Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-00245-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-00245-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-00245-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
16 de marzo de 2022
Demandante: Natalio Vera Ramírez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena
Radicados: 11001-03-15-000-2021-00245-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISIETE (27) ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2021-00245-00
Demandante: NATALIO VERA RAMÍREZ
Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Temas: Causal de nulidad originada en la sentencia – Aplicación de la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 - Ingreso
Base de Liquidación no forma parte del régimen de transición.
SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE
REVISIÓN
OBJETO DE LA DECISIÓN
No observando causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala resuelve
el recurso extraordinario de revisión, interpuesto por el señor Natalio Vera
Ramírez, por intermedio de apoderado judicial1, con el cual pretende que se
infirme la sentencia dictada el 20 de noviembre de 2019, por el Consejo de
Estado, Sección Segunda – Subsección “B”, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral, instaurado por el recurrente en
contra del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
I. ANTECEDENTES
1.1. Proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho de
carácter laboral
1.1.1. Demanda
1. El señor Natalio Vera Ramírez, por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la que solicitó que se
1 Con la demanda se allegó el poder conferido al abogado Omar Barroso Plata, con el lleno de los requisitos
legales.
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Demandante: Natalio Vera Ramírez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena
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declarara la nulidad de las Resoluciones Nos. 000326 del 14 de febrero de 2006,
003112 del 20 de diciembre de 2007, 00549 del 3 de marzo de 2008 y de los actos
administrativos Nos. 2-2011-015092 del 1º de septiembre de 2011, 2-2011-017849
del 4 de octubre de 2011, que contiene la resolución del recurso de reposición y el
acto ficto o presunto, producto del silencio administrativo negativo,
correspondiente a la decisión del recurso de apelación, todos ellos expedidos por
el SENA, por medio de los cuales se le reconoció al demandante la pensión de
jubilación, a su juicio, “sin tener en cuenta el régimen de transición”.
2. A título de restablecimiento del derecho, el demandante solicitó que
se ordenara a la entidad demandada el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el
último año de servicios, como empleado público, y que se cancelara el retroactivo
“originado en el verdadero valor del monto de la pensión de jubilación desde que adquirió
el status, con los correspondientes intereses moratorios.”
1.2. Sentencia de primera instancia
3. El Tribunal Administrativo de Santander - Sección Segunda, en
sentencia dictada el 7 de junio de 2016, accedió a las súplicas de la demanda. En
consecuencia, declaró la nulidad de los actos acusados y ordenó la reliquidación
de la pensión con todos los factores salariales devengados en el último año de
servicios.
4. Para arribar a la citada parte resolutiva, consideró que, con el objeto
de determinar el monto de la pensión para los beneficiarios del régimen de
transición, previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se debe tener en
cuenta el porcentaje de liquidación, que corresponde al setenta y cinco por ciento
(75%) del ingreso base de liquidación, el cual se debe calcular sobre el salario
devengado en el último año de servicios.
1.3. Sentencia de segunda instancia
5. Al resolver el recurso de apelación, interpuesto por la parte
demandada, el 20 de noviembre de 2019 el Consejo de Estado, Sección
Segunda – Subsección “B”, revocó el fallo del 7 de junio de 2016, que en la
primera instancia del juicio ordinario había accedido a las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, las negó.
6. El ad quem del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
consideró que correspondía aplicar la postura unificada frente a la reliquidación de
la pensión ordinaria de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, esto es, las reglas y subreglas jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena de
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lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la sentencia del 28 de
agosto de 2018, que constituye un precedente vinculante en la resolución de
casos fáctica y jurídicamente iguales.
7. Al aplicar al caso concreto las referidas reglas y subreglas dictadas
en sede de unificación de jurisprudencia, previa valoración de las pruebas
allegadas al proceso, en la sentencia de segunda instancia se concluyó que “El
señor Natalio Vera Ramírez no tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación
con el promedio de lo devengado en el último año de servicios, como quiera que al estar
cobijado por el régimen de transición, su prestación debe liquidarse teniendo en cuenta el
setenta y cinco (75%) del promedio de lo devengado durante los diez (10) años anteriores
al reconocimiento de la pensión, actualizados.”
8. Al revisar la liquidación contenida en los actos administrativos
demandados, consideró que el SENA tuvo en cuenta, para la liquidación de la
pensión de jubilación del señor Vera Ramírez, la asignación mensual y la
bonificación por servicios, emolumentos que fueron devengados y sobre los cuales
se realizaron los correspondientes aportes a la seguridad social, los que están
enlistados en el Decreto 1158 de 1994, por lo que debía mantenerse la liquidación
como se efectuó por la entidad pública accionada.
9. La sentencia se notificó personalmente a las partes el 7 de febrero de
2020.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO ESPECIAL DE REVISIÓN
2.1. Demanda
10. El señor Natalio Vera Ramírez, por intermedio de apoderado judicial,
mediante escrito remitido a la Secretaría General del Consejo de Estado el 19 de
enero de 2021, interpuso recurso extraordinario de revisión, con el cual pretende
que se infirme la sentencia dictada el 20 de noviembre de 2019, por el Consejo
de Estado, Sección Segunda – Subsección “B”, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral, instaurado por el recurrente en
contra del SENA.
2.2. Pretensiones
11. En la demanda incluyó las siguientes pretensiones:
“Primero: Declarar la nulidad total de la sentencia proferida por el CONSEJO
DE ESTADO, en el proceso de acción de nulidad y de restablecimiento del
derecho a que aluden los hechos de esta demanda, fechada el 20 de
Noviembre de 2019, por haberse originado en ella causal de nulidad en la
sentencia, consistente, en haber desconocido los derechos adquiridos de mi
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poderdante correspondiente al régimen aplicable en transición, en su calidad
de servidor público, atendiendo que los factores salariales devengados en el
último año de servicios para establecer el monto de la pensión de jubilación o
vejez son de orden Convencional Internacional y Constitucional, que gozan
de la garantía y aplicación por parte de los Estados y del Estado frente al
solicitante de la pensión, como es el caso de mi poderdante, que solamente
tiene derecho a la simple solicitud y no escoge el respectivo régimen, siendo
clara la nulidad comprendida en el Artículo 29 de la Constitución Política, por
violación al debido proceso, al desconocer el régimen aplicable en su
integridad, junto con el principio de inescindibilidad de la Ley, atendiendo que
se están aplicando dos normas, la Ley 33 de 1985 y la Ley 100 de 1993. Y,
además, Io más reprochable en el trámite de estudio, fue haberle aplicado
efectos retroactivos, para desconocer los derechos adquiridos que tenía al
momento del estatus de pensionada de mi poderdante.
Segundo: Disponer que antes de proferir fallo de segundo grado, resuelva el
Honorable CONSEJO DE ESTADO revocar totalmente la sentencia proferida
20 de noviembre de 2019, que revocó la sentencia de primera instancia.” (Sic
para toda la cita)
2.3. Fundamento de la causal invocada
12. La parte actora argumentó que la sentencia de unificación, dictada
por el Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 28 de
agosto de 2018, con ponencia del Magistrado Cesar Palomino Cortes, la cual se
aplicó para resolver su caso, es ilegal, inconstitucional e inconvencional y resulta
violatoria de sus derechos adquiridos, por ser contraria al artículo 53 de la
Constitución Política y vulnerar el debido proceso, consagrado en el 29 ejusdem.
13. Consideró que la sentencia de unificación de jurisprudencia
desconoce el principio de irretroactividad de la ley y el artículo 26 de la
Convención Americana de Derechos Humanos2.
14. Precisó que, en el presente caso, se configura la causal de nulidad
originada en la sentencia, consagrada en el numeral 5º del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, por desconocimiento del ordenamiento jurídico vigente “cuando se
causa el derecho y se está reclamando.” A su juicio, la sentencia vulnera los
principios de seguridad jurídica, confianza legítima y desconoce derechos
adquiridos.
2.4. Actuaciones procesales relevantes
2.4.1. Auto que inadmitió la demanda
15. El 9 de febrero de 2021, mediante auto de ponente se inadmitió la
demanda presentada por el señor Natalio Vera Ramírez, en ejercicio del recurso
2 Este precepto consagra el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales.
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extraordinario de revisión, por considerarse que no cumplía con la carga
establecida en el numeral 4º del artículo 252 de la Ley 1437 de 2011, en virtud del
cual el escrito debía contener la explicación razonada de la causal invocada. En
consecuencia, se le indicó al recurrente que debía indicar, en forma precisa, las
circunstancias constitutivas de nulidad originadas en la sentencia que consideraba
configuradas.
16. En la providencia se señaló que el recurrente realmente estaba
cuestionando la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por la Sala
Plena del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, de la cual predicó su
inconvencionalidad, inconstitucionalidad e ilegalidad, pero que realmente no
señaló alguna situación de carácter procesal o circunstancia acaecida al momento
de dictarse el fallo contra el que se dirige el recurso, que se enmarcara en el
supuesto de hecho de la causal invocada.
17. En el auto por medio del cual se inadmitió la demanda se indicó
igualmente que la parte actora no cumplió con las cargas procesales establecidas
en el artículo 6º del Decreto Legislativo 806 de 2020, que incluyó una causal
adicional de inadmisión de la demanda.
2.4.2. Escrito que contiene la corrección de la demanda
18. En el término concedido para subsanar la demanda, el recurrente,
además de insistir en la vulneración de sus derechos que se desprende de la
sentencia de unificación de jurisprudencia dictada el 28 de agosto de 2018, por la
Sala Plena del Consejo de Estado, por involucrar reglas de decisión aplicables en
forma retroactiva, señaló que la nulidad de la sentencia que censura en esta
oportunidad se presenta por haberse revocado la de primera instancia que había
accedido a sus pretensiones.
19. Señaló que, con ello se desconocieron los siguientes preceptos: “el
decreto 2462 de 1970, la Ley 119 de 1994, el Decreto Extraordinario 1045 de 1978,
Artículo 45, entre otras, aplicables por el Régimen de Transición consagrado en el Inciso 2
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, a su vez, los artículos 13, 29, 48, 53 y 58 de la
Constitución Política de Colombia, entre otros.”
20. Consideró que debió aplicarse a su caso la normatividad y la
jurisprudencia vigentes para la fecha de causación del derecho y de radicación de
la solicitud de reliquidación, de acuerdo con el estatus de pensionado que adquirió
en el año 2005. Hizo amplia referencia al contenido del derecho al debido proceso
y a las garantías que se desprenden del artículo 29 de la Carta, para concluir que
“una decisión donde se encuentra ausente la Constitución Política y la ley es sinónimo de
haberse violado el debido proceso y el derecho de defensa, porque, aunque se haya
cumplido la formalidad o ritualidad, el resultado carece de espíritu, esencia o derecho.”
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21. El actor cumplió igualmente con la carga procesal de remitir la
demanda y sus anexos a la entidad demandada por los canales digitales
establecidos.
2.4.3. Auto admisorio
22. El 9 de marzo de 2021 se admitió la demanda y se dispuso la
notificación por estado al demandante, en forma personal a la entidad demandada
y se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los
términos y para los efectos previstos en el artículo 610 del Código General del
Proceso.
2.4.3. Contestación de la demanda
23. El SENA, por intermedio de apoderado judicial, contestó
oportunamente la demanda, oponiéndose a la prosperidad del recurso, por
considerar que los argumentos expuestos por el recurrente en modo alguno
materializan la causal consagrada en el numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437
de 2011 y reiteró que el ad quem del proceso ordinario no incurrió en violación al
debido proceso.
24. Aseveró que la demanda no se sustenta en hechos claros, ciertos y
probados y, para sustentar su oposición, transcribió los principales apartes del
fallo censurado, en el que el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección
“B” aplicó las reglas y subreglas contenidas en la sentencia de unificación de
jurisprudencia dictada el 28 de agosto de 2018.
2.4.4. Concepto del Ministerio Público
25. El Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado rindió
concepto en el trámite del presente recurso en el que manifestó que no concurren
en el caso concreto los elementos fácticos y normativos de la causal invocada, en
razón a que la providencia de cierre censurada fue expedida acorde con la
posición jurisprudencial vigente para la época, ampliamente expuesta por el
Consejo de Estado respecto del alcance del régimen de transición general,
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, “sin que de tal hermenéutica sea
factible y procedente asumir la transgresión al debido proceso alegado por el
recurrente.”
26. El representante del Ministerio Público se refirió ampliamente a la
naturaleza jurídica del recurso extraordinario de revisión y, concretamente, a la
causal de nulidad originada en la sentencia, la cual delimitó con fundamento en la
jurisprudencia del Consejo de Estado, señalando que las circunstancias
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constitutivas de nulidad originada en la sentencia son las consignadas en el
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, que corresponde al 133 del Código
General del Proceso y las derivadas de la violación del artículo 29 de la
Constitución Política.
27. Precisó que la causal alegada supone la ocurrencia de graves
irregularidades en la sentencia contra la cual no procede recurso de apelación que
conllevan la lesión material de los derechos de alguna de las partes, debiendo tal
irregularidad encuadrar en alguno de los supuestos previstos por la norma, lo cual
no ocurre en el presente caso.
28. Aclaró que, la decisión enjuiciada fue expedida respetando y
teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial, vinculante y de obligatorio
cumplimiento, que para el momento se había expedido por parte de la Sala Plena
del Consejo de Estado, acatando la primera subregla, conforme a la cual: “(...) Si
faltaren más de diez (10) años el IBL será el promedio de los salarios o rentas sobre las
cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la
pensión actualizados anualmente con base al IPC, según certificación que expida el
DANE...”, por lo que tal axioma constituye otro argumento para desestimar esta
causal invocada y, en consecuencia, la prosperidad de las pretensiones del
recurso extraordinario de revisión objeto de pronunciamiento.
29. Hizo referencia a la línea jurisprudencial contenida en las sentencias
dictadas por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado sobre la forma de
calcular el IBL en el régimen de transición.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. Normatividad aplicable
30. El Título VI Capítulo I de la Ley 1437 de 2011, regula el recurso
extraordinario de revisión. En él se indican los términos, causales y requisitos que
deben cumplirse para su admisión y procedencia, artículos 248 a 2553.
3.2. Cuestión previa
31. La Magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez manifestó su impedimento
para conocer del presente recurso extraordinario para lo cual invocó las causales
consagradas en los numerales 1º y 2º del artículo 141 del Código General del
Proceso, por cuanto, como integrante de la Subsección “B” de la Sección Segunda
del Consejo de Estado participó en la discusión y aprobación de la providencia
censurada.
3 Las normas citadas fueron modificadas por los artículos 68 al 70 de la Ley 2080 de 2021.
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32. La magistrada precisó que igualmente le asiste un interés en el
resultado del proceso, por cuanto la parte recurrente cuestiona la legalidad y la
validez de la providencia en cuyo proferimiento intervino, habiendo en esa
oportunidad fijado su posición jurídica sobre el tema objeto del debate.
33. El impedimento manifestado por la magistrada con fundamento en el
numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso se declaró fundado y
el expuesto con fundamento en el numeral 2º ejusdem, se declaró infundado,
mediante providencia dictada el 17 de febrero de 2022, resolutiva con fundamento
en la cual se separó del conocimiento del asunto, razón por la cual no interviene en
esta oportunidad, garantizando plenamente el principio de imparcialidad.
3.3. Presupuestos procesales de la acción
3.3.1. Competencia
34. La Sala Veintisiete (27) Especial de Decisión de esta Corporación es
competente para conocer el presente recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Natalio Vera Ramírez, con el cual pretende que se infirme la
sentencia dictada el 20 de noviembre de 2019, por el Consejo de Estado, Sección
Segunda – Subsección “B”, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho de carácter laboral, instaurado por el recurrente en contra del SENA.
35. Lo anterior, con fundamento en lo establecido por el artículo 249 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
virtud del cual las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones del
Consejo de Estado serán conocidas por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sin exclusión de la sección que profirió la decisión4.
36. Por su parte, el artículo 107 ejusdem creó las Salas Especiales de
Decisión para resolver los procesos sometidos al conocimiento de la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que la ley expresamente les
encomiende, disposición con fundamento en la cual se expidió el Acuerdo 321 de
2014 que, en su artículo 2º, señaló los asuntos de su competencia, asignándoles,
entre otros, los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las
sentencias de las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, competencia
4 Corte Constitucional, Sentencia C-450 del 16.06.2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta sentencia
se consideró que “la expresión demandada simplemente implica que no se puede excluir de plano a todos los
Magistrados de la Sección o Subsección, pero en ningún momento permite concluir que no deba decidirse en
cada caso concreto si se presenta una causal de impedimento, por lo cual es claro que no se afectan los
principios de imparcialidad e independencia judicial.” Conforme al planteamiento anterior, no vulnera el
principio de imparcialidad el conocimiento de un recurso extraordinario de revisión por parte de uno de los
magistrados que aprobó la sentencia recurrida, toda vez que, no es jurídicamente admisible excluir a todos los
consejeros que participaron de la decisión impugnada.
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que quedó expresamente regulada en el artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019,
expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, actualmente vigente.
3.3.2. Oportunidad
37. El libelo contentivo del recurso extraordinario de revisión fue
presentado en el término establecido en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011,
toda vez que la sentencia que se pretende infirmar fue dictada el 20 de noviembre
de 2019, por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “B”, notificada
por medios electrónicos a las partes el 7 de febrero de 2020, de tal manera que
cobró ejecutoria el 12 del mismo mes y año y el presente recurso fue interpuesto el
19 de enero de 2021, lo que significa que no alcanzó a transcurrir el año al cual se
refiere la norma aplicable al caso.
38. Lo anterior, adicionalmente, por cuanto, en virtud de lo señalado por
el artículo 1º del Decreto Legislativo No. 564 de 20205, los términos establecidos
para la presentación de las demandas ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo quedaron suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 1º de
julio de la misma anualidad.
3.3.3. Legitimación en la causa
39. En relación con el presupuesto referido a la legitimación en la causa,
debe expresarse que el señor Natalio Vera Ramírez está legitimado en la causa
por activa y el SENA, por pasiva, respectivamente, porque el recurrente y la
entidad pública demandada tuvieron la calidad de partes del proceso en el que se
dictó la sentencia objeto de revisión, siendo el primero el titular del derecho
pensional cuya reliquidación fue objeto de reclamación y la segunda la encargada
de su reconocimiento y pago.
3.4. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede infirmar la sentencia dictada el
20 de noviembre de 2019, por el Consejo de Estado, Sección Segunda –
Subsección “B”, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de
carácter laboral, instaurado por el recurrente en contra del SENA, en virtud de la
cual se negó la reliquidación de la pensión de jubilación del demandante con la
inclusión de todos los factores salariales.
40. En consecuencia, con fundamento en la situación fáctica expuesta
por la parte actora, en el material probatorio recaudado y en los argumentos
5 “Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.”
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expuestos en el libelo introductorio, el problema jurídico que subyace al caso
concreto consiste en establecer si se configura en el sub examine la causal de
nulidad originada en la sentencia, descrita en el numeral 5º del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011, por violación del artículo 29 de la Constitución Política en punto
de la garantía del debido proceso y la protección de los derechos adquiridos
reclamados por el recurrente.
41. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes ejes temáticos: i) generalidades del recurso extraordinario de revisión; ii)
causal quinta de revisión, cuyo supuesto fáctico lo constituye la existencia de
nulidad originada en la sentencia; y iii) análisis del caso concreto, con fundamento
en los argumentos expuestos en el recurso y la valoración en su conjunto de los
medios de convicción allegados al proceso, con plenas garantías del derecho al
debido proceso de las partes.
3.5. Razones jurídicas de la decisión
3.5.1. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
42. Este recurso, que se encuentra regulado en los artículos 248 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo6, es un medio de impugnación excepcional que permite revisar
determinadas sentencias amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e
infirmarlas, ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir
en alguna de las causales taxativamente consagras la ley7.
43. Las sentencias pasibles del recurso son “(i) las dictadas por las
Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado; (ii) las dictadas en única, primera o segunda instancia por los Tribunales
Administrativos y (iii) las dictadas en primera o segunda instancia por los Jueces
Administrativos, cuya naturaleza permita la interposición de tal recurso.”8
44. Para la interposición del recurso deben atenderse los requisitos de
las demandas ordinarias indicados en el artículo 252 de la Ley 1437 de 2011,
especialmente, el recurrente debe señalar, justificar y acreditar en grado de
plenitud probatoria el supuesto de hecho de la causal o causales consagradas en
6 Normas parcialmente modificadas por los artículos 68 al 70 de la Ley 2080 de 2021.
7 El marco teórico y conceptual del recurso extraordinario de revisión con las características esenciales que se
indican, ha sido construido por esta Corporación, entre otras, en las siguientes sentencias: Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 8.05.2018, Rad. 11001-03-15-000-1998-
00153-01(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro; 2.03.2010, Rad. REV-2001-00091, 6.04.2010, Rad. REV-2003-
00678, 20.10.2009, Rad. REV-2003-00133, 12.07.2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14.03.1995, Rad. REV-
078, 16.02.1995, Rad. REV-070, 20.04.1993, Rad. REV-045 y 11.02.1993, Rad. REV-037; Sección Tercera,
sentencia de 22.04.2009, Rad. 35995 y Sección Quinta, sentencia de 15.07.2010, Rad. 2007- 00267, entre
otras.
8 Corte Constitucional, Sentencia C-520 del 4.08.2009, M.P. María Victoria Calle Correa
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el artículo 250 ejusdem, en las que considera incurrió la sentencia cuya infirmación
depreca.
45. En este orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los
argumentos en que se fundamenta, la causal o causales invocadas y las
alegaciones expuestas por el recurrente, de forma tal que no le es dable a éste
realizar elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de
valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender
subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del
derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de
defensa, como si se tratara de una nueva instancia.9
46. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no permite
cuestionamientos sobre el criterio con el que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder
la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal, que deberá ser
examinada con un estricto y delimitado ámbito interpretativo10.
47. Tampoco es posible que se cuestione la valoración probatoria
efectuada por el juez ordinario, pues no se trata de corregir “los errores de
apreciación de los hechos y de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera podido
incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el
fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza
de cosa juzgada; sino de la inobservancia de las reglas propias de la sentencia, que
vician su validez.”11
48. En virtud de lo expuesto, se advierte que este recurso tiene como
finalidad principal la revisión de las decisiones por vicios in procedendo, es decir,
no es viable a través de este tratar de enmendar los errores judiciales como los
casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), falta de
aplicación de la norma correspondiente, o indebida aplicación de esta (error de
9 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, Sentencia del 27.10.2020, Rad. 11001-03-15-000-
2019-02361-00(REV), M.P. Rocío Araújo Oñate
10 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios
pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de
27.01.2004. Rad. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: “… no constituye
una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o sobre el
fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley, cuyo
examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)”. En ese mismo sentido,
en sentencia del 11.10.2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se consideró que con el recurso
extraordinario especial de revisión "(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración propio del
juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya
expuestos y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso
especial de revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya
dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)".
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, Sentencia del
3.02.2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro (E)
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derecho)12.
2.5.2. Causal de nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso
49. Este supuesto corresponde a la causal consagrada en el numeral 5º
del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en virtud de la cual “Son causales de revisión: “5. Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”13.
50. El supuesto en estudio ha sido objeto de diversos pronunciamientos
que buscan circunscribir su alcance, para evitar que se emplee con la única
finalidad de que el juez de la revisión se convierta en uno de instancia. Por ello, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha delimitado las circunstancias que
pueden configurar la causal de revisión en estudio, para lo cual analizó cada uno
de los supuestos consagrados en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil
-hoy 133 del Código General del Proceso-, y precisó aquellas no consagradas en
esta normatividad, que igualmente permiten interponer el medio de impugnación.
51. En efecto, sobre la nulidad originada en la sentencia como causal de
revisión, esta corporación, en sentencia del 5 de abril de 201614, explicó que, se ha
aceptado que pueden existir otros motivos no contemplados en los códigos
procesales como causales de nulidad, pero que surgen de la vulneración directa
del artículo 29 Constitucional, evento en el cual corresponderá al juez determinar si
el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de
revisión en comento, circunstancia que se deriva de la exigencia de actuar como
juez de constitucionalidad y de convencionalidad en garantía de los derechos
fundamentales de quienes intervienen en un proceso judicial.15
52. Sobre las exigencias para la prosperidad del recurso por esta causal,
se ha precisado que:
12 De cualquier forma será forzoso analizar los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el fin de
detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación o, si el
propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede de lo contencioso
administrativo pudiera constituirse en una nueva instancia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 14.08.2008, Rad. 16.594.
13 En cuanto al alcance de esta causal se puede consultar: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No.
26, Sentencia del 7.04.2015, Rad 110010315000201300358-00
14 Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, M.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. Radicación:
110010315000 2008 00320 00
15 La posición sostenida en la citada Ob.Cit. 26 fue ratificada por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sentencia del 8.05.2018, M.P. Alberto Yepes Barreiro
Rad. Rad. 1998-153-01 (REV), en la que se unificó el criterio sobre el alcance de la causal, precisando que
puede configurarse cuando se evidencia una violación del artículo 29 Constitucional – debido proceso.
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“9. El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio grave o
insaneable que afecte su validez. La jurisprudencia de esta Corporación ha
identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad en la
sentencia16:
…
9.4. Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando
se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al
pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir
sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso.
9.5. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o
competencia del juez.
…
10. En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta
absoluta de motivación de la deficiente o errada, y ha señalado que
únicamente la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de
hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de
revisión bajo la causal sexta. De manera que es improcedente, con
fundamento en dicha causal, alegar situaciones relacionadas con deficiencias
en la motivación derivadas, por ejemplo, de la estimación errada de las
pruebas o de los hechos por parte del juez; de la indebida interpretación de las
normas jurídicas aplicadas; o del desconocimiento del precedente judicial
(…).17”
53. Así lo entendió también la Sala Especial de Decisión Veintiséis (26)
de esta Corporación, al indicar que “… las causales de nulidad de la sentencia son las
previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del
mismo y las que se originen en la sentencia por violación del debido proceso
constitucional, contemplado en el artículo 29”18.
54. Es importante aclarar que en estos casos, el juez no está creando
una causal diferente a las legalmente reconocidas, en la medida en que la nulidad
originada en el fallo se deriva del desconocimiento de un mandato constitucional,
en donde el operador judicial es el encargado de determinar si lo que se alega
tiene la entidad suficiente para invalidar el fallo de instancia, pues no toda
irregularidad tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que
ha puesto fin al proceso, sino únicamente aquellas que tengan un carácter
sustancial, en la medida en que incidan en el sentido de la decisión, por afectar el
16 Ob. Cit. Ver igualmente, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencias del
11.05.1998, rad. REV-093; del 18.10.2005, Rad. 2000-00239, de 20.10.2009, Rad. REV-2003-00133; y del
7.04.2015, M.P. Jorge Octavio Ramírez; Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 11.06.2009, Rad.
836-06; y Sección Primera, sentencia del 14.12.2009, Rad. 2006-00123
17 Si bien la sentencia citada hace referencia a las causales contempladas en el Decreto 01 de 1984, tiene
plena vigencia en relación con la invocada por el recurrente que se encuentra contemplada actualmente en el
numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que consagra como supuesto de hecho la nulidad
originada en la sentencia.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial No. 26., M.P. Olga Melida Valle
de De la Hoz. Rad: 11001-03-15-000-2011-01639-00. En la citada Sala, se aprobaron otras dos decisiones en
igual sentido.
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núcleo esencial o contenido constitucionalmente vinculante del derecho al debido
proceso.
55. El artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, en la redacción introducida
por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, que regula los efectos de los fallos
dictados en sede de revisión, precisó que en los eventos en los que se declare
fundada la causal del numeral 5º del artículo 250, se deberá declarar la nulidad de
la sentencia o de la actuación afectada con el vicio que dio lugar a la revisión y
devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado o
dicte sentencia de nuevo, según corresponda.
56. Bajo el anterior marco normativo y conceptual se analizarán los
argumentos del recurso en el presente asunto, reiterando que se tendrá en cuenta
el carácter sustancial de la irregularidad alegada, esto es, aquél que resulte
determinante para el sentido de la decisión.
2.5.3. Análisis del caso concreto con fundamento en la causal de
revisión alegada y los supuestos fácticos y jurídicos en que se
fundamenta
2.5.3.1. Perspectiva de análisis del cargo
57. La parte actora no sustentó su recurso en una irregularidad de
carácter procesal acaecida con ocasión del proferimiento de la sentencia del 30 de
noviembre de 2019 por parte del Consejo de Estado, Sección Segunda –
Subsección “B”, que revocó el fallo que había accedido a su pretensión de
reliquidación pensional con el promedio de lo devengado en el último año de
servicios y con la inclusión de todos los factores certificados, pues –a su juicio– la
providencia se dictó cumpliendo la ritualidad establecida en el ordenamiento
jurídico y con el lleno de los requisitos legales, por lo que se torna absolutamente
improcedente.
58. Contrario a ello, el recurrente sustentó su inconformidad en lo que
calificó como inconvencionalidad, inconstitucionalidad e ilegalidad de la sentencia
de unificación de jurisprudencia dictada por la Sala Plena del Consejo de Estado el
28 de agosto de 2018 y su aplicación al caso concreto en forma retroactiva,
circunstancia que considera violatoria del debido proceso desde la perspectiva del
artículo 29 de la Constitución Política, así como de los principios de seguridad
jurídica, confianza legítima y, además, lo califica como violatorio de “un derecho
adquirido”.
59. Sobre los argumentos del recurso, la Sala precisa, en primer lugar,
que no realizará pronunciamiento alguno en esta oportunidad sobre los
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cuestionamientos que –desde el escrito inicial– realizó la parte recurrente en
contra de la sentencia de unificación de jurisprudencia citada en el párrafo
inmediatamente anterior, toda vez que ella no constituye el objeto del presente
recurso ni tendría la posibilidad de constituirlo.
60. Lo anterior, no solo porque cualquier posibilidad de cuestionarla
estaría por fuera del término de ejecutoria de dicha providencia, esto es, habría
caducado, sino también porque el accionante carece de legitimación en la causa
para hacerlo y, en forma expresa, se indicó, en el auto admisorio, que las censuras
que se dirigen contra una providencia diferente a la sentencia dictada el 30 de
noviembre de 2019, en la acción de nulidad y restablecimiento ejercida por el actor
en contra del SENA, desbordaría el ámbito de competencia del juez de la revisión
y no sería materia de estudio en el sub examine.
61. En segundo lugar, se advierte que el análisis del cargo se abordará
con base en la violación del debido proceso, consagrado en el artículo 29
Constitucional, posibilidad admitida por la Sala Plena de esta Corporación como
susceptible de ser analizada bajo la causal de nulidad originada en la sentencia,
según se expuso ampliamente en el marco teórico. Dicho estudio se hará en
concordancia con el artículo 58 de la Carta que involucra la protección de los
derechos adquiridos, alegación que se advierte incorporada en el libelo
introductorio.
62. Queda así delimitado el objeto de análisis en esta oportunidad que -
se reitera- se circunscribe a examinar si era dable aplicar al caso del actor las
reglas de unificación de jurisprudencia contenidas en la sentencia referida o, si por
el hecho de encontrarse en trámite el proceso judicial en el que solicitó la
reliquidación de su pensión la subsunción realizada por la autoridad que dictó la
providencia, en sede de apelación vulnera el contenido constitucionalmente
vinculante del derecho al debido proceso judicial y, con ello, torna invalida la
providencia judicial cuestionada.
2.5.3.2. Examen del caso concreto
63. Al examinar el asunto desde la perspectiva referida, la Sala precisa
que la sentencia censurada se dictó teniendo en cuenta la norma jurídica aplicable,
esto es, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra el régimen de
transición que cobijaba la situación jurídica del actor, por cumplir con los requisitos
de edad y tiempo de servicios exigidos, así como con fundamento en el precedente
jurisprudencial vinculante contenido en la sentencia de unificación de
jurisprudencia, dictada por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018.
64. Se desvirtuará, igualmente, que se haya desconocido un derecho
15
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adquirido por el demandante, así como que se les hubieran dado efectos
retroactivos a las reglas de unificación contenidas en la sentencia dictada por la
Sala Plena del Consejo de Estado en punto de la aplicación del IBL en el régimen
de transición.
65. Esta Corporación, en la sentencia del 28 de agosto de 201819, con
fundamento en la cual se dictó la que es objeto de censura en esta oportunidad,
fijó las siguientes reglas:
“Primero: Sentar como jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra el régimen
de transición pensional, lo siguiente:
…
2. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones
de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es: - Si faltare
menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. - Si faltare
más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente
con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de
vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.
Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia, en relación con los temas objeto de
unificación, son obligatorias para todos los casos en discusión tanto en vía
administrativa como judicial, en atención a lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia. De igual manera, debe precisarse que los casos respecto
de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables.”
66. Como claramente se desprende de la parte resolutiva, ese fallo tiene
efectos retrospectivos, no retroactivos, como equivocadamente lo asevera el
recurrente y resultaba vinculante para la Subsección “B” de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, porque para la fecha en la que se dictó la sentencia cuya
infirmación se pretende –30 de noviembre de 2019- para el accionante no se había
consolidado un derecho sino que el mismo estaba en discusión en sede judicial,
porque el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 28.08.2018, Cesar
Palomino Cortés, Rad, 52001-23-33-000-2012-00143-01
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no se había resuelto con sentencia ejecutoriada.
67. Los efectos retrospectivos de la sentencia de unificación quedaron
expresamente contenidos en la parte motiva de la decisión en la que la Sala Plena
del Consejo de Estado señaló que acudiría a esa figura jurídica en aras de
garantizar los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.
68. Como lo ha precisado la Corte Constitucional, el fenómeno de
la retrospectividad, se presenta cuando las reglas se aplican a situaciones que, si
bien surgieron con anterioridad a su entrada en vigor, sus efectos jurídicos no se
han consolidado y, por tanto, se trata de situaciones jurídicas que se encuentran
en curso.
69. El examen de la norma jurídica aplicable al caso y de la
jurisprudencia obligatoria del Consejo de Estado contenida en sentencia de
unificación de jurisprudencia, respectivamente, permite concluir que la pretensión
de reliquidación de la pensión de jubilación del actor se resolvió con aplicación de
la ley vigente -artículo 36 de la Ley 100 de 1993– y de la jurisprudencia en vigor,
esto es, la que regía para la fecha en que se definió el derecho, según la cual el
IBL no forma parte del régimen de transición y solo comprende aquellos factores
salariales sobre los cuales se hayan efectuado aportes al sistema de seguridad
social.
70. Las personas que se encontraban en régimen de transición no tenían
un derecho adquirido a la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993,
oportunidad para la cual al señor Natalio Vera Ramírez le faltaban más de diez
(10) años para alcanzar el derecho pensional y la solicitud de reliquidación se
encontraba en debate judicial, al punto que las pretensiones tan solo fueron
resueltas en sede de apelación el 20 de noviembre de 2019, esto es, con
posterioridad al proferimiento de la sentencia de unificación de la Sala Plena del
Consejo de Estado, que hacían imposible que se adoptara una decisión diferente.
3.6. Conclusión
71. La Sala no encontró acreditada la causal quinta de revisión
consagrada en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, referida a la nulidad
originada en la sentencia, por violación del artículo 29 de la Constitución Política
en relación con la alegación de haberse aplicado en forma retroactiva la regla de
unificación contenida en la sentencia del 28 de agosto de 2018, toda vez que el
actor no tenía un derecho adquirido y los efectos de la providencia aplicados
fueron retrospectivos, conforme se examinó en forma amplia, por lo que el recurso
se deberá declarar infundado, en torno a la causal invocada.
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3.7. Costas
72. Sobre la procedencia de condenar en costas en el recurso
extraordinario de revisión, la Sala advierte que el inciso final del artículo 255, con la
modificación introducida por el 70 de la Ley 2080 de 2021, establece que “si se
declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.
73. Con independencia de la aplicación del precepto anterior al sub
examine, por el principio de vigencia de la ley en el tiempo, corresponde realizar la
integración normativa con el Código General del Proceso, que regula esta figura en
el artículo 365, canon que en el numeral 1º, igualmente, establece que se
condenará en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
revisión que haya propuesto y el numeral 2º precisa que la condena se hará en la
providencia que resuelva la actuación.
74. Por su parte, el artículo 8º ejusdem, precisa que “Sólo habrá lugar a
costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.”
75. Con fundamento en lo expuesto, en el presente caso, corresponde
condenar en costas a la parte recurrente; sin embargo, la accionada no acreditó
haber incurrido en gastos o expensas, componente de la condena en costas –
según el artículo 366 del C.G.P.– ni que se le hayan ocasionado perjuicios, de tal
manera que únicamente se condenará por concepto de agencias en derecho, las
cuales se entienden acreditadas por haberse contestado la demanda, por
intermedio de apoderado judicial, debidamente constituido.
76. En consecuencia, la Sala condenará a la parte recurrente a pagar la
entidad demandada, a título de agencias en derecho, la cantidad de dos (2)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual se realiza con fundamento en
el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, dictado por el Consejo
Superior de la Judicatura.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
V. FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso extraordinario de revisión en
relación con los cuestionamientos que eleva la parte actora en contra de la
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sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por la Sala Plena del Consejo
de Estado el 28 de agosto de 2018.
SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Natalio Vera Ramírez en contra de la sentencia del 20 de
noviembre de 2019, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda –
Subsección “B”, por no haberse acreditado la configuración de la causal de nulidad
originada en la sentencia ocasionada por la violación del artículo 29 de la
Constitución Política y por no demostrarse la existencia de derechos adquiridos.
TERCERO: CONDENAR a la parte recurrente al pago en favor del SENA de las
costas, en la modalidad de agencias en derecho causadas, las cuales se fijan en
la cantidad de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
CUARTO: ABSTENERSE de condenar al pago de expensas, gastos y perjuicios,
por no encontrarse causados ni probados, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Magistrada Magistrada
(CON SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ MARÍA ADRIANA MARÍN
Magistrado Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
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