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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-01529-00

Improcedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
10 de junio de 2021
Consejero ponente
Milton Chaves García
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-01529-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Declarar improcedente la acción de tutela presentada por los señores Fabio Ramón Moratto López, Yelitza Angélica Moratto Ripoll y Anthony Oliveri Ripoll, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de la providencia. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha (Con firma electrónica) (Con firma electrónica) MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO Presidente de la Sección (Con firma electrónica) MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO (Con firma electrónica) JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ PAGE PAGE PAGE PAGE Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Radicado: 41001-23-33-000-2013-00519-01 (23082) Demandante: ECJ DISTRIBUCIONES LTDA. PAGE \* MERGEFORMAT1

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-01529-00

Consejero ponente: Milton Chaves García

10 de junio de 2021

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL

A la Sala le corresponde determinar si en el presente asunto la acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional. En el evento en que se logre superar el requisito de procedencia y los demás requisitos generales, la Sala descenderá en el estudio de la configuración de los defectos alegados por la parte actora. (…) En principio, el estudio de los cargos en que se sustentan las causales de procedencia de la acción de tutela deberían estudiarse a partir del denominado defecto fáctico, de no ser, porque, vista las pruebas que obran en el expediente ordinario, puntualmente, el recurso de apelación contra la decisión de negar las pretensiones del medio de control y el escrito de tutela, la Sala advierte que la solicitud de amparo no cumple el requisito general de relevancia constitucional (…), [pues] [d]e la simple comparación entre los argumentos expuestos en el recurso de apelación ejercido contra la decisión de primera instancia proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y los de la solicitud de amparo, se evidencia, sin mayor esfuerzo, que se trata de una reiteración, con la que la parte actora pretende provocar un nuevo pronunciamiento por parte del juez de tutela. (…) Es evidente que en el escrito de tutela la parte actora está debatiendo argumentos que ya fueron expuestos ante las autoridades judiciales demandadas - en la demanda y en el recurso de apelación -y que fueron resueltos con suficiencia, sin embargo, expone la inconformidad que le generó las conclusiones de los jueces de conocimiento, la valoración probatoria en sí misma y, en general, la decisión contraria a sus intereses, lo cual hace improcedente la solicitud de amparo de referencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01529-00(AC)

Actor: FABIO RAMÓN MORATTO LÓPEZ Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, Y OTRO

Decide la Sala la acción de tutela presentada, mediante apoderado, los señores Fabio Ramón Moratto López, Yelitza Angélica Moratto Ripoll y Anthony Oliveri Ripoll contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y el Tribunal Administrativo del Cesar de conformidad con lo establecido en el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones

Los señores Fabio Ramón Moratto López, Yelitza Angélica Moratto Ripoll y Anthony Oliveri Ripoll presentaron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y el Tribunal Administrativo del Cesar, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna, y al principio de confianza legítima. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

“1. Ampare los derechos fundamentales probados como violentados, en especial,
TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de irrenunciabilidad a la seguridad social en conexidad con el mínimo vital, la vida y la vida digna.

2. Dejar sin efecto el fallo de segunda instancia atacado, por haber configurado los defectos analizados y los que el operador determine como demostrados.

3. En su lugar, DECLARAR la nulidad e ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, efectuada con la AFP accionada, en consecuencia, disponer el traslado de régimen pensional, del RAIS al RPMPD, en virtud que la demandada no probó haber actuado con el deber de información que le impone la ley. Trasladando todos los recursos de la cuenta pensional de la actora, junto con sus rendimientos, primas de seguros y similares, comisiones, etc.

4. Conforme a lo anterior, ordene a la UGPP reconocer la pensión de vejez post mortem que se reclama bajo el régimen de prima media con prestación definida - a cargo de la UGPP, efectiva desde el 29 de mayo de 2010, cuando la afiliada sumó más de 20 años de servicio y cumplió 55 años de edad, tomando el 75% del IBC de los últimos diez años de servicio Público, por tratarse de una pensión de ley 33 de 1985, acorde al precedente del Consejo de Estado frente a la forma de liquidación pensional, fecha de causación y de, efectos fiscales que dependen del retiro del servicio público.

5. Ordenar el pago del retroactivo pensional efectivo desde el 29 de mayo de 2010 y hasta el 21 de febrero de 2021 día anterior al fallecimiento, con intereses de mora, o ensubsidio de los intereses, debidamente indexado, a favor de los sucesores procesales señor FABIO RAMÓN MORATTO LÓPEZ como compañero permanente de la causante y a YELITZA ANGÉLICA MORATTO RIPOLL y ANTHONY OLIVIERI RIPOLL, hijos de la causante.

6. Disponga el reconocimiento, bien sea definitivo con la documental que se aporta al presente o bien reconozca provisionalmente, hasta tanto sea la entidad UGPP quien estudie el derecho de la pensión de sobrevivientes para que reconozca de forma definitiva, de la sustitución de la pensión, a favor de FABIO RAMÓN MORATTO LÓPEZ como compañero permanente de la causante y de SAMUEL TINTINAGO MORATTO, nieto - hijo putativo de la causante, efectiva desde el 22 de febrero de 2021 día del fallecimiento de la pensionada, advirtiendo a la accionada de la condición de igualdad que tendría el hijo putativo.

7. En todo caso, disponga emitir un nuevo fallo ajustado a derecho, por parte de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dejando sin efecto el fallo que ahora nos ocupa.

8. Las demás previsiones que a bien tenga quien funge como Juez Constitucional.”

Hechos:

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

Los actores indicaron que la señora Libia del Carmen Ripoll Ripoll nació el 29 de mayo de 1955 y prestó sus servicios como enfermara en entidades del Estado por más de 20 años, por tal motivo era beneficiaria del régimen de transición contemplado en la Ley 33 de 1985.

Señalaron que, a partir del 1° de diciembre de 1995, la señora Ripoll Ripoll se trasladó al régimen privado de ahorro individual con solidaridad, motivada por un supuesto beneficio consistente en que la pensión sería más favorable respecto de la que le otorgaba el régimen público de prima media. Sin embargo, al realizar dicho traslado el fondo privado omitió informarle las consecuencias del traslado de régimen, tales como la pérdida del régimen de transición, el cambio en la edad para pensionarse y la posibilidad de que no se incluyeran todos los factores salariales percibidos en el último año de servicios.

Afirmaron que, en virtud a lo anterior, el traslado de régimen resultó lesiva a los intereses de la señora Ripoll Ripoll, pues era más favorable el régimen de prima media con prestación definida que el de ahorro individual con solidaridad, pues al momento de efectuarse el traslado, la señora Libia del Carmen tenía 511.51 semanas cotizadas, esto es, más de la mitad del tiempo aportado en el sector público, aun así la UGPP consintió el traslado, pero lo propio era que mantuviera el régimen que tenía.

Por tal razón, la señora Ripoll Ripoll elevó petición el 21 de noviembre de 2014 ante la AFP PORVERNIR S.A., con el fin de que le fueran devueltos los aportes. Dicha entidad en oficio del 28 de noviembre de 2014 le informó que la pensión de vejez se determinaba a través de un cálculo actuarial que tiene en consideración el capital acumulado a la fecha, la expectativa de vida del afiliado y de su grupo familiar para lo cual le requirió suministrara la fecha de nacimiento de su cónyuge y de sus hijos menores de 25 años.

De igual forma, indicaron que el 21 de noviembre de 2014, la señora Ripoll Ripoll radicó petición ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), para que se le reconociera pensión conforme a la Ley 33 de 1985, con el 75 % de todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio, pues, a su juicio, el traslado de regímenes fue resultado de “una publicidad engañosa”.

La UGPP, a través de Resolución RDP 012251 del 31 de marzo de 2015, negó la solicitud, al considerar que el periodo entre el 1° de enero de 1996 y el 30 de noviembre de 2006, no se había efectuado aportes en dicha entidad. Contra esta decisión se interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto de forma negativa mediante Resolución RDP 024497 del 17 de junio de 2015.

Como consecuencia de lo anterior, la señora Libia del Carmen Ripoll Ripoll ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP y la AFP PORVERNIR S.A., con la finalidad de que se declarara la nulidad de los actos administrativos referidos, la nulidad de la afiliación en el nuevo fondo pensional y se efectuara el traslado de las cotizaciones efectuadas al sector público y el respectivo reconocimiento de la pensión en el régimen de prima media.

El proceso le correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del Cesar que, mediante sentencia del 13 de julio de 2017, negó las pretensiones de la demanda. Dicha decisión fue apelada y la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en providencia del 5 de noviembre de 2020, la confirmó al considerar que no se demostró que el traslado por parte de la señora Libia del Carmen Ripoll Ripoll del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, haya sido como consecuencia de engaños o la omisión de la AFP HORIZONTE, hoy PORVENIR S.A., en proporcionar la información pertinente que implicaba dicha afiliación.

Ahora bien, los actores manifestaron que la señora Ripoll Ripoll falleció el 22 de febrero de 2021 y en vida mantuvo unión marital de hecho con el señor Fabio Ramón Moratto López desde 3 de julio de 1996, relación de la que nació la señora Yelitza Angélica Moratto Ripoll, razón por la que se consideran sucesores procesales de la causante.

Indicaron que ellos, en compañía de un menor de un año, quien es el nieto de la causante, dependían económicamente de la señora Ripoll Ripoll en razón de la pandemia, por lo que ven su mínimo vital afectado pues el monto que recibirían como sustitución pensional por el régimen privado sería un aproximado de $ 1.040.000 mientras que en el régimen público el monto recibido correspondería a la suma aproximada de $3.379.074.

Argumentos de la tutela

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto fáctico pues, a su juicio, el fallo rompe la regla del alcance de la prueba, la carga de la misma y su consecuencia dependiendo de quien la aporte; permitiendo que la parte demandada creara su propia prueba para su beneficio, dado que validar el oficio aportado por la demandada como plena prueba de que ella dio la información suficiente, necesaria y documentada, de las consecuencias, de los pro y contras del traslado de régimen, dejó en desventaja a la causante.

Que dar por demostrado, como lo hizo el fallo que se ataca, que la demandada dio la información requerida para el traslado de régimen, no era pertinente aportar un oficio que la misma demandada redactó, pues, con ello se omitió el hecho que nadie puede fabricar su propia prueba en su beneficio.

Afirmó que al proceso ordinario la causante aportó pruebas testimoniales en los que los testigos fueron claros en señalar que no hubo información para el traslado, tanto así que los testigos coincidieron en señalar que todo fue un engaño, pues creyeron firmar para un cambio de cesantías, no para pensiones y la entidad judicial demandada no valoró en debida forma estas pruebas aportadas.

Indicó dentro del proceso se encuentra demostrado que la señora Libia del Carmen Ripoll Ripoll no recibió la información suficiente, necesaria para que pudiera tomar una decisión informada frente a qué ente financiero pensional le favorecía, sin embargo, al abordar el tema se afirmó que dicha desinformación no fue demostrada al interior del proceso.

Adujo que se incurrió en defecto sustantivo al desconocer el principio de favorabilidad en materia pensional dado que se desconocieron las condiciones de la señora Ripoll y se dejó de lado que lo procedente era reconocer la pensión bajo el régimen público.

De igual forma sostuvo que la decisión objeto de tutela desconoció lo contemplado en la sentencia del 26 de noviembre de 2020 proferida por la Sección Segunda Subsección A Consejero Ponente Rafael Francisco Suárez, Radicado: 88001233300020160000401, Demandante: Emuelíta Regina Henry Britton Demandado: UGPP. En el que bajo condiciones similares se accedió a las pretensiones, afectando el derecho a igualdad y la seguridad jurídica.

Trámite Previo

Mediante auto del 19 de abril de 2021, se admitió la acción de tutela, se negó la solicitud de medida cautelar y se ordenó notificar a las partes, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- y a la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., como terceros interesados en el resultado de la presente acción de tutela, a quienes se les remitió copia de la demanda.

Oposiciones
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B guardaron silencio.

Intervenciones
La UGPP solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela de la referencia, por cuanto:

a. No se demostró que, en las decisiones adoptadas por el CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN SEGUNDA y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, se haya incurrido en defecto material o sustantivo, por el contrario, se desvirtúa dicha aseveración
b. La parte actora no puede pretender usar la acción de tutela como una instancia adicional para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la causa, después de haberse agotado un procedimiento establecido en la Ley para el efecto.

Además afirmó que la parte actora no puede pretender usar la acción de tutela como una tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la causa, después de haberse agotado un procedimiento establecido en la ley para el efecto.

La Directora de Acciones Constitucionales del Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela al considerar que la providencia que se pretende dejar sin efecto no incurrió en ninguna de las causales invocadas, señaló que la selección de régimen y administradora, es un acto que concierne exclusivamente a la voluntad libre y espontánea del afiliado, se consagró como requisito que dentro del respectivo formulario se dejara una manifestación expresa sobre tales condiciones, la cual se respalda con la firma del afiliado en el mismo, circunstancia que no fue ajena para el caso de la accionante.

Además no ha vulnerado ningún derecho fundamental y por lo tanto la accionante no puede exigir el cumplimiento de una obligación alegando su propia culpa a favor, solicitando que se deje sin efecto una afiliación que fue suscrita por ella, en la cual se hace expresa mención sobre las circunstancias de haber signado el formulario en forma libre y voluntaria, con conocimiento real acerca del acto jurídico que realizaba y sin presión por parte de ninguna persona.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

Mediante el ejercicio de la presente acción los actores pretenden que se deje sin efecto la sentencia del 5 de noviembre de 2020, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado que confirmó la decisión de negar las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que ejerció la señora Libia del Carmen Ripoll Ripoll contra los actos administrativos que negaron la anulación del traslado del régimen público de pensiones al régimen privado.

A la Sala le corresponde determinar si en el presente asunto la acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional. En el evento en que se logre superar el requisito de procedencia y los demás requisitos generales, la Sala descenderá en el estudio de la configuración de los defectos alegados por la parte actora.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

De la falta de relevancia constitucional en el sub examine

A juicio de la parte actora, con la providencia del 5 de noviembre, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado realizó indebida valoración probatoria que conllevó a que no se tuviera en cuenta el régimen pensional favorable a la causante para lo cual, invocó defecto fáctico y defecto sustantivo, por ultimo señaló que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial.

En principio, el estudio de los cargos en que se sustentan las causales de procedencia de la acción de tutela deberían estudiarse a partir del denominado defecto fáctico, de no ser, porque, vista las pruebas que obran en el expediente ordinario, puntualmente, el recurso de apelación contra la decisión de negar las pretensiones del medio de control y el escrito de tutela, la Sala advierte que la solicitud de amparo no cumple el requisito general de relevancia constitucional, como se pasa a explicar.

De la simple comparación entre los argumentos expuestos en el recurso de apelación ejercido contra la decisión de primera instancia proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y los de la solicitud de amparo, se evidencia, sin mayor esfuerzo, que se trata de una reiteración, con la que la parte actora pretende provocar un nuevo pronunciamiento por parte del juez de tutela. Veamos:

Argumentos del recurso de apelación contra la decisión de primera instancia
Argumentos expuestos en el escrito de tutela

En principio el problema jurídico propuesto con la demanda es determinar si en efecto la entidad demandada Porvenir cumplió o no con su deber profesional de suministrar la información suficiente, necesaria y eficaz para que la actora pudiera emitir su consentimiento “documentado” acorde al precedente judicial que citamos en la demanda. Sin embargo, dado la postura del Tribunal, forzoso resulta analizar, si las AFP, para la época en que la actora se trasladó, tenían o no tal deber.

Lo anterior, si consideramos que para el Tribunal es suficiente la simple firma de un documento que fue suministrado por la misma demandada, en el que por demás no indica que haya suministrado por la misma demandada, en el que por demás no indica que haya suministrado la información necesaria, y menos indica en que consistió tal información.

(…)
A. LA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DEL TRASLADO Y LA CARGA DE LA PRUEBA
Recordemos que en nuestro caso el profesional ilustrado es el funcionario del Fondo Pensional; la actora era una simple enfermera. Por ende, el deber de diligencia y cuidado lo tiene el ente instruido que ostenta la información.
Es por ello que, contrario a lo que indicó el Tribunal, desde antaño se le ha impuesto la carga de la prueba se haber dado la explicación, a quien extiende las clausulas ambiguas en los contratos. (…)
De modo que bajo el inciso segundo del artículo 1624 del C.C., tal cláusula debe interpretarse en contra de quien la extendió, esto es, en contra del fondo Privado, quien NO demostró que haya dado explicaciones de la misma, según exige dicho artículo.
Siendo dicho tema de cambio de régimen, tan pero tan complejo, ESPECIALMENTE en años recientes a su creación, como lo fue el año 1995 para cuando mi mandante se traslada, que el fondo privado no puede desviar su mayor corresponsabilidad en suministrar toda la información necesaria para que la persona pudiera emitir un acto de voluntad DOCUMENTADO, como lo ha referido la Corte Suprema de Justicia, para resumirlo todo en la firma de un formulario, que nada dice al respecto de las implicaciones del traslado, y que además como veremos adelante, en nuestro caso se probó que era para otra cosa distinta.

Pero resulta que con la demanda se solicitó que el Fondo suministrará esa documental que por ser técnica, debió requerir en su momento y aportar al proceso según el art. 167 del CGP, pero resulta que no cuenta, con al menos el histórico de semanas o tiempo de servicio anterior al traslado, el cual iría a necesitar posteriormente, para determinar el bono pensional, el capital, en general, para administrar de forma adecuada la cuenta pensional del afiliado y asegurar una posible pensión, de ello dependía el mayor o menor grado de riesgo de inversión de su cuenta pensional; de ello dependía el mayor o menor grado de riesgo de inversión de su cuenta pensional; de ello dependía poder determinar si el afiliado tenía o no configurado a esa fecha algún derecho pensional con otra entidad; pero eso no importó, importó a toda costa provocar el traslado.
El tribunal se aparta del elemento jurídico procesal, que a su vez afecta el derecho sustancial pensional que reclamamos, y es que el inciso segundo del artículo 1624 del C.C enseña que se debe interpretar las clausulas ambiguas, confusas o que ofrecen duda, en contra de quien la aduce, sobre todo si tal cláusula que dice que la actora “firma de forma libre, espontánea y sin presiones” no es claro a que se refiere, y si dice que es para un cambio de régimen, que es régimen y que implica cambiarse de régimen; situaciones que para el común resulta que ambiguo, y que no figuran explicadas.

Dicha cláusula no dice que recibió la asesoría necesaria para comprender lo que estaba firmando; menos referencia en qué consistió dicha asesoría. Es decir cualquier cláusula del formulario de afiliación, pero en especial cualquiera que diga que firma sin apremios y que consiente en el traslado de régimen, porque supuestamente se le explicó el traslado, se debe interpretar en contra del Fondo Privado, quien NO demostró dentro del proceso que haya dado las explicaciones de que consistía el traslado, que implicaciones traía y que perdía la actora.
Pese que se pidió con la demanda que aportará dichas pruebas que dieran fe de su dicho, es decir que dieran fe que en efecto el vendedor del fondo privado no sólo se interesó en afiliar a una persona más, sino que su intención era dar asesoría profesional y ética, pruebas que nunca aportó, mostrando así su falta al deber de información y explicación del clausulado del formulario de afiliación art 1624 del CC y 167 del CGP.
Siendo la misma demandada, quien señala que no tiene la documental que soporte el deber de información e incluso del buen consejo, porque tal obligación sobre el traslado sólo surgió desde el año 2015, pasando por alto, normas generales de todo contrato, como el que acabamos de citar- art 1624 del C.C sin contar el alcance del artículo 1603 íbidem, y además del alcance de la corresponsabilidad de la prueba, cuando a petición de parte se pidió, como en nuestro caso, y que no se aportó por la demandada; implican justamente que abandonar estas normas de carácter procesal, se incurre en el defecto SUSTANTIVO pues implica que se deja de aplicar la norma sustancial del derecho a la pensión que se reclama.
La demandante no tiene como aportar un documento en el que le hayan explicado las consecuencias del traslado, porque no se las dieron; pero resulta que el fondo dice que sí la suministró, pero si quiera aporta al menos la historia laboral de semanas antes del traslado o algo similar con el cual hizo un estudio si quiera sumario de la situación de traslado; resulta que la AFP no tiene esos soportes, porque supuestamente la norma no lo exigía, cuando acabamos de ver lo contrario.

Recordemos que los fallos de la Corte Suprema que han tratado este tema de ineficacia del traslado ponen en cabeza de la AFP la carga de la prueba e cuanto al deber de información bajo parámetros profesionales y éticos, incluso hasta llegar al deber del buen consejo; es decir, no basta con dar la información, sino que al verificar que el traslado no conviene, así debe hacerlo saber al afiliado.
(…)
Sería del caso hacer el análisis minucioso de la prueba testimonial que si aportó mi mandante, si no fuera porque con el escrito de alegatos ya se hizo, y por sustracción de materia, y para no hacer más inextenso el presente escrito, me remito a dichos alegatos de la parte demandante.

En dicho alegatos se pone de presente el minuto a minuto, de cómo cada testigo dio fe de forma coherente, contundente y sin lugar a equívocos o dudas, que el fondo privado en complicidad con funcionarios del sindicato, les timo, les hizo firmar un formulario que supuestamente era para cesantías, cuando resultó que era para cambio de régimen, informan los testigos, como es que apenas cuando fueron hacer alguna diligencia laboral o de pensión, fue que se enteraron de tal situación. Situación en la que estaba inmersa la actora, y así lo hicieron saber de igual forma los testigos.

Frente a la letra pequeña del formulario, pues de lo pequeña y del afán que firmaran y de continuar sus labores, ni pudieron ver de qué se trataba, máxime si se trata de firmar un formulario que incluye pensión y cesantías, y que al ser por cesantías ello no tenía mayor complejidad.
(…)

El traslado no pudo nacer a la vida jurídica, por cuanto el derecho pensional irrenunciable e imprescriptible no se puede ver afectado por una afiliación al RAIS, de lo que resulta un hecho notorio que los fondos nunca explicaron las consecuencias negativas del cambio; y en nuestro caso particular, incluso quedo probado que la actora creyó estar firmando un traslado de pago de cesantías, para eso citaron a todos los trabajadores, incluso citaron a la señora Betsy Elena Molina, testigo en el presente, y que ara esa época estabe en licencia de maternidad; lo que denota el afán de los funcionarios de Porvenir en complicida con un funcionario del sindicato donde la actora trabajaba, de tener de forma masiva el traslado, básicamente podríamos atrevernos a decir que esa conducta denota una mala fe.
Como es que los citan para una cosa y le hacen firmar otra. Como es que le presionan con el tema del cambio de pago de cesantías, y le impusieron un afán en firmar, según indicó la testigo Melba Chavez.

El fallo que nos ocupa, adolece de defectos sustantivos y fácticos, que se estudian en el presente en el respectivo acápite.

En la demanda se propuso elementos negativos del actuar de la demandada, que debían desvirtuarse por ella, pues es quien tiene la carga de la prueba; nos referimos a que:

a. La demandada NO desvirtuó el hecho que NO informó a la actora los pro y contra del traslado de régimen.

b. No desvirtuó que, la afiliación del año 1995 con el fondo privado, NO tiene ningún anexo que pruebe que el Fondo Privado haya explicado y proyectado de forma clara y precisa y sin lugar a errores, los efectos del cambio, ni que haya entregado el plan de pensión
o el reglamento de funcionamiento del fondo, en una época que el internet no estaba disponible a las personas, como para que se excuse como hoy lo hace, y es que ello lo tienen publicado en su página.

c. Así que el BBVA Horizonte hoy Porvenir, omitió información a la actora respecto al traslado de régimen y sus consecuencias frente al derecho pensional, y entre regímenes.

Que las afirmaciones en la demanda frente a que la señora LIBIA DEL CARMEN RIPOLL RIPOLL (QEPD) sufrió de engaño, publicidad engañosa, y artificios para acceder al cambio de régimen pensional; en efecto si deben ser objeto de prueba por quien las alega, que incluso con los testigos puede corroborarse, pero este no es el problema jurídico.

A. El defecto fáctico, en cuanto a:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada dio la información suficiente, necesaria para que la afiliada - actora pudiera de forma informada tomar una decisión y buscar así “las mejores opciones del mercado”; así como suministrar información comparativa, según exige las normas del EOSF. (Ver art. 94 núm. 4 original del estatuto orgánico del sistema financiero – EOSF vigente a la fecha del traslado, que imponía y aún se impone este deber a la demandada como integrante del sector financiero que lo son los fondos privados de pensión, según el art. 1, 3, 168 del decreto ley 663 de 1993, y demás normas concordantes).

❖ El fallo rompe la regla del alcance de la prueba, la carga de la misma y su consecuencia dependiendo de quien la aporte; permitiendo que la parte demandada cree y confeccione su propia prueba, en su beneficio, dando el fallo valor probatorio en beneficio de la demandada de una prueba que ella misma aporta.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la señora LIBIA DEL CARMEN RIPOLL RIPOLL (QEPD) NO recibió la información suficiente, necesaria para que ella pudiera tomar una decisión informada frente a qué ente financiero pensional le favorecía.

B. De igual forma, un defecto sustancial, encausado básicamente por:
1. Violación directa de la Constitución
2. Violación de la norma sustancial

En un caso similar, en cuanto que el fondo privado en un tema de pensión de sobrevivientes, expide un documento y pretende hacerlo valer como prueba, la Corte Suprema de Justicia señaló:

Visto lo anterior, emerge que tal documental simplemente da cuenta de la postura de la entidad de seguridad social respecto a la petición elevada por los padres del causante, en el cual expone los hechos que, a su juicio, imposibilitaban el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Por tanto, es claro que tal escrito, para los fines que persigue el recurrente, esto es, desvirtuar la dependencia económica de la demandante, carece de fuerza persuasiva, en la medida que ello equivaldría a avalar que la parte interesada cree su propia prueba acorde a sus intereses. Sobre dicho tópico la Sala, en sentencia CSJ SL, 4 sep. 2002, rad. 16168, indicó que «el documento en que se expresa por una de las partes la ocurrencia de un hecho que le favorece, no es prueba de su existencia, porque ello iría contra el principio según el cual la parte no puede fabricar su propia prueba», y en sentencia CSJ SL, 15 jul. 2008, rad. 31637, se expuso «[..]no se puede soslayar lo que antaño ha sostenido esta Corporación en torno a que a ninguna de las partes le es dable producir sus propias pruebas, es decir, que la parte que hace una declaración de un hecho que lo favorece, no puede pretender en el proceso hacerlo valer en su propio beneficio». Ver Radicación N° 73802 MP. MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO. SL2674-2019. Fallo del 17 de julio de 2019.

(…)

Cuando las reglas del derecho probatorio indican que las pruebas expedidas y aportadas por una parte, tendrán valor en lo que favorezcan a la otra, y en todo caso, la parte no puede confeccionar o crear su propia prueba en su beneficio.

Situación que además de faltar a los postulados probatorios: art. 167, 176 entre otros del CGP; violenta el derecho sustancial reclamado de la pensión de vejez, al negar su acceso; dado que si el demandado no pudo probar que dio la explicación suficiente, necesaria y eficaz para que la causante hubiese tomado una decisión informada, quiere decir que faltó a su deber; y por ende las cosas se deben retrotraer, lo cual permitirá que la actora esté afiliada válidamente a la UGPP y por ende, al cumplir los requisitos para la pensión con ley 33 de 1985, así se disponga.

Así que dar por demostrado, como lo hizo el fallo que se ataca, que la demandada dio la información que en la demanda se indica no dio, que omitió, con un oficio que la misma demandada redacta, implica faltar al principio ya citado que nadie puede fabricar su propia prueba en su beneficio.

De modo que, el referido oficio 2410 del 12 de diciembre de 2016 (folios 480 a 481) que cita el fallo atacado, lo expide la misma demandada Porvenir, y no puede tomarse sino como una declaración suya, y sabemos que lo que allí haya indicado, no puede ser usado en su propio beneficio, sobre el particular también podemos leer la siguiente sentencia que ilustra un ejemplo sencillo: la declaración de parte, que tiene como premisa que lo declarado no puede usarse para beneficio suyo, sino de la contraparte.

(…)

De esa forma, considerar el oficio tantas veces citado, el cual redactó la misma demandada y que el fallo le da alcance de plena prueba, es como tomar la declaración de parte y utilizar lo que en ello se haya señalado para beneficio de quien expuso dicha declaración y no en su contra y a favor de la contraparte en lo que a ella le beneficie.

Ese oficio 2410 del 12 de diciembre de 2016, acogiendo las reglas de la prueba, permite entender que la demandada no dio la información que hemos alegado faltó en su deber; al señalar en ese documento que dio la información suficiente, y que de ello sólo da fe el formulario de afiliación, formulario que de suyo no dice nada de qué información suministró, apenas dice que el afiliado firma sin presiones, implica que sin uso de la fuerza, pero sabemos que existen otros dos vicios del consentimiento i. el error y ii. el dolo, y frente a la omisión no existe prueba de ello distinta a la que confecciona el fondo a través de ese oficio.

➢ De modo que, sin aportar más pruebas, en especial las que con la demanda pedimos aportará, que diera plena fe que en efecto si dio la información suficiente, necesaria, eficaz y documentada; sin aportar prueba adicional más que su propio dicho expuesto en la misiva - oficio 2410 de 2016 - que ella misma redactó, permite corroborar la tesis de la demanda, que en efecto no hubo una asesoría integral desde la antesala hasta la afiliación e incluso ni siquiera tiempo después; recordando una máxima, en cuanto que el error no es sólo por lo que se dice, también por lo que se calla. Existiendo esa situación de error e ineficacia del traslado al RAIS, lleva a dejarlo sin efecto.

Así mismo, es claro que aunque la actora NO tenía esa carga, hizo un esfuerzo probatorio, ello pese que como se estudia en el capítulo siguiente, no tenía la carga de la prueba, pues es imposible que ella hubiese aportado prueba de lo que le dijo el fondo, pero especialmente, pueda aportar prueba de lo que NO le dijo el fondo; es decir, si afirmamos que la entidad no dio la información suficiente, como pretender que la actora aporte prueba de lo que no le explicaron.

Lo claro si es que, la causante si pudo probar el modus operandi del fondo privado al momento de los traslados, e incluso, y contrario al análisis de la prueba testimonial dada por el fallo, los testigos que adelante se citan, SI dieron fe que a la señora LIBIA DEL CARMEN RIPOLL RIPOLL igual no se le entregó información suficiente, necesarias, eficaz y documentada frente a las consecuencias del traslado.

Ante el Tribunal estuvieron los siguientes testigos, que fueron claros, coherentes y uniformes, en señalar que no hubo información para el traslado, tanto así que los testigos coincidieron en señalar que todo fue un engaño, pues creyeron firmar para un cambio de cesantías, no para pensiones.

Esos argumentos fueron resueltos por la entidad judicial demandada que, en la providencia del 5 de noviembre de 2020, se refirió expresamente a las inconformidades de la señora Ripoll Ripoll, puntualmente, frente a la valoración probatoria de los documentos aportados por la entidad de pensiones y los testimonios allegados en su momento por la demandante, que a juicio de los actores demostraban claramente que no le fue brindada la información necesaria para el cambio de régimen pensional de público a privado.

Luego, fue del estudio de dichos argumentos que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A concluyó que no encontró demostrados los requisitos para que la señora Ripoll retornara al régimen de prima media, para lo cual, indicó:

“Al analizar los anteriores testimonios, la Subsección puede evidenciar que a los testigos no les consta de manera directa los hechos contenidos o relatados dentro de la demanda que atañe el presente proceso, pues no estuvieron presentes cuando la demandante realizó la afiliación a la AFP Horizonte, no tienen la capacidad de afirmar si en efecto a la señora Libia del Carmen le informaron las implicaciones del traslado de régimen, solo manifestaron yo creo, supongo, imagino, eso dicen en los pasillos, y en todo caso, hablan de su caso particular como empleados del hospital no de la propia situación de la demandante, por lo tanto, se advierte que en lo concerniente a esta, los dichos de los deponentes se basaron en las denominadas pruebas de referencia o de oídas y por lo tanto, no tienen la capacidad de demostrar por sí solos los hechos que alega la libelista.

De este modo, no es dable por parte de esta Sala tener certeza que la demandante fue sometida a engaños y que la suscripción del formulario de traslado de régimen obedeció a que le iban a consignar las cesantías afirmaciones que no fueron probadas, pues los testigos en ningún momento dan razón de ello en el caso particular de la aquí demandante, aunado, dicha circunstancia no fue alegada por la libelista en el libelo introductor, solo afirmó que no le fueron informados los pro y contra que conllevaría el traslado.

Ahora bien, acorde con el precedente relacionado, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la AFP debe demostrar que informó debidamente a la afiliada respecto de las implicaciones que causaba el traslado y, conforme al oficio aportado y relacionado en acápite anterior, PORVENIR S.A. hizo constar que efectivamente realizó su labor de comunicarle a la demandada cuáles eran los beneficios y los posibles perjuicios, como consecuencia de afiliarse a la AFP.

De otro lado, lo anterior se contrapone a la certificación expedida por la AFP PROVENIR S.A. la cual da cuenta de que sí brindó la información requerida para que la señora Ripoll Ripoll pudiera elegir libremente el cambio de régimen, lo cual se confronta al supuesto engaño aludido por la libelista, al no haberse demostrado lo contrario, desvirtúa en este caso, el vicio del consentimiento alegado que pueda dar lugar a la anulación de dicha afiliación.
(…)
Finalmente, respecto a la petición subsidiaria de que se le apruebe a la demandante el traslado de PORVENIR S.A. a la UGPP se tiene que la Corte Constitucional en la sentencia SU-130 de 2013, sostuvo:

«[...] 10.5. En cuanto a la oportunidad para realizar el traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, a partir de la Sentencia C-1024 de 2004, se entendió que la prohibición contenida en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100/93, en el sentido que no podrán trasladarse quienes les falte diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, no aplica para los sujetos del régimen de transición por tiempo de servicios cotizados, quienes podrán hacerlo “en cualquier tiempo”, conforme a los términos señalados en la Sentencia C-789 de 2002. La referencia hecha a este último fallo, por parte de la Sentencia C- 1024 de 2004, no significa cosa distinta a que solo quienes cumplen con el requisito de tiempo se servicios cotizados (15 años o más) pueden retomar sin límite temporal alguno al régimen de prima media, pues son los únicos afiliados que no pierden el derecho al régimen de transición por efecto del traslado.

10.6. No sucede lo mismo, en cambio, con quienes son beneficiarios del régimen de transición por edad, pues como quiera que el traslado genera en esta categoría de afiliados la pérdida automática del régimen de transición, en el evento de querer retomar nuevamente al régimen de prima media, por considerar que les resulta más favorable a sus expectativas de pensión, no podrán hacerlo si les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, dada la exequibilidad condicionada del artículo 13 de la Ley 100/93, declarada en la Sentencia C-1024 de 2004. [...]». (subraya fuera del texto original)

“Conforme a lo anterior, toda vez que la demandante no tenía 15 años de servicio al momento de al momento entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, como se analizó en precedencia, le aplica la restricción prevista en el artículo 13 ibidem, y dado que a la fecha de expedirse esta providencia, cuenta con 65 años y que la edad prevista para adquirir el derecho pensional es de 57 años, no le es posible retornar al régimen de prima media con prestación definida.

Conclusión: no se demostró que el traslado por parte de la señora Libia del Carmen Ripoll Ripoll del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, haya sido como consecuencia de engaños o la omisión de la AFP HORIZONTE, hoy PORVENIR S.A., en proporcionar la información pertinente que implicaba dicha afiliación.”

La Sala advierte que los argumentos planteados por la señora Ripoll Ripoll en el recurso de apelación coinciden con los expuestos por los actores en el escrito de tutela y justamente, como se vio, dicha discusión ya fue abordada y resuelta por la autoridad judicial demandada.

El hecho de que los demandantes en este punto no estén de acuerdo con lo resuelto al interior del medio de control, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido dado que la acción de tutela es un medio de protección de derechos fundamentales, pero no una instancia adicional de los procesos judiciales resueltos por el juez de la causa.

Es evidente que en el escrito de tutela la parte actora está debatiendo argumentos que ya fueron expuestos ante las autoridades judiciales demandadas - en la demanda y en el recurso de apelación -y que fueron resueltos con suficiencia, sin embargo, expone la inconformidad que le generó las conclusiones de los jueces de conocimiento, la valoración probatoria en sí misma y, en general, la decisión contraria a sus intereses, lo cual hace improcedente la solicitud de amparo de referencia.

Lo anterior, porque, como se anticipó, para dar por superado el requisito general para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, consistente en la relevancia constitucional, es necesario que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada.

Ahora, respecto a la presunta configuración del desconocimiento del precedente judicial puntualmente de la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación el 26 de noviembre de 2020 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 88001233300020160000401 (2913-17) Demandante: Emuelíta Regina Henry Britton Demandado: UGPP y otro, la Sala evidencia que no se incurrió en este defecto dado que la providencia citada como desconocida fue proferida con posterioridad a la del 5 de noviembre de 2020, que se pretende dejar sin efecto, por lo que es evidente que no era posible tener en cuenta lo expuesto en esa providencia en un fallo anterior.

Luego, la Sala concluye que la acción de tutela de la referencia no cumple los requisitos de procedencia que habiliten el estudio del cargo por parte del juez constitucional y, en esa medida, es improcedente por la falta de cumplimiento de requisitos generales para cuestionar providencias judiciales. En consecuencia, se declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por falta del requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Declarar improcedente la acción de tutela presentada por los señores Fabio Ramón Moratto López, Yelitza Angélica Moratto Ripoll y Anthony Oliveri Ripoll, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de la providencia.
En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha

(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Con firma electrónica)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Con firma electrónica)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 41001-23-33-000-2013-00519-01 (23082)
Demandante: ECJ DISTRIBUCIONES LTDA.

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