Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2019-00015-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-27-000-2019-00015-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2019-00015-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-27-000-2019-00015-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
22 de marzo de 2022
Radicado: 11001-03-27-000-2017-00015-00 (24486)
Demandante: Santiago Meza Mafla
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero Ponente: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicado: 11001-03-27-000-2019-00015-00 (24486)
Demandante: SANTIAGO MEZA MAFLA
Demandado: DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal quinta del artículo 250
del CPACA.
Recurso extraordinario de revisión
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto, en nombre propio, por el
señor Santiago Meza Mafla contra la sentencia del 9 de noviembre de 2018, proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, que confirmó el fallo del 22 de mayo
de 2017 del Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla, el cual negó las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Santiago Meza Mafla interpuso demanda de nulidad contra apartes de los
artículos 55 del Acuerdo Distrital 030 del 30 de diciembre de 2008; 55 del Decreto Distrital
0180 del 4 de mayo de 2010; 55 del Decreto 0924 del 20 de octubre de 2011 y 11 del
Acuerdo Distrital 0019 del 28 de diciembre de 2015 proferidos por el Concejo del Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, 1º de la Resolución 01 de 2010, expedida
por la Secretaría Distrital de Hacienda de Barranquilla.
Mediante sentencia del 22 de mayo de 2017, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de
Barranquilla negó las pretensiones de la demanda, decisión confirmada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección A, en sentencia del 9 de noviembre de 2018.
El demandante interpuso recurso de apelación, para lo cual señaló que la sentencia de
primera instancia equiparó obligaciones de dar con las de hacer, a fin de concluir que el
hecho de “arrendar” corresponde a una prestación de un servicio sujeto al gravamen
distrital, lo cual, además de desconocer disposición del derecho civil, especialmente de
obligaciones, desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha señalado que
el arrendamiento de bienes inmuebles no es una actividad comercial, industrial ni de
servicios, salvo en aquellos casos en los que el arrendamiento se realice a través de
intermediarios. Al efecto citó la sentencia del 5 de mayo de 2000 [Exp. 9741].
Asimismo, citó la sentencia del 22 de julio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, cuya parte motiva indica que los ingresos percibidos por
arrendamiento de bienes propios no se encuentran gravados con el impuesto de Industria
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-27-000-2017-00015-00 (24486)
Demandante: Santiago Meza Mafla
y Comercio, porque no provienen del desarrollo de una actividad industrial, comercial o
de servicios. Que, todos los pronunciamientos judiciales han concluido que entregar un
bien inmueble en arrendamiento no equivale a una obligación de hacer sino a una de dar
y, por ende, no existe prestación de servicio alguno que deba ser gravado con el tributo.
Que, en esa medida, al demandado no le era posible establecer un hecho generador
diferente al contemplado en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983, al no ser el arrendamiento
de bienes inmuebles propios ni actividad industrial, ni comercial ni de servicios y, por lo
tanto, ninguna entidad territorial puede establecer, en oposición al principio de legalidad,
que dicha actividad es una de servicios.
Sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, en sentencia del 9 de noviembre de
2018, confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que la actividad de
arrendamiento de bienes propios sí constituye un hecho generador susceptible de ser
gravada con el Impuesto de Industria y Comercio.
Concluyó que los actos administrativos demandados están soportados en el artículo 313
de la Constitución Política, en la Ley 14 de 1983 y el Decreto 1313 de 1986. Además, la
Resolución DSH 001 de 2010, mediante la que se adoptó la clasificación de las
actividades gravadas con el Impuesto de Industria y Comercio se encuentra
fundamentada en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) (Revisión 3.1
A.C), elaborada por la ONU y adaptada para Colombia por el DANE. En esa medida, la
clasificación que estableció el Distrito para el cobro del impuesto tuvo sustento en la
clasificación estándar adoptada por el DANE, con fundamento en parámetros
internacionales.
No se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados pues
los actos acusados indicaron de manera puntual que el hecho generador del gravamen -
actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados- recae sobre
personas naturales o jurídicas dedicadas a esa actividad, es decir, sobre aquellas que en
el giro ordinario de sus negocios tienen el arrendamiento de inmuebles.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Escrito del recurso extraordinario de revisión
El señor Santiago Meza Mafla interpuso recurso extraordinario de revisión y solicitó se
revoque la sentencia de segunda instancia del 9 de noviembre de 2018, amparado en la
causal quinta del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo 1, con fundamento en los siguientes argumentos.
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A vulneró los derechos al debido
proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia, al no emitir un
pronunciamiento y análisis del cargo de apelación que se refiere al desconocimiento de
las normas del Código Civil con la expedición de los actos demandados en razón a que
1 “ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
“…
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-27-000-2017-00015-00 (24486)
Demandante: Santiago Meza Mafla
equiparan las obligaciones de dar y hacer, omisión que conlleva a la incongruencia del
fallo por haberse expedido una sentencia citra petita.
Citó la sentencia T – 429 del 19 de mayo de 2011 de la Corte Constitucional, relacionada
con el defecto procedimental, como constitutivo de error judicial y vulnerador del derecho
al debido proceso.
El tribunal desconoció el precedente judicial que señala que el arrendamiento de bienes
inmuebles propios no constituye una actividad comercial o de servicios que pueda ser
gravada con el impuesto de industria y comercio. Para tal efecto, citó sentencias del
Juzgado Tercero Administrativo de Pasto 2, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 3
y de la Sección Cuarta del Consejo de Estado 4.
Trámite procesal
En auto del 27 de marzo de 2018, se admitió el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Santiago Meza Mafla, se ordenaron las notificaciones de rigor 5 y,
por secretaría, se solicitó a la Secretaría del Juzgado Cuarto Administrativo Oral de
Barranquilla la remisión del expediente, en calidad de préstamo, dentro del cual se tramitó
el proceso de nulidad con radicado número: 08001-33-33-004-2016-00277-00.
Contestación al recurso
El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla manifestó que el recurso
extraordinario de revisión de la referencia no acreditó alguno de los supuestos fácticos
que conduzcan a determinar la nulidad originada en la sentencia alegada, pues el
demandante se limitó a señalar que en las providencias de primera y segunda instancia
no se analizaron a fondo cada uno de los cargos planteados en la demanda y el recurso
de apelación.
Indicó que la sentencia cuestionada está en consonancia con los hechos y pretensiones
que se plantearon en la demanda y que era al demandante a quien le correspondía
exponer de manera clara, adecuada y suficiente las razones por las que estimó que la
decisión incurrió en el cargo invocado.
El recurso extraordinario de revisión no es una instancia adicional para controvertir los
juicios y conclusiones del proceso de nulidad al no encontrarse de acuerdo con la
decisión. En todo caso, si consideró que la sentencia no realizó pronunciamiento de
alguno o todos los cargos, lo procedente era solicitar su aclaración y adición.
Solicitó que se declare infundado el recurso extraordinario de revisión.
Concepto del Ministerio Público
El Procurador Delegado guardó silencio.
2 Radicado número: 2016-00085, sin fecha de la providencia.
3 Radicado número: 2010-00104-01.
4 Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Cuarta. Sentencia del 1º de septiembre de 2011, exp.
nro. 17364, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
5 Se ordenó notificar personalmente del recurso al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, al Ministerio
Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. (folio 32 cp)
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-27-000-2017-00015-00 (24486)
Demandante: Santiago Meza Mafla
Intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no se pronunció respecto del recurso
extraordinario de la referencia.
Una vez clausurada la etapa de pruebas, sin que exista causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en el inciso 2 del artículo 249 del CPACA, de los recursos
de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, según
la materia.
De acuerdo con lo anterior, a la Sección Cuarta del Consejo de Estado le corresponde
conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Santiago Meza
Mafla contra la sentencia del 9 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección A que confirmó la decisión de primera instancia, que
negó la nulidad de los actos administrativos mediante los que el Concejo del Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la Secretaría Distrital de Hacienda de
Barranquilla establecieron como hecho generador del Impuesto de Industria y Comercio
la actividad de arrendamiento de bienes propios o arrendados .
2. Oportunidad del recurso
El recurso extraordinario de revisión se presentó el 14 de marzo de 2019 6, es decir, en
vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
por lo que, es procedente revisar el término de interposición, conforme con lo previsto en
el artículo 251 ejusdem, según el cual, el término el recurso podrá interponerse dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia 7. Comoquiera que la sentencia
que se cuestiona quedó ejecutoriada el 12 de diciembre de 2018 8 y el recurso
extraordinario de revisión se presentó el 14 de marzo de 2019, es claro que el recurso se
presentó dentro del término.
3. Legitimación en la causa
Respecto del señor Santiago Meza Mafla recae el interés jurídico que se debate en el
sub examine, en tanto que, fue la parte demandante vencida dentro del medio de control
6 Folio 30 del cuaderno principal.
7 “Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria
de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del
año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que
dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5)
años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.
8 A folios 544 y siguientes del cuaderno en préstamo se advierte que la notificación electrónica de la providencia tuvo
lugar el 7 de diciembre de 2018.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-27-000-2017-00015-00 (24486)
Demandante: Santiago Meza Mafla
de nulidad objeto de reproche. Por su parte, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla está legitimado, pues fue parte demandada en dicho proceso.
4. Planteamiento del problema jurídico
En los términos del recurso, corresponde a la Sala estudiar si la sentencia del 9 de
noviembre de 2018, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, dentro
del medio de control de nulidad con radicado número: 08001-33-33-004-2016-00277-01,
está incursa en la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011.
Para lo anterior, la Sala procederá a establecer si los argumentos planteados por la parte
recurrente se enmarcan en los presupuestos para alegar la causal de nulidad originada
en la sentencia y si tiene vocación de prosperidad o no. En concreto, el demandante
pretende que se acceda al recurso al considerar que: i) la decisión del tribunal fue citra
petita y, por ende, desconoció el principio de congruencia, porque no se pronunció sobre
los argumentos de apelación; y ii) la providencia desconoció el precedente jurisprudencial
frente al arrendamiento de bienes inmuebles propios.
Previo a resolver el problema jurídico planteado, la Sala se pronunciará respecto de: (i)
la naturaleza y marco legal de recurso extraordinario de revisión y, (ii) el alcance y
requisitos de la causal quinta del artículo 250 del CPACA.
5. Naturaleza y marco legal de recurso extraordinario de revisión
En los términos del artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y
por los jueces administrativos, en los eventos contemplados en el artículo 250 del
CPACA 9.
Respecto de la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, la Corte Constitucional
ubica al recurso extraordinario de revisión como una verdadera acción contra decisiones
injustas, a fin de restablecer la justicia material 10, en el mismo sentido, la Sala ha
expresado que el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación
excepcional de las sentencias ejecutoriadas, cuyo objeto es romper el principio de cosa
9 “Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales
de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito
o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su
expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apela ción.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal
necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su
pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella
fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada
y fue rechazada”.
10 Sentencia C-418 de 1994.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-27-000-2017-00015-00 (24486)
Demandante: Santiago Meza Mafla
juzgada11. Se propone con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la
vigencia del ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por las sentencias
injustas.
Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia
proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un
instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional
del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material.
De ahí que, el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador ha
determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de situaciones
excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten interpretaciones más allá
de lo que en buena ley se deducen de su texto.
Las causales de revisión previstas en el artículo 250 CPACA básicamente tienen que ver
con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos decisivos
que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del debido
proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores sustanciales que
puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación
errónea de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por violación de la ley.
6. Del alcance y requisitos de la causal quinta: “(…) 5. Existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.
Para la procedencia de la causal, deben concurrir los siguientes requisitos 12: i) que la
providencia objeto de recurso ponga fin al proceso; ii) que no susceptible de recurso de
apelación y iii) la causal de nulidad invocada debe corresponder a las señaladas en el
artículo 133 del CGP, “así como aquellas que la propia jurisprudencia ha dispuesto, en
atención a la garantía y protección del derecho al debido proceso, como es el evento en
que se evidencie una irregularidad en el proceso” 13.
Frente a la nulidad existente que se haya originado en una sentencia que puso fin al
proceso, esta Corporación ha indicado que se pueden alegar los vicios procesales
ocurridos antes de proferirse la sentencia, siempre y cuando el afectado demuestre que
no tuvo la oportunidad para alegarlas en razón a que solo los conoció cuando se dictó la
sentencia recurrida14.
Ahora, la comprensión del artículo 133 del Código General del Proceso permite advertir
que las causales de nulidad tienen que ver básicamente con sucesos del siguiente orden:
11Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Cuarta. Sentencia del 10 de agosto de 2017, Exp.
21126, C.P. Milton Chaves García.
12
Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de febrero de 2019, exp. Exp. 23659, C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto. Se reiteró la sentencia del 4 de septiembre de 2018, proferida por la Sala Dieciséis
Especial de Decisión, Exp. 11001-03-15-000-2014-00056-00 (REV), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa
13
Sentencia de 18 de octubre de 2005, expediente REV-00239. Reiterada en sentencia de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 2 de marzo de 2010, radicación No. 11001-03-15-000-2001-
00091-01 (REV). Así mismo, sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 29 de agosto de 2008, expediente: 110001-
0203-000-2004-00729-01. M.P. Edgardo Villamil Portilla. Citadas en la referida sentencia de Sala Plena del CE, Sala
Dieciséis Especial de Decisión, del 4 de septiembre de 2018, Exp. 2014-00056-00 (REV), C.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa.
14 Sentencia de la Sala Plena del 2 de marzo de 2010, radicado 11001-03-15-000-2001-0091-01 reiterada en la
sentencia de esta Sección del de 2 de octubre de 2019, Exp. 24445, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-27-000-2017-00015-00 (24486)
Demandante: Santiago Meza Mafla
1. Que el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de
competencia.
2. Que el juez proceda contra providencia ejecutoriada del superior, reviva un proceso
legalmente concluido o pretermita íntegramente la respectiva instancia.
3. Que se adelante después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o
de suspensión, o si, en estos casos, se reanude antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como
su apoderado judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando
se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o
descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de
conclusión o la sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a
personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el
proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma
al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser
citado.
Será entonces, en los eventos en los que algunas de las circunstancias descritas en la
precitada norma se configuren en el momento procesal de la expedición de la sentencia
que se habilita el recurso extraordinario de revisión, no ocurre así cuando la falencia se
presenta en una etapa previa, pues de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del
Código General del Proceso, las demás irregularidades del proceso que no se impugnan
oportunamente se tendrán por subsanadas y que, en los términos del inciso final del
artículo 135 ejusdem, será rechazada de plano toda solicitud de nulidad que se funde en
hechos que se propongan después de saneada la nulidad, sin perjuicio de las nulidades
insaneables que escribe el parágrafo del artículo 136 de la misma norma.
En suma, la nulidad se origina en sentencia cuando se configuran irregularidades o los
vicios insaneables, que acontecen al momento de dictarla o por hechos que sobrevengan.
De igual forma, es menester resaltar que la Sala Plena de esta Corporación dio un nuevo
alcance a la referida causal, con fundamento en los derechos fundamentales al debido
proceso y a la tutela efectiva, en sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018 15. En
esa decisión se consideró que el recurso de revisión y las causales que dan lugar a
su solicitud, constituyen un mecanismo judicial destinado a la protección de
derechos fundamentales como el de acceso a la justicia y el debido proceso, es
decir, es un instrumento o medio de control adicional que el legislador diseñó para la
protección de esos derechos fundamentales y, por tanto, hacen parte del haz de acciones
para la satisfacción plena del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 16.
15 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena. Sentencia del 8 de mayo de 2018, exp. nro. 1998-00153-01, C.P. Alberto
Yepes Barreiro.
16 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia de 21 de junio de 2012, exp. nro. 11001-03-15-000-2012-00676-
00.º1
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-27-000-2017-00015-00 (24486)
Demandante: Santiago Meza Mafla
Al respecto, precisó que toda persona tiene derecho al debido proceso y, por tal razón, a
que los procesos judiciales sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento de los
presupuestos procesales así lo permita, pues de lo contrario, iría en detrimento no solo
del derecho al debido proceso, sino del derecho de acceso a una real y efectiva
administración de justicia, dado que la no resolución de las controversias judiciales,
fundada en motivos caprichosos, equivale a una falta de tutela judicial efectiva y, en forma
genérica a una vulneración al debido proceso.
Por tal razón, la Sala concluyó, que también hay una vulneración del derecho fundamental
al debido proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad judicial dicte sin
fundamento válido o razonable, una sentencia inhibitoria por considerarla una clara
denegación de justicia.
7. De la solución a los problemas jurídicos planteados
De entrada la Sala anticipa que la causal invocada por el señor Santiago Meza Mafla no
prospera, porque carece de todas las condiciones descritas en precedencia para el
efecto.
En concreto, el recurrente invocó como causal de revisión, la del numeral 5 del artículo
250 del CPACA, al considerar que la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sección A, es nula, de una parte, por la incongruencia de la decisión, dado que no resolvió
sobre los argumentos que sustentan el recurso de apelación y, de otra, por el
desconocimiento del precedente jurisprudencial.
Sea lo primero indicar que los artículos 280 y 281 del Código General del Proceso
consagran el principio de congruencia como una garantía al debido proceso de las partes
del proceso, puesto que el contenido de las providencias está limitado a las pretensiones
de la demanda, los cargos de ilegalidad que se plantean en la demanda y de los
argumentos de oposición, con el fin que exista una identidad y correspondencia entre lo
resuelto y los hechos que se plantean en el litigio
Al respecto, esta Corporación ha señalado que la congruencia debe ser interna y externa.
La primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y
resolutiva de la sentencia; y la segunda, esto es la externa, que la decisión contenida en
la parte resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda y en su
contestación 17.
De manera que, conforme al artículo 281 del Código General de Proceso 18, el juicio de
legalidad que realice el juez contencioso debe estar en concordancia y armonía entre lo
pretendido, lo pedido por las partes y la sentencia proferida.
Tratándose de sentencias de segunda instancia, debe tenerse en cuenta el objeto de la
apelación y la competencia del superior, por lo que de conformidad con lo previsto en el
17
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de marzo de 2020, exp. nro. 11001-03-15-000-2019-03970-00(REV) C.P. Rocío Araújo Oñate.
Sentencia del 14 de noviembre de 2019, exp. nro. 21084, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto
18
“La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demand a y en las
demás oportunidades que este Código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieran sido
alegadas si así lo exige la ley. (…)”
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-27-000-2017-00015-00 (24486)
Demandante: Santiago Meza Mafla
artículo 328 del Código General del Proceso, el fin de la apelación es que el superior
estudie la cuestión decidida por el juez de primera instancia y la revoque o reforme.
Esta Corporación ha previsto que la causal de nulidad originada en la sentencia también
comprende la violación al principio de congruencia 19. Este principio garantiza que el
juez de la causa solo limite su análisis a lo discutido por las partes, sin que pueda proferir
fallos extra, ultra petita o citra petita, pues la decisión debe estar sustentada en los hechos
y pretensiones alegados en la demanda, así como en los medios exceptivos propuestos
por la parte demandada o aquellos asuntos que se acrediten en el transcurso del trámite
judicial. De esa forma, se garantiza el derecho de defensa y contradicción de los extremos
de la litis, que tienen conocimiento claro y preciso de la controversia jurídica.
En el presente asunto, el juzgador de primera instancia negó las pretensiones de la
demanda al considerar que no fue desvirtuada la legalidad de los actos demandados
pues no vulneran normas de rango constitucional o legal.
El demandante al apelar hizo un recuento de los hechos para luego señalar que el
arrendamiento de bienes inmuebles propios no es una actividad de servicio sujeta al
impuesto de industria y comercio pues no equivale a una obligación de hacer sino de dar
y por ello no existe una prestación de servicio. De manera puntual, frente al argumento
que sostiene no fue resuelto, señaló:
“La sentencia proferida por el a quo prácticamente sepulta la columna vertebral del derecho
civil en Colombia, especialmente lo atinente al capítulo de obligaciones. Lo anterior dado que
infundadamente se pretende por parte del despacho del señor juez equiparar las obligaciones
de dar con la de hacer con el ánimo de concluir obstinadamente que arrendar corresponde a
la prestación de un servicio supuestamente sujeto al gravamen distrital, al efecto detállese que
contrario al precedente el honorable Consejo de Estado en la sentencia recurrida se asevera
entre otras cosas que 'existe una contribución por la prestación del servicio de arrendamiento
de inmuebles' (…)”.
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, precisó que, según los términos del
recurso de apelación, la clasificación establecida por el Distrito de Barranquilla para el
cobro del impuesto de industria y comercio tiene sustento en la clasificación estándar
realizada por el DANE. De la revisión de los apartes demandados y el fundamento
normativo, señaló que la actividad inmobiliaria de bienes propios o arrendados se
encasilla de manera puntual en el hecho generador de la actividad inmobiliaria, por lo que
encontró ajustada a derecho las normas demandadas y sin extralimitación en su
expedición. Concluyó que “los actos acusados indican de manera puntual el hecho
generador del gravamen, haciéndolo recaer sobre personas naturales o jurídicas,
dedicadas a esta actividad, es decir, sobre aquellas que en el giro ordinario de sus
negocios tienen el arrendamiento de inmuebles, lo que permite concluir que el sujeto
pasivo desarrolla una actividad de negocio”.
La Sala encuentra que la sentencia del 9 de noviembre de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico no viola el principio de congruencia, pues, el juzgador tuvo en
cuenta la decisión de primera instancia y las razones de inconformidad planteadas por el
apelante.
19 “Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación del principio de congruencia
cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por
causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre
todos los puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)” Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. REV 2014-00440-00.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-27-000-2017-00015-00 (24486)
Demandante: Santiago Meza Mafla
Por tanto, tuvo en cuenta los fundamentos de hecho y de derecho propios de la
controversia. Además, la parte motiva guarda armonía con la parte resolutiva, pues del
análisis de las pruebas y la normativa aplicable concluyó que no se desvirtúa la decisión
de primera instancia, razón por lo que la confirmó.
Contrario al argumento de la parte recurrente, no resulta manifiesta la alegada omisión
del Tribunal en efectuar pronunciamiento sobre los cargos planteados en el recurso de
apelación, distinto es que el estudio del argumento no se efectuó en los términos que
deseaba el demandante, sin que esa circunstancia pueda ser atribuida como una omisión
del juez de instancia. Al respecto, es necesario señalar que, dentro de las cargas de las
partes se encuentra la de exponer con claridad los argumentos y hechos en que
sustentan sus pretensiones.
Además, se observa que los argumentos expuestos en esta oportunidad, están dirigidos
a cuestionar tanto lo decidido por el juez de primera instancia como lo resuelto por el
tribunal en relación con los cargos de ilegalidad planteados frente a los actos
administrativos dentro del proceso de nulidad simple, lo que permite evidenciar que, en
realidad, se pretende reabrir el debate jurídico para así insistir en la inexistencia del hecho
generador del impuesto y, en ese orden, hacer uso del recurso extraordinario de revisión
como si se tratara de una tercera instancia, pese a que esa no es la finalidad de este
mecanismo.
Respecto al desconocimiento del precedente judicial que alega el recurrente, de las
sentencias del Juzgado Tercero Administrativo de Pasto, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, se precisa que dicho
argumento no constituye una causal de nulidad de la sentencia ni se encuentra previsto
dentro de los eventos a los que la Sala Plena del Consejo de Estado ha dado apertura
para que haga procedente el recurso extraordinario de revisión, razón por la cual el
argumento no puede ser estudiado en este escenario extraordinario.
Lo anterior dado que el recurso extraordinario de revisión no es el encargado de examinar
la actividad interpretativa del juez ordinario, ni de revisar la valoración probatoria, pues
esas son cuestiones que están en el marco de la autonomía e independencia judicial. El
recurso extraordinario de revisión, como se vio, es una excepción al principio de cosa
juzgada, que procede por causales específicas.
Luego, de manera alguna las afirmaciones en que el recurrente basó el recurso
extraordinario de revisión pueden ser entendidos como verdaderos argumentos que se
enmarquen en los requisitos de la causal invocada, pues, no cumple con alguno de los
presupuestos fácticos que la jurisprudencia de esta Corporación ha determinado para la
procedencia de este.
Aunado a lo anterior, del escrito del recurso se advierte que la parte recurrente, por un
lado, no explicó con suficiencia los argumentos en que sustenta la causal de revisión
invocada y, por el otro, que, se limitó a cuestionar una situación jurídica que pudo plantear
a instancias del proceso de nulidad, bien, mediante el ejercicio de la solicitud de
aclaración o, de adición de la sentencia, de que tratan los artículos 285 y 287 del CGP,
circunstancias que conllevan a la improcedencia del recurso.
En suma, el cargo no prospera y, en consecuencia, se impone declarar infundado el
recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Santiago Meza Mafla contra la
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-27-000-2017-00015-00 (24486)
Demandante: Santiago Meza Mafla
sentencia del 9 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección A.
Costas
De conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del
Proceso20, no se condenará en costas a la parte recurrente por cuanto en el expediente
no se encuentran probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el
señor Santiago Meza Mafla contra la sentencia proferida el 9 de
noviembre de 2018, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sección A –dentro del medio de control de nulidad con radicado 2016-
00277-01, por las consideraciones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Reconocer personería a la doctora Gisella María Rivera Calderón como
apoderada del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla en los
términos del poder visible en el Índice 19 SAMAI.
CUARTO: Devolver, por secretaría, el expediente ordinario, que fue enviado en
calidad de préstamo.
QUINTO: Cumplido lo anterior, archivar el expediente del recurso extraordinario de
revisión.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
Aclaro voto
20
CGP «Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia
en la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.
Además, en los casos especiales previstos en este código. 5). En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá
abstenerse de condenar en costas (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación».
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-27-000-2017-00015-00 (24486)
Demandante: Santiago Meza Mafla
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Salvo voto
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.