Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2025-00084-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2025-00084-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-27-000-2025-00084-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
30 de julio de 2026
Radicado: 11001 03 27 000 2025 00084 00 (30453)
Demandante: Pineda & Asociados Administraciones S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001 03 27 000 2025 00084 00 (30453)
Demandante: Pineda & Asociados Administraciones S.A.S.
Demandada: Distrito Especial de Santiago de Cali
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal 5ª del artículo 250 del
CPACA
Recurso extraordinario de revisión
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto mediante apoderado
judicial por la sociedad Pineda & Asociados Administraciones S.A.S, contra la
sentencia del 31 de enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca1, que decidió:
“PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 16 de julio de 2024, por el
Juzgado Octavo Administrativo de Oral de Santiago de Cali, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: Sin condena en costas.
(…)”.
1. Antecedentes administrativos y demanda
Pineda & Asociados Administraciones S.A.S. es una empresa que presta los servicios
integrales de aseo y cafetería, razón por la cual afirmó que, en sus declaraciones del
impuesto de industria y comercio, liquida el tributo con la base gravable especial del
AIU, de acuerdo con lo previsto en el artículo 462-1 del ET.
El 19 de abril de 2021, el Distrito Especial de Cali emitió emplazamiento previo por no
declarar el impuesto de industria y comercio del año gravable 2018, el cual fue remitido
mediante correo certificado a la dirección Cl 2 # 42 – 26 y devuelto por la causal de
dirección errónea o inexistente, toda vez que, afirma, su ubicación está registrada en
la calle 2 A # 65 A-110 UR 2 AP 501 PTN del Palmar. Tras la devolución del correo,
dicho acto previo fue publicado en la página web de la demandada el 8 de junio de
2021, pese a que, para ese momento, se encontraba vigente el Decreto 806 de 2020,
que ordenaba realizar las notificaciones privilegiando el uso de los medios
tecnológicos.
El 14 de diciembre de 2021, la Subdirección de Impuestos y Rentas de Santiago de
Cali impuso la sanción por no declarar el ICA del periodo gravable 2018 mediante la
Resolución 4131.041.21.1.223977, decisión que fue recurrida en reconsideración por
la contribuyente y decidida mediante la Resolución 4131.040.21.1.0110 del 29 de
marzo de 2022, a través de la cual se modificó el monto de la sanción a la suma de
$283.451.400.
1
Dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 760013333000820230013801.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 27 000 2025 00084 00 (30453)
Demandante: Pineda & Asociados Administraciones S.A.S.
Por lo anterior, la entidad recurrente promovió una demanda de nulidad contra el
Distrito Especial de Santiago de Cali, con el fin de que se declarara la nulidad de los
actos administrativos prenotados.
2. Antecedentes judiciales
Mediante sentencia del 16 de julio de 2024, el Juzgado 8º Administrativo del Circuito
de Cali accedió a las pretensiones de la demanda. Consideró que la notificación del
emplazamiento para declarar, remitido a la última dirección informada por la obligada
en sus declaraciones de ICA, no fue efectiva, en tanto fue devuelta por la empresa de
correos. Por efecto de lo anterior, el Distrito procedió a realizar la publicación en la
página web, sin indagar o verificar la dirección de la demandante en otras bases de
datos o fuentes de información (como el RUT), para establecer la ubicación y el correo
electrónico suministrado. Tal comportamiento implicó el desconocimiento de lo previsto
en el artículo 11 del Estatuto Tributario del municipio de Cali2.
Así, el juzgado de primera instancia concluyó que la entidad demandada desconoció
el debido proceso, por lo cual anuló los actos administrativos y se relevó de analizar
los demás cargos de nulidad planteados en la demanda.
La entidad demandada apeló la sentencia de primera instancia y sostuvo que el
juzgado no tuvo en cuenta que la notificación con publicación en la página web se hizo
conforme a la normativa que rige la materia y, por ende, no se desconocieron las
garantías procesales de la contribuyente. A su vez, adujo que tampoco se configuró
ninguna de las demás causales de nulidad invocadas en la demanda.
3. Sentencia recurrida en revisión
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 31 de enero de
2025, revocó la decisión de primera instancia con fundamento en los siguientes
argumentos:
Consideró que, contrario a lo cuestionado con la demanda, la notificación del
emplazamiento para declarar el ICA de 2018 se surtió en debida forma, porque la
Administración Distrital remitió el correo a la dirección informada por la contribuyente
en sus dos últimas declaraciones del impuesto (años gravables 2019 y 2020), esto es,
la Cl. 2 # 42 – 26. Así, el comportamiento de la autoridad se ajustó a lo dispuesto en
el artículo 11 del Decreto 139 de 2019 —Estatuto Tributario de Santiago de Cali—. En
consecuencia, no se vulneró el debido proceso de la actora por no haberse acudido a
la dirección registrada en la Cámara de Comercio ni en el RUT.
Por consiguiente, ante la devolución del correo por la causal de “cerrado” o
“desocupado”, la Administración Tributaria quedó habilitada para proceder a la
publicación del emplazamiento para declarar en la página web de la entidad.
Asimismo, el Tribunal reprochó que la demandante no atendió el deber de informar el
cambio de dirección a través del formato dispuesto para tal efecto, de conformidad con
lo previsto en el artículo 26 del Estatuto Tributario de Santiago de Cali.
Por esa razón, revocó la sentencia de primera instancia, sin adentrarse en otro tipo de
consideraciones frente a los demás cargos de la demanda.
2
Decreto Extraordinario 139 de 2012.
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Radicado: 11001 03 27 000 2025 00084 00 (30453)
Demandante: Pineda & Asociados Administraciones S.A.S.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
1. Escrito del recurso extraordinario de revisión
La sociedad Pineda & Asociados Administraciones S.A.S, el 29 de julio de 2025,
interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 31 de enero de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al considerar que
esta se encontraba incursa en la causal 5ª del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, «existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación».
Lo anterior, por cuanto el fallo revocó la sentencia de primera instancia sin efectuar un
análisis integral de la demanda ni de los cargos de nulidad formulados en relación con
la aplicación de la base gravable especial del AIU (Administración, Imprevistos y
Utilidad) para el cálculo de la sanción por no declarar, toda vez que se centró
únicamente en examinar el aspecto de la notificación del emplazamiento para declarar.
Sustentó, además, que el análisis jurídico del Tribunal para revocar la sentencia de
primera instancia omitió considerar el deber que tiene la Administración Tributaria de
agotar todos los medios disponibles para ubicar al contribuyente y dar publicidad a sus
actos administrativos, al privilegiar el deber de los administrados de actualizar sus
direcciones de notificación. De igual forma, indicó que no se analizó que, para el
momento en que debían realizarse las comunicaciones, estaba vigente el Decreto 806
de 2020, el cual establecía la prioridad de las notificaciones a través de correo
electrónico, cuya dirección podía ser consultada en el RUT de la empresa.
En hilo con lo anterior, adujo que se configuró la causal prevista en el numeral 5. ° del
artículo 250 del CPACA, porque la sentencia se profirió con violación del debido
proceso, al indicar:
“En este caso, dicha violación se materializa en la falta de notificación válida, lo
que impidió a la parte interesada ejercer su derecho de defensa oportunamente,
situación que afecta de manera sustancial la legitimidad de la decisión y constituye
una vía de hecho”.
(…)
Es Así (sic), como la (sic) Departamento Administrativo Distrital, desconoce y
vulnera los derechos del accionante, al no comunicar, notificar los requerimientos
ordinarios, especiales y la resolución sancionatoria, a la dirección registrada o
informada por el contribuyente”.
2. Trámite procesal
Mediante auto del 4 de septiembre de 2025, se inadmitió el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la sociedad Pineda & Asociados Administraciones S.A.S., con
el fin de que sustentara adecuadamente la causal invocada3. En el término concedido,
la parte recurrente allegó escrito de subsanación4, por lo que, mediante auto del 29 de
agosto de 20255, se admitió el recurso y se ordenaron las notificaciones de rigor6.
Asimismo, por Secretaría, se requirió al Juzgado 8º Administrativo del Circuito de Cali
para que remitiera, en calidad de préstamo, el expediente digital del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado con número 76001-33-33-008-2023-00138-
00-01.
3
Inicialmente la recurrente refirió acudir al trámite extraordinario por la causal 1 del artículo 250 del CPACA, sin desarrollar la
forma en que la misma se configuró; aspecto que fue modificado con la subsanación del recurso. Índice 06, Samai CE.
4
Índice 13, Samai CE.
5
Índice 13, Samai CE.
6
Se ordenó notificar personalmente, a través de los diferentes canales virtuales, al Distrito Especial de Santiago de Cali, al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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Demandante: Pineda & Asociados Administraciones S.A.S.
Mediante auto del 17 de octubre de 2025, se tuvieron como pruebas los documentos
aportados con la demanda, la contestación y el expediente del proceso ordinario de
nulidad y restablecimiento del derecho7.
3. Contestación al recurso
El Distrito Especial de Santiago de Cali8 manifestó estar de acuerdo con el análisis
jurídico efectuado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia
cuestionada por la recurrente, e insistió en que la notificación del emplazamiento para
declarar se surtió en debida forma.
En lo que respecta a la procedencia del recurso extraordinario de revisión 9, aseveró
que la sociedad demandante no puede pretender una tercera instancia para revivir un
debate ya zanjado. Así, afirmó que la causal invocada resulta improcedente, porque la
argumentación del recurso ataca el contenido sustancial de la sentencia del Tribunal,
mediante el señalamiento de una supuesta vulneración del debido proceso que no
logra acreditar ni desarrollar. Por esa razón, solicitó que fuera declarado infundado.
4. Concepto del Ministerio Público
El Procurador Quinto delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto10,en el
que indicó que el recurso extraordinario de revisión debe declararse infundado, porque
no se configuró la causal prevista en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, en
tanto no se demostró alguno de los supuestos que permitan concluir la existencia de
una nulidad originada en la sentencia.
Precisó que la argumentación expuesta por la demandante no cuestiona la sentencia
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, sino que se limita a reiterar los
planteamientos del cargo de vulneración al debido proceso relacionado con el trámite
de expedición de los actos administrativos sancionatorios adelantado por del Distrito
Especial de Santiago de Cali, aspecto que ya fue objeto de pronunciamiento en la
sentencia de segunda instancia, en el curso del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
En consecuencia, el agente del Ministerio Público consideró que el recurso
extraordinario no satisface los presupuestos legales para su procedencia, debido a la
falta de acreditación de un defecto en la sentencia que puso fin al proceso, así como
de un vicio insubsanable que justifique afectar la cosa juzgada. Por lo anterior, solicitó
que el recurso fuera declarado infundado.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la actora contra la sentencia del 31 de enero
de 2025, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca (artículo 249, inciso 2. °, del CPACA).
7
Índice 31, Samai CE.
8
Índice 25, Samai CE.
9
Se advierte que, pese a que la recurrente remitió el recurso subsanado, el 21 de agosto de 2025 al correo del Distrito Especial
de Santiago de Cali (notificacionesjudiciales@cali.goc.co), el pronunciamiento del Distrito se hizo frente al escrito del recurso
original inadmitido.
10
Índice 26, Samai CE.
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4
Radicado: 11001 03 27 000 2025 00084 00 (30453)
Demandante: Pineda & Asociados Administraciones S.A.S.
2. Oportunidad del recurso
El recurso extraordinario de revisión se presentó el 29 de julio de 2025, es decir, en
vigencia del CPACA, por lo que es procedente revisar el cumplimiento del término de
interposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 251 ejusdem, según el cual,
el recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva
sentencia11.
Comoquiera que la sentencia que se cuestiona quedó ejecutoriada el 26 de febrero de
2025, y el recurso extraordinario de revisión se radicó el 29 de julio del mismo año, es
claro que fue interpuesto dentro del término.
3. Legitimación en la causa
Respecto de la sociedad Pineda & Asociados Administraciones S.A.S. recae el interés
jurídico que se debate en el sub examine, toda vez que fue la parte demandante dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual se profirió la sentencia
cuestionada.
En el mismo sentido, el Distrito Especial de Santiago de Cali está legitimado, por
cuanto fue la parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
en el cual se profirió la sentencia que ahora se cuestiona.
La Sala procede a pronunciarse respecto de: (i) la naturaleza y el marco legal de la
acción extraordinaria de revisión, y (ii) el alcance y los requisitos de la causal 5ª del
artículo 250 del CPACA.
4. Naturaleza y marco legal del recurso extraordinario de revisión
En los términos del artículo 249 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y
Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por
los tribunales administrativos y por los jueces administrativos, en los eventos
contemplados en el artículo 250 del ibidem12.
Este recurso es un medio de impugnación excepcional contra sentencias
ejecutoriadas, cuyo objeto es quebrar el principio de cosa juzgada13. Se propone con
el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del ordenamiento
jurídico, que pueden resultar vulnerados por las decisiones judiciales injustas.
11
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de
la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente
a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al
recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años
siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a
partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.
12
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de
revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido
proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la
parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria
o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.
Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.
13
Sentencia C-418 de 1994.
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5
Radicado: 11001 03 27 000 2025 00084 00 (30453)
Demandante: Pineda & Asociados Administraciones S.A.S.
Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para controvertir la actividad
interpretativa ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la
sentencia plantee cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario.
Por el contrario, es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales
externos a la labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia
material 14.
De ahí que el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador ha
determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de
situaciones excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten
interpretaciones más allá de lo que en buena ley se deduce de su texto15.
Las causales de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA se relacionan, en
esencia, con supuestos como la falsedad, el fraude, el error o la aparición de
documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión, o incluso la
violación del debido proceso. Esas causales, como su naturaleza jurídica lo indica, no
aluden a errores sustanciales derivados de la falta de aplicación o de la interpretación
errónea de una norma sustancial. Por ende, no es un recurso que proceda por violación
de la ley16.
5. Del alcance y requisitos de la causal quinta de revisión: “5. Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.
De la lectura del numeral 5. ° del artículo 250 del CPACA, es posible advertir que para
que se configure la causal, deben concurrir los siguientes requisitos 17: (i) que la
providencia recurrida en revisión ponga fin al proceso, (ii) que contra dicha decisión
no proceda el recurso de apelación, y (iii) que la nulidad alegada haya ocurrido en el
momento en que se dictó la sentencia y no antes18.
Pues bien, por regla general, los motivos de nulidad que afectan la sentencia
corresponden a los eventos descritos en el artículo 133 del Código General del
Proceso19 —antes el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil—, así como a la
violación del artículo 29 de la Constitución Política20. Ocurre lo propio en las distintas
jurisdicciones21.
14
Sentencia de 15 de septiembre de 2022, Rad. 11001-03-27-000-2019-00007 - 00 (24362), consejero Ponente: Dr. Milton Chaves
García.
15
Sentencia de 17 de marzo de 2022, Rad. 11001-03-27-000-2019-00015-00 (24486), Consejero Ponente: Dr. Milton Chaves
García.
16
Ibídem.
17
Sentencia del 5 de febrero de 2019, exp. Exp. 23659, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Se reiteró la sentencia del 4 de
septiembre de 2018, proferida por la Sala Dieciséis Especial de Decisión, (exp. 11001-03-15-000-2014-00056-00 (REV), M.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
18
Recuérdese, que de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las demás irregularidades
del proceso que no se impugnan oportunamente por los mecanismos que establece el código se tendrán por subsanadas.
19
La comprensión del artículo 133 del Código General del Proceso permite advertir que las causales de nulidad tienen que ver
básicamente con sucesos del siguiente orden:
1. Que el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Que el juez proceda contra providencia ejecutoriada del superior, reviva un proceso legalmente concluido o pretermita
íntegramente la respectiva instancia.
3. Que se adelante después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos,
se reanude antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece
íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba
que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso
de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el
emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que
deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio
Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
20
La Corte Constitucional en las sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001 precisó que la nulidad originada en
la sentencia no se restringe a las causales que prevé el Código General del Proceso – antes Código de Procedimiento Civil-, que,
adicionalmente, puede derivar de la violación al debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.
21
La jurisdicción civil [Artículos 379 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.], la jurisdicción penal [Artículos 192 y siguientes
de la Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal], la jurisdicción ordinaria laboral [Artículo 62 y siguientes del Código de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 27 000 2025 00084 00 (30453)
Demandante: Pineda & Asociados Administraciones S.A.S.
Será entonces en aquellos eventos en los cuales se configure, en el momento procesal
de la expedición de la sentencia, alguna de las circunstancias descritas en la norma
precitada, que se habilita la procedencia del recurso extraordinario de revisión 22.
Recuérdese que, de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General
del Proceso, las demás irregularidades del proceso que no se impugnen
oportunamente se tendrán por subsanadas, y que, en los términos del inciso final del
artículo 135 ejusdem, será rechazada de plano toda solicitud de nulidad que se funde
en hechos que se propongan después de que la misma haya sido saneada, sin
perjuicio de las nulidades insaneables que describe el parágrafo del artículo 136 de la
misma norma.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de mayo de 2011,
expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2008-00294-00, identificó algunos
eventos en los que se predica la existencia de nulidad originada en la sentencia, en
los siguientes términos:
“En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta
sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv)
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada
en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o
cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera
de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de
la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o
menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al
previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de
23
motivación[ ]”.
Aunado a lo anterior, esta Corporación24 ha previsto que la causal de nulidad originada
en la sentencia también comprende la violación al principio de congruencia, así:
“Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la
violación del principio de congruencia cuando al accionado es condenado por
cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que la sentencia
no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)25.
(…)
En precedencia se explicó que el principio de congruencia procesal tiene como
finalidad que la providencia se encuentre en concordancia y armonía entre lo
probado y lo pedido por las partes, en procura del derecho al debido proceso”.
Procedimiento Laboral y la jurisdicción de lo contencioso administrativo [artículo 250 y siguientes del Código de lo Contencioso
Administrativo y de Procedimiento Administrativo.
22
Salvo algunos eventos en los que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo ser advertida
por el afectado, caso en el cual el interesado tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad o alegar
el vicio oportunamente. De lo contrario, la causal de revisión en cuestión se convertiría en una anormal oportunidad para que las
partes subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores procesales que debieron proponer dentro del
término oportuno. Al respecto, ver sentencias del 3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-
2018-01235-00 y del 3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-20120-00643-00.
23
Al respecto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 20 de octubre de 2009, dentro
del expediente con radicado número: 2003-00133-00, señaló que la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, se presenta solamente ante la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho
que le permiten arribar a una decisión.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. REV 2014-00440-00.
25
Al respecto consultar el auto del 1 de abril de 2009, Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Ruth Stella Correa Palacio,
proceso con radicado AP 25000-23-26-000-2005-00240-01.
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Radicado: 11001 03 27 000 2025 00084 00 (30453)
Demandante: Pineda & Asociados Administraciones S.A.S.
Se resalta que la Sala Plena de esta Corporación fijó un nuevo alcance a la referida
causal, en lo que concierne al derecho al debido proceso. En la sentencia de
unificación del 8 de mayo de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado,
en el expediente con radicado número 11001-03-15-000-1998-00153-0126, se analizó
ampliamente al derecho a la tutela judicial efectiva o recurso judicial efectivo, y
consideró que el recurso de revisión y las causales que dan lugar a su
procedencia, constituyen un mecanismo judicial destinado a la protección de
derechos fundamentales, tales como el de acceso a la justicia y el debido
proceso, es decir, es un instrumento o medio de control adicional que el legislador
diseñó para la protección de esos derechos fundamentales y, por tanto, hacen parte
del haz de acciones para la satisfacción plena del derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva27.
Al respecto, precisó que toda persona tiene derecho al debido proceso y, por tal razón,
a que los procesos judiciales sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento
de los presupuestos procesales así lo permita, pues de lo contrario, ello redundaría
en detrimento no solo de ese derecho, sino también del acceso a una real y efectiva
administración de justicia. En efecto, la falta de resolución de las controversias
judiciales, fundada en motivos caprichosos, equivale a una denegación de la tutela
judicial efectiva y, en términos generales, una vulneración al debido proceso.
Por tal razón, la Sala concluyó que también existe una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 constitucional, cuando
una autoridad judicial dicte, sin fundamento válido o razonable, una sentencia
inhibitoria, lo cual constituye una clara denegación de justicia.
Al tiempo, estableció que, en adelante, «los eventos definidos tradicionalmente por la
jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en
sentencia, no son taxativos».
En ese sentido, en aras de hacer efectivos los derechos a la tutela judicial efectiva, de
acceso a la administración de justicia y al debido proceso, estableció como subregla
jurisprudencial: es deber del juez decidir de fondo los litigios cuando las circunstancias
así se lo permitan, lo que significa que la violación a tales preceptos cuando se expide un
fallo inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión alegada.
Finalmente, se precisa que esta causal no procede para controvertir las razones del
fallo ni para corregir errores en la apreciación de los hechos o de las pruebas en los
que, a juicio del recurrente, hubiere incurrido el fallador. Un entendimiento distinto
equivaldría a convertir el recurso en un juicio en el que se discutirían nuevamente los
hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada28.
En los términos de la sentencia del 11 de octubre de 200529, “no se trata de controvertir
la corrección o incorrección del juzgamiento, ni de corregir los errores de apreciación de los
hechos y de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues
eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo
nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada; sino de la inobservancia
de las reglas propias de la sentencia, que vician su validez”.
26
En esa oportunidad, la Sala Plena estableció que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando se presenta alguno
de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se dictó el fallo de segunda instancia, objeto
del recurso de revisión, [actualmente artículo 133 del Código General del Proceso] y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la
Carta Política, como expresamente lo reconoció esta Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-
00150 y la Corte Constitucional en la Sentencia C-739 de 2001 y entró a determinar si un fallo inhibitorio no justificado, es
causal de nulidad constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una
tutela judicial efectiva.
27
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de junio de 2012, Rad. 11001-03-15-000-2012-00676-00.
28
Sentencias del 16 de agosto de 2018, expediente con radicado número: 23001-33-31-003-2007-00107-01 [47300], Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, M.P. Guillermo Sánchez Luque Consejo de Estado, que reitera la sentencia del
11 de octubre de 2005, Rad. 00794-00 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
29
Expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2003-00794-01 M.P. Ligia López Díaz, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo.
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Demandante: Pineda & Asociados Administraciones S.A.S.
6. Planteamiento del problema jurídico
En los términos del recurso extraordinario de revisión, le corresponde a la Sala
determinar si la sentencia del 31 de enero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, está incursa en la causal de revisión prevista en el
numeral 5. ° del artículo 250 del CPACA, por no haberse pronunciado sobre la totalidad
de los cargos formulados en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Para lo anterior, la Sala establecerá si los argumentos planteados por la parte
recurrente se enmarcan en los presupuestos para alegar la causal invocada.
7. De la solución al problema jurídico planteado
La sentencia cuestionada negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no
se logró desvirtuar la legalidad de los actos administrativos, en la medida en que no se
acreditó la indebida notificación del emplazamiento para declarar expedido por el
Distrito Especial de Santiago de Cali como actuación previa a la imposición de la
sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio (ICA) correspondiente al
año gravable 2018.
En consecuencia, el juez de segunda instancia concluyó que no se configuraba la
causal de nulidad invocada y, por ende, mantuvo la validez de los actos administrativos
sancionatorios, así como de la decisión que resolvió el recurso de reconsideración.
En concreto, el recurrente invocó la causal de revisión al considerar que la sentencia
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca30, originó una nulidad por la vulneración
al debido proceso.
Primer cargo: violación al debido proceso por indebida notificación del
emplazamiento para declarar.
El recurrente cuestionó la sentencia del tribunal por considerar que, ante la devolución
del correo por la causal de dirección errónea o inexistente, era deber de la
Administración Distrital indagar otras fuentes de información, como el RUT o el registro
de la Cámara de Comercio, para reenviar el correo y garantizar su conocimiento a la
contribuyente.
Al analizar la fundamentación del recurso extraordinario de revisión de la sociedad
Pineda & Asociados Administraciones, se advierte que las razones expuestas en nada
encajan con los supuestos que esta Corporación ha fijado como hechos que puedan
constituir una nulidad originada en la sentencia que se ataca, pues se trata de
cuestionamientos reiterativos de los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en la
demanda originaria del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
analizó el Tribunal Administrativo del Valle en segunda instancia; con lo cual, la mera
reiteración, no logra desacreditar la validez de la sentencia, ni tiene cabida para romper
el principio de la cosa juzgada en esta sede extraordinaria.
Valga advertir que esta Corporación ha reiterado en múltiples oportunidades que el
recurso extraordinario de revisión tiene por objeto revertir decisiones que atenten
contra la justicia material, pero no está concebido para controvertir la labor
interpretativa del juez ni para corregir errores derivados de la valoración probatoria 31.
30 Que resolvió revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 08 Administrativo del Circuito de Cali, en
el sentido de negar las pretensiones de la demanda.
31
Sentencia del 27 de agosto de 2020, (Exp. 11001-03-25-000-2016-00288-00 (16v38-2016, M.P. Rafael Francisco Suárez
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La Sala advierte que la intención final de la demandante es reabrir el debate surtido al
interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, porque los argumentos
expuestos en el recurso extraordinario se limitaron a insistir en que la notificación del
emplazamiento para declarar no cumplió con su función de comunicar el inicio del
proceso administrativo y permitir el ejercicio del derecho de contradicción y defensa
(garantías del debido proceso). Lo anterior, con el argumento de que la Administración
Tributaria Distrital no indagó en otras fuentes de información para determinar la
ubicación de la sociedad, limitándose a remitir el correo a la dirección indicada en las
dos últimas declaraciones del ICA (2019 y 2020). Tal notificación resultó infructuosa al
haber sido devuelta por la empresa de mensajería, por lo que, con posterioridad, se le
notificó el acto mediante publicación en la página web del Distrito.
De esta forma, el recurso interpuesto, lejos de sustentar la causal de revisión invocada,
se limitó a cuestionar la valoración del caso realizada por el juez de segunda instancia.
Para tal efecto, reiteró los cargos planteados desde la demanda, con los que censura
el actuar de la Administración Tributaria, como si el recurso extraordinario de revisión
se constituyera en una especie de instancia adicional para revivir discusiones jurídicas
respecto de un asunto ya definido por el juez natural de conocimiento. Por tanto, no
existe una sustentación cierta que acredite que la sentencia de segunda instancia
incurrió en una nulidad probada que amerite afectar el principio de la cosa juzgada.
Razón suficiente para negar el cargo.
Segundo cargo: nulidad de la sentencia por falta de decisión de la totalidad de
la litis.
Como segundo aspecto, la recurrente consideró que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca se limitó a negar las pretensiones de la demanda
únicamente a partir de uno de los cargos planteados —relativo al trámite irregular en
la notificación del acto previo— sin pronunciarse sobre los demás argumentos de
nulidad dirigidos a cuestionar la base gravable del impuesto de industria y comercio
(ICA), en particular, la aplicación de la regla especial prevista en el artículo 462-1 del
Estatuto Tributario, conforme a la cual dicho tributo debe determinarse con base en el
AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) tratándose de servicios integrales de aseo
y cafetería.
De la revisión de la actuación procesal, se advierte que el Juzgado 8º Administrativo
del Circuito de Cali dio la razón a la demandante sobre la configuración de una
violación al debido proceso por la falta de notificación efectiva del emplazamiento.
Decisión que fue apelada por el Distrito Especial de Santiago de Cali, que reprochó la
conclusión de la sentencia al considerar que la notificación se surtió en debida forma.
De ahí que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al decidir la apelación,
analizó solamente ese punto del debate y concluyó que la notificación del
emplazamiento para declarar se ajustaba a derecho, por lo que revocó la sentencia de
primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.
El recurrente de este trámite extraordinario de revisión considera que, ante el fracaso
del cargo procesal de indebida notificación del emplazamiento para declarar, el
Tribunal debió estudiar el aspecto sustancial subyacente. Concretamente, debió
decidir sobre la aplicación de la base gravable especial que atiende al AIU para
establecer el impuesto a cargo de la sociedad Pineda & Asociados Administraciones
S.A.S. Lo anterior, porque es el impuesto de la compañía el que constituye base para
el cálculo de la sanción por no declarar el ICA del año gravable 2018. Al no hacerlo
así, la sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca incurrió en nulidad.
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En este punto, se observa que los planteamientos expuestos por el recurrente no
permiten subsumir el caso en ninguno de los supuestos que la Sala Plena de esta
Corporación32 ha reconocido como constitutivos de la causal de nulidad originada en
la sentencia. En efecto, los argumentos formulados no están dirigidos a demostrar la
existencia de un vicio procesal de la naturaleza de los que la jurisprudencia ha
considerado aptos para invalidar una providencia judicial, sino que expresan su
inconformidad con el contenido de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo
del Valle y con la valoración jurídica efectuada en ella, aspectos que son ajenos al
ámbito propio del incidente de nulidad de la sentencia.
De esta forma, no debe perderse de vista que el recurso extraordinario de revisión no
puede ser el escenario para revivir oportunidades procesales que se enmarcan en el
curso del proceso en que se emite la sentencia que se ataca, ni tampoco puede suplir
la falta de atención al trámite ordinario, en especial a los mecanismos procesales que
la ley prevé para evitar la configuración de la causal de nulidad.
Ahora, si bien la falta de decisión de la totalidad de la litis, en principio, afecta la
consolidación de una tutela judicial efectiva frente a la acción ejercida con la demanda
por la sociedad Pineda & Asociados, pues es claro que lo que se espera de la
Administración de Justicia es que garantice la resolución plena de los litigios
planteados; no debe perderse de vista que dentro del marco de estudio que permite
realizar el recurso extraordinario de revisión para infirmar providencias que han hecho
tránsito a cosa juzgada, la situación que se pone a consideración debe ser de una
gravedad tal que no haya otra salida que afectar la decisión del juez natural.
Para ello, es indispensable que en cada caso se analicen tanto las providencias que
se acusan nulas como los remedios o saneamientos que, frente a determinada
situación irregular, se hallen previstos en la ley procesal que rige el trámite ordinario.
A partir de ello, lo procedente es verificar si la parte que promueve la nulidad hizo uso
oportuno de los mecanismos procesales previstos por el ordenamiento para poner de
presente y procurar la corrección de la irregularidad que ahora invoca, pues el recurso
extraordinario de revisión no está llamado a suplir la falta de utilización de los
instrumentos ordinarios de defensa establecidos por la ley procesal. En esa medida,
corresponde constatar que la causal de nulidad originada en la sentencia no derive de
circunstancias que hubieran podido ser oportunamente planteadas y debatidas dentro
del proceso.
Entonces, si bien el recurso sostiene que la sentencia no resolvió todos los puntos
objeto del litigio, esa circunstancia, por sí sola, no configura la causal de nulidad
originada en la sentencia. Ello obedece, de una parte, a que el supuesto planteado no
corresponde a ninguna de las hipótesis que la jurisprudencia de esta Corporación ha
reconocido como constitutivas de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250
del CPACA y, de otra, a que tampoco se enmarca en alguna de las causales de nulidad
previstas en el artículo 133 del CGP. Además, frente a la omisión que se reprocha, el
ordenamiento procesal prevé el mecanismo de aclaración o complementación de la
sentencia regulado en el artículo 287 del CGP, concebido precisamente para que el
juez se pronuncie sobre los aspectos que hubieren quedado sin resolver dentro del
proceso ordinario. Dicha disposición establece:
Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los
extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía
ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia
complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada
en la misma oportunidad.
32 Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de mayo de 2011, en el expediente con radicado
número: 11001-03-15-000-2008-00294-00, C.P. Mauricio Torres Cuervo.
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Radicado: 11001 03 27 000 2025 00084 00 (30453)
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El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que
la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda
de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que
dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a
solicitud de parte presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal. (Se destaca).
Nótese que el propio ordenamiento procesal prevé el mecanismo y la oportunidad para
que las partes soliciten la adición de la sentencia cuando consideren que el juez ha
omitido pronunciarse sobre alguno de los extremos del litigio. En esa medida, la
eventual ausencia de decisión sobre un aspecto de la controversia debe ser planteada,
en primer lugar, ante el juez que profirió la providencia, mediante el instrumento
previsto en el artículo 287 del CGP. Por ello, el recurso extraordinario de revisión no
constituye el escenario procesal destinado a obtener un pronunciamiento que el
ordenamiento reservó al trámite de adición de la sentencia, ni puede emplearse para
sustituir ese mecanismo procesal, concebido para garantizar la integridad de la
decisión y la estabilidad de las providencias judiciales.
Recuérdese que como lo ha puntualizado esta Corporación33, la adición de la
sentencia es el mecanismo para corregir la incongruencia por cifra petita, al indicar
que:
“El artículo 311 del CPC pone de presente que la solicitud de adición procede cuando la
sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro
punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento. Correctivo
jurídico que resulta aplicable (…), y que es menester adoptar mediante una sentencia
complementaria, para que mediante esta se adopte la decisión que dejó de resolverse, y
de esta manera se agregue o añada la providencia incompleta.
Hay entonces incongruencia por citra petita (Ne eat iudex citra petita partium) cuando la
sentencia omite decidir sobre algunas de las pretensiones formuladas y por ello la doctrina
no duda en señalar que el órgano jurisdiccional incumple su oficio, dando lugar al vicio de
incongruencia cuando no resuelve todos los puntos litigiosos que han sido objeto de
debate34. Por lo mismo la adición únicamente es procedente cuando se presentan uno o
varios puntos no decididos dentro del pronunciamiento judicial(…)35”. (Se destaca).
En ese orden, se reitera que no es posible invocar, mediante el recurso extraordinario
de revisión, causales de nulidad originadas en la sentencia, por cuanto, dada la
naturaleza excepcional de dicho mecanismo, este no constituye una oportunidad
adicional para plantear o resolver cuestiones que debieron ventilarse dentro del
proceso ordinario. En efecto, el ordenamiento procesal establece oportunidades y
mecanismos específicos para alegar las irregularidades que puedan presentarse en el
curso del proceso, al punto que el parágrafo del artículo 133 del Código General del
Proceso dispone que las demás irregularidades que no correspondan a las causales
de nulidad allí previstas se entenderán subsanadas cuando no sean oportunamente
cuestionadas a través de los mecanismos procesales previstos para ello. Sobre este
aspecto en particular, la Sección Tercera de esta Corporación36 ha considerado que:
33
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 1 de abril de 2009, exp. 250002326000200500240-01, CP. Ruth Stella Correa
Palacio.
34
ARAGONESES ALONSO Pedro, Sentencias congruentes: pretensión, oposición, fallo, Madrid, Ed. Aguilar, 1957, p. 116
35
Frente a la adición por no concesión del incentivo vid. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Providencia de 31 de agosto de 2006, Rad. 73001-23-31-000-2003-01992-01(AP),
Actor: Jose Alberto Guzmán y otros, C.P. Camilo Arciniegas Andrade.
36
Sentencia del 15 de febrero de 2018, exp. 39906, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Radicado: 11001 03 27 000 2025 00084 00 (30453)
Demandante: Pineda & Asociados Administraciones S.A.S.
“El recurso extraordinario de revisión tiene por objeto permitir que las sentencias
ejecutoriadas puedan ser analizadas nuevamente e invalidadas en aquellos casos en los
que se han obtenido por medios irregulares o carecen de verdad y de justicia, por
razones no imputables a la parte afectada, conservando la finalidad de preservar
el valor justicia y la seguridad jurídica que brinda la figura de la cosa juzgada. Al
respecto, ha dicho la Sala:
“Este medio extraordinario de impugnación en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo lo erige el Legislador como excepción al principio de la inmutabilidad
de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada material; y con él se abre paso
a la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que el mismo resulte
contrario a la Justicia y al Derecho, de acuerdo con las causales establecidas en el
artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y con el único fin de que se
produzca una decisión ajustada a la ley”37.
Dada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé como uno de los
requisitos para su procedencia, el que las razones o motivos que constituyen las
causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado
con la sentencia, en el entendido de que este recurso no consagra una nueva
instancia, ni prevé oportunidades para que las partes subsanen conductas
omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del
proceso”. (Se destaca)
Entonces, como la censura planteada como vulneración al debido proceso pudo ser
objeto de solicitud de adición de la sentencia en el término previsto en el artículo 287
del CGP que no fue elevada por la parte demandante, hoy recurrente, no tiene cabida
el cargo en el marco del recurso extraordinario de revisión, pues la causal de nulidad
tiene origen en la desatención de los medios ordinarios con que contaba la actora para
que su petición fuera resuelta por el juez natural del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en segunda instancia.
En el mismo sentido, esta Corporación38 ha resuelto asuntos similares en el sentido de
negar la procedencia del recurso extraordinario de revisión, cuando la parte que lo
promueve no hizo uso de la solicitud de adición de la sentencia para obtener la decisión
plena del objeto del litigio del proceso ordinario, con la siguiente argumentación:
“En el fallo objeto de revisión, al igual que en la sentencia de primera instancia, se
observa que no hubo un pronunciamiento expreso frente a esa pretensión en
particular y, a pesar de esto, la parte demandante, hoy recurrente, no solicitó la
adición o complementación de la providencia39, es decir, no hizo uso del
instrumento procesal que estaba a su alcance en el curso del trámite ordinario
para obtener la decisión que ahora echa de menos y cuya omisión califica como
un vicio de nulidad originado en la sentencia cuestionada.
Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido pacífica en reiterar que el
recurso extraordinario de revisión no es el mecanismo adecuado para remediar las
falencias cometidas por las partes en el desarrollo del proceso ordinario40, de manera
37
Consejo de Estaco, Sala Contencioso Administrativa, sentencia proferida el 18 de octubre de 2005, REV–173, CP. Dra. María
Elena Giraldo Gómez.
38
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 7 de octubre
de 2022, rad. 11001031500020210753000 (REV), CP. Marta Nubia Velásquez Rico.
39
Ley 1564 de 2012. “Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o
sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de
sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.
“El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya
apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para
que dicte sentencia complementaria.
“Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo
término.
“Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia
principal”.
40
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 25 de julio
de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-06788-00, C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; Sala Especial de Decisión No. 21,
sentencia del 17 de junio de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2014-04059-00, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra; Sala Especial
de Decisión No. 27, sentencia del 16 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00245-00, C.P. Rocío Araújo Oñate.
Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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13
Radicado: 11001 03 27 000 2025 00084 00 (30453)
Demandante: Pineda & Asociados Administraciones S.A.S.
que no es de recibo que en sede de revisión el demandante pretenda subsanar la
omisión de no solicitar la adición de la sentencia en el término de su ejecutoria, en
la medida en que era la herramienta legal disponible en las instancias ordinarias
para obtener el pronunciamiento del juez sobre la aludida pretensión”. (Énfasis de
la Sala).
Como se advierte, no es procedente acudir al recurso extraordinario de revisión con
fundamento en la causal 5 del artículo 250 del CPACA para cuestionar una sentencia
por no haberse pronunciado sobre todos los planteamientos de la demanda. Ello, por
cuanto el ordenamiento procesal prevé un mecanismo específico para obtener el
pronunciamiento sobre los aspectos que se estimen omitidos, cual es la solicitud de
adición de la sentencia, que debe formularse dentro del término de su ejecutoria. En
consecuencia, el recurso extraordinario de revisión no puede emplearse para sustituir
dicho mecanismo procesal ni para obtener, por una vía excepcional, un
pronunciamiento respecto de cuestiones cuyo tratamiento fue expresamente regulado
por la ley dentro del proceso ordinario.
Diferente sería el análisis si la demandante, pese a haber solicitado la adición o
complementación de la sentencia ante el Tribunal, este niegue la adición
injustificadamente y mantenga la situación de indefinición de la totalidad de la litis; caso
en el cual sí sería el recurso extraordinario de revisión procedente para corregir una
decisión de cifra petita, una vez agotado infructuosamente el trámite ordinario del
proceso original.
En suma, el cargo no prospera y, en consecuencia, se impone declarar infundado el
recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Pineda & Asociados
Administraciones S.A.S. contra la sentencia del 31 de enero de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
8. Condena en costas
El artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021, establece
que, si un recurso extraordinario de revisión resulta infundado, se debe imponer
condena en costas y perjuicios al recurrente. En el caso analizado, el recurso fue
interpuesto durante la vigencia de esta norma, y se cumplen los requisitos para aplicar
dicha sanción, conforme a lo dispuesto en los artículos 361 y 365 del Código General
del Proceso, que regulan la imposición de costas cuando estas se hayan causado y
estén debidamente comprobadas.
Dado que el Distrito Especial de Santiago de Cali intervino en el proceso mediante
escrito de oposición, y considerando la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por su apoderado, se impone condena en costas por concepto de agencias
en derecho. Esta se fija en un salario mínimo legal mensual vigente, conforme a los
criterios establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura en el PCSJA25-12355
del 28 de noviembre de 2025, reconociendo así el esfuerzo procesal desplegado en
defensa de la legalidad del acto administrativo cuestionado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
junio de 2022, radicación: 05001-23-31-000-1999-01059-01 (41.790), C.P. Alberto Montaña Plata; Sección Tercera, Subsección
A, sentencia del 18 de marzo de 2022, radicación: 20001-33-31-002-2010-00558-01 (51.936), C.P. José Roberto Sáchica Méndez;
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-25-000-2016-00493-00, C.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
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Radicado: 11001 03 27 000 2025 00084 00 (30453)
Demandante: Pineda & Asociados Administraciones S.A.S.
FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
sociedad Pineda & Asociados Administraciones S.A.S. contra la sentencia del 31 de
enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001 33-33-008-
2023-00138-01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Condenar en costas a la parte recurrente por concepto de agencias en
derecho y a favor del Distrito Especial de Santiago de Cali, que se fijan en un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, conforme con
lo señalado en la parte considerativa, las cuales se liquidarán por Secretaría.
Tercero: En firme la providencia, archívense la actuación.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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