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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01854-02

Fecha
7 de abril de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01854-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CO NFI RMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 3 de agosto de 2016 por el Tribunal Admin istrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A , en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho del epígrafe, instaurado por el señor Jorge Enrique Rojas Ramírez en contra de la Nación – Minist erio de Hacienda y Crédito Público, e l Min isterio de Salud y Protección Social, Fiduagraria S.A., Fiduprevisora S.A., y el Instituto de Seguros Sociales, SALVO EL NUMERAL SEGUNDO QUE SE REVOCA , de conformidad con lo señalado en la parte motiva. En su lugar se dispone: SEGUNDO.- DECLARAR la nulida d de los a ctos presunto s negativo s producto del silencio del Ministerio de Salud y de la Protección Social y del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación frente a la s peticio n es presentada s el 8 de octubre de 2012 por el señor Jorge Enrique Rojas Ramírez . TERCERO.- DECLARAR la existencia de una relación laboral encubierta y subyacente entre el señor Jorge Enrique Rojas Ramírez y el Instituto de Seguros Sociales, por los pe ríodos señalados 57 en la parte motiva. CUARTO.- A título de restablecimiento del derecho se ordenará a la Nación, Ministerio de Salud y de la Protección Social realizar e l pago de los aportes en pensión por los períodos ya indicados 58, los cuales se liquidará n con base en el Ingreso base de cotización (IBC) 57 D e l 12 de septiembre de 1984, hasta el 11 de marzo de 1985. -Del 12 de marzo de 1985 al 11 de septiembre de 1985 -Del 8 de octubre de 1985 al 7 de febrero de 1986. -Del 1.° de abril de 1986 al 30 de septiembre de 1986 -Del 28 de octubre de 1986 a 27 de abril de 1987. -Del 25 de mayo de 1987 al 24 de noviembre de 1987 . 58 I b i d e m www.consejodeestado.gov.co 35 Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación:25000-23-42-000-2013-01854-02 (0523-2017) Demandante: Jorge Enrique Rojas Ramírez pensional del demandante (honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia e ntre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectiv o fondo de pensiones […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-01854-02

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

7 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad y Restabl ecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01854-02 (0523-2017)
Demandante : Jorge Enrique Rojas Ramírez
Demandado: Nación – Min isterio de Hacienda y Cré dito Público -
Ministerio de S alud y Protecció n Social –
Fiduagraria SA - Fiduprevisora S .A. - Instituto de
Seguros Sociales en Liquidación .

Temas: Reconocimiento de derechos deriva dos de convención
colectiva - relación laboral encubierta o subyacente – régimen
retroactivo de cesantías . Ley 1437 de 2011 .

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del
demandante contra la sentencia del 3 de agosto de 2016 , proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A 1, que se inhibió frente a la pretensión de
cumplimiento del fallo de tutela proferido por esa Corporación 2 y
negó las demás pretensiones de la demanda en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho del epígrafe.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda y su corrección 3

2.1.1. Pretensiones

2. El señor Jorge Enrique Rojas Ramírez , a través de apoderada,
formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y

1 Con ponencia del magistrado Dr. Néstor Javier Calvo Chaves .
2Sección Segunda, Subsección B, con ponencia de l entonces magistrado
Carmelo Perdomo Cuéter.
3 Ff. 296 y s.s, 339 y s.s. El cuaderno principal se divide en dos tomos de
foliatura consecutiva.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Jorge Enrique Rojas Ramírez

restablecimiento del derecho consagrado en el artícu lo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en contra de la Nación – Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, e l Min isterio de Sa lud y Protección Social, las
Fiduciarias Fiduagraria S.A. y Fiduprevisora S.A., y el Instituto de
Seguros Sociales.

3. Lo anterior a efectos de obtener la nulidad de los siguientes actos
administrativos:

(i) Oficio 2012EE00094545 de 10 de octubre de 2012 por medio del
cual se dio respuesta a la reclamación elevada el 8 de octubre de
2012, con el radicado 2012ER00227307 de 8 de octubre de 2012 4.

(ii) Acto p resunto negativo frente a la petición presentada ante el
Ministerio de Salud y de la Protección Social el 8 de octubre de
2012 radicada con el No. 226209 5.

(iii) Acto presunto negativo frente a la petición presentada ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 8 de octubre de 2012
radicada con el No. 1-2012-069250 6.

(iv) Acto presunto negativo frente a la petición presentada ante el
Instituto de Seguros Sociales en liq uidación el 8 de octubre de
2012 7.

(v) Acto presunto negativo frente a la petición prese ntada ante
FIDUAGRARIA S.A. el 8 de octubre de 2012 8.

(vi) Oficio 09 -007965 de 6 de noviembre de 2009, expedido por la
ESE Luis Carlos Galán Sarmiento por medio del cual le negaron la
liquidación correct a de las prestaciones.

4. A título de restablecimiento del derecho solicitó :

4 Referente a reliquidar las prestaciones sociales e indemnización por retiro
en virtud de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de
Seguros Sociales y SINTRASEGURIDAD SOCIAL celebrada el 31 de octubre
2001, así como el reconocimiento de una relación legal y reglamentaria en
virtud de los periodos laborados en el ISS a través de contratos de prestación
de servicios y de reliquidación de las cesantías de conformidad con el régimen
de retroactividad.
5 Ibidem.

6 Ibidem.

7 Ibidem.

8 Ibidem.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Jorge Enrique Rojas Ramírez

-Ordenar a las ent idades demandadas pagar le las diferencias que
resulten entre lo pagado a título de liquidación definitiva por retiro
y lo que efectivamente corresponde por todos los factores salaria les
en virtud de la Convención Colectiva de Trabajo 2001 -2004
celebrada entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SO CIAL .

-En cumplimiento del fallo de tu tela 9, declarar que a partir del 26
de junio de 2003 el demandante tiene derecho a que se le
reconozca n y paguen todos los beneficios salariales
convencionales y prestacionales, indemnizaciones, descansos,
primas de servicios, vacaciones, prima de vacaciones,
compensación de vacaciones, prima técnica, subsidio de
alimentación, dotaciones, subsidio de trans porte, bonificaciones y
demás emolumentos, a partir del 26 de junio de 2003 y hasta cuando
duró la vinculación en virtud de la Convención Colectiva de Trabajo
2001-2004 celebrada entre el ISS y Sintraseguridad Social .

• Se reconozca la existencia de la relación laboral . A folio 341 de
la corrección de la demanda, concretó en $14´748.738 el valor de
la pretensión derivada de esta declaración, en virtud de salarios y
prestaciones (1984-1987), descuentos por pago e «intereses
moratorios del 25 de diciembre de 1989 al 30 de enero de 2013» 10.

• Se reconozca y declare que los pagos por derechos
convencionales que se le hicieron al demandante para el pe ríodo
comprendido entre e l 26 de junio de 2003 y el 31 de octubre de
2004 mediante la Resolución No. 01 358 de 28 de enero de 2005 en
cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucion al sí hacen
parte integral de su salario y por end e afecta absolutamente todos
los factores sa lariales y prestacion ales de conformidad con la
convención colectiva de trabajo .

-El reconocimiento y pago de la diferencia de la asignación básica
de los años 2004 a 2008 correspondiente a l valor q ue se debe
reconocer de acuerdo con el artículo 39 , numeral 3, de la
Convención Colectiva de Trabajo , en concordancia con el artículo
49 de la Convención Colectiva de Tra bajo.

• Se condene al pago de la indemnización por desvinculación a que
tenía derecho, pero liquidada como corresponde según lo previsto
en el artículo 5.° de la Convención Colectiva de Trabajo.

9Dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda
Subsección A, proferida dentro del proceso 2009 -01676-01
10 F o l i o s 299 y 341.

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Demandante: Jorge Enrique Rojas Ramírez

-El pago de manera retroactiva de la s cesantías e intereses a las
cesantías según correspondan, así: del 1 .° de enero de 2002 al 25
de junio de 2003 a cargo del ISS; del 26 de junio de 2003 al 8 de
noviembre de 2009 a cargo de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento .

-Las diferencias d ejadas de pagar desde el 26 de junio de 2003
sobre los derechos convencionales que se le reconozcan y paguen
hasta la fecha de desvinculación 8 de noviembre de 2009 .

• El pago de los intereses comerciales y moratorios de conformidad
con el inciso final del artículo «177 del CCA ».

• El pago de la indemnización por mora en el pago de los salarios,
prestaciones legales y convencionales, cesantías e intereses sobre
las cesantías, de conformidad con el artículo 65 del CST, el Decret o
797 de 1949 y la Ley 244 de 1995.

• Da r cumplimiento a la sentencia en los términos del art ículo «176
del CCA» y que se les condene al pago de las costas y agencias en
derecho.

2.1.2. Hechos

5. En síntesis, los hechos relevantes son los siguientes:

6. El señor Jorge Enrique Rojas Ra mírez se vinculó el Instituto de
Seguros Sociales en la modalidad de contrato de prestación de
servicios en los sig uientes pe ríodos:

-Del «13 de octubre de 1984 » al 11 de marzo de 1985.
-Del 12 de marzo de 1985 al 11 de septiembre de 1985.
-Del 8 de octubre de 1985 al 7 de febrero de 1986.
-Del 1.° de abril de 1986 al 30 de septiembre de 1986
-Del 18 de octubre de 1986 al 27 de abril de 1987.
-Del 25 de mayo de 1987 al 24 de noviembre de 1987.

7. El 25 de noviembre de 1987, es decir al día siguiente de culminar
su vinculación an terior, ing resó a la nómina como técnico de
servicios administrativos a través de contrato a término indefinido
hasta el 25 de junio de 2003, cuando s e escindió el ISS.

8. En virtud de la escisión, a part ir del 26 de junio de 2003 el
demandante, que ostentaba la calidad de trabajador oficial, quedó
incorporado automáticamente y sin solución de continuidad a la
planta de la ESE Luis Carlos Galán , como e mpleado público , pero
cobijado p or la convención colectiva.

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Demandante: Jorge Enrique Rojas Ramírez

9. A través de la Resolución 01358 de 2005 la ESE Luis Carlos
Galán Sarmiento le pagó los conceptos convencionales en el
período comprendido entre el 26 de ju nio de 2003 y el 31 de octubre
de 2004, sin embargo, el pago fue incompleto, por cuanto la Corte
Constitucional señaló que esto se tenían que efectuar hasta que la
convención colectiva estuviera vigente.

10. La Corte Constitucional ratificó las decisiones en las sentencias
T – 1166, 1238, 1239 e 2008, 098, 112 y 178 de 2008, 034, 261 y
1059 de 2010.

11. El demandante junt o con otros compañeros de trabajo
instauraron una acción de tutela que le correspondió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca , en cuyo fallo le ordenó a la ESE
Luis Carlos Galán Sarmiento reliquidar las p restaciones sociales e
indemnizaciones reconocidos a tendiendo a las cláusulas de la
convención colectiva de trabajo suscrita por el ISS y el Sindicato
Nacional de Traba jadores de la Seguridad Social ; adicionalmente
actualizar con fundamento en el art. 5 las Resoluciones 4741, 4963,
4820, 4911, 4620, 4773, 4949, 4752 y 4953 de 2008 las
prestaciones sociales e indemnizaciones reconocidas a los
accionantes, es decir, al 6 de noviembre de 2008, fecha de retiro
definitivo del servicio.

12. Indicó que pese a que el ISS denunció la convención colectiva
de trabajo 2001 – 2004 celebrada con SINTRASEGURI DAD SOCIAL
en no menos de 7 u 8 oportunidades, continuó vigente para los
servidores que siendo trabajadores oficiales pasaron a ser
empleados públicos, tal como lo ordenaron la Corte Constitucional
y la Corte Supre ma de Justicia.

13. Según la demanda al señor Rojas Ramírez solamente le pagaron
lo pactado en l a convención colectiva hasta el 31 de octubre de
2004 pese a q ue las sentencias fueron claras en ordenar q ue ese
pago cobijaba a los trabajadores oficiales que pasaron a ser
empleados públicos mientras que la misma estuviera vigente.

14. Por lo anterior, formuló las solicitudes ante las entidades
demandadas con las cuales se buscaba corregir el error cometido
por la ESE en la liquidación final toda vez que las sumas allí
relacionadas no correspondían a la realidad , al desconocer los
derechos laborales provenientes de la convención colectiva y con
ello el reajuste de los salarios co rrespondientes a los años 2004 a
2009 de acuerdo con las tablas allí pactadas. Asimismo, la
reliquidación reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales y

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en general el reconocimiento y pago de todas sus acreencias
laborales desde el 26 de junio de 2003.

2.1.3. Disposiciones violadas y concepto de violación.

15. En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos
25, 53, 58 y 243 de la Constitución P olítica, 231 del De creto 2067
de 1991 y 21 y 479 del CST.

16. En el concepto de violación la apoderada del accionante,
manifestó que la convención colecti va de trabajo suscrita entre el
ISS y SINTRASEG URIDAD SO CIAL se encuentra vigente, porque si
bien inicialmente se pactó la vigencia de la misma hasta el 3 de
octubre de 2004 también lo es que esta convención dentro del
término legal fue denunciada por el I SS.

17. Adicionalmente el ISS demandó la revisión de la convención,
proceso que en primera instancia le correspondió al Juzgado
Segundo Laboral, quien negó las pretensiones de la demanda,
decisión que fue apelada y en segunda instancia se confirmó.

18. Señaló que el artículo 479 del CST , que se refiere a la denuncia,
señala que una vez formulada ésta, la convención colectiva
continuará vigente hasta tanto se firme una nueva convención.

19. Por lo anterior, la convención colectiva se encu entra vigente,
toda vez que una vez expirada la vigencia inicial, al no ser
denunciada se entiende prorrogada por 6 meses y así
sucesivamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 478
del CST.

20. Sostuvo que como el ISS optó por la denuncia de convención,
la misma quedará vigente hasta tanto se firme una nueva, sin
embargo, la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento , hoy liquidada, se
negó a continuar pagando los derechos convencionales a los
trabajadores que en f orma automática y sin solución de continuidad
fueron trasladados del ISS sin importar el régimen laboral que les
aplicaron porque esos derechos eran adquiridos

21. Finalmente indicó que la Resolución 01358 de 328 de enero de
2005 proferida por la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento , así como
los actos administrativos demandados al negar la aplicación de la
convención a partir del 1.° de noviembre de 2004 desconocie ron su
vigencia e infringie ron el artículo 479 del CST.

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2.2. Contestación de la demanda.

2.2.1. La Nación – Ministerio de la Protección Social , contestó la
demanda 11 a travé s de apoderad a, quien se opuso a las
pretensiones formuladas por el señor Jorge Enrique Rojas Ramírez .

22. Según la contestación, si bien el demandante ostentó la calidad
de trabajador oficial durante su vinculación al ISS y que ello lo llevó
a ser acreedor de los derechos convencionales que le son propios
a estos tipos de servidores, se debe tener en cuenta que con su
vinculación a la ES E le cambió la naturaleza del empleo y por tanto
no podía reclamar la aplicación, liquidación, reliquidación de
factores convencionales.

23. Según la apoderad a no existió su stitución patronal entre el ISS
y la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, toda vez que dicha figura
solamente se predica del derecho privado, por lo que tampoco le es
posible extender la convención colectiva.

24. Formuló las e xcepciones de falt a de legitimidad en la causa
pasiva, «inepta demanda por no comprender la nulidad de todos los
actos administrativos o falta de unidad jurídica completa »,
inexistencia de obligación, «inexistencia de la facultad y
consecuente deber jurídico de este Minister io para pagar
prestaciones sociales », prescripción y caducidad.

2.2.2. Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público 12. El
apoderado de esta entidad se opuso a las pretensiones de la
demanda al señalar que carecen de fundamentos de derecho.

25. Según el apoderado , la convención colectiva celebrada entre el
ISS y SINTRASEGURIDAD SO CIAL fue suscrita el 31 de octubre de
2001 y en su artículo 1.° estableció que las partes eran el ISS en
sus niveles nacional y seccional y el mencionado sindicato ; adem ás
el Min isterio de Hacienda y Crédito P úblico no tuvo rela ción laboral
ni contractual con la demandante.

26. Consideró que las pretensiones de la demanda dirigidas en
contra de ese Ministerio carecen de soporte jurídico, al invocar
derechos convencionale s de una EICE, como lo era el ISS, beneficio
que aplicaron a los trabajadores oficiales donde no está incluido el
Ministerio de Hacienda.

11 E s c r i t o visible a folios 452 y s.s.
12 F o l i o s 488 y s.s.

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27. Según lo indicó, los derechos derivados de u na convención
colectiva celebrada entre el ISS y sus trabajadores no aplican para
los empleados públicos y trabajadores oficiales de la ESE Luis
Carlos Galán Sarmiento, por ser una entidad cuya naturaleza se
estableció en el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 como un a
categoría especial de entidad pública descentralizada , con
personería jurídica, patrimonio autónomo y autonomía
administrativa, y el régimen jurídico de personas naturales
vinculadas a la ESE son empleados públicos y trabajadores
sociales ajenos a otra entidad como el Seguro Social.

28. Propuso las excepciones de «inviabilidad de reconocer efectos
a la convención colectiva del ISS a empleados públicos de otra
entidad», prescripción, falta de legitim ación en la causa p or pasiva,
«inexistencia de solidaridad o de vínculo entre la ESE y el Mi nisterio
de Hacienda y Crédito Público», cobro de lo n o debido,
«cumplimiento de obligaciones de la Nación. Min isterio de
Hacienda», «inexistencia de relación jurídica sustancial» y «El
Ministerio de Hacienda y Crédito Público no es responsable de las
pretensiones reclamadas» .

2.2.3. FIDUAGRARIA S .A. 13.

29. El apoderado de esta entidad señaló que su representada actuó
como ente liquidador de la extinta ES E Luis Carlos Galá n Sarmiento
desde el 24 de agosto de 2007 hasta el 6 de noviembre de 2009,
fecha en la cual co ncluyó el proceso liquidatorio, sujetándose a las
instrucciones impartidas por el Minist erio de la P rotección Social y
a las reglas contractuales previstas por las partes.

30. Propuso las excepciones de «inexistencia de la relación
contractual y/o legal entre la parte demandante y la demandada
Fiduagraria SA, en calidad de liquidadora de la extinta ESE Luis
Carlos Galán S armiento hoy liquidada» , inexistencia de
obligaciones demandadas y prescripción .

2.2.4. Instituto de Seguros Sociales en liquidación 14, a través de
apoderado , indicó que en este caso no procedía el pago la
indemnización moratoria, o valor por concepto de prestación
laboral, ya que el I SS en su oportunidad reconoció, pagó y consignó
al Fondo Nacional del Ahorro las sumas que le correspondía n al
demandante por concepto de sus acreencias laborales.

13 F o l i o s 531 y s.s.
14 F o l i o s 621 y s.s.

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31. Finalmente propuso las excepciones de caducidad,
prescripción, « inexistencia del derecho reclamado y de la
obligación », compensac ión, buena fe, «petición extemporánea »,
«inexistencia de la convención colectiva » e «inexistencia de la
mora».

2.3. Audiencia inicial , recurso de apelación contra decisión de
excepciones y fijación del litigio .

32. En audiencia inicial celebrada el 18 de marzo de 2014 15, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró :

• La prosperidad de la excepción de falta de l egitimación en la causa
por pasiva propuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

• De oficio , la prosperidad de la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva respecto a la Fiduciaria LA PRE VISORA SA.

• No probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva respecto al Ministerio de Salud y de la Protección Social .

• La prosperidad de la excepció n de ineptitud sustantiva de la
demanda respecto al Min isterio de Salud y de la P rotección Social
por no «haberse demandado el acto correspondiente » y de cosa
juzgada frente a los demás demandados , esto es, frente al Instituto
de Seguros Sociales En Liquid ación, la Fiduciaria FIDUAGRARIA
SA y la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento liquidada.

33. Contra la anterior decisión la apoderada de la parte demandante
interpuso recurso de apelación y aclaró que los períodos respecto
de los cuales solicitaba la declaración de la existencia de una
relación laboral encubierta databan de 1984 hasta 1987, con unas
interrupciones 16.

34. A través de providencia de 13 agosto 2014 17 la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado decidió el recurso de
apelación interpuesto y revocó el auto pr oferido dentro de la
audiencia inicial , e n lo que concierne a las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de
Hacienda y Crédit o Público , falta de legitimación en la causa por

15 F o l i o s 781 787.
16 F o l i o s 793 a 806.
17 F o l i o s 793 y s.s.

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Demandante: Jorge Enrique Rojas Ramírez

pasiva propuesta por FIDUPREVISORA SA, ineptitud sustantiva de
la demanda propuesta por el Ministerio de Salud y de la Protección
Social y de cosa juzgada propuesta por el Instituto d e Seguros
Sociales en Liquidación, FIDUAGRA RIA SA y la ESE Luis Carlos
Galán Sarmiento.

35. Ordenó devolver el expediente al Tribunal para que c onvocara
de nuevo a las partes con el fin de dar continuidad al trámite de la
audiencia inicial.

36. Posteriormente al reanudarse en audiencia inicial el 8 de
septiembre de 2015 18, el Tribunal administrativo de Cundinamarca
fijó el lit igio así:

«Det er m inar ( i) si ef ect ivam ent e ent r e la ext int a ESE Luis C ar los
G alán Sar m ient o y el dem andant e se configur ó una r elación la bor al
lega l o r eglam ent ar ia a pesar de su vinculaci ón m ediant e cont r at os
de pr est ación de ser vicios en los per i odos com pr endidos ent r e
oct ubr e 13 ( sic ) de 1984 a sept iem br e 11 de 1985, oct ubr e 8 de
1985 a f ebr er o 7 de 1986, abr il 1 de 1986 a sept iem br e 30 de 1986,
oct ubr e 28 de 1986 a abr il 27 de 1987 y m ayo 25 de 1987 a
noviem br e 24 de 1987; y ( ii) si la par t e dem andant e t iene der ec ho
al r econoc im ient o, pago y r el iqu idaci ó n de los benef ic ios de la
convención co lect iv a suscr it a ent r e el I SS y SI NTR ASEG U RI DAD
SO CI AL , desde el 26 de j unio 2003 hast a el r et ir o def init ivo del
ser vicio ».

2.4. Sentencia de primera instancia 19

37. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A 20, profirió fallo el 3 de agosto de 2016 , en el cual se
inhibió frente a la pre tensión de cumplimiento del fallo de tutela
proferid o por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección
Segunda, Subsección B el 23 de no viembre de 2009, se negaron
las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer
condena en costas.

38. En primer lug ar indicó, que era n verdaderos argumentos de
defensa que se debían resolver junto con el análisis de fondo, las
excepciones propuestas de «inexistencia de la obligación e
inexistencia de la facultad y consecuente deber jurídico de este
Ministerio para p agar prestaciones sociales» , «invia bilidad de

18 F o l i o s 829 y s.s.
19 F f . 431 y s.s.
20 C o n ponencia del magistrado Néstor Javier Calvo Chaves.

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reconocer efectos de la convenci ón colectiva del ISS a empleados
públicos de otra entidad », «inexistencia de solidaridad o de vínculo
entre la ESE y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público », «el
cobro de lo no debido », «cumplimiento de obligaciones »,
«inexistencia de la relación jurídica sustancial», «el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público no es responsable de las pretensiones
reclamadas», inexistencia de relación contractual y/o legal entre la
parte demandante y la demandada , e inexistencia de obligaciones
demandad as», «inexistencia de derecho reclamado y de la
obligación », compensación, buena fe , «petición extemporánea »,
«inexistencia de la convención colectiva » e «inexistencia de la
mora».

39. Así mismo, indicó que la prescripción deb ía ser estudiada en el
evento de acceder a las pretensiones de l actor y la de caducidad
tampoco tenía vocación de prosperidad por cuanto se reclama ba
una prestación periódica que puede ser solicitada en cualquier
tiempo.

40. Con posterioridad se refirió al marco jurídico de las
convenciones colectivas y específica mente al tema de negociación
colectiva de los e mpleados al servicio del Estado, para lo cual citó
varias sentencias del Consejo de Estado, Sección, Segunda 21, de
las cuales concluyó que los empleados públicos poseen un derecho
restringido a la negociación colectiva dado que la voluntad frente a
sus condiciones laborales se encuentra en cabe za del legislador,
por lo que las convenciones colectivas de trabajo resultan
inaplicables; además, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional para el caso de las ES E creadas con la escisión del
ISS la convención colectiva de trab ajo en lo que respecta a los
trabajadores cobijados por ella, es fuente de derechos adquiridos
durante el tiempo en que la convención conserva su vigencia.

41. Indicó que los beneficios derivados de la convención colectiva
de trabajo suscrita entre el ISS y SINTRAS EGURI DAD SOCIAL se
extienden hasta el 31 de octubre de 2004, fecha en que terminó su
vigencia y, al cambiar la naturaleza jurídica de los trabajadores
oficiales a empl eados públicos, al pasar a ser parte de la planta de
personal de un a empresa social del Estado, no le siguen siendo
aplicables las disp osiciones del derecho colectivo del trabajo.

21 D e l a S u b s e c c i ó n B d e 1 3 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 3 , c o n p o n e n c i a d e l c o n s e j e r o

dr. Gerardo Arenas Monsalve, dentro del proceso radicado interno 1741 -2012,
de la Subsección A de 19 de febrero de 2015, c on ponencia del Dr. Luis Rafael
Vergara Quintero, dentro del proceso radicado interno 3195 -2013 y la
sentencia de 14 de diciembre de 2015, dentro del proceso radicado interno
4740-2013 con ponencia del Consejero dr. Gerardo Arenas Monsalve.

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42. Luego se refirió al marco jurídico del «contrato realidad» y a las
pruebas documentales y testimoniales recaudadas en el proceso,
a partir de las cuales coligió que entre el demandante y el ISS se
suscribie ron de manera consecutiva contratos administrativos de
prestación de servicios con el objet o que el contratista pre stara
inicialmente el servicio en el área de lavandería y luego en el
departamento de personal desde el «12 de septiembre de 1984 » al
11 de octubre de 1984, del 13 de octubre de 1984 al 11 de marzo
de 1985, del 12 de marzo de 1985 al 11 de septiembre de 1 985, del
8 de octubre de 1985 al 7 de febrero de 1986 , del 1.° de abril de
1986 al 30 de septiembre de 1986 , del 18 de octubre de 1986 al 27
de abril de 1987 , del 25 de mayo de 1987 al 24 de noviembre de
1987.

43. En esos pe ríodos el demandante tenía que cumplir con 48 horas
semanales asignadas por el jefe de personal, de quien recibía
órdenes y además en el ISS existían empleados que prestaban los
servicios en igualdad de condiciones del señor Rojas Ramírez con
menos horas laborales (44). Así mismo e n virtud de la escisión del
Seguro Social ingresó a la ESE Luis Carlos Sarmiento.

44. Frente a los d erechos convencionales reclamados estimó que
el accionante para el día 26 de junio de 2003 pasó a ser emplead o
público adscrito a la ESE Luis Carlos Galán , por lo que no le
cobijaba la prórroga automática de la Convención Colectiva, debido
a los principios que rigen el empleo público, por ende al 31 de
octubre de 2004, al momento del vencimiento de la Convención
Colectiva, el actor era un empleado público, y por tanto ya no le
aplicaba la Convención, máxime cuando se le habían cancelado los
haberes dejados de percibir en virtu d de la Convención Colectiva,
desde el momento en que se produjo la escisión del ISS.

45. Luego dijo que se abstendría de emitir un pronunciamiento de
fondo respecto de la pretensión de cumplimiento del fallo de tutela
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B el 23 de noviembre de 2009, puesto que el
presente medio de control no es el mecanismo procedente , según
los artículos 23 y 27 del Decreto 25 91 de 1991 que contemplan el
incidente de desacato .

46. Finalmente, e n cuanto a la relación laboral encubierta señaló
que el último contrato feneció el 24 de noviembre de 1987 y el
demandante realizó su petición el 8 de octubre de 2012 por lo que
«[…] en el presente caso ocurrió el fenómeno de la prescripción del
derecho a que se declare la existencia de la relación laboral

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respecto al pago de las pres tacion es sociales , toda vez que el
demandante tuvo vigente el último contrato de prestación de
servicios hasta el 24 de noviembre de 1987 y la reclamación ante
la administración de reconocimiento de acreencias laborales fue el
8 de octubre de 2012, esto es casi 25 años después de haber
terminado el vínculo contractual . Por otra parte , sería del caso
pronunciarse sobre los aportes al sistema de Seguridad Social
Integral en virtud de la existencia de la relación laboral los cuales
como lo ha dicho esta Sala en reiteradas oportunidades son
imprescriptibles sin embargo examinada la reclamación
administrativa y la s pretensiones de la demanda se encuentra que
no fueron solicitados razón por la cu al no será pronunciamiento al
respecto».

2.6. Recurso de apelación 22.

47. La apoderada del demandante interpuso recurso de apelación
en el cual sostuvo lo siguiente:

48. En primer lugar, indicó que en la demanda se buscó el
cumplimiento del fallo de tutela que fue proferido a favor del
demandante donde se orde nó que la liquidación deb ía hacerse
atendiendo las cláusulas de la convención colectiva de trabajo
suscrita por el Instituto de Seguros Sociales del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Seguridad Social, que en su consideración
es aplicable a l accionan te.

49. Además, dicha orden fue cumplida parcialmente por la
FIDUPREVISORA S.A. por lo que quedaron algunas sumas
pendientes y al despacho se le entregó la constancia del monto de
ese pago parcial que recibió el señor Rojas Ramírez .

50. Asimismo, el fallo de tutela fue proferido en noviembre de 2009
cuando la Corte Constitucional re conocía la vigencia de la
convención colectiva gracias a las prórrogas automáticas del
artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo , asunto que se
prolongó hasta diciembre de 2010 y por ello , para d enegar las
pretensiones de la demanda el Tribunal Administrativo no podía
basarse en fallos proferidos e n los años 2013 y 2015, con lo cual
se desconoce el principio de favorabilidad para el trabajador.

51. Finalmente indicó que el Tribunal no reconoció frente al contrato
realidad el pago de los aportes a salu d y pensión pese a su

22 f . 1008 y s.s.

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imprescriptibilidad y que en la pretensión novena se incluyó «todos
los demás factores salariales y prestacionales a que tenga
derecho», con lo cual se quería cubrir cualquier d erecho que
correspondiera al trabajador como era el recon ocimiento del tiempo
que laboró en la contratación administrativa y el pago de sus
derechos o aportes a salud y pen sión. Además, el juez debe
interpretar la demanda y fallar lo que sea más favorable al
trabajador es decir fallando ultra o extra petita cuando resulte
probado como resultó en este caso donde quedó plenamente
probada la relación laboral del trabaja dor con el Instituto de Seguro
Social a través del contrato realidad .

2.7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

2.7.1. La apoderada de la parte demandante 23 presentó alegatos
de conclusión en los cuales reiteró los planteamientos de la
demanda y el recu rso de apelación, donde insistió en que en este
caso no ocurrió la prescripción de los derechos reclamados.
Además, agregó que no puede dejarse sin decidir la pretensión de
reconocimiento de l régimen de cesantías retroactivas formulada en
las pretensiones de la demanda y en la p etición ante las entidades
demandadas.

2.7.2. La apoderada de la Nación – Ministerio de Sal ud y de la
Protección Social 24 señaló que el demandante prestó su s servicios
a las extintas entidades Instituto de Seguros Sociales y la ESE LUIS
CARLOS GALÁN SARMIENTO, e n calidad de trabajador oficial y
empleado público respectivamente, por lo que no le cobija la
convención colectiva suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDAD
SOCIAL, los cuales solo le fueron aplicables hasta el 1 .° de octubre
de 2004.

2.7.3. El apoderado del Patrimonio Autónomo de Remanentes 25
indicó que dicha entidad no tiene competencia para asumir las
obligaciones derivadas de las preten siones de la demanda.

2.7.4. Las demás entidades demandadas y el agente del Ministerio
Público guardaron silencio en esta etapa procesal según se advierte
en la constancia obrante al folio 1312 del expediente.

23 F o l i o s 1231 y s.s.
24 F o l i o 1273 y s.s.
25 F o l i o 1304 y s.s.

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III. CONSIDERACI ONES

3.1. Competencia

52. Es competente esta Subsección para decidir dentro del proceso
del epígrafe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del
CPACA 26.

53. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 328 27 del
Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda
instancia está circunscrita a los a rgumentos expuestos por el
apelante. En el presente caso, la parte demanda nte es apelante
única, razón por la cual la competencia de la Sala de Subsección A
se encuentra limitada por el ob jeto mismo del recurso, cuyo marco
está definido en el escrito de apelación.

3.2. Problemas jurídicos

54. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, debe la Sala d ar respuesta a los siguientes
cuestionamientos:

(i) ¿E l demandante tiene derecho al reconocimiento de los
beneficios convencionales contenidos en la convenció n colectiva
suscrita entre e l I SS y SINTRASEG URIDAD SOCIAL, más allá del
31 de octubre de 2004 ?

26 C P A C A , a r t . 1 5 0 : « C o m p e t e n c i a d e l C o n s e j o d e E s t a d o e n s e g u n d a i n s t a n c i a

y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instanci a por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así
como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte
de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que cor responda, o
no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia […]».
27 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado
toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelac ión de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que en razón de la modificación fuera indispensable re formar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»

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(ii) ¿A t ravés de este medio de control puede ordenarse el
cumplimiento de la sentencia de acción de tutela proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda –
Subsección A 28, a través de la cual , ordenó a la entidad liquidadora
de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento reliquidar la s pre staciones
sociales e indemnizaciones reconocidas al demandante atendiendo
a las cláusulas de la convención colectiva de trabajo suscrita entre
el ISS y SINTRAS EGURIDAD SOCIA L ?

(iii) ¿El señor Rojas Ramírez tiene derecho a que se le devuelva
el valor correspon diente a l pago de los aportes en salud y pensión
derivados de la relación laboral encubierta o subyacente advertida
en primera instancia?

(iv) ¿Puede la Sala pronunciarse fre nte a la pretensión referente a
que las cesantías sean reliquidadas conforme al régimen de
retroactividad, por haber estado vinculado al Instituto de Seguros
Sociales (ISS) como funcionario de la seguridad social desde 1984
y no haber autorizado expresamente que se le aplicara el
anualizado ?

55. Con el fin de resolver los problema s jurídico s planteados , la Sala
de Decisión examinar á el marco legal aplicable al caso concreto y la
interpretación jurisprudencial que esta Corporac ión ha hecho frente al
mismo.

3.3. Fondo del asunto

3.3.1. Primer problema jurídico. ¿El demandante tiene derecho
al reconocimiento de los derechos y beneficios convencionales
contenidos en la convención colectiva suscrita entre el ISS y
SINTRASEGURIDAD SOCI AL, más allá del 31 de octubre de
2004?

3.3.1.1. Marco jurídico - Convención colectiva del ISS.

56. El señor Jorge Enrique Rojas Ramírez solicitó el re conocimiento
de la totalidad de los beneficios laborales establecido s en la
convención colectiva de trabajo celebrada entre el Instituto de Seguros
Sociales y el sindicato SINTRASEGURIDADSOCIAL, su scrita e l 31 de
octubre de 2001 .

28 C o n p o n e n c i a d e l m a g i s t r a d o C a r m e l o P e r d o m o
Cuéter, radicado 2019-1676-
01. Accionante Janeth Sonia Jamaica de Tabaico y otros.

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57. Previo al análisis de la posibilidad de que se reconozcan beneficios
convencionales en los casos en que hay modificación de la situación
laboral, es necesario señalar que en el expediente se encuentra
acreditado 29 que el señor Rojas Ramírez ostentaba el carg o de técnico
de servicios administrativos grado 20 desde el 25 de n oviembre de
1987 en el Instituto de Seguros Sociales y como tal, se trataba de un
trabajador oficial , luego, pasó a ocupar un empleo p úblico en la ESE
Luis Carlos Galán Sarmiento, en los términos del artículo 18 del
Decreto 1750 de 2003 30.

58. Al respecto es menester indicar que la Corte Constitucional a
través de sentencia C -314 31 del 1.° de abril de 2004 declaró la
exequibilidad de los artículos 16 y 18 (parcial) del Decreto 1750 32 de
2003 «Por el cual se escinde el Instituto de Seguros Sociales y se
crean unas Empresas Sociales del E stado.», salvo la expresión « se
tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las
situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones
sociales causadas, así como las que hayan ingresado al patrim onio del
servidor, las cuales no podrán ser afectadas» contenida al final del
inciso 1.º del artículo 18.

59. En la citada sentencia, en relación con la posibilidad de presentar
convenciones colectivas por parte de los empleados públicos, la Corte
Constitucional, concluyó lo siguiente:

« E n c o n s e c u e n ci a , s i l a p e rte n e n c i a d e u n s e rv i d o r p ú b l i c o a u n
d e te rm i n ad o ré g i m en l a b o ra l , l l á m e s e tra b a j a d o r o fi c i a l o e mp l e a d o
p ú b l i co , n o e s u n d e re c h o a d q ui ri d o , e n to n c e s l a fa c u l ta d d e pre s e n ta r
c o n v e n c i on e s c o l ec ti v a s , q u e e s a p e n a s un a p o te s ta d d e r i v a d a d e l ti p o
e s p e c ífi c o d e ré g i m en l a b o ra l , ta m p o c o l o e s . J u r íd i c a m en te , l a C o rte
e n c u e n tra v á l i d o c on s i d e ra r q u e e n e s te c a s o l o a c c e s o ri o s i g u e la
s u e rte d e l o p ri n c i p a l , d e m o d o q u e a l n o e x i s ti r u n d e re c h o a - s e r
e m pl e a d o p ú bl i c o o tra b a j a d o r o fi c i a l , ta m p o co e x i s te u n d e r e c h o a
p re s e n ta r c o n v e n c i on e s c o l e c ti v a s s i e l ré g i m e n l a bo ra l h a s i d o
m o di fi c a d o .»

60. El absurdo al que conduciría una conclusión contraria implicaría
reconocer que cierto t ipo de empleados públicos - los q ue antes han
sido trabajadores oficiales - tendrían derecho a presentar
convenciones colectivas de trabajo, a diferencia de aquellos que nunca
ostentaron dicha condición , con lo cual se generaría una tercera

29 S e g ú n c e r t i f i c a c i ó n e x p e d i d a p o r el Departamento de Recursos Humanos del
ISS visible a folio 248.
30 F o l i o 244.
31 M a g i s t r a d o ponente, Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
32
«Por el cual se escinde el Instituto de Seguros Sociales y se crean unas
Empresas Sociales del Estado.»

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especie de serv idores públicos, no prevista en la ley sin o resultado de
la transición de un régimen laboral a otro, afectándose por contera el
derecho a la igualdad de los empleados públicos que no habiendo sido
jamás trabajadores oficiales, no tendrían derecho a mejorar por vía de
negociación colectiva la s condiciones laborales de sus cargos.

61. Lo anterior no significa que a los empleados públicos se les haya
negado el derecho a la negociación colectiva, dado que el artículo 55
de la Constitución Política garantiza di cho derecho para que regulen
sus relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley pa ra
tal efecto.

62. A su vez, el Convenio 151 de la Organización Internacional del
Trabajo - OIT, sob re la protección d el derecho de sindicación y los
procedimie ntos para determinar las condiciones de empleo en la
administración pública, aprobado por Colombia mediante la Ley 411 de
1997, consagró disposiciones relativas al derecho de sindicalización
de los servidores del Estado e hizo una invitación a los Estados sobre
la necesidad de establecer procedimientos para la negociación de las
condiciones de empleo y la solución de con flictos que se susciten en
torno a ello.

63. Adicional a todo lo anterior, ha de tenerse en cuenta que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto
de derechos adquiridos establecido en el artículo 58 de la Constitución
Política y la noción de la condición más beneficiosa que se desprende
del artículo 53 ibid em, para precisar que son los derechos adquiridos
y no las meras expectativas los que no pueden ser modificados por el
legislador.

64. Por otra parte, esta Corporación t uvo oportunidad de pronunciarse
en relación con l a aplicación de las convenciones colectivas a aquellos
servidores sujetos a cambios en la naturaleza de su empleo de
trabajadores oficiales a empleados públicos, en el siguie nte sentido:

«La alud ida co nvenc ión co lect iva cob ij a única y exc lusiv am ent e a los
t r abaj ador es of iciale s de la ent i dad dem andada y com o la s i t uación
labor al de la dem an dant e, no se enm arca dent r o de est e supuest o
dada la calida d de em pleada públ ica que la cobij aba par a el m om ento
en que f ue r et ir ada del ser vic io [ . . . ] no es viable r e conocer le [ . . . ]
con f undam ent o en la convenció n colec t iva r eclam ada, puest o que
el cam bio de nat ur aleza del em pl eo conll eva necesar iam ent e el
cam bio de r égim en aplica ble, l o que i ndef ect iblem ent e su pone la
inap licac ión de r econocim ient os p las m ados en con ven ciones
colect ivas, salvo l os der echos adqui r idos y las expec t at ivas
legí t im as, al t enor d e lo dis puest o en e l ar t í culo 416 del C. S. T. que
consagr a la pr ohib ic ión de ext ender cláu sulas convenc iona le s a los

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em pleados pú bl icos , calidad que t al y com o quedó dem o st r ado,
ost ent ó la act or a.
De igual m aner a, no sobr a adver t ir , que aun acept ándose el
ar gum ent o de la, " r eincor por aci ón al s e r vicio de la act or a" , ello no
es gar ant í a de que las cláusulas convencion ales le r esult en
aplic ables, m áxim e cuando dicha r ein co r por ación pr ocur ó mant ener
la cont inu idad de la r elación, per o cam bi ó la nat ur aleza de l e m pleo.
Cam bio que im p i de, com o ya se dij o, que las gar ant í as
convencion ales s e le ap liqu en a quienes ant es de dicha
r eincor por ación ost ent aban la ca lida d de t r abaj ad or es of icial es ,
puest o que est as gar ant í as y benef ic ios f uer on alc anza dos por
dichos t r abaj ador es of iciales a t r avés de acuer dos convenciona les
que no pueden r egul ar las r elaciones de los em pleados púb li cos que
t ienen un r égim en indem nizat or io, salar i al y pr est acional est ablec ido
en la ley y sus decr et os r eglam ent ar ios, t al y com o especí f icam ent e
lo cont em pla el ar t í culo 150 num er al 19 l it er ales e y f de la
Const it ución P olí t ica » 33.

65. De otra parte, la Corte Constitucional en la sentencia C - 349 de
2004 señaló expresamente que

« L a s e x p re s i o n e s au to m á ti c am e n te y s i n s o l u c i ó n d e c o n ti n u i d a d ,
c o n tra ri a m e n te a l o a d u c i d o p o r l o s d e m an d a n te s , p re te n d e n a s e g u ra r
l a g a ra n tía d e e s ta b i l i d a d l a bo ra l y l o s d e m á s d e re c h o s l a bo ra l e s d e
l o s tra b a j a d o re s , a l p e rm i ti r q u e n o p ie rd a n s u s p u e s to s d e tr a b a j o ni
v e a n i n te rru m pi d a la re l a c i ó n em pl e a d or - t ra b a j a d o r. C o n e llo s e
o b tie n e q u e , e n v irtu d d e e s ta p e rmane n c ia , d ic h o s tra b aja d o re s
p u e d an s e gu ir d is fru ta n d o d e lo s b e n e fic io s c o n ve nc io n a le s
mie n tra s lo s m is mo s ma n te n g an v ig e n c ia y , a d e má s , s e g u ir
c o b ija d o s po r lo s re g íme n e s d e tra n s ic ió n p en s io n a l, d u ra nte e s te
mis mo la p s o . S in e s ta c o n tin u id a d e n la re la c ió n d e tra b a jo n o
e s ta ría n a s e g u ra d as e s ta s g a ra n tía s la b o ra le s , p u e s to q u e a l
ro mp e rs e e l v ín c u lo e mp le a d o r - tra b a ja d o r e n p rin c ip io c e s a n la s
o b lig a c io n e s d e l p rime ro p a ra c o n e l s e g u nd o , d e riv a d a s d e la
c o n v en c ió n c o le c tiv a v ig e n te . N o o b s ta n te , p a ra i m p e di r q u e l a s
m i sma s p u e d a n se r i n te rp re ta d a s e n e l s e n ti d o s e g ún e l c u a l la
a u to m a ti c id a d e n e l tra s l a d o d e l ré g i m e n d e tra b a j a d o re s o fi c i a l e s a
e m pl e a d o s p úb l i co s y l a i n c o rp o ra c i ón s i n s o l u c i ón d e c o n ti n u ida d a l a s
n u e v a s p l a n ta s d e p e rs o n a l a c a rre a l a p é rd i d a d e d e re c h o s l a b o ra l es
s a l a ri a le s o p re s ta c i o n a l e s a d q u i ri d o s y d e g a ra n tía s c o n v e n c i o n a le s ,
l a C o rte d e c l a ra rá s u e x e q u i b i li d a d b a j o e l e n te n d i d o q u e s e r e s p e ten
d i c h o s d e re c h o s a d qu i ri d o s » . (N e g ril l a d e l a S a l a )

66. De acuerdo con lo expuesto por el Alto Tribunal Constitucional, es
necesario señalar que los beneficios derivados de la convención
colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y el sindicato de trabajadores
SINTRASEGURI DAD SOCIAL, debieron extenderse solo hasta el 31 de
octubre de 2004 , fecha en que terminó la vigencia de dicha
convención.

33 C o n s e j o
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 1 de julio
de 2009, dentro del proceso radicado interno 1355 -2007, con ponencia del
consejero dr. Gerardo Arenas Monsalve.

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Demandante: Jorge Enrique Rojas Ramírez

67. Lo anterior, por considerar que al mutar la naturaleza jurídica del
vínculo laboral de trabajadores oficiales a empleados públicos y pasar
a conformar la planta de personal de una empresa social del Estado,
no resulta procedente la aplicación de las disposiciones del d erecho
colectivo del trabajo relacionado con trabajadores oficiales y, por
tanto, no se puede válidamente invocar la prórroga automática de la
convención a que hace mención el artículo 478 del CST, que establece
«que si dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de su término
de expiración las partes o una de ellas no hubiere manifestado por
escrito su voluntad de darla por terminada, la convención se entiende
prorrogada por períodos sucesivos de seis meses».

68. Tampoco es viable que quienes pasaron a ser empleados públicos
denuncien la convención por su calidad de tales y estar vinculados a
una entidad pública diferente a la que suscribió la convención colectiva
que pretende siga siendo aplicable. Adicionalmente y para abundar en
razones, no es posib le extender la convención colectiva respecto de
una empresa que no la suscribió y que no tendría la posibilidad de
denunciarla.

69. Ahora bien, debido a que en la jurispru dencia hubo
pronunciamientos en los cuales se extendieron los beneficios
convenciona les a quienes pasaron a tener la categoría de empleados
públicos en virtud de la escisión del ISS, es necesario indicar que la
Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-897 de 2012
estableció que no hay lugar a que se dé tal posibilidad , como se
desprende del texto que a continuación se transcribe:

« A p li c a b il i d ad d e l a C o n v e n c i ó n C ol e c ti v a c e l e b ra d a e n tre IS S y
S i n tra s e g u ri d ad S o c ia l a l o s tra b a j a d o re s d e l a s E m p re s a s S o c ia l e s d e l
E s ta d o .
P a ra l a re s o l u c i ó n d e l o s c a s o s o b j e to d e e s tu d i o e n l a p r e s e n te
d e c i s i ón d e b e d i l u c id a rs e u n p u n to fu n d a m e n tal d e n tro d e l a n á l i si s
j u ríd i c o a re a l i z a r p or l a C o rte : l a v i g e n c ia d e l a c o n v e n ci ó n co l e c ti va
c e l e b ra d a e n tre e l IS S y S IN T RA SE GUR ID AD S OC IA L e n e l añ o 2 0 0 1 .
P l a n te a d o el p ro b l ema y s u re l e v a n c i a e n l a s o l u c ió n d e l o s c as o s q u e
a h o ra o c u p a n a l a C o rte , s e d e b e n e s tu d i a r l a s tre s p o s i b i l i da d e s d e
re s p u e s ta e x i s te n te s :
i ) E n te n d e r q u e l a c o n ve n c i ó n c o l ec ti v a e s tu v o v i g e n te h a s ta e l
m om e n to e n q u e s e l iq u i d ó l a v i c ep re s i d e nc i a d e s a l u d d e l IS S ;
ii) E n te n d e r q u e l a c o n v e n c i ó n c o l e c ti v a e s tu v o v i g e n te h a s ta e l 3 1
d e o c tu b re d e 2 0 0 4 , fe c h a e n q u e se c um pl i e ro n l os tre s (3 ) a ñ o s p o r
l o s q u e fu e p a c ta d a l a c o n v e n c i ón fi rm a d a e n tre e l IS S y
S IN TR AS E GUR IDA D S OC IA L ;
i i i ) E n te n d e r q u e l a co nv e n c i ó n c ol e c ti v a c el e b ra d a e n tre .e l IS S y
S IN TR AS E GUR I D AD S OC IA L e s tu v o v i g en te h a s ta e l 3 1 d e j u l i o d e
2 0 1 0 , e s d e c i r, d e s d e s u c e l e b ra c i ón -e l 1 ° d e n o v i em b re d e 2 0 0 1 -,
d u ra n te l o s tre s a ñ o s p re v i s to s p a ra s u v i g e n c i a , p o s te ri o rme nt e c o n
re n o v a c i o n e s s em e s tra l e s c o n s e c u ti v a s e n v i rtu d d e l a r tíc u l o 4 7 8 d e l
C S T , h a s ta e l 3 1 d e j u l i o d e 2 0 1 0 c u a n d o , p o r p ro h i b i c i ó n e xp re s a
d e l A c to L e g i s l a ti v o 0 1 d e 2 0 0 5 , s e e l i m in ó l a p o s i b i l i d ad d e fi j a r l o s
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Demandante: Jorge Enrique Rojas Ramírez

re q u i s i to s p a ra a c c ed e r a l a p e n si ó n d e ju b i l a ci ó n o v ej e z p o r m e di o
d e c o n v e n c i o ne s c o le c ti v a s .»

70. Así, para la Corte la interpret ación de la Constitución y la
legislación que rig e la materia solo permite llegar a una conclusión
jurídicamente sostenible: la convención colectiva ce lebrada entre el
ISS y SINTRASE GURIDAD SOCIAL estuvo vigente por el tiempo
previsto en su artículo 2°, es decir, por el lapso acordado entre las
partes que la suscribieron, esto es, desde noviembre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2004 , dado que se trataba de empleadores diferentes
y que por lo tanto sería imposible aplicarle una co nvención colectiva a
quien no la ha suscrito y que por ende tampoco la pudo denunciar,
pues ello, además, conduciría a la creación de una nueva categoría de
servidor público.

71. Es por lo anterior que no hay lugar a acceder a las pretensiones
del demandante relativas a la aplicación de los beneficios de la
convención colectiva suscrita entre SINTRASEGURI DAD SOCIAL y el
ISS.

3.3.2. Segundo problema jurídico.

72. ¿A través de este medio de control puede ordenarse el
cumplimiento de l a sentencia de acción de tutela proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundi namarca, Sección Segunda
– Subsección A de 23 de noviembre de 2009 34, a través de la
cual, se ordenó la reliquidación de las prestaciones sociales e
indemnizaciones reconocidas al demandante atendiendo a las
cláusulas de la convención colecti va de trabajo sus crita entre
el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL?

73. En este caso mediante sentencia de 23 de noviembre de 2009 35 el
Tribunal Administrativo de Cund inamarca , Sección Segunda -
Subsección A 36, proferida dentro del proceso 2009 -01676-01 concedió
el amparo iusfundamental solicitad o por el demandante y otros
accionantes, referente a ordenar la reliquidación de las prestaciones
sociales derivadas de su retiro defini t ivo de la ESE Luis Carlos Galán
Sarmiento , en atención a las condiciones establecidas en la
Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 31 de octubre de 2001
entre el Instituto de Seguros Sociales y SINTRASEGURIDAD SOCIAL .

34 C o n p o n e n c i a d e l m a g i s t r a d o C a r m e l o P e r d o m o C u é t e r , r a d i c a d o 2 0 1 9 - 1 6 7 6 -

01. Accionante Janeth Sonia Jamaica de Tabaico y otros.
35 F o l i o s 249 y s.s.
36 C o n con ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.

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Demandante: Jorge Enrique Rojas Ramírez

74. Para tal efecto el Tribunal estimó que si bien en la sentencia de la
Corte Constitucional C -314 de 2004, «[…]se analizó la prohibición ,
hacia el futuro de los servidores públicos adscritos a las empresas
sociales del E stado que adquirieron la categoría de e mpleados
públicos y perdieron la de trabajadores oficiales de presentar pliegos
de peticiones y de negociar convenciones colectivas de trabajo, mas
no de la renuncia a sus derechos adquiridos en su vinculación inicial
como trabajadores oficiales mediante u na convención colectiva de
trabajo previamente suscrita ».

75. Asimismo, hizo referencia a la sentencia de la misma Corte
Constitucional T- 1 238 de 2008 donde se indicó que la incorporación
automática y sin solución de continuidad de los trabajadores oficiales
del país a las ESE en calidad de empleados públicos implica un cambio
de régimen constitucionalmente admisible pero no la pérdida de lo s
derechos y garantías adquiridos durante la vinculación inicial.

76. A partir de ello estimó que las prestaciones e indemnizaciones
reconocidas a los actores en las resoluciones allí mencionadas «[…]
debían ser actualizadas a la fecha en que culminó el proceso
liquidatorio de la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán
Sarmiento es decir, a 6 de noviembre de 2009, fecha de retiro definitivo
de la empresa, y también reliquidadas atendiendo las cláusulas de la
convención colectiva de trabajo suscrita po r el Institut o de Seguros
Sociales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad
Social, que como se dejó dicho les es plenamente aplicable a los
demandantes» 37. La anterior orden se impartió a cargo de la
liquidadora de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento .

77. Ahora bien , atendiendo a l a anterior decisión judicial la apoderada
del demandante incluyó entre una de sus pretensiones del medio de
control de l epígrafe, ordenar a la entidad liquidadora correspondiente
dar cumplimiento a la sentencia de tutela .

78. El Tribunal A dministrativo de Cundinamarca, a través de la
decisión apelada se inhibió para conocer de fondo la pretensión por
cuanto consideró que el mecanismo procedente era el señalado en los
artículos 23 y 27 del Decreto 2591 de 1991.

79. Considera la Sala que le asiste razón al Tribunal comoquiera
que, a partir de la creación de la acción de tutela por parte del
Constituyente de 1991, el Decreto 2591 del mismo año reglamentó
este mecanismo judicial para salvaguardar las garantías

37 F o l i o 270.

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constitucionales de las personas, dotándolo de singulares atributos
para lograr su efectiva implementación, habida cuenta de que «[…]
[l]a protección de los derechos fundamentales a través de la acción
de tutela resultaría inocua, si no existieran mecanismos ágiles y
oportunos, que conlleven la utilización de instrumentos de coacción
para obligar a la autoridad pública o al particular que los ha
vulnerado o amenazado desconocerlos, a hacer cesar la acción o
la omisión que constituye la transgre sión o afectación de aquéllos,
en obedecimiento de las órdenes impartidas en los fallos proferidos
por el juez de tutela. » 38

80. Con este enfoque, en el artículo 24 del mencionado Decreto
Estatutario el legislador dispuso que «el fallo que conce da la tutela
tendrá por objeto garantizar al agraviado el pleno goce de su
derecho, y volver al estado anterior a la violación, cua ndo fuere
posible». En cuanto al cumplimiento el artículo 27 dispuso que el
fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio
deberá cumplirlo sin demora. Además:

« S i n o lo h i c i e re d entro d e l a s c u a re n ta y o c h o h o ra s s i g u ie n te s , e l
j u e z s e d i ri g i r á a l sup e ri o r d e l re s p o n sa b le y l e re q u e ri rá p a ra q u e l o
h a g a c um p l i r y a b ra e l c o rre s p o n d i e n te p ro c e d im i e n to d i sc i pl i n a ri o
c o n tra a q u é l . P a s a da s o tra s c u a re n ta y o c h o h o ra s , o rd e n a rá a b ri r
p ro c e s o c o n tra e l s u p e ri o r q u e n o h u b i e re p ro c e d i d o c o n fo rme a l o
o rd e n a d o y a d o p ta rá d i re c ta m e n te to d a s l a s m e di d a s p a ra e l c a b a l
c u m pl im ie n to d e l m is m o . E l j u e z p o d rá s a n c i o n a r p o r d e s a ca to a l
re s p o n s a b l e y a l s u p e ri o r h a s ta q u e c u m pl a n s u s e n te n c i a . L o
a n te ri o r s i n p e rj ui c i o d e l a re s p o n sa b il i d ad p e n a l de l fu n c i on a ri o en
su caso.

81. Asimismo, la citad a disposición establece que « En todo caso,
el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto
y mantendrá la competencia hasta que esté completamente
restablecido el derecho o eliminadas las causas de la
amenaza». 39

82. De acuerdo con lo anterior, es evidente que no le asiste razón
a la apoderada del actor , comoquiera q ue la competencia para
garantizar el cumplimiento de la orden de tutela se encuentra
establecida en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 en virtud del
cual corresponde al Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
sede de tutela.

38 S e n t e n c i a T-554 de 1996, M.P.: Antonio Barrera Carbonell
39 N e g r i l l a de la Sala.

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83. Ahora bien si lo que pretende la apo derada es que a través del
presente medio de control se refrend e la teoría jurídica a plicada por
el juez constitucional a través de la cual se concedieron las
pretensiones de reliquidación de las prestaciones sociales del
demandante en atención a la conven ción colectiva , es evidente que
no le asiste razón, toda vez que nos encontramos en el escenario
del medio de control y nulidad y resta blecimiento del derecho donde
se juzga la legalidad de los actos administrativos demandados
resultado de las peticiones d e 8 de octubre de 2012 y del Oficio 09 -
007965 de 6 de noviembre de 2009, esto, a la luz de la normatividad
aplicable y las líne as jurisprudenciale s proferidas a la fecha y, a las
que debe atender esta Corporación , en virtud del principio del
debido proceso y de la autonomía judicial, razón que impone dar
una respuesta negativa al problema jurídico señalado.

3.3.3. Tercer problema jurídico. ¿El señor Rojas Ramírez tiene
derecho a que se ordene el pago de aportes en salud y pensión
derivados de la relación laboral encubierta o subyacente
advertida en primera instancia?

84. Como ya se indicó , el Tribunal Administrativo de Cu ndinamarca
a través de la sentencia apelada estimó que en este caso se
configuró una relación laboral encubierta o subyacente entre el
demandante y el Instituto de Seguros Sociales por el pe ríodo
comprendido entre el «13 de octubre de 1984 » hasta el 24 de
noviembre de 1987.

85. Lo anterior con base en las siguientes pruebas:

• Certif icación expedida el 6 de noviembre de 1987 40, por el jefe de
la oficina de perso nal de la Clínica S an Pedro Claver según la cual
el demandante estuvo vinculado con el ISS mediante contrato de
prestación de servicios , como auxiliar de servicios administrativos,
desde el 12 de septiembre de 1984 , luego relacionó los
siguientes períodos :

• Del 13 de octubre de 1984 , hasta el 11 de marzo de 1985.
-Del 12 de marzo de 1985 al 11 de septiembre de 1985
-Del 8 de octubre de 1985 al 7 de febrero de 1986.
-Del 1.° de abril de 1986 al 30 de septiembre de 1986
-Del 28 de octubre de 1986 a 27 de abril de 1987.
-Del 25 de mayo de 198 7 a la fecha de expedición de la certificación
(6 de noviembre de 1987).

40 O b r a a folio 744.

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86. A folio 273 obra certificació n suscrita por e l jefe de
departamento de la Clínica San Pedro Claver de 23 de abril de
1996, en donde se aprecia que ese último contrato de prestación de
servicios se mantuvo hasta el 24 de noviembre de 1987 .

87. Asimismo, citó los testimonios recaudados en audiencia de
pruebas de 20 de noviembre de 2015 (ff. 883 y s.s. ),
correspondientes a los señores Sonia Esperanza Rivero Díaz, María
del Pilar Medina Correal, Rosa Me rcedes Silva Ruiz , y Ana Isabel
Suárez.

88. A partir de allí el Tribunal concluyó que entre el demandante y
el Instituto de Seguros Sociales se suscribieron , de manera
consecutiva, contratos de prestación de servicios , para la ejecución
de labores en el área de lavandería y luego en el Departamento de
Personal, en los mencionados periodos , en donde tenía que cumplir
con 48 horas semanales asignadas por el jefe de personal quien
daba las órdenes y además de eso en el ISS existían empleados
que prestaban los servicios en igualdad de condiciones que el
demandante a quienes les exigían menos horas de trabaj o.

89. Empero, el Tribunal no declaró la existencia de la citada
relación laboral encubierta y no acce dió a las demás pretensiones
de la demanda al señalar que el señor Rojas Ramírez no formuló la
pretensión de reconocimiento de los aportes en pensión y salud.

90. Es de anotar que para esta Sala no resulta adecuado predicar
una relación laboral entre las partes, en atención a s ólo una
certificación, por cuanto no es la prueba idónea para acreditar
tal afirmación, sin embargo, en este caso no se encuentra en
discusión la configuración de los elementos de la relación
laboral encubierta o subyacente , por lo cual, la Sala no se refer irá
nuevamente a los mismos a efectos de asumir específicamente el
punto de apelación , como es acceder a la devolución de aportes en
pensión y salud a favor del accionante.

91. Ahora, es preciso señalar que la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante sentencia de 25 de agosto de 2016 41, unificó
su jurisp rudencia y específicamente frente al punto referido de la
prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta lo siguien te:

«Por lo t ant o, si quien pr et ende el r econocim ient o de la r elación

41Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 25 de
agosto de 2016. Radicación 23001 -23-33-000-2013-00260-01.

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labor al con e l Est ado, se excede de los tr es años, cont ados a par t ir
de la t er m inación de su ví nculo cont r act ual, par a r eclam ar los
der echos en aplica ción del pr incip io de la “ …pr im ací a de la
r ealida d sobr e las f or m alidades est ablec i das por los sujet os de las
r elacion es labor a les ” ( ar tí culo 53 const i t ucional) , se ext ing ue el
der echo a solicit ar las pr est aciones qu e se der iven de aquell a,
pues dicha sit uac ión se t r aducir í a en su desint er é s, que no p uede
sopor t ar el Est ado, en su condició n de em pleador .

Per o en aquellos co nt r at os de pr est ación de ser vicios, pactados
por un int er r egno de t er m inado y que la e j ecución ent r e uno y ot r o
t iene un lapso de int er r upción, f r ent e a cada uno de ellos habr á de
anal izar se la pr escr ipció n a par t ir de sus f echas de f inal iz ación,
puest o que uno de l os f undam ent os de l a exist encia del con t r at o
r ealida d es pr ecisam ent e la vocación de perm anencia en el
ser vicio. Por cons ig uient e, le cor r espo nder á al j uez ver if i car si
exist ió o no la cit ada int er r upción cont ract ual, que ser á e xcluid a
de r econocim ie nt o y exam inada en d et all e en cada caso par t i cular ,
en ar as de pr ot eger l os der echos de los t r abaj ador es, que han sido
bur lados por las a ut or idades adm in ist r at ivas al encubr ir una
r elación labor al baj o cont r at os de pr est ación de ser vi ci os. »

92. Asimismo, dicha providencia aclaró que el fenómeno
prescriptivo no opera respecto de los aportes para pensión,
teniendo en cuenta la condición periódica del derecho pensional
que lo hace imprescriptible.

93. Específicamente frente a este tem a la citada decisión
unificadora indicó que en atención a que el derecho a una pensión
redunda en la calidad de vida de aquella persona que entregó al
estado su fuerza de trabajo en aras de su propia subsistencia e
incluso de la de su familia tanto para re cibir una contraprestación
por su servicio como para llegar a o btener beneficios que cu bran
contingencias derivadas de la vejez y la invalidez el juez
contencioso administrativo deberá estudiar en todas las demandas
en las que procede el reconocimiento de una relación laboral, así
no se haya solicitado expresamente el tema concerniente a las
cotizaciones debidas por la administ ración al Sistema d e Seguridad
Social en pensiones .

94. Allí se estableció que s i bien es cierto que la justicia
contencioso -administrativa es rogada y el demandante tiene la
carga procesal de individualizar las pretensiones condenatorias o
declaratorias también lo es que dich o mandato legal debe ceder a
los postulados superior es a la vid a en condiciones dignas e
irrenunciabilidad , a la Seguridad Social en aplicación del principio
iura novit curia .

95. Finalmente, es de señalar que la Sección Segunda de esta
Corporación en sentencia SUJ -025-CE-S2-2021 de 9 de
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septiembre de 2021 42 estableció las siguientes pautas de
unificación frente a varios aspectos del contrato realidad como son:
i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente
indispensable» (temporalidad) contenido en el numeral 3 del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la delimitación del término de
solución de continuidad en los contratos estatales de prestación de
servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y, iii)
la improcedencia de la devolución de los aportes a la Seguridad
Social en salud efectuados por el contratis ta.

96. Al efecto señaló la Sección Segunda:

«[ …]
( i ) La pri mera regl a def ine que e l concept o de «t ér m ino
est r ict am ent e indispensable » , al que alude el num er al 3 . º del
ar t í culo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los est udios
pr evios y en el obj et o del cont r at o, el cual, de acuer do con el
pr incip io de p laneac i ón, t iene que est ar just if icado en l a nece sidad
de la pr est ación de l ser vicio a f avor de la Adm inist r ación, de f or m a
esencia lm ent e t em por al y, de ninguna m aner a, con ánimo de
per m anencia.

( i i ) La segunda regl a est ablece un periodo de t rei nt a ( 30) dí as
hábi l es, ent re l a f i nal i zaci ón de un cont rat o y l a ej ecuci ón del
si gui ent e, como t ér mi no de l a no sol uci ón de cont i nui dad , el
cual, en l os casos q ue se exceda, podr á f lexib il izar se en at e nción
a las especia les cir cunst ancias que el j uez encuent r e pr obadas
dent r o del expedie nt e.

( i i i) La t ercera regl a det er m ina que f rent e a la no af il iac i ón al
sist em a de la Seg ur idad Soc ial en salud, por par t e de la
Adm inist r ació n, es i m pr ocedent e la dev oluci ón de l os valor es que
el cont r at ist a hubiese asum ido de m ás, en t ant o se r ecaudar on
com o r ecur sos de nat ur aleza par af iscal » .

97. Una vez establecido lo anterior, se tiene que en las peticiones
elevadas por el demandante el 8 de octubre de 2012, ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el M in isterio de Salud y
de la Protección Social, el Instituto de Seguros Sociales en
liquidación y FIDUAGRARIA SA solicit ó expresamente reconocer
«[…] como verdadero contrato de trabajo el tiempo que la boré en la
llamada contratación administrativa de prestación de servicio y qué
relación en el punto primero de los hech os. el desarrollo de esta
actividad la hice bajo subordinación y mando de un superior
jerárquico; con cumplimiento de estrictos horarios; la labor la
desarrolle (sic) de manera personal y directa no tuve autonomía de

42 Proferida dentro del proceso radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01
(1317-2016).

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Demandante: Jorge Enrique Rojas Ramírez

ninguna naturaleza para cumplir los con tratos e igualmente percibió
un salario como cualquier trabajador de planta» .

98. Dicha pretensión se incluyó en la demanda, como quedó visto
en la parte histórica de esta decisión, pero, no se incluyó ninguna
pretensión de reconocimiento de aportes en salud y pensión
derivados de la citada relación laboral encubierta.

99. Como ya se vio es evidente que a l accionante no le asiste
derecho a la devolución de los aportes en salud que realizó al
Sistema de Seguridad Social en virtu d de la regla d e un ificación de
la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021 43,
empero, frente a los aportes en pensiones , si bien no se puede
acceder a la devolución de éstos, sí debe darse aplicación a las
pautas dadas en la sentencia de unificación de 25 de agosto de
2016, en aplicación de l principio iura novit curia , pues ello
repercute en el derecho de acceso a una pensión en
condiciones dignas y acorde con la realidad laboral 44.

100. De acuerdo con ello, lo procedente es ordenar al ente obligado,
tomar (durante los citados periodos 45), el ingreso base de cotización
(IBC) pensional del demandante, mes a mes, y si existe diferencia
entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron
efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante
por concepto de aport es a pensión solo en el porcentaje que le
correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior, el actor
deberá acreditar las cotizaciones que realizó al m encionado

43 Proferida dentro del proceso radicado 05001 -23-33-000-2013-01143-01
(1317-2016).
44 « [ … ] En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes pensionales
adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato
realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están
exceptuadas no solo de la pre scripción extintiva sino de la caducidad del medio
d e c o n t r o l ( d e a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o 1 6 4 , n u m e r a l 1 , l e t r a c , d e l C P A C A ) 44, y
por ende, pueden ser solicitados y demandados en cualquier momento, puesto
que la Administración no puede sustraerse al pago d e los respectivos aportes
al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede repercutir en
el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con la
realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante
una relación de trabajo.[…]»
45 D e l 12 de septiembre de 1984, hasta el 11 de marzo de 1985.
-Del 12 de marzo de 1985 al 11 de septiembre de 1985
-Del 8 de octubre de 1985 al 7 de febrero de 1986.
-Del 1.° de abril de 1986 al 30 de septiembre de 1986
-Del 28 de octubre de 1986 a 27 de abril de 1987.
-Del 25 de mayo de 1987 al 24 de noviembre de 1987.

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sistema durante sus vínculos contract uales y en la eventualidad de
que no las hubiese h echo o existiese diferencia en su contra, tendrá
la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que
le incumbía como trabajador.

101. En este sentido es improcedente la devolución de aportes en
pensión, pero se ordenará a la entidad deman dada obligada a
cotizar al respectivo fondo de pensiones las diferencias descritas
por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le
correspondía como empleador , esto por los periodos laborados
desde el 12 de septiembre de 1984 y hasta el 24 de noviembre
de 1987, como lo certificó la entidad , sin i ncluir las
interrupciones.

102. En cuanto a la entidad obligada al pago de los citados aportes,
a través de la Ley 1105 de 13 de diciembre de 2006 , «por medio
de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000 […]», se reguló el
procedimiento de liquidación de entidades públicas de la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional, para lo cual dispuso:

« A rtíc u lo 1 9 .
E l a rtíc u l o 3 5 d e l D e c re to -l e y 2 5 4 d e 2 0 0 0 q u e d a rá a s í:

A rtíc u lo 3 5 .
A l a te rm i n a ci ó n d el p l a z o d e l a l iq u i da c i ó n , e l l i q ui d a d o r p o d rá
c e l e b ra r c o n tra to s d e fi d u c i a m e rc a n ti l c on u n a e n ti d a d fi d u ci ari a p o r
e l c u a l s e tra n s fe ri rá a c ti v o s d e l a l i q uid a c i ó n c o n e l fi n d e q u e l a
m i sma l o s e n a j e ne y d e s ti n e e l p ro d u c to d e d i c h o s b i e n e s a l o s fi n e s
q u e e n e l i nc i s o si g u ie n te s e i n d i c a n . L a en ti d a d fi d u c i a ria c o n tra ti s ta
fo rm a rá c o n l o s b i e n e s re c i b i d o s d e c a d a e n ti d a d e n l i q u i d a ció n u n
p a tri m o ni o a u tó n om o.

L a e n tid a d fid u c ia ria d e s tin a rá e l p ro d u c to d e lo s a c tiv o s q u e le s
tra n s fie ra e l liq u id a d o r a p a g a r lo s p a s iv o s y c o n tin g e n c ia s d e la
e n tid a d e n liq u id a ció n , e n la fo rma q u e h u b ie re d e te rmin a d o e l
liq u id a d o r e n e l c o n tra to re s p e c tiv o , d e c o n fo rm i d ad c o n l a s re g l a s
d e p re l a c i ó n d e c ré d ito s p re v i s ta s e n l a l e y .

[… ]

C u mp lid o e l p la z o de la liq u id a c ió n e n el a c ta fin a l d e l iq u id a c ió n
p o r la c u a l s e p o n e f in a la e x is te n c ia le g a l d e la e n t id a d y , c u a n d o
s e a d e l c a s o , s e i n d i c a rá n l o s a c ti v o s q u e s e tra n s fi e re n o q u e s e
e n c u e n tra n e n u n p a tri m o ni o a u tó n o mo d e c o n fo rm i d a d c o n e l
p re s e n te a rtíc u l o , a s í c o m o l o s p a s i v o s qu e s e p a g a rá n c o n c a rg o a
d i c h o p a trim o ni o a u tó n o mo , y la s o b lig a c io n e s qu e a s u ma n o tra s
e n tid a d e s c o n su je c ió n a lo p re v is to e n e l p re s e n te d e c re to .

S i a l te rmin a r la liq u id a c ió n e x is tie r e n p ro c e s os p e n d ie n te s
c o n tra la e n t id a d , la s c o n tin g e n c ia s re s p e c tiv a s s e a te n d e rá n c o n
c a rg o a l p a trimo n io a u tó n o mo a l q u e s e re fie re e l p re s e n te a rtíc u lo
o a fa lta d e e s te , e l q u e s e c o n s titu y a p a ra e l e fe c to . L o a n te rio r

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s in p e rju ic io d e lo s c a s o s e n q u e la N a c ió n u o tra e n tid a d a s u ma n
d ic h o s p a s iv o s , d e c o n fo rmid a d c on la le y » . ( n e g ri l l a d e l a S a l a ).

103. Luego, mediante el Decreto 3202 de 24 de agosto de 2007, el
Gobierno nacional liquidó y suprimió la ESE Luis Carlos Galán
Sarmiento, y frente al régimen de liquidación aplicable preceptuó:

« A rtíc u lo 2 º . R é g im e n d e liq u id a c ió n . P o r t ra ta rs e d e u n a E m p re s a
S o c i al d e l E s ta d o d e l s e c to r d e s c e n tra l i z a d o d e l o rd e n n a c i o n a l , d e
c o n fo rm i d ad c o n l o pre v i s to e n e l a rtíc u l o 5 2 d e l a L e y 4 8 9 de 1 9 9 8 ,
l a l i q ui d a ci ó n d e l a E m p re s a S o c i al d e l E s ta d o L u i s C a rl o s Ga l á n
S a rmi e n to , s e s om e te rá a l a s d i sp o s i ci on e s d e l D e c re to l e y 2 5 4 d e
2 0 0 0 y l a L e y 1 1 0 5 d e 2 0 0 6 , l a s n o rm a s q u e l o m o d i fi q u en , s u s ti tu y a n
o re g l a m en te n y a l a s e s p e c i a l e s d el p re s e n te d e c re to » .

104. Ahora bien, esta Corporación en sentencia de 14 de octubre
de 2021 46, realizó el análisis de las cláu sulas del contrato de fiducia
mercantil, suscrito entre la liquidadora de la ESE Luis Carlos Galán
Sarmiento y la Fiduciaria LA PREVISORA SA, a partir de lo cual
estimó que con ocasión de la liquidación definitiva de la ESE en
mención, el ente actualmente responsable de la defensa judicial de
dicha entidad y, de dar cumplimiento a las decisiones ju diciales en
su contra, es el Ministerio de Salud y Protección Social, en
calidad de «subrrogatario legal» del contrato de fiducia m ercantil,
tesis que acoge esta Subsección. Esto en los siguientes términos:

« En la cláusula t er cer a del m encionado cont r at o, las par t es
acor dar on expr esam ent e que « En desar r ollo de l obj et o del [ m ism o]
y de las inst r uccione s im par t idas por EL FI DEI CO MI TE NTE, el PAR
ejecut ar á [ …] », entr e ot r as act ividades , el « Pago a acr eedor es
benef iciar ios », así com o « At ender t odos los pr ocesos j udi ciale s
que sean not if icados a la E SE L UI S CA R LO S G ALAN SA RMI ENTO
EN LI Q UI DACI Ó N hast a el cier r e del pr oceso liqu idat ar i o » 47 y
«Pr esent ar cuent a de cobr o al Mi n ist er io que det er m ine el
G obier no Nacion al, por el uso de la G ARANTÍ A DE LA N A CI Ó N,
par a cubr ir los gast os y f allos judic ial es de cont enido la bor al
[ …] » 48.

Ahor a bien, dado que el G obier no naci onal « Pr or r og [ ó] el plazo
dispuest o par a la liq uidac ión de la Em pr esa Social de l Est ado ESE
Luis Car los G alán Sar m ient o en Liquida ción, [ …] hast a el seis ( 6)
de noviem br e de 2 009 », por m edio del Decr et o 4241 de 30 de
oct ubr e del m ism o año , el agent e liqu i dador y el M inist r o de la
Pr ot ección Soc ia l ( h oy de Sa lud y Pr ot e cción Soc ia l) suscr i bier on
«[ …] Act a Final del pr oceso Liquid at or io [ …] » y dispusier on la « [ …]
ent r ega de los act ivos [ …] [ y] los pr ocesos judici ales [ …] » de la

46Sección Segunda, Subsección B, con ponencia del Consejero Dr. Carmelo
Perdomo Cuéter, radicación número: 25000-23-25-000-2011-00270-01(2048-
18).
47 L e t r a k, cláusula 10ª, «OTRAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA ».
48 L e t r a l, ibidem.

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Demandante: Jorge Enrique Rojas Ramírez

ESE « [ …] al Pat r im onio Aut ónom o de Rem anent es PAR, contr at ado
con FI DUPRE VI SO RA S. A. , quien lo s r ecibir á conf or me a lo
acor dado m ediant e cont r at o de Fiducia Mer cant il [ …] 114 [ …] de
2008», y dej ó como « [ …] fi dei comit ent e cesi onari o [ …]» ( se
dest aca) a ese M inist er io 49.

En t al sent ido, cons ult ada la pá gina e le ct r ónica del M in ist er io de
Salud y Pr ot ecc ión Socia l 50 se advier t e que, cier t am ent e, dicha
car t er a r esuelve ( a t r avés del gr upo de adm inist r ación de
ent idades liqu idad a s) t odo lo concer nient e a « Tr ám it e [ s] de
hist or ias l abor ales, cer t if icaciones, so lic it udes de r econoc im ient o
de pensiones y ot r os docum ent os de ex f unci onari os de Cajana l,
Pr osocia l, el Ceads y l as Empresas Soci al es del Est ado en
l i qui daci ón ( Lui s Carl os G al án , Rit a Ar ango A lvar ez [ sic] ,
Pol icar pa Sa lavar r ie t a, Raf ael Ur ibe Ur i b e, J osé Pr udencio P adil la,
Fr ancisco de Pau la Sant ander y Ant onio Nar iño) » ( se dest aca) .

Por ot r a part e, dado que «[ …] el Agent e Liqu idador de la Em pr esa
Socia l de l Est ado L uis Car l os G alán S ar m ient o en Liqu ida ción,
inf or m ó [ …] [ al M ini st er io de Hacienda y Cr édit o Público] que los
act ivos de la Em pr esa en liquidac ión r esult ar on insuf icie nt es par a
pagar el t ot al de los gast os adm inist r at ivos labor ales, el pasivo
pensiona l de la em pr esa, así com o par a pagar r eclam aciones
labor al es r econocid as opor t unas y extem por áneas y el pasivo
cier t o no r eclam ado labor al », con Decr et o 4171 de 29 de oct ubr e
de 2009 la Nac ión «[ …] asum [ ió] el valor de l as obl iga ciones
labor al es r econocid as insolut as a car go de la [ …] » ESE, así:

En vir t ud del pr esent e decret o l a Naci ón as ume el val or
de l as obl i gaci ones l aboral es recono ci das i nsol ut as
a cargo de l a Empresa Soci al del Est ado Lui s Carl os
G al án Sarmi ent o en l i qui daci ón , únicam ent e por
concept o del valo r de la nor m alización pensio na l
apr obado por la en t idad ant e la cua l se sur t ió dich o
m ecanism o, l as obl i gaci ones l aboral es oport unas y
ext emporáneas , las obligac iones labor a les clas if icada s
en el pasivo cier t o no r eclam ado y las clasif icadas com o
gast os adm inist r at ivos labor ales.
[ …]
Par ágr af o: Los recursos para el pago de l as
obl i gaci ones l aboral es cuyo val or asu me l a Naci ón de
conf ormi dad con el present e art í cul o serán gi rados
por el M i ni st eri o de Haci enda y Crédit o Públ i co a l a
ent i dad f i duci ari a cont rat ada por l a ent i dad en
l i qui daci ón , de conf or m idad con el ar t í culo 35 del
Decr et o - Ley 254 de 2000 m odif icado por el ar t í culo 19

49 En tal sentido, cabe anotar que en la cláusula 25 del contrato de fiducia
mercantil citado, las partes acordaron que «Antes de extinguida la persona
jurídica de la ESE […] en su calidad de FIDEICOMITENTE, el […] contrato y
sus otrosí serán cedidos al MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. En
todo caso, el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL o la Entidad
designada por el Gobierno Nacional, es el subrrogatario legal del presente
contrato» (negrillas de la Sala) .
50

http://www.minsalud.gov.co/atencion/Lists/Directorio/DispForm.aspx?ID=6&C
ontentTypeId=0x0100EA 91E5972A0EC742BA3400C155B6950A.

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de la L ey 1105 de 2 006, par a lo cu al e n el cont r at o de
f iducia m er cant il se inclu ir án l as pr evision e s
cor r espondient es.
Los r ecur sos de l a nor m alizac ión p ensiona l será n
gi rados por el M ini st eri o de Haci en da y Crédi t o
Públ i co a l a enti dad que será l a obl i gada f rent e a l os
benef i ci ari os para real i zar l os pagos
correspondi ent es [ negr il las de la subs ección] . »

105. De acuerdo con lo anterior, si bien resulta improcedente la
devolución de aportes en salud y pensión a favor del señor Jorge
Enrique Rojas Ramírez , corresponde al Ministerio de Salud y de la
Protección Social tomar (durante los citados pe ríodos 51), el ingreso
base de cotización (IBC) pensional del demandante 52, mes a mes, y
si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y
los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión en el
porcentaje que le correspondía como empleador , en los términos
arriba indicados.

3.3.4. Cuarto problema jurídico. ¿Puede la Sala pronunciarse
frente a la pretensión referente a que las cesantías sean
reliquidadas conforme al régimen de retroactividad, por haber
estado vinculado al Instituto de Seguros Sociales (ISS) como
funcionario de se guridad social desde el 12 de septiembre de
1984 y no haber autorizado expresamente que se le aplicara el
anualizado?

106. Frente al tema es importante recordar que la competencia
funcional del juez de segunda instancia no es irrestrict a, sino que
está limitada por las razones de in conformidad expresadas en el
recurso de apelación , así como por el principio de la «non reformatio
in pejus», introducido como precepto en el artículo 31 de la
Constitución Política .

107. Así, pues, al juez de segundo grado le está vedado, en principio
y salvo las excepciones hechas por el legislador 53, revisa r temas del

51 D e l 12 de septiembre de 1984, hasta el 11 de marzo de 1985.
-Del 12 de marzo de 1985 al 11 de septiembre de 1985
-Del 8 de octubre de 1985 al 7 de febrero de 1986.
-Del 1.° de abril de 1986 al 30 de septiembre de 1986
-Del 28 de octubre de 1986 a 27 de abril de 1987.
-Del 25 de mayo de 1987 al 24 de noviembre de 1987 .
52 E n
los términos de la mencionada sentencia de unificación de 25 de agosto
de 2016, de la Sección Segunda de esta Corporación.
53 S e n t e n c i a
de la Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Civil, casación
del 8 de septiembre de 2009, exp. 11001-3103-035-2001-00585-01).

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fallo de primer g rado que son aceptados por el recu rrente (bien
porque omite reargüirlos en la sustentación del recurso de apelación
o bien porque expresamente los elimina de l a discusión
manifestando su asentimiento en relación con ellos), pues éstos
quedan excluidos del siguiente debate y, por lo mismo, debe decirse
que, frente a dichos aspectos, fenece por completo el litigio o la
controversia.

108. Igualmente, el artículo 287 del Código General del Proceso
dispone:

« A rtíc u lo 2 8 7 . A d ic ió n . C u a n d o l a s e n te n c i a o mi ta re s o l v e r s o b re
c u a l q ui e ra d e l o s e x tre m o s d e l a l i ti s o s ob re c u a l q u i e r o tro p u n to q u e
d e c o n fo rm i d a d c o n l a l e y d e b ía s e r o b j e to d e p ro n u n c i a m i en to ,
d e b e rá a d i c i on a rs e po r m e d i o d e s e n te n cia c o m pl em e n ta ri a , d e n tro d e
l a e j e c u to ri a , d e o fi cio o a s o l i ci tu d d e p a rte p re s e n ta d a e n l a m i sma
o p o rtu n i d a d .
E l ju e z d e s e g u n d a in s ta n c ia d e b e rá c o mp le me n ta r la s e n te n c ia
d e l in fe rio r s ie mp re q u e la p a rte p e rju d ic a d a c o n la o mis ió n h a y a
a p e la d o ; p e ro s i d e j ó d e re s o l v e r l a d e ma nd a d e re c o n v e n c i ón o l a d e
u n p ro c e s o a c u m u l ad o , l e d e v o l v e rá e l e x p e d i e n te p a ra q u e d i c te
s e n te n c i a c om p l em en ta ri a .
[… ]» .

109. En este caso, se tiene que , en la sentencia de 3 de agosto de
2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Sección Segunda – Subsección B , no se realizó ningún
pronunciamiento frente a la pretensión de reliquida ción de las
cesantías conforme al régimen de retroactividad , sin embargo,
contra la citada providencia la apoderada del demandante no
formuló solicitud de a dición, e igualmente, en el recurso de
apelación tampoco indicó algo al respecto .

110. Así entonces, como en este caso no fue objeto de apelación el
tema en mención, sino que s ólo fue incluido en los alegatos de
conclusión de segunda instancia, no es posible pronunciarse sobre
el mismo toda vez que no pueden desconocerse las reglas
establecidas en los artículos 287 y 328 54 del Código General del

54 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embar go, cuando ambas partes hayan apelado
toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en cos tas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación:25000-23-42-000-2013-01854-02 (0523-2017)
Demandante: Jorge Enrique Rojas Ramírez

Proceso, pues si bien la parte demandante presentó recurso de
apelación, éste no se refirió a la pretensión de reliquidación de las
cesantías conforme al régimen de retroactividad .

111. Ahora bien, en l a sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A ,
el 3 de agosto de 2016 , se dispuso:

«1. I nhibir se f r ent e a la pr et ensión de cum plim ient o del f al lo de
t ut ela pr of er ido por el Tr ibuna l Adm in i st r at ivo de Cundina m ar ca,
Sección Segun da, Subsecció n B el 23 de noviem br e de 2009,
conf or m e a lo expuest o en est a pr ovidencia.
2. Se niegan las dem ás pr et ensiones de la dem anda, de
conf or m idad con las ant er ior es consider aciones.
3. Sin condena en c o st as, por lo ant es expuest o».

112. En consecuencia, se confirmará parcialmente la providencia
en cita salvo el n umeral segundo que se revoca. En su lugar se
declarará la nulidad de los a ctos presunto s negativo s producto del
silencio de l Minist erio de Salud y de la Protección Social y del
Instituto de Seguros Sociales En Liquidación frente a la s peticion es
presentada s el 8 de octubre de 2012 55.

113. En atención de lo anterior , a título de restablecimiento del
derecho se ordenará a la Nac ión, Ministerio de Salud y de la
Protección Social realizar el pago de los aportes en pensión por los
períodos ya indicados 56 en los términos señalados , los cuales se
liquidarán con base en el IBC , según lo indicado en la mencionada
sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016 . El tiempo
laborado se computará para efectos pensionales.

3.6. De la condena en costas

114. La Sala considera que no hay lugar a imponer la condena en
costas en segunda instancia de acuerdo con el ordinal 5.º del
artículo 365 del CGP, porque si bien se revocará el numeral 2.° de

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
55 I b i d e m .

56 D e l 12 de septiembre de 1984, hasta el 11 de marzo de 1985.
-Del 12 de marzo de 1985 al 11 de septiembre de 1985
-Del 8 de octubre de 1985 al 7 de febrero de 1986.
-Del 1.° de abril de 1986 al 30 de septiembre de 1986
-Del 28 de octubre de 1986 a 27 de abril de 1987.
-Del 25 de mayo de 1987 al 24 de noviembre de 1987 .

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Demandante: Jorge Enrique Rojas Ramírez

la providencia apelada, esto será para ordenar el pago de los
aportes en pensión en términos que difieren del escrito de alzada.

115. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO.- CO NFI RMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el
3 de agosto de 2016 por el Tribunal Admin istrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A , en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho del epígrafe,
instaurado por el señor Jorge Enrique Rojas Ramírez en contra de
la Nación – Minist erio de Hacienda y Crédito Público, e l Min isterio
de Salud y Protección Social, Fiduagraria S.A., Fiduprevisora S.A.,
y el Instituto de Seguros Sociales, SALVO EL NUMERAL SEGUNDO
QUE SE REVOCA , de conformidad con lo señalado en la parte
motiva. En su lugar se dispone:

SEGUNDO.- DECLARAR la nulida d de los a ctos presunto s
negativo s producto del silencio del Ministerio de Salud y de la
Protección Social y del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación
frente a la s peticio n es presentada s el 8 de octubre de 2012 por el
señor Jorge Enrique Rojas Ramírez .

TERCERO.- DECLARAR la existencia de una relación laboral
encubierta y subyacente entre el señor Jorge Enrique Rojas
Ramírez y el Instituto de Seguros Sociales, por los pe ríodos
señalados 57 en la parte motiva.

CUARTO.- A título de restablecimiento del derecho se ordenará a
la Nación, Ministerio de Salud y de la Protección Social realizar e l
pago de los aportes en pensión por los períodos ya indicados 58, los
cuales se liquidará n con base en el Ingreso base de cotización (IBC)

57 D e l 12 de septiembre de 1984, hasta el 11 de marzo de 1985.
-Del 12 de marzo de 1985 al 11 de septiembre de 1985
-Del 8 de octubre de 1985 al 7 de febrero de 1986.
-Del 1.° de abril de 1986 al 30 de septiembre de 1986
-Del 28 de octubre de 1986 a 27 de abril de 1987.
-Del 25 de mayo de 1987 al 24 de noviembre de 1987 .
58 I b i d e m

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Demandante: Jorge Enrique Rojas Ramírez

pensional del demandante (honorarios pactados), mes a mes, y si
existe diferencia e ntre los aportes realizados como contratista y los
que se debieron efectuar, cotizar al respectiv o fondo de pensiones
la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el
porcentaje que le correspondía como empleador.

Para efectos de lo anterior, el accionante deberá acreditar las
cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus
vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese
hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de
cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía
como trabajador . El tiempo laborado se computará para efectos
pensionales.

QUINTO.- Sin condena en costas de segunda instancia de acuerdo
con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEXTO.- Efectúense las anotaciones correspondientes en el
sistema de gestión judicial SA MA I y una vez en firme esta
providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión
del siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022) .

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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