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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04218-00

Fecha
4 de agosto de 2023
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
28 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04218-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor César Augusto Aponte Gómez en contra de la sentencia dictada el 28 de abril de 2021 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente y en favor de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial. TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta decisión, a favor de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por parte del recurrente. CUARTO: En firme esta providencia y realizada la liquidación de costas, el expediente deberá regresar al despacho de la magistrada ponente para considerar su aprobación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04218-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

4 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 25

Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04218-00 (REV)
Recurrente: César Augusto Aponte Gómez
Demandado: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021)

I. ANTECEDENTES

1. El Consorcio San Andrés 2007 presentó demanda de controversias
contractuales1 contra el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - Fonade, hoy
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - Enterritorio, con el fin de
que se declarara el incumplimiento del contrato de obra No. 2072025 por parte de
la entidad, se ordenara la liquidación de dicho negocio jurídico y se condenara a la
contratante a pagarle la suma de $3.848’447.049.

2. Surtido el trámite legal correspondiente, en sentencia del 26 de abril del 20122, el
Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina declaró
responsable a la entidad demandada por el incumplimiento y la terminación del
contrato de obra, la condenó a pagar la suma de $1.412’446.382,93 por concepto
de perjuicios materiales y negó las demás pretensiones de la demanda.

3. Por cuenta de los recursos de apelación formulados por las partes3, mediante
sentencia del 28 de abril de 20214, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado modificó el fallo de primer grado en tanto declaró la
responsabilidad de la entidad accionada en la terminación e incumplimiento del
contrato de obra, la condenó a pagar la suma de $489’023.090 por perjuicios
materiales y negó las demás súplicas de la demanda.

1
Folios 5 a 24 del cuaderno principal No. 1 del proceso ordinario (índice No. 44 de Samai).
2
Folios 194 a 225 del cuaderno principal No. 2 del proceso ordinario (índice No. 44 de Samai).
3
Folios 235 a 240 y 241 a 327 del cuaderno principal No. 2 del proceso ordinario (índice No. 44 de
Samai).
4
Índice No. 44 de Samai.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04218-00 (REV)
Recurrente: César Augusto Aponte Gómez
Demandado: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)

4. El 3 de agosto de 20225, el señor César Augusto Aponte Gómez, por conducto
de apoderado judicial, interpuso recurso extraordinario de revisión en contra del fallo
de segunda instancia, con fundamento en la causal consagrada en el numeral 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

Afirmó que con la sentencia censurada se vulneró su debido proceso, dado que se
desconoció la línea jurisprudencial del Consejo de Estado respecto del principio
pacta sunt servanda, se quebrantaron mandatos constitucionales y legales de la
contratación estatal y se efectuaron interpretaciones que no se ajustaban a la ley.

Señaló que se incurrió en incongruencia, pues lo decidido no se correspondió con
lo demandado y lo probado en el proceso. Agregó que se produjo un error aritmético
en la liquidación y actualización del saldo a favor del extremo demandante6.

5. Por auto del 18 de enero de 20237 se admitió la demanda de revisión de la
referencia, decisión que fue notificada en debida forma a la entidad demandada, al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado8.

6. El 2 de febrero de 20239, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo
Territorial, a través de apoderado judicial, presentó escrito de oposición al recurso
extraordinario de revisión, mediante el cual solicitó declararlo infundado y condenar
en costas a la parte recurrente.

Sostuvo que el señor Aponte Gómez no estaba legitimado en la causa para formular
la demanda de revisión, toda vez que la suscripción del acuerdo de cesión de
derechos económicos y de participación en el Consorcio San Andrés 2007 no
implicaba que adquiriera la calidad de cesionario de la posición contractual del
consorcio en el negocio jurídico celebrado con Fonade, y no le otorgaba la
posibilidad de ejercer el respectivo derecho litigioso en sede de revisión.

Indicó que el recurrente pretende revivir las discusiones jurídicas y probatorias
ventiladas en las instancias ordinarias y dar lugar a una tercera instancia en el

5
Índice No. 2 de Samai.
6
De acuerdo con lo expresado por la parte recurrente en la demanda de revisión subsanada (índice
No. 10 de Samai).
7
Índice No. 21 de Samai. Es pertinente anotar que, por auto del 6 de septiembre de 2022 (índice
No. 5), se inadmitió la demanda y se concedió el término de cinco (5) días para su subsanación.
Además, mediante providencia del 26 de octubre de 2022 (índice No. 12), el despacho efectuó
algunos requerimientos a la parte actora previo a admitir la demanda de revisión.
8
Esta providencia fue notificada electrónicamente a las partes y demás sujetos procesales el 20 de
enero de 2023 (índices Nos. 24, 25 y 27 de Samai).
9
Índice No. 35 de Samai.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04218-00 (REV)
Recurrente: César Augusto Aponte Gómez
Demandado: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)

proceso contractual, puesto que plantea la existencia de yerros de interpretación y
de errores in iudicando en el fallo de segundo grado.

Aseveró que el precedente jurisprudencial supuestamente desconocido no influyó
en la adopción de la decisión reprochada, en tanto los contornos fácticos no eran
asimilables y, además, el aparte citado por el recurrente correspondía a un obiter
dictum que no era de obligatorio acatamiento.

II. CONSIDERACIONES

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso extraordinario de revisión10
interpuesto contra la sentencia de segunda instancia11.

Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales:
competencia12, demanda en tiempo13 y legitimación en la causa por activa.

1. Cuestión previa: legitimación en la causa por activa

A propósito de uno de los argumentos expuestos en la contestación de la demanda
de revisión, es pertinente señalar que, según el acuerdo de cesión de derechos
económicos y de participación de los miembros del Consorcio San Andrés 2007 al
señor César Augusto Aponte Gómez14, este asumió los derechos y obligaciones del
negocio jurídico que dio lugar al proceso ordinario contractual, así como la
responsabilidad en su ejecución, lo que permite deducir que le asiste interés jurídico
en promover la revisión extraordinaria del fallo de segundo grado.

10
Al sub judice le resultan aplicables las normas procesales vigentes para la fecha de presentación
del recurso extraordinario de revisión -3 de agosto de 2022- las cuales corresponden a las contenidas
en la Ley 1437 de 2011 -con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021-, así como a
las disposiciones de la Ley 1564 de 2012, en virtud de la integración normativa dispuesta por el
artículo 306 del primer estatuto mencionado.
11
El asunto ingresó a despacho para dictar sentencia el 19 de abril de 2023 (índice No. 54 de Samai).
12
Según los artículos 111 y 249 de la Ley 1437 de 2011, y en virtud del artículo 29 del Acuerdo No.
80 de 2019, la Sala es competente para conocer el recurso extraordinario de revisión interpuesto en
contra de la sentencia del 28 de abril de 2021, pues fue dictada por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
13
El recurrente invocó la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
por lo que el plazo para presentar el recurso extraordinario de revisión es de un año contado desde
el día siguiente a la ejecutoria del fallo. El auto por el cual la Subsección B de la Sección Tercera de
esta Corporación se abstuvo de pronunciarse frente a la aclaración de la sentencia y negó su
corrección fue notificado el 24 de noviembre de 2021, por lo que adquirió firmeza el 29 de noviembre
siguiente, de manera que tal plazo se extendió hasta el 30 de noviembre de 2022. Como la demanda
se formuló el 3 de agosto del mismo año, se concluye que su interposición fue oportuna (índice No.
42 de Samai en el proceso ordinario con radicación No. 88001-23-31-000-2011-00023-01).
14
Este documento y los respectivos soportes fueron aportados por la parte recurrente de manera
previa a la admisión de la demanda de revisión (índices Nos. 10 y 19 de Samai).

3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04218-00 (REV)
Recurrente: César Augusto Aponte Gómez
Demandado: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)

En esa línea, no es posible afirmar que el señor Aponte Gómez obra como
representante legal de tal consorcio, en atención a que la constitución de esta forma
asociativa no conlleva la existencia de una persona jurídica distinta a sus miembros.
En contraste, para que sea válido entender que el consorcio es el que formula el
recurso extraordinario, sería necesario que cada uno de sus integrantes otorgara
poder, lo cual no ocurrió a pesar del requerimiento efectuado en ese sentido15.

De este modo, en vista de que el señor Aponte Gómez es el cesionario de los
derechos y obligaciones del contrato objeto de debate en el trámite ordinario, y como
persona natural confirió poder especial para interponer la demanda de revisión
extraordinaria, se tiene por acreditada su legitimación en la causa por activa en el
presente asunto y, en esas condiciones, se descarta la ausencia de este
presupuesto procesal en los términos alegados por la entidad accionada16.

2. Generalidades de la causal de revisión invocada y del principio de
congruencia

La causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
establece que podrá demandarse la revisión por “[e]xistir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

Para la estructuración de tal causal de revisión es indispensable que se funde en la
ocurrencia de: i) un supuesto configurativo de las causales de nulidad procesal
previstas taxativamente en el artículo 133 de la Ley 1564 de 2012, siempre que se
prediquen de la sentencia; o ii) una de las hipótesis creadas jurisprudencialmente
que comportan la violación del derecho al debido proceso, tales como17:

• Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con
violación al debido proceso.
• Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue
vinculada al proceso.
• Proferir una sentencia sin motivarla.
• Dictar un fallo inhibitorio injustificado.
• Faltar al principio de congruencia.

15
A través de auto de inadmisión proferido el 6 de septiembre de 2023 (índice No. 5 de Samai).
16
Es conveniente mencionar que en el auto admisorio dictado el 18 de enero de 2023 (índice No. 21
de Samai), el cual no fue objeto de impugnación, se reconoció al señor César Augusto Aponte Gómez
como la parte recurrente en esta actuación y se precisó que la demanda de revisión se admitía
únicamente frente a él como persona natural, sin incluir al consorcio citado.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No.
13, sentencia del 7 de junio de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2015-02493-00, C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04218-00 (REV)
Recurrente: César Augusto Aponte Gómez
Demandado: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)

La jurisprudencia ha considerado que el recurso extraordinario de revisión, bajo la
causal aludida, es el mecanismo judicial idóneo para alegar la posible falta de
congruencia de un fallo de segunda instancia, lo cual puede traducirse en una
vulneración del derecho fundamental al debido proceso18.

Al respecto, se ha indicado que la congruencia constituye un límite al contenido de
las decisiones judiciales, de manera que lo resuelto guarde identidad jurídica con
las peticiones y excepciones propuestas por las partes en el marco del litigio, salvo
que la ley otorgue facultades oficiosas al juez19.

En cuanto a los supuestos que dan lugar a la incongruencia de la sentencia, se ha
sostenido que esta se verifica cuando al demandado se le condena por cantidad
superior a la pedida (“ultra petita”), o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente a la invocada en la misma (“extra petita”), o cuando
se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones (“minus petita”)20.

En la misma línea, el Consejo de Estado ha puntualizado que la alegación sobre el
quebrantamiento del citado principio no admite el cuestionamiento a la apreciación
probatoria o a la actividad interpretativa desarrollada por el juez, así como tampoco
permite calificar el acierto de la decisión censurada o examinar la posible
configuración de errores in iudicando21.

3. Caso concreto

En la demanda de revisión la parte recurrente planteó que en el fallo controvertido
el juez ad quem se apartó de la “línea jurisprudencial” consolidada del Consejo de
Estado sobre el principio pacta sunt servanda, a efecto de lo cual citó una sentencia
de la Corporación que daría cuenta del “precedente” supuestamente trasgredido22.

18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No.
25, sentencia del 28 de junio de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 4 de marzo de 2021, radicación: 11001-03-25-000-2013-01223-00(3095-13), C.P.
César Palomino Cortés; Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021,
radicación: 11001-03-26-000-2019-00001-00 (63.104), C.P. María Adriana Marín.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No.
22, sentencia del 2 de febrero de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2015-02342-00, C.P. Alberto
Yepes Barreiro.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión,
sentencia del 3 de mayo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2022-00580-00, C.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, entre muchas otras decisiones.
22
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2021,
radicación: 05001-23-31-000-1998-03972-01, C.P. María Adriana Marín.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04218-00 (REV)
Recurrente: César Augusto Aponte Gómez
Demandado: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)

Al respecto, conviene anotar que, según jurisprudencia reiterada del Consejo de
Estado23, el desconocimiento del precedente judicial no es una causal de revisión
prevista en la ley procesal y tampoco constituye un vicio de nulidad de la sentencia
cuando se alega la violación del debido proceso en esta sede extraordinaria.

En contraste, cuando se considera que la sentencia impugnada contraría un fallo de
unificación de esta Corporación, la vía procesal adecuada es el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia24, el cual tiene como fin asegurar la
aplicación uniforme del derecho25 y procede contra las sentencias dictadas por los
tribunales administrativos26 en única o segunda instancia27.

De otro lado, en la solicitud de revisión el recurrente afirmó que el Consejo de Estado
reconoció únicamente los intereses moratorios ocasionados con el pago tardío y
fraccionado del anticipo que se generaron en el último período liquidado, aunque
también había reconocido otros dos períodos de causación que debían sumarse a
aquel, lo cual habría configurado un error en la liquidación de la sentencia.

Es pertinente señalar que este asunto fue objeto de una solicitud de corrección por
error aritmético28 presentada por el apoderado del consorcio frente al fallo
reprochado, la cual fue resuelta desfavorablemente por el ad quem, en tanto indicó
que “las cifras puestas a consideración por el demandante no debían sumarse”, de
donde concluyó que “no omitió incluir ninguna cifra en el ejercicio aritmético
efectuado en relación con los valores liquidados a favor del demandante”29.

23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No.
13, sentencia del 7 de abril de 2015, radicación: 11001-03-15-000-2013-02724-00, C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez; Sala Especial de Decisión No. 14, sentencia del 7 de noviembre de 2019,
radicación: 11001-03-15-000-2018-03604-00, C.P. Alberto Montaña Plata; Sala Segunda Especial
de Decisión, sentencia del 4 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2016-03553-00, C.P.
César Palomino Cortés.
24
Ley 1437 de 2011. “Artículo 258. Causal. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación
del Consejo de Estado”.
25
Ley 1437 de 2011. “Artículo 256. Fines. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar
los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida
y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales”.
26
Ley 1437 de 2011. “Artículo 257 [modificado por el artículo 71 de la Ley 2080 de 2021].
Procedencia. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede contra las sentencias
dictadas en única y en segunda instancia por los tribunales administrativos (…)”.
27
En todo caso, el precedente o la decisión que se dice trasgredida no es de unificación y la
providencia cuestionada no fue dictada por un tribunal administrativo.
28
Índice No. 35 de Samai (en el proceso ordinario con número interno 45.298). Allí se expresó que
“el Consejo de Estado reconoció tres períodos de causación de intereses moratorios causados por
el pago fraccionado y tardío del anticipo por parte de FONADE, sin embargo, en el párrafo número
43 de la sentencia solamente se tuvo en cuenta el último de los períodos liquidados”, es decir, “que
no se sumaron correctamente los tres lapsos causados, lo cual generó un error aritmético al
momento de liquidar todos los conceptos reconocidos en la sentencia”.
29
Índice No. 44 de Samai. Explicó que, tal como se dijo en el fallo censurado con fundamento en el
artículo 1653 del Código Civil, “cada vez que la entidad hizo un abono a la deuda la sentencia imputó

6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04218-00 (REV)
Recurrente: César Augusto Aponte Gómez
Demandado: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)

En las condiciones descritas, la Sala se releva de examinar el argumento referente
al supuesto desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado
respecto del principio pacta sunt servanda, por ser un aspecto ajeno al objeto y
finalidad del mecanismo extraordinario de revisión.

Igualmente, dicho entendimiento se aplicará en relación con el supuesto error
aritmético que se habría producido en la liquidación de los intereses moratorios
causados con el desembolso del anticipo, por tratarse de una discusión agotada en
sede ordinaria cuando se decidió la respectiva solicitud de corrección y que no
puede dar lugar a una tercera instancia por vía de la revisión extraordinaria.

Pues bien, en el escrito inicial el actor expresó que en el fallo de segundo grado se
vulneraron preceptos constitucionales y legales en materia de contratación estatal30,
se realizaron interpretaciones contrarias a la ley y se efectuaron valoraciones
indebidas del material probatorio.

Lo anterior, a propósito de los que denominó “puntos de error de interpretación” del
fallo, los cuales clasificó en cuatro categorías: “perjuicios derivados de la suspensión
del contrato”, “saldo insoluto de la factura No. 11”, “gastos financieros” y “gastos de
legalización”, cuestión que se abordará más adelante.

Esta Sala encuentra que, en la sentencia objeto de revisión, la Subsección B de la
Sección Tercera de esta Corporación, una vez estudiados los presupuestos
procesales y determinados los hechos probados relativos a la suscripción y
ejecución del contrato estatal, se pronunció frente a cada uno de los rubros
reclamados en los términos planteados en los recursos de apelación31, así:

• Perjuicios derivados de la suspensión del contrato: se verificó que la
suspensión se pactó de mutuo acuerdo y ninguna de las partes manifestó que
impactara negativamente sus intereses económicos, cuando según el contrato

el pago primero a los intereses y luego al capital, por ejemplo, cuando se hizo el pago de
$500.000.000 el 15 de abril de 2008 se imputaron los $50.606.613 de intereses causados hasta la
fecha y por tanto la entidad solo abonó $449.393.387 a capital, según fue expresamente consignado
en la sentencia, igual ocurrió con los intereses liquidados en el segundo período por $25.639.647
que fueron pagados mediante el abono de $428.159.021 según lo precisó el fallo, razón por la cual
no podían incluirse en el valor a pagar a favor del demandante; efectivamente, la única razón para
liquidar los intereses en tres períodos fue el hecho de poder imputar los pagos parciales a los ya
causados cuando estos se produjeron y determinar los saldos insolutos”.
30
Mencionó los principios de legalidad, igualdad, debido proceso, buena fe, confianza legítima y
seguridad jurídica, interés general y economía en la contratación estatal.
31
Como se desprende de la sentencia censurada, los siguientes conceptos no fueron abordados por
el Consejo de Estado porque no fueron objeto de inconformidad en los escritos de impugnación:
“saldo insoluto de la factura No. 11”, “estudios técnicos” y “utilidad dejada de percibir”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04218-00 (REV)
Recurrente: César Augusto Aponte Gómez
Demandado: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)

debían indicarlo expresamente; por tanto, se excluyó el monto reconocido por el
tribunal bajo el nombre de “gastos de administración” asociados a la suspensión.

• Gastos financieros: se concluyó que no era posible sostener que el consorcio
había adquirido los materiales y firmado los respectivos contratos de
conformidad con el plan de inversión previsto en el contrato, porque este
documento no obraba en el expediente; en consecuencia, se incluyó el valor del
anticipo no amortizado por el contratista en la liquidación final.

• Gastos por legalización: se estimó que estos perjuicios carecían de sustento,
por cuanto tales gastos fueron en su momento necesarios para la celebración
del contrato (sin que la entidad los haya impuesto para luego impedir su
suscripción) y su posterior ejecución (que el contratista estaba obligado a asumir
durante su vigencia); por ende, no se tuvieron en cuenta en la liquidación.

• Otros perjuicios del incumplimiento: se consideró que, como la cláusula penal
pecuniaria solo se pactó a favor de la entidad, no había lugar a su reconocimiento
a favor del contratista; y que la falta de certificación de la experiencia que
suponía la ejecución total del contrato era un perjuicio que el consorcio no podía
reclamar, en la medida en que no lo puso en conocimiento de la entidad a la
terminación del contrato, la cual se realizó de mutuo acuerdo.

Finalmente, después de compensadas las deudas existentes entre las partes, el
Consejo de Estado determinó que había un saldo a reconocer a favor del contratista
y a cargo de la entidad, equivalente a $315’276.236, valor que actualizado dio como
resultado la suma de $489’029.690.

En punto de la supuesta falta de congruencia entre lo demandado, lo probado y lo
decidido en el proceso, se advierte que la parte recurrente no cumplió la carga
argumentativa exigible en este medio extraordinario, toda vez que no sustentó la
materialización de tal vicio de nulidad en la sentencia, es decir, no demostró cómo
el ad quem decidió la causa de manera “extra petita”, “ultra petita” o “minus petita”.

En su lugar, se concentró en desarrollar las “incongruencias” que a su juicio se
evidenciaron en el fallo, en los términos que a continuación se sintetizan32:

32
Las cuatro categorías que explicó el recurrente coinciden con algunos de los rubros reclamados
en la demanda de controversias contractuales: “gastos mensuales por suspensión”, “saldo factura
No. 011”, “perjuicio causado por el giro fraccionado del anticipo (gastos financieros)”, “gastos por
legalización”, “estudios técnicos”, “utilidad dejada de percibir” e “incumplimiento del contrato” (folio
21 del cuaderno principal No. 1, índice 44 de Samai).

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04218-00 (REV)
Recurrente: César Augusto Aponte Gómez
Demandado: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)

• Frente a los perjuicios derivados de la suspensión del contrato, sostuvo que
estaba acreditado que el contratista firmó el acta con las salvedades pertinentes
y que la terminación del contrato fue unilateral, con el fin de fundar su
reclamación por este concepto y que se incluya en la liquidación de la sentencia.

• Respecto del saldo insoluto de la factura No. 11, aseveró que estaba probado
que la entidad se comprometió a pagarla totalmente y que debe entenderse que
los intereses moratorios correspondientes se generaron desde el 8 de noviembre
de 2008 (vencido el mes siguiente a su radicación) hasta el 28 de abril de 2021
(cuando se profirió el fallo objeto de revisión) y entre esta última fecha y el pago
efectivo, con lo cual busca ampliar el período de su causación y propone la
liquidación que estima correcta frente a este rubro.

• En relación con los gastos financieros, alegó que estaba demostrado que el
consorcio utilizó el anticipo de acuerdo con el plan de inversión, puesto que
justificó gastos necesarios para la ejecución de las obras contratadas, entre ellos
los negocios jurídicos en el marco de los cuales le fueron impuestas sanciones
por incumplimiento cuyo valor debe descontarse del saldo a su cargo en la
amortización del anticipo, argumento encaminado a introducir en la liquidación
de perjuicios conceptos distintos a los analizados por el ad quem.

• A propósito de los gastos de legalización, indicó que los perjuicios por este
concepto estaban acreditados, por cuanto el consorcio incurrió en un mayor valor
al costear la celebración de un contrato que a la postre no se pudo ejecutar
totalmente por causas no imputables a él, situación imprevisible cuyos efectos
económicos debía asumir la entidad, esto con el fin de añadir dicho rubro en la
liquidación de los valores a reconocer a favor del contratista.

En ese sentido, el recurrente afirmó que “el propósito del presente recurso
extraordinario es dejar sin efecto los cuatro puntos señalados de la sentencia”, para
lo cual presentó “la liquidación debidamente corregida” que “da como resultado un
saldo pendiente a favor del contratista equivalente a $3,300,946,560”, valor que se
debe actualizar “bajo parámetros complementarios a los esbozados por el tribunal,
por cuanto esta fórmula de liquidación (…) no incluye los costos financieros”.

Aunque el quebrantamiento del principio de congruencia es una hipótesis
jurisprudencial que eventualmente puede estructurar la causal de revisión
consagrada en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, la Sala advierte
que la argumentación propuesta por la parte recurrente está orientada a reabrir el

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04218-00 (REV)
Recurrente: César Augusto Aponte Gómez
Demandado: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)

debate jurídico que se surtió en el proceso primigenio y, con ello, propiciar una
tercera instancia que no es de recibo en esta sede extraordinaria.

En efecto, se constata la manera en que el actor, a través de este mecanismo de
impugnación, pretende controvertir el sustento jurídico y probatorio que llevó al
Consejo de Estado a modificar el fallo de primer grado para disminuir la suma
reconocida al consorcio por concepto de perjuicios materiales, de acuerdo con los
asuntos que fueron materia de apelación, los hechos acreditados en el proceso y la
liquidación efectuada respecto de cada rubro.

A partir de una lectura global de la solicitud de revisión, se observa que el recurrente
se ocupó de explicar los motivos de su inconformidad con los criterios en virtud de
los cuales el ad quem determinó los perjuicios indemnizables y realizó la liquidación
correspondiente, aspectos que, por relacionarse directamente con la
fundamentación jurídica y probatoria de la sentencia reprochada, escapan al ámbito
de análisis propio de esta vía extraordinaria.

Así las cosas, la Sala estima que el actor persiste en su desacuerdo con el fallo
censurado por resultar adverso a sus intereses, a la vez que propone un nuevo
razonamiento para obtener una decisión diferente que conduzca a emitir una
condena por otros perjuicios o liquidar en mayor valor los que fueron reconocidos,
mediante la reapertura integral del debate zanjado en el juicio ordinario, lo que se
opone a la naturaleza excepcional del recurso de revisión.

Sumado a lo anterior, revisados los recursos de apelación interpuestos contra el
fallo de primer grado33, se aprecia que no se hizo alusión a los intereses moratorios
causados por el no pago o pago tardío de la factura No. 11, de lo que se colige que
la parte recurrente persigue en sede de revisión un pronunciamiento sobre un punto
que, de haberlo expuesto como reparo en su impugnación, pudo y debió ventilarse
y resolverse en la segunda instancia del trámite ordinario.

Al respecto, es relevante precisar que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
reiterado que el recurso extraordinario de revisión no es el instrumento adecuado
para remediar las falencias cometidas por las partes en el desarrollo del proceso
ordinario34, de manera que no es admisible que el actor intente ahora subsanar la

33
Folios 235 a 327 del cuaderno principal No. 2 (índice No. 44 de Samai).
34
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de
Decisión, sentencia del 25 de julio de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-06788-00, C.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil; Sala Especial de Decisión No. 21, sentencia del 17 de junio de 2022, radicación:
11001-03-15-000-2014-04059-00, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra; Sala Especial de Decisión No.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04218-00 (REV)
Recurrente: César Augusto Aponte Gómez
Demandado: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)

omisión de no formular en su apelación el reparo concerniente al reconocimiento y
pago de tales intereses, pues no hizo uso de la herramienta legal que estaba a su
alcance para lograr una decisión expresa del juez sobre el particular.

En ese orden de ideas, para la Sala es claro que la argumentación planteada por el
recurrente no se adecúa a la causal de revisión invocada y, en concreto, a la
hipótesis jurisprudencial consistente en desconocer el principio de congruencia, por
lo cual declarará infundado el recurso extraordinario de revisión de la referencia.

4. Condena en costas

De conformidad con el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 -modificado por el
artículo 70 de la Ley 2080 de 202135-, se condenará en costas a la parte recurrente,
en tanto se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión que formuló.

Al respecto, se observa que la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo
Territorial - Enterritorio constituyó apoderado judicial para atender este asunto36 y,
a través de él, presentó su escrito de oposición a la demanda de revisión.

De este modo, la Sala estima que la actividad realizada por el abogado de
Enterritorio es suficiente para disponer la fijación de agencias en derecho a su favor
en la liquidación de costas, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 365 y
366 de la Ley 1564 de 2012.

Para el efecto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión
adelantada por el mandatario judicial de la entidad accionada.

Asimismo, según la última norma citada, esta decisión se apoya en el Acuerdo No.
PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se dispone
que, tratándose de recursos extraordinarios como el sub examine, las agencias en
derecho se tasan entre 1 y 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes (artículo
5, numeral 9).

En esa línea, en vista de que en esta actuación Enterritorio designó apoderado
judicial e intervino en su trámite, se fijarán las agencias en derecho a su favor y a

27, sentencia del 16 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00245-00, C.P. Rocío
Araújo Oñate.
35
“Artículo 255. Sentencia [modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021] (…)
“Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.
36
El apoderado judicial fue reconocido como tal en auto del 24 de febrero de 2023 (índice No. 37 de
Samai).

11

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04218-00 (REV)
Recurrente: César Augusto Aponte Gómez
Demandado: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)

cargo del señor César Augusto Aponte Gómez en un (1) salario mínimo legal
mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

Adicionalmente, conviene indicar que, como este es un proceso de única instancia
ante esta Corporación, la liquidación de las costas será realizada por la secretaría
general, según los parámetros señalados en el artículo 366 de la Ley 1564 de 2012.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en Sala Especial de Decisión No. 25, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor César Augusto Aponte Gómez en contra de la sentencia
dictada el 28 de abril de 2021 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente y en favor de la Empresa
Nacional Promotora del Desarrollo Territorial.

TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta decisión, a favor de
la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, la cual deberá incluirse en
la liquidación de costas a pagar por parte del recurrente.

CUARTO: En firme esta providencia y realizada la liquidación de costas, el
expediente deberá regresar al despacho de la magistrada ponente para considerar
su aprobación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04218-00 (REV)
Recurrente: César Augusto Aponte Gómez
Demandado: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILSON RAMOS GIRÓN

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

EZS-JPDC [EXPEDIENTE DIGITAL]

13

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