contrato respectivo, de conformidad con las
reglas de prelación de créditos previstas en la ley.

Si pagadas las obligaciones a cargo de la entidad en liquidación quedaren activos o
dinero en poder de la entidad fiduciaria contratada, esta los entregará al Fopep o al
Fondo de Reservas de Bonos Pensionales, según corresponda, en la forma y

18 En el mismo sentido se pronunció la Subsección, en sentencia del 13 de junio de 2024, proceso con radicado

25000-23-42-000-2012-01145-02 (4146-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
19 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 1° de junio de 2020, proceso con radicado 25000-23-24-000-

2008-00423-01, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
20 Idem.
21 Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de liquidación de entidades

públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones.
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oportunidad que señale el Gobierno Nacional en el decreto que ordene la liquidación o
en uno que lo complemente.

Pagados los pasivos o cuando los bienes entregados en fiducia sean suficientes para
atenderlos, los demás activos que no hayan sido objeto de fiducia, se traspasarán al
Ministerio, Departamento Administrativo o entidad descentralizada que determine la ley
o el acto administrativo expedido por el Gobierno Nacional. Lo anterior, sin perjuicio de
que cuando se enajenen bienes, su producto se entregue al Fopep o al Fondo de
Reserva de Bonos Pensionales, según lo determine el Gobierno Nacional.

Cumplido el plazo de la liquidación en el acta final de liquidación por la cual se pone fin
a la existencia legal de la entidad y, cuando sea del caso, se indicarán los activos que
se transfieren o que se encuentran en un patrimonio autónomo de conformidad con el
presente artículo, así como los pasivos que se pagarán con cargo a dicho patrimonio
autónomo, y las obligaciones que asuman otras entidades con sujeción a lo previsto en
el presente decreto.

Si al terminar la liquidación existieren procesos pendientes contra la entidad, las
contingencias respectivas se atenderán con cargo al patrimonio autónomo al que se
refiere el presente artículo o a falta de este, el que se constituya para el efecto. Lo
anterior sin perjuicio de los casos en que la Nación u otra entidad asuman dichos
pasivos, de conformidad con la ley.

37. Posteriormente, el Decreto 3202 de 24 de agosto de 200722 ordenó la supresión
de la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento. Ahora bien, con ocasión
de las controversias que ha decidido esta corporación, se ha determinado que la
entidad responsable de la defensa judicial, así como de cumplir los fallos contra la ESE
es el Ministerio de Salud y Protección Social, en la calidad de «subrogatorio legal» del
contrato de fiducia mercantil, tal como se consideró en las sentencias del 14 de octubre
de 202123 y del 7 de abril de 202224.

38. Así pues, la Subsección explicó que la ESE fue liquidada por disposición del
Decreto 3202 de 2007, que la liquidadora celebró el contrato de fiducia mercantil 114
(3-4-410) del 30 de diciembre de 2008, así como que el Ministerio de Salud y
Protección Social tiene a su cargo la administración de la liquidación de la ESE, a partir
de la cual se concluyó que «ante la desaparición de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento
con ocasión de su liquidación definitiva, el ente actualmente responsable de la defensa
judicial de dicha entidad y, por ende, de dar cumplimiento a las decisiones judiciales
en su contra, es el Ministerio de Salud y Protección Social». Para mejor compresión
se traen los apartes pertinentes de la providencia del 14 de octubre de 202125:

En cumplimiento de las disposiciones aludidas en precedencia, la liquidadora de la ESE
Luis Carlos Galán Sarmiento (en calidad de fideicomitente) suscribió con Fiduprevisora
SA (entidad fiduciaria) el contrato de fiducia mercantil 114 (3-4-410) de 30 de diciembre
de 2008, cuyo objeto fue la «[…] constitución de un patrimonio autónomo de

22 Por el cual se suprime la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento y se ordena su liquidación.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de octubre de 2021, proceso con radicado

25000-23-25-000-2011-00270-01(2048- 18), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de abril de 2022, proceso con radicado

25000-23-42-000-2013-01854-02 (0523-2017), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de octubre de 2021, proceso con radicado

25000-23-25-000-2011-00270-01(2048- 18), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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remanentes denominado PAP-ESE LUIS C. GALAN EN LIQ PAR, al cual se le
transfieren los bienes, recursos y procesos remanentes, al concluir el plazo de la
prorroga [sic] de la liquidación»26.

En la cláusula tercera del mencionado contrato, las partes acordaron expresamente
que «En desarrollo del objeto del [mismo] y de las instrucciones impartidas por EL
FIDEICOMITENTE, el PAR ejecutará […]», entre otras actividades, el «Pago a
acreedores beneficiarios», así como «Atender todos los procesos judiciales que sean
notificados a la ESE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN LIQUIDACIÓN hasta el
cierre del proceso liquidatario»27 y «Presentar cuenta de cobro al Ministerio que
determine el Gobierno Nacional, por el uso de la GARANTÍA DE LA NACIÓN, para
cubrir los gastos y fallos judiciales de contenido laboral […]»28.

Ahora bien, dado que el Gobierno nacional «Prorrog[ó] el plazo dispuesto para la
liquidación de la Empresa Social del Estado ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en
Liquidación, […] hasta el seis (6) de noviembre de 2009», por medio del Decreto 4241
de 30 de octubre del mismo año, el agente liquidador y el Ministro de la Protección
Social (hoy de Salud y Protección Social) suscribieron «[…] Acta Final del proceso
Liquidatorio […]» y dispusieron la «[…] entrega de los activos […] [y] los procesos
judiciales […]» de la ESE «[…] al Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR,
contratado con FIDUPREVISORA S.A., quien los recibirá conforme a lo acordado
mediante contrato de Fiducia Mercantil […] 114 […] de 2008», y dejó como «[…]
fideicomitente cesionario […]» (se destaca) a ese Ministerio29.

En tal sentido, consultada la página electrónica del Ministerio de Salud y Protección
Social30 se advierte que, ciertamente, dicha cartera resuelve (a través del grupo de
administración de entidades liquidadas) todo lo concerniente a «Trámite[s] de historias
laborales, certificaciones, solicitudes de reconocimiento de pensiones y otros
documentos de ex funcionarios de Cajanal, Prosocial, el Ceads y las Empresas
Sociales del Estado en liquidación (Luis Carlos Galán, Rita Arango Alvarez [sic],
Policarpa Salavarrieta, Rafael Uribe Uribe, José Prudencio Padilla, Francisco de Paula
Santander y Antonio Nariño)» (se destaca).

Por otra parte, dado que «[…] el Agente Liquidador de la Empresa Social del Estado
Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación, informó […] [al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público] que los activos de la Empresa en liquidación resultaron insuficientes
para pagar el total de los gastos administrativos laborales, el pasivo pensional de la
empresa, así como para pagar reclamaciones laborales reconocidas oportunas y
extemporáneas y el pasivo cierto no reclamado laboral», con Decreto 4171 de 29 de

26 «Cláusula segunda: objeto […]», contrato de fiducia mercantil 3-1-0410 de 30 de diciembre de 2008.
27 Letra k, cláusula 10ª, «otras obligaciones de la fiduciaria».
28 Letra l, ibidem.
29 En tal sentido, cabe anotar que en la cláusula 25 del contrato de fiducia mercantil citado, las partes acordaron

que «antes de extinguida la persona jurídica de la ESE […] en su calidad de fideicomitente, el […] contrato y sus
otrosí serán cedidos al Ministerio de la Protección Social. En todo caso, el Ministerio de la Protección Social o la
Entidad designada por el Gobierno Nacional, es el subrogatario legal del presente contrato» (negrillas de la Sala).
30 http://www.minsalud.gov.co/atencion/Lists/Directorio/DispForm.aspx?ID=6&ContentTypeId=0x0100EA
91E5972A0EC742BA3400C155B6950A.
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octubre de 2009 la Nación «[…] asum[ió] el valor de las obligaciones laborales
reconocidas insolutas a cargo de la […]» ESE, así:

[…]

Por consiguiente, en virtud de las normas atrás mencionadas y ante la desaparición de
la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento con ocasión de su liquidación definitiva, el ente
actualmente responsable de la defensa judicial de dicha entidad y, por contera, de dar
cumplimiento a las decisiones judiciales en su contra, es el Ministerio de Salud y
Protección Social, en calidad de «subrogatario legal» del contrato de fiducia mercantil,
motivo por el cual se descartan los argumentos expuestos por este en el recurso de
apelación en tal sentido.

3.6.4 Legitimación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y control de
legalidad del oficio 2-2012-042888 del 22 de noviembre de 2012

39. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que, pese a la improcedencia
de su vinculación en el proceso, fue condenado solidariamente con las demás
entidades demandadas. Al respecto, la Sala precisa que el fallo de primera instancia,
en efecto indicó que se «condena a las entidades demandadas a reconocer y pagar al
señor Hubert Iván Maldonado Melo los porcentajes de cotización correspondientes al
empleador a pensión y salud».

40. Ahora bien, en cuanto a la competencia del referido Ministerio se destaca que
el Decreto 4171 de 200931, expedido por el presidente de la república y el ministro de
Hacienda y Crédito Público, en la parte motiva expuso que «el agente Liquidador de la
Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación, informó a este
Ministerio que los activos de la Empresa en liquidación resultaron insuficientes para
pagar el total de los gastos administrativos laborales, el pasivo pensional de la
empresa, así como para pagar reclamaciones laborales reconocidas oportunas y
extemporáneas y el pasivo cierto no reclamado laboral». Por consiguiente, dispuso
que la Nación debía asumir el valor de las obligaciones laborales reconocidas insolutas
a cargo de la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento en liquidación,
en los siguientes términos:

Artículo 1°. En virtud del presente decreto la Nación asume el valor de las obligaciones
laborales reconocidas insolutas a cargo de la Empresa Social del Estado Luis Carlos
Galán Sarmiento en liquidación, únicamente por concepto del valor de la normalización
pensional aprobado por la entidad ante la cual se surtió dicho mecanismo, las
obligaciones laborales oportunas y extemporáneas, las obligaciones laborales
clasificadas en el pasivo cierto no reclamado y las clasificadas como gastos
administrativos laborales.

Las obligaciones laborales cuyo valor es asumido por la Nación corresponderán
exclusivamente a aquellas que se encuentran incorporadas como tales en el contrato
de fiducia mercantil suscrito por la entidad en liquidación, en cumplimiento del artículo
35 del Decreto-ley 254 de 2000 modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006.
El valor de la normalización pensional asumido es aquel que hace parte del Convenio

31 Por el cual se asumen unas obligaciones y se dictan otras disposiciones.

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suscrito por la empresa en liquidación y la entidad ante la cual se surtió dicho
mecanismo.

El valor de las obligaciones laborales a que hace referencia el presente artículo, será
asumido por la Nación luego de descontada la totalidad de recursos de activos líquidos
o no líquidos que la empresa en liquidación haya trasladado al Patrimonio Autónomo
de Remanentes al finalizar el proceso de liquidación, en cumplimiento de las normas
vigentes sobre liquidación de entidades públicas.

La asunción del valor de los pasivos laborales incluye los aportes a la seguridad social
sólo por concepto de pensiones y de salud.

Esta asunción excluye cualquier otra obligación de la Empresa Social del Estado Luis
Carlos Galán Sarmiento en liquidación que esté determinada o pueda determinarse.

Parágrafo. Los recursos para el pago de las obligaciones laborales cuyo valor asume
la Nación de conformidad con el presente artículo serán girados por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público a la entidad fiduciaria contratada por la entidad en
liquidación, de conformidad con el artículo 35 del Decreto ley 254 de 2000 modificado
por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, para lo cual en el contrato de fiducia mercantil
se incluirán las previsiones correspondientes.

Los recursos de la normalización pensional serán girados por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público a la entidad que será la obligada frente a los beneficiarios para realizar
los pagos correspondientes.

41. De la anterior disposición se desprende que la competencia del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público se circunscribe a girar los recursos a la entidad fiduciaria
contratada por la entidad en liquidación.

42. Por otra parte, el Ministerio indicó que el oficio 2-2012-042888 no es un acto
definitivo, susceptible de control jurisdiccional. En lo referente a este punto, es cierto
que en el citado oficio la entidad indicó «la presente respuesta no contiene elementos
de decisión que resuelvan una situación o una cuestión jurídica y, como resultado de
ello se haya creado, modificado o extinguido una relación de derecho frente a su
petición; constituye una mera exposición normativa, y no un acto administrativo».

43. Sin embargo, el oficio 2-2012-042888 también señaló que el
Ministerio de Hacienda carecía de competencia frente a lo pedido en la demanda, en
razón a que no existió relación legal y reglamentaria o contractual entre el accionante
y el citado Ministerio. Así, agregó que las acreencias a cargo de la ESE Luis Carlos
Galán Sarmiento debían ser atendidas por el patrimonio autónomo administrado por
FIDUPREVISORA, entidad con la cual se celebró el contrato de fiducia mercantil.

44. Por consiguiente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sí se pronunció
con carácter definitivo sobre la competencia respecto de las acreencias reclamadas
con ocasión de la solicitud de declaratoria de la relación laboral encubierta mediante
los contratos de prestación de servicios, de suerte, que procede el control judicial.

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3.3. Problemas jurídicos

45. Se circunscriben a establecer si ¿existió una relación laboral encubierta entre el
demandante y el ISS, y luego con la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, por haber
prestado sus servicios como médico ginecobstetra durante más de 10 años, en virtud
de contratos de prestación de servicios? También se analizará, si se configuró o no el
fenómeno jurídico de la prescripción de las prestaciones sociales y emolumentos
reclamados por el demandante.

46.Con el propósito de resolver los problemas jurídicos se abordarán los siguientes
aspectos: i) relación laboral encubierta; ii) prescripción; iii) hechos probados; y iv) caso
concreto.

3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.4.1. Relación laboral encubierta

47.La jurisprudencia unificada de esta corporación32 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional
han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los elementos
esenciales propios de un vínculo laboral.

48. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.

49. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado público
a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.

50. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo de Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado».

32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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51. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales al ser valorados en conjunto
bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la subordinación
continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta detrás del ropaje
formal del contrato de prestación de servicios.

52. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación son
que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la entidad,
con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se materializa
en las órdenes sobre modo, tiempo y cantidad del trabajo, la participación en reuniones
obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos. También son elementos
indicativos de la subordinación que las actividades contratadas correspondan al objeto
misional de la entidad con funciones equivalentes a los empleados de planta de
personal.

53. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»33.

54. Así mismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son formas
de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación con el
contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de una
relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el desempeño
de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales actividades son
requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad»34.

55. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del contrato
estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:

[…] Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.

88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».35

89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o

33 Idem.
34 Idem.
35
Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo
externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado
necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
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dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que
«En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».36

90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.37

91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.

56. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación del 9
de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir funciones permanentes de
la entidad, y que su objeto debe atender únicamente necesidades temporales,
contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos «no pueden suplirse, de
manera definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades, pues su
ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y reglamentarias». De tal suerte,
cuando se acredite que el contratista cumplió de forma subordinada funciones
misionales, permanentes y propias del personal de planta, debe reconocerse la
existencia de una relación laboral encubierta.

57. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el sentido de
precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o subyacentes:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en

36 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la

práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el
principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154
de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que
«las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del
contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad.

IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

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atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.

58. Ahora bien, en lo que respecta a la segunda regla de unificación, la Sección explicó
que se acoge el término de 30 días hábiles para que opere la solución de continuidad
entre los sucesivos contratos de prestación de servicios, que configura «un marco de
referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia, de cara a
determinar la no solución de continuidad; en especial para este último, que en cada
caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren dentro del plenario,
cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí indicado». La
aplicación de este término obedeció a las siguientes razones:

i) El vínculo laboral sigue siendo el mismo cuando se interrumpe la prestación de un
servicio por hasta 30 días hábiles, (en aquellos eventos donde previamente se haya
acreditado la relación laboral);

ii) el término de 30 días hábiles es el que mayor garantía ofrece para los reclamantes y,
en consecuencia, el que mejor materializa el propósito perseguido por el legislador, que
definió a la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política;

iii) en la práctica, 30 días hábiles es un periodo razonablemente suficiente para determinar
si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro anterior; y,

iv) la Corte Suprema de Justicia, en su respectiva jurisdicción ordinaria laboral, ha
considerado, como plazo de interrupción entre contratos, uno semejante al que aquí se
formula38.

59. Esta providencia fue aclarada por la Sección Segunda, en el auto del 11 de
noviembre de 2021, en el entendido que «el término de treinta (30) días hábiles, a que
alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9 de
septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de
la prescripción de derechos laborales».

3.4.2. Prescripción

60. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación CE-SUJ2-
005-1639, estudió la prescripción de los derechos reclamados por la actora como
resultado de la declaratoria de la existencia de una relación laboral por haber sido
vinculada como docente contratista. En este sentido, expuso que «la prescripción
encuentra sustento en el principio de la seguridad jurídica, en la medida en que busca

38 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 25 de marzo de 2015, CSJ SL4816-2015,

radicación 45303, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Criterio reiterado en la sentencia del 20 de febrero de 2019,
SL981-2019, rad. 74084.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, proceso 23001-23-33-000-2013-

00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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impedir la perpetuidad de las reclamaciones referentes a reconocimientos de índole
laboral, que pudieron quedar pendientes entre los extremos de la relación de trabajo
al momento de su finalización».

61. Entonces, la Sección determinó que el término de prescripción de 3 años empieza
a correr desde la finalización del vínculo contractual «por cuanto es desde ese
momento en que se podrá demostrar que durante la ejecución del contrato de
prestación de servicios se dieron los elementos constitutivos de una relación laboral»40.
Por consiguiente, si el interesado deja pasar 3 años desde la terminación del vínculo,
se extingue el derecho a reclamar las prestaciones y derechos laborales.

62. En los casos donde se pactan sucesivos contratos de prestación de servicios con
lapsos de interrupción entre ellos, la Sección indicó que «frente a cada uno de ellos
habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que
uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la
vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez
verificar si existió o no la citada interrupción contractual».

63. No obstante, esta corporación determinó que la prescripción extintiva no se aplica
a los aportes a pensión «en atención a la condición periódica del derecho pensional,
que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época»41.

64. En consecuencia, la Sección Segunda estableció las siguientes reglas de
unificación:

1.º Unifícase la jurisprudencia respecto de las controversias relacionadas con el contrato
realidad, en particular en lo que concierne a la prescripción, en el sentido de que (i) quien
pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el
pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres
años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual, (ii) sin embargo, el
fenómeno prescriptivo no aplica frente a los aportes para pensión, (iii) lo anterior, no
implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros pagados por concepto de
aportes hechos por el trabajador como contratista, pues esto sería un beneficio
propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal; (iv)
las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de
seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y
prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la caducidad del medio de
control; (v) tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como
requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho; (vi) el estudio de la prescripción en cada caso concreto
será objeto de la sentencia, una vez abordada y comprobada la existencia de la relación
laboral; y (vii) el juez contencioso administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya
deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad social
en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral, sin que ello

40 Idem.
41 Idem.

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implique la adopción de una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable
para lograr la efectividad de los derechos del trabajador, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva.

2.° Unifícase la jurisprudencia en lo referente a que en las controversias relacionadas
con el contrato realidad, (i) el consecuente reconocimiento de las prestaciones por la
nulidad del acto administrativo que niega la existencia de la relación laboral y del tiempo
de servicios con fines pensionales proceden a título de restablecimiento del derecho, y
(ii) el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir por
el maestro-contratista corresponderá a los honorarios pactados, por las razones
indicadas en la motivación.

65. En conclusión, la Sección Segunda ha unificado su jurisprudencia en el sentido
que cuando se trata de la relación laboral encubierta, antes denominada contrato
realidad, el término de prescripción de 3 años empieza a correr desde la finalización
del contrato de prestación de servicios, salvo para los aportes a pensión por su
naturaleza imprescriptible.

66. Así pues, cuando se celebraron sucesivos contratos de prestación de servicios, se
debe verificar si se trató de una unidad contractual, esto es, un solo vínculo laboral, o
si existieron interrupciones superiores a 30 días hábiles. En el primer evento, el término
empieza a correr desde la finalización del último contrato, bajo el entendido que no
operó la solución de continuidad entre contratos; por el contrario, en el segundo caso,
prescribirán los derechos laborales desde el último vínculo contractual con interrupción
superior a 30 días.

3.5. Hechos probados relevantes

67. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

68. El señor Hubert Iván Maldonado celebró contratos de prestación de servicios para
desempeñarse como médico ginecobstetra con el Instituto de Seguros Sociales en la
Clínica San Pedro Claver, a partir del 26 de diciembre de 1996, y con la ESE Luis Carlos
Galán Sarmiento desde el 14 de junio de 2003 hasta el año 2007, como se observa en
el siguiente cuadro42:

Contrato Inicio Fin

4571 26/12/1996 25/02/1997
102 28/02/1997 31/08/1997
Interrupción 143 días hábiles
388 1/04/1998 30/06/1998
946 1/07/1998 26/11/1998
1479 1/12/1998 31/03/1999

42 Folios 99 a 171, 248 (disco compacto) y 276. Los contratos con doble asterisco ** no fueron aportados con la

demanda, ni recaudados en el proceso.
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305 1/04/1999 30/09/1999
1194 1/10/1999 31/01/2000
513 1/02/2000 31/05/2000
1133 1/06/2000 30/09/2000
Interrupción de 162 días hábiles
1201 1/06/2001 30/09/2001
2087 4/10/2001 31/10/2001
3767 2/11/2001 14/12/2001
4651 15/12/2001 28/02/2002
408 1/03/2002 15/04/2003
2117 16/04/2003 30/06/2003
15268 1/07/2003 15/02/2004
1129-04 16/02/2004 15/03/2004
4660-04 16/03/2004 30/04/2004
6875-04 1/05/2004 30/06/2004
9259 -04 1/07/2004 31/10/2004
10730 1/11/2004 30/01/2005
839-5 1/02/2005 28/02/2005
2469-05 1/03/2005 30/05/2005
4677 1/06/2005 31/08/2005
6072-05 1/09/2005 10/10/2005
8507 11/10/2005 31/01/2006
10965 1/02/2006 30/05/2006
13829 1/06/2006 31/08/2006
14580 1/09/2006 30/09/2006
14985 2/10/2006 1/12/2006
19144 2/12/2006 4/01/2007
1695 5/01/2007 4/07/2007
4360-07 5/07/2007 25/10/2007

69. Aunque, el actor en la demanda indicó que también prestó sus servicios, a través
de contrato, del 1° de septiembre de 1997 al 31 de marzo de 1998, del 1° de octubre
de 2000 al 30 de enero de 2001, y del 1° de febrero de 2001 al 31 de mayo de 2001,
lo cierto es que estos contratos no fueron aportados con la demanda y tampoco obra
certificación alguna que permita acreditar esos tiempos. Por consiguiente, se establece
que hubo dos interrupciones por 143 días hábiles, del 1° de septiembre de 1997 al 31
de marzo de 1998, y por 163 días hábiles, del 1° de octubre de 2000 al 31 de mayo de
2001.

70. Obra en el proceso la certificación de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, en la
que consta que celebró con el actor un contrato de prestación de servicios de apoyo a
la gestión profesional, como médico especialista en ginecobstetricia, para la Unidad
Hospitalaria Clínica San Pedro Claver, del 1° de julio de 2003 hasta el 30 de noviembre
de 200343.

43 Folio 191.

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71. A través del oficio del 6 de octubre de 2016, el Ministerio de Salud y Protección
Social aportó el proceso los contratos de prestación de servicios 4677-05, 8507-05,
10965-06, 13829-06, 14580-06, 14985-06, 19144-06 y 1695-07, celebrados con la
extinta ESE Luis Carlos Galán Sarmiento44.

72. Mediante petición del 13 de mayo de 2010, el actor, a través de apoderado, le
solicitó a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento: i) el reconocimiento de la relación
subordinada y dependiente «originada en la desnaturalización de los contratos de
prestación de servicios suscritos entre ellos, entre el lapso comprendido del 1°. de julio
de 2003 al 3 de septiembre de 2007»; ii) el pago de las prestaciones sociales, primas,
cesantías, vacaciones e indemnizaciones, por todo el tiempo laborado; iii) el pago de
la sanción moratoria; iv) la indexación de las sumas adeudadas; y, el v) reconocimiento
de intereses moratorios45.

73. En la reclamación administrativa del 13 de noviembre de 2012 radicada ante
FIDUPREVISORA pidió que se reconociera la existencia de una relación laboral con el ISS
en razón de los contratos de prestación de servicios celebrados desde el 26 de
diciembre de 1996 hasta el 25 de junio de 2003, y con la ESE Luis Carlos Galán
Sarmiento entre el 26 de junio de 2003 y el 4 de julio de 2007. Consecuentemente,
solicitó el pago de las prestaciones sociales y todos los emolumentos laborales46.

74. En la reclamación administrativa del 13 de noviembre de 2012 ante el Ministerio
de Salud y Protección Social, el actor solicitó en similares términos el reconocimiento
de la relación laboral47. El demandante interpuso reclamaciones el 13 de noviembre
de 2012, en igual sentido ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público48 y el ISS en
Liquidación49.

75. En respuesta a lo pedido por el accionante, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, a través del oficio del 4.2.0.2 del 22 de noviembre de 2012, le indicó que entre
ellos no existía ninguna relación legal o contractual. Agregó que el pago de las
acreencias a cargo de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento debía ser atendido por el
patrimonio autónomo administrado por la FIDUPREVISORA, entidad con la cual se firmó
el contrato de fiducia mercantil50.

76. Ahora bien, en el proceso obran diferentes llamados de atención dirigidos al
accionante, como el oficio del 21 de mayo de 1998 del coordinador de ginecobstetricia
en el que le solicitó que informara el motivo por el cual se ausentó del turno del 20 de
mayo del mismo año51. También fue aportado, el oficio del 11 de junio de 1998, firmado
por el coordinador de ginecobstetricia, para pedirle al actor información sobre «qué ha
pasado con el cumplimiento del cambio de turno los días miércoles y viernes en la
noche, solicitado y pedido tantas veces en forma personal y legalizado por listas de

44 Folio 276.
45 Folios 180 a 186.
46 Folios 80 a 83.
47 Folios 84 a 87.

48 Folios 88 a 91.
49 Folios 95 a 98.
50 Folios 92 a 94.
51 Folio 195.

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sala de partos»52.

77. También consta en el proceso, el oficio del 6 de noviembre de 2003, firmado por
el coordinador de ginecología y obstetricia, dirigido a los funcionarios de la misma
dependencia de la Clínica San Pedro Claver, que reiteró el cumplimiento de las
jornadas de servicio en los horarios de 7 a.m. a 1 p.m. (mañana), 1 p.m. a 7 p.m. (tarde)
y 7 p.m. a 7 a.m. (noche). En el oficio también se informó que la oficina de Control
Interno estaría pendiente del cumplimiento de las jornadas53.

78. Como prueba de la subordinación, igualmente obra el oficio del 23 de septiembre
de 2005 de la Clínica San Pedro Claver, dirigido al actor para «recordarle que la
jornada laboral en horas de la tarde es de 1:00 a 7:00 pm. Sírvase informar a la
Subdirección Administrativa el por qué el día 22 de septiembre del año 2005 no se
realizó el programa quirúrgico en dicha jornada, ya que a las 3:30 pm, había paquetes
de ropa desechable en el área de quirófanos»54. En respuesta del 27 de septiembre
de 2005, el accionante se pronunció sobre el llamado de atención para lo cual justificó
que no asistió al programa quirúrgico, debido a que la decisión fue consultada con la
paciente, el coordinador de ginecobstetricia y los compañeros de cirugía55.

79.Con la demanda se aportó la planilla de turnos del mes de abril de 2004 del servicio
de ginecobstetricia, donde aparece el apellido del actor para la sala de cirugía y
oncología56, así como los desprendibles de pago del año 200457.

80. En audiencia celebrada el 27 de septiembre de 2016 se practicaron los testimonios
de los señores Lucio Guerra Galue y Luis Fernando Rodríguez Reyes 58.

3.6. Caso concreto

81. En el asunto bajo análisis, el accionante firmó contratos de prestación de
servicios para ejercer como ginecobstetra en el Instituto de Seguros Sociales desde el
26 de diciembre de 1996 y, a partir de 2003, en la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento
hasta el año 2007. En el presente proceso solicitó la nulidad de los actos
administrativos fictos que se configuraron por el silencio de la FIDUPREVISORA, el
Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto de Seguros Sociales en
Liquidación, ante las reclamaciones presentadas el 13 de noviembre de 2012, para
que se declarara la existencia de la relación laboral desde el 26 de diciembre de 1996
hasta el 25 de octubre de 2007, así como el pago de los derechos laborales, entre ellos
las prestaciones, primas, vacaciones, cesantías y la sanción moratoria. El demandante
también solicitó la nulidad del oficio 2-2012-042888 del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público que respondió la reclamación del 13 de noviembre de 2012.

82. El tribunal declaró la prescripción del derecho al pago de las prestaciones
sociales frente a las vinculaciones del 26 de diciembre de 1996 al 25 de octubre de

52 Folio 194.
53 Folio 177.
54 Folio 178.

55 Folio 179.
56 Folios 188 a 189.
57 Folios 207 a 210.
58 Folio 254.

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2007; sin embargo, ordenó que se le pagaran al actor los aportes a pensión y salud
correspondientes al empleador en la cuota parte correspondiente, y que la entidad
debía girar al fondo de pensiones las cotizaciones del 26 de diciembre de 1996 al 25
de octubre de 2007, debido a la imprescriptibilidad de los aportes a pensión.

83. Inconforme con esta decisión, presentaron recurso de apelación la parte actora,
el Ministerio de Salud y Protección Social, y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

84. En el presente caso, es pertinente destacar que la Subsección en la sentencia
del 19 de enero de 2023 determinó que se acreditó la existencia de la relación laboral
encubierta, a partir de los contratos de prestación de servicios celebrados entre el 26
de diciembre de 1996 y el 25 de octubre de 2007, y concluyó que «la ejecución de
objeto convenido no se hizo de manera independiente […] sino que se trató de una
relación en la que la labor asignada se cumplió bajo los condicionamientos fijados por
el jefe o coordinador del área de ginecobstetricia de la entidad, lo que asimila dicha
relación a una de carácter laboral». Pero, aplicó la prescripción frente al derecho al
pago de las prestaciones sociales, y confirmó en ese sentido la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

85. Ahora bien, la Sala Especial Dos de Decisión le ordenó a la Subsección que al
no resolverse lo planteado en el recurso de apelación del actor sobre la prescripción
de las sumas reclamadas se debía proferir una nueva decisión que valorara el escrito
del 13 de mayo de 2010. Visto lo anterior, en el marco del cumplimiento de lo ordenado
por la Sala Especial Dos de Decisión, se abordará la existencia de la relación laboral
encubierta, así como la prescripción.

3.6.1. Elementos de la relación laboral

86. El Ministerio de Salud y Protección Social reprochó la sentencia de primera
instancia con fundamento en que el actor estaba vinculado mediante contratos de
prestación de servicios, sin que ello implicara la existencia de una relación laboral e
insistió en que los derechos reclamados se extinguieron por prescripción. Así,
corresponde a la Sala determinar si las actividades previstas en los contratos de
prestación de servicios fueron ejecutadas con autonomía por el contratista, en
cumplimiento de una labor específica y coordinada con la entidad, o si, por el contrario,
en el caso concreto existió una relación de subordinación.

87. Como se ha señalado, para que proceda la declaración de existencia de una
relación laboral encubierta, la parte demandante debe acreditar que durante la relación
con la entidad pública se materializaron los tres elementos constitutivos de una
relación laboral, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo: (i) la
prestación personal del servicio, (ii) la subordinación continua y (iii) la remuneración
como contraprestación del servicio.

88. En ese orden de ideas, quien alegue la existencia de una relación laboral
encubierta bajo un contrato de prestación de servicios debe demostrar de manera
fehaciente la presencia de subordinación. Esta se configura cuando el empleador
ejerce poder de dirección, imparte órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de la
ejecución del trabajo, aplica reglamentos internos y puede imponer sanciones por
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incumplimiento, características propias de una relación laboral y ajenas a la naturaleza
autónoma del contrato de prestación de servicios.

89. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, siempre
que el personal de planta no sea suficiente o no cuente con la idoneidad requerida
para cumplir determinadas labores de carácter administrativo o funcional. En tales
casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estipulado, sin que tales funciones puedan asumir
un carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional de la
entidad.

90. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, esta presunción del
legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos, o más técnicamente indicios que permite inferir la existencia
de una relación laboral subordinada encubierta.

91. Se considera que se trata de indicios en tanto, configuran un hecho conocido
que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro hecho
desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente probado
y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.
Ciertamente, «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido, pero lo puede mostrar porque se encuentra dentro de unas
circunstancias que lo transforman de neutro en indicador [...] se infiere lógicamente
otro desconocido»59.

92. Ahora bien, para resolver el recurso, la Subsección destaca que en el proceso
se acreditó que el actor celebró contratos de prestación de servicios desde el 26 de
diciembre de 1996 con el Instituto de Seguros Sociales y desde el 1° de julio de 2003
hasta el 25 de octubre de 2007 con la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, salvo las
interrupciones60.

93. El objeto de los contratos fue ejercer como médico especialista en
ginecobstetricia en el ISS, con sede en la Clínica San Pedro Claver, y luego, en la ESE
Luis Carlos Galán Sarmiento, con ocasión de la escisión del ISS ordenada por el
Decreto 1750 del 26 de junio de 2003, sin que exista prueba de la prestación del
servicio en otros centros hospitalarios. En los contratos se pactó el valor de los
honorarios por la prestación del servicio, con el plazo de ejecución, y la prestación
personal del servicio del señor Hubert Iván Maldonado Melo.

94. Como pruebas de la subordinación, en el proceso obra el oficio del 21 de mayo
de 1998, en el cual el coordinador de ginecobstetricia le pidió al actor que informara el
motivo por el cual se ausentó del turno del 20 de mayo del mismo año61. Igualmente,
en el oficio del 11 de junio de 1998, se le pidió al actor información sobre el

59 López Blanco, Hernán Fabio, Pruebas, Código General del Proceso, Edit. Dupré, 2017, pág. 413.

60 Folios 99 a 171, relacionados en el acápite de hechos probados.
61 Folio 195.

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cumplimiento de los turnos62. También consta, el oficio del 6 de noviembre de 2003,
en el que el coordinador de ginecología y obstetricia reiteró a los funcionarios de la
Clínica San Pedro Claver, el cumplimiento de las jornadas de servicio en los horarios
de 7 a.m. a 1 p.m. (mañana), 1 p.m. a 7 p.m. (tarde) y 7 p.m. a 7 a.m. (noche). En el
oficio también se indicó que la oficina de Control Interno atendería el cumplimiento de
las jornadas63.

95. Igualmente, se destaca que la Clínica San Pedro Claver, mediante el oficio del
23 de septiembre de 2005, le recordó al actor el cumplimiento de la jornada laboral en
la tarde y que informara por cuál motivo se ausentó del programa quirúrgico del 22 de
septiembre del año 200564. El 27 de septiembre de 2005, el accionante justificó que no
asistió al programa quirúrgico, en razón a que la decisión fue consultada con la
paciente, el coordinador de ginecobstetricia y los compañeros de cirugía65. Además,
con la demanda se aportaron planillas de turnos del mes de abril de 2004, junto con
los desprendibles de pago.

96. Ahora bien, en la audiencia celebrada el 27 de septiembre de 2016, se
practicaron los testimonios solicitados por el actor. Entre ellos, declaró el señor Luis
Guerra Galue, médico ginecobstetra, quien afirmó haber trabajado en el Instituto de
Seguros Sociales desde 1990. Indicó que hizo parte del proceso de escisión de dicha
entidad, continuó en la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento y, posteriormente, en la
liquidación cuando se convirtió en la Clínica Méderi.

97. Con respecto a los hechos de la demanda, el testigo manifestó que el
demandante se desempeñó como médico contratista con la especialidad de
ginecobstetra. Explicó que en la institución coexistían médicos de planta y médicos
vinculados mediante contratos de prestación de servicios. En cuanto a la ejecución de
sus labores, afirmó que el actor cumplía las mismas agendas que el personal de planta,
trabajaba en los turnos asignados (incluyendo fines de semana y festivos), tenía un
jefe en común, prestaba el servicio de manera personal y ejecutaba funciones idénticas
a las del personal de planta.

98. El testigo destacó que, a diferencia de los médicos de planta, quienes contaban
con prestaciones sociales, compensatorios y pagos por horas extras, los médicos
contratistas no gozaban de estos beneficios, a pesar de cumplir los mismos horarios
de tiempo completo. Detalló que dichos horarios se distribuían en tres turnos: de 7 a.m.
a 1 p.m., de 1 p.m. a 7 p.m., y de 7 p.m. a 7 a.m.; además, los domingos y festivos se
realizaban turnos de 12 horas, tanto diurnos como nocturnos.

99. En cuanto a la remuneración, el testigo indicó que el salario básico era
equivalente al de los médicos de planta y se pagaba mensualmente, pero sin el
reconocimiento de prestaciones sociales. Sobre los permisos, señaló que debían ser
previamente concertados con los jefes y el tiempo otorgado debía reponerse.
Finalmente, expresó que las funciones del demandante eran iguales a las que él
ejercía como médico de planta, que no tenía conocimiento de llamados de atención en

62 Folio 194.
63 Folio 177.
64 Folio 178.
65 Folio 179.

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su contra y afirmó que las funciones asignadas no podían ser delegadas, en tanto,
debían ser cumplidas personalmente.

100. Por su parte, el señor Luis Fernando Rodríguez Reyes, médico ginecólogo y
obstetra, declaró haber trabajado durante 13 años en el Instituto de los Seguros
Sociales. Manifestó conocer al demandante desde marzo de 1993, fecha en la que
este fue vinculado como médico ginecobstetra mediante contratos de prestación de
servicios, vínculo que se extendió hasta el año 2013. Señaló que el demandante
cumplía una jornada laboral de ocho horas bajo un sistema de turnos, y ejercía las
funciones propias de su especialidad médica.

101. Según el testigo, ambos compartían horarios establecidos por la jefatura del
departamento, incluyendo turnos nocturnos de 12 horas. Afirmó que el demandante
cumplía puntualmente con sus obligaciones, sin que existieran quejas sobre su
conducta, llegadas tardías o incapacidades. Respecto a la remuneración, indicó que
percibían un salario básico equivalente al de un médico de planta, aunque sin las
prestaciones adicionales reconocidas a estos últimos, como pagos por dominicales,
nocturnos u horas extras.

102. El señor Rodríguez Reyes también hizo énfasis en que el demandante debía
prestar personalmente sus servicios, sin posibilidad de delegar sus funciones. Añadió
que no existía distinción en las tareas asignadas entre los médicos de planta y los
contratistas, ya que tenían las mismas responsabilidades, organizadas semanal o
mensualmente por la jefatura, y cumplían idénticas funciones, sin que se tuviera en
cuenta el tipo de vínculo contractual.

103. A partir de la valoración en conjunto las pruebas documentales y testimoniales
se concluye que en el proceso se probó la prestación personal del servicio del actor
como médico especialista en ginecobstetricia, toda vez que fue contratado debido a su
conocimiento altamente calificado, de donde se colige que no podía delegar la
actividad. Por otra parte, se demostró que existió una remuneración, como consta en
los contratos de prestación de servicios en los que se pactaron honorarios en la calidad
de contraprestación.

104. En lo que concierne la subordinación en el proceso se demostró la prestación
del servicio en la Clínica San Pedro Claver, como dependencia del empleador.
También existió un horario predeterminado por la administración, en diferentes turnos,
y cuyo cumplimiento era estrictamente controlado por el coordinador de
ginecobstetricia. Así pues, hubo un seguimiento constante por parte de los superiores
jerárquicos, y se aplicaron mecanismos de control institucionales, puesto que así lo
acreditan los llamados de atención enviados al accionante.

105. Aunado a lo anterior, el objeto de los contratos para el ejercicio como médico
especialista en ginecobstetricia evidencia la realización de actividades que
corresponden al objeto misional del ISS, y luego de la ESE, que eran equivalentes a las
desarrolladas por los médicos de la planta de personal. Por otra parte, la prestación
del servicio se prolongó desde el año 1996 hasta el 2007 (salvo las interrupciones), es
decir, por más de 9 años, lo cual descarta que la figura del contrato de prestación de
servicios se haya utilizado para ejecutar una labor ocasional, con lo cual se incumplió

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la obligación legal (art. 32, numeral 3, de la Ley 80 de 1993) de acudir a este tipo de
contratación para celebrarse por el término estrictamente indispensable.

106. Tal como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial, la temporalidad y
excepcionalidad de la contratación son la esencia de este tipo de contratos. Con ellos
no pueden suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o misionales de
las entidades. Así pues, el contrato de prestación de servicios debe celebrarse solo
por el término estrictamente indispensable para cumplir su objeto, lo que excluye su
uso prolongado, encadenado o sucesivo para cubrir funciones permanentes dentro de
la entidad66. En caso contrario, se está ante una relación laboral subordinada.

107. En conclusión, para la Subsección el señor Hubert Iván Maldonado Melo sí
acreditó los elementos de la relación laboral encubierta al haber ejercido como médico
ginecobstetra, mediante contratos de prestación de servicios del 26 de diciembre de
1996 hasta el 25 de octubre de 2007 (salvo las interrupciones).

3.6.2. Prescripción

108. En atención a que la Sala estableció la configuración de los tres elementos de
la relación laboral, procede el estudio de la prescripción de las prestaciones sociales
del actor, como resultado del reconocimiento de la relación laboral encubierta. Sobre
el particular, el fallo de unificación del 9 de septiembre de 202167 dispuso el término de
30 días hábiles «como indicador temporal de la no solución de continuidad entre
contratos sucesivos de prestación de servicios» y solo para la prescripción de los
derechos laborales.

109. A su vez, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201668 estableció que
el interesado en el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales debe reclamar en los tres años siguientes a la terminación del vínculo
contractual.

110. En el caso objeto de estudio, el accionante presentó su primera reclamación
ante la ESE el 13 de mayo de 2010, con el fin de obtener el pago de las prestaciones
sociales y emolumentos laborales. Cabe señalar que entre los distintos periodos de
vinculación existieron dos interrupciones superiores a 30 días hábiles: la primera, entre
el 1° de septiembre de 1997 y el 31 de marzo de 1998; y la segunda, entre el 1° de
octubre de 2000 y el 31 de mayo de 2001.

111. En consecuencia, considerando que el último vínculo contractual finalizó el 25
de octubre de 2007, el término de tres años para presentar la reclamación vencía el
25 de octubre de 2010. Como el actor interpuso su reclamación el 13 de mayo de 2010
ante la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, se concluye que sí interrumpió la prescripción
respecto de las pretensiones relacionadas con prestaciones sociales y emolumentos

66 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
67 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
68 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, proceso con radicado 23001-23-000-

2013-00260-01 (0088-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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laborales derivados de la relación laboral encubierta. No obstante, dicha interrupción
solo tuvo efectos frente al último vínculo contractual, por lo que únicamente procede el
pago de las prestaciones sociales causadas entre el 1° de junio de 2001 y el 25 de
octubre de 2007, periodo correspondiente a la relación laboral encubierta mediante
contratos de prestación de servicios.

112. Cabe destacar que si bien el Instituto de Seguros Sociales fue escindido, el
artículo 17 del Decreto Ley 1750 de 2003 reguló la continuidad de la relación de los
servidores públicos del ISS, quienes quedarían automáticamente incorporados, sin
solución de continuidad, en la planta de personal de las ESE creadas, y el tiempo de
servicio se computaría para todos los efectos legales. Por otra parte, el artículo 23
idem preceptuó que «cada Empresa Social del Estado a la que se refiere el presente
decreto se subroga por ministerio del mismo en los contratos que haya celebrado el
Instituto de Seguros Sociales y que se encuentren actualmente vigentes». Así las
cosas, por disposición legal los contratos de prestación de servicios fueron cedidos por
el ISS a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento.

3.6.3. Restablecimiento del derecho

113. Consecuentemente, el actor tiene derecho al reconocimiento y pago de los
valores que por concepto de prestaciones laborales legales derivadas de la relación
laboral debieron liquidarle, y para ello, se debe tomar como base el salario de un
empleado de planta que desarrollaba iguales funciones69, para el período de
vinculación del 1° de junio de 2001 al 25 de octubre de 2007. La parte demandada
debe calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional, que corresponde a los
salarios de un empleado de planta que haya desarrollado sus funciones en el referido
periodo de vinculación, y solo en caso de no existir se tendrá como base los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios en ese periodo. La entidad deberá
cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía como
empleador.

114. Ahora bien, la administración debe determinar mes a mes si existe diferencia
entre los aportes realizados por el contratista y aquellos que se debieron efectuar, para
así cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes
a pensión únicamente en el porcentaje que le correspondía al empleador. Por ello, es
improcedente la devolución de los valores cotizados al sistema pensional, cuando se
reconoce la existencia de la relación laboral.

115. Por otra parte, en la demanda el accionante solicitó las prestaciones
extralegales, convencionales, el trabajo en dominicales, festivos y horas extras, la
sanción moratoria, y la indemnización por la desvinculación de la ESE Luis Carlos Galán
Sarmiento.

116. Al respecto, al actor le asiste el derecho al reconocimiento de las prestaciones
sociales de carácter legal que devengaban los trabajadores de la ESE, en particular
aquellos que laboraban como médico especialista, como vacaciones, primas de
servicios y de navidad, bonificaciones, cesantías e intereses de cesantías, lo cual

69 Al respecto consultar la sentencia del 15 de febrero de 2024 de la Sección Segunda, Subsección B, proceso con

radicado 41001-23-33-000-2012-00044-01 (6184-2018), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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excluye las prestaciones extralegales. No puede accederse al reconocimiento de trabajo
en dominicales, festivos y horas extras, en tanto, no se cumplió con la carga de la
prueba en el proceso para demostrar la prestación de servicio en el tiempo
suplementario.

117. La sanción moratoria también es improcedente, debido a que el fallo es
constitutivo del derecho, por ello, solamente partir de esta sentencia nace la obligación
del pago de las prestaciones y emolumentos al beneficiario.

118. En lo atinente a los beneficios convencionales, el accionante estuvo vinculado a
través de contratos de prestación de servicios con el ISS, por consiguiente, no tuvo la
calidad de trabajador oficial beneficiario de la convención colectiva de trabajo celebrada
entre el Instituto y el sindicato de trabajadores. En este mismo sentido, se pronunció la
Subsección A:

De lo anterior se sigue que no hay lugar a acceder al reconocimiento reclamado en tanto,
para la época en que la convención colectiva previamente referenciada fue suscrita (31
de octubre de 2001) y tuvo su vigencia, (artículo 2.º, entre el 1.º de noviembre de 2001 y
el 31 de octubre de 2004), la señora […] se encontraba vinculada mediante contratos de
prestación de servicios y a través de cooperativas de trabajo asociado, por lo que no
podía predicarse su condición de trabajadora oficial en los términos ampliamente
descritos, y en consecuencia, su derecho a los beneficios derivados de la convención.

Se reitera que la sentencia por medio de la cual se declara la existencia de una relación
laboral encubierta, tiene carácter constitutivo y, en esa medida no puede alegarse la
existencia de un derecho adquirido en los términos previamente desarrollados, que por
demás, solo pueden ser alegados por quienes para la época de la escisión del ISS
ostentaran la calidad de trabajadores oficiales […]70.

119. Ahora bien, el actor pidió en la demanda el pago de la «indemnización por la
desvinculación unilateral de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento», sin justificar este
reconocimiento en el concepto de violación. Sin embargo, en el cuadro anexo liquidó
el valor presuntamente adeudado por concepto de la indemnización por supresión del
cargo71, de donde se colige que en realidad se refiere a este aspecto. En efecto, el
Decreto 3202 de 2007, proferido por el presidente de la república, que ordenó la
supresión de la ESE reguló el pago de una indemnización para los servidores públicos
incorporados automáticamente, en el artículo 17. Pero, dicha calidad no la tiene el
demandante, motivo por el cual no hay lugar a reconocer la indemnización por
supresión del cargo.

120. En último lugar, es improcedente la solicitud de devolución de los aportes
efectuados al sistema de salud y pensiones por parte del contratista. En la medida en
que, aun cuando se haya reconocido judicialmente la existencia de una relación
laboral, la naturaleza parafiscal de tales contribuciones impone su pago y recaudo
obligatorio con una destinación específica. Entonces, independientemente de si se
haya recibido o no la prestación efectiva del servicio de salud, los aportes no configuran
un crédito exigible a favor del contratista.

70 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 31 de marzo de 2022, proceso con radicado

76001-23-33-000-2013-00254-01 (4198-2017), M.P. William Hernández Gómez.
71 Folio 218.

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121. En consecuencia, se confirmará parcialmente el fallo del tribunal para modificar
los numerales primero y segundo en el sentido de declarar la nulidad del acto ficto que
se configuró por la falta de respuesta del Ministerio de Salud y Protección Social frente
a la reclamación del 13 de noviembre de 2012. Igualmente, se declarará la nulidad del
oficio 2012-042888 del 22 de noviembre de 2012 del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

122. Aunque el accionante demandó los actos fictos que se configuraron por la falta
de respuesta ante las peticiones interpuestas ante la FIDUPREVISORA y el Instituto de
Seguros Sociales, lo cierto es que la demanda solamente se notificó al Ministerio de
Salud y Protección Social y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 72. Entidades
que están legitimadas por pasiva respecto a las pretensiones de la demanda, tal como
se explicó en la cuestión previa.

3.7. Conclusión

123. A partir del estudio de la normativa que regula la materia, de los precedentes
jurisprudenciales del Consejo de Estado y acorde con la valoración en conjunto de los
hechos probados en el proceso, según los principios de la sana crítica, la Subsección
concluye que el actor demostró la existencia de los elementos de la relación laboral en
virtud de los contratos de prestación de servicios a través de los cuales prestó sus
servicios como médico especialista en ginecobstetricia, primero con el Instituto de
Seguros Sociales y luego con la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento. La declaratoria de
la relación laboral da lugar al pago de las prestaciones sociales legales, las diferencias
entre los honorarios y la remuneración del cargo en planta, así como la realización de
los aportes a pensión.

4. Costas

124. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 73 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera

72 Folio 270.

73 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer
dicha condena en esta instancia, en atención a que no se advierte que las partes hayas
incurrido en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el 22 de febrero de 2018, que
declaró la prescripción de las prestaciones sociales y ordenó el pago de los aportes a
salud y pensión, en el sentido de modificar los numerales primero y segundo del fallo
apelado, en su lugar se dispone:

Primero: Declarar la nulidad del acto ficto que se configuró por la falta de respuesta
del Ministerio de Salud y Protección Social frente a la reclamación presentada el 13 de
noviembre de 2012, así como del oficio 2012-042888 del 22 de noviembre de 2012 del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
declarar la existencia de una relación laboral entre Hubert Iván Maldonado Melo desde
el 26 de diciembre de 1996 con el Instituto de Seguros Sociales y a partir del 1° de julio
de 2003 hasta el 25 de octubre de 2007 con la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento (salvo
las interrupciones), tiempo que se tendrá en cuenta para efectos pensionales.

Tercero: Condenar a la Nación, Ministerio de la Salud y Protección Social y al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público a reconocer al señor Hubert Iván Maldonado Melo las
prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho, del 1° de junio de 2001
al 25 de octubre de 2007, (en tanto, operó la prescripción de las prestaciones sociales
causadas antes del 1° de junio de 2001), para lo cual tomará como referente los salarios
de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las ejecutadas por el
demandante en el periodo reclamado, por el tiempo en el cual se demostró la existencia
de la relación laboral, conforme a lo explicado en la parte motiva.

De igual manera, también a título de restablecimiento del derecho, ordenar a las
entidades demandadas, en caso de existir diferencias entre los aportes realizados por
el demandante como contratista y los que efectivamente se debieron cumplir en razón
de la relación laboral, que efectúe las cotizaciones al respectivo fondo de pensiones en
el porcentaje que le incumbía como empleador, por el periodo comprendido entre el 26
de diciembre de 1996 y el 25 de octubre de 2007 (salvo las interrupciones). Por su
parte, el demandante para el mismo periodo deberá acreditar las cotizaciones
realizadas al mencionado sistema durante el vínculo contractual y si no las hubiese
hecho, o si se verificara algún faltante, tendrá la obligación de completar o pagar según
corresponda, el porcentaje que le concernía como empleado, según lo analizado en los
acápites pertinentes de esta sentencia.

Las sumas adeudadas que deberá cancelar la entidad condenada se actualizarán de
acuerdo con la fórmula según la cual el valor presente (R) se determinará multiplicando
el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice
inicial (vigente a la fecha de la causación). La fórmula que debe aplicar es la siguiente:

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R = Rh. índice final
índice inicial

Segundo: Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo en los términos del artículo
192 del CPACA.

Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente con permiso

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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