Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00254-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00254-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2013-00254-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
31 de marzo de 2022
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2013-00254-01 (4198-2017)
Demandante: DAYSI ESPERANZA SILVA CIFUENTES
Demandada: NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL, NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO Y OTRO
Tema: Reconocimiento relación laboral.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
ASUNTO
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide los recursos
de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada Ministerio
de Salud y Protección Social, contra la sentencia del 24 de mayo de 2017
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Daysi Esperanza Silva Cifuentes, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la
Ley 1437 del 20112, formuló, en síntesis, las siguientes:
Pretensiones1
1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Oficio del 27
de julio de 2012; ii) Oficio 1101000-164307 del 31 de julio de 2012; y iii)
Oficio 2-2012-028647 del 6 de agosto de 2012, por medio de los cuales la
Sociedad Alianza Fiduciaria S.A. – Patrimonio Autónomo de Remanentes
de la E.S.E. Antonio Nariño Liquidada, el Ministerio de Salud y Protección
Social y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dieron respuesta a la
petición elevada por la señora Daysi Esperanza Silva Cifuentes.
2. Declarar que entre el Instituto de Seguros Sociales2 y la demandante se
configuró una verdadera relación laboral, entre el 1.º de febrero de 1990 y
el 1.º de agosto de 2003.
1
Folios 92 a 94, C1.
2
En adelante, ISS.
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2
3. Declarar que al ceder el Instituto de Seguros Sociales, el contrato V.A.
017769 del 1.º de julio de 2003 a la E.S.E. Antonio Nariño, hoy liquidada,
operó el fenómeno de la sustitución patronal.
4. Declarar que entre la E.S.E. Antonio Nariño, hoy liquidada y la señora Silva
Fuentes se configuró una verdadera relación laboral, a partir del 2 de
agosto de 2003 y que solo fue reconocida por la entidad a partir del 18 de
abril de 2005.
5. Declarar la ilegalidad de los convenios de trabajo asociado suscritos entre
las Cooperativas de Trabajo Asociado «Serviclínicos» y «Prestadores de
Servicios Profesionales», con la señora Daysi Esperanza Silva Cifuentes.
6. Declarar que la interesada fue empleada pública de hecho desde el 1.º de
febrero de 1990 hasta el 17 de abril de 2005, inicialmente en el cargo de
Auxiliar Administrativa y posteriormente como Profesional Universitaria.
7. Declarar que la demandante era beneficiaria de la convención colectiva
suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial, desde la fecha de su ingreso
hasta el momento de su retiro.
8. A título de restablecimiento del derecho, condenar a las entidades
demandadas a:
i) pagar a la libelista el valor de los salarios dejados de cancelar desde su
incorporación al ISS, conforme lo previsto en la convención colectiva de
trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial y en la normatividad
aplicable a la rama ejecutiva del orden nacional, de acuerdo a los salarios
devengados por las personas que ejercían las mismas funciones que la
demandante en el ISS y en la extinta E.S.E. Antonio Nariño; ii) pagar a la
convocante el valor de las prestaciones sociales y convencionales de
acuerdo a las condiciones de su vinculación y de conformidad con lo
indicado en el punto anterior; iii) pagar a la señora Silva Cifuentes la
indemnización por despido injusto, prevista en el artículo 5 de la
convención colectiva de trabajo, vigente para la fecha de retiro y/o en los
Decretos 921 de 2007 y 3870 de 2008, de acuerdo al salario devengado
por la demandante en el cargo de profesional especializado, último cargo
desempeñado en la E.S.E. Antonio Nariño; iv) pagar las costas y agencias
en derecho.
9. Disponer que para todos los efectos legales no hubo solución de
continuidad en la prestación del servicio de la interesada en el ISS y en la
E.S.E. Antonio Nariño; reajustar las sumas de dinero reclamadas, conforme
al IPC, entre las fechas en que se debieron pagar y la de ejecutoria de la
sentencia y; ordenar dar cumplimiento a la providencia dentro de los 30
días siguientes a su ejecutoria.
Fundamentos fácticos relevantes3
1. El ISS y la organización sindical de trabajadores de la Seguridad Social,
Sintraseguridadsocial suscribieron las siguientes convenciones colectivas:
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Folios 115 a 121, C1.
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3
• Convención Colectiva para la vigencia 1.º de noviembre de 1996 a 31 de
octubre de 1999, prorrogada en virtud de la ley y hasta el 31 de octubre de
2001.
• Convención Colectiva de trabajo, para los años 2001 – 2004, prorrogada en
virtud de la ley hasta la fecha.
2. No obstante haberse escindido la vicepresidencia de Prestaciones de
Servicios de Salud del ISS, y creado la E.S.E. Antonio Nariño, el artículo
18 del Decreto 1750 de 2003 consagró el respeto por los derechos
adquiridos en materia salarial y prestacional de los servidores públicos sin
modificación de la naturaleza del vínculo laboral.
3. Como consecuencia de los fallos proferidos por la Corte Constitucional, la
E.S.E. Antonio Nariño liquidada reconoció y pagó parcialmente a los
funcionarios, los beneficios convencionales hasta el mes de octubre de
2004.
4. A partir del mes de noviembre de 2004, la entidad demandada desconoció
la prórroga automática de la Convención Colectiva prevista en el artículo
478 del Código Sustantivo del Trabajo, al cesar de manera irregular el pago
de las acreencias laborales convencionales.
5. A través del Decreto 3870 del 3 de octubre de 2008 se ordenó la supresión
y liquidación de la E.S.E. Antonio Nariño.
6. La señora Daysi Esperanza Silva Cifuentes fue contratada por el ISS a
través de nombramiento provisional, para desempeñar el cargo de Auxiliar
de Servicios Administrativos, desde el 1.º de febrero de 1990 y hasta el 29
de diciembre de 1994, en la Clínica Rafael Uribe Uribe, de la ciudad de
Santiago de Cali.
7. A partir del 30 de diciembre de 1994 y hasta el 31 de julio de 2003, la
demandante se desempeñó en el ISS como Profesional Universitario, a
través de diferentes contratos de prestación de servicios en la Clínica
Rafael Uribe Uribe, de la ciudad de Santiago de Cali.
8. El último contrato de prestación de servicios suscrito entre la interesada y
el ISS, V.A. 017769 del 1.º de julio de 2003, fue cedido a la E.S.E. Antonio
Nariño, hoy liquidada.
9. La duración del contrato de prestación de servicios mencionado era de 5
meses, y a la fecha de su terminación la señora Silva Cifuentes continuó
prestando sus servicios en la E.S.E. de manera continua e ininterrumpida,
inicialmente a través de la Cooperativa Serviclínicos y posteriormente con
la Cooperativa Prestadores de Servicios Profesionales – PSP.
10. Por Resolución 2346 del 16 de marzo de 2005, la E.S.E. Antonio Nariño
nombró provisionalmente a la demandante en el puesto de trabajo
denominado Profesional Universitario, quien tomó posesión del cargo el 18
de abril del mismo año.
11. Mediante Resolución 3390 del 5 de junio de 2007, la E.S.E. nombró
provisionalmente a la interesada en el empleo de Profesional
Especializado, por un periodo de 6 meses.
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4
12. A través de Resolución 6201 del 5 de diciembre de 2007, se prorrogó el
nombramiento efectuado a la demandante en el cargo de Profesional
Especializado.
13. La liquidación de la E.S.E. Antonio Nariño fue aplazada por medio de
diferentes decretos, hasta el 30 de septiembre de 2011, fecha en la cual se
dio la liquidación definitiva de la empresa y, como consecuencia, la
terminación del vínculo con la señora Silva Cifuentes.
14. Al momento de la desvinculación la E.S.E. Antonio Nariño adeudaba a la
convocante el reajuste de salarios, aportes a la seguridad social y todas las
prestaciones sociales legales y convencionales, incluida la indemnización,
con ocasión de la sustitución patronal generada con el ISS, por la cesión
del contrato de prestación de servicios V.A. 017769 del 1.º de julio de 2003.
15. La demandante elevó peticiones a las demandadas para el reconocimiento
de sus derechos laborales, las cuales fueron resueltas de manera negativa
a través de los actos administrativos demandados
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»4, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por los
intervinientes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia
inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y
aceptados por los intervinientes se convierten en una eficiente guía para el
decreto de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los
recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida
más legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones5:
«[…] al momento de contestación de la demanda la apoderada judicial del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público formuló las excepciones de caducidad
de la acción, prescripción y falta de legitimación en la causa por pasiva, y la
Alianza Fiduciaria S.A. como administradora del PAR ESE Antonio Nariño formuló
las excepciones de caducidad y falta de legitimación en la causa por pasiva, sin
embargo, dichas excepciones no fueron formuladas como previas, razón por la
cual, en el entendimiento de esta Judicatura, se diferirán al momento de la
respectiva sentencia.
De igual forma, el Ministerio de Salud y Protección Social al momento de contestar
la demanda formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva, inepta demanda, prescripción y caducidad, que al no haber sido
propuestas como excepciones previas su resolución se difiere al momento de la
4
Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
5
Folios 266 y 267, C1.
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5
sentencia, a excepción de la inepta demanda que por encontrarse taxativamente
enlistada en el artículo 97 del C. de P.C., se resuelve a continuación:
[…]
Al respecto tiene el Despacho para manifestar que la excepción de inepta
demanda fue propuesta porque el acto acusado según el Ministerio no comporta
un verdadero acto administrativo, argumento este que no se comparte, habida
cuenta de que la señora Daysi Esperanza Silva Cifuentes formuló derecho de
petición ante el Ministerio de Salud y Protección Social el día 23 de julio de 2013
[…] solicitando el reconocimiento de la sustitución patronal, el reconocimiento de
la calidad de empleada pública y el beneficio de la convención colectiva de
trabajo, solicitud que fue resuelta de fondo por la(sic) el referido Ministerio
mediante el Oficio No. 1101000-164037 del 31 de julio de 2012 […].
Visto lo anterior es claro que la decisión adoptada por el Ministerio de Salud y de
la Protección Social es un verdadero acto administrativo que impide a la
interesada continuar con el trámite administrativo, v por tanto dicho acto es
susceptible de ser enjuiciado ante esta jurisdicción, además y con relación a los
actos administrativos, que la jurisprudencia ha determinado que la inepta
demanda se presenta cuando el acto administrativo no sea el que deba
enjuiciarse o que el acto administrativo deba acumularse y demandarse con otros,
por lo que no se declara probada la excepción de inepta demanda propuesta
[…]».
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos6:
«[…] Así las cosas, y con base en los puntos de divergencia que se han podido
evidenciar, el litigio se centra en el siguiente aspecto:
Se contrae a establecer, si realmente existió contrato realidad y vinculación entre
la parte demandante y las demandadas, resultando consecuencialmente
establecer si están obligadas a pagar salarios y prestaciones sociales, y por tanto
se encuentran viciados de nulidad los actos administrativos acusados.
Determinar si se presentó la figura de la sustitución patronal, en la relación laboral
de la demandante, si es que existió entre el Instituto del Seguro Social y la ESE
Antonio Nariño.
Determinar si la demandante era beneficiaria de la convención colectiva de
trabajo suscrita entre el Instituto del Seguro Social y Sintraseguridadsocial.
De la anterior fijación del litigio se corre traslado a las partes:
Parte demandante: hace énfasis en que el vínculo laboral es entre la
demandante y el ISS y la ESE Antonio Nariño, las demandadas fueron vinculadas
al proceso por virtud de que la referida ESE está liquidada.
[…]
Parte demandada Ministerio de Hacienda: Solicita que se contemple una de
las defensas del Ministerio de Hacienda, se refiere a que las demandadas ISS
que está involucrada y que la ESE Antonio Nariño está extinguida, por lo que
solicita que se determine si la demandante acudió o no al proceso de liquidación,
ya que la demandante no aportó su vinculación ante el liquidador de la ESE
Antonio Nariño, de igual forma, el agotamiento de la demandante ante el proceso
de liquidación de la ESE Antonio Nariño. […]». (Negrilla del texto original)
6
Folios 268 a 271, C1.
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6
SENTENCIA APELADA7
El tribunal de primera instancia dictó sentencia escrita el 24 de mayo de 2017,
a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
con sustento en las siguientes consideraciones:
Tras relacionar el material probatorio recaudado, precisó que la demandante
había estado vinculada reglamentariamente con el ISS desde el 1.º de febrero
de 1990 hasta el 10 de junio de 1991, y del 1.º de diciembre de 1991 hasta el
30 de junio de 2003. Así mismo, estuvo bajo una relación contractual con dicha
entidad desde el 30 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre de 2003,
y desde el 22 de diciembre de 2003 hasta el 17 de abril de 2005, a través de
Serviclínicos para prestar el servicio a la E.S.E. Antonio Nariño. Por ultimo se
vinculó reglamentariamente mediante un nombramiento en provisionalidad
con la E.S.E. a través de la Resolución 2346 del 16 de marzo de 2005.
Con sustento en lo anterior, el a quo manifestó que se había evidenciado la
prestación personal del servicio, así como la remuneración, y que la
demandante estuvo prestando sus servicios de manera continua por el periodo
señalado en precedencia, con una sola interrupción de 21 días.
Frente al lapso comprendido entre el 22 de diciembre de 2003 y el 17 de abril
de 2005, durante el cual la interesada prestó sus servicios mediante
cooperativas de trabajo, el tribunal consideró que era una manera de disimular
la relación laboral que en realidad existió entre la señora Silva Cifuentes y la
E.S.E. Antonio Nariño.
En lo que atañe a la subordinación, el juez de conocimiento consideró probado
dicho elemento entre la demandante, el ISS y la E.S.E., de conformidad con
las pruebas testimoniales recepcionadas y las documentales allegadas al
expediente.
Dado que la demandante solicitó dentro de sus pretensiones que las condenas
a que haya lugar se efectúen de acuerdo con la convención colectiva de trabajo
suscrita por el ISS periodo 2001-2004, el tribunal indicó que esta pretensión
ha sido negada por el Consejo de Estado y la Corte Suprema para los
trabajadores de planta, ya que de conformidad con lo consagrado en el
Decreto 1750 de 2003, todos los servidores públicos del ISS al pasar sin
solución de continuidad a las E.S.E.s, adquirieron un vínculo de empleados
públicos, sin derecho a beneficios convencionales, aspecto que redunda en la
pretensión de la demandante.
Así las cosas, concluyó que en el presente asunto se había demostrado la
existencia de una relación laboral bajo la realización de contratos de prestación
de servicios; y al revisar lo referente a la prescripción, sostuvo que la
demandante culminó la prestación del servicio por vínculo contractual el 17 de
abril de 2005, fecha en la cual fue nombrada provisionalmente por la E.S.E.
mediante Resolución 2346 de 2005, por lo que la solicitud de reconocimiento
y pago de acreencias laborales derivadas de la relación de trabajo, debía
haber sido efectuada a más tardar el 18 de abril de 2008, de manera que hay
lugar a declarar la prescripción, pues la petición la elevó el 24 de julio de 2012.
7
Folios 379 a 405, C1.
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Sin embargo resaltó que, dicho fenómeno no opera frente a los aportes a
seguridad social en pensión; así, a título de restablecimiento del derecho,
dispuso reconocer y pagar los porcentajes de cotización correspondiente a
pensiones, para lo cual la entidad deberá tomar durante el tiempo comprendido
en el vínculo contractual (30 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre de 2003
y del 22 de diciembre de 2003 al 17 de abril de 2005) el IBC pensional de la
demandante, es decir, los honorarios pactados, mes a mes y si existe
diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron
efectuar, cotizar al respectivo fondo la suma faltante por concepto de aportes
a pensiones solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.
Por último, toda vez que el proceso de liquidación de la ES.E. Antonio Nariño
culminó el 30 de septiembre de 2011, quien debe cumplir la decisión es Alianza
Fiduciaria S.A.
RECURSOS DE APELACIÓN
La parte demandante8 presentó recurso de apelación con fundamento en lo
siguiente:
El tribunal de conocimiento pasó por alto que a través del Decreto 2752 del 4
de agosto de 2011 el Ministerio de la Protección Social asumió el pago del
pasivo laboral de la E.S.E. Antonio Nariño Liquidada, razón por la cual es
jurídicamente posible condenar a dicho ente ministerial.
En lo que toca al reconocimiento de la relación laboral, sostuvo que, el juez de
primera instancia consideró que la relación laboral de la demandante inició el
30 de diciembre de 1994 y tuvo solución de continuidad, lo cual es errado,
pues la demandante prestó sus servicios de manera continua desde el 1.º de
febrero de 1990 hasta el 30 de septiembre de 2011.
Así, si bien es cierto que la interesada prestó sus servicios a través de
nombramientos en provisionalidad, contratos de prestación de servicios y
cooperativas, en el expediente reposan los documentos que permiten advertir
que no hubo interrupción, y que los periodos ignorados por el a quo fueron
efectivamente laborados por la señora Silva Cifuentes, por lo que la
declaración del contrato realidad debió comprender el tiempo laborado de
forma provisional, el interregno entre el 1.º de febrero de 1990 y el 29 de
diciembre de 1994, así como del 1.º al 21 de diciembre de 2003.
Adujo que se omitió declarar la sustitución patronal entre el ISS y la E.S.E.
Antonio Nariño, pese a haberse demostrado que las entidades acordaron la
cesión del contrato A.V. 017769 del 1.º de julio de 2003.
Argumentó que, probada la continuidad de la relación laboral, así como la
sustitución patronal, la demandante tiene derecho a que se le aplique la
convención colectiva de trabajo hasta el mes de noviembre de 2004, lo cual le
da acceso a las prestaciones extralegales reconocidas en la convención
colectiva hasta su vigencia.
En punto a la prescripción señaló que el tribunal había declarado probada la
excepción bajo el entendido que la demandante debió presentar la demanda
8
Folios 436 a 453, C1.
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8
dentro de los 3 años siguientes a la culminación del servicio; sin embargo,
dado que el contrato realidad se deriva de la continuidad del servicio, mal
habría hecho la señora Silva Cifuentes en reclamar sus derechos antes de la
terminación real y efectiva de la prestación del servicio. Adicional a lo anterior,
solo hasta el 26 de agosto de 2016, se unificó el criterio de la prescripción en
3 años, por lo que no es justo que se aplique en este caso dicha posición.
Con sustento en lo anterior solicitó revocar parcialmente la sentencia recurrida
por cuanto declaró la prescripción parcial para, en consecuencia, acceder a la
totalidad de las pretensiones de la demanda.
A su turno, la parte demandada Ministerio de Salud y Protección Social9
presentó recurso de apelación con fundamento en lo siguiente:
Con la decisión del juez de primera instancia de condenar a la E.S.E. Antonio
Nariño al pago de los aportes para pensión de la demandante, está creando
una situación especial a su favor al darle categoría de funcionaria pública.
Manifestó que, desde el punto de vista formal, la relación entre la demandante
y la E.S.E. mencionada, se encontraba circunscrita a contratos de prestación
de servicios y no a una vinculación laboral, dependiente y subordinada. Así,
recalcó que la señora Daysi Esperanza Silva Cifuentes no laboró para la E.S.E.
Antonio Nariño, sino que suscribió diversos contratos regulados por el numeral
3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
Resaltó que no se entiende como en la sentencia recurrida pueden ser
declarados prescritos los derechos derivados de la relación laboral, pero no
los que tienen que ver con los aportes a pensión, si su fuente es la misma, es
decir, el contrato de trabajo.
Finalmente indicó que si bien el Ministerio de Salud y Protección Social ha
asumido la defensa de los procesos judiciales que se adelantan o que se
inicien en contra de la extinta E.S.E. Antonio Nariño; el Patrimonio Autónomo
de Remanentes y la Fiduprevisora S.A., corresponde al P.A.R. E.S.E. Antonio
Nariño responder por eventuales condenas en su contra.
Luego de referenciar el Decreto 2752 de 2011, compilado por el Decreto Único
Reglamentario 1833 de 2016, señaló que es la Nación, Ministerio de Hacienda
y Crédito Público quien asume los recursos para el pago de las obligaciones
laborales a cargo de la multicitada E.S.E.
Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia impugnada, o en
su defecto, declarar la prescripción de todos los derechos reclamados por la
demandante.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante10 reiteró las solicitudes planteadas en el libelo
introductorio, y en el escrito de alzada.
9
Folios 454 a 460, C1.
10
Folios 622 a 630, C1.
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9
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público11 solicitó mantener incólume la
sentencia impugnada, en cuanto absolvió a dicho ente ministerial frente a las
súplicas de la demanda y condenó al Patrimonio Autónomo de Remanentes
de la E.S.E. Antonio Nariño al pago de los porcentajes de cotización al sistema
de seguridad social en pensiones.
Las demás partes demandadas, el Ministerio Público y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio en esta etapa,
de conformidad con la constancia secretarial obrante a folio 636 del plenario.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, en atención a que la
sentencia de primera instancia fue apelada por la parte demandante y una de
las demandadas, el juez de segunda instancia puede resolver sin límites el
recurso de alzada.
Problemas jurídicos
De conformidad con los planteamientos derivados de la sentencia impugnada
y de los recursos de apelación elevados por la parte demandante y por el
Ministerio de Salud y Protección Social, los problemas jurídicos a resolver en
esta instancia se circunscriben a:
1. ¿La señora Daysi Esperanza Silva Cifuentes demostró la configuración de
los elementos de la relación laboral durante el tiempo que estuvo vinculada
con el Instituto de Seguro Social, luego E.S.E. Antonio Nariño, a través de
contratos de prestación de servicios suscritos directamente con la entidad,
y con empresas de intermediación laboral, específicamente el de
subordinación y dependencia continuada?
En caso afirmativo,
2. ¿Hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho, al haber transcurrido más de tres años entre la finalización de
todos o algunos de los periodos contractuales y la reclamación
administrativa?
3. ¿Tiene derecho la demandante al reconocimiento de las garantías
laborales consagradas en la convención colectiva, suscrita por el ISS con
Sintraseguridadsocial?
4. ¿Le asiste el derecho a la convocante al reconocimiento y pago de la
indemnización prevista en los Decretos 921 y 922 de 2007 o en el Decreto
3870 de 2008?
11
Folios 634 a 635 Vto., C1.
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5. ¿En el presente caso, quién es el llamado a responder por las condenas
que surjan con ocasión de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral encubierta?
Marco normativo y jurisprudencial
En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a
la cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por
las partes.
Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios internacionales
sobre el derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano,
forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral).
Por esta razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de
«salario igual por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del
Convenio 111 de la OIT,12 constituye, junto con otros principios
convencionales,13 un axioma laboral de aplicación directa en el ordenamiento
jurídico interno.
Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que
respecta al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los
instrumentos de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes
de la Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el
cumplimiento de los fines del Estado), el numeral 3 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993 lo recoge como un tipo de negocio jurídico o contrato típico, en los
siguientes términos:
«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal
de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales
y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»
Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los
contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni
generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los
elementos configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación
continuada, la prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo).
12
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
13
Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de
Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como
«(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño
de una actividad lícita libremente escogida o aceptada».
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11
En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley
80 de 1993, y la forma en que este queda desvirtuado para dar lugar a la
declaratoria de una relación laboral encubierta o subyacente.
Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique
conductas o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el
Estado es el empleador, deberá ser analizada en consideración de los
derechos fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo
53 de la Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo,
debidamente ratificados por el Estado.
En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios,
el elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a
saber:
i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se puede matizar ante
el surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o imposición de
jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en función del objeto contractual
convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se materializa,
por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del prestador del servicio en el
círculo rector, organizativo o disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera idéntica,
semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidores de planta,
siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral.
No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna
manera, una vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle
la categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer
las exigencias del artículo 122 de la Carta Política.14
Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante
o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia.
14
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-
2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez
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12
Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de
acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad
de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente
temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse
en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro
del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la
Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la
devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se
recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal.
En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de
dar cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la
manera más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente
indispensable» puede advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde
la entidad justifica, en función del objeto a contratar y de los recursos
disponibles, el tiempo máximo que estima imprescindible para la ejecución de
un contrato futuro. De ahí que los contratos de prestación de servicios no
puedan concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se suscriben con
personas naturales.
En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles,
en principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad
para aquellos contratos de prestación de servicios que presenten
interrupciones, cuya consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción
de derechos una vez declarada la relación laboral subyacente. En
consecuencia, de no superarse dicho lapso, se puede concluir «la existencia
de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate que los
objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o
similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades».
A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se
reiteró que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la
prescripción de derechos prestacionales derivados de la relación laboral
encubierta o subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016,15 según la cual, en caso de encontrarse
acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento debe
reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la
finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente
a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización,16 por lo que de no
15
sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005
16
En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de
prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene
un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
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13
presentarse la reclamación en ese periodo, operará el fenómeno prescriptivo,
salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no está sometidos a
dicho término.17
En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo
cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación
laboral cuya duración deba ser examinada.
Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente
la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en
estudio en la vía judicial y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver
el caso concreto a la luz de dichos parámetros.
De las cooperativas de trabajo asociado
De conformidad con la Ley 7918 de 1988 y el artículo 3 del Decreto 4588 de
2006, las cooperativas son organizaciones sin ánimo de lucro, pertenecientes
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez
verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y
examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que
han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de
prestación de servicios. […]» (Negrita fuera del texto)
17
Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado
de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se
demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante
como empleadora.
18
«Artículo 3°. Es acuerdo cooperativo el contrato que se celebra por un número determinado de
personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado denominada
cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro.
Toda actividad económica, social o cultural puede organizarse con base en el acuerdo cooperativo.
Artículo 4°. Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los
usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con,
el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.
Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando cumpla los siguientes
requisitos: 1. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, la del
remanente patrimonial.
2. Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus
reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados para los mismos en proporción al uso de los servicios
o a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en
su valor real. [...]
Artículo 59. En las cooperativas de trabajo asociado en que los aportantes de capital son al mismo tiempo
los trabajadores y gestores de la empresa, el régimen de trabajo, de previsión, seguridad social y
compensación, será establecido en los estatutos y reglamentos en razón a que se originan en el acuerdo
cooperativo y, por consiguiente, no estará sujeto a la legislación laboral aplicable a los trabajadores
dependientes y las diferencias que surjan, se someterán al procedimiento arbitral previsto en el Titulo
XXXIII del Código de Procedimiento Civil o a la justicia laboral ordinaria. En ambos casos, se deberá
tener en cuenta las normas estatutarias, como fuente de derecho.
Las compensaciones por el trabajo aportado y el retorno de los excedentes previstos en el artículo 54
numeral 30. de la presente Ley, se hará teniendo, en cuenta la función del trabajo, la especialidad, el
rendimiento y la cantidad de trabajo aportado.
Sólo en forma excepcional y debidamente justificada, las cooperativas de trabajo no asociado podrán
vincular trabajadores ocasionales o permanentes no asociados; en tales casos, estas relaciones, se rigen
por las normas de la legislación laboral vigente.
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14
al sector de la economía solidaria, que vinculan el trabajo personal de sus
asociados, quienes a su vez son gestores, contribuyen económicamente a la
cooperativa y aportan directamente su capacidad de trabajo para el desarrollo
de actividades económicas, profesionales o intelectuales, esto con la finalidad
de producir en común bienes, prestar servicios o ejecutar obras para satisfacer
las necesidades de los asociados y de la comunidad en general.
Según su actividad se clasifican19 en:
• Especializadas: son las que se organizan para atender una necesidad
específica, correspondiente a una sola rama de actividad económica, social
o cultural.
• Multiactivas: ion las que se organizan para atender varias necesidades,
mediante concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica.
• Integrales: son aquellas que, en desarrollo de su objeto social, realizan dos
o más actividades conexas y complementarias entre sí, de producción,
distribución, consumo y prestación de servicios.
En relación con este tipo de organizaciones, la Corte Constitucional20 al
analizar la exequibilidad del artículo 59 de la Ley 79 de 1988, expresó que:
«Las cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y autónoma
de un grupo de personas que decide unirse para trabajar
mancomunadamente, bajo sus propias reglas contenidas en los respectivos
estatutos o reglamentos internos. Dado que los socios son los mismos
trabajadores, éstos pueden pactar las reglas que han de gobernar las
relaciones laborales, al margen del código que regula esa materia. Todos los
asociados tienen derecho a recibir una compensación por el trabajo aportado,
además de participar en la distribución equitativa de los excedentes que
obtenga la Cooperativa. Sólo en casos excepcionales y en forma transitoria u
ocasional se les permite contratar trabajadores no asociados, quienes se
regirán por la legislación laboral vigente.»
Seguidamente, en cuanto a las compensaciones que perciben los socios de
estas cooperativas, manifestó lo siguiente:
«[…] La protección que la Constitución ordena dispensar al trabajo, que dicho
sea de paso, no es exclusivamente el subordinado sino éste en todas sus
modalidades (art. 25 C.P.), y la garantía de los derechos mínimos
irrenunciables tampoco se ven menguados, porque son los mismos asociados
quienes deben establecer sus propias reglas para que aquél se desarrolle en
condiciones dignas y justas, que les permita mejorar su nivel de vida y lograr
no solo su bienestar sino también el de su familia.
Al respecto ha dicho la Corte: 'No sólo la actividad laboral subordinada está
protegida por el derecho fundamental al trabajo. El trabajo no subordinado y
libre, aquel ejercido de forma independiente por el individuo, está
comprendido en el núcleo esencial del derecho al trabajo. La Constitución más
que al trabajo como actividad abstracta protege al trabajador y su dignidad.
De ahí el reconocimiento a toda persona del derecho a un trabajo en
condiciones dignas y justas, así como la manifestación de la especial
protección del Estado "en todas sus modalidades" (CP art. 25)."
En las cooperativas que no sean de trabajo asociado, el régimen laboral ordinario se aplicará totalmente
a los trabajadores dependientes y a los trabajadores que a la vez sean asociados.»
19
Arts. 61 a 64 Ley 79/88.
20
C-211 de 2000.
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15
Ahora bien: los principios mínimos fundamentales que rigen el trabajo
contenidos en el artículo 53 de la Carta que, como se ha dicho, "configuran el
suelo axiológico de los valores materiales expresados en la Constitución
alrededor de la actividad productiva del hombre, a los cuales debe sujetarse
el Congreso en su actividad legislativa, al igual que el aplicador o intérprete
de las disposiciones de ese orden y la sociedad en general ( ... ) "no pretende
una ciega unificación normativa en materia laboral que desconozca la facultad
del legislador de establecer regímenes diferenciados mas no discriminatorios,
atendiendo a las particularidades concretas de las relaciones de trabajo que
se pretenden regular. Su finalidad es la de exigir al legislador la consagración
uniforme en los distintos regímenes de los principios mínimos fundamentales
que protegen a los trabajadores y la manera de garantizarlos, en aras de
hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley’.
Ello no quiere decir que tales derechos fundamentales no deban ser
respetados o garantizados en las Cooperativas de Trabajo Asociado, pues
éstos rigen para todas las modalidades de trabajo. De no entenderse así,
habría que sostener inválidamente que la Constitución discrimina a los
trabajadores, o en otras palabras, que protege solamente a unos, lo cual no
se ajusta con una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 25
y 53 del estatuto superior. Es que derechos fundamentales como el de la
igualdad de oportunidades, el de una justa y equitativa compensación del
trabajo en forma proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, el principio
de favorabilidad a favor del trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho, el derecho a la
capacitación, al descanso necesario, a la seguridad social, entre otros, no son
ajenos a ninguna clase de trabajo».
De la cita anterior se colige que la finalidad, estructura y funcionamiento de las
cooperativas de trabajo asociado son distintas a las de las empresas
comerciales y, por consiguiente, es válido que el legislador defina para ellas
un régimen diferente, sin que ello implique el desconocimiento de los derechos
laborales constitucionalmente protegidos. Es decir, que el trabajo asociado no
puede ser utilizado indebidamente para eludir las obligaciones de carácter
laboral con los trabajadores dependientes o subordinados, so pena de
comprometer su responsabilidad ante las autoridades correspondientes.
Sobre el particular, el legislador dispuso una serie de prohibiciones para las
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado en el artículo 7 de la Ley
1233 de 2008, como son:
«Artículo 7o. Prohibiciones.
1. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar
como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los
asociados para suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como
trabajadores en misión. En ningún caso, el contratante podrá intervenir directa o
indirectamente en las decisiones internas de la cooperativa y en especial en la
selección del trabajador asociado.
2. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar
como asociaciones o agremiaciones para la afiliación colectiva de trabajadores
independientes al Sistema de Seguridad Social ni como asociaciones mutuales
para los mismos efectos.
3. Cuando se comprueben prácticas de intermediación laboral o actividades
propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante y las
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16
cooperativas o las precooperativas de trabajo asociado, serán solidariamente
responsables por las obligaciones que se causen a favor del trabajador asociado
y las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado quedarán incursas en
las causales de disolución y liquidación previstas en la ley, sin perjuicio del debido
proceso, y les será cancelada la personería jurídica.
4. Tanto la potestad reglamentaria como la disciplinaria sólo será ejercida por la
precooperativa o cooperativa de trabajo asociado. En ningún caso, tales
potestades podrán ser ejercidas por el tercero contratante. Si esto llegare a
suceder se configurará de manera automática un contrato de trabajo realidad y,
además, el contratante deberá soportar los efectos previstos en el numeral
anterior, sin perjuicio de otras consecuencias legales”.
Luego entonces, esta Sala considera que en los eventos en que el asociado
sea vinculado con otro ente, pero por órdenes puntuales y estrictas de la
cooperativa, así como del tercero, y pretenda que en aplicación del principio
de la primacía de la realidad sobre las formas se reconozca la existencia de
una relación laboral, deberá acreditar que se han consolidado los elementos
propios de la misma, a saber, prestación personal del servicio, remuneración
y subordinación y dependencia continuada.
Primer problema jurídico
¿La señora Daysi Esperanza Silva Cifuentes demostró la configuración de los
elementos de la relación laboral durante el tiempo que estuvo vinculada con el
Instituto de Seguro Social, luego E.S.E. Antonio Nariño, a través de contratos
de prestación de servicios suscritos directamente con la entidad, y con
empresas de intermediación laboral, específicamente el de la subordinación y
dependencia continuada?
Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con el
análisis jurídico y probatorio, en el caso de la señora Daysi Esperanza Silva
Cifuentes se encuentran demostrados los tres elementos que configuran una
verdadera relación laboral, razón por la cual, en virtud del principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades, hay lugar a declarar su
existencia.
Sobre el asunto sometido a discusión
Advierte la Sala que, en el presente asunto, la demandante pretende la
declaración de la existencia de una relación laboral entre ella y el Instituto de
Seguros Sociales, desde el 1.º de febrero de 1990 al 1.º de agosto de 2003;
así como con la E.S.E. Antonio Nariño, hoy liquidada, a partir del 2 de agosto
de 2003.
El tribunal de primera instancia encontró acreditado el vínculo laboral aducido
por la señora Daysi Esperanza Silva Cifuentes, pero por los periodos
comprendidos entre el 30 de diciembre de 1994 y el 30 de noviembre de 2003,
y entre el 22 de diciembre de 2003 y el 17 de abril de 2005, pues en el tiempo
restante la demandante estuvo bajo una vinculación legal y reglamentaria.
No obstante, según se desprende del recurso de alzada presentado por la
entidad demandada, en el caso de la señora Silva Cifuentes no hay lugar a
declarar la existencia de una relación laboral encubierta entre las partes, pues
el vínculo entre la interesada y la E.S.E. Antonio Nariño, se encontraba
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17
circunscrito a contratos de prestación de servicios y no a uno dependiente o
subordinado. De igual forma, en gracia de discusión adujo que, no es
procedente el reconocimiento y pago del porcentaje de cotización al sistema
pensional que le hubiese correspondido como empleador, por el lapso en el
que se acreditó la configuración de la relación laboral encubierta o subyacente.
A su turno, la interesada recurrió en lo pertinente la sentencia de primera
instancia al considerar que, el juez de conocimiento erró al determinar que la
relación laboral inició el 30 de diciembre de 1994 y que tuvo solución de
continuidad, pues en el plenario se encuentra acreditado que prestó sus
servicios de manera ininterrumpida desde el 1.º de febrero de 1990 hasta el
30 de septiembre de 2011, por lo que la declaración judicial debió comprender
el tiempo laborado de forma provisional, esto es, el interregno entre el 1.º de
febrero de 1990 y el 29 de diciembre de 1994, así como del 1.º al 21 de
diciembre de 2003.
Finalmente cuestionó que para efectos prestacionales no se haya tenido en
cuenta la existencia de una sola relación laboral, comprendida entre febrero
de 1990 y septiembre de 2011.
De acuerdo con lo anterior, precisa esta Subsección que quien pretende la
declaratoria de existencia de una relación laboral oculta bajo la modalidad de
contratación por prestación de servicios, tiene el deber de demostrar, a través
de los medios probatorios a su disposición, la configuración de los elementos
esenciales del contrato de trabajo.
Así las cosas, y de acuerdo a la documentación obrante en el expediente, se
observa que la señora Daysi Esperanza Silva Cifuentes prestó sus servicios al
ISS y luego a la E.S.E. Antonio Nariño, de la siguiente manera:
Vinculación legal y reglamentaria (ISS y ESE Antonio Nariño)
N.º de Periodo21 Objeto Folio
contrato
u orden
No 01/02/90 Cargo: Auxiliar de Nombramiento provisional ISS 13, C1.
aplica 30/12/94 Servicios Administrativos
Grado 13.
No 18/04/05 Nombramiento como empleado público 46, C1.
aplica 30/09/11 en el cargo de profesional especializado,
Código 2028, Grado 19
Vinculación contractual directa (ISS y ESE Antonio Nariño)
N.º de Periodo22 Honorarios Objeto Folio
contrato u
orden
04-05-00640- 30/12/94 $641.300 Profesional Universitario 44 y 45, C1;
94 29/06/95 287 a 288,
Anexo 2.
04-05-078R- 30/06/95 $757.000 Profesional Universitario 44 y 45, C1;
95 29/12/95 279 a 280,
Anexo 2.
21
Conforme se desprende de la certificación emitida por el Departamento de Recursos Humanos de la
IPS Clínica Rafael Uríbe Uríbe, Seguro Social, el 25 de junio de 2003; así como del Formato No. 1
Certificado de Información Laboral expedido por el Seguro Social en Liquidación el 12 de diciembre de
2012 (fl. 74, C1.).
22
Según consta en la certificación expedida por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la
Seccional de Valle del Cauca, Seguro Social, el 28 de febrero de 2006.
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18
04-05-213R- 30/12/95 $757.000 Profesional Universitario 44 y 45, C1;
95 29/06/96 269 a 270,
Anexo 2.
04-05-652R- 30/06/96 $757.000 Profesional Universitario 44 y 45, C1;
96 29/10/96 254 a 256,
Anexo 2.
04-05-1334R- 30/10/96 897.045 Profesional Universitario 44 y 45, C1;
96 28/02/97 243 a 245,
Anexo 2.
04-05-1932R- 01/03/97 $897.045 Profesional Universitario 44 y 45, C1;
97 31/08/97 232 a 234,
Anexo 2.
04-05-2783-97 01/09/97 $1.080.000 Profesional Universitario Contadora 44 y 45, C1;
31/03/98 216 a 218,
Anexo 2.
04-05-1191-98 01/04/98 $1.264.000 Profesional Universitario Contadora 44 y 45, C1;
30/06/98 198 a 200,
Anexo 2.
04-05-1897-98 01/07/98 $1.264.000 Profesional Universitario Contadora 44 y 45, C1;
30/11/98 188 a 190,
Anexo 2.
04-05-2176-98 01/12/98 $1.264.000 Profesional Universitario Contadora 44 y 45, C1;
31/03/99 178 a 180,
Anexo 2.
04-05-137-99 01/04/99 $1.454.000 Profesional Universitario Contadora 44 y 45, C1;
30/06/99 169 a 171,
Anexo 2.
04-05-675-99 01/07/99 $1.454.000 Profesional Universitario Contadora 44 y 45, C1,
30/09/99 160 a 162,
Anexo 2.
04-05-966-99 01/10/99 $1.454.000 Profesional Universitario Contadora 44 y 45, C1;
31/01/00 152 a 154,
Anexo 2.
4051825 01/02/00 $1.454.000 Profesional Universitario Contadora 44 y 45, C1;
31/05/00 144 a 146,
Anexo 2.
04-05-111 01/06/00 $1.454.000 Profesional Universitario Contadora 44 y 45, C1;
30/09/00 129 a 131,
Anexo 2.
04-05-36 01/10/00 $1.454.000 Profesional Universitario Contadora 44 y 45, C1;
31/01/01 122 a 124,
Anexo 2.
04-05-887 01/02/01 $1.454.000 Profesional Universitario Contadora 44 y 45, C1;
31/05/01 108 a 110,
Anexo 2.
04-05-424 01/06/01 $1.454.000 Profesional Universitario Contadora 44 y 45, C1;
30/09/01 100 a 102,
Anexo 2.
04-05-467 03/10/01 $1.454.000 Profesional Universitario Contadora 44 y 45, C1; 92
31/10/01 a 94, Anexo 2.
04-05-426 02/11/01 $1.454.000 Profesional Universitario Contadora 44 y 45, C1; 87
14/12/01 a 89, Anexo 2.
04-05-448 16/12/01 $1.454.000 Profesional Universitario Contadora 44 y 45, C1; 76
28/02/02 a 78, Anexo 2.
04-05-441 01/03/02 $1.541.240 Profesional Universitario Contadora 44 y 45, C1; 67
15/04/03 a 69, Anexo 2.
VA-004299 16/04/03 $1.541.240 Contador Público 44 y 45, C1; 44
30/06/03 a 47, Anexo 2.
V.A.017769/03 01/07/03 $7.706.200 1. Efectuar las notas a los estados financieros y 5 y 6, C1.
30/11/03 velar por su presentación oportuna. 2. Velar por
la calidad y oportunidad de la información
contable. 3. Coordinar con todas las áreas el
flujo y los soportes de la información contable.
4. Atender instructivos y requerimientos
adelantados por el nivel nacional, relacionados
con la información contable. 5. Asistir a eventos
y actividades relacionadas con la conciliación de
cifras y partidas entre las diferentes áreas. 6.
Aplicar los conocimientos profesionales en el
área de cuentas y colaborar en la formulación y
ejecución de programas. 7. Recomendar y
proponer acciones encaminadas a la
optimización de los recursos disponibles. 8.
Establecer y evaluar los controles existentes
para el adecuado manejo de cuentas por pagar.
9. Colaborar con los entes de investigación o
control del Seguro Social o del Estado cuando
así se requiera. 10. Colaborar y propender en el
cuidado y de las propiedades del Seguro Social,
incluida la propiedad intelectual (Propiedad
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19
Industrial y Derechos de Autor). 11. Contribuir al
manejo racional de los recursos físicos y
materiales del servicio. 12. Cumplir con los
aspectos éticos legales que rigen el ejercicio
profesional. 13. Ejercer su profesión dentro del
Estado de la Técnica reconocida, con Moral y
Ética. 14. Mantener comunicación efectiva y
permanente con el equipo interdisciplinario. 15.
Participar en los grupos de trabajo del
Departamento o servicio. 16. Participar en los
procesos de facturación. 17. Rendir los informes
que el Seguro Social exija dentro de los plazos
determinados, colaborando con la
Administración; responsabilizarse del inventario
que le asigne EL INSTITUTO para el desarrollo
de sus obligaciones; mantener la debida reserva
y discreción de los asunto que conozca en razón
de sus actividades; manejar adecuadamente los
elementos que el Instituto le entregue para el
desarrollo de sus actividades y devolverlas a la
terminación del contrato; cumplir
oportunamente con los informes de actividades
ante el interventor del contrato; cumplir las
obligaciones descritas en los numerales
anteriores, de conformidad con la programación
establecida por el INSTITUTO – CLÍNICA
RAFAEL URÍBE URÍBE – VALLE.
Vinculación a través de cooperativas de trabajo asociado
N.º de Periodo Objeto Folio
contrato u
orden
No aplica 22/12/0323 a 31/01/04 Coordinadora del área de contabilidad Serviclínicos 21 a 26,
C1.
No aplica 01/02/0424 a 28/02/04 Jefe del área de contabilidad Serviclínicos 27, C1.
No aplica 01/03/04 a 31/03/04 Jefe del área de contabilidad Serviclínicos 28, C1.
No aplica 04/08/03 a 12/04 Jefe del área de contabilidad Serviclínicos 31, C1.
No aplica 09/11/04 a 30/11/04 Profesional Especializado - Contadora Serviclínicos 31, C1.
No aplica 01/12/04 a 31/12/04 Profesional Especializado - Contadora Serviclínicos 32, C1.
No aplica 01/01/05 a 31/01/05 Profesional Especializado - Contadora Serviclínicos 39, C1.
No aplica 01/02/05 a 28/02/05 Profesional Especializado - Contadora Serviclínicos 40, C1.
No aplica 01/03/05 a 31/03/05 Profesional Especializado - Contadora PSP 42, C1.
No aplica 01/04/05 a 17/04/05 Profesional Especializado - Contadora PSP 43, C1.
La anterior relación probatoria permite colegir que entre el 1.º de febrero de
1990 y el 30 de septiembre de 2011, la señora Daysi Esperanza Silva
Cifuentes prestó sus servicios profesionales como contadora al ISS y
posteriormente a la E.S.E. Antonio Nariño, mediante diferentes tipos de
vinculaciones sin solución de continuidad.
Sobre la vinculación legal y reglamentaria
Conforme lo consagrado en los artículos 122 y 125 de la Carta Política, existen
tres formas por medio de las cuales se puede estar vinculado con una entidad
pública. La primera de ellas se da a través de una relación legal y
reglamentaria que corresponde a los denominados empleados públicos; la
segunda por medio de un contrato laboral que cobija a los llamados
trabajadores oficiales y; finalmente, los contratistas de prestación de servicios,
23
Según consta en la certificación expedida por la Jefe de la División Financiera de la E.S.E. Antonio
Nariño, y en la cuenta de cobro remitida a dicha entidad por la demandante, a, Seguro Social, el 28 de
febrero de 2006.
24
Conforme se desprende de la certificación emitida por el Director Administrativo de Serviclínicos CTA,
el 11 de mayo de 2004. Así mismo es de anotar, que de folios 33 a 38 del cuaderno principal, obran los
comprobantes de pago emitidos por Serviclínicos, para los meses de febrero a diciembre de 2008, como
retribución de los servicios de la asociada Daysi Esperanza Silva Cifuentes, a la E.S.E. Antonio Nariño,
de conformidad con el Convenio de Trabajo Asociado suscrito el 2 de febrero de 2004 (fl. 29, C1.)
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20
vinculación que ha sido considerada como una relación de naturaleza
contractual con el Estado.
Respecto de la primera de aquellas, el referido artículo 122 previó que «No
habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para
proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la
respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y
defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. […]».
De lo que se sigue que solo se puede hablar de empleo público cuando el
mismo se encuentra creado en la planta de personal de la respectiva entidad;
se definan de manera específica sus funciones; y se disponga el rubro
correspondiente en el presupuesto, pues en lo que atañe a la titularidad para
ejercerlo, ésta únicamente se adquiere una vez se haya efectuado el acto de
posesión que es el momento en el cual se inviste al servidor público de
autoridad en los términos del artículo en cita, esto es, para cumplir los
preceptos constitucionales y desempeñar las funciones asignadas al cargo.
A su turno, el artículo 125 ibídem, contempló las formas en que procede la
vinculación con la administración pública así: «Los empleos en los órganos y
entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de
libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido
determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El
ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos
y calidades de los aspirantes […]».
Ahora, si bien es cierto la vinculación legal y reglamentaria de un empleado
público con el Estado no comporta un contrato de trabajo propiamente dicho,
por cuanto éstos se predican de la relación surgida entre éste último y los
trabajadores oficiales, de dicha vinculación sí surge una relación laboral que
para los precisos efectos salariales y prestacionales ubica a la entidad pública
en el extremo empleador, con la carga de responder por los salarios y
prestaciones que devienen del ejercicio funcional de un cargo público creado,
que tiene funciones definidas y al que se le ha asignado un rubro presupuestal.
Así, por expreso mandato constitucional del artículo 150 superior, numeral 19,
literal e), la determinación integral del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos es fijado por el Gobierno Nacional de conformidad con los
criterios y objetivos que establezca el legislador, de manera que al mediar
nombramiento para el ejercicio funcional de un cargo, por alguna de las formas
previamente establecidas en la Constitución, se entiende que la administración
cumple con el imperativo legal de reconocimiento y pago de salarios y
prestaciones sociales, conforme a los lineamientos normativos que rigen la
materia.
La relación probatoria efectuada en el cuadro que antecede permite concluir
que, la señora Daysi Esperanza Silva Cifuentes laboró para el ISS y la E.S.E.
Antonio Nariño bajo diferentes modalidades de vinculación a saber:
Legal y reglamentaria Del 1.º de febrero de 1990 al 30 de diciembre de 1994
Contractual Del 30 de diciembre de 1994 al 17 de abril de 2005
Legal y reglamentaria Del 18 de abril de 2005 al 30 de septiembre de 2011
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21
De lo que se sigue que para efectos de la petición encaminada a la declaratoria
de una relación laboral encubierta o subyacente, y el consecuente
reconocimiento de las prestaciones sociales a que haya lugar, el periodo que
debe ser observado es aquel durante el cual estuvo vinculada
contractualmente con la entidad, mediante contratos de prestación de servicios
y a través de intermediación o tercerización laboral.
Lo anterior por cuanto, se reitera, la vinculación legal y reglamentaria,
acreditada como se encuentra, comprende el reconocimiento de una relación
laboral, en donde el extremo empleador es el Estado, quien en cumplimiento
de sus deberes legales efectúa los pagos salariales y prestacionales que la ley
dispone. Así, acceder al reconocimiento de una relación laboral por el periodo
referenciado en el libelo, comprendería desconocer que la demandante estuvo
amparada por las prerrogativas laborales que comporta el nombramiento en
un cargo público, y el reconocimiento de una doble erogación a favor de la
misma, que no tiene sustento normativo.
Se tiene entonces que, para los precisos efectos de este pronunciamiento, el
lapso respecto del cual deberá evaluarse la configuración de la subordinación
y dependencia continuada, corresponde al transcurrido entre el 30 de
diciembre de 1994 y el 17 de abril de 2005.
Sobre la sustitución patronal del ISS a la E.S.E. Antonio Nariño
La figura jurídica de la sustitución patronal ha sido comúnmente regulada por
el Código Sustantivo del Trabajo, el cual prevé en su artículo 67 dicho
fenómeno como «todo cambio de un empleador por otro, por cualquier causa,
siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto éste no
sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios».
Si bien esta figura se ha considerado como de aplicación exclusiva del derecho
privado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido en anteriores
oportunidades que la misma no resulta ajena a entidades de derecho público25:
«[…]. Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil al resolver una consulta
formulada por el Ministro de Minas y Energía sobre la sustitución patronal
originada en la escisión de Interconexión Eléctrica S.A. - ISA, señaló lo siguiente:
«[...] Ha sido pacífica la jurisprudencia de esta Corporación, con apoyo en la
normatividad aludida, que la sustitución patronal no altera las relaciones
laborales de los trabajadores consignadas en la ley, los contratos
individuales, o en las convenciones o pactos colectivos, los cuales conservan
su vigencia plena haciendo responsables solidariamente ante los
trabajadores a los dos patronos, anterior y sustituto y que las disposiciones
más favorables, lo mismo que las convenciones y decisiones arbitrales, se
aplican de preferencia (Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 699,
Consulta del 28 de junio de 1995, Consejero Ponente. Doctor Luis Camilo
Osorio Isaza). La sustitución de patronos, representa entonces el cambio de
un empleador por otro, en atención a distintas causas, sin que ello implique
el cese en el giro ordinario de sus negocios, y sin que terminen las relaciones
de trabajo vigentes.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil
dieciocho (2018). Radicación 27001-23-33-000-2013-00234-01(0711-15).
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22
Se ha enfatizado, además, que la simple sustitución patronal no suspende,
ni modifica, ni extingue los contratos de trabajo vigentes, por lo que estos
prosiguen, se conservan o mantienen en intactas condiciones con el nuevo
empleador, máxime si se tiene en cuenta que dentro de este fenómeno
laboral no son parte los trabajadores y, por ende, no pueden verse
afectados sus derechos. "Toda sustitución patronal supone identidad de
empresa" (Corte Suprema de Justicia, Casación Laboral, sentencia del 5 de
marzo de 1981). [...]»
29. Igualmente, la subsección homologa de esta Sala de decisión en recientes
pronunciamientos ha reiterado la anterior postura jurisprudencial y ha señalado
que a efectos de que opere la figura de la sustitución patronal deben reunirse tres
condiciones, a saber: «i) el cambio de un patrono a otro; ii) la continuidad del
objeto social de la empresa; y iii) la continuidad de los servicios del trabajador
mediante el mismo contrato de trabajo.»
30. Así mismo, la Sección Segunda en sus Subsecciones A y B ha considerado
que la sustitución patronal o de empleador, según los artículos 67 y 68 del Código
Sustantivo del Trabajo (CST), consiste en «todo cambio de un empleador por
otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento,
es decir, en cuanto este no sufra variaciones esenciales en el giro de sus
actividades o negocios, y la prolongación de los servicios del empleado o
trabajador a través del mismo contrato de trabajo.
[…]». (Subrayas del texto original y negrillas de la Sala)
Así, del artículo 17 del Decreto 1750 de 2003 «por el cual se escinde el instituto
de seguros sociales y se crean unas empresas sociales del estado», se desprende
el reconocimiento del fenómeno de la sustitución patronal del ISS a las E.S.E.s
al prever que:
«ARTÍCULO 17. CONTINUIDAD DE LA RELACIÓN. Los servidores públicos que
a la entrada en vigencia del presente decreto se encontraban vinculados a la
Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud, a las Clínicas y a los
Centros de Atención Ambulatoria del Instituto de Seguros Sociales,
quedarán automáticamente incorporados, sin solución de continuidad, en la
planta de personal de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente
decreto. Los servidores que sin ser directivos desempeñen funciones de
mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales
conservarán la calidad de trabajadores oficiales, sin solución de continuidad.
PARÁGRAFO. El tiempo de servicio de los servidores públicos que pasan del
Instituto de Seguros Sociales a las Empresas Sociales del Estado, creadas en el
presente decreto, se computará para todos los efectos legales, con el tiempo que
sirvan en estas últimas, sin solución de continuidad». (Subraya la Subsección)
Por virtud del artículo 23 del Decreto 1750 de 2003 que dispuso que, en
materia de contratación de bienes y servicios, las Empresas Sociales del
Estado a la que se refiere dicha norma se subrogan en los contratos que haya
celebrado el Instituto de Seguros Sociales y que se encuentren actualmente
vigentes, cuyo objeto sea ejecutar obras o suministrar bienes o servicios, el
ISS cedió a la E.S.E. Antonio Nariño el contrato de prestación de servicios
profesionales V.A. 017769 de 2003, celebrado con la señora Daysi Esperanza
Silva Cifuentes, a partir del 1.º de julio de dicha anualidad26.
26
Folio 10, C1.
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23
El devenir normativo y jurisprudencial en cita, recalca la existencia de un
contrato de trabajo vigente, que no se suspende, modifica o extingue con
ocasión de la sustitución patronal. A su turno, el artículo 17 transcrito, hace
referencia a la calidad de servidores públicos que ostentan las personas que,
previamente vinculados al ISS, en los términos allí descritos, quedaron
automáticamente incorporados, sin solución de continuidad a la planta de
personal, en este caso, de la E.S.E Antonio Nariño.
Partiendo del hecho previamente señalado de que al momento en que se
escindió el ISS, la señora Silva Cifuentes se encontraba prestando sus
servicios como profesional en contaduría al amparo del contrato de prestación
de servicios V.A. 017769 de 2003, que fue cedido a la E.S.E., resulta claro que
la demandante no acreditaba la calidad de servidora pública o trabajadora
oficial, a efectos de predicarse que sobre las condiciones del empleador se
presentó la sustitución patronal, como se desprende de los lineamientos
normativos arriba mencionados.
Se recuerda que aun cuando se demuestren los elementos de un contrato
realidad, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral,
gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formas; pero, de ninguna manera, una vinculación legal y reglamentaria, por
lo que no es posible darle la categoría de empleado público a quien prestó sus
servicios sin satisfacer las exigencias del artículo 122 de la Carta Política.
Aunado a ello, no puede perderse de vista la naturaleza constitutiva de la
sentencia que declara la existencia de una relación laboral, por lo que no
puede predicarse que la persona beneficiaria de tal declaración haya
ostentado la calidad de empleado público, o que las condiciones
necesariamente derivadas de la relación laboral puedan retrotraerse en el
tiempo, a efectos de reconocer un derecho no surgido en el ámbito jurídico,
para la época en que se reclama.
Así, de comprobarse la existencia de un contrato de trabajo encubierto, bajo
las condiciones fácticas en que la demandante prestó sus servicios, no podría
declararse la sustitución patronal por ella solicitada en el libelo y en el recurso
de apelación.
a) La prestación personal del servicio.
Definido lo anterior, y según se desprende de los objetos contractuales citados
en precedencia, la demandante se desempeñó entre los años 1994 y 2005
como contadora al servicio del ISS y de la E.S.E. Antonio Nariño, de lo cual se
infiere que la prestación de servicios fue personal, pues, de acuerdo con las
reglas de la experiencia, dicha actividad debe ser prestada por sujetos
cualificados, es decir, por personal que hubiese acreditado las condiciones
profesionales requeridas para la labor.
Igualmente, consta en el expediente oficio del 17 de marzo de 2003, por medio
del cual el Gerente del ISS informa al Presidente de dicha institución, la
necesidad de la contratación de un profesional en contaduría con la siguiente
apreciación: «Contratista capaz, idóneo y con experiencia. – De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 13º del Decreto 2170 de 2002, el contrato de la referencia
debe ser celebrado con una persona natural que demuestre capacidad, idoneidad y
experiencia […]. Para estos efectos y con el fin de garantizar la escogencia objetiva
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24
del contratista, se han consultado los archivos de la entidad, y se encuentra que estas
características las reúne SILVA CIFUENTES DAYSI ESPERANZA, […]»27.
En tal sentido, y dados los requisitos de ejecución de los contratos de
prestación de servicios, se observa que se trata de actividades que no podían
ser delegadas o encomendadas a un tercero por parte de quien las ejecutaba.
Se recuerda, además, que fue debidamente acreditado el desarrollo de
actividades por parte de la interesada en la E.S.E., por intermedio de las
Cooperativas de Trabajo Asociado Serviclínicos y Prestadores de Servicios
Profesionales, de cuyas certificaciones se extraen las calidades profesionales
requeridas para la prestación del servicio como contadora, a favor de la
entidad.
b) Remuneración por el servicio prestado.
Frente al elemento de la remuneración, la Sala puede inferir razonablemente
que a la señora Daysi Esperanza Silva Cifuentes se le cancelaban
periódicamente las sumas reconocidas a título de honorarios en los diferentes
contratos de prestación de servicios. Ello se advierte, principalmente, de las
cláusulas relacionadas con: i) el valor de los contratos; y ii) la forma de pago
en la cual se estipulaban los montos mensuales que recibiría la demandante
por sus servicios.
Así mismo, se encuentra demostrado con la certificación expedida por el
Departamento de Recursos Humanos Seccional Valle del Cauca del ISS, en
donde se relaciona el valor de los honorarios mensuales percibidos, los cuales
equivalen a las estipulaciones contenidas en los contratos de prestación de
servicios.
c) Subordinación y dependencia continuada
Este elemento esencial del contrato de trabajo, según el artículo 23 del CST28,
es considerado por la doctrina como el determinante para distinguir la relación
laboral de las demás prestaciones de servicios, y que faculta al empleador
para exigir el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al
tiempo, modo o cantidad de labores, así como para imponerle reglamentos y
el poder disciplinario, teniendo en cuenta para ello, los límites constitucionales
que imponen el respeto a la dignidad humana del trabajador y sus derechos
mínimos, es decir, bajo criterios de razonabilidad y sin arbitrariedad. De
acuerdo con lo anterior, la subordinación parte del poder de dirección respecto
a las actividades de trabajo y como potestad disciplinaria del empleador para
conservar el orden en la empresa, pero únicamente en lo atinente al ámbito
laboral.
27
Folios 55 y 56, Anexo 2.
28
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El
nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:
[…]
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste
para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad
de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del
contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en
concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; […]» (Subraya la Sala).
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25
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-386 de 2000 indicó:
«[…] La subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo y
definidor del contrato de trabajo ha sido entendida, según la concepción más
aceptable por la doctrina y la jurisprudencia, como un poder jurídico permanente
de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a
través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de
reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe realizar las funciones y
cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al cumplimiento de los
objetivos de la empresa, los cuales son generalmente económicos.
Se destaca dentro del elemento subordinación, no solamente el poder de
dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder
disciplinario que el empleador ejerce sobre éste para asegurar un
comportamiento y una disciplina acordes con los propósitos de la organización
empresarial y el respeto por la dignidad y los derechos de aquél. […]»29
Colofón de lo expuesto, como subordinación y dependencia continuada se
debe entender el elemento esencial y configurativo de la relación laboral,
según el cual el empleador, en ejercicio de su potestad de dirección, puede
exigir a sus empleados el acatamiento de órdenes e instrucciones sobre el
modo y la cantidad de trabajo, el cumplimiento de horarios para el desarrollo
de este, y la imposición de los reglamentos internos, en cualquier momento,
respetando la dignidad del trabajador y sus derechos mínimos constitucionales
y laborales.
Bajo tal entendimiento, se tiene que la parte demandada sustentó su recurso
de apelación sobre la base de que, entre otros, en el plenario no obran los
elementos de juicio suficientes para la determinación de los elementos que
configuran la relación laboral; y que, de otro lado, la interesada desarrolló
actividades en el marco de contratos de prestación de servicios avalados por
la ley y usados por las entidades para el cumplimiento de los fines estatales.
En ese sentido, y teniendo en cuenta que para esta Sala los elementos de
prestación personal del servicio y de remuneración o contraprestación, propios
de la relación laboral, se encuentran debidamente acreditados en el sub
examine, se procede entonces a realizar el análisis correspondiente al
elemento de la subordinación y dependencia continuada, para lo cual se
estudiará, en primer término, la prueba testimonial allegada al plenario30.
En primer lugar, se tiene que tanto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
como Alianza Fiduciaria S.A., solicitaron el interrogatorio de parte de la
demandante, el cual se recepcionó en audiencia de pruebas del 11 de marzo
de 201431, en los términos que a continuación se resumen:
La señora Daysi Esperanza Silva Cifuentes manifestó que, durante el
periodo comprendido entre el 1.º de febrero de 1990 y el 29 de diciembre de
1994, el ISS le canceló derechos convencionales. Sostuvo que en el año 1994
le liquidaron el contrato y le reconocieron prestaciones sociales bajo la norma
que era aplicable para el momento, de acuerdo a lo reglado para el Seguro
Social y la Clínica Rafael Uribe y agregó que, en el instante en que se dio por
terminado el último contrato de prestación de servicios, al 30 de noviembre de
29
Magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell.
30
Folios 278 a 280, C1
31
Folios 322 a 330, C1.
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26
2003, la Gerente de la E.S.E. Antonio Nariño ordenó por escrito que todos los
vinculados a través de este tipo de contratos, fueran trasladados bajo la
modalidad de cooperativa, en forma consecutiva hasta marzo de 2005. Señaló
que fue vinculada a partir de marzo de 2005 en la planta de la entidad, en
provisionalidad, con cargo inicial de profesional, y en 2007, nivelada como
profesional especializado, hasta el 30 de septiembre de 2011, fecha en la que
se dio por finalizada la vinculación. Argumentó que se desempeñó en el mismo
cargo, como coordinadora contable, con diferencia de que debía ejecutar las
actividades en la regional E.S.E. Antonio Nariño. Declaró que tuvo personal a
su cargo, esto es, los contadores de toda la regional, en total 16 contadores, y
un grupo de contabilidad en la ES.E., para un total de 20 personas bajo su
dirección. Adujo no haberse afiliado al sindicato Sintraseguridadsocial, pero
que se entendía acogida indirectamente por la convención. Mas adelante
resaltó que, de conformidad con la jornada laboral, que le había sido informada
por escrito, la misma era de 8:00 am a 12:30 pm y de 1:45 pm a 5:30 o 6:00
pm. Referenció que entre marzo de 2005 y hasta la fecha de retiro, no le
efectuaron descuentos sindicales, pues desde ese momento la convención
esta interrumpida.
La parte demandante solicitó a su turno, la recepción de los testimonios de los
señores Patricia Salinas Ávila, Rafael Guillermo Echeverry Trujillo y Rolando
Soto Gutiérrez, mismos que fueron decretados y debidamente citados a
comparecer en la etapa procesal pertinente.
En lo que atañe a la declaración de la señora Patricia Salinas Ávila, se tiene
que la misma depuso de manera sucinta sobre los hechos en que se
fundamenta la reclamación solicitada en el libelo, de la siguiente manera:
Precisó conocer a la demandante por razón de haber prestado sus servicios
en el área de recursos humanos en el ISS. Manifestó haber trabajado en dicha
entidad desde 1988 hasta 2011. Agregó que para la fecha en la que la
interesada ingresó a la entidad, esto es, 1990, la deponente ya se encontraba
vinculada; y que la señora Silva Cifuentes siempre prestó sus servicios en el
área financiera. Puntualizó que cuando la demandante llegó a la institución,
fue a través de un contrato en provisionalidad como auxiliar de servicios
administrativos. Seguidamente, recalcó que estuvo como jefe de contabilidad,
y posteriormente pasó a la E.S.E Antonio Nariño cuando se extinguió el ISS
en 2003. Declaró que cumplía un horario, incluso informado por escrito; que
laboraba de 8:00 am a 12:30 pm, y que regresaba de 1:45 pm a 5:00 pm, que
era el horario del área administrativa. Indicó que el cumplimiento de dicho
horario se hacía de lunes a viernes, pero que a veces debía asistir los
domingos y festivos por tratarse del área financiera. Arguyó que, la
demandante acataba órdenes de los jefes inmediatos. Adujo tener entendido
que la señora Silva Cifuentes tenía todas las garantías laborales, por cuanto
ingresó en provisionalidad; que cuando cambió de modalidad cree que
continuó gozando de las mismas garantías. Por ultimo, precisó que al estar en
el área de recursos humanos sabía del horario que cumplía la convocante,
pues de allí se impartía.
Por su parte, el señor Rafael Guillermo Echeverry Trujillo señaló que
conocía a la señora Silva Cifuentes por cuanto trabajó en el ISS en 1987, como
coordinador de referencia y contrareferencia en la Clínica Rafael Uríbe Uríbe.
Recordó que durante la vinculación de la demandante con el ISS, había tenido
el cargo de auxiliar administrativa; que luego de la escisión todo el personal
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pasó a la E.S.E. Antonio Nariño; y que algunas de las áreas, como aquella a
la cual pertenecía la interesada, fueron trasladas a la E.S.E., en la parte
administrativa. Dijo que en el ISS había gente de planta y otros vinculados por
cooperativa, de lo cual manifestó creer que la convocante había estado por
cooperativa y por contratación civil. Referente al horario, reseñó que la clínica
tenía una jornada especial para la gente de planta y para los de contratación,
sostuvo que ella cumplía dicho horario, y que, en muchas ocasiones,
dependiendo de las necesidades del servicio, la citaban a trabajar en días no
hábiles como los fines de semana, dominicales y festivos. Señaló que la
demandante tenía un jefe inmediato encargado de darle las instrucciones,
dependiendo del área donde estaba que era el área administrativa y financiera.
Puntualizó que creía que sí había subordinación porque la señora Silva
Cifuentes seguía las instrucciones de un jefe inmediato, en tanto ella no
llegaba a hacer sus cosas de manera independiente, es decir, tenía un jefe al
cual debía rendirle informe sobre su desempeño y gestión. Sostuvo creer que
había estado vinculada por contratación civil, que era lo que se usaba en ese
momento en el Seguro Social; y que, mas adelante no sabía qué otro proceso
se había adelantado para su vinculación. Resaltó que también estuvo
vinculada por cooperativa; y que no conocía las funciones por ella ejecutadas,
pese a lo cual si podía dar fe de que era coordinadora.
A su turno el señor Rolando Soto Gutiérrez indicó que conoce a la señora
Daysi Esperanza Silva Cifuentes desde el año 1992, en el que ingresó a
trabajar en el ISS. Narró que inicialmente estuvo vinculada con nombramiento
provisional hasta 1994, después tuvo contratos de prestación de servicios en
contaduría hasta 2003, cuando se dio la escisión, y de ahí, pasó a la E.S.E.
Antonio Nariño; luego de vencidos los contratos de prestación de servicios, le
hicieron contratos a través de cooperativas, al cabo de los cuales la vincularon
como profesional en contaduría en la E.S.E. Rememoró dichas circunstancias,
en tanto estuvo asignado a la parte administrativa, puntualmente a la oficina
de contratación civil, de manera que tenía acceso a dicha información. En
cuanto al horario, reiteró que todos los trabajadores debían cumplirlo, inclusive
los de contratación civil, de conformidad con lo definido por el ISS para la
atención de sus usuarios, el cual era de todos los días, es decir de lunes a
domingo.
Análisis probatorio
A efectos de atender los planteamientos expuestos en el recurso de apelación
de la parte demandada, procede la Sala a realizar el análisis de las pruebas
documentales y testimoniales recaudadas en el curso del proceso.
En primer lugar, encuentra coincidente la Subsección lo aducido por los
testimonios arriba referenciados, en lo que atañe a las condiciones en que se
efectuó la vinculación de la señora Daysi Esperanza Silva Cifuentes, en el
periodo comprendido entre diciembre de 1994 y abril de 2005, esto es,
mediante contratos de prestación de servicios suscritos con el ISS, y con
posterior intermediación de cooperativas asociadas de trabajo, con la E.S.E.
Antonio Nariño.
Idénticas situaciones fácticas fueron declaradas por la demandante en el
interrogatorio de parte efectuado a instancias del a quo; y encuentran asidero
adicional en la relación probatoria efectuada en el cuadro que antecede, en
donde se visualizan los contratos de prestación de servicios suscritos por la
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interesada con el ISS, la cesión del último de aquellos a la E.S.E Antonio
Nariño, y los acuerdos bilaterales firmados entre la convocante y las
cooperativas de trabajo asociado Serviclínicos y Prestadores de Servicios
Profesionales.
De la anterior valoración probatoria deviene también la continuidad en la
prestación del servicio contratado como contadora, por parte de la
demandante, pues no se visualizan interrupciones ostensibles que den cuenta
de la temporalidad del servicio requerido a la señora Silva Cifuentes. Por el
contrario, demuestran la constante necesidad de contar con su soporte y
apoyo profesional en el área financiera y de contabilidad del ISS, y
posteriormente la E.S.E. Antonio Nariño, como pasa a explicarse en detalle.
Si bien de los contratos adjuntos al Anexo 2 del expediente, se desprende de
manera genérica como objeto contractual de los mismos, la prestación de
servicios profesionales como contador, y algunas de las obligaciones
impuestas al desempeño de dicha labor, del último de estos contratos, esto es,
el A.V. 017769 firmado por el ISS con la demandante, y posteriormente cedido
a la E.S.E. Antonio Nariño, es posible identificar el siguiente componente
obligacional:
«1. Efectuar las notas a los estados financieros y velar por su presentación
oportuna. 2. Velar por la calidad y oportunidad de la información contable. 3.
Coordinar con todas las áreas el flujo y los soportes de la información contable.
4. Atender instructivos y requerimientos adelantados por el nivel nacional,
relacionados con la información contable. 5. Asistir a eventos y actividades
relacionadas con la conciliación de cifras y partidas entre las diferentes áreas. 6.
Aplicar los conocimientos profesionales en el área de cuentas y colaborar en la
formulación y ejecución de programas. 7. Recomendar y proponer acciones
encaminadas a la optimización de los recursos disponibles. 8. Establecer y
evaluar los controles existentes para el adecuado manejo de cuentas por pagar.
9. Colaborar con los entes de investigación o control del Seguro Social o del
Estado cuando así se requiera. 10. Colaborar y propender en el cuidado y de las
propiedades del Seguro Social, incluida la propiedad intelectual (Propiedad
Industrial y Derechos de Autor). 11. Contribuir al manejo racional de los recursos
físicos y materiales del servicio. 12. Cumplir con los aspectos éticos legales que
rigen el ejercicio profesional. 13. Ejercer su profesión dentro del Estado de la
Técnica reconocida, con Moral y Ética. 14. Mantener comunicación efectiva y
permanente con el equipo interdisciplinario. 15. Participar en los grupos de
trabajo del Departamento o servicio. 16. Participar en los procesos de facturación.
17. Rendir los informes que el Seguro Social exija dentro de los plazos
determinados, colaborando con la Administración; responsabilizarse del
inventario que le asigne EL INSTITUTO para el desarrollo de sus obligaciones;
mantener la debida reserva y discreción de los asunto que conozca en razón de
sus actividades; manejar adecuadamente los elementos que el Instituto le
entregue para el desarrollo de sus actividades y devolverlas a la terminación del
contrato; cumplir oportunamente con los informes de actividades ante el
interventor del contrato; cumplir las obligaciones descritas en los numerales
anteriores, de conformidad con la programación establecida por el INSTITUTO –
CLÍNICA RAFAEL URÍBE URÍBE – VALLE.»
Se advierte entonces que varias de las actividades allí relacionadas
comprenden en alto grado el acatamiento de instrucciones y directrices por
razón de la labor desempeñada por la demandante, esto es, el desarrollo de
funciones necesarias para el ejercicio misional de la entidad como lo es el
soporte y seguimiento contable y financiero del ISS, posteriormente de la
E.S.E. Antonio Nariño, en tanto le fue exigida la atención de instructivos y
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requerimientos adelantados por el nivel nacional relacionados con la
información contable, la asistencia a eventos y actividades concernientes a la
conciliación de cifras y partidas presupuestales, y la coordinación de este tipo
de información con las diferentes áreas de la institución.
Así mismo, desvelan las declaraciones la importancia de las actividades
desplegadas por la interesada al indicar, que la misma ostentaba un cargo de
coordinación y que bajo su dirección tenía un número considerable de
personas que gestionaban las labores contables en otras dependencias de la
regional.
La justificación remitida por el Gerente del ISS al presidente de la entidad,
mediante oficio del 17 de marzo de 200332, por medio del cual informa la
necesidad de la contratación, permite aseverar que la presencia de personal
con las calidades profesionales de la señora Silva Cifuentes, no eran de
carácter circunstancial, sino que tenían génesis en la propia necesidad
funcional para aquel momento del ISS: «Ante el alto nivel de retiros y jubilación de
PROF. UNIV-CONTADOR, no se cuenta con el personal suficiente en la planta de
cargos para brindar una atención con oportunidad y calidad, por lo que se hace
necesario contratar los servicios profesionales de PROF. UNIV-CONTADOR.»
Misma necesidad que se transfirió a la E.S.E. Antonio Nariño, luego de la
escisión del Seguro Social, y que se evidencia en la cesión efectuada al
contrato de prestación de servicios A.V. 017769 de 2003, y en el oficio dirigido
al Director de la Unidad Hospitalaria Clínica Rafael Uribe Uribe, el 21 de julio
de 2003, por parte de la Gerente Regional de la E.S.E., en donde refiere que:
«Conocedor que la E.S.E. Antonio Nariño está organizando los equipos de trabajo y
siendo para este caso específico el del área financiera, y considerando que los
procesos de presupuesto, cuentas por pagar, tesorería y la consolidación de los
estados financieros se manejarán directamente en la División Financiera de la E.S.E.
Me permito solicitarle, teniendo en cuenta el gran desempeño y sentido de
organización, los siguientes funcionarios para que inicien sus labores en las
instalaciones provisionales de la E.S.E. Antonio Nariño […]. DEISY ESPERANZA
SILVA […]»33.
Ahora, en punto al cumplimiento de horarios, reiteran los declarantes que la
convocante asistía de manera regular a la entidad para la prestación del
servicio, específicamente de lunes a viernes, y eventualmente sábados,
dominicales y festivos, en un horario de 8:00 am a 12:30 pm y de 1:45 pm a
5:00 pm.
A folio 226 del Anexo 2, consta Oficio CRUU-DRH-CC.397 del 25 de junio de
1997, en el cual el Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Clínica
Rafael Uribe Uribe le informa a la demandante, la autorización para asistir a
un seminario sobre el manejo de las Áreas Financieras a realizarse en la
ciudad de Manizales. Ello, aunado a que no se cuestionó por las partes
demandadas el cumplimiento de horario en los términos descritos, permiten
corroborar la supeditación a los mismos, y a las directrices que se emitieran al
respecto por el superior jerárquico.
En lo que toca a la existencia de un jefe inmediato, no encuentra la Sala
cuestionamiento hecho por la contraparte, frente a lo manifestado por los
deponentes al indicar que la entidad estaba organizada por jefaturas y
32
Folios 55 y 56, Anexo 2.
33
Folio 16, C1.
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30
direcciones y que, en consecuencia, las actividades desarrolladas por la
señora Silva Cifuentes se encontraban enmarcadas por las disposiciones del
jefe o director del área correspondiente.
Finalmente, se observa que el suministro de implementos o materiales
requeridos para la prestación del servicio contratado, era asumido por el ISS,
y luego por la E.S.E., y que para el cumplimiento de sus labores debía portar
«escarapela» o carnet, pues no de otra forma se le hubiese requerido en oficio
del 19 de noviembre de 2003, la devolución de tales implementos con ocasión
de la terminación del contrato de prestación de servicios V.A. 17769 de 2003.
Para concluir, no sobra indicar que la subordinación comprende un conjunto
de situaciones que permiten eliminar de la relación contractual, la
independencia propia de este tipo de vinculación, como lo es el sometimiento
a instrucciones para la ejecución de las actividades objeto del contrato, más
allá de una simple coordinación para el cumplimiento obligacional; el
acatamiento de horarios y turnos; la restricción al uso de implementos de
oficina o puesto de trabajo; la limitación para la ejecución de las actividades a
las instalaciones de la entidad o a las designadas por ella; la imposibilidad de
gestionar documentación por fuera de la misma; y la necesidad de tramitar
permisos o solicitudes para ausentarse, ante autoridades administrativas o
superiores, entre otras.
En ese orden de ideas, para esta Subsección resulta claro que, contrario a lo
aducido por la entidad demandada, las pruebas allegadas en el curso del
proceso permiten dilucidar que, si bien las funciones desempeñadas por la
señora Silva Cifuentes se encontraban dentro del alcance de los objetos de
los contratos de prestación de servicio que suscribió con el ISS, y de lo
corroborado en los acuerdos bilaterales firmados con las cooperativas de
trabajo asociado, por la E.S.E Antonio Nariño, la libelista debió cumplir y acatar
instrucciones y directrices a instancias de ambas entidades, por superiores
que determinaban su desempeño, el cumplimiento de horarios, y el
sometimiento a trámites administrativos.
Por otra parte, en sentencia C-171 de 2012, respecto a la potestad de las
Empresas Sociales del Estado para contratar la prestación de servicios por
fuera de la planta de personal de la entidad, reiteró los límites constitucionales
trazados sobre la protección de las relaciones laborales y la prohibición de que
se contraten mediante prestación de servicios funciones permanentes o
propias de la entidad, que se puedan desarrollar con personal de planta o que
no requieran de conocimientos especializados, principios que constituyen el
marco constitucional para la celebración de contratos de prestación de
servicios por estas entidades, así:
«(viii) En cuanto a los límites fijados a la contratación estatal en pro de la defensa
del derecho al trabajo, de los derechos de los servidores públicos y de los
principios que informan la administración pública, la jurisprudencia constitucional
ha establecido que los contratos de prestación de servicios son válidos
constitucionalmente, siempre y cuando (a) no se trate de funciones propias y
permanentes de la entidad; (b) no puedan ser realizadas por el personal de
planta, y que (c) requieran de conocimientos especializados.
(ix) Respecto de la determinación de lo que constituye función permanente en
una entidad, la Corte ha fijado para su reconocimiento los criterios (a) funcional,
(b) temporal o de habitualidad, (c) de excepcionalidad, y (d) de continuidad.
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31
(x) La jurisprudencia ha insistido en la regla según la cual, para el ejercicio de
funciones de carácter permanente en la administración pública, no pueden
celebrarse contratos de prestación de servicios, porque para ese efecto deben
crearse los empleos requeridos. Por tanto, la Sala reitera la prohibición de
vincular mediante contratos de prestación de servicios a personas para
desempeñar funciones propias o permanentes de las entidades de la
administración pública, regla que se deriva directamente de los artículos 25, 53,
122 y 125 de la Constitución.
(xi) La prohibición de celebrar contratos de prestación de servicios cuando se
trata de desempeñar funciones permanentes en la administración, tiene como
finalidad, la protección del derecho al trabajo, la garantía de los derechos de los
trabajadores y de los servidores públicos, y el impedir que los nominadores
desconozcan los principios que rigen la función pública. En armonía con lo
anterior, la regla general es que el ejercicio de funciones permanentes en la
administración pública debe realizarse con el personal de planta, que
corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el
concurso de méritos.
(xii) En armonía con lo expuesto, la Corte ha reiterado la inconstitucionalidad de
todos los procesos de deslaboralización de las relaciones de trabajo que, a pesar
de que puedan utilizar figuras legalmente válidas, como el contrato de prestación
de servicios, tienen como finalidad última modificar la naturaleza de la relación
contractual o falsear la verdadera relación de trabajo (…)»
De acuerdo con lo anterior, la facultad de contratación otorgada a las
Empresas Sociales del Estado para prestar servicios de salud mediante la
contratación de terceros, solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando: i) no
se trate de funciones permanentes o propias de la entidad; ii) cuando estas
funciones no puedan realizarse con personal de planta de la entidad o; iii)
cuando se requieran conocimientos especializados, toda vez que para prestar
los servicios inherentes a su responsabilidad, las Empresas Sociales del
Estado deben contar con una planta de personal propia, idónea, adecuada y
suficiente que les permita atender y desarrollar sus funciones.
En ese orden de ideas, no podían el ISS y la E.S.E. Antonio Nariño justificar la
vinculación permanente de personal bajo la modalidad de contratos por
prestación de servicios o por intermediación de terceros, al amparo del
cumplimiento de su deber constitucional en la prestación del servicio de salud,
o de su situación financiera que, de otro lado, debe ser estructurada y planeada
de conformidad con los lineamientos legales, sin que se transgredan
prerrogativas de rango superior, como lo son las garantías laborales.
En conclusión: al haberse demostrado en el proceso la presencia de los
elementos que configuran el contrato realidad, debe declararse la existencia
de una relación laboral encubierta entre la señora Daysi Esperanza Silva
Cifuentes y el ISS por el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 1994
y el 1.º de julio de 2003, así como con la E.S.E. Antonio Nariño, por el lapso
transcurrido entre el 2 de julio de 2003 y el 17 de abril de 2005.
Segundo problema jurídico.
¿Hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho, al haber transcurrido más de tres años entre la finalización de todos
o algunos de los periodos contractuales y la reclamación administrativa?
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32
La Subsección sostendrá la siguiente tesis: los interesados en la declaratoria
de existencia de un contrato realidad no pueden exonerarse de su deber de
reclamar el derecho dentro de los tres años siguientes a la finalización del
vínculo contractual; es por ello que, en el presente caso se encuentra
configurado el fenómeno jurídico de la prescripción extintiva respecto de las
prestaciones sociales a las que tendría derecho la demandante, toda vez que,
si bien entre los diferentes contratos de prestación de servicios no se
verificaron interregnos superiores a 30 días hábiles de interrupción, sí
transcurrieron tres años entre la terminación del último vínculo contractual y la
reclamación administrativa.
Prescripción aplicada a contrato realidad
En materia de derechos laborales de los empleados públicos, los artículos 41
del Decreto 3135 de 196834 y 102 del Decreto 1848 de 196935 (reglamentario
del primero), regulan que las acciones que emanen de los derechos
consagrados en dichas normas prescriben en tres años contados desde que
la respectiva obligación se haya hecho exigible.
Particularmente, en cuanto al reconocimiento de la existencia de la relación
laboral encubierta a través de un contrato de prestación de servicios, esta
Sección, en sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016,
estipuló las siguientes reglas respecto a la prescripción extintiva de los
derechos salariales y prestacionales derivados del contrato realidad36:
«[…] i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual.
ii) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para
pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía
con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y
progresividad.
iii) Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros
pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues
esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el
derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación con las
cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían
tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.
34
«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en
tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.»
35
«Artículo 102. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968
y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva
obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso
igual.»
36
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25
de agosto de 2016. Consejero Ponente Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001-23-33-000-
2013-00260-01 (0088-2015).
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33
iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral
de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la
caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c,
del CPACA).
v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como
requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de
controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones
que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el
carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables.
vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia,
una vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral, pues el hecho
de que esté concernido el derecho pensional de la persona (exactamente los
aportes al sistema de seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es
imprescriptible, aquella no tiene la virtualidad de enervar la acción ni la pretensión
principal (la nulidad del acto administrativo que negó la existencia del vínculo
laboral).
vii) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya
deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el
demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la adopción de
una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la
efectividad de los derechos del trabajador. […]». (Subrayado de la Subsección)
Conforme con lo previsto en la sentencia de unificación jurisprudencial citada,
en su aparte aquí transcrito, se tiene que:
• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el
Estado es de tres años, contados a partir de la terminación del vínculo
contractual, y que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar
las prestaciones que se deriven de aquella.
• En aquellos casos donde existe interrupción entre los contratos de
prestación de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción
frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
Sobre el particular, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016
indicó:
«[…] Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un
interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de
interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a
partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la
existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia
en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no
la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y
examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos
de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas
al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. […]».
(Subrayado de la Subsección)
Ahora, si bien es cierto que esta Sala ha sostenido en varias ocasiones,
particularmente en el año 2018, que cuando existen múltiples contratos u
órdenes de prestación de servicios y entre uno y otro se presentaban
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34
interrupciones de al menos un día, debe considerarse suficiente para
determinar la interrupción del vínculo contractual, de manera que a partir de la
finalización de cada uno de estos periodos debe iniciar la contabilización del
término de prescripción, lo anterior fue revaluado ante la disparidad de criterios
sobre el momento a partir del cual ha de contarse el fenómeno extintivo del
derecho.
En tal sentido, y de conformidad con la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 202137, esta Sección ha adoptado un nuevo enfoque que
considera menos lesivo para efectos de contabilizar dicho lapso, en tanto que
se ha dispuesto fijar un periodo de treinta (30) días hábiles como indicador
temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de
prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de
fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los
elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se
presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.
Lo anterior permite aclarar que, en caso de múltiples vinculaciones
contractuales en los que se presenten interrupciones, debe entenderse que,
para efectos de determinar la fecha a partir de la cual empieza a correr el
término prescriptivo, no habrá solución de continuidad cuando entre contrato
y contrato no transcurran más de 30 días hábiles (sin perjuicio de que el juez
contencioso pueda determinar un término superior en un caso específico).
En otras palabras, si entre uno y otro vínculo contractual no transcurren más
de 30 días hábiles de interrupción, el juez contencioso deberá determinar que
no existió solución de continuidad, de modo que no podrá tener como extremo
para contabilizar la prescripción la finalización del primer vínculo, en tanto, se
reitera, a la luz de la jurisprudencia se debe entender que no hubo una ruptura
del vínculo laboral y, por consiguiente, se debe contabilizar como una única
relación.
Ahora bien, para la Sala resulta pertinente exponer que, de establecerse la no
solución de continuidad, los efectos jurídicos de dicha declaración serán
solamente los de concluir que, a pesar de haberse presentado interrupciones
entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de los derechos que
pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. Razonamiento del cual debe
concluirse que del hecho de que no hubo solución de continuidad solo lleva
aparejado la no configuración de la prescripción extintiva frente a la
reclamación de reconocimiento de la relación laboral encubierta, y no puede
interpretarse como una obligación de la entidad pública a liquidar las
prestaciones a las cuales resulte condenada, sobre los tiempos en los que se
interrumpió la relación contractual.
Conforme a lo anotado en el primer problema jurídico, para la Sala está
plenamente acreditada la vinculación contractual directa con el ISS, y a través
de cooperativas de trabajo asociado con la E.S.E. Antonio Nariño en el lapso
comprendido entre el 30 de diciembre de 1994 y el 17 de abril de 2005.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
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35
Como se ha indicado previamente, y vale la pena reiterar, la demanda
persigue, entre otros aspectos, el reconocimiento y pago de las acreencias
laborales por el periodo en que la señora Daysi Esperanza Silva Cifuentes
prestó sus servicios como contadora al ISS y a la E.S.E. Antonio Nariño,
durante el tiempo transcurrido entre el 1.º de febrero de 1990 y el 17 de abril
de 2005, petición que se hizo extensiva al 30 de septiembre de 2011, de
conformidad con los planteamientos del recurso de apelación.
A su turno, la entidad demandada solicitó en su escrito de alzada, verificar lo
concerniente a la figura de prescripción de los derechos prestacionales que
pudiesen surgir, con ocasión de la eventual declaratoria de la existencia de la
relación laboral encubierta entre las partes, específicamente en lo que atañe a
los derechos pensionales.
En ese sentido, y para los precisos efectos de esta decisión, se recuerda que,
de conformidad con lo expuesto en acápite anterior, el periodo respecto del
cual se comprobó la configuración de los elementos constitutivos del contrato
realidad, corresponde al transcurrido entre el 30 de diciembre de 1994 y el
17 de abril de 2005, de manera que es en relación con éste, que se procede
a efectuar el análisis pertinente.
Se tiene entonces que, la última fecha en la que la demandante estuvo
vinculada contractualmente con la entidad demandada, corresponde al 17 de
abril de 2005.
Conforme la revisión efectuada en el plenario, se encuentra probado que la
solicitud administrativa que perseguía el reconocimiento y pago de las
acreencias laborales, fue remitida a la Fiduciaria Alianza S.A. - Patrimonio
Autónomo de Remanentes de la E.S.E. Antonio Nariño38; al Ministerio de Salud
y Protección Social39, y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público40, el 23 de
julio de 201241.
Así, por tratarse de una vinculación contractual interrumpida al servicio público,
el término para que opere la prescripción extintiva debe contarse a partir de la
finalización del periodo laborado bajo dicha modalidad, lo que quiere decir que,
el plazo para reclamar los derechos prestacionales derivados del último tiempo
de vinculación contractual (que como se indicó, corresponde a un único lapso
comprendido entre el 30 de diciembre de 1994 y el 17 de abril de 2005), corrió
hasta el 17 de abril de 2008, por lo que debe entenderse que prescribieron las
prestaciones causadas en el periodo anotado al haber transcurrido más de tres
años entre la finalización del último contrato y la presentación de la petición
tendiente al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que, se itera,
ocurrió el 23 de julio de 2012.
No obstante, de acuerdo con la sentencia de unificación del 26 de agosto de
2016, la prescripción no puede aplicarse a los aportes que por pensión se
debían realizar por parte del empleador, que en este caso son el ISS y la E.S.E
Antonio Nariño.42.
38
Folios 47 a 50, C1.
39
Folios 51 a 54, C1.
40
Folios 55 a 58, C1.
41
Folio 173, C1.
42
«[…] En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema
integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y
prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad del
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36
Dicha regla jurisprudencial tiene fundamento en: i) la irrenunciabilidad de los
beneficios mínimos laborales43; ii) el principio in dubio pro operario44; iii) el
derecho constitucional fundamental a la igualdad45 y; iv) el principio de no
regresividad en armonía con el mandato de progresividad46.
De igual forma, la sentencia de unificación en cita ordenó al Juez
Administrativo estudiar en todos los procesos en los cuales proceda el
reconocimiento de la relación laboral o contrato realidad, aunque no se haya
solicitado expresamente, el tema concerniente a las cotizaciones adeudadas
por la administración al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
Y, en consecuencia, precisó que la imprescriptibilidad frente a los aportes a
seguridad social en pensiones no opera frente a la devolución de los dineros
pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista,
sino en relación con las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social
que podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.
Para el efecto, indicó que la administración se encuentra en la obligación de
determinar mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se debieron
efectuar y los realizados por el contratista, y cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el
porcentaje que le correspondía al empleador, lo que permite concluir la
improcedencia de la devolución de los valores cotizados al sistema pensional,
cuando haya lugar al reconocimiento de la relación laboral.
En conclusión y de conformidad con los razonamientos precedentes,
considera esta Subsección que a la señora Daysi Esperanza Silva Cifuentes
se le extinguió el derecho, por prescripción, a los emolumentos deprecados
como son las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas, entre
otros, a que habría lugar a reconocer y pagar entre el 30 de diciembre de 1994
y el 17 de abril de 2005, excepto en lo relacionado con los aportes a seguridad
social en pensiones por tratarse de una prestación imprescriptible, para lo
cual deberá observarse el lapso efectivamente ejecutado de los contratos
y las determinaciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercer problema jurídico
medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA)42, y por ende, pueden
ser solicitados y demandados en cualquier momento, puesto que la Administración no puede sustraerse
al pago de los respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede
repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral,
prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante una relación de trabajo.[…]»
43
«[…] que se orienta a que las prerrogativas reconocidas en las preceptivas que rigen la relación entre
empleadores y trabajadores no se modifiquen en perjuicio de estos últimos, por cuanto tienen relación
directa con el mejoramiento constante del nivel de vida y la dignidad humana.»
44
«[…] conforme al cual en caso de duda ha de prevalecer la interpretación normativa más favorable a
los intereses del trabajador, premisa contenida tanto en el artículo 53 de la Constitución Política como
en el 21 del Código Sustantivo del Trabajo.»
45
«[…] en virtud del cual el Estado debe propender por un trato igualitario para todos aquellos que
prestan (o han prestado) sus servicios al Estado bajo una verdadera relación laboral, cualquiera que sea
su denominación (servidor público o contratista), a quienes habrá de protegerse especialmente la
posibilidad de acceder a un derecho pensional.»
46
«[…] que implica el avance o desarrollo en el nivel de protección de los trabajadores, en armonía con
el mandato de progresividad, que se encuentran consagrados en las normas de derecho internacional
que hacen parte del bloque de constitucionalidad […]»
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37
¿Tiene derecho la demandante al reconocimiento de las garantías laborales
consagradas en la convención colectiva, suscrita por el ISS con
Sintraseguridadsocial?
La Subsección sostendrá la siguiente tesis: toda vez que la sentencia que
declara la existencia de una relación laboral encubierta tiene carácter
constitutivo, y que para la época en que la convención colectiva cuya
aplicación se reclama tuvo su vigencia, la demandante se encontraba
vinculada contractualmente y por intermedio de cooperativas de trabajo, la
misma no tiene derecho a que se amparen las solicitudes contenidas en el
libelo petitorio, conforme pasa a explicarse:
Sobre los derechos contenidos en la Convención Colectiva de Trabajo
suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL
Al estudiar la exequibilidad del Decreto Ley 1750 de 2003, la Corte
Constitucional definió que los derechos adquiridos en vigencia de la
convención colectiva de trabajo se aplicarían a los trabajadores oficiales que
por razón de la escisión del ISS fueron vinculados en calidad de empleados
públicos a las diferentes empresas sociales del Estado que se crearon.
Más adelante, y de conformidad con los pronunciamientos emitidos sobre el
particular por esta Corporación se determinó, que la convención suscrita por
el ISS y Sintraseguridadsocial, no tenía una aplicación extensiva en el tiempo,
sino que su vigencia se limitó al 31 de octubre de 2004.
Lo anterior encuentra sustento en el análisis efectuado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-314 de 2004, al examinar la
constitucionalidad de los artículos 16 y 18 del referido Decreto 1750, en donde
en punto a los derechos adquiridos, señaló:
«[…] son aquellos que han ingresado definitivamente en el patrimonio de la
persona. Así, el derecho se ha adquirido cuando las hipótesis descritas en la ley
se cumplen en cabeza de quien reclama el derecho, es decir, cuando las
premisas legales se configuran plenamente. De acuerdo con esta noción, las
situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas en que los supuestos
fácticos para la adquisición del derecho no se han realizado, no constituyen
derechos adquiridos sino meras expectativas.
A este respecto la Corte dijo:
La Corte ha indicado que se vulneran los derechos adquiridos cuando una ley
afecta situaciones jurídicas consolidadas que dan origen a un derecho de
carácter subjetivo que ha ingresado, definitivamente, al patrimonio de una
persona. Sin embargo, si no se han producido las condiciones indicadas, lo que
existe es una mera expectativa que puede ser modificada o extinguida por el
legislador.
[…] En cuanto a su ámbito de protección, la Corte ha dicho que, por disposición
expresa del artículo 58 constitucional, los derechos adquiridos son intangibles, lo
cual implica que no pueden ser desconocidos por leyes posteriores, […]. No
sucede lo mismo con las denominadas "expectativas", pues como su nombre lo
indica, son apenas aquellas probabilidades o esperanzas que se tienen de
obtener algún día un derecho; en consecuencia, pueden ser modificadas
discrecionalmente por el legislador.
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38
[…]». (Subrayas fuera del texto original)
A su turno la sentencia C-349 de 2004, al analizar el alcance de las
expresiones «automáticamente» y «sin solución de continuidad» en materia
de derechos salariales, prestacionales y garantías convencionales contenidas
en el artículo 17 del aludido decreto, precisó:
«Las expresiones automáticamente y sin solución de continuidad, contrariamente
a lo aducido por los demandantes, pretenden asegurar la garantía de estabilidad
laboral y los demás derechos laborales de los trabajadores, al permitir que no
pierdan sus puestos de trabajo ni vean interrumpida la relación empleador –
trabajador.
[…]
Sin esta continuidad en la relación de trabajo no estarían aseguradas estas
garantías laborales, puesto que al romperse el vínculo empleador - trabajador en
principio cesan las obligaciones del primero para con el segundo, derivadas de la
convención colectiva vigente.
No obstante, para impedir que las mismas puedan ser interpretadas en el sentido
según el cual la automaticidad en el traslado del régimen de trabajadores oficiales
a empleados públicos y la incorporación sin solución de continuidad a las nuevas
plantas de personal acarrea la pérdida de derechos laborales salariales o
prestacionales adquiridos y de garantías convencionales, la Corte declarará su
exequibilidad bajo el entendido que se respeten dichos derechos adquiridos».
(Subraya la Subsección)
De lo anterior se colige que el derecho adquirido se opone a la mera
expectativa, es decir, que el primero es aquel que ha entrado al patrimonio de
la persona natural o jurídica, y que por ende no puede ser sustraído a su titular,
comoquiera que le fue reconocido legítimamente. En otras palabras, este
derecho es la ventaja cuya conservación está garantizada en favor del sujeto
beneficiario del derecho, bien por una acción o una excepción.
Sobre el particular, la Subsección B de esta corporación, en proveído del 1.º
de octubre de 2009 precisó que, los efectos de la mencionada convención a
los trabajadores oficiales, incorporados mediante el Decreto 1750 de 2003 sin
solución de continuidad a las distintas Empresas Sociales del Estado en
calidad de empleados públicos, se extienden hasta el 31 de octubre de 2004,
fecha en que terminó la vigencia de la misma, así:
«[…], la Sala ya ha tenido oportunidad de manifestarse en relación con la
aplicación de las convenciones colectivas a aquellos trabajadores que, sin haya
solución de continuidad, pasan a ser empleados públicos, considerando lo
siguiente: “La aludida convención colectiva cobija única y exclusivamente a los
trabajadores oficiales de la entidad demandada y como la situación laboral de la
demandante, no se enmarca dentro de este supuesto dada la calidad de
empleada pública que la cobijaba para el momento en que fue retirada del
servicio (…) no es viable reconocerle (…) con fundamento en la convención
colectiva reclama, puesto que el cambio de naturaleza del empleo conlleva
necesariamente el cambio de régimen aplicable, lo que indefectiblemente supone
la inaplicación de reconocimientos plasmados en convenciones colectivas, salvo
los derechos adquiridos y las expectativas legítimas, al tenor de lo dispuesto en
el artículo 41647 del C.S.T. que consagra la prohibición de extender cláusulas
47
La citada norma establece: «Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de
peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales
tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se
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39
convencionales a los empleados públicos, calidad que tal y como quedó
demostrado, ostentó la actora. De igual manera, no sobra advertir, que aún
aceptándose el argumento de la “reincorporación al servicio de la actora”, ello no
es garantía de que las cláusulas convencionales le resulten aplicables, máxime
cuando dicha reincorporación procuró mantener la continuidad de la relación,
pero cambió la naturaleza del empleo. Cambio que impide, como ya se dijo, que
las garantías convencionales se le apliquen a quienes antes de dicha
reincorporación ostentaban la calidad de trabajadores oficiales, puesto que estas
garantías y beneficios fueron alcanzados por dichos trabajadores oficiales a
través de acuerdos convencionales que no pueden regular las relaciones de los
empleados públicos que tienen un régimen indemnizatorio, salarial y prestacional
establecido en la ley y sus decretos reglamentarios, tal y como específicamente
lo contempla el artículo 150 numeral 19 literales e y f de la Constitución Política”48.
[…] De acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional, la Sala considera
que los beneficios derivados de la convención colectiva de trabajo suscrita entre
el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato de trabajadores
SINTRASEGURIDAD, debieron extenderse hasta el 31 de octubre de 2004,
fecha en que terminó la vigencia de la misma, conforme con la certificación
expedida por el Coordinador del Grupo de Archivo Sindical del Ministerio de la
Protección Social.
Lo anterior, considerando que al mutar la naturaleza jurídica de los trabajadores
a empleados públicos, al pasar a ser parte de la planta de personal de una
empresa social del Estado, no le siguen siendo aplicables las disposiciones del
derecho colectivo del trabajo y, por tanto, no pueden válidamente invocar la
prórroga automática de la convención a que hace mención el artículo 478 C.S.T.,
que prevé que si dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de su término de
expiración las partes o una de ellas no hubiere manifestado por escrito su
voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por
períodos sucesivos de seis meses en seis meses; ni mucho menos se puede
acudir a la denuncia de la convención, por ser empleados públicos y estar
vinculados a una entidad pública diferente a la que suscribió la convención
colectiva que pretende siga siendo aplicable. […]».
La posición anteriormente transcrita fue unificada por la Sala Plena de la Corte
Constitucional, mediante la sentencia SU-897 del 31 de octubre de 2012, como
a continuación se muestra:
«[…] se concluye que, si bien los empleados públicos no pueden celebrar
convenciones colectivas, los trabajadores oficiales otrora pertenecientes a la
Vicepresidencia de salud del ISS que eran beneficiarios de la convención
colectiva vigente hasta el año 2004, no perdieron las ventajas que esta
convención les reconocía por el simple hecho de que su vínculo con la
administración cambió, ya que dichas ventajas y prebendas constituían derechos
adquiridos que debían ser respetados por sus nuevos empleadores, por el tiempo
en que fue pactada la convención.
Estas son las razones por las cuales la Sala Plena de la Corte constitucional
concluye que la convención celebrada entre el ISS y sus trabajadores oficiales
pertenecientes a la vicepresidencia de salud estuvo vigente hasta el 31 de
octubre de 2004, no obstante haber desaparecido el ISS en el 2003 por virtud del
tantas veces mencionado decreto ley 750 de 2003 (SIC).
tramitarán en los mismos términos que los demás, aún cuando no puedan declarar o hacer huelga.»
Aparte subrayado y en letra itálica declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-1234 de 29 de noviembre de 2005.
48
Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 1.º de julio de 2009, Radicado: 2007-1355.
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40
[…]
El principal argumento es que, como se explicó anteriormente, los empleados
públicos no pueden disfrutar de beneficios convencionales. No obstante, en este
caso, en virtud de la protección que la Constitución dispensa respecto de los
derechos adquiridos –artículo 58-, dichos beneficios se mantuvieron hasta que
se cumplió el plazo inicialmente pactado en la convención, esto es hasta el 31 de
octubre de 2004. Entender que a partir de este momento la convención se
prorrogó indefinidamente no es de recibo en el ordenamiento jurídico colombiano,
en virtud de las siguientes razones:
1) Se crearía por parte de la jurisprudencia un tercer tipo de vínculo con la
administración: los empleados públicos que disfrutan regularmente de beneficios
convencionales, lo cual, además de no tener fundamento constitucional ni legal
en el ordenamiento colombiano, iría en contra del principio de igualdad. Esta
posición ha sido sostenida por la Sala Plena de esta corporación en sede de
constitucionalidad, tal y como se consagró en la sentencia C-314 de 2004, al
manifestarse en contra de que los empleados públicos de las ESEs tuvieran un
derecho adquirido a disfrutar indefinidamente de los beneficios convencionales o
celebrar convenciones colectivas: “El absurdo al que conduciría una conclusión
contraria implicaría reconocer que cierto tipo de empleados públicos –los que
antes han sido trabajadores oficiales- tendrían derecho a presentar convenciones
colectivas de trabajo, a diferencia de aquellos que nunca fueron trabajadores
oficiales, con lo cual se generaría una tercera especie de servidores públicos, no
prevista en la ley sino resultado de la transición de un régimen laboral a otro,
afectándose por contera el derecho a la igualdad de los empleados públicos que
no habiendo sido jamás trabajadores oficiales, no tendrían derecho a mejorar por
vía de negociación colectiva la condiciones laborales de sus cargos.” –negrillas
ausentes en texto original-
2) La desaparición de una de las partes de la relación laboral –el empleador-
impide que la convención colectiva se prorrogue respecto de quienes en el
pasado fueron trabajadores en aquella relación laboral. En efecto, el cambio de
empleador elimina una de las partes que celebraron la convención colectiva y,
como es lógico, cualquier renovación de beneficios convencionales debería tener
como presupuesto la existencia de quien se compromete a proporcionarlos, esto
es, el nuevo empleador. No resulta acorde con la filosofía del derecho de
negociación colectiva que se extiendan indefinidamente –con base en una
supuesta renovación automática- los beneficios convencionales de una relación
laboral que dejó de existir.
3) El argumento anterior cobra aun más sentido si se tiene en cuenta que el nuevo
empleador –es decir las ESEs- no podían denunciar la convención colectiva
tantas veces referida en virtud a que no fue nunca una de las partes involucradas
en su celebración. La denuncia y renegociación de los beneficios convencionales,
como es lógico, corresponde a las partes que celebraron la convención colectiva.
No es posible que un tercero que no participe en dicha negociación denunciar o
renegociar convenciones pasadas de sus actuales trabajadores.
[…]».
A efectos de resolver los planteamientos expuestos por la demandante en el
recurso de apelación encaminados a que se le reconozcan las prerrogativas
amparadas por la convención colectiva suscrita entre el ISS y
Sintraseguridadsocial, hace falta entonces acudir a los lineamientos
jurisprudenciales aludidos en líneas precedentes, específicamente en lo que
atañe a las calidades de trabajador oficial que debía de ostentar la señora
Daysi Esperanza Silva Cifuentes previa escisión del ISS, y creación de la E.S.E
Antonio Nariño.
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41
Se recuerda pues que, de conformidad con lo probado en el plenario, la
demandante estuvo vinculada mediante contrato de prestación de servicios
con el ISS, durante el periodo comprendido entre el 30 de septiembre de 1994
y el 1.º de julio de 2003, y con la E.S.E entre el 2.º de julio de 2003 y el 30 de
noviembre de 2003, así como a través de cooperativas de trabajo asociado,
entre el 22 de diciembre de 2003 y el 17 de abril de 2005.
Así mismo, se encuentra demostrado que mediante Resolución 2346 del 16
de marzo de 200549, la señora Silva Cifuentes fue nombrada en provisionalidad
en el cargo de Profesional Universitario, Código 3020, Grado 14, y que tomó
posesión del mismo el 18 de abril del mismo año50.
El 31 de octubre de 2001, el Instituto de Seguros Sociales suscribió con el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social, Convención
Colectiva de Trabajo, cuya vigencia corresponde al período comprendido entre
el 1º de noviembre de 2001 y el 31 de octubre de 200451.
De lo anterior se sigue que no hay lugar a acceder al reconocimiento
reclamado en tanto, para la época en que la convención colectiva previamente
referenciada fue suscrita (31 de octubre de 2001) y tuvo su vigencia, (artículo
2.º, entre el 1.º de noviembre de 2001 y el 31 de octubre de 2004), la señora
Daysi Esperanza Silva Cifuentes se encontraba vinculada mediante contratos
de prestación de servicios y a través de cooperativas de trabajo asociado, por
lo que no podía predicarse su condición de trabajadora oficial en los términos
ampliamente descritos, y en consecuencia, su derecho a los beneficios
derivados de la convención.
Se reitera que la sentencia por medio de la cual se declara la existencia de
una relación laboral encubierta, tiene carácter constitutivo y, en esa medida no
puede alegarse la existencia de un derecho adquirido en los términos
previamente desarrollados, que por demás, solo pueden ser alegados por
quienes para la época de la escisión del ISS ostentaran la calidad de
trabajadores oficiales, y solo hasta el término de su vigencia, que se recuerda
fue hasta el 31 de octubre de 2004, fecha para la cual la interesada aún no
había sido nombrada en provisionalidad, con las características propias de una
empleada pública.
Finalmente, en gracia de discusión, de considerar que los emolumentos
deprecados, derivados de la convención colectiva de trabajo cuya aplicación,
reconocimiento y pago pretende la demandante sí le fueran adjudicables, la
Sala estima que, en virtud de lo dispuesto en el problema jurídico anterior,
sobre los mismos operó la prescripción extintiva del derecho.
Cuarto problema jurídico
¿Le asiste el derecho a la convocante al reconocimiento y pago de la
indemnización prevista en los Decretos 921 y 922 de 2007 o en el Decreto
3870 de 2008?
49
Folio 366, Anexo 3.
50
Folio 373, Anexo 3.
51
Folios 537 a 563, Anexo 3.
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42
Al respecto la Sala sostiene la siguiente tesis: en atención a las disposiciones
que sobre la supresión de cargos estipuló el Decreto 3870 de 2008, con
ocasión del proceso liquidatorio de la E.S.E. Antonio Nariño, la demandante
no tiene derecho al reconocimiento y pago de la indemnización reclamada, por
cuanto no fue incorporada de manera automática como empleada pública a la
entidad, y su vinculación legal y reglamentaria se dio con posterioridad al 26
de junio de 2003.
El Decreto 921 del 22 de marzo de 2007 por medio del cual se aprobó la
modificación de la estructura de la E.S.E Antonio Nariño, previó en su artículo
13, «la tabla de indemnización a que tienen derecho los servidores públicos
incorporados automáticamente como empleados públicos en la planta de personal de
la Empresa Social del Estado Antonio Nariño en cumplimiento de la Sentencia C-349
de 2004, cuyos empleos sean suprimidos como consecuencia de la modificación de
la planta de personal, […]».
A su turno, el Decreto 922 del mismo mes y año aprobó la modificación de la
planta de personal de la Empresa Social del Estado Antonio Nariño.
Mediante el Decreto 3870 del 3 de octubre de 2008, el Gobierno Nacional
dispuso la supresión de la referida E.S.E. y ordenó su liquidación en un plazo
de dos años contados a partir de la vigencia de dicho decreto, periodo que
podía ser prorrogado.
Según los elementos probatorios obrantes en el plenario y debidamente
valorados, la demandante continuó vinculada legal y reglamentariamente con
la E.S.E. Antonio Nariño hasta el 30 de septiembre de 2011, fecha en la cual,
por virtud del Decreto 3870 de 2008, se suprimió el cargo por ella
desempeñado, por lo que en principio, las disposiciones contenidas en el
Decreto 921 de 2007, no le son aplicables a las condiciones fácticas de la
señora Daysi Esperanza Silva Cifuentes, quien con posterioridad a la
reestructuración de la entidad, siguió prestando sus servicios en el cargo para
el que fue nombrada en provisionalidad, de conformidad con las certificaciones
laborales relacionadas en el cuadro que antecede, y las declaraciones
recepcionadas en la etapa probatoria; de manera que el análisis respectivo
debe efectuarse a la luz del multicitado Decreto 3870.
Se tiene entonces que el artículo 14 de la norma en comento, previó la «tabla
de indemnización a que tienen derecho los servidores públicos incorporados
automáticamente como empleados públicos en la planta de personal de la Empresa
Social del Estado Antonio Nariño en cumplimiento de la Sentencia C-349 de 2004,
cuyos empleos sean suprimidos como consecuencia de la supresión y liquidación de
la entidad, […]».
Seguidamente el parágrafo 3.º de dicho canon, contempló una restricción al
reconocimiento de la indemnización en los siguientes términos:
«[…] Parágrafo 3º. Esta indemnización no aplica a quienes desempeñen cargos
de libre nombramiento y remoción, ni a quienes hayan ingresado después del 26
de junio de 2003 a la Empresa Social del Estado Antonio Nariño, creada mediante
el Decreto-ley 1750 de 2003. […]».
En ese orden de ideas, la situación fáctica y jurídica de la demandante no
comprende los elementos necesarios para que proceda el reconocimiento de
la indemnización reclamada, pues no solo no fue incorporada de manera
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43
automática como empleada pública a la E.S.E Antonio Nariño, por no haber
tenido una vinculación legal y reglamentaria previa a la escisión del ISS, sino
que fue nombrada en provisionalidad en los cargos de profesional
universitario52 y profesional especializado53, con posterioridad al 26 de junio
de 2003.
Quinto problema jurídico
¿Quién es el llamado a responder por las condenas que surjan con ocasión de
la declaratoria de la existencia de una relación laboral encubierta?
La Subsección sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con el Otrosí No.
11 al contrato de Fiducia Mercantil No. 013 de 2010, quien debe asumir las
condenas que surja con ocasión de la declaratoria de la existencia de una
relación laboral es el Ministerio de Salud y Protección Social.
La Empresa Social del Estado Antonio Nariño fue creada mediante el Decreto
Ley 1750 del 2003, como una categoría especial de entidad pública
descentralizada del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de la Protección
Social.
A través del Decreto 3870 del 3 de octubre de 2008 se dispuso su supresión y
liquidación, en consideración a las deficiencias en la calidad de la prestación
del servicio de salud, y en su artículo 4 se indicó que el liquidador sería la
Alianza Fiduciaria SA, quien debería suscribir el correspondiente contrato con
el Ministerio de la Protección Social, el cual sería pagado con cargo a los
recursos de la entidad en liquidación.
Ahora bien, y en atención a que los activos de la empresa resultaron
insuficientes para tal finalidad, el 4 de agosto de 2011 se expidió el Decreto
2752 que en su artículo primero y parágrafo, señaló:
«Artículo 1º. En virtud del presente decreto la Nación asume el valor de las
obligaciones laborales reconocidas insolutas a cargo de la Empresa Social del
Estado Antonio Nariño en liquidación, únicamente por concepto del valor de la
normalización pensional aprobado por la entidad ante la cual se surtió dicho
mecanismo y respecto de las obligaciones laborales reconocidas, las
obligaciones laborales clasificadas en el pasivo cierto no reclamado, los procesos
jurídicos laborales, así como las clasificadas como gastos administrativos
laborales.
[…]
La asunción del valor de los pasivos laborales incluye los aportes a la seguridad
social sólo por concepto de pensiones y de salud.
Esta asunción excluye cualquier otra obligación de la Empresa Social del Estado
Antonio Nariño en liquidación que esté determinada o pueda determinarse.
Parágrafo. Los recursos para el pago de las obligaciones laborales cuyo valor
asume la Nación de conformidad con el presente artículo serán girados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la entidad fiduciaria contratada por la
entidad en liquidación, de conformidad con el artículo 35 del Decreto-ley 254 de
52
Folios 366 y 373, Anexo 3.
53
Folios 390 y 391, y 401 a 403, Anexo 3.
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44
2000 modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, para lo cual en el
contrato de fiducia mercantil se incluirán las previsiones correspondientes.
Los recursos de la normalización pensional serán girados por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público a la entidad que será la obligada frente a los
beneficiarios para realizar los pagos correspondientes.»
Así las cosas, es del caso resaltar, respecto a la asunción de obligaciones
pendientes de la E.S.E., que en el caso de que los recursos entregados a la
fiducia no alcancen para el pago de las condenas y pasivos de la entidad, el
parágrafo 1.º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998 señala que en los actos de
liquidación de las entidades, como las E.S.E., se dispondrá sobre la
subrogación de obligaciones y derechos de los organismos o entidades
suprimidas o disueltas, la titularidad y destinación de bienes o rentas, los
ajustes presupuestales necesarios, el régimen aplicable a la liquidación y, de
conformidad con las normas que rigen la materia, la situación de los servidores
públicos.
Así mismo, el Decreto 414 de 2001 en su artículo 3 dispuso que, si terminado
el proceso de liquidación de una entidad sobreviven a éste, procesos judiciales
o reclamaciones, los mismos serán atendidos por la entidad que, de
conformidad con el parágrafo 1.º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, haya
sido señalada en el acto que ordenó la liquidación como receptora de los
inventarios de bienes y subrogataria de los derechos y obligaciones de la
entidad liquidada.
Por su parte, el artículo 32 del Decreto 254 de 2000 prevé que:
«En caso de que los recursos de la liquidación de un establecimiento público o
de una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional no societaria
sean insuficientes, las obligaciones laborales estarán a cargo de la Nación o de
la entidad pública del orden nacional que se designe en el decreto que ordene la
supresión y liquidación de la entidad. Para tal efecto se deberá tomar en cuenta
la entidad que debía financiar la constitución de las reservas pensionales.
Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo 6º del artículo 1º de la
Ley 573 de 2000, la Nación podrá asumir o garantizar obligaciones de las
entidades públicas del orden nacional, incluidas las derivadas de las cesiones de
activos, pasivos y contratos que haya realizado la entidad en liquidación,
actuaciones que no causarán el impuesto de timbre siempre y cuando se realicen
entre entidades públicas.»
A su vez, el artículo 35 del Decreto 254 de 2000, modificado por el artículo 19
de la Ley 1105 de 2006, dispuso:
«Artículo 35.-Traspaso de bienes, derechos y obligaciones. Modificado por el
art. 19, Ley 1105 de 2006. A la terminación del plazo de la liquidación, el
liquidador podrá celebrar contratos de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria
por el cual se transferirá activos de la liquidación con el fin de que la misma los
enajene y destine el producto de dichos bienes a los fines que en el inciso
siguiente se indican. La entidad fiduciaria contratista formará con los bienes
recibidos de cada entidad en liquidación un patrimonio autónomo.
La entidad fiduciaria destinará el producto de los activos que les transfiera el
liquidador a pagar los pasivos y contingencias de la entidad en liquidación, en la
forma que hubiere determinado el liquidador en el contrato respectivo, de
conformidad con las reglas de prelación de créditos previstas en la ley.
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[…]
Cumplido el plazo de la liquidación en el acta final de liquidación por la cual se
pone fin a la existencia legal de la entidad y, cuando sea del caso, se indicarán
los activos que se transfieren o que se encuentran en un patrimonio autónomo
de conformidad con el presente artículo, así como los pasivos que se pagarán
con cargo a dicho patrimonio autónomo, y las obligaciones que asuman otras
entidades con sujeción a lo previsto en el presente decreto.
Si al terminar la liquidación existieren procesos pendientes contra la entidad, las
contingencias respectivas se atenderán con cargo al patrimonio autónomo al que
se refiere el presente artículo o a falta de este, el que se constituya para el efecto.
Lo anterior sin perjuicio de los casos en que la Nación u otra entidad asuman
dichos pasivos, de conformidad con la ley.» (Negrilla y subrayas fuera de texto)
Teniendo en cuenta lo indicado, y como la E.S.E. Antonio Nariño se encuentra
jurídicamente extinta y la sociedad Alianza Fiduciaria S.A. hizo entrega de los
procesos judiciales, entre otros, a la Fiduprevisora S.A. para que los
administrara, así como ésta asumió la representación del patrimonio
autónomo, constituido para el pago de pasivos de la entidad liquidada, es esta
entidad la que en principio tendría el deber legal de asumir el pago de las
condenas en contra de aquella, salvo que los recursos entregados no alcancen
para tal efecto, evento en el cual deberá realizarse el pago por el organismo
que sea designado por la normativa que se profiera para dichos efectos, toda
vez que a la fecha no se ha precisado dicho aspecto.
Así mismo, es de resaltar que, conforme al cierre del proceso liquidatorio de la
E.S.E., los contratos mediante los cuales se constituyeron las fiducias del
patrimonio autónomo de la entidad liquidada fueron cedidos al otrora Ministerio
de la Protección Social, entidad que en adelante actuaría como fideicomitente
cesionario de los mismos.
Precisado lo anterior, en lo concerniente a la figura de la fiducia es dable
destacar que el Código de Comercio establece que los bienes constituidos en
el correspondiente fideicomiso, no forman parte de la garantía general de
acreedores de la entidad fiduciaria y que el patrimonio constituido en fiducia,
únicamente garantiza las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la
finalidad perseguida.
Adicionalmente, es de destacar que el mismo código en su artículo 1233
establece que los bienes que constituyen los bienes en fideicomiso se
mantienen separados del resto del activo fiduciario y forman un patrimonio
autónomo destinado a cumplir con la finalidad de la fiducia.
En ese orden de ideas, la Fiduprevisora S.A., en su calidad de administradora
del patrimonio autónomo de la liquidada E.S.E. Antonio Nariño, estaría
únicamente obligada a responder hasta el monto en que fue constituida la
fiducia, razón por la cual toda obligación que exceda el valor del fideicomiso
no le corresponderá a dicha sociedad sino que deberá ser complementado o
suplido por la entidad del orden nacional que sea designada por la normativa
que se profiera para dichos efectos, en el evento de que se hubieren agotado
los recursos de ese patrimonio autónomo.
Ante el vació normativo aún existente, corresponde entonces verificar las
disposiciones contenidas en el contrato de fiducia mercantil No. 013 del 30 de
noviembre de 2010.
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De conformidad con las facultades contenidas en el artículo 35 del Decreto
Ley 254 de 2000, modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, el
liquidador de la E.S.E. Antonio Nariño suscribió contrato de fiducia mercantil
No. 013 de 2010, con la sociedad Alianza Fiduciaria S.A, en virtud del cual se
constituyó el Patrimonio Autónomo de Remanentes de la E.S.E. Antonio
Nariño, cuyo objeto contractual consiste en la administración del patrimonio
autónomo a integrarse, con los activos monetarios y no monetarios, que le
transfirió la E.S.E. al cierre del proceso liquidatorio, a efectos de realizar los
pagos con cargo a dichos recursos, administrar los procesos judiciales,
contratos y reservas cedidos por la liquidación de la mencionada Empresa
Social del Estado.
Posteriormente, el 30 de junio de 2015, mediante Otrosí No. 9, la sociedad
Alianza Fiduciaria S.A., cede a la Fiduciaria La Previsora S.A., el contrato de
Fiducia Mercantil No. 013 de 2010, con la autorización y aceptación del
Ministerio de Salud y Protección Social.
Con la expedición del Otrosí No. 11, se prorrogó por cinco (5) meses el término
de duración del contrato de fiducia mercantil, es decir, hasta el 28 de febrero
de 2017, y por virtud del mismo la Fiduciaria La Previsora S.A., quedó
exonerada «del manejo, seguimiento y administración de los procesos vigentes que
fueron entregados por el Liquidador de la extinta Empresa Social del Estado y de los
notificados con posterioridad al cierre de proceso liquidatorio que estaban a cargo del
Patrimonio Autónomo de Remanentes, en los cuales se adelantaba la defensa judicial
de la Extinta Empresa Social del Estado, del Patrimonio Autónomo de Remanentes
y/o de Fiduprevisora S.A., procesos que se entregarán a la Dirección Jurídica del
Ministerio de Salud y Protección Social, para que continúe con la defensa judicial de
los mismos, manteniendo las demás obligaciones. […]».
De conformidad con lo anterior, observa la Sala que de folios 610 a 611 del
expediente, obra solicitud de desvinculación procesal de la Fiduciaria La
Previsora S.A. y, asimismo de vinculación del Ministerio de Salud y Protección
Social.
Al respecto se tiene que, el libelo introductorio54 estuvo dirigido, entre otros,
contra este ente ministerial, el auto admisorio55 de la demanda dispuso su
notificación, y el mismo se hizo parte al dar contestación56 dentro de la
oportunidad procesal, por lo que se encuentra debidamente vinculado.
Ahora, de la exoneración referenciada por la Fiduciaria Previsora S.A., no
puede extraerse que el pago de las condenas o la amortización patrimonial de
las mismas, haya sido igualmente trasladada al Ministerio de Salud y
Protección Social, sino que la transferencia hecha a dicha entidad con ocasión
del último otrosí, solo refiere a temas de administración y gestión judicial.
Con todo, no puede la Subsección desconocer que la prórroga efectuada
mediante el Otrosí No. 11 al contrato de fiducia mercantil 013, consistente en
ampliar sus efectos hasta el 28 de febrero de 2017, se encuentra vencida al
momento en que se emite el presente pronunciamiento, por lo que debe
entenderse que dicho contrato dejó de surtir efectos jurídicos, y el deber
54
Folio 91, C1.
55
Folios 137 y 138, C1.
56
Folioa 150 a 165, C1.
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contractual de La Previsora S.A. de ejercer la supervisión y vigilancia de los
procesos, ha cesado; en esa medida, y de conformidad con lo previamente
expuesto, quien continúa como titular de la obligación es el Ministerio de Salud
y Protección Social.
Decisión de segunda instancia
Por las razones expuestas la Subsección revocará parcialmente el ordinal
primero de la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en el sentido de declarar no probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva en relación con la
Nación, Ministerio de Salud y Protección Social.
Así mismo, modificará el ordinal quinto el cual quedará de la siguiente manera:
«Quinto: a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación,
Ministerio de Salud y Protección Social a reconocer y pagar los porcentajes de
cotización correspondientes a pensiones, para lo cual deberá tomar durante el
tiempo comprendido en el vínculo contractual (30 de diciembre de 1994 hasta el
30 de noviembre de 2003, y entre el 22 de diciembre de 2003 hasta el 17 de abril
de 2005), el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la demandante (los
honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes
realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo
fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en
el porcentaje que le correspondía como empleador, por lo que la actora deberá
acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos
contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese
diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso,
el porcentaje que le incumbía como trabajadora.»
Finalmente, confirmará en todo lo demás la providencia recurrida.
De la condena en costas
Esta Subsección en providencias del 7 de abril de 201657 sentó posición sobre
la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se
determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en
costas por lo siguiente:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
57
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
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d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP58, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará
en costas de segunda instancia a ninguna de las partes, toda vez que los
recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada,
Nación – Ministerio de Salud y Protección social no prosperaron, y la actuación
de los intervinientes en etapa de alegaciones de segunda instancia, aconteció
como materialización de su derecho de defensa y contradicción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar parcialmente el ordinal primero de la sentencia del 24 de
mayo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso la señora
Daysi Esperanza Silva Cifuentes en contra de la Nación, Ministerio de Salud y
Protección Social; Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y Sociedad
Alianza Fiduciaria S.A., Patrimonio Autónomo de Remanentes de la E.S.E.
Antonio Nariño, en el sentido de declarar no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva en relación con la Nación, Ministerio de
Salud y Protección Social.
Segundo: Modificar el ordinal quinto de la sentencia recurrida, el cual queda
de la siguiente manera:
«Quinto: a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación,
Ministerio de Salud y Protección Social a reconocer y pagar los porcentajes de
cotización correspondientes a pensiones, para lo cual deberá tomar durante el
tiempo comprendido en el vínculo contractual (30 de diciembre de 1994 hasta el
30 de noviembre de 2003, y entre el 22 de diciembre de 2003 hasta el 17 de abril
58
«Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
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de 2005), el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la demandante (los
honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes
realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo
fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en
el porcentaje que le correspondía como empleador, por lo que la actora deberá
acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos
contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese
diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso,
el porcentaje que le incumbía como trabajadora.»
Tercero: Confirmar en todo lo demás la sentencia recurrida.
Cuarto: Sin condena en costas de segunda instancia por lo brevemente
expuesto.
Quinto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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