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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08192-00

Fecha
2 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-08192-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

2 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08192-00 (12936)
Accionantes: Fabio Ramón Moratto López, Anthony Olivieri Ripoll y Yelitza
Angélica Moratto Ripoll
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda y Sala Once Especial de
Decisión del Consejo de Estado

Tema: tutela contra providencias judiciales. Subtema 1: medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y recurso extraordinario de revisión.
Subtema 2: traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de
prima media con prestación definida. Subtema 3: defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente. Subtema 4: deber de los fondos de pensiones de
informar sobre los beneficios y riesgos del traslado. Subtema 5: cosa juzgada
constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por los señores Fabio Ramón Moratto López,
Anthony Olivieri Ripoll y Yelitza Angélica Moratto Ripoll contra la Subsección A de
la Sección Segunda y la Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado.

1. Síntesis del caso

Los señores Fabio Ramón Moratto López, Anthony Olivieri Ripoll y Yelitza Angélica
Moratto Ripoll solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad social
y al mínimo vital, que consideraron vulnerados por la Subsección A de la Sección
Segunda y la Sala Once Especial de Decisión, ambas del Consejo de Estado, con
ocasión de las sentencias proferidas el 5 de noviembre de 2020 y del 30 de
septiembre de 2025, respectivamente, dentro de los expedientes con radicados
núms. 20001-23-39-000-2015-00358-01 (proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho) y 11001-03-15-000-2021-09473-00 (recurso extraordinario de revisión).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08192-00 (12936)
Accionantes: Fabio Ramón Moratto López y otros
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y otros

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. La señora Libia del Carmen Ripoll Ripoll presentó demanda2 en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con las pretensiones de
nulidad de: i) las resoluciones que negaron el reconocimiento y pago de la pensión
de vejez; ii) el acto ficto negativo ante la falta de respuesta a la petición de dejar sin
efecto el traslado de regímenes para mantener el de transición para la aplicación de
la Ley 33 de 1985; iii) la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad en
pensiones que realizó el 30 de noviembre de 1995.

3. En consecuencia, que se ordenara: i) a la Administradora de Fondos de
Pensiones Porvenir SA (Porvenir), trasladar las cotizaciones efectuadas en el sector
público a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) y devolver los aportes realizadas en el sector privado o,
en su defecto, a la UGPP para que los reintegre; ii) a la UGPP, que reconociera y
pagara una pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, con la
inclusión de todos los factores salariales percibidos, y que se actualizara la primera
mesada.

4. El asunto correspondió al Tribunal Administrativo del Cesar bajo el radicado
núm. 20001-23-39-000-2015-00358-00, autoridad que, en sentencia del 13 de julio
de 20173, negó las pretensiones de la demanda. La autoridad judicial abordó la
evolución jurisprudencial sobre el traslado del régimen de ahorro individual con
solidaridad al régimen de prima media con prestación definida y la imposibilidad de
traslado cuando faltan 10 años o menos para tener la edad para adquirir el derecho
pensional, como en el caso concreto.

5. También citó la sentencia SU-130 de 2013 y encontró que la demandante no
cumplía con el requisito de tener 15 años de servicio ni 750 semana requeridas para
ser beneficiaria del régimen de transición. Analizó los actos de traslado y afirmó que
no se probó que estuvieran viciados en el consentimiento, puesto que, por el
contrario, Porvenir demostró que sí brindó la información pertinente sobre el cambio
de régimen. Esta decisión fue apelada por la señora Libia del Carmen Ripoll Ripoll.

6. En segunda instancia, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado profirió fallo el 5 de noviembre de 20204 en el que confirmó la providencia
del Tribunal. Explicó los regímenes de prima media con prestación definida, de

1
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08192-00 índice 2, certificado BDA9D53FD3CC18E6
C1B56BB6F0C965E5 46BC4E5680F321B3 B58805DC15529BC3.
2 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08192-00 índice 2, certificado F7C055AD16FFADDA

46E4BD52DE2A7BE8 6CC48A46BF65A0A3 3F476EB1B5BBA5BA, páginas 116 a 140.
3 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08192-00 índice 2, certificado F7C055AD16FFADDA

46E4BD52DE2A7BE8 6CC48A46BF65A0A3 3F476EB1B5BBA5BA, páginas 564 a 610.
4 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08192-00 índice 2, certificado F7C055AD16FFADDA

46E4BD52DE2A7BE8 6CC48A46BF65A0A3 3F476EB1B5BBA5BA, páginas 1096 a 1127.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08192-00 (12936)
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Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del
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ahorro individual con solidaridad (RAIS), y el de transición previsto en la Ley 100 de
1993 con sus modificaciones de la Ley 797 de 2003 y el acto legislativo 01 de 2005,
así como las reglas previstas en la sentencia SU-130 de 2013.

7. Resaltó que, de acuerdo con la Corte Constitucional, únicamente los afiliados
al sistema pensional con 15 o más años de servicios cotizados al 1 de abril de 1994
podrían trasladarse en cualquier momento del régimen de ahorro al de prima media
sin perder los beneficios del régimen de transición, por lo que aquellos que cumplían
solo con la edad mínima exigida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no
conservaban dichos beneficios. En el caso concreto, sostuvo lo siguiente:

En virtud a ello y de acuerdo con la sumatoria del tiempo de servicios realizada
precedentemente se puede concluir que, para el 30 de junio de 1995 la demandante
únicamente acreditó 9 años, 9 meses y 29 días de servicios prestados. Por lo tanto,
no cumplió con el requisito indispensable de los 15 años de servicios para mantener
el beneficio del régimen de transición, lo cual cobra relevancia, si se tiene en cuenta
su cambio de régimen del RAIS al RPMPD.

En consecuencia, la señora Ripolll Ripoll al no acreditar los 15 años de servicios para
el 30 de junio de 1995, perdió los beneficios del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, al haberse trasladado del RPMPD al RAIS 5.

8. Por otra parte, dado los cargos de la demanda y de la apelación, analizó si el
traslado de la señora Libia del Carmen Ripoll Ripoll se llevó a cabo como producto
de engaños o ausencia de información por parte de la extinta AFP Horizonte, hoy
Porvenir, y expuso que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, los fondos tenían el deber de informar los beneficios y
riesgos del traslado de regímenes a sus afiliados y de probarlo en los procesos
judiciales.

9. Luego, revisó el oficio 2410 del 12 de diciembre de 2016, en el que Porvenir
manifestó que la señora Libia del Carmen Ripoll Ripoll realizó las afiliaciones al
RAIS de manera voluntaria, libre y espontánea y que recibió asesoría integral y
completa por parte del extinto AFP Horizonte sobre las implicaciones que tenía
dicho traslado «como lo hace constar la misma demandante al imponer su firma en
la casilla correspondiente dentro del formulario de afiliación que se anexó al proceso
como prueba». También refirió las pruebas testimoniales aportadas al expediente
ordinario. En ese orden, consideró lo siguiente:

Al analizar los anteriores testimonios, la Subsección puede evidenciar que a los
testigos no les consta de manera directa los hechos contenidos o relatados dentro de
la demanda que atañe el presente proceso, pues no estuvieron presentes cuando la
demandante realizó la afiliación a la AFP Horizonte, no tienen la capacidad de afirmar
si en efecto a la señora Libia del Carmen le informaron las implicaciones del traslado
de régimen, solo manifestaron yo creo, supongo, imagino, eso dicen en los pasillos,
y, en todo caso, hablan de su caso particular como empleados del hospital no de la
propia situación de la demandante, por lo tanto, se advierte que en lo concerniente a
esta, los dichos de los deponentes se basaron en las denominadas pruebas de

5 Se transcribe incluso con errores de texto.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08192-00 (12936)
Accionantes: Fabio Ramón Moratto López y otros
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del
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referencia o de oídas y por lo tanto, no tienen la capacidad de demostrar por sí solos
los hechos que alega la libelista.

De este modo, no es dable por parte de esta Sala tener certeza que la demandante
fue sometida a engaños y que la suscripción del formulario de traslado de régimen
obedeció a que le iban a consignar las cesantías, afirmaciones que no fueron
probadas, pues los testigos en ningún momento dan razón de ello en el caso particular
de la aquí demandante, aunado, dicha circunstancia no fue alegada por la libelista en
el libelo introductor, solo afirmó que no le fueron informados los pro y contra que
conllevaría el traslado.
[…]
De otro lado, lo anterior se contrapone a la certificación expedida por la AFP
PROVENIR S.A. la cual da cuenta de que sí brindó la información requerida para que
la señora Ripoll Ripoll pudiera elegir libremente el cambio de régimen, lo cual se
confronta al supuesto engaño aludido por la libelista, al no haberse demostrado lo
contrario, desvirtúa en este caso, el vicio del consentimiento alegado que pueda dar
lugar a la anulación de dicha afiliación6.

10. En contra de la sentencia de segunda instancia del 5 de noviembre de 2020,
los señores Fabio Ramón Moratto López, Anthony Olivieri Ripoll y Yelitza Angélica
Moratto Ripoll, en su condición de compañero permanente e hijos de la señora Libia
del Carmen Ripoll Ripoll, respectivamente, presentaron recurso extraordinario de
revisión7, pues consideraron que se configuraron las causales 2 y 5 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

11. Fundamentaron que Porvenir adulteró el oficio 2410 de 2016 para «mostrarlo
como un documento idóneo, el cual aportó sin soporte adicional, y lo más
importante: contradiciendo lo que la actora le endilga no hizo, con la simple
afirmación del fondo, sin que ello guarde relación con la prueba pedida». Agregó
que, al ser una prueba en favor de la AFP, no es «idónea, carece de verdad, resulta
ser un documento adulterado».

12. Además, adujeron que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado incurrió en la causal de nulidad por incongruencia interna y externa,
porque en la parte motiva del fallo del 5 de noviembre de 2020 se indicó que el fondo
de pensiones tenía la carga de probar que informó a la demandante las
implicaciones del traslado del régimen, sin embargo, se consideró que los
testimonios no acreditaron el vicio en el traslado.

13. Al respecto, luego de agotado el trámite de rigor, la Sala Once Especial de
Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado
profirió sentencia el 30 de septiembre de 2025 8 en la que declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión. Como sustento de su decisión, reiteró las
actuaciones surtidas en el proceso ordinario y las consideraciones del fallo del 5 de
noviembre de 2020.

6 Se transcribe incluso con errores de texto.
7 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08192-00 índice 2, certificado F7C055AD16FFADDA
46E4BD52DE2A7BE8 6CC48A46BF65A0A3 3F476EB1B5BBA5BA, páginas 1159 a 1188.
8 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2021-09473-00 índice 66, certificado 20CB6DCDE9F93868

403344458DCF7FB7 8F127E9BB21C2F59 522D136D5C26EE25.
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14. Sobre el cargo por incongruencia, abordó la jurisprudencia de esta corporación
según la cual no resultaba acertado plantear en revisión reparos sobre la
apreciación de las pruebas o la aplicación de una regla de derecho o una norma
jurídica, toda vez que se desbordaba la finalidad del recurso extraordinario, que era
examinar errores in procedendo. En el caso concreto, encontró lo siguiente:

[…] a juicio de la Sala lo planteado por los recurrentes está dirigido a cuestionar el
debate jurídico y probatorio surtido ante el juez natural, como si este medio de revisión
constituyera una instancia adicional al proceso ordinario -tercera instancia.

[…]

De acuerdo con lo anterior, se concluye que lo solicitado por los recurrentes es que
se revise la cuestión decidida en el proceso ordinario, como si el recurso
extraordinario de revisión constituyera una instancia adicional en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, razón suficiente para concluir que no se
configuró la causal de revisión del numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
-CPACA-9.

15. En cuanto a la causal 2 atinente al oficio 2410 de 2016, la Sala Especial explicó
que el alegato desconocía lo dispuesto en el artículo 244 del Código General del
Proceso (CGP) referente a la presunción de autenticidad de los documentos
privados emanados de las partes en original mientras no sean tachados de falsos o
desconocidos.

16. En ese orden, afirmó que no era procedente vía recurso extraordinario la
revisión del alcance y eficacia probatoria de un documento por el hecho de que fue
aportado por el fondo demandado en un proceso, por la falta de soportes o con el
alegato de que es adulterado y confeccionado en beneficio propio, pues son
censuras ajenas a la naturaleza de ese mecanismo. Así las cosas, concluyó que:

[…] [P]ara que prospere la causal 2 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-
, como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, el recurrente debe
haber obtenido la prueba o certeza de la falsedad de los documentos con
posterioridad a la sentencia atacada y no durante el trámite del proceso ordinario,
toda vez que, en dicho evento, debía poner en conocimiento del juzgador esa
situación antes de proferirse la sentencia, lo cual no puede ser advertido ahora en el
recurso extraordinario de revisión, pues este mecanismo de defensa judicial
extraordinario no está previsto para subsanar la falta de actividad probatoria o gestión
procesal de las partes en dicho trámite.

[…]

Comoquiera que los argumentos propuestos por la parte recurrente no están dirigidos
a acreditar que la sentencia recurrida se profirió con fundamento en documentos
falsos o adulterados, sino que lo que se advierte son reparos frente al contenido de
una prueba documental aportada al expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho por la AFP Porvenir y el alcance probatorio que el juez de conocimiento le

9 Se transcribe incluso con errores de texto.

5

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otorgó para decidir el fondo del asunto, son aspectos ajenos a este medio
excepcional y no encuadra en la causal invocada10.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

17. Los señores Fabio Ramón Moratto López, Anthony Olivieri Ripoll y Yelitza
Angélica Moratto Ripoll solicitaron que el juez constitucional ampare sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital; deje sin efectos las sentencias del
5 de noviembre de 2020 y del 30 de septiembre de 2025. En consecuencia,
formularon las siguientes pretensiones:

• Declarar la ineficacia y nulidad del traslado de la señora LIBIA DEL CARMEN
RIPOLL RIPOLL del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad, por haberse producido sin información clara, suficiente, comprensible y
comparativa.

• Reconocer que la causante conservaba el régimen de transición y el derecho a la
pensión de jubilación previsto en la Ley 33 de 1985, en armonía con los artículos 8 y
11 de la Ley 71 de 1988, a partir del 29 de mayo de 2010, fecha en que cumplió edad,
tiempo de servicios y retiro del servicio público.

• Ordenar a la UGPP y a la AFP PORVENIR S. A. realizar los traslados de aportes
y compensaciones actuariales necesarios para restituir la afiliación de la causante al
Régimen de Prima Media y liquidar la pensión de jubilación en el monto más favorable,
con inclusión de todos los factores salariales del último año de servicios públicos,
conforme se solicitó en la demanda ordinaria.

• Reconocer y pagar a los hoy accionantes, como sucesores procesales y llamados
a la sustitución pensional, las mesadas pensionales causadas desde el 29 de mayo
de 2010, con los reajustes, intereses moratorios e indexaciones legales
correspondientes11.

18. De manera subsidiaria, pidieron que se ordenara a la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado que emitiera una nueva decisión en la que
valorara integralmente las pruebas del proceso, aplicara el precedente sobre la
materia y reconociera la ineficacia o nulidad del traslado de régimen, sin invertir la
carga de la prueba y sin apreciar documentos «auto confeccionados».

19. Como fundamento de sus pretensiones, reiteraron los hechos y argumentos
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y del recurso
extraordinario de revisión. Adujeron que los testigos aportados al proceso ordinario
daban cuenta de que el traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad fue
el resultado de engaños, y que no se trataban de simples oídas.

20. Expusieron como hecho sobreviviente que el fondo pensional envió una
comunicación el 22 de noviembre de 2025, luego de que falleciera la señora Libia

10 Se transcribe incluso con errores de texto.
11 Se transcribe incluso con errores de texto.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08192-00 (12936)
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del Carmen Ripoll Ripoll, dando la oportunidad de traslado que introdujo la Ley 2381
de 2024, derecho al cual no pudo ser beneficiaria.

21. Citaron como desconocida la sentencia del 20 de noviembre de 202512 dictada
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se
adoptaron las reglas de la sentencia SU-107 de 2024, consistentes principalmente
en que la simple suscripción del formulario no probaba el consentimiento informado
y que correspondía a la entidad la carga de acreditar que cumplió con su obligación
de advertir los beneficios y riesgos del traslado.

22. Cuestionaron que el juez ordinario de segunda instancia concedió especial
peso probatorio al oficio 2410 de 2016 pese a que fue «auto confeccionado» por el
fondo pensional, con lo que trasladó la carga a la parte demandante de demostrar
la falta de información. Por otra parte, sostuvieron que la Sala Especial redujo los
argumentos del recurso extraordinario a una simple inconformidad y que desconoció
la problemática sobre las pruebas mediante una interpretación «excesivamente
formalista» de las causales 2 y 5 del artículo 250 del CPACA.

23. Insistieron en que: i) se desconoció la «distribución correcta» de la carga de la
prueba en materia de nulidad del traslado de régimen, pues se le impuso a la
demandante tener que demostrar la falta de información, no obstante que debía ser
la AFP quien acreditara el cumplimiento de sus deberes; ii) se otorgó «eficacia» a
una prueba que no tenía soportes, en detrimento de otras consistentes como los
testimonios; iii) se desatendieron los precedentes del Consejo de Estado, la Corte
Suprema de Justicia y la Corte Constitucional sobre los deberes de las AFP y sus
cargas en los procesos judiciales para demostrar que informaron los beneficios y
riesgos de los traslados.

24. Por las razones expuestas, alegaron que la sentencia del 5 de noviembre de
2020 incurrió en un defecto fáctico, por dar valor probatorio al documento «auto
confeccionado» por Porvenir, invertir la carga probatoria e indebida apreciación de
los testimonios; y por desconocimiento del precedente referente a la nulidad del
traslado.

25. Por su parte, indicaron que el fallo del 30 de septiembre de 2025 incurrió en
las causales fáctica, sustantiva y de exceso ritual manifesto, porque la providencia
del 5 de noviembre de 2020 resultó incongruente al tener por probado algo que no
se acreditó, invertir la carga probatoria, valorar un documento «auto confeccionado»
y negar la aplicación de las causales de revisión 2 y 5 del artículo 250 del CPACA.

2.3. Trámite procesal

26. El despacho ponente, mediante auto del 14 de enero de 202613, admitió la
solicitud de amparo; vinculó a la UGPP; requirió los expedientes objeto de

12 Expediente núm. 25000-23-42-000-2015-00299-01 (4913-2019).
13Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08192-00 índice 4, certificado 69A87FF83AE8397F
CA63E3091CEB5A2E 1C129D132234FB75 8B53806829BED615.
7

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controversias; tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda;
suspendió los términos y ordenó las notificaciones de rigor.

2.4. Intervenciones

27. La UGPP contestó que los accionantes, con anterioridad, agotaron una tutela
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con radicado
núm. 11001-03-15-000-2021-01529-00, que en sentencia del 10 de junio de 2021
de la Sección Cuarta de esta corporación fue declarada improcedente; decisión
impugnada y revocada en segunda instancia en fallo del 5 de agosto de 2021 de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, autoridad que negó las pretensiones de
amparo. Por lo expuesto, alegó temeridad14.

28. Manifestó que no transgredió derechos fundamentales, por lo que no tiene
legitimación en la causa por pasiva, y que la solicitud de amparo se torna
improcedente toda vez que busca sustituir una decisión ejecutoriada. Argumentó
que no se configuraron los defectos invocados y que debe respetarse la autonomía
judicial, con mayor razón, cuando no se acreditó un perjuicio irremediable. Pidió que
se rechace la acción, se desestimen las pretensiones y su desvinculación del trámite
constitucional.

29. El despacho ponente de la Sala Once Especial de Decisión del Consejo de
Estado sintetizó los hechos y argumentos de la tutela y solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción, por cuanto, respecto de la sentencia del 5 de noviembre
de 2020 no se cumple el requisito de inmediatez; y frente al fallo del 30 de
septiembre de 2025, no se satisface el de relevancia constitucional porque se
pretende continuar con la discusión del recurso extraordinario. Por otra parte, reiteró
el fundamento de su decisión objeto de reparos15.

30. Por auto el 9 de febrero de 202616 se ordenó la vinculación del Tribunal
Administrativo del Cesar y de Porvenir, para garantizar sus derechos fundamentales
a la defensa y contradicción.

31. Porvenir indicó que la señora Libia del Carmen Ripoll Ripoll aun registra
vigente en sus bases de datos y que, en vida, ni sus sucesores, pidieron
reconocimiento de la prestación económica, razón por la que no existe actuación
administrativa que le sea atribuible. Destacó que el oficio 2410 de 2016 fue
adecuadamente valorado y que el debate se agotó en el proceso ordinario, por lo
que existe cosa juzgada formal y material. Alegó su falta de legitimación en la causa
por pasiva y la improcedencia de la tutela17.

14
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08192-00 índice 13, certificado 3897A3D94156CC3F
D99FA6BE84CC2931 55D457B78502F213 7035DA166EBD7D15.
15 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08192-00 índice 11, certificado 7EE1281D47906046

CC41EF50F5042092 7F16B98ED7531A11 3F6760814EA24685.
16 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08192-00 índice 17, certificado 3C88251780E149B3

99F561C9A572673D 21B7268AC9166C8C 067029B332ED6AA1.
17 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08192-00 índice 22, certificado 262E8F69E15CEE6E

10AD6E2E7186A3EF 1EC558BA3A3E9319 34D16A8854C8CD1B.
8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08192-00 (12936)
Accionantes: Fabio Ramón Moratto López y otros
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y otros

32. El Tribunal Administrativo del Cesar expresó que todas sus decisiones fueron
emitidas con estricta sujeción al marco jurídico aplicable y aseguró que quedó
probado en el proceso ordinario que la señora Libia del Carmen Ripoll Ripoll no
sufrió engaño o falta en su derecho a la información por parte del fondo. Agregó que
no se evidenció la vulneración de derechos fundamentales, motivo por el que pidió
que se negaran las pretensiones de la tutela18.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

33. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por los señores Fabio Ramón Moratto
López, Anthony Olivieri Ripoll y Yelitza Angélica Moratto Ripoll contra la Subsección
A de la Sección Segunda y la Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

34. La legitimación en la causa por activa de los señores Fabio Ramón Moratto
López, Anthony Olivieri Ripoll y Yelitza Angélica Moratto Ripoll está acreditada
porque fueron los que interpusieron el recurso extraordinario de revisión con
radicado núm. 11001-03-15-000-2021-09473-00 contra de la sentencia del 5 de
noviembre de 2020, proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 20001-23-39-000-2015-00358-01, en el que fueron
expedidas las providencias que, a su juicio, desconocieron sus derechos
fundamentales.

35. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección
A de la Sección Segunda y de la Sala Once Especial de Decisión, ambas del
Consejo de Estado, debido a que fueron las autoridades que profirieron las
sentencias del 5 de noviembre de 2020 y del 30 de septiembre de 2025,
respectivamente, dentro de los referidos expedientes objeto de tutela.

36. Por otro lado, se advierte que la UGPP y Porvenir solicitaron su desvinculación
al considerar que no estaban llamadas a responder por la vulneración de los
derechos fundamentales de la parte accionante.

37. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de terceros, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda
vez que dichas entidades actuaron como demandadas dentro del proceso ordinario
de nulidad y restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia
objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría
afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se negarán sus solicitudes.

18Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08192-00 índice 23, certificado 8917AF78D2BA25CC
25D668A533A872C8 CFC910343763BBEA 2218219003E7164C.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08192-00 (12936)
Accionantes: Fabio Ramón Moratto López y otros
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y otros

3.3. Problema jurídico

38. En atención a los argumentos que presentó la UGPP en su escrito de
contestación, en particular, la existencia de una acción de tutela adelantada por las
mismas razones que en esta ocasión, a la Sala le corresponde determinar, en
primera medida, si se configura la cosa juzgada constitucional. En concreto, se
deberá analizar si en el trámite constitucional con radicado núm. 11001-03-15-000-
2021-01529-00 se discutieron los argumentos formulados en el escrito de amparo
de la referencia.

39. En caso negativo, se estudiará si la Subsección A de la Sección Segunda y la
Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado vulneraron los derechos
fundamentales de los accionantes, por la configuración de los defectos fáctico,
sustantivo, de desconocimiento del precedente y procedimental por exceso ritual
manifiesto en las sentencias emitidas el 5 de noviembre de 2020 y del 30 de
septiembre de 2025, respectivamente, dentro de los expedientes con radicados
núms. 20001-23-39-000-2015-00358-01 y 11001-03-15-000-2021-09473-00.

3.3.1. Acción de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2021-01529-00

40. Revisada la plataforma Samai, la Sala observa que el trámite de tutela con
radicado núm. 11001-03-15-000-2021-01529-00 inició con el escrito que
presentaron los señores Fabio Ramón Moratto López, Anthony Olivieri Ripoll y
Yelitza Angélica Moratto Ripoll contra el Tribunal Administrativo del Cesar y la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para que se
ampararan sus derechos fundamentales que consideraron vulnerados con las
sentencias del 13 de julio de 2017 y del 5 de noviembre de 2020, proferidas dentro
del proceso ordinario con radicado núm. 20001-23-39-000-2015-00358-00/01.

41. El asunto correspondió en primera instancia a la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, autoridad que, el 10 de junio de 2021, declaró improcedente la tutela
ante el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Esta decisión fue
impugnada. En segunda instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado en fallo
del 5 de agosto de 2021, revocó la anterior decisión y, en consecuencia, negó la
solicitud de amparo. De acuerdo con esta última providencia, los accionantes
expusieron, entre otros, los siguientes argumentos:

Los demandantes aseveraron que la providencia de segunda instancia bajo censura
adolece de defecto fáctico, toda vez que tuvo por probado, sin estarlo, que la AFP
suministró información suficiente y necesaria para que la afiliada pudiera tomar la
decisión de trasladarse de régimen.

Advirtieron que en el fallo atacado se dio valor probatorio al oficio que la AFP Porvenir
aportó al proceso, según el cual la causante realizó la afiliación al Régimen de Ahorro
Individual (RAIS) de manera libre, espontánea y que recibió la asesoría legal e integral
acerca de las implicaciones que traería consigo el traslado de régimen, según lo hizo
constar la señora Ripoll Ripoll al plasmar su firma en la casilla correspondiente del
formulario de afiliación.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08192-00 (12936)
Accionantes: Fabio Ramón Moratto López y otros
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y otros

Indicaron que, con ello, se permitió a la AFP demandada confeccionar su propia
prueba favorable, y a esta se le confirió valor de convicción, en contravía de los
postulados probatorios de que tratan los artículos 167 y 176 del Código General del
Proceso, sobre la carga de la prueba y su apreciación.

Mencionaron que la Corte Suprema de Justicia 19 se pronunció en el sentido de
precisar que el documento en el que una de las partes expone la ocurrencia de un
hecho que le favorece, no es prueba de su existencia, pues no es procedente que los
sujetos procesales produzcan sus propios medios de convicción.

Señalaron que la autoridad judicial demandada, pese a que acogió la tesis del órgano
de cierre de la jurisdicción ordinaria, aun así, tuvo como tal la que produjo la AFP
demandada. Afirmaron que la colegiatura demandada descartó los testimonios
practicados en el proceso que dieron cuenta de que a la causante no le suministraron
la información necesaria, suficiente, eficaz y documentada respecto de las
consecuencias del traslado.

Sostuvieron que los testigos fueron claros y contundentes en señalar el modus
operandi de la AFP, consistente en inducir en error a los cotizantes mediante
engaños, como hacerles creer que lo que firmaron consistía en un traslado de
cesantías. Indicaron que en la demanda ordinaria se advirtió un vicio del
consentimiento por falta de asesoría por parte de la AFP, pues una persona con pleno
conocimiento de las consecuencias del traslado de régimen no procedería en ese
sentido.

Advirtieron que, si para la autoridad judicial no fue evidente el engaño, es claro que sí
hubo omisión en la información, cuya carga probatoria estaba a cargo del fondo
privado, quien no demostró haber suministrado la asesoría necesaria y suficiente,
salvo la prueba que dicho fondo confeccionó en su favor.

Agregaron que “el traslado fue de “improvisto”, los tomaron sin posibilidad de consulta
a alguien más, sin saber las consecuencias del tema e incluso pensando que era otra
cosa lo que iban a firmar. (…)”20.

42. En relación con los anteriores reparos, la Sección Quinta del Consejo de
Estado abordó el análisis probatorio que se realizó en la sentencia del 5 de
noviembre de 2020 y encontró que se otorgó pleno valor de convicción al oficio 2410
de 2016 del cual se pudo advertir que la AFP Porvenir informó a la señora Ripoll
Ripoll acerca de las implicaciones de trasladarse al RAIS y que, aún así, procedió
de manera libre y voluntaria.

43. Indicó que, si bien el Tribunal debió acoger el planteamiento de la demandante
según el cual no se le asesoró en debida forma, lo cierto fue que ese «error de
valoración» no tuvo trascendencia en la sentencia objeto de reparos porque los
testimonios no lograron demostrar el supuesto engaño de la AFP y de información
acerca de las consecuencias de trasladarse al RAIS.

19 «Cita de cita: “Radicación N° 73802 MP. MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO. SL2674 2019. Fallo del 17

de julio de 2019”».
20 Se transcribe incluso con errores de texto.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08192-00 (12936)
Accionantes: Fabio Ramón Moratto López y otros
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y otros

44. En ese orden, luego de citar los dichos de algunos testigos, el juez de tutela
de segunda instancia destacó que estos no se refirieron a la situación de la
demandante por conocimiento directo de los hechos, sino a partir de conclusiones
basadas en su propia experiencia, mientras que otros afirmaron de manera tajante
que no les constaban lo indagado.

45. Por último, es preciso destacar que la sentencia del 5 de agosto de 2021
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el trámite de tutela con
radicado núm. 11001-03-15-000-2021-01529-00/01 no fue seleccionada para su
eventual revisión por la Corte Constitucional, según certificado visible en el índice
12 de la plataforma Samai.

3.3.2. Caso concreto

46. En el asunto bajo estudio, la Sala observa que los señores Fabio Ramón
Moratto López, Anthony Olivieri Ripoll y Yelitza Angélica Moratto Ripoll presentaron
tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda y la Sala Once Especial de
Decisión del Consejo de Estado, pues consideraron vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión de las sentencias proferidas el 5 de noviembre de 2020
y el 30 de septiembre de 2025, respectivamente, dentro de los procesos con
radicados núms. 20001-23-39-000-2015-00358-01 y 11001-03-15-000-2021-
09473-00.

47. Frente a la primera decisión, afirmaron que se configuraron los defectos fáctico
y por desconocimiento del precedente; y en la segunda, fáctico, sustantivo y por
exceso ritual manifiesto. Ahora bien, al margen de las causales de procedencia
específicas nominadas en el escrito de amparo, aquellas están sustentadas en los
siguientes cargos concretos:

• Se tuvo en cuenta el oficio 2410 de 2016 y se le otorgó peso probatorio, no
obstante que ese documento era una prueba «auto confeccionada»,
carente de imparcialidad y de soporte de las afirmaciones, que no
demostraba el requisito sobre el consentimiento libre e informado.

• Se desconoció la contundencia de la prueba testimonial, de la que se podía
concluir que el traslado de régimen fue el resultado de una operación
engañosa que violó el deber de información de los usuarios.

• Se incurrió en incongruencia, puesto que al aceptar la prueba documental y
desechar los testimonios, se invirtió la carga de la prueba pese a que se
reconoció que el fondo pensional tenía el deber de demostrar que cumplió
con la obligación de informar los beneficios y riesgos del traslado.

48. En criterio de esta Sala, las anteriores premisas contienen básicamente los
argumentos en que los tutelantes fundamentan todos los defectos invocados,
incluso, así estén dirigidos de manera indistinta contra las sentencias del 5 de
noviembre de 2020 y el 30 de septiembre de 2025.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08192-00 (12936)
Accionantes: Fabio Ramón Moratto López y otros
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y otros

49. Cabe destacar que los accionantes afirman que la Sala Especial realizó un
excesivo formalismo al aplicar la causal 2 del artículo 250 del CPACA, sin embargo,
lo sustentan en que el oficio 2410 de 2016 no debió ser valorado por los distintos
vicios que, aseguraron, contiene; también, insisten en que se configuró una
incongruencia en los términos de la causal 5 ibidem, no obstante, la justifican en
que se invirtió la carga de la prueba porque no se apreciaron los testigos y se dio
peso probatorio al mencionado documento, últimos reproches que, a su vez,
explican el desconocimiento del precedente sobre la nulidad de los traslados y las
obligaciones de las AFP con los usuarios.

50. Pues bien, en los términos expuestos, la Sala encuentra que en esta
oportunidad se discute de manera aparente la decisión que resolvió el recurso
extraordinario de revisión, toda vez que los alegatos de amparo tienen como última
finalidad controvertir la decisión de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en relación con la valoración de las pruebas en el proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.

51. Por las particularidades del caso concreto, en esta oportunidad no es posible
analizar los reproches en contra de la sentencia del 30 de septiembre de 2025 sin
tener que estudiar, necesariamente, la valoración probatoria y las reglas que aplicó
la Subsección A accionada en la sentencia del 5 de noviembre de 2020 y, en esa
medida, el recurso extraordinario no constituye una diferencia sustancial para definir
el problema jurídico.

52. Bajo ese panorama, se advierte que existe identidad entre las tutelas con
radicados núms. 11001-03-15-000-2021-01529-00 y 11001-03-15-000-2025-
08192-00, por cuanto comparten identidad de accionantes: los señores Fabio
Ramón Moratto López, Anthony Olivieri Ripoll y Yelitza Angélica Moratto Ripoll; de
hechos: la posible vulneración de derechos fundamentales con el análisis probatorio
efectuado en la sentencia del 5 de noviembre de 2020; y de pretensiones finales,
que no son otras que obtener la nulidad del traslado que hizo la señora Libia del
Carmen Ripoll Ripoll al RAIS en 1995.

53. En consecuencia, dado que los cargos de amparo de esta acción fueron
formulados en la tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2021-01529-00, la cual
finalizó con la sentencia del 5 de agosto de 2021 que no fue seleccionada por la
Corte Constitucional para su eventual revisión, se concluye que se configuró la cosa
juzgada constitucional21 en relación con los argumentos expuestos y abordados con
anterioridad. Por estos motivos, la Sala se abstendrá de emitir un pronunciamiento
de fondo.

54. En todo caso se aclara que, a pesar de la identidad existente entre la tutela
con radicado núm. 11001-03-15-000-2021-01529-00 aquí analizada y la presente,

21 Corte Constitucional, sentencia SU-150 de 2021: La cosa juzgada se configura cuando se cumplen los
siguientes requisitos: «(i) identidad de partes, para lo cual “al proceso deben concurrir [los mismos sujetos] e
intervinientes que resultaron vinculad[os] y obligad[os] por la decisión que constituye cosa juzgada”; (ii) identidad
de objeto, esto es, que “sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o
varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente”».
13

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08192-00 (12936)
Accionantes: Fabio Ramón Moratto López y otros
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y otros

la Sala no advierte temeridad22, pues los señores Fabio Ramón Moratto López,
Anthony Olivieri Ripoll y Yelitza Angélica Moratto Ripoll acudieron nuevamente al
juez constitucional bajo el convencimiento errado de que haber agotado el recurso
extraordinario de revisión generaba un presupuesto nuevo que les permitía acudir
una vez más ante el juez de tutela bajo fundamentos similares.

55. Por otra parte, los tutelantes mencionaron en la solicitud de amparo que
Porvenir comunicó el 22 de noviembre de 2025 sobre el beneficio previsto en la Ley
2381 de 2024. Sobre este punto, la Sala no comprende de qué manera puede
determinar la vulneración de los derechos fundamentales por parte de las
autoridades accionadas, pues se trata de un hecho nuevo ajeno a los procesos
judiciales objeto de reparos.

56. Finalmente, ocurre similar situación con el cargo por desconocimiento del
precedente sobre traslados y la valoración probatoria, por cuanto, por un lado, las
sentencias del 20 de noviembre de 202523 del Consejo de Estado y SU-107 de 2024
de la Corte Constitucional son posteriores a la que profirió la Subsección A de la
Sección Segunda de esta corporación dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho; y, por otro lado, respecto de la Corte Suprema de
Justicia, no fue citado un fallo específico como desconocido.

4. Conclusión

57. Al tener en cuenta que frente a los argumentos que sustentaron la presente
acción de tutela se configuró la cosa juzgada constitucional, y que los demás
reparos no estuvieron debidamente sustentados, la Sala declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Negar las solicitudes de desvinculación propuestas por la UGPP y
Porvenir, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo: Declarar improcedente el amparo de tutela solicitado por los señores
Fabio Ramón Moratto López, Anthony Olivieri Ripoll y Yelitza Angélica Moratto
Ripoll, por las razones contenidas en la parte motiva de esta providencia.

22 Corte Constitucional, sentencia T-250 de 2021: «la existencia de cosa juzgada constitucional no
necesariamente se deriva la configuración de la temeridad».
23 Expediente núm. 25000-23-42-000-2015-00299-01 (4913-2019).

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08192-00 (12936)
Accionantes: Fabio Ramón Moratto López y otros
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y otros

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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