Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-09473-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-09473-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-09473-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
30 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ONCE ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-15-000-2021-09473-00
Recurrente: Fabio Ramón Moratto López, Anthony Olivieri Ripoll y Yelitza
Angélica Moratto Ripoll
Temas: Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación. Causales 2
y 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado resuelve el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por los señores Fabio Ramón Moratto López,
Anthony Olivieri Ripoll y Yelitza Angélica Moratto Ripoll, quienes actúan por
intermedio de apoderado judicial, contra la sentencia de 5 de noviembre de 2020,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado1.
I. ANTECEDENTES
1. Medio de control nulidad y restablecimiento del derecho
El 13 de julio de 2015, la señora Libia del Carmen Ripoll Ripoll en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP y la administradora de fondos de pensiones y
cesantías Horizonte (hoy Porvenir S.A.), con el fin de que se declarara: i) la nulidad
de las Resoluciones RDP 012951 de 31 de marzo de 2015 por la cual la UGPP negó
el reconocimiento de la pensión por vejez y RDP 024497 de 17 de junio de 2015
que resolvió en forma negativa el recurso de apelación interpuesto y ii) la nulidad
del acto ficto negativo resultante de la petición de 16 de abril de 2015 que no accedió
a dejar sin efecto el traslado de regímenes.
A título de restablecimiento del derecho solicitó que i) se declare la nulidad de la
afiliación de la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad en
Pensiones Horizonte hoy Porvenir S.A. -realizado el 30 de noviembre de 1995-, ii)
ordenar a Porvenir S.A. trasladar las cotizaciones efectuadas por la demandante
en el sector público a la UGPP y devolver los aportes realizados en el sector privado,
por ser incompatibles con la pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985 y iii) ordenar
1 Expediente rad. 20001-23-39000-2015-00358-01 (4244-2017). M.P. William Hernández Gómez.
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a la UGPP reconocer y pagar a la demandante la pensión en los términos de la Ley
33 de 1985.
En la demanda ordinaria se señalaron como hechos relevantes (i) que la
demandante nació el 29 de mayo de 1955 y cumplió 55 años el 29 de mayo de 2010;
(ii) que se encontraba amparada por el régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, porque para el momento de su entrada en vigencia -1 de
abril de 1994-, contaba con más de 38 años de edad; (iii) que “prestó servicios al Estado
por más de 20 años” y al ser beneficiaria del régimen de transición, el reconocimiento
pensional se debía hacer con la Ley 33 de 1985; (iii) que el 1° de diciembre de 1995
se trasladó del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro
individual con solidaridad, “motivada por un supuesto beneficio consistente en que la
pensión sería más favorable respecto de la que le otorgaba el régimen de prima”; (iv) que
el fondo privado omitió informarle sobre las consecuencias del traslado, tales como
“la pérdida del régimen de transición, el derecho a la pensión a los 57 años y no a los 55,
que no se incluyan todos los factores salariales percibidos en el último año de servicios,
sino un ponderado del dinero versus una expectativa de vida”, lo que le resultó lesivo a
sus intereses.
Asimismo, (v) que el 21 de noviembre de 2014, la actora solicitó a Porvenir S.A. la
nulidad del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad y la devolución
de los aportes privados, petición que fue negada el 28 del mismo mes y año y (vi)
que en la misma fecha -21 de noviembre de 2014-, solicitó a la UGPP el
reconocimiento de la pensión conforme a la Ley 33 de 1985 -efectiva a partir del 29
de mayo de 2010 con el 75% de todos los factores salariales percibidos en el último año de
servicio-, la cual fue negada por la UGPP por medio del acto administrativo
demandado, bajo el argumento de que en el periodo comprendido entre el 1° de
enero de 1996 y el 30 de noviembre de 2006, la peticionaria no había efectuado
aportes en dicha entidad, decisión que fue confirmada en sede de apelación
administrativa.
El Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia de 13 de julio de 2017 denegó las
pretensiones de la demanda2, con sustento en los siguientes argumentos:
En primer lugar, sostuvo que la demandante cumplía el requisito de edad para ser
beneficiaria del régimen de transición, pues para la entrada en vigencia la Ley 100
de 1993 tenía más de 35 años.
Por otra parte, en relación con el traslado al régimen de ahorro individual con
solidaridad advirtió que el principio de escogencia de regímenes tenía unas
limitaciones, entre ellas, la prohibición de traslado cuando al afiliado le faltaren 10
años o menos para adquirir la edad mínima de pensión, supuesto en el que se
encontraba la demandante, ya que tenía 62 años -para la fecha de la sentencia-, por lo
que no procedía su solicitud.
En tercer término, indicó que de conformidad con la sentencia SU-130 de 20133, el
traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima media con prestación
definida, en cualquier tiempo, es posible respecto de afiliados con 750 semanas
cotizadas o 15 años o más de servicios al 1° de abril de 1994, requisitos que no
cumplía la demandante por cuanto de las pruebas aportadas se pudo concluir que
2 Folios 543 a 562 del expediente del recurso extraordinario de revisión.
3 Corte Constitucional. M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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para dicha fecha había cotizado 413.4 semanas, no siendo posible el traslado entre
regímenes.
Asimismo, se refirió a la procedencia de la anulación de la afiliación de la
demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad por vicios en el
consentimiento, pues a su juicio, “fue sometida a engaños y supuestos beneficios para
cambiarse de régimen”, para lo cual valoró la solicitud de vinculación de la actora al
fondo de pensiones, los testimonios practicados y el oficio no. 2410 de 12 de
diciembre de 2016 allegado por Porvenir S.A.
Así las cosas, sostuvo que en el oficio no. 2410 de 12 de diciembre de 2016 remitido
por Porvenir S.A. se indicó que “la señora LIBIA DEL CARMEN RIPOLL RIPOLL realizó
las afiliaciones al RAIS de manera voluntaria, libre y espontánea, igualmente recibió la
asesoría integral y completa por parte de HORIZONTE, hoy PORVENIR S.A. y acerca de
las implicaciones que llevaba consigo el traslado de régimen, tal y como lo hace constatar
la misma demandante al imponer su firma en la casilla correspondiente dentro del formulario
de afiliación que se anexó al proceso como prueba”, a lo que agregó que los testimonios
no tenían la capacidad demostrativa de acreditar la vinculación de la demandante
al régimen de ahorro individual con solidaridad, pues se basaron en meras
suposiciones. Agregó que en el citado oficio Porvenir S.A. aclaró que “en el momento
de la afiliación de la demandante no existía la obligación para los asesores, de presentar
un documento escrito de las proyecciones de pensión, pues este solo fue exigible con la
Ley 1328 de 2009, sin embargo, aquellos estaban instruidos para brindar dicha asesoría de
manera verbal”.
Con sustento en esos argumentos, el Tribunal Administrativo del Cesar concluyó
que las pretensiones invocadas en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho no estaban llamada a prosperar, dado que Porvenir S.A. demostró que
había brindado a través de sus asesores la información pertinente a la demandante
sobre el cambio de régimen pensional al momento de la afiliación, y al no haberse
probado lo contrario por la actora no era posible acceder a la anulación de la
afiliación “pues lo único cierto es que ésta firmó el formulario, de donde se extrae que con
dicha firma seleccionó de manera libre y voluntaria el cambio de régimen”. Además, la
actora tuvo la oportunidad de regresar al régimen anterior al momento de percatarse
del desmedro causado, sin embargo, no lo hizo acudiendo solo 22 años después de
la afiliación a alegar un vicio en su consentimiento, para solicitar la ineficacia de su
cambio de régimen.
Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación, en
el que señaló que se debía determinar si Porvenir S.A. cumplió con el deber de
suministrar la información “suficiente, necesaria y eficaz” para que la actora pudiera
emitir su consentimiento para el traslado de régimen, en tanto para el a quo “es
suficiente la simple firma de un documento que fue suministrado por la misma demandada,
en el que por demás no indica que haya suministrado la información necesaria y menos en
qué consistió la misma”, y que la estipulación prevista en el formulario que señala
“firma de forma libre y espontánea”, no demuestra que se haya recibido la asesoría
para comprender las implicaciones del traslado.
De igual modo, alegó que se omitió tener en cuenta “lo regulado en el inciso 3, numeral
1°del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, que es claro en señalar que no era posible para los
empleados de carrera administrativa que se encontraban en el régimen de prima media,
trasladarse al de ahorro individual”. Agregó que la carga de la prueba sobre la
obligación de informar las implicaciones del traslado recaía en el fondo privado, sin
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embargo, Porvenir S.A. no demostró haber dado “la información necesaria para que la
demandante pudiera emitir un acto de voluntad documentado”, y solo afirmó que, a
través de los asesores, de forma verbal, le brindó la información respectiva a la
demandante, porque para ese momento la norma no exigía que se diera por escrito.
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia
de 5 de noviembre de 2020 -objeto del recurso extraordinario de revisión-, confirmó la
determinación de primera instancia4, con fundamento en las siguientes razones:
Hizo referencia a los regímenes del Sistema General de Pensiones creados en la
Ley 100 de 1993 y a los requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez en
el régimen de prima media con prestación definida y en el de ahorro individual con
solidaridad, y se refirió al régimen de transición previsto en el artículo 36 de dicha
normativa.
Asimismo, citó la Ley 797 de 2003, el Decreto 3800 de 2003, el Acto Legislativo 01
de 2005 que delimitó la aplicación del régimen de transición y reguló el parámetro
temporal de su vigencia y la sentencia SU-130 de 2013, en la que la Corte
Constitucional unificó su jurisprudencia en relación con el traslado del régimen de
ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida
de las personas beneficiarias del régimen de transición.
Indicó que la referida sentencia concluyó que únicamente los afiliados al sistema
pensional con 15 años o más de servicios cotizados al 1° de abril de 1994, podían
trasladarse en cualquier momento del régimen de ahorro individual con solidaridad
al régimen de prima media con prestación definida y conservar los beneficios del
régimen de transición. Agregó que los beneficiarios del régimen de transición no
tienen un derecho adquirido, sino una expectativa a pensionarse en los términos de
la normativa anterior a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones de
la Ley 100 de 1993, y que quien se trasladó de régimen sin cumplir los 15 años de
servicio o tener 750 semanas cotizadas, perdió o dejó de ser beneficiario de dicha
transición.
En relación con el caso concreto, encontró probado que para el 30 de junio de 1995
la demandante únicamente acreditó 9 años, 9 meses y 29 días de servicios
prestados, por lo que no cumplió el requisito de los 15 años de servicio para
mantener los beneficios del régimen de transición, al haberse trasladado al fondo
privado.
Respecto al traslado “como producto de engaños o ausencia de información por parte de
Porvenir S.A.”, hizo referencia al deber de información a cargo de las administradoras
de fondos de pensiones, y luego de valorar las pruebas obrantes en el proceso
concluyó que “los dichos de los deponentes se basaron en las denominadas pruebas de
referencia o de oídas y, por lo tanto, no tienen la capacidad de demostrar por sí solos los
hechos que alega la libelista”. Por el contrario, el oficio expedido por Porvenir S.A. -no.
2410 de 12 de diciembre de 2016-, da cuenta que brindó la información requerida para
que la señora Libia del Carmen Ripoll Ripoll pudiera elegir libremente el cambio de
régimen, lo cual desvirtúa el supuesto engaño y, por ende, el vicio del
consentimiento alegado por la demandante que podía dar lugar a la anulación de la
afiliación.
4 Folios 307 a 338 del expediente del recurso extraordinario de revisión.
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Agregó que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha
sostenido que “la AFP debe demostrar que informó debidamente a la afiliada respecto de
las implicaciones que causaba el traslado”, y conforme con el oficio aportado Porvenir
S.A. hizo constar que efectivamente realizó su labor de comunicarle a la demandada
cuáles eran los beneficios y los posibles perjuicios como consecuencia de afiliarse
al fondo.
En relación con el argumento de la demandante según el cual “el inciso 3, numeral 1°
del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, prevé que durante los 3 años siguientes a la vigencia
de la ley, los servidores públicos en cargos de carrera administrativa, afiliados al régimen
de prima media con prestación definida deberán permanecer en dicho régimen mientras
mantengan dicha calidad”, advirtió que tal disposición fue creada por la Ley 797 de
2003, cuando la demandante ya se había trasladado de régimen -30 de noviembre de
1995-, por lo que no le resultaba aplicable.
Para terminar, sostuvo que la demandante perdió los beneficios del régimen de
transición porque no cumplió con el requisito de acreditar los 15 años de servicio
para el 30 de junio de 1995, al haberse trasladado del régimen de prima media con
prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, y tampoco se demostró
que el traslado hubiera sido consecuencia de engaño o de la omisión de Porvenir
S.A. en proporcionar la información pertinente.
2. Argumentos del recurso extraordinario de revisión
Los señores Fabio Ramón Moratto López, Anthony Olivieri Ripoll y Yelitza Angélica
Moratto Ripoll5, interpusieron recurso extraordinario de revisión contra la referida
sentencia con fundamento en las causales previstas en los numerales 2 y 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, esto es, “[h]aberse dictado la sentencia
con fundamento en documentos falsos o adulterados” y “[e]xistir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”. La
parte recurrente solicitó como medida cautelar el reconocimiento y pago transitorio
de la prestación económica -pensión post mortem-.
En lo que atañe a la causal 2 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, indicaron que
Porvenir S.A. adulteró el contenido del oficio no. 2410 de 12 de diciembre de 2016,
“para mostrarlo como un documento idóneo, el cual aportó sin soporte adicional, y lo más
importante: contradiciendo lo que la actora le endilga no hizo, con la simple afirmación del
fondo, sin que ello guarde relación con la prueba pedida”, a lo que agregó que contradice
lo que indicaron los testigos.
Hicieron referencia a que en el proceso ordinario se requirió del fondo privado una
información concreta que debía estar respaldada por plena prueba, lo que no
ocurrió, pues lo que hicieron fue responder con otra información completamente
contradictoria, lo que ilustraron con un cuadro en el que hacen referencia a lo que
se pidió, lo que contestó y las omisiones en las que se incurrió en la respuesta. Al
respecto, precisaron que no pretenden cuestionar la interpretación que se hizo de
ese documento en la sentencia objeto de revisión, sino que el debate se orienta a
“la legalidad de la prueba; el error en que hizo entrar el fondo privado al operador; el hecho
exógeno que la demandada Porvenir incorpora un documento que no cumple con tal
5 Fabio Ramón Moratto López (compañero permanente supérstite), Anthony Olivieri Ripoll y Yelitza
Angélica Moratto Ripoll (hijos supérstites mayores de edad), quienes para el efecto aportaron copia
de los registros civiles de nacimiento y de declaraciones juramentadas, respectivamente.
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categoría de prueba legalmente perfeccionada; que provocó el error judicial, violentando el
debido proceso, los mandatos del pilar de todo proceso, la legalidad de la prueba; y por
ende, la legalidad de la sentencia, haciéndola nula”.
Argumentaron que no es posible considerar una prueba en favor de quien la
confeccionó o fabricó, de manera que “cualquier oficio que provenga del fondo privado
no es una prueba idónea, carece de verdad, resulta ser un documento adulterado”, por lo
que los documentos emanados de la administradora de fondos de pensiones
carecen de verdad procesal.
Sostuvieron que no se pretende cuestionar el análisis o valoración de la prueba
documental, sino su legalidad y el error al que indujo al juez, por cuanto el
documento no cumple con la idoneidad, pertinencia y requisitos para ser plena
prueba.
En relación con la causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, afirmaron que
el fallo adolece de nulidad por incongruencia interna y externa, porque en la parte
motiva se indicó que la carga de la prueba recaía en el fondo privado para demostrar
que le informó a la actora las implicaciones del traslado de régimen, pero luego
consideró que con la prueba testimonial la demandante no logró probar la omisión
del fondo de informarle las consecuencias del traslado, lo que resulta incongruente.
Insistió en que la incongruencia deriva de (i) realizar un despliegue argumentativo y
jurisprudencial para concluir que la carga de la prueba la tiene el fondo privado y (ii)
indicar que la parte actora no probó la nulidad del traslado del régimen de prima
media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, a lo que
agregó “que bajo las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, está en el deber
de informar y como tal de demostrar que fue lo que informó”. Agregó que la decisión
objetada “adolece de defectos sustantivos y fácticos que se estudian en el (…) respectivo
acápite; pero lo importante, adolece de nulidad al sustentar su postura en una prueba que
no podía tener ese carácter”.
Con todo, la parte recurrente indicó como pretensiones del recurso extraordinario
de revisión que se deje sin efecto la sentencia de 5 de noviembre de 2020, emanada
de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y que se declare
la nulidad de los actos demandados. A título de restablecimiento del derecho (i)
condenar a la AFP Porvenir y que disponga el traslado del régimen pensional porque
no probó haber actuado con el deber de información que le impone la ley; (ii)
condenar a la UGPP para que reconozca y pague a favor de la parte recurrente la
pensión de vejez acorde con el régimen pensional que se invocó en la demanda y
(iii) ordenar el pago del retroactivo pensional efectivo desde el 29 de mayo de 2010
hasta cuando se verifique el pago de la pensión y debidamente indexado, y el de
los intereses moratorios.
3. Trámite procesal
Por auto de 27 de enero de 2022, el despacho sustanciador admitió el recurso
extraordinario de revisión, dispuso que se notificara personalmente a la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a la UGPP, a Porvenir S.A., al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado6. En la
misma decisión se declaró la improcedencia de la medida cautelar solicitada.
6 SAMAI CE, índice 4.
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La Secretaría General de esta Corporación efectuó la notificación personal de la
mencionada providencia, para lo cual libró los oficios nro. 10117, 10118, 10119,
10120, 10123, 10124 de 31 de enero de 2022 y 11230 de 22 de febrero de 20227.
Por medio de auto de 31 de octubre de 20228, el despacho sustanciador ordenó
oficiar al Tribunal Administrativo del Cesar para que allegara copia digitalizada del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado nro. 200001-23-39-000-
2015-00358-01, el cual fue remitido en formato digital9.
4. Solicitud de nulidad propuesta por Unidad Administrativa de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
El 2 de marzo de 202210 la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, a través de apoderado
judicial, solicitó decretar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio del
recurso extraordinario de revisión de 27 de enero de 2022, por indebida notificación.
Al efecto, expresó que el 31 de enero de 2022, fecha en la que se remitió por correo
electrónico el auto admisorio del recurso de revisión, no se anexó copia de la
demanda, ni de los anexos, situación que configura la indebida notificación de la
demanda, de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del artículo 133 del Código
General del Proceso.
El despacho por auto de 19 de abril de 202211 dispuso correr traslado a la parte
recurrente del incidente de nulidad propuesto por la UGPP, de conformidad con lo
establecido en los artículos 110 y 134 del Código General del Proceso. En el término
del traslado, la parte recurrente, a través de apoderada judicial, solicitó desestimar
la solicitud de nulidad presentada por la UGPP.
A través de proveído de 12 de septiembre de 2022, el despacho negó la nulidad
propuesta12, con fundamento en que, según la consulta efectuada en el aplicativo
SAMAI, la notificación personal del auto admisorio de 27 de enero de 2022 se
efectuó a la UGPP el 31 de enero de ese año, mediante mensaje dirigido al buzón
de notificación de la UGPP notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co, el cual contenía
(i) el nombre del actor y los demandados, (ii) la identificación del proceso, (iii) la fecha del
auto y (iv) la fecha de la notificación y la firma del secretario. Asimismo, la Secretaría
General de esta Corporación anexó en archivo PDF copia de la providencia a
notificar y de la demanda con sus respectivos anexos, por lo que no se advirtió la
indebida notificación predicada por la UGPP.
La Secretaría General de esta Corporación efectuó la notificación de la anterior
providencia mediante los oficios nro. 99790, 99791, 99792, 99793, 99794, 99795,
99796 y 99797 de 19 de septiembre de 202213.
7 SAMAI CE, índices 7, 8 y 10.
8 SAMAI CE, índice 37.
9 SAMAI CE, índice 42.
10 SAMAI CE, índice 13.
11 SAMAI CE, índice 17.
12 SAMAI CE, índice 32.
13 SAMAI CE, índice 35.
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Recurrente: Fabio Ramón Moratto López y otros
5. Intervenciones
5.1. Escrito de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-14
La entidad, por conducto de apoderado judicial, solicitó que se declare infundado el
recurso extraordinario de revisión por cuanto carece de sustentación precisa y
razonada de las causales invocadas, y que se condene al pago de las costas
procesales.
Indicó que una de las razones que torna improcedente el recurso extraordinario de
revisión es que la recurrente pretende utilizarlo como si se tratara de un proceso
declarativo, con el fin de obtener el reconocimiento de múltiples situaciones de
hecho y de derecho que no tienen cabida en el presente proceso, y para ello, se
vale del fallecimiento de la demandante inicial y del uso indebido de la figura de la
sustitución procesal, pretendiendo el reconocimiento de derechos que no fueron
debatidos en la controversia inicial. Añadió que ninguna de las pretensiones
formuladas tiene cabida en el recurso de revisión.
Señaló que en el Consejo de Estado ha sido claro en recalcar que el recurso
extraordinario de revisión no es un proceso declarativo ni constituye una instancia
adicional en la que se pueda replantear el objeto del litigio original, por el contrario,
lo que pretende es analizar la legalidad del fallo impugnado en determinadas y
especiales circunstancias taxativamente señaladas por la ley15, lo que desborda el
objeto del recurso extraordinario.
Citó el artículo 133 del Código General del Proceso y afirmó que no se configura
ninguno de los supuestos para que se configure la nulidad invocada por la parte
recurrente. Respecto a la posible vulneración del debido proceso, hizo referencia a
la sentencia C-341 de 2014 de la Corte Constitucional, para concluir que ninguna
de las garantías allí reconocidas16 se vio afectada por la sentencia cuestionada.
Refirió que la recurrente alega la nulidad del fallo por dos razones: i) una supuesta
incongruencia en la distribución de la carga probatoria sobre el deber de información
de la AFP y ii) la valoración como plena prueba de un “documento adulterado”.
Sin embargo, no es cierto que el Consejo de Estado haya tomado dicho oficio como
prueba plena, sino como parte del acervo probatorio, reiterando que la AFP debía
demostrar que cumplió su deber de información. El documento solo trasladó la carga
probatoria a su estado natural: quien afirma debe probar. La decisión se sustentó
en la valoración integral de las pruebas, lo que respalda en debida y legal forma la
decisión adoptada por el Consejo de Estado, pues se trata de la valoración de la
prueba en su conjunto lo que permite al órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo arribar a la decisión planteada.
14 SAMAI CE, índice 28, 35_MemorialWeb_ContestaciónDemanda.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2017-
02078-01(A). Auto de 14 de agosto de 2018. C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
16 Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción; (ii) el derecho al
juez natural; (iii) El derecho a la defensa; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro
de un tiempo razonable; (v) el derecho a la independencia del juez; y (vi) el derecho a la
independencia e imparcialidad del juez o funcionario.”
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Además, se advierte que el oficio fue aportado desde la primera instancia, de modo
que la parte demandante tuvo la oportunidad procesal y las garantías suficientes
para controvertirlo. Por ello, no puede pretender subsanar el incumplimiento de su
deber procesal en sede de revisión.
Respecto de la causal 2°, indicó que la recurrente invoca la supuesta adulteración
de un documento, sin embargo, su fundamento es el hecho de que fue Porvenir
quien lo elaboró, sin que esto, en modo alguno, signifique que fue adulterado, por
lo que no se configura la causal que invoca. Precisó que el recurso extraordinario
de revisión no constituye una tercera instancia para plantear cuestiones que no
debatió en la oportunidad procesal pertinente.
Señaló que una de las principales características del proceso contencioso
administrativo es que se funda en el principio de justicia rogada, según el cual los
procesos deben ser iniciados e impulsados por la actuación directa de la parte
interesada, lo que limita el margen de acción del juez contencioso. Este principio
resulta decisivo en el presente asunto, pues no existe un sustento fáctico ni legal
que permita configurar alguna causal de procedencia del recurso, ya que la
recurrente solo reiteró los argumentos expuestos en las dos instancias anteriores,
donde fueron desestimados.
Sostuvo que el incumplimiento de la carga argumentativa es suficiente para declarar
infundado el recurso extraordinario de revisión, ya que el juez no está llamado a
suplir las falencias argumentativas y probatorias de la parte actora, más tratándose
de un medio excepcional orientado a que se declare la nulidad de una sentencia
proferida por el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Afirmó que los recurrentes carecen de legitimación en la causa por activa, pues si
bien acuden al proceso como sucesores procesales, no aportaron prueba de su
condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de la demandante Libia
del Carmen Ripoll Ripoll (q.e.p.d.), por lo que no se evidencia que exista interés
para continuar con el trámite judicial del recurso extraordinario de revisión.
Por último, aseveró que el recurso es extemporáneo al haberse presentado por
fuera de la oportunidad prevista en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, es decir,
por fuera del término de un (1) año siguiente a la ejecutoria de la sentencia objetada,
lo que, en su sentir, compromete la certeza y firmeza de las decisiones judiciales, la
autonomía e independencia judicial, la seguridad jurídica y el debido proceso.
5.2. Porvenir S.A., el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, no intervinieron en este proceso aun cuando fueron
debidamente notificados17.
II CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado es competente para
decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por los señores Fabio
17 SAMAI CE, índices 10 y 11.
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Ramón Moratto López, Anthony Olivieri Ripoll y Yelitza Angélica Moratto Ripoll,
contra la sentencia de 5 de noviembre de 2020, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, conforme a lo dispuesto en los artículos
24918 y 107 inciso cuarto19 de la Ley 1437 de 2011 y 2920 del Acuerdo N° 080 de
2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado (reglamento interno).
2. Oportunidad en la interposición del recurso
El artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que el recurso extraordinario de
revisión podrá interponerse, por regla general, dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia, con el lleno de los requisitos consagrados por
el artículo 252 ejusdem.
En el presente caso, la UGPP señaló que la parte actora acudió a este medio de
defensa judicial extraordinario de manera extemporánea, alegato que para la Sala
no es de recibo, en tanto la sentencia de 5 de noviembre de 2020, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado fue notificada el 1° de
febrero de 202121 en los términos del artículo 203 de la Ley 1437 de 2011, por lo
que de conformidad con lo previsto en el artículo 205 de la misma normativa, se
entiende notificada el 3 de febrero de 2021.
Como quiera que el recurso extraordinario de revisión se presentó el 22 de
noviembre de 2021, es dable concluir que se hizo dentro de la oportunidad procesal,
esto es, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia objetada.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si la sentencia de 5 de noviembre de 2020
dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
nro. 2015-00358-01 (4244-2027), incurrió en las causales de revisión previstas en
los numerales 2 y 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 -Haberse dictado la
sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados y existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación- y,
en consecuencia, si debe infirmarse la mencionada decisión.
4. Cuestión previa
La UGPP señaló que la parte recurrente carece de legitimación en la causa por
activa, lo que sustenta en que no se allegó prueba que demuestre la condición de
18 De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del
Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sin exclusión de la
sección que profirió la decisión.
19 Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en
este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por
cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto,
si fuere el caso.
20 Artículo 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios de revisión
interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado (…).
21 SAMAI CE, Índice 00040. (4244-2017).
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beneficiario de la pensión de sobrevivientes, a lo que agregó que “no se evidencia
que exista un interés procesal respecto a las otras personas que pretenden
vincularse al proceso, situación que se pone de presente para estudio detallado por
parte del honorable Consejo de Estado, para que determine si realmente se reúnen
los requisitos e interés procesal para continuar con el proceso, máxime cuando el
proceso ya cuenta con una sentencia de segunda instancia”.
Para solucionar dicho cuestionamiento, la Sala debe abordar la figura de la sucesión
procesal prevista en el artículo 68 del Código General del Proceso, en los siguientes
términos:
“Artículo 68. Sucesión procesal. Fallecido un litigante o declarado ausente o en
interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes,
los herederos o el correspondiente curador.
Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona
jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer
para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos
respecto de ellos aunque no concurran.
El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso podrá intervenir como
litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la
parte contraria lo acepte expresamente.
Las controversias que se susciten con ocasión del ejercicio del derecho consagrado en
el artículo 1971 del Código Civil se decidirán como incidente”.
Conforme con la norma transcrita, la sucesión procesal procede cuando fallece una
de las partes, permitiendo la continuación del proceso con los herederos o el
compañero permanente. Esta figura, de carácter meramente procesal, no altera la
relación sustancial objeto del litigio, sino que garantiza la continuidad del trámite
judicial.
La Corte Constitucional ha señalado que “la sucesión procesal es la regla general en
el caso de la muerte de una de las partes dentro de un proceso. Ella opera ipso
jure, aunque el reconocimiento de los herederos en el proceso depende de la prueba que
aporten de su condición. (…). Agregó “La doctrina, es recurrente al señalar que de lo que
se trata es de una sucesión meramente procesal que en nada modifica la relación
sustancial inherente al derecho que se controvierte”.
De igual modo, precisó que la sucesión procesal no constituye una intervención de
terceros, sino un mecanismo orientado a permitir la sustitución de las personas que
conforman la parte procesal. Se trata, entonces, de una figura jurídica con efectos
exclusivos en la configuración de la situación jurídico-procesal, sin incidencia
alguna en la relación sustancial debatida22.
Por su parte, el artículo 85 de la misma normativa impone el deber de acompañar
con la demanda la prueba de la calidad en que actúan las partes, al señalar
expresamente lo siguiente:
22 Corte Constitucional, Sentencia T-673 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; en la que se citó
la sentencia T-553 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Esta providencia fue reiterada por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 11 de febrero de
2016, STC1561-2016 Radicación nº. 11001-22-10-000-2015-00775-01, M.P. Fernando Giraldo
Gutiérrez.
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“Artículo 85. Prueba de la existencia, representación legal o calidad en que actúan
las partes.
La prueba de la existencia y representación de las personas jurídicas de derecho privado
solo podrá exigirse cuando dicha información no conste en las bases de datos de las
entidades públicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla. Cuando la
información esté disponible por este medio, no será necesario certificado alguno.
En los demás casos, con la demanda se deberá aportar la prueba de la existencia y
representación legal del demandante y del demandado, de su constitución y
administración, cuando se trate de patrimonios autónomos, o de la calidad de heredero,
cónyuge, compañero permanente, curador de bienes, albacea o administrador de
comunidad o de patrimonio autónomo en la que intervendrán dentro del proceso. (…)”.
El citado artículo 85 impone la obligación de acreditar la calidad invocada al
momento de comparecer en el proceso, mediante la prueba idónea de la calidad de
“heredero, cónyuge, compañero permanente, curador de bienes, albacea o administrador
de comunidad o de patrimonio autónomo en la que intervendrán dentro del proceso”.
En el asunto bajo examen, se observa que el 22 de noviembre de 2021 los señores
Anthony Olivieri Ripoll, Yelitza Angélica Moratto Ripoll y Fabio Ramón Moratto
López, por intermedio de apoderado judicial, interpusieron recurso extraordinario
de revisión. Para ello invocaron la calidad de hijos y compañero permanente de la
causante, respectivamente, y solicitaron ser reconocidos como sucesores
procesales, para lo cual aportaron copia de los registros civiles de defunción y de
nacimiento, en el caso de los dos primeros, y declaraciones extrajuicio respecto de
quien afirma ser el compañero permanente.
La Sala advierte que en el presente trámite no es procedente reconocer a los
recurrentes como sucesores procesales de Libia del Carmen Ripoll Ripoll (q. e. p.
d.), toda vez que no se cumplen los presupuestos previstos en el artículo 68 del
Código General del Proceso, según el cual “Fallecido un litigante…, el proceso continuará
con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos (…)”.
Lo anterior, obedece a que el proceso ordinario culminó con la sentencia objeto de
censura proferida el 5 de noviembre de 2020, cuya ejecutoria se surtió el 8 de
febrero de 2021, esto es, con anterioridad al fallecimiento de la demandante,
ocurrido el 22 de febrero del mismo año.
Tal como lo ha precisado esta Corporación, el recurso extraordinario de revisión no
constituye la continuación del proceso ordinario ni una instancia adicional, sino que
se trata de una actuación diferente al proceso de origen y constituye un nuevo
trámite judicial, esto es, un proceso autónomo e independiente de aquel en el que
se dictó la providencia cuya infirmación se pretende23, de manera que los
recurrentes no pueden ser tenidos como sucesores procesales en el presente
trámite judicial.
No obstante, la Sala considera que los recurrentes tienen interés para interponer el
recurso extraordinario de revisión bajo estudio. Respecto de los señores Anthony
Olivieri Ripoll y Yelitza Angélica Moratto Ripoll, quienes invocaron la calidad de hijos
de Libia del Carmen Ripoll Ripoll (q.e.p.d.), la cual fue demostrada con los registros
civiles de nacimiento que demuestran el parentesco con la causante.
23 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 3 de febrero de
2015, exp. nro. 11001-03-15-000-2014-00387-00, C.P: Alberto Yepes Barreiro.
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Este cumplimiento armoniza con lo previsto en el artículo 85 del Código General del
Proceso, que impone el deber de acompañar la demanda con la prueba de la
calidad en que actúan. Si bien esa disposición exige acreditar la condición de
herederos, lo que no está en discusión en esta oportunidad, resulta claro que la
condición de hijos es suficiente para entender que les asiste interés en la
presentación del recurso extraordinario de revisión, lo que se constituye, además,
en una garantía del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
De allí que, no sea de recibo el argumento sostenido por la UGPP, en el sentido de
que los recurrentes debieron acreditar la condición de beneficiarios de la pensión
de sobrevivientes, pues ese análisis escapa del análisis que se debe abordar en el
marco del recurso extraordinario de revisión, el cual se circunscribe a errores in
procedendo de la sentencia que hace tránsito a cosa juzgada, a partir de las
causales previstas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, cuya aplicación, como
se indicó en las consideraciones de esta decisión, es de carácter restrictivo.
Al respecto, la Corte Constitucional24 señaló que “es necesario reiterar que si bien,
el estado civil y la calidad de heredero son dos cuestiones diferentes, en el
ordenamiento sucesoral, la vocación legal hereditaria se fundamenta en el estado
civil, es decir, los nexos de parentesco son los que ligan a los herederos con el
causante”.
De igual manera, para la Sala también le asiste interés al señor Fabio Ramón
Moratto López, quien afirma ostentar la condición de compañero permanente de la
causante Libia del Carmen Ripoll Ripoll, la cual pretende acreditar con las
declaraciones extrajuicio que allegó con el recurso extraordinario de revisión. Al
respecto, esta Corporación ha señalado que dicha calidad puede ser demostrada
con cualquiera de los medios probatorios contemplados en la ley25. Asimismo, la
Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional26, han reiterado que la calidad
de compañero permanente puede demostrarse por cualquier medio de prueba
idóneo, incluyendo la testimonial, documental y las declaraciones extrajuicio.
En consecuencia, la Sala concluye que los señores Anthony Olivieri Ripoll, Yelitza
Angélica Moratto Ripoll y Fabio Ramón Moratto López tienen interés para interponer
el recurso extraordinario de revisión, los dos primeros en condición de hijos de la
causante, lo que acreditaron con los registros civiles de nacimiento que demuestran
el parentesco, y en relación con el último recurrente quien demostró su condición
de compañero permanente con las declaraciones extrajuicio que allegó con la
demanda.
No obstante, la Sala precisa que esta habilitación se circunscribe únicamente a la
posibilidad de controvertir la sentencia censurada mediante el recurso extraordinario
de revisión interpuesto, sin que ello implique, en modo alguno, el reconocimiento o
la consolidación de derechos prestacionales a favor de los recurrentes, aspecto que
desborda el objeto y alcance de este medio de impugnación de naturaleza
extraordinaria.
24 Corte Constitucional. Sentencia T-917 de 2011.
25 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2020, expediente
05001-23-31-000-2004-04989-01(50349). M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
26 Corte Constitucional. Sentencia T-592 de 2010.
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5. Generalidades del recurso extraordinario de revisión27
Este medio de defensa judicial que surgió con el Decreto 01 de 1984 (CCA)28,
actualmente se encuentra regulado en los artículos 248 a 255 de la Ley 1437 de
2011 -CPACA, el cual procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las
secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos.
En relación con su alcance, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho que
en razón a su excepcionalidad “permite volver a estudiar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa
juzgada e infirmarlas ante la demostración irrefutable de ser decisiones injustas, por incurrir
en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley”29.
El recurso debe interponerse mediante escrito que deberá contener (i) la
designación de las partes y sus representantes; (ii) nombre y domicilio del
recurrente; (iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento; (iv) la
indicación precisa y razonada de la causal invocada y (v) se deberá acompañar
poder y las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y solicitará
las que pretenda hacer valer.
De igual manera, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que para su
procedencia no solo es imperativo demostrar la existencia de un motivo o causal de
revisión que, de manera inequívoca tenga la aptitud suficiente para variar los
resultados de la decisión, sino que tal demostración debe corresponder a las
circunstancias fácticas señaladas taxativamente en la ley como causal de revisión
y que en nada inciden con la actividad analítica o interpretativa del juez30.
Dicho en otros términos, debe existir correspondencia entre los argumentos y la
causal invocada, sin que ello implique acudir a valoraciones subjetivas para
cuestionar la motivación de la decisión ni para corregir omisiones probatorias, como
si se tratara de una nueva oportunidad para reabrir una discusión jurídica que goza
del atributo de la cosa juzgada, a la manera de una instancia adicional, a lo que se
debe agregar que no pretende corregir errores in judicando.
Finalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha
precisado que el recurso extraordinario de revisión es una actuación independiente
del proceso de origen, razón por la cual lo ha caracterizado como una acción o
medio de control autónomo que debe iniciar con una demanda con el cumplimiento
27 En sentencias de 14 de mayo de 2025, exp. 2019-02422-00 (REV) C.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño y
de 3 de junio de 2021, exp. 2019-00049-00 (REV) C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, la Sala Once Especial
de Decisión del Consejo de Estado, con base en jurisprudencia de la Corporación, hizo referencia a los rasgos
generales de este medio extraordinario de impugnación.
28 En sentencia de 25 de abril de 1986, la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado
señaló: “Es evidente que el recurso extraordinario de revisión no existía en la ley 167 de 1941. Los
capítulos XVII (Revisión de las Cartas de naturaleza y XVIII (De la revisión de los reconocimientos),
no son recursos y se limitan, como indican con toda claridad, a los asuntos y procedimientos que allí
mismo se mencionan. En cambio, el nuevo C.C.A, creó la figura especial del recurso extraordinario
de revisión contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por el Consejo de Estado y los Tribunales
Administrativos”.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 26 de junio de 2015,
expediente 2003-01589-01.
30 Consejo de Estado, Sala Once Especial de Decisión, sentencia de 6 de agosto de 2019, expediente
2019-00450-00 (REV).
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de los requisitos precisados en el artículo 252 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, los
cuales deben ser observados para su admisibilidad y procedencia31.
5.1. Alcance de la causal de documentos falsos o adulterados (numeral 2)32
Respecto de esta causal, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que
la falsedad o adulteración solo se predica de documentos, lo que excluye esa
irregularidad en los demás medios de prueba autorizados en el ordenamiento
jurídico33, a lo que se agrega que debe demostrarse que esa prueba documental es
determinante en la decisión objeto de revisión, a tal punto que cambie el sentido de
la sentencia recurrida34.
Ha dicho igualmente, que para demostrar esa falsedad o adulteración no se requiere
de sentencia penal que declare su existencia, en tanto al juez contencioso le
corresponde esa labor a la luz de la llamada falsedad civil, “en virtud de la cual se ocupa
de definir, objetivamente, la existencia de una adulteración total o parcial, material o ideológica del
documento, mediante el examen de su contenido o integridad material”35.
Lo anterior, tiene sustento en que en el recurso extraordinario de revisión no es
aplicable la prejudicialidad. La Ley 1437 de 2011 -CPACA- no exige un
pronunciamiento penal previo, a diferencia de lo que ocurre en la jurisdicción
ordinaria en la que el numeral 2 del artículo 355 del Código General del Proceso
establece como causal de revisión, “haberse declarado falsos por la justicia penal
documentos que fueren decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida”.
El estudio de esta causal ha sido abordado por el Consejo de Estado a partir de los
conceptos de falsedad ideológica y falsedad material. La primera, entendida como
la afectación del carácter veraz de la información contenida en un documento. La
segunda, alude a la alteración de la integridad material del documento de manera
total o parcial.
En ese orden de ideas, para que se estructure la causal por falsedad ideológica se
requiere de la acreditación del dolo, por lo que un simple error o imprecisión
involuntaria de su autor, no conlleva la alteración intelectual del contenido del
documento36.
Respecto de la falsedad material se requiere el cotejo de distintos documentos con
el fin de establecer la afectación de su integridad material -se crea uno nuevo o se
altera alguno de los elementos que conforman su contenido-, razón por la cual no
es necesaria la prueba del dolo porque lo que se debe establecer es la falsedad
civil. Esta Corporación ha precisado que la falsedad material no debe sustentarse
31 Expediente 11001-03-15-000-2017-02078-01, M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, sentencia
de 14 de agosto de 2014.
32 En sentencia de 4 de mayo de 2021, la Sala Segunda Especial de Decisión del Consejo de Estado
reiteró la jurisprudencia consolidada de la Corporación en relación con esta causal. Expediente 2018-
04503-00(REV), M.P. César Palomino Cortés.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de 2013,
expediente 11001-03-15-000-2008-00638-00 (REV). M.P. Alberto Yepes Barreiro.
34 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 1 de agosto de 2016. M.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
35 Ibídem.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 9 de abril de 2014, expediente
1703-10.
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en irregularidades conocidas o que debieron conocerse en instancias previas al
recurso extraordinario de revisión, por cuanto el ordenamiento jurídico prevé
mecanismos procesales a los que se ha debido acudir en la respectiva instancia37.
De allí que solo sea procedente ventilar hechos constitutivos de falsedad que sean
conocidos con posterioridad a la sentencia objeto de recurso extraordinario de
revisión, en tanto en ese escenario “no existiría otro medio o mecanismo procesal para
cuestionar la autenticidad del documento y obtener la justicia material de la providencia proferida con
base en el mismo”38.
En definitiva, la configuración de esta causal exige que (i) la falsedad o adulteración
recaiga en documentos; (ii) que sean determinantes para el sentido de la decisión
recurrida; (iii) en la jurisdicción contencioso administrativa no se requiere la
declaratoria previa de falsedad o adulteración mediante sentencia penal, en tanto la
Ley 1437 de 2011 -CPACA- no contempla la figura de la prejudicialidad penal y (iv)
la estructuración se realiza sobre los conceptos de falsedad ideológica y falsedad
material, solo respecto de hechos acaecidos con posterioridad al fallo objeto de
revisión.
5.2. Alcance jurisprudencial de la nulidad originada en la sentencia (numeral
5)
De conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011, el recurso extraordinario de revisión es procedente para invalidar una
sentencia por “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación”. La jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado que la referida causal no determina los supuestos precisos
en los que se configura, razón por la cual se han ido identificando algunos a partir
de un criterio de interpretación restrictivo.
En primer término, ha indicado que se requiere acreditar (i) que la revisión se
formule contra una sentencia; (ii) que la sentencia ponga fin al proceso y que no
proceda recurso de apelación y (iii) que el vicio alegado se haya presentado en la
decisión objetada “o que se haya materializado en el momento en que se profirió la
providencia y no es una etapa previa al proceso”39. También ha precisado que la
irregularidad que configure la causal invocada debe ser de suma gravedad, de tal
manera que tenga una incidencia directa en el sentido de la decisión, es decir, que
habría sido sustancialmente distinta.
Por otra parte, la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado ha
señalado que las nulidades procesales no pueden confundirse con las que se
originan en la sentencia40. Las primeras se refieren a los supuestos taxativos
previstos en el artículo 133 del Código General del Proceso, mientras que las
segundas, “al no estar determinadas por la ley, deben interpretarse restrictivamente
bajo unos presupuestos fácticos y específicos que la jurisprudencia de esta
37 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 1 de agosto de 2016. M.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 9 de julio de 2014, expediente
27602.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 16 de junio de 2025, exp. 11001-
03-26-000-2023-00095-00 (69975), M.P. Adriana Polidura Castillo.
40 Sentencia de 26 de febrero de 2013, exp. 11001-23-15-000-2008-01289-00, M.P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila.
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corporación ha puntualizado y que, por regla general, no comprenden nulidades
procesales acaecidas en una etapa previa a la sentencia”41.
A partir de lo anterior, la jurisprudencia contencioso administrativo ha identificado
algunos de los supuestos en los que se puede configurar la causal quinta de
revisión, a saber: (i) que el juez resuelva asuntos sobre los cuales carece de
jurisdicción o de competencia; (ii) que, sin actuación alguna, el juez dicte nuevo fallo
en proceso que terminó normalmente con sentencia en firma; (iii) que sin más
actuación, el juez profiera sentencia después de ejecutoriado el auto que aceptó el
desistimiento, aprobó la transacción o declaró la perención del proceso; (iv) que el
juez dicte el fallo sin el trámite previo correspondiente; (v) cuando el demandado es
condenado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido o causa
diferente a la invocada en la demanda; (vi) cuando el juez condena a quien no ha
sido parte en el proceso; (vii) cuando, sin más actuación, el juez profiere sentencia
después de ocurrida la interrupción o suspensión del proceso o antes de la
oportunidad debida; (viii) cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor
o menor de los magistrados que debieron haberlo hecho; (ix) cuando la sentencia
fue adoptada con un número de votos diferente del previsto en la ley; (x) cuando la
sentencia carece completamente de motivación; (xi) cuando la sentencia carece de
congruencia interna o externa42 o (xii) que transgreda el principio de la non
reformatio in pejus.
En tercer término, esta Corporación ha señalado que se pueden presentar otras
situaciones que dan lugar a nulidad originada en la sentencia, concretamente
cuando se produce una vulneración del derecho al debido proceso 43, “siempre y
cuando su motivación revele la inobservancia de aspectos procesales
trascendentales y no cualquier falencia relacionada con la fundamentación o con la
valoración probatoria de la providencia”, o cuando se dicta una sentencia inhibitoria
sin fundamento válido, “caso en el cual debe estudiarse si la decisión se encuentra
justificada o no, de acuerdo con las particularidades del caso concreto”44.
Por último, la jurisprudencia del Consejo de Estado, como se indicó en precedencia,
ha considerado que el desconocimiento del principio de congruencia45 es un
41 Sentencia de 16 de junio de 2025, exp. 11001-03-26-000-2023-00095-00 (69975), M.P. Adriana
Polidura Castillo.
42 Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, sentencias de 20 de octubre de 2009 y de
26 de febrero de 2013, exps. 11001-03-15-000-2003-00133-00 y 11001-23-15-000-2008-01289-00,
respectivamente; y Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia de 29 de abril de 2015, exp. 20001-23-31-000-2001-01278-02. Estos
criterios jurisprudenciales se reiteraron recientemente en la sentencia de 16 de junio de 2025, exp.
11001-03-26-000-2023-00095-00 (69975), M.P. Adriana Polidura Castillo.
43 Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sala Especial de Decisión No. 25, sentencia
de 28 de junio de 2021, exp. 11001-03-15-000-2020-03697-00 y Sala Veintiséis Especial de
Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. La Corte
Constitucional en las sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001 advirtió que la
nulidad originada en la sentencia no se restringe a las causales que prevé el Código General del
Proceso –antes Código de Procedimiento Civil– pues, adicionalmente, puede derivar de la violación
al debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.
44 Sentencia de 16 de junio de 2025, exp. 11001-03-26-000-2023-00095-00 (69975), M.P. Adriana
Polidura Castillo.
45 Código General del Proceso. “ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren
sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. Si lo pedido
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supuesto que habilita la procedencia del recurso extraordinario de revisión por existir
nulidad originada en la sentencia. Al respecto, ha precisado que tiene dos
dimensiones, a saber: (i) interna, cuando existe armonía entre los considerandos y
la parte resolutiva de la decisión46 y (ii) externa, cuando existe concordancia entre
la decisión contenida en la parte resolutiva de la sentencia y lo pretendido por las
partes en la demanda y en el escrito de contestación. Adicionalmente, ha precisado
que no cualquier reparo sobre incongruencia “estructura una nulidad de la
sentencia, pues se exige que la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado
sea protuberante, a tal punto que no exista justificación objetiva y relacionada con
las materias medulares del proceso”47.
6. Estudio y solución del caso concreto
La parte recurrente estima que la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2020,
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en las
causales de revisión previstas en los numerales 2° y 5° del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011 -CPACA-, esto es, “[h]aberse dictado la sentencia con fundamento en
documentos falsos o adulterados” y “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, respectivamente.
Del contenido del recurso se advierte que la parte recurrente sustentó la
procedencia de la causal 2° en el hecho de que la sentencia se profirió con
fundamento en el oficio no. 2410 de 12 de diciembre de 2016 expedido por Porvenir,
el cual fue allegado por la misma entidad “para mostrarlo como un documento idóneo”,
por lo que se debate su legalidad, en tanto no es posible considerar una prueba en
favor de quien la fabricó, por lo que “no es una prueba idónea, carece de verdad, resulta
ser un documento adulterado”, y no cumple con la «categoría de prueba legalmente
perfeccionada», el cual, además, contradice lo dicho por los testigos.
En cuanto a la causal 5°, los recurrentes afirmaron que la sentencia incurre en
nulidad por incongruencia interna y externa. Señalaron que en la parte motiva se
indicó que la carga de la prueba recaía en el fondo privado -para demostrar que le informó
a la actora las implicaciones del traslado de régimen-, pero luego consideró que la
demandante no probó la omisión del fondo de informarle las consecuencias del
traslado de régimen -con la prueba testimonial-, lo que resulta incongruente.
Previo al análisis de fondo, la Sala estima necesario precisar, con fines
metodológicos, que el estudio de las causales de revisión se desarrollará en el
siguiente orden: en primer lugar, la causal 5ª y, posteriormente, la causal 2ª,
por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último. En la sentencia se
tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse
el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que
haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio (…)”.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión,
sentencia de 6 de junio de 2025, exp. 11001-03-15-000-2022-03234-00, M.P.: Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
47 Sentencia de 16 de junio de 2025, exp. 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168), M.P. Adriana
Polidura Castillo. Que a su turno se apoyó en: Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa,
Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencias de 7 de abril de 2015 y de 2 de febrero de 2016,
exp. 11001-03-15-000-2013-00358-00 y 11001-03-15-000-2015-02342-00; Consejo de Estado, Sala
Contencioso Administrativa, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia de 3 de marzo de 2020,
exp. 11001-03-15-000-2019-03970-00; y Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa,
Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002, exp. No. 76001-23-24-000-1997-43-45-01.
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atendiendo a la secuencia lógica de los problemas jurídicos planteados en la
providencia objeto de censura.
Revisado el fallo objeto del recurso extraordinario de revisión, se observa que la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado se propuso resolver
como problemas jurídicos los siguientes: “¿cuáles son las consecuencias del
traslado entre regímenes pensionales y particularmente en el caso de la señora
Libia del Carmen Ripoll Ripoll en lo concerniente al régimen de transición de la Ley
100 de 1993?”, y si “¿se demostró que el traslado de la señora Ripoll Ripoll del
régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con
solidaridad, se llevó a cabo como producto de engaños o ausencia de información
por parte de la AFP HORIZONTE, hoy PORVENIR S.A.?”.
Para resolver los anteriores planteamientos, en la sentencia recurrida se hizo
referencia al marco normativo relacionado con el sistema de seguridad social, los
regímenes pensionales y los requisitos para el reconocimiento pensional, así como
el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los efectos
del traslado entre el régimen de prima media con prestación definida al régimen de
ahorro individual con solidaridad.
Se indicó que los beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 ibídem no
tienen un derecho adquirido, sino una expectativa a pensionarse en los términos de
la normativa anterior a la entrada del Sistema General Pensiones, y que quien se
trasladó de régimen sin cumplir los 15 años de servicio o 750 semanas cotizadas
perdió los beneficios de dicha transición, para lo cual puso de presente
pronunciamientos sobre este particular de la Corte Constitucional48 y del Consejo
de Estado49.
Con fundamento en la sentencia SU-130 de 2013 de la Corte Constitucional, indicó
lo siguiente50:
“(…), se puntualizan las reglas generales de la circunstancia de traslado de régimen
pensional en torno al beneficio del régimen de transición:
• La Corte Constitucional en sentencia SU-130 de 2013, definió que únicamente los
afiliados al sistema pensional con 15 años o más de servicios cotizados al 1° de abril de
1994, podían trasladarse en cualquier momento del régimen de ahorro individual al de
prima media y conservar los beneficios del régimen de transición.
• De igual forma, en relación con lo previsto en el artículo 2 literal e) de la Ley 797 del
2003, la Corte fue clara en torno a la interpretación armónica que se debe dar a la
normativa y descartó la posibilidad de traslado con sostenimiento de los beneficios del
régimen de transición para aquellos que pretendan conservar dicho régimen por cumplir
únicamente con la edad exigida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, mujeres
y hombres con 35 y 40 años o más de edad, respectivamente.
• Así, para que el traslado del RAIS al RPMPD sea viable, sin pérdida del beneficio de la
transición de la Ley 100 de 1993, el afiliado como requisito sine qua non debe acreditar
que para la fecha de entrada en vigencia de dicha norma tenía cumplidos 15 años o más
de servicios.
48 Sentencia SU-130 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
49 Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de marzo de 2015, expediente 868-2009, M.P.
Gerardo Arenas Monsalve.
50 Sentencia objeto de recurso extraordinario de revisión (pág. 18).
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Para recapitular, en el caso de la demandante, se enfatiza que la interpretación
elaborada por la Corte Constitucional en las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004
y finalmente en la SU-130 del 2013, en relación con los parámetros del traslado de
régimen pensional, no dan lugar a mayores disquisiciones frente a la exigencia de los 15
años de servicio para que el afiliado trasladado pueda mantener hábil el beneficio del
régimen de transición, independientemente de la fecha en que efectúe el traslado, pues
a ello se referían las sentencias con el concepto ‘en cualquier tiempo’”.
En consideración a las anteriores reglas, analizó el caso concreto y explicó:
“En efecto, se advierte que según Certificados de Información Laboral visibles a folios 38
y 42, la demandante realizó cotizaciones a la Caja de Previsión Social, CAJANAL, esto
es, al régimen de prima media con prestación definida del 1° de julio de 1982 hasta el 3
de julio de 1983, del 15 de julio de 1983, entre el 15 de julio de 1983 y el 1° de agosto de
1987, asimismo desde el 18 de febrero de 1991 y el 30 de noviembre de 1995, a partir
del 1° de diciembre de 1995 hasta el 30 de noviembre de 2006 que se trasladó al régimen
de ahorro individual con solidaridad al haber efectuado cotizaciones a la AFP
HORIZONTE. Por lo tanto, se procederá a estudiar si cumplía con los demás requisitos
para mantener o no el beneficio del régimen de transición:
En este punto, se hace necesario resaltar que de conformidad con el Certificado de
Información Laboral visible a folio 42, la señora Libia del Carmen Ripoll Ripoll prestó sus
servicios en el Hospital José David Padilla, entre el 1° de julio de 1982 hasta el 3 de julio
de 1983, del 15 de julio de 1983 y el 1° de agosto de 1987, asimismo desde el 18 de
febrero de 1991 y hasta el 30 de noviembre de 2006, esto es, 21 años, 5 meses y 10
días.
En efecto, se observa que el mencionado hospital es una entidad del orden territorial, por
tanto, para la demandante el Sistema General de Pensiones entró a regir el 30 de junio
de 1995.
En cuanto a la edad se advierte que la demandante nació el 29 de mayo de 1955 (folio
4), por lo tanto para el 30 de junio de 1995 (fecha en la que entró a regir la Ley 100 de
1993 a nivel territorial), tenía cumplidos 40 años.
Respecto a los tiempos de servicio de la demandante a la entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones para el orden territorial, en el expediente se encuentran
probados los siguientes interregnos de labor (folios 38 y 42):
Entidad Lapso Tiempo de servicio
HOSPITAL ROSARIO DE Del 1° de julio de 1982 al 3 de julio de 1 año y 2 días
LÓPEZ 1983
HOSPITAL JOSÉ DAVID Del 15 de febrero de 1983 al 1° de agosto 4 años, 5 meses y 16
PADILLA de 1987 días
HOSPITAL JOSÉ DAVID Del 18 de febrero de 1991 al 29 de junio 4 años, 4 meses y 11
PADILLA de 1995 días
9 años, 9 meses y 29
Tiempo de servicio días
En virtud a ello y de acuerdo con la sumatoria del tiempo de servicios realizada
precedentemente se puede concluir que, para el 30 de junio de 1995 la demandante
únicamente acreditó 9 años, 9 meses y 29 días de servicios prestados. Por lo tanto, no
cumplió con el requisito indispensable de los 15 años de servicios para mantener el
beneficio del régimen de transición, lo cual cobra relevancia, si se tiene en cuenta su
cambio de régimen del RAIS al RPMPD.
En consecuencia, la señora Ripolll Ripoll al no acreditar los 15 años de servicios para el
30 de junio de 1995, perdió los beneficios del régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, al haberse trasladado del RPMPD al RAIS.
En conclusión: la demandante perdió el beneficio de la transición de la Ley 100 de 1993,
en virtud de las reglas de unificación de la sentencia SU-130 de 2013 proferida por la
Corte Constitucional en punto a la exclusión para quienes se trasladarán de régimen sin
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cumplir con el requisito de los 15 años de servicios para la fecha de entrada en vigencia
de la norma, como ocurrió en el sub lite”.
En ese orden, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado al
advertir que la demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
no acreditó los 15 años de servicio para el 30 de junio de 1995, concluyó que perdió
los beneficios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como
consecuencia de su traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, y
conforme a las reglas jurisprudenciales de la Corte Constitucional y de esta
Corporación.
Al estudiar el segundo problema jurídico, la sentencia objeto de revisión expuso el
deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones según
las Leyes 1328 de 2009 y 1748 de 2014, el Decreto 2555 de 2010 y los
pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia51,
a lo que agregó que “en sede judicial le corresponde a las AFP probar que informaron al afiliado
de las consecuencias del traslado del régimen pensional”.
Al resolver el caso concreto, puso de presente que la AFP Porvenir aportó el oficio
no. 2410 de 12 de diciembre de 201652, en el que se indicó:
“1. La señora LIBIA DEL CARMEN RIPOLL RIPOLL suscribió formulario de traslado de
régimen en HORIZONTE, hoy Porvenir, el 30 de noviembre de 1995, cobrando vigencia dicha
afiliación el 1 de diciembre de 1995.
2. Es de resaltar que la señora LIBIA DEL CARMEN RIPOLL RIPOLL realizó las afiliaciones
al RAIS de manera voluntaria, libre y espontánea, igualmente recibió la asesoría integral y
completa por parte de HORIZONTE, hoy PORVENIR S.A. y acerca de las implicaciones que
llevaba consigo el traslado del régimen, tal como lo hace constar la misma demandante al
imponer su firma en la casilla correspondiente dentro del formulario de afiliación que se anexó
al proceso como prueba”.
Además, valoró los testimonios practicados en primera instancia y concluyó53:
“Al analizar los anteriores testimonios, la Subsección puede evidenciar que a los testigos no
les consta de manera directa los hechos contenidos o relatados dentro de la demanda que
atañe al presente proceso, pues no estuvieron presentes cuando la demandante realizó la
afiliación a la AFP Horizonte, no tienen la capacidad de afirmar si en efecto a la señora Libia
del Carmen le informaron las implicaciones del traslado de régimen, solo manifestaron yo
creo, supongo, imagino, eso dicen en los pasillos, y, en todo caso, hablan de su caso
particular como empleados del hospital no de la propia situación de la demandante, por lo
tanto, se advierte que en lo concerniente a esta, los dichos de los deponentes se basaron en
las denominadas pruebas de referencia o de oídas y por lo tanto, no tienen la capacidad de
demostrar por sí solos los hechos que alega la libelista.
De este modo, no es dable por parte de esta Sala tener certeza que la demandante fue
sometida a engaños y que la suscripción del formulario de traslado de régimen obedeció a
que le iban a consignar las cesantías, afirmaciones que no fueron probadas, pues los testigos
en ningún momento dan razón de ello en el caso particular de la aquí demandante, aunado,
dicha circunstancia no fue alegada por la libelista en el libelo introductor, solo afirmó que no
le fueron informados los pro y contra que conllevaría el traslado.
51 Citó las siguientes sentencias SL1452-2019 de 3 de abril de 2019, SL2324-2019 de 19 de marzo
de 2019, SL17595-2017 y la sentencia de 22 de noviembre de 2011, rad. 33083.
52 SAMAI CE, índice 42, carpeta:
RECIBEPRUEBAS_20001233900220150035\02SegundaInstancia\C02ApelacionSentenca. Archivo
06RespuestaRequerimiento.
53 Págs. 29 y 30 de la sentencia recurrida.
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(…) [L]o anterior se contrapone a la certificación expedida por la AFP PROVENIR S.A. la cual
da cuenta de que sí brindó la información requerida para que la señora Ripoll Ripoll pudiera
elegir libremente el cambio de régimen, lo cual se confronta al supuesto engaño aludido por
la libelista, al no haberse demostrado lo contrario, desvirtúa en este caso, el vicio del
consentimiento alegado que pueda dar lugar a la anulación de dicha afiliación”.
De acuerdo con lo citado, la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación consideró que la demandante no probó sus alegaciones en torno a los
presuntos engaños o a la falta al deber de información de la AFP Porvenir frente al
traslado entre regímenes, y advirtió que no se desvirtuó el documento aportado por
el fondo de pensiones en el que consta que se le brindó una asesoría integral sobre
el trámite realizado de forma libre y voluntaria por la actora.
Como se observa, en la sentencia objeto de revisión el juez de segunda instancia
analizó las normas y la jurisprudencia aplicables al caso concreto. Además, valoró
las pruebas aportadas al expediente luego de lo cual concluyó que: (i) para acceder
al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a pesar del traslado
de régimen, el afiliado debió cotizar 15 años de servicios a la fecha de entrada en
vigencia de la precitada normativa, requisito que no cumplió la demandante porque
para el 30 de junio de 1995 la demandante únicamente acreditó 9 años, 9 meses y
29 días de servicios prestados, y (ii) la señora Libia del Carmen Ripoll Ripoll no
probó que el traslado entre regímenes se sustentó en engaños o falta de información
por parte del fondo privado.
Si bien, la parte recurrente afirma que no debate el análisis o alcance de la prueba
realizado por la autoridad judicial en la sentencia recurrida, sino que alega la
incongruencia en la que se incurrió al definir la carga de la prueba en cabeza del
fondo privado, pero simultáneamente sostuvo que recaía en la parte demandante
descalificando la prueba testimonial, a juicio de la Sala lo planteado por los
recurrentes está dirigido a cuestionar el debate jurídico y probatorio surtido ante el
juez natural, como si este medio de revisión constituyera una instancia adicional al
proceso ordinario -tercera instancia-.
Sobre este particular, la consolidada jurisprudencia del Consejo de Estado ha
señalado que “[n]o resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados
en que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una
determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se interpretó
equivocadamente una norma jurídica”54, pues ello desborda la finalidad del recurso
extraordinario de revisión que se orienta a examinar errores in procedendo, de allí
que se hayan establecido unas precisas y estrictas causales taxativas para habilitar
su procedencia y, de ser el caso infirmar una sentencia, pues lo que se
excepcionaría es la inmutabilidad de la cosa juzgada en aras de que se garantice el
valor constitucional de la justicia.
De acuerdo con lo anterior, se concluye que lo solicitado por los recurrentes es que
se revise la cuestión decidida en el proceso ordinario, como si el recurso
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de mayo de 2010,
expediente 2001-01504 (35221), M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Si bien esta providencia se refiere
a la causal de revisión prevista en el numeral 6 del artículo 188 del Código Contencioso
Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, esos argumentos resultan
aplicables al caso concreto, en tanto dicha causal guarda identidad con la señalada en el numeral 5
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que ambas normas prevén como causal de revisión
“[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación”.
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extraordinario de revisión constituyera una instancia adicional en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, razón suficiente para concluir que no se
configuró la causal de revisión del numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
-CPACA-.
Por otra parte, los recurrentes sustentan la causal 2 de la precitada disposición en
que el oficio no. 2410 de 12 de diciembre de 2016 emitido por la AFP Porvenir no
debe ser considerado como prueba en favor de quien la fabricó o confeccionó, de
manera que, a su juicio, “cualquier oficio que provenga del fondo privado no es una
prueba idónea, carece de verdad, resulta ser un documento adulterado”, lo que, para el
caso, conduciría a que esa prueba valorada por el juez de segunda instancia
carezca de verdad procesal.
Para la Sala, el reparo de la parte actora frente a la autenticidad del citado oficio por
haber sido expedido y aportado en el proceso ordinario por la AFP Porvenir,
desconoce lo previsto en el inciso segundo del artículo 244 del Código General del
Proceso, según el cual los documentos privados emanados de las partes -en original
o copia- se presumen auténticos mientras no hayan sido tachados de falsos o
desconocidos, por lo que no es procedente que vía del recurso extraordinario de
revisión se le reste alcance y eficacia probatoria a un documento por el hecho de
que se aportó al expediente ordinario por el mismo fondo que lo expidió,
cuestionando su contenido, la falta de soportes y alegando que se trata de una
prueba adulterada y confeccionada en beneficio propio y que es contraria con lo
dicho por los testigos, lo que habría inducido en error al juez natural, pues esas
censuras son ajenas a la naturaleza de este recurso.
Así las cosas, para que prospere la causal 2 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
-CPACA-, como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, el
recurrente debe haber obtenido la prueba o certeza de la falsedad de los
documentos con posterioridad a la sentencia atacada y no durante el trámite del
proceso ordinario, toda vez que, en dicho evento, debía poner en conocimiento del
juzgador esa situación antes de proferirse la sentencia, lo cual no puede ser
advertido ahora en el recurso extraordinario de revisión, pues este mecanismo de
defensa judicial extraordinario no está previsto para subsanar la falta de actividad
probatoria o gestión procesal de las partes en dicho trámite55.
Además, es necesario que el documento que la parte recurrente aduce como falso
o adulterado haya sido decisivo para proferir la sentencia recurrida, tanto que, sin
su incidencia, el fallo se habría proferido en otro sentido, cuestión que tampoco se
advierte en este caso porque como consta en la sentencia censurada, para la
decisión adoptada fue determinante, entre otras razones, que la demandante no
acreditó los 15 años de servicios para el 30 de junio de 1995, por lo que no era
beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 cuando
se trasladó el régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro
individual con solidaridad.
Comoquiera que los argumentos propuestos por la parte recurrente no están
dirigidos a acreditar que la sentencia recurrida se profirió con fundamento en
documentos falsos o adulterados, sino que lo que se advierte son reparos frente al
55 Cfr. sentencia de 6 de octubre de 2020, Sala Sexta Especial de Decisión del Consejo de Estado,
expediente 11001-03-15-000-2020-00085-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-09473-00
Recurrente: Fabio Ramón Moratto López y otros
contenido de una prueba documental aportada al expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho por la AFP Porvenir y el alcance probatorio que el juez
de conocimiento le otorgó para decidir el fondo del asunto, son aspectos ajenos a
este medio excepcional y no encuadra en la causal invocada.
En consecuencia, no se encuentra configurada la causal de revisión consagrada en
el numeral 2 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-.
Por las razones expuestas, se declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión promovido por los señores Fabio Ramón Moratto López, Anthony Olivieri
Ripoll y Yelitza Angélica Moratto Ripoll, quienes actúan por intermedio de apoderado
judicial.
Finalmente, la Sala aceptará la renuncia al poder otorgado por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), al abogado
Jorge Fernando Camacho Romero, por cuanto se cumplen las condiciones previstas
en el artículo 76 del Código General del Proceso.
7. Condena en costas
Según el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021 -norma vigente para la fecha de presentación de la demanda56-, se condenará
en costas a la parte recurrente cuando se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión que formuló.
En ese sentido, el artículo 361 del Código General del Proceso señala que las costas
están integradas por los gastos procesales y por las agencias en derecho, y de
acuerdo con el artículo 365-8 de la misma codificación, “[s]olo habrá lugar a su imposición
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
Respecto a las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso no
procede su imposición al no estar demostrados en el expediente conforme al
referido artículo 365-8 del Código General del Proceso. Por otra parte, se condenará
en costas a la parte recurrente en el componente de agencias en derecho en favor
de la UGPP. No ocurre lo mismo con Porvenir S.A., porque no intervino en
el presente recurso.
Por lo anterior, en atención a lo previsto en el artículo 366-4 del Código General del
Proceso, para su fijación se atenderá lo establecido en el Acuerdo PSAA16-10554
de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, según el cual la tarifa
de agencias en derecho, tratándose del recurso extraordinario de revisión se tasan
entre uno (1) y veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, la Sala considera razonable y proporcional tasar las agencias en
derecho en un (1) salario mínimo legal mensual a favor de la UGPP, a la fecha de
ejecutoria de esta sentencia.
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22 de noviembre de 2021.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-09473-00
Recurrente: Fabio Ramón Moratto López y otros
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado,
administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero.- Aceptar la renuncia presentada por el abogado Jorge Fernando
Camacho Romero, al poder conferido por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), por cumplirse los requisitos establecidos
en el artículo 76 del Código General del Proceso.
Segundo.- Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
los señores Fabio Ramón Moratto López, Anthony Olivieri Ripoll y Yelitza Angélica
Moratto Ripoll, quienes actúan por conducto de apoderado judicial, contra la
sentencia de 5 de noviembre de 2020, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado (exp. 20001-23-39000-2015-00358-01 (4244-
2017).
Tercero.- Condenar a la parte recurrente al pago de costas por concepto de
agencias en derecho a favor de la UGPP, por la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARÍA ADRIANA MARÍN LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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