RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-05985-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05985-00

Fecha
19 de junio de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05985-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por los señores Elianor Ávila Gómez y José Arnobio Villada Ramírez contra la sentencia de 31 de mayo de 2021 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro de la acción de reparación directa con radicación núm. 07001-23-31-000-2005-00143-01. SEGUNDO: CONDENAR en costas, por concepto de agencias en derecho, a la parte recurrente. TERCERO: Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría General, INGRESAR el expediente al despacho del consejero ponente para lo de su competencia. 36 Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]”. 37 Por remisión del artículo 306 de la Ley 1437. 38 Ibidem. 20 Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05985-00 Demandantes: Elianor Ávila Gómez y otro CUARTO: Por Secretaría General, DEVOLVER el expediente del proceso ordinario al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05985-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

19 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECINUEVE ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05985-00
Demandantes: ELIANOR ÁVILA GÓMEZ Y JOSÉ ARNOBIO
VILLADA RAMÍREZ
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO
NACIONAL

Sentencia que resuelve recurso extraordinario de revisión

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado
judicial de la parte demandante contra la sentencia de 31 de mayo de 2021 proferida
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro de la
acción de reparación directa con radicación núm. 07001-23-31-000-2005-00143-01
(34515).

I.- ANTECEDENTES

I.1. Proceso ordinario

I.1.1. Demanda

1. Los señores Elianor Ávila Gómez y José Arnobio Villada Ramírez1 en ejercicio de
la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso
Administrativo, instauraron demanda contra el Ministerio de Defensa Nacional -
Ejército Nacional, en la cual solicitaron que se declare administrativamente y
extracontractualmente responsable al demandado por los perjuicios causados como
consecuencia de la omisión en la protección de sus bienes, lo que conllevó al hurto
de ganado y destrucción de la finca “El Peral” el 13 de junio de 2003.

2.Expusieron que el 18 de marzo de 2003 presentaron denuncia por el
desplazamiento forzado y la ocupación ilegal de la finca “El Peral” de su propiedad,
ubicada en la vereda Puerto Gaitán, zona urbana del municipio de Tame (Arauca),
por parte del denominado grupo Autodefensas Unidas de Colombia, en adelante
AUC.

3. Señalaron que el 5 de mayo de 2003 la señora Elianor Ávila Gómez solicitó al
comandante de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, ubicada en el
departamento de Arauca, la protección y ayuda para recuperar la finca “El Peral” y
el ganado que se encontraba en esta propiedad.

1
A través de apoderado judicial.

2

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05985-00
Demandantes: Elianor Ávila Gómez y otro

4.Indicaron que el 13 de junio de 2003 el grupo armado AUC destruyó la finca “El
Peral” y hurtó 560 cabezas de ganado, otros semovientes y bienes muebles que
estaban dentro de la mencionada finca.

5. Manifestaron que, pese a las denuncias presentadas, el Ejército Nacional no
adoptó las medidas necesarias para la recuperación y protección de los bienes
afectados, lo cual generó perjuicios materiales y extrapatrimoniales.

I.1.2. Sentencia de primera instancia

6.El Tribunal Administrativo de Arauca mediante sentencia de 28 de junio de 2007
declaró administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional, por el daño causado a los demandantes como
consecuencia de la ocupación ilegal de la finca “El Peral” y la destrucción y el hurto
de sus bienes, en hechos ocurridos el 13 de junio de 2003.

7.Además, condenó a la parte demandada a pagar en favor de los demandantes,
de forma genérica, la totalidad de los perjuicios causados.

8. Consideró que se acreditó que las fuerzas militares, las autoridades civiles y los
organismos de investigación tenían conocimiento pleno de la gravedad de la
situación en el departamento de Arauca, así como de las amenazas de muerte, la
ocupación de la finca “El Peral”, el desplazamiento forzado de sus habitantes y la
problemática asociada al hurto de ganado en esa zona.

9. Determinó que no obraba prueba en el expediente que permitiera acreditar un
acto, operativo o actividad adelantada por algún batallón del Ejército Nacional para
procurar la recuperación de la finca de propiedad de los demandantes, es decir, que
no existió una acción específica de la fuerza pública para atender los reclamos de
seguridad y protección de los afectados.

I.1.3. Sentencia de segunda instancia

10. LaSubsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante
sentencia de 31 de mayo de 20212 revocó el fallo apelado y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda y no condenó en costas a la parte demandante.

11. Sostuvo que, de acuerdo con la jurisprudencia 3 de esta Corporación, el Estado
es responsable patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el deber
de prestar seguridad a las personas, cuando: “[…] (i) se solicita protección especial,
por las particulares condiciones de riesgo en que se encuentra la persona4; ii) no se
solicita expresamente, pero es evidente que la persona necesitaba la protección,

2
Esta sentencia de reemplazo se dictó en cumplimiento de lo dispuesto en el fallo de 1º de septiembre de 2020, que declaró
fundado el recurso extraordinario de revisión dentro del proceso con radicación núm. 11001-03-15-000-2020-00266-00.
3
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de julio de 1998, Rad. 17.004, [fundamento jurídico 2.1.1].
4
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 16 de julio de 1980, Rad. 10.134
[fundamento jurídico e] S.V. Alfonso Arango Henao; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de febrero de 1983,
Rad. 3.331 [fundamento jurídico 2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera
Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 62 y 63, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.

3

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05985-00
Demandantes: Elianor Ávila Gómez y otro

porque existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la
persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida
o sus bienes5 y iii) se deja a la población a merced de los grupos de delincuencia,
sin brindarles protección alguna, cuando se tiene conocimiento de que los derechos
de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados al margen de
la ley6. […]”.

12. Indicó que, “[...] Aunque los demandantes presentaron varias denuncias por
amenazas y acciones de las FARC y el ELN contra su vida y bienes con anterioridad
al 18 de marzo de 2003, fecha en que las AUC habrían ocupado la finca “El Peral”
[hechos probados 8.4 a 8.6], en ellas no consta una solicitud especial de protección
de la finca ni de las reses que se encontraban allí. En efecto, en las denuncias que
presentaron el 13 y el 15 de agosto de 2002 y el 12 de marzo de 2003, los
demandantes pusieron en conocimiento de las autoridades amenazas y hurtos de
ganado que habrían sufrido por parte de grupos guerrilleros, pero no se elevó una
solicitud especial de protección […]”.

13. Adujo que en el expediente obra un documento suscrito por el señor José
Arnobio Villada dirigido al municipio de Tame solicitando protección de la finca “El
Peral”, sin embargo, esta petición no tiene fecha de elaboración, ni de radicación y
no fue relacionada en la demanda o como anexo, razón por la cual, no se demostró
que los demandantes solicitaron protección de sus bienes con anterioridad a los
hechos que generaron el presunto daño, ni que la autoridad demandada tuvo
conocimiento oportuno sobre el inminente ataque a la finca “El Peral”, por lo que no
podía derivarse omisión alguna por parte del Estado.

14. Consideró que el Ejército Nacional adelantó acciones para contrarrestar los
problemas de orden público de la zona y que “[…] se probó que el 14 de mayo de
2003, nueve días después de la solicitud realizada por Elianor Ávila, el Batallón de
Ingenieros n°. 18 llevó a cabo la operación “Libertad”, en la que se dio de baja a una
persona, se capturaron 37 más y se incautó material de guerra; y que entre abril y
octubre de 2003, se realizaron varios operativos para recuperar ganado hurtado en
las fincas de Tame y Puerto Rondón […]”.

15. Manifestó que encontró demostrado que se llevaron a cabo varios consejos de
seguridad y una junta de inteligencia seccional de la Brigada Móvil n°. 5 del Ejército
Nacional, para discutir los problemas de orden público del municipio de Tame y
adoptar las medidas necesarias para superarlos.

16. Refirió que Javier Enrique Rojas Morales, administrador de la finca “El Peral”,
declaró que la ocupación de la finca por parte de las AUC ocurrió en marzo de 2003
y que el 13 de junio del mismo año incendiaron parte de la finca y retiraron 250
reses; no obstante, al ser empleado de los demandantes, consideró sospechoso su
testimonio.

5
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 30 de octubre de 1997, Rad. 10.958 [fundamentos jurídicos Il y III], en
Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional,
2018, p. 412, disponible en https://bit.ly/3gjjduk.
6
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de julio de 1998, Rad. 17.004, [fundamento jurídico 2.1.1].

4

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05985-00
Demandantes: Elianor Ávila Gómez y otro

17. Afirmó que no se probó la omisión del Ejército Nacional en el cumplimiento de
sus deberes, sino que se acreditó que esta entidad atendió la solicitud realizada por
la demandante nueve días después y que “[…] adoptó, conforme a su capacidad
institucional, medidas para contrarrestar las acciones de las AUC y grupos
insurgentes y recuperar las reses hurtadas, no solo las de propiedad del
demandante sino de otros ganaderos afectados, pues desarrolló varios operativos
militares para ese fin […]”.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

II.1. Causales invocadas

18. Los señores Elianor Ávila Gómez y José Arnobio Villada Ramírez instauraron
recurso extraordinario de revisión en el que solicitaron que se infirme la sentencia
de 31 de mayo de 2021 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y, como consecuencia de lo anterior, se dicte fallo de reemplazo
en el que se confirme en su totalidad la decisión de primera instancia de 28 de junio
de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca.

19. Invocaron las causales de revisión previstas en los numerales 2. y 5. del artículo
250 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20117, consistentes en haberse dictado la
sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados y existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación, respectivamente.

20. Como sustento de la primera causal, sostuvieron que la sentencia recurrida se
fundamentó en una prueba documental falsa, el Oficio núm. 1755/DIV02-BR18-ASJ-
743 suscrito por el comandante de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional
de la época, presentado ante el Tribunal Administrativo de Arauca el 22 de marzo
de 20068, en el cual se afirma que el 14 de mayo de 2003 se desarrolló la operación
“Libertad” que dio como resultado la muerte de una persona, la captura de 37
sujetos y la incautación de 21 fusiles AK-47 y material de guerra dentro de la finca
“El Peral”, de propiedad del señor José Arnobio Villada Ramírez.

21. Señalaron que el documento anterior fue tachado de falso dentro del proceso de
reparación directa en el trámite de la primera instancia, bajo el argumento de que
existía contradicción entre esa prueba y la Resolución 248 de 24 de mayo de 2004
dictada por la Fiscalía Única Seccional Delegada de Tame, en la cual se ordenó la
preclusión y archivo de la investigación por el delito de desplazamiento forzado de
los propietarios de la finca “El Peral”, por no haberse podido identificar a los autores
de dicha conducta.

22. Indicaron
que la contradicción radica en que, de haberse efectuado la
mencionada operación “Libertad”, en la causa penal iniciada por el señor José

7
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
8
Visible a folios 224 y 225 del cuaderno de pruebas del expediente 07001-23-31-000-2005-00143-01 (34515).

5

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05985-00
Demandantes: Elianor Ávila Gómez y otro

Arnobio Villada se habrían tenido como acreditados los hechos y el delito impetrado
por los supuestos sujetos capturados.

23. Manifestaron que el tribunal de primera instancia no valoró la prueba en cuestión
y que dentro de los documentos allegados por el Ejército Nacional no está
documentada la operación “Libertad”, sino que se evidencia que se llevaron a cabo
las operaciones denominadas “Dantesco”, “Pegaso”, “Coloso” y “Cazador”, las
cuales estuvieron dirigidas a contrarrestar el accionar de los grupos armados
denominados Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC y Ejército de
Liberación Nacional -ELN , pero no de las AUC.

24. Advirtieron que el Ejército Nacional, al interponer el recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia, no presentó reproche alguno sobre la falta de
valoración de esa prueba documental.

25. Expusieron que, ante la sorpresa de la valoración del mencionado oficio por parte
del ad quem, presentaron petición ante el Ejército Nacional para que certificara
sobre la realización de la operación “Libertad”, frente a lo cual se obtuvo respuesta
en los siguientes términos:

“[…] Una vez efectuada (sic) búsqueda en el archivo central BIRAN18, la
administradora de éste informa que, no se hallan acervos documentales de índole
operacional que acrediten la realización de operación militar con la denominación
“LIBERTAD”, para la fecha indicada en su petición, así como tampoco ningún
documento mediante el cual se registre o reporte resultado operacional para el mes
de mayo de 2003 consistente en capturas, muertes en desarrollos de operaciones, ni
material de guerra incautado.9 […]”.

26. Argumentaron que el documento tachado de falso fue determinante para
establecer que el daño antijurídico alegado no era imputable a la entidad
demandada por falla en el servicio, en tanto que en la sentencia recurrida se
consideró que el Ejército Nacional atendió oportunamente sus obligaciones
constitucionales y legales de protección a los bienes de los demandantes.

27. En cuanto a la segunda causal de revisión alegada, manifestaron que el fallo
recurrido vulneró el derecho al debido proceso por falta de congruencia, toda vez
que dicha decisión judicial se apartó de la causa que sirvió de fundamento a las
pretensiones de la demanda.

28. Expresaron que la sentencia recurrida partió de un supuesto fáctico equivocado
-que la demandada no pudo evitar la ocupación de la finca de propiedad de los
demandantes al no haberse solicitado protección especial antes del 18 de marzo de
2003-, cuando lo expuesto en la demanda de reparación directa es que la
declaratoria de responsabilidad del Ejército Nacional por la omisión en la protección
de la finca “El Peral” se materializó con la destrucción de dicha finca y el hurto de
ganado el 13 de junio de 2003.

9
Ver folio anexo a la presente demanda.

6

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05985-00
Demandantes: Elianor Ávila Gómez y otro

29. Esgrimieron que lo resuelto en la sentencia recurrida ocasionó “[…] una
ostensible violación del derecho de Defensa y Contradicción como componentes
estructurales del Derecho Fundamental al Debido Proceso, en razón a que los
hechos y pruebas alegados en la demanda no fueron tenidos en cuenta en la
Sentencia de 2ª Instancia, dado que su análisis partió de una causa petendi distinta
a la señalada en la demanda […]”.

30. Anotaron que el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada no
se dirigió a reprochar este aspecto valorado por el juez de segunda instancia, lo cual
también demuestra la incongruencia de la decisión cuestionada.

II.2. Trámite

31. El recurso extraordinario de revisión se presentó ante la Secretaría General del
Consejo de Estado el 11 de noviembre de 2022 y se asignó a la Sala Diecinueve
Especial de Decisión de esta Corporación.

32. Mediante proveído de 24 de agosto de 2023 se admitió el recurso extraordinario
de revisión.

33. A través de providencia de 19 de enero de 2024 se tuvo por oportunamente
presentada la contestación de la demanda y se solicitó al Tribunal Administrativo de
Arauca que remitiera la totalidad de las piezas procesales que componen el trámite
de segunda instancia del expediente ordinario 07001-23-31-000-2005-00143-0110.

34. Por auto de 9 de abril de 2024 se corrió traslado a las partes de las pruebas
incorporadas al proceso. Posteriormente, en decisión de 17 de enero de 2025 se
requirió al Tribunal Administrativo de Arauca para que remitiera en forma física la
totalidad de las piezas procesales del expediente 07001-23-31-000-2005-00143-
00/01, en especial el cuaderno que contiene las actuaciones relacionadas con la
tacha de falsedad.

35. La secretaria general del Tribunal Administrativo de Arauca remitió el expediente
físico solicitado y el 1.° de agosto de 2025 se requirió nuevamente a dicho tribunal
para que enviara las actuaciones relacionadas con la tacha de falsedad dentro del
proceso ordinario o, en su defecto, informara las razones por las cuales no fue
remitido ese cuaderno.

36. En respuesta al anterior requerimiento, la Presidencia del Tribunal Administrativo
de Arauca en oficio de 20 de agosto de 2025 informó: “[…] tras la revisión de sus
respectivos archivos físicos, no se encontró el cuaderno que contenga el escrito de
tacha de falsedad […]”. Por lo anterior, se solicitó a la secretaría de ese tribunal que
informara al despacho que conoció el asunto, para que, de estimarlo pertinente,
ordenara la reconstrucción del expediente de conformidad con lo establecido en el
artículo 126 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201211.

10
Expediente debidamente incorporado al plenario y que se encuentra visible en el índice 27 del expediente digital.
11
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.

7

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05985-00
Demandantes: Elianor Ávila Gómez y otro

37. A través de oficio de 1.° de diciembre de 2025 la secretaria general del Tribunal
Administrativo de Arauca remitió el cuaderno correspondiente a la tacha de
falsedad, en cumplimiento de lo dispuesto en la audiencia de reconstrucción
celebrada el 28 de noviembre de 2025.

38. El magistrado sustanciador de la Sala Diecinueve Especial de Decisión del
Consejo de Estado por auto de 9 de diciembre de 2025 ordenó “[…] remitir el
expediente al Despacho del magistrado que continúa en turno, para lo de su
competencia […]”, teniendo en cuenta que el proyecto de sentencia presentado en
la sala de esa misma fecha no obtuvo la mayoría requerida.

39. El 18 de diciembre de 2025 el expediente pasó para sentencia.

II.3. Intervenciones

II.3.1. El Ministerio de Defensa Nacional

40. Se opuso a las pretensiones del recurso extraordinario de revisión y solicitó que
se declare infundado, en razón a que los jueces de instancia respetaron los
derechos y garantías constitucionales al debido proceso, de contradicción y de
defensa de los demandantes.

41. Afirmó que el recurso extraordinario de revisión se fundamenta en la causal
prevista en el numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437 por considerar que la
sentencia recurrida es incongruente, no obstante, el fallo en cuestión analizó los
fundamentos de la decisión de primera instancia, así como los presentados en el
recurso de apelación y “[…] cumple con la coherencia interna y externa entre la
motivación y la decisión, así como en las normas en las que se funda […]”.

42. Señaló que lo pretendido por los demandantes es convertir este recurso
extraordinario en una tercera instancia, si se tiene en cuenta que los argumentos
planteados en la demanda ordinaria fueron analizados y resueltos en el proceso de
reparación directa que dio lugar a la sentencia recurrida.

43. Concluyó que el recurso extraordinario de revisión se fundamenta en la
inconformidad de la parte recurrente con la sentencia de segunda instancia, pero no
se acreditó la configuración de causal de nulidad alguna.

II. 3.2. Ministerio Público

44. La Procuradora Delegada ante el Consejo de Estado, quien interviene como
agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, dentro de la oportunidad
procesal para rendir concepto12 solicitó que se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión por lo siguiente:

12
Cfr. Índice 17 del expediente digital.

8

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05985-00
Demandantes: Elianor Ávila Gómez y otro

45. Manifestó que para que se configure la causal de revisión prevista en el numeral
2. del artículo 250 de la Ley 1437 deben cumplirse dos elementos: i) demostrar la
falsedad o adulteración del documento y ii) que dicho documento sea determinante
para proferir la sentencia que es materia de revisión.

46. Aseveró que, aunque en principio se cumple el primer elemento, teniendo en
cuenta los argumentos planteados por la parte recurrente y la respuesta obtenida
frente a la petición presentada ante el Ejército Nacional, para llegar al grado de
certeza exigido por la jurisprudencia respecto a la falsedad o adulteración de un
documento, deben decretarse pruebas con el fin de “[…] buscar información,
explicaciones, aclaraciones respecto del contenido del documento aportado por el
Ejército […]”.

47. Estimó que no se cumple con el segundo requisito, toda vez que el documento
que se cuestiona como falso y que fue valorado por el juez de segunda instancia no
fue determinante para proferir la decisión cuestionada, pues se examinaron otras
pruebas que sirvieron de fundamento para negar las pretensiones de la demanda.
Por lo anterior, no es factible reabrir el debate de la valoración probatoria, por cuanto
ello convertiría este recurso extraordinario en una tercera instancia.

48. Señaló que no se configura la causal establecida en el numeral 5. del artículo 250
de la Ley 1437, en razón a que la sentencia proferida en segunda instancia aborda
lo pedido en la demanda y lo probado dentro del proceso, ante lo cual concluyó que,
contrario a lo afirmado por los recurrentes, el hurto del ganado ocurrió antes de la
fecha indicada en el libelo introductorio del proceso ordinario.

49. Anotó que la valoración probatoria efectuada por el fallador del proceso ordinario
no fue incongruente, en la medida que el análisis de los hechos y pruebas que obran
en el proceso hace parte del ejercicio de sus funciones.

50. Afirmó que “[…] el no compartir el criterio o la forma en que se valora, no es
susceptible de análisis en este recurso extraordinario de revisión […]”.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1. Competencia y oportunidad

51. El artículo 248 de la Ley 1437 dispone que el recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
por los tribunales administrativos y por los juzgados administrativos.

52. En relación con el recurso extraordinario de revisión instaurado contra las
sentencias proferidas por las secciones y subsecciones del Consejo de Estado, el
artículo 249 de la Ley 1437 prevé que la competencia radica en la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación, sin exclusión de la sección que
profirió la decisión.

9

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05985-00
Demandantes: Elianor Ávila Gómez y otro

53. De conformidad con el artículo 107 ibidem, las Salas Especiales de Decisión del
Consejo de Estado decidirán los procesos sujetos al conocimiento de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo en los asuntos que esta última les encomiende.

54. Al respecto, el artículo 29 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 13 -Reglamento
Interno del Consejo de Estado-, al asignar los asuntos de conocimiento de las Salas
Especiales de Decisión, dispuso lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:

1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado. […]”.

55. Los artículos 251 y 252 de la Ley 1437 prevén que este recurso extraordinario
puede interponerse, por regla general, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia, mediante escrito que debe reunir los requisitos establecidos
en esta última disposición, con indicación precisa y razonada de la causal en que
se funda, acompañada de los documentos necesarios y de las pruebas
documentales que el recurrente tenga en su poder y las que pretenda hacer valer.

56. En el caso concreto, la sentencia de 31 de mayo de 2021 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro de la acción de
reparación directa núm. 07001-23-31-000-2005-00143-01, fue notificada por edicto
de 20 de enero de 202214 y quedó ejecutoriada15 el 27 de enero del mismo año, por
lo que el recurso extraordinario de revisión incoado el 11 de noviembre de 202216
se presentó antes del vencimiento del término de un año que señala la norma para
las causales de revisión invocadas en este proceso.

57. En consecuencia, la Sala es competente para decidir el recurso extraordinario de
revisión de la referencia, en la medida en que fue instaurado oportunamente y
promovido contra una sentencia ejecutoriada proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, motivo por el cual se cumplen los
presupuestos procesales para su estudio de fondo.

III.2. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión

58. El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa
juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido por el legislador
para enmendar los errores o ilícitos cometidos en la expedición de tales
providencias.

13
Modificado por el artículo 1°. del Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “[…] Por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.
14
Cfr. Índice 64 del expediente ordinario en SAMAI.
15
Conforme con el artículo 302 de la Ley 1564.
16
Cfr. Índice 1 del expediente digital en SAMAI.

10

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05985-00
Demandantes: Elianor Ávila Gómez y otro

59. El citado recurso procede por las causales taxativas que en cada caso haya
definido el legislador y tiene como propósito garantizar la justicia real y material
como valor fundante del Estado de Derecho, tal y como lo sostuvo la Corte
Constitucional en la sentencia C-871 de 2003 en la cual señaló lo siguiente:

“[…] Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede
llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal
situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos
excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que
hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta.
En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro
veritate habetur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los
efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido
[…]”.

60. Así las cosas, en atención a que, a través de este recurso se puede ver alterada
la certeza brindada por la cosa juzgada, el mismo procede por las causales
expresamente señaladas por la ley, imposibilitando alegar o acudir a otras17;
taxatividad que resulta razonable, pues se trata de un mecanismo que modifica
providencias que se consideraban inmutables y definitivas, razón por la cual los
motivos que dan lugar a la revisión deben ser aplicados e interpretados en sentido
restringido18.

61. Por tal razón, el recurso extraordinario de revisión no puede ejercerse como un
medio de impugnación para abordar el fondo del asunto que fue objeto de análisis
en el trámite ordinario, dado que es un control autónomo que vincula su procedencia
a las causales previstas por el legislador en los artículos 250 de la Ley 1437 y 20 de
la Ley 797 de 29 de enero de 200319. Es por ello que su naturaleza excepcional
impide: i) reabrir el debate jurídico, probatorio o fáctico propio de las instancias
ordinarias; ii) subsanar las omisiones de las partes en el curso del proceso; y iii)
cuestionar la interpretación normativa del juez natural.

III.3. De las causales invocadas

III.3.1. Numeral 2. del artículo 250 de la Ley 1437

62. Los demandantes consideran que se configura la causal de revisión prevista en
el numeral 2. del artículo 250 de la Ley 1437, atinente a: “[…] Haberse dictado la
sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. […]”.

63. La jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha señalado
que para que se configure esta causal de revisión se deben cumplir dos
presupuestos; el primero, que los documentos sean falsos o adulterados y, el
segundo, que estos sean fundamentales para proferir la decisión que se recurre, es

17
Corte Constitucional. Sentencia C-004 de 20 de enero de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
18
Ibidem.
19
“[…] Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales […]”.

11

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05985-00
Demandantes: Elianor Ávila Gómez y otro

decir, que si el fallo no se hubiera sustentado en esos documentos la decisión sería
otra. Al respecto, ha sostenido20:

“[…] es esencial para esta causal la exhibición de uno o más documentos y se
configura si concurren dos elementos: uno, su falsedad o adulteración y, dos, que
haya sido fundamental para proferir el fallo recurrido.

Sobre el último aspecto, la jurisprudencia ha sido constante en subrayar la necesidad
de que el documento que el recurrente aduzca como falso o adulterado haya sido
decisivo para proferir la sentencia recurrida, tanto que “sin su consenso, sin su
incidencia, el fallo se hubiera tomado en otro sentido.”21

En cuanto al elemento de la falsedad o adulteración del documento, la jurisprudencia
de los años noventa de esta Corporación exigía su demostración, bien con sentencia
penal que la declarara22 o bien con la tacha de falsedad en un proceso judicial. 23

Sin embargo, más recientemente la posición al respecto ha sido que el juez del
recurso extraordinario de revisión determina la falsedad o adulteración documental
mediante un análisis riguroso de los documentos anunciados por el recurrente y que
no se requiere declaración del juez penal en ese sentido, porque este recurso
extraordinario no es asimilable al recurso de revisión del artículo 379 del Código de
Procedimiento Civil.24

Con relación al alcance del análisis que corresponde al juez de este recurso
extraordinario frente a los documentos falsos o adulterados, dijo la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo:

“(…) el examen que efectúa en estos casos el Juez de lo Contencioso Administrativo,
en torno a los documentos que se aducen como falsos o adulterados, es de carácter
puramente objetivo, sin que en manera alguna se detenga a discurrir sobre la
responsabilidad del actor, aspecto que le corresponderá determinar al Juez Penal
competente.

Así las cosas, una vez establecida la falsedad o adulteración de los documentos
citados como tales, deberá el Consejo de Estado dar traslado a la justicia ordinaria
para que sea esta la que adelante la correspondiente investigación respecto de la
responsabilidad personal del autor del ilícito.”25

Así mismo, existe consenso en que para determinar si un documento aportado como
prueba a un proceso es falso o ha sido adulterado, ha de tenerse en cuenta que la
falsedad documental siempre será dolosa y que puede ser material o ideológica,
siendo la primera la mutación física del documento y correspondiendo la segunda a
la alteración intelectual de su contenido. […]”.

64. Adicionalmente, ha precisado que para la prosperidad de esta causal es
necesario que la falsedad que se alega se derive de hechos que fueron conocidos
por la parte que la invoca con posterioridad a la sentencia recurrida, con sustento
en lo siguiente:

20
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 26 de febrero de 2013. Radicación núm.
11001-03-15-000-2008-00638-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de octubre de 1993, Rad. REV-040.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de febrero de 1993, Rad. REV-037.
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 19 de diciembre de 1995, Rad. REV-076.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 25 de septiembre de 2001, Rad. REVPI-
003 y de 12 de julio de 2005, Rad. REV-1998-00161.
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 19 de mayo de 2009, Rad. REV-039.

12

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05985-00
Demandantes: Elianor Ávila Gómez y otro

“[…] De allí que solo sea procedente ventilar hechos constitutivos de falsedad que
sean conocidos con posterioridad a la sentencia objeto de recurso extraordinario de
revisión, en tanto en ese escenario “no existiría otro medio o mecanismo procesal
para cuestionar la autenticidad del documento y obtener la justicia material de la
providencia proferida con base en el mismo”26.

En definitiva, la configuración de esta causal exige que (i) la falsedad o adulteración
recaiga en documentos; (ii) que sean determinantes para el sentido de la decisión
recurrida; (iii) en la jurisdicción contencioso administrativa no se requiere la
declaratoria previa de falsedad o adulteración mediante sentencia penal, en tanto la
Ley 1437 de 2011 -CPACA- no contempla la figura de la prejudicialidad penal y (iv) la
estructuración se realiza sobre los conceptos de falsedad ideológica y falsedad
material, solo respecto de hechos acaecidos con posterioridad al fallo objeto de
revisión […]”27.

65. De acuerdo con lo anterior, para que proceda esta causal de revisión se requiere
lo siguiente: i) que los documentos sean falsos o adulterados, sin que se requiera
declaratoria previa por parte de la jurisdicción ordinaria penal; ii) que dichos
documentos sean determinantes para proferir la decisión que se recurre; y iii) que
la estructuración sobre los conceptos de falsedad ideológica y falsedad material
sean advertidos con posterioridad al fallo objeto de revisión.

III.3.2. Numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437

66. La segunda causal del recurso extraordinario de revisión que invocan los
demandantes es la prevista en el numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437,
consistente en: “[…] Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]”.

67. El legislador restringió la procedencia de este mecanismo extraordinario a las
sentencias ejecutoriadas contra las que no procedan recursos, con el fin de corregir
errores graves y la perpetración de decisiones injustas o irregulares. Sin embargo,
la jurisprudencia ha admitido la posibilidad de analizar esta causal cuando el vicio
se presente en el momento previo a dictar el fallo y el afectado no pueda advertirlo,
evento que deberá demostrarse con suficiencia en el trámite de revisión 28.

68. En ese orden de ideas, por regla general, no es admisible utilizar esta causal
para controvertir nulidades procesales ocurridas en una etapa previa a la decisión
definitiva, debido a que su formulación se somete a las reglas de oportunidad
consagradas en el artículo 134 de la Ley 1564, sin perjuicio del deber del juez de
declarar de oficio las nulidades insaneables que advierta antes de dictar sentencia.

69. La jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo29 ha
sostenido, a título enunciativo, que las irregularidades sustanciales del

26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 9 de julio de 2014, expediente 27602.
27
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Once Especial de Decisión. Sentencia de 30 de
septiembre de 2025. Radicación núm. 11001-03-15-000-2021-09473-00. C.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Dieciséis Especial de Decisión. Sentencia de 5 de
mayo de 2020. Radicación núm. 11001-03-15-000-2017-02519-00. C.P. Nicolás Yepes Corrales; Consejo de Estado. Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Tercera Especial de Decisión. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Radicación
núm. 11001-03-15-000-2018-01235-00. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
29
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Quinta Especial de Decisión. Sentencia de 19 de
mayo de 2023. Radicación núm. 11001-03-15-000-2022-00179-00. C.P. Milton Chaves García; Consejo de Estado. Sala de

13

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05985-00
Demandantes: Elianor Ávila Gómez y otro

procedimiento que pueden considerarse como nulidades originadas en la sentencia
son las siguientes:

“[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme, iii) cuando sin más actuación
se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado
el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv)
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en
ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin
más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas
legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad
debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de
magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix)
cuando la providencia carece completamente de motivación. […]”.

70. Además, se ha aceptado30 que pueden existir otros motivos no contemplados en
los códigos procesales como causales de nulidad, los cuales se originan en la
vulneración del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta
Política, en este evento le corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice
contrario a esta garantía tiene la magnitud requerida para configurar la causal de
revisión en cita.

71. El precepto constitucional en mención se relaciona con los principios de
legalidad, tipicidad, juez natural, favorabilidad, presunción de inocencia, publicidad,
doble instancia, non bis in idem, entre otros. Asimismo, integra los derechos de
defensa, contradicción, autonomía e independencia del juez y contempla la
declaratoria de nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida irregularmente y la
observancia de los términos probatorios y la oportunidad para solicitar, aportar y
contradecir las pruebas.

III.4. Problema jurídico

72. Corresponde determinar si se configuran o no las causales de revisión de los
numerales 2. y 5. del artículo 250 de la Ley 1437, dado que, según los demandantes,
la sentencia objeto de revisión se profirió con fundamento en un documento falso y
se encuentra viciada de nulidad por ser incongruente.

III.4.1. Causal del numeral 2. del artículo 250 de la Ley 1437

73. Los revisionistas plantearon que la sentencia proferida el 31 de mayo de 2021
se fundamentó en una prueba falsa, el Oficio núm. 1755/DIV02-BR18-ASJ-743
presentado el 22 de marzo de 2006 ante el Tribunal Administrativo de Arauca.

lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera -Subsección C. Sentencia de 2 de agosto de 2023. Radicación núm. 11001-
03-26-000-2019-00092-00. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
30
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia de 15 de
abril de 2024. Radicación núm. 11001-03-15-000-2008-00294-00. C.P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sala Veintiuno Especial de Decisión. Sentencia de 20 de marzo de 2024. Radicación núm. 11001-
03-15-000-2022-01662-00. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sala Quince Especial de Decisión. Sentencia de 5 de noviembre de 2019. Radicación núm. 11001-03-15-000-
2018-01415-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

14

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05985-00
Demandantes: Elianor Ávila Gómez y otro

74. Expusieron que el mencionado documento fue aportado al proceso ordinario por
el entonces comandante de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional,
ubicada en el departamento de Arauca, pero que es contradictorio con lo dispuesto
en la Resolución 248 de 24 de mayo de 2003, expedida por la Fiscalía Única
Seccional Delegada de Tame, en la cual se inhibió de ordenar la apertura de la
instrucción de la investigación por el delito de desplazamiento forzado instaurada
por el señor José Arnobio Villada Ramírez, teniendo en cuenta que en dicha noticia
criminal no fue posible identificar a los autores de los hechos alegados.

75. Señalaron que, con fundamento en lo anterior, se presentó dentro del proceso
ordinario tacha de falsedad frente a este oficio ante el Tribunal Administrativo de
Arauca. Igualmente, afirmaron que en la sentencia de primera instancia no se valoró
esa prueba y que en el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
no se cuestionó la falta de valoración de este documento, por lo que al haber sido
tenido en cuenta en el fallo de segunda instancia sorprendió a la parte demandante.

76. Agregaron que la falsedad del documento también se sustenta en la respuesta
que dio el comandante del Batallón de Ingenieros de Combate 18 del Ejército
Nacional, en la cual se indicó que no se encuentran documentos que acrediten que
se realizó una operación denominada “Libertad”.

77. Para efectos de resolver, se advierte que el apoderado de los demandantes en
el proceso ordinario presentó un memorial en el que propuso “[…] Tacha de
Falsedad en contra del Informe No. 1755 en contestación del oficio No. 0612 del 23
de febrero de 2006 […]” 31, solicitud que no fue resuelta por parte de los jueces
ordinarios.

78. Asimismo, se observa que, ante la omisión de los jueces de instancia de resolver
la aludida tacha de falsedad, la parte demandante guardó silencio y no utilizó los
mecanismos previstos en la ley para que dicho aspecto de la litis fuera resuelto.

79. Por tal razón, los hechos en los que se fundamenta la falsedad ideológica o
material invocada en este recurso extraordinario de revisión no fueron advertidos
con posterioridad a la fecha en que se profirió la sentencia cuestionada, sino antes
de que se dictara el fallo de primera instancia y, en tal virtud, la parte demandante
debió ejercer los mecanismos correspondientes para que su solicitud fuera decidida
dentro del proceso ordinario.

80. Inclusive, la parte demandante estaba facultada para solicitar la adición de la
sentencia recurrida, en los términos del artículo 287 de la Ley 1564, si consideraba
que esta decisión se fundamentó en una prueba que había sido tachada de falsa y
sobre la cual no se resolvió la falsedad ideológica planteada en primera instancia,
lo cual no se hizo.

31
Cuaderno reconstruido por el Tribunal Administrativo de Arauca en audiencia celebrada el 28 de noviembre de 2025.

15

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05985-00
Demandantes: Elianor Ávila Gómez y otro

81. Finalmente, en relación con la prueba documental aportada al recurso
extraordinario de revisión, referente a la respuesta32 a una petición presentada por
los recurrentes al Ejército Nacional en la cual se solicitó: “[…] CERTIFICAR si para
la fecha el 14 de mayo de 2003 se llevó a cabo una operación denominada
"LIBERTAD "en la finca de nombre "EL PERAL" […]”, se pone de presente que este
documento pretende evidenciar hechos acaecidos con anterioridad a la fecha de
presentación de la demanda del proceso ordinario en el que se profirió la sentencia
materia de revisión y, en tal virtud, pudo haberse solicitado su decreto y práctica en
dicho proceso, sin que este mecanismo extraordinario de revisión constituya una
oportunidad para subsanar las falencias o complementar los argumentos de las
partes.

82. En consecuencia, la causal de revisión del numeral 2. del artículo 250 de la Ley
1437 no tiene vocación de prosperidad, por cuanto, los hechos en que esta se
sustenta no fueron advertidos con posterioridad a la sentencia objeto de revisión.

III.4.2. Causal del numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437

83. Los revisionistas plantearon que la sentencia objeto de revisión se encuentra
viciada de nulidad al ser incongruente, puesto que se apartó de la causa que sirvió
de fundamento a las pretensiones de la demanda ordinaria, así como de los hechos
y pruebas presentados con el libelo introductorio.

84. Lo anterior, teniendo en cuenta que partió de un supuesto fáctico equivocado,
como es que el Ejército Nacional no podía evitar la ocupación de la finca “El Peral”
porque antes del 18 de marzo de 2003 los demandantes no habían solicitado
protección especial, sin tener en cuenta que la demanda de reparación directa
buscaba que se declarara la responsabilidad de la entidad demandada por la
omisión en su deber de protección de los bienes de los demandantes, lo que llevó
a la destrucción de la finca “El Peral” y al hurto del ganado el 13 de junio de 2003.

85. Adicionalmente, señalaron que en la sentencia de primera instancia se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y la entidad demandada no presentó
ningún reparo frente a la fecha de ocurrencia del daño alegado y reconocido por el
Tribunal Administrativo de Arauca.

86. La Sala precisa que el principio de congruencia es una garantía procesal que
delimita el contenido de la sentencia y se encuentra regulado en el artículo 281 de
la Ley 1564, el cual establece:

“[…] La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla,
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley.

32
De fecha 1.° de septiembre de 2022, suscrita por Comandante Batallón de Ingenieros de Combate No. 18 "Gral. Rafael
Navas Pardo" (E), visible en el índice 2 del expediente digital.

16

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05985-00
Demandantes: Elianor Ávila Gómez y otro

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo
último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por
la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio. […]”.

87. La jurisprudencia33 de esta Corporación ha sostenido que la congruencia debe
ser interna y externa, la primera, se relaciona con la armonía entre las partes motiva
y resolutiva del fallo y, la segunda, con el vínculo entre lo pretendido por las partes
en la demanda y en el escrito de oposición.

88. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la incongruencia de una decisión
judicial se presenta en los siguientes eventos:

“[…] [C]uando al demandado se le condena por cantidad superior a la pedida
(“ultra petita”), o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente
a la invocada en la misma (“extra petita”), o cuando se omite el pronunciamiento sobre
una de las pretensiones (“minus petita”). En la misma línea, el Consejo de Estado ha
puntualizado que la alegación sobre el quebrantamiento del citado principio no admite
el cuestionamiento a la apreciación probatoria o a la actividad interpretativa
desarrollada por el juez, así como tampoco permite calificar el acierto de la decisión
censurada o examinar la posible configuración de errores in iudicando […]”34.

89. En el sub examine, la incongruencia alegada por los demandantes se centró en
las siguientes consideraciones efectuadas en el fallo objeto de revisión:

“[…] 10.1 El Ejército Nacional no podía evitar la ocupación de la finca “El Peral”,
porque no se solicitó protección especial antes del 18 de marzo de 2003.

Aunque los demandantes presentaron varias denuncias por amenazas y acciones de
las FARC y el ELN contra su vida y bienes con anterioridad al 18 de marzo de 2003,
fecha en la que las AUC habrían ocupado la finca “El Peral” [hechos probados 8.4 a
8.6], en ellas no consta una solicitud especial de protección de la finca ni de las reses
que se encontraban allí. En efecto, en las denuncias que presentaron el 13 y el 15 de
agosto de 2002 y el 12 de marzo de 2003, los demandantes pusieron en conocimiento
de las autoridades amenazas y hurtos de ganado que habrían sufrido por parte de
grupos guerrilleros, pero no se elevó una solicitud especial de protección.

[…]

No obran al menos indicios conocidos que permitieran concluir que los demandantes
iban a ser víctimas de los hechos imputados a la demandada, pues de las denuncias
que presentaron no se podía advertir por anticipado que las AUC iban a tomar

33
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Tercera. Sentencia de 1° de
diciembre de 2023. Radicación: 11001-03-26-000-2020-00056-00. C.P. María Adriana Marín. Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, Sala Once Especial de Decisión. Sentencia de 2 de noviembre de 2023. Radicación: 11001-
03-15-000-2022-04344-00. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
34
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de Decisión. Sentencia de 4 de
agosto de 2023. Radicación: 11001-03-15-000-2022-04218-00. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

17

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05985-00
Demandantes: Elianor Ávila Gómez y otro

posesión de la finca “El Peral”, la iban a incendiar y hurtarían las reses que se
encontraban en el predio.

Por el contrario, se acreditó que, antes de la ocurrencia de los hechos, los
demandantes no solicitaron protección especial para la finca “El Peral” o para el
ganado a la Décimo Octava Brigada del Ejército, ni al Departamento de Policía de
Arauca [hecho probado 8.17]. […]”.

90. La Sala observa que en la decisión recurrida se efectuaron adicionalmente las
siguientes consideraciones:

“[…] 10.2 Según las pruebas, el Ejército Nacional adelantó acciones para
contrarrestar la difícil situación de orden público que vivía la zona y, entre otros delitos,
el abigeato por grupos al margen de la ley.

Está acreditado que el 11 de abril de 2003, José Arnobio Villada denunció ante la
Fiscalía que, el 18 de marzo de 2003, miembros de las AUC ocuparon por la fuerza
la finca “El Peral” [hecho probado 8.8], y que el 5 de mayo siguiente, Elianor Ávila le
pidió ayuda al comandante de la Brigada XVIII del Ejército para recuperar el ganado
[hecho probado 8.10].

También se probó que el 14 de mayo de 2003, nueve días después de la solicitud
realizada por Elianor Ávila, el Batallón de Ingenieros n°. 18 llevó a cabo la operación
“Libertad”, en la que se dio de baja a una persona, se capturaron 37 más y se incautó
material de guerra: y que entre abril y octubre de 2003, se realizaron varios operativos
para recuperar ganado hurtado en las fincas de Tame y Puerto Rondó (sic) [hecho
probado 8.11].

Además, según las pruebas, entre abril y octubre de 2003 se analizaron diferentes
operaciones, entre ellas, la Operación n°. 10 Dantesco, Operación Fragmentaria n°.
11 Pegaso, Operación Fragmentaria n°. 7 Coloso y Operación Fragmentaria n°. 8
Cazador y los documentos que detallan estas operaciones dan cuenta de que dentro
de sus tareas claves estaba la recuperación de ganado robado en los municipios de
Puerto Rondón y Tame [hecho probado 8.11].

Así mismo, se acreditó que el 18 de agosto de 2003, la Brigada Móvil n°. 5 del Ejército
dejó a disposición de la fiscal de turno de Arauca tres reses que tenían el hierro
marcador de ganado robado a José Arnobio Villada y que fueron entregados ese
mismo día [hecho probado 8.15]. También que se llevaron a cabo varios consejos de
seguridad y una junta de inteligencia seccional de la Brigada Móvil n°. 5 del Ejército,
en las que constantemente se discutían circunstancias que alteraban el orden público
del municipio de Tame y se adoptaban medidas para superarlas [hechos probados
8.7, 8.9 y 8.14].

Javier Enrique Rojas Morales -administrador de la finca “El Peral”- declaró que
Arnobio Villada y Elianor Ávila eran los dueños de la finca; que las AUC tomaron
posesión de la misma y el ganado de los demandantes desde marzo de 2003,
establecieron una base de operaciones y el 13 de junio de 2003 retiraron 250 reses.
Narró que incendiaron parte del inmueble y solo salieron una vez inició el plan de
desmovilización adelantado por el gobierno de la época. También afirmó que el
Ejército Nacional nunca hizo nada, a pesar de tener conocimiento de esta situación
(f. 359 a 361 c. 1).

Como el declarante era empleado del demandante y tenía una relación de
subordinación con la parte, es un testigo sospechoso, según el artículo 217 CPC. El
artículo 218 CPC dispone que el juez apreciará los testimonios sospechosos de
acuerdo con las circunstancias de cada caso y que no se pueden descartar de plano,

18

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05985-00
Demandantes: Elianor Ávila Gómez y otro

sino que deben ser analizados con mayor rigurosidad35. El testigo declaró que hubo
inacción del Ejército y que el abigeato ocurrió el 13 de junio de 2003.

Sin embargo, está acreditado que el 14 de mayo de 2003, el Ejército ejecutó una
operación para recuperar la posesión de la finca que tuvo por resultado el arresto de
37 personas y material de guerra; y que los documentos que acreditan esa operación
mencionan la recuperación de ganado [hecho probado 8.11]. Se probó, entonces,
que el abigeato se consumó antes del 14 de mayo de 2003, y no el 13 de junio
de ese año.

Tampoco se probó que el Ejército Nacional hubiera omitido el cumplimiento de sus
deberes. Por el contrario, se probó que la solicitud realizada por la demandante se
atendió nueve días después, pues el Ejército dispuso una incursión en la finca “El
Peral” una vez tuvo conocimiento de su toma por parte de las autodefensas. También
se acreditó que adoptó, conforme a su capacidad institucional, medidas para
contrarrestar las acciones de las AUC y grupos insurgentes y recuperar las reses
hurtadas, no solo las de propiedad del demandante sino de otros ganaderos
afectados, pues desarrolló varios operativos militares para ese fin. […]” (negrilla fuera
del texto).

91. La Sala considera que, según el contenido de la sentencia cuestionada, en esta
decisión judicial se expuso con suficiencia las razones por las que el juez de
segunda instancia estableció que no existió omisión por parte del Ejército Nacional
en el deber de protección de los bienes de los demandantes, teniendo en cuenta
que: i) antes del 18 de marzo de 2003 no se solicitó la protección de los bienes por
parte de los afectados; ii) la entidad demandada adelantó varias operaciones con el
fin de atender los problemas de orden público en la zona; iii) el 14 de mayo de 2003
se efectuó una operación para recuperar la posesión de la finca “El Peral”, es decir,
nueve días después de haberse presentado la solicitud de ayuda por parte de
Elianor Ávila; iv) el hurto de ganado se dio antes del 13 de junio de 2003, contrario
a lo afirmado por la parte demandante.

92. Así las cosas, el fallo recurrido resolvió la controversia sin desconocimiento de
los fundamentos de las pretensiones de la demanda, pues de acuerdo con los
supuestos fácticos planteados y probados dentro del proceso de reparación directa,
se determinó que los hechos que originaron la supuesta omisión en que incurrió el
Ejército Nacional no sucedieron el 13 de junio de 2003, sino que la ocupación de la
finca “El Peral” y los perjuicios derivados de ello se dieron con anterioridad, teniendo
en cuenta que el 14 de mayo del mismo año la institución militar efectuó una
operación que llevó a la recuperación del bien inmueble.

93. En tal sentido, se evidencia que ad quem no se apartó de la causa petendi, sino
que analizó los hechos presentados en la demanda, ante lo cual estableció que no
se encontraban acreditados con las pruebas que obraban en el expediente de
reparación directa, de modo que lo pretendido por los recurrentes es cuestionar la
interpretación realizada por el juez ordinario y la conclusión a la cual se arribó en el
marco de sus competencias, siendo este un propósito ajeno al recurso
extraordinario de revisión.

35
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 20.262 [fundamento jurídico 2.3].

19

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05985-00
Demandantes: Elianor Ávila Gómez y otro

94. Finalmente, en cuanto al argumento sobre la falta de congruencia por no haber
sido un punto apelado por la parte demandada, la Sala advierte que, con el fin de
delimitar la supuesta omisión en el deber de protección por parte del Ejército
Nacional, el juez de segunda instancia se encontraba facultado para revisar los
hechos y pruebas obrantes en el plenario y, a partir de ello, establecer la línea de
tiempo en que sucedieron los hechos narrados y determinar si existió o no la falla
en el servicio alegada por los demandantes. Por lo tanto, este argumento no
prospera.

95. En suma, no se encuentra configurada la causal del numeral 5. del artículo 250
de la Ley 1437.

III.5. De la condena en costas

96. La Sala estima que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25536 de la Ley 1437
y en el numeral 8. 37 del artículo 365 de la Ley 1564, procede condenar en costas a
los recurrentes, por concepto de agencias en derecho, dado que el recurso
extraordinario se declarará infundado y se acreditó la labor defensiva del Ministerio
de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

97. Paraefectos de la liquidación de las agencias en derecho, el consejero
sustanciador dictará un auto posterior, de conformidad con lo establecido en el
numeral 3.38 del artículo 366 de la Ley 1564, una vez quede en firme la presente
sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por los señores Elianor Ávila Gómez y José Arnobio Villada Ramírez
contra la sentencia de 31 de mayo de 2021 proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro de la acción de reparación directa
con radicación núm. 07001-23-31-000-2005-00143-01.

SEGUNDO: CONDENAR en costas, por concepto de agencias en derecho, a la
parte recurrente.

TERCERO: Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría General,
INGRESAR el expediente al despacho del consejero ponente para lo de su
competencia.

36
Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]”.
37
Por remisión del artículo 306 de la Ley 1437.
38
Ibidem.

20

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05985-00
Demandantes: Elianor Ávila Gómez y otro

CUARTO: Por Secretaría General, DEVOLVER el expediente del proceso ordinario
al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva voto

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Diecinueve Especial de
Decisión en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.