Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2025-00091-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2025-00091-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-27-000-2025-00091-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
26 de febrero de 2026
Radicado: 11001-03-27-000-2025-00091-00 (30532)
Demandante: Asesores en Derecho S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación: 11001-03-27-000-2025-00091-00 (30532)
Demandante: Asesores en Derecho S.A.S.
U.A.E. Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Demandada:
Aduanas Nacionales - DIAN
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal 5ª del artículo 250 del
CPACA
Recurso extraordinario de revisión
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto, mediante apoderado
judicial, por la sociedad Asesores en Derecho S.A.S., contra la sentencia del 10 de
julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, que confirmó el fallo del 22 de junio de 2023 del Juzgado
Cuarenta y Tres (43) Administrativo de Bogotá, el cual negó las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes administrativos y demanda
Previo pliego de cargos, la DIAN expidió la Resolución 322412020000548 del 29 de
diciembre de 2020, mediante la cual impuso sanción por no suministrar información
exógena correspondiente al año gravable 2016, por un valor de $477.885.000. Contra
esta decisión, la sociedad demandante interpuso recurso de reconsideración, que fue
resuelto mediante la Resolución 000249 del 17 de enero de 2022, confirmando el acto
sancionatorio.
Por lo anterior, la entidad recurrente promovió demanda de nulidad contra la DIAN,
con el fin de que se declarara la nulidad de los anteriores actos administrativos.
2. Antecedentes judiciales
Mediante sentencia del 22 de junio de 2023, el Juzgado 43 Administrativo del Circuito
de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la notificación del
pliego de cargos realizada por correo certificado el 12 de junio de 2020 a la dirección
registrada en el RUT de la sociedad se hizo conforme con el artículo 565 del Estatuto
Tributario. Ello, por cuanto la suspensión de términos decretada con ocasión de la
emergencia sanitaria derivada del COVID-19 había sido levantada a partir del 2 de
junio de 2020, según lo establecido en la Resolución 00055 del 29 de mayo de 2020.
Además, consideró que el acto previo fue expedido dentro del término legal, porque si
bien el plazo de dos años fijado en la ley para su expedición y notificación inicialmente
vencía el 3 de mayo de 2020, debido a la suspensión por 46 días este se extendió
hasta el 17 de julio de 2020, razón por la cual no operó la prescripción de la facultad
sancionatoria de la administración tributaria.
3. Sentencia recurrida en revisión
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B en
sentencia del 10 de julio de 2025, confirmó la decisión de primera instancia, con los
siguientes argumentos:
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Demandante: Asesores en Derecho S.A.S.
Consideró que la notificación del pliego de cargos por correo certificado en la dirección
física registrada en el RUT se realizó en debida forma, toda vez que no existe
constancia de devolución de la correspondencia y porque, a la fecha de su expedición
-13 de marzo de 2020-, la norma aplicable era el artículo 565 del ET.
Precisó que, si bien el Decreto 491 de 2020 del 28 de marzo de 2020 estableció la
notificación electrónica como medio preferente, el correo electrónico registrado en el
RUT no era válido en tanto el dominio informado era inexistente, circunstancia que se
evidenció con la falta de entrega del mensaje enviado por el GIT de Control de
Obligaciones formales de la DIAN, mediante el cual se pretendía informar la existencia
del proceso administrativo. En consecuencia, la administración se encontraba
habilitada para efectuar la notificación por correo certificado, conforme a lo previsto en
el artículo 565 del ET.
Frente a la prescripción de la facultad sancionatoria, indicó que el término debía
contarse a partir de la presentación de la declaración correspondiente al año en que
ocurrió el hecho sancionable, esto es, el año 2017, por lo que, en principio, la
administración tenía hasta el 3 de mayo de 2020 para expedir y notificar el pliego de
cargos. No obstante, en atención a la suspensión de términos en las actuaciones
administrativas con ocasión de la emergencia sanitaria, dicho plazo se extendió hasta
el 17 de julio de 2020, razón por la cual la notificación efectuada el 12 de junio de
2020 resultó oportuna.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
1. Escrito del recurso extraordinario de revisión
Asesores en Derecho S.A.S. interpuso el 19 de agosto de 2025 recurso extraordinario
de revisión contra la sentencia del 10 de julio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, por considerar que
esta se encuentra incursa en la causal 5ª del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, «existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
Para la recurrente, el fallo consideró válida la notificación del pliego de cargos realizada
por correo certificado a la dirección física registrada en el RUT, pese a que se
encontraba vigente el Decreto 491 de 2020, el cual otorgó prevalencia a la notificación
electrónica durante la emergencia sanitaria. En ese sentido, sostuvo que, al existir una
medida de aislamiento obligatorio, la notificación física resultaba inviable, lo que
denota vicios en la notificación y la vulneración al derecho de defensa. Afirmó que se
trata de una irregularidad insaneable en el desarrollo del procedimiento administrativo,
cuyos argumentos no fueron tenidos en cuenta por la sentencia.
Señaló que no se aplicaron las disposiciones del Decreto 491 de 2020 y la Ley 1437
de 2011 en materia de notificación electrónica, lo que derivó en la inexistencia de una
notificación válida, e impidió a la recurrente conocer oportunamente del proceso
sancionatorio y ejercer su derecho de contradicción y defensa. A su juicio, ello
constituye razón suficiente para declarar la nulidad de los actos por violación al debido
proceso.
Para el recurrente, existió un error grave en la apreciación de las pruebas, pues en el
fallo se numeran las pruebas valoradas respecto de la notificación, entre ellas que el
correo electrónico suministrado en el RUT era inexistente, y que según la guía de la
empresa de mensajería 4-72, se demostró la notificación por correo certificado del
pliego de cargos. Sin embargo, no se advierte que «la firma o el sello ni la cédula coinciden
con la empresa Asesores en Derechos SAS, pues se reitera para el 12 de junio de 2020 aun había
confinamiento y/o aislamiento obligatorio, (…) a lo que se suma que se desconoce quién suscribió la
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guía» en la medida que no se acreditó si la persona era funcionaria de la empresa.
Además, sostuvo que, independientemente de que el administrado de manera tácita
acepte ser notificado electrónicamente durante la pandemia, la administración no
puede imputarle «un error en el reporte de su dirección electrónica, que en sí desencadena la
vulneración a su derecho de defensa y contradicción».
Así, se encuentra probado que el pliego cargos no se notificó en legal forma,
configurándose la nulidad por indebida notificación.
2. Trámite procesal
En auto del 29 de agosto de 2025, se admitió el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la sociedad Asesores en Derecho S.A.S., y se ordenaron las
notificaciones de rigor1. Por Secretaría, se requirió al Juzgado 43 Administrativo del
Circuito de Bogotá, para que remitiera en calidad de préstamo, el expediente digital
dentro del cual se tramitó el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado con número 11001-03-37-043-2022-00164-01.
Mediante auto del 16 de octubre de 2025, se tuvieron como pruebas los documentos
aportados con la demanda y la contestación.
3. Contestación al recurso
La DIAN solicitó que se declare infundado el recurso extraordinario de revisión, ya que
no se verifican los supuestos de revisión de la causal invocada. Para la DIAN, la
nulidad alegada por la parte demandante no se originó en la sentencia, sino que la
demandante se limitó a señalar que la providencia del Tribunal incurrió en una omisión
al no valorar las presuntas irregularidades probatorias relacionadas con la notificación
del pliego de cargos, argumentos que fueron expuestos en la actuación administrativa
y resueltos en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
La causal de revisión alegada por la parte demandante no se presenta en este caso,
dado que las razones expuestas se centran en la forma en que la administración
desarrolló el proceso de notificación del oficio persuasivo y el pliego de cargos, sin que
se formule argumento alguno que permita sustentar la nulidad de la sentencia o la
existencia de una denegación de justicia.
El recurso extraordinario de revisión no constituye una instancia adicional para
controvertir los juicios y conclusiones adoptados en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, por la sola circunstancia de no compartir el sentido de la
decisión. En este caso, la sentencia cuestionada se pronunció de manera expresa
sobre los cargos formulados y determinó, con fundamento en la ley, que la notificación
del pliego de cargos realizada por correo certificado a la dirección física era válida.
Asimismo, se advirtió que la notificación electrónica enviada al correo registrado en el
RUT no fue exitosa, en tanto la sociedad recurrente no había reportado
adecuadamente dicha dirección electrónica, lo que habilitó a la administración para
efectuar la notificación en la dirección física. La sociedad incumplió su deber de
mantener actualizado el RUT y solo hasta el 11 de septiembre de 2020 rectificó la
dirección electrónica allí registrada, razón por la cual no puede invocar en su favor su
propia falta, pues ello contraría el principio de la buena fe.
Finalmente, la DIAN aseguró que tanto en la actuación administrativa como en el
proceso judicial se demostró que la notificación se realizó conforme a la normativa
vigente, garantizando los derechos de publicidad y contradicción de la sociedad. En
consecuencia, la sentencia resulta clara y congruente con los cargos de la demanda,
la contestación y el recurso de apelación, y se encuentra debidamente fundamentada
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Se ordenó notificar personalmente, a través de los diferentes canales virtuales, a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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en las pruebas del expediente, valoradas de conformidad con las reglas de la sana
crítica. No obstante, la recurrente pretende reabrir un debate jurídico y probatorio ya
resuelto en sede judicial, lo cual desnaturaliza la finalidad del recurso extraordinario de
revisión.
4. Concepto del Ministerio Público
El Procurador Quinto delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
que indicó que el recurso extraordinario de revisión debe declararse infundado, porque
no se configuró la causal prevista en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, en
tanto no se demuestra que la nulidad se haya originado en la sentencia.
Señaló que el propósito del recurso extraordinario de revisión no es reparar posibles
errores en los que hubiere incurrido el juez o las partes, sino el de permitir un nuevo
estudio del asunto cuando la sentencia ha sido afectada por fenómenos externos que
no fueron puestos de presente dentro del proceso contencioso, situación que no se
evidencia en el presente caso, razón suficiente para declarar infundado el recurso.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la demandante contra la sentencia del 10 de
julio de 2025, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B (artículo 249 inciso 2 del CPACA).
2. Oportunidad del recurso
El recurso extraordinario de revisión se presentó el 19 de agosto de 2025, es decir, en
vigencia del CPACA, por lo que, es procedente revisar el término de interposición,
conforme con lo previsto en el artículo 251 ejusdem, según el cual, el recurso podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia2.
Comoquiera que la sentencia que se cuestiona quedó ejecutoriada el 21 de julio de
2025, y el recurso extraordinario de revisión se radicó el 19 de agosto del mismo año,
es claro que se presentó dentro del término.
3. Legitimación en la causa
Respecto de la sociedad Asesores en Derecho S.A.S. recae el interés jurídico que se
debate en el sub examine, toda vez que fue la parte demandante del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en la cual se profirió la sentencia cuestionada.
Por su parte, la DIAN, está legitimada, pues fue parte demandada en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en el cual se profirió la sentencia que ahora se
cuestiona.
La Sala procede a pronunciarse respecto de: (i) la naturaleza y marco legal de la acción
extraordinaria de revisión y, (ii) el alcance y requisitos de la causal 5ª del artículo 250
del CPACA.
2
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente
a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al
recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años
siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a
partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.
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4. Naturaleza y marco legal del recurso extraordinario de revisión
En los términos del artículo 249 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y
Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por
los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos, en los eventos
contemplados en el artículo 250 del CPACA3.
El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional de las
sentencias ejecutoriadas, cuyo objeto es romper el principio de cosa juzgada 4. Se
propone con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del
ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por las sentencias injustas.
Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la
sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario.
Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor
funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material 5.
De ahí que el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador ha
determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de
situaciones excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten
interpretaciones más allá de lo que en buena ley se deduce de su texto6.
Las causales de revisión previstas en el artículo 250 CPACA básicamente tienen que
ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos
decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del
debido proceso. Esas causales no aluden a errores sustanciales que puedan derivarse
de la falta de aplicación, o la interpretación errónea de una norma sustancial. No es un
recurso que proceda por violación de la ley7.
5. Del alcance y requisitos de la causal quinta de revisión: “5. Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.
De la lectura del numeral 5 del artículo 250 del CPACA, es posible advertir que para
que se configure la causal, deben concurrir los siguientes requisitos8: (i) que la
providencia que es recurrida mediante el recurso extraordinario de revisión ponga fin
al proceso; (ii) que contra esta decisión no proceda el recurso de apelación y, (iii) que
3
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido
proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la
parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria
o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.
Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.
4
Sentencia C-418 de 1994.
5
Sentencia de 15 de septiembre de 2022, Rad. 11001-03-27-000-2019-00007 - 00 (24362), Consejero Ponente: Dr. Milton Chaves
García.
6
Sentencia de 17 de marzo de 2022, Rad. 11001-03-27-000-2019-00015-00 (24486), Consejero Ponente: Dr. Milton Chaves
García.
7
Ibidem.
8
Sentencia del 5 de febrero de 2019, exp. Exp. 23659, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Se reiteró la sentencia del 4 de
septiembre de 2018, proferida por la Sala Dieciséis Especial de Decisión, (exp. 11001-03-15-000-2014-00056-00 (REV), M.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Demandante: Asesores en Derecho S.A.S.
la nulidad alegada haya ocurrido en el momento en que se dictó la sentencia y no
antes9.
Pues bien, por regla general, los motivos de nulidad que afectan la sentencia son
aquellos eventos descritos en el artículo 133 del Código General del Proceso10 – antes
el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil – y por violación del artículo 29 de la
Constitución Política11.
Será entonces, en los eventos en los que algunas de las circunstancias descritas en
la precitada norma se configuren en el momento procesal de la expedición de la
sentencia que se habilita el recurso extraordinario de revisión12, pues recuérdese, que
de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las
demás irregularidades del proceso que no se impugnan oportunamente se tendrán por
subsanadas y que, en los términos del inciso final del artículo 135 ejusdem, será
rechazada de plano toda solicitud de nulidad que se funde en hechos que se
propongan después de que la misma haya sido saneada, sin perjuicio de las nulidades
insaneables que describe el parágrafo del artículo 136 de la misma norma.
De igual forma, es menester resaltar que la Sala Plena de esta Corporación dio un
nuevo alcance a la referida causal, con fundamento en los derechos fundamentales al
debido proceso y a la tutela efectiva, en sentencia de unificación del 8 de mayo de
201813. En esa decisión se consideró que el recurso de revisión y las causales que
dan lugar a su solicitud, constituyen un mecanismo judicial destinado a la
protección de derechos fundamentales como el de acceso a la justicia y el
debido proceso; es decir, es un instrumento o medio de control adicional que el
legislador diseñó para la protección de esos derechos fundamentales y, por tanto,
hacen parte de las acciones para la satisfacción plena del derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva14.
Al respecto, precisó que toda persona tiene derecho al debido proceso y, por tal razón,
a que los procesos judiciales sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento de los
presupuestos procesales así lo permita, pues de lo contrario, iría en detrimento no solo
del derecho al debido proceso, sino del derecho de acceso a una real y efectiva
administración de justicia, dado que la falta de resolución de las controversias
judiciales, fundada en motivos caprichosos, equivale a una falta de tutela judicial
efectiva, y en forma genérica, a una vulneración al debido proceso.
9
Recuérdese, que de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las demás irregularidades
del proceso que no se impugnan oportunamente por los mecanismos que establece el código se tendrán por subsanadas.
10
La comprensión del artículo 133 del Código General del Proceso permite advertir que las causales de nulidad tienen que ver
básicamente con sucesos del siguiente orden:
1. Que el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Que el juez proceda contra providencia ejecutoriada del superior, reviva un proceso legalmente concluido o pretermita
íntegramente la respectiva instancia.
3. Que se adelante después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos,
se reanude antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece
íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba
que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso
de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el
emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que
deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio
Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
11
la Corte Constitucional en las sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001 precisó que la nulidad originada en
la sentencia no se restringe a las causales que prevé el Código General del Proceso – antes Código de Procedimiento Civil-, que,
adicionalmente, puede derivar de la violación al debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.
12
Salvo algunos eventos en los que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo ser advertida
por el afectado, caso en el cual el interesado tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad o alegar
el vicio oportunamente. De lo contrario, la causal de revisión en cuestión se convertiría en una anormal oportunidad para que las
partes subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores procesales que debieron proponer dentro del
término oportuno. Al respecto, ver sentencias del 3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-
2018-01235-00 y del 3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-20120-00643-00.
13
Sala Plena. Sentencia del 8 de mayo de 2018, exp. nro. 1998-00153-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
14
Sentencia de 21 de junio de 2012, exp. nro. 11001-03-15-000-2012-00676-00.
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Por tal razón, la Sala concluyó que también hay una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 constitucional, cuando
una autoridad judicial dicte sin fundamento válido o razonable una sentencia inhibitoria,
por considerarla una clara denegación de justicia.
Finalmente, se precisa que esta causal no procede para controvertir las razones del
fallo ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas en que,
a juicio de la recurrente, hubiera incurrido el fallador. Un entendimiento distinto
equivaldría a convertir el recurso en un juicio en que se discutirían nuevamente los
hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada15.
6. Planteamiento del problema jurídico
En los términos del recurso, a la Sala le corresponde estudiar si la sentencia proferida
el 10 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con número 11001-33-37-043-2022-00164-01, está incursa en la causal de revisión
prevista en el numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
Para lo anterior, la Sala establecerá si los argumentos planteados por la parte
recurrente se enmarcan en los presupuestos para alegar la causal invocada.
7. De la solución al problema jurídico planteado
En concreto, el recurrente invocó la casual de revisión al considerar que la sentencia
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca erró en la apreciación de las pruebas del
expediente que condujo a la decisión de no acceder a las pretensiones de la demanda,
pese a estar probada la indebida notificación del pliego de cargos, lo que devino en
una vulneración al debido proceso.
Sea lo primero decir que la sentencia atacada negó las pretensiones de la demanda,
al concluir que no fue desvirtuada la legalidad de los actos administrativos en la medida
que no se demostró la indebida notificación del pliego de cargos. Por el contrario, en
virtud de la normativa vigente aplicable al momento de su expedición -esto es, el
artículo 565 del ET-, consideró procedente la notificación por correo certificado a la
dirección física registrada en el RUT, y no la notificación electrónica prevista en el
Decreto 491 de 2020. En consecuencia, la decisión adoptada se fundamentó en la
legislación aplicable y en las pruebas aportadas en el expediente, las cuales
demostraron la efectiva notificación a la demandante, sin que se evidenciara un vicio
de nulidad, en los siguientes términos16:
“El 13 de marzo de 2020, la DIAN profirió el Pliego de Cargos No. 322402020000116 en el
cual propuso la sanción prevista en el literal a) del numeral 1º del artículo 651 del Estatuto
Tributario (…). El (sic) dicho acto se dispuso a notificar a la dirección Informada en el RUT,
(…) a la dirección informada (…) en el Registro Único Tributario - RUT, la cual corresponde
a CR 8 67 51, de la ciudad de BOGOTÁ D.C. Notifíquese de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 555-2, 565 y 568 del Estatuto Tributario modificado por el Decreto Ley 019
de 2012."
De acuerdo con lo anterior, es claro que para la fecha en que se expidió el pliego-13 de
marzo de 2020- la norma aplicable era el artículo 565 del E.T, toda vez que el Decreto 491
de 2020, fue expedido hasta el 28 de marzo y la Resolución 0038 por medio de la cual la
DIAN que reglamentó todos los aspectos relativos a la notificación electrónica, entró en
vigor el 2 de mayo de 2020.
(…) Como se vio en precedencia la Administración intentó la notificación electrónica de un
oficio persuasivo para informarle de la existencia del proceso administrativo, a la dirección
15
Sentencias del 16 de agosto de 2018, expediente con radicado número: 23001-33-31-003-2007-00107-01 [47300], Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, M.P. Guillermo Sánchez Luque Consejo de Estado, que reitera la sentencia del
11 de octubre de 2005, Rad. 00794-00 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
16 Samai CE índice 3, folio 57 y ss.
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Radicado: 11001-03-27-000-2025-00091-00 (30532)
Demandante: Asesores en Derecho S.A.S.
electrónica registrada en el RUT, sin embargo, no pudo ser entregada por la inexistencia
del dominio electrónico informado.
Según la actualización del RUT de la empresa solo hasta el 11 de septiembre de 2020,
registró la dirección electrónica: administrativa@asesoresenderecho.net, de manera que,
para la fecha de notificación del pliego de cargo - el 12 de junio de 2020-la Administración
solo contaba con una dirección física para efectuar las notificaciones.
En consecuencia, la entidad procedió a notificar el pliego de cargos mediante la empresa
de mensajería 4-72, como lo demuestra la guía de envío No. PC017543598CO, en la que
consta que el documento fue entregado el 12 de junio de 2020 en la dirección CR 8 67 51,
coincidente con la registrada en el RUT de la demandante, y cuenta con la firma, cédula y
sello de recibido, así: (…)”
En contraste, el recurrente insistió en la nulidad de los actos administrativos, al
sostener que el pliego de cargos debió notificarse de manera electrónica, conforme a
lo dispuesto en el Decreto 491 de 2020. Asimismo, controvirtió la validez de la guía de
correo certificado de la empresa 4-72 entregada en la dirección física registrada en el
RUT de la sociedad, al considerar que no se acreditó que la investigada se encontrara
en dicha dirección, ni que la persona que recibió la correspondencia fuera o actuara
como funcionaria de la empresa. Adicionalmente, señaló que el operador judicial “no
señala que ni la firma ni el sello ni la cédula coinciden con la empresa ASESORES EN DERECHO SAS ”.
De esta manera, el juez natural en segunda instancia resolvió el litigio conforme a los
cargos formulados en el recurso de apelación, y tras analizar la normativa aplicable y
las pruebas allegadas al expediente, concluyó que no se desvirtuaba la legalidad de
los actos demandados. Para ello, tuvo en cuenta los fundamentos fácticos y jurídicos
propios de la controversia. Además, la parte considerativa guarda armonía con la parte
resolutiva, en tanto del análisis probatorio y normativo concluyó que no se afectó la
decisión de primera instancia, razón por la cual fue confirmada.
Contrario a lo afirmado por la parte recurrente, no se advierte una vulneración
manifiesta del debido proceso derivada de una errónea valoración probatoria por parte
del Tribunal. Distinto es que el análisis de los argumentos no se haya efectuado en los
términos pretendidos por el demandante, circunstancia que no puede ser atribuida
como una omisión del juez de instancia. Sobre el particular, es preciso señalar que
dentro de las cargas procesales de las partes se encuentra la de exponer de manera
clara y precisa los hechos y argumentos en los que sustentan sus pretensiones.
Así las cosas, se observa que los argumentos expuestos en esta oportunidad se
encaminan a cuestionar tanto la decisión del juez de primera instancia como lo resuelto
por el Tribunal, en relación con los cargos de ilegalidad formulados contra los actos
administrativos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Ello permite
concluir que, en realidad, se pretende reabrir el debate jurídico para insistir en la
indebida notificación del pliego de cargos y, en esa medida, utilizar el recurso
extraordinario de revisión como si se tratara de una tercera instancia, pese a que esta
no es la finalidad de dicho mecanismo. De igual forma, se plantean argumentos que,
en últimas, se relacionan con la interpretación que el juez realizó de la situación fáctica
y normativa para efectos de determinar la notificación del pliego de cargos.
Esta Corporación ha reiterado en múltiples oportunidades que el recurso extraordinario
de revisión tiene por objeto revertir decisiones que atenten contra la justicia material,
pero no está concebido para controvertir la labor interpretativa del juez ni para corregir
errores derivados de la valoración probatoria17.
En consecuencia, el cargo no prospera y por tanto, se impone declarar infundado el
recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Asesores en Derecho
17
Sentencia del 27 de agosto de 2020, (Exp. 11001-03-25-000-2016-00288-00 (16v38-2016, M.P. Rafael Francisco Suárez
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Radicado: 11001-03-27-000-2025-00091-00 (30532)
Demandante: Asesores en Derecho S.A.S.
S.A.S. contra la sentencia del 10 de julio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.
8. Condena en costas
El artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021, establece
que, si un recurso extraordinario de revisión resulta infundado, se debe imponer
condena en costas y perjuicios al recurrente. En el caso analizado, el recurso fue
interpuesto durante la vigencia de esta norma, y se cumplen los requisitos legales para
aplicar dicha sanción, conforme a lo dispuesto en los artículos 361 y 365 del Código
General del Proceso, que regulan la imposición de costas cuando estas se hayan
causado y estén debidamente comprobadas.
Dado que la DIAN intervino en el proceso mediante escrito de oposición, y
considerando la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por su
apoderado, se impone condena en costas por concepto de agencias en derecho. Esta
se fija en un salario mínimo legal mensual vigente, conforme a los criterios establecidos
por el Consejo Superior de la Judicatura en el PCSJA25-12355 del 28 de noviembre
de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura, reconociendo así el esfuerzo procesal
desplegado en defensa de la legalidad del acto administrativo cuestionado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
sociedad Asesores en Derecho S.A.S. contra la sentencia del 10 de julio de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
B, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001
33-37-043-2022-00164-01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: Condenar en costas a la parte recurrente por concepto de agencias en
derecho y a favor de la DIAN, que se fijan en un (1) salario mínimo legal mensual
vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, conforme con lo señalado en la
parte considerativa, las cuales se liquidarán por Secretaría.
Tercero: Fijar como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, la cual deberá
incluirse en la liquidación de costas a pagar por la recurrente.
Cuarto: Reconocer personería a Mónica Astrid Gómez Pinzón como apoderada de la
parte demandante conforme al poder que le fue otorgado. (Índice 29 Samai CE).
Quinto: En firme la providencia, archívense la actuación.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Aclara Voto
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Radicado: 11001-03-27-000-2025-00091-00 (30532)
Demandante: Asesores en Derecho S.A.S.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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