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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2024-00055-00

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2024-00055-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Perijá Inmobiliaria S.A.S. contra la sentencia del 25 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de nulidad y Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Radicado: 11001-03-27-000-2024-00055-00 (29163) Demandante: Perijá Inmobiliaria S.A.S. restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-036-2016-00971-01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Condenar en costas a la parte recurrente por concepto de agencias en derecho y a favor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, que se fijan en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, conforme con lo señalado en la parte considerativa las cuales se liquidarán por Secretaría. Tercero: En firme la providencia, archívense la actuación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-27-000-2024-00055-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

19 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-27-000-2024-00055-00 (29163)
Demandante: Perijá Inmobiliaria S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-27-000-2024-00055-00 (29163)
Demandante: Perijá Inmobiliaria S.A.S.
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y
Demandada:
Concejo de Medellín

Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal 5ª del artículo 250 del
CPACA

Recurso extraordinario de revisión

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto mediante apoderado
judicial por la sociedad Perijá Inmobiliaria S.A.S, contra la sentencia del 25 de octubre
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia1, que decidió:

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia del dieciocho (18) de octubre de dos mil diecisiete
(2017), proferida por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Medellín, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS.
(…)”.

1. Antecedentes administrativos y demanda

El Estatuto Tributario Municipal de Medellín -Acuerdo 064 de 2012- en su artículo 146,
numeral 15, estableció una exención en el pago del impuesto predial para los
propietarios de inmuebles que hubieran sido evacuados de manera definitiva por
recomendación del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de
Emergencias y Desastres -DAGRED-, sin distinción en la causa que conlleva el
desalojo, esto es, independientemente de si se originaba un fenómeno natural o por la
intervención de terceros.

El 12 de octubre de 2013 ocurrió el desplome de la Torre 6 del Edificio Space, en la
ciudad de Medellín. Como consecuencia, el DAGRED ordenó la evacuación definitiva
de los edificios y urbanizaciones Space, Continental Towers y Asensi. A su vez, la
Inspección de Permanencia Tres – Turno Tres, de Policía Urbana de Primera
Categoría del municipio de Medellín, ordenó la evacuación temporal de la Urbanización
Colores de Calasania, mientras que la Inspección Catorce de Policía Urbana Primera
Categoría dispuso la demolición de la Urbanización Space. Tales decisiones
implicaron la inhabitación y consecuente desocupación de los inmuebles por parte de
sus propietarios y/o poseedores.

Posteriormente, el 27 de diciembre de 2013, el municipio de Medellín expidió el
Decreto 2609, mediante el cual concedió una suspensión especial del cobro del
impuesto predial a los inmuebles pertenecientes a los conjuntos Edificio Space,
Conjunto Residencial Olivares y Condominio Asensi, como consecuencia de la
calamidad pública derivada.

1 Dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 05001333303620160097101.

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Demandante: Perijá Inmobiliaria S.A.S.

El Decreto 2609 de 2013 fue modificado mediante el Decreto 361 de 3 de marzo de
2014, entre otros, para adicionar como beneficiarios de la suspensión del cobro del
impuesto predial a 322 inmuebles de la Urbanización Continental Towers y extender
la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2014, prorrogable por un año más a solicitud
de los interesados, previo informe del DAGRD sobre la persistencia de las condiciones
de los inmuebles.

Posteriormente, mediante el Acuerdo 048 de 2015, el Concejo Municipal de Medellín
modificó el numeral 15 del artículo 146 del Acuerdo 064 de 2012, para distinguir entre
los inmuebles desalojados por causas naturales y por causas humanas o de terceros,
para los segundos se establecieron unos requisitos adicionales para acceder a la
exención del impuesto predial, como: (i) haber ejercido acciones legales en contra de
los presuntos responsables de la afectación estructural, (ii) no haber recibido
indemnizaciones por los perjuicios derivados de la evacuación, (iii) no tener relación
parental, societaria, accionaria, de propiedad o laboral con las empresas constructoras
ni con los titulares de las licencias de urbanización de los inmuebles evacuados, ni con
los supuestos causantes del hecho que origina el desalojo, (iv) que la orden de
evacuación se mantenga.

Tales exigencias fueron consideradas por la demandante como arbitrarias, carentes
de motivación, adoptadas con extralimitación de funciones y vulneratorias del derecho
constitucional de la igualdad.

En contraste, la norma inicial y la modificación introducida con el Acuerdo 48 de 2015,
se muestra a continuación:

ACUERDO 064 DE 2012 ACUERDO 048 DE 2015
ARTÍCULO 146. Contribuyentes exentos: Se ARTÍCULO 1. Modificar el numeral 15 del artículo
concederá la exención en el pago del Impuesto 146 del Acuerdo Municipal 64 de 2012, el cual
Predial Unificado a los propietarios de los quedará así:
siguientes inmuebles: (…) (…)

15. Los inmuebles construidos situados dentro de 15. Los inmuebles construidos y situados dentro
la jurisdicción del Municipio de Medellín que han de la jurisdicción del Municipio de Medellín que
sido evacuados definitivamente por sus han sido evacuados temporal o definitivamente,
propietarios, a partir de la vigencia del presente acatando la recomendación técnica del
Estatuto, acatando la recomendación técnica del Departamento Administrativo de Gestión del
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres - DAGRD-, por
Riesgo Emergencias y Desastres DAGRED, causas naturales imprevisibles, irresistibles y
acompañando la solicitud con la correspondiente ajenas a sus propietarios o poseedores, cuando
acta de demolición levantada por la autoridad se aporte o demuestre por parte de los mismos,
competente, siempre y cuando no obedezca a lo siguiente:
hechos o acciones de terceros. Este beneficio
podrá concederse hasta el 31 de diciembre del a. Acta de demolición o evacuación levantada por
año 2018. Si la evacuación es temporal, el la autoridad competente.
beneficio operará por un período inicial de un b. La propiedad o posesión del bien objeto de la
año, prorrogable por el mismo período a solicitud solicitud de exención, al momento de la
de parte, sin que exceda el 31 de diciembre del evacuación.
año 2018, previa verificación en terreno del
desalojo del predio. (Se subraya) c. La licencia de construcción, incluyendo lo
relativo al cumplimiento de normatividad sobre
retiros obligatorios de ríos y quebradas, con la
prueba de la ubicación del inmueble en zona apta
para la construcción, no declarada de alto riesgo
por autoridad competente.

Si las causas que originaron la evacuación
temporal o definitiva o la demolición, según el
concepto técnico del Departamento
Administrativo de Gestión del Riesgo,
Emergencias y Desastres -DAGRD-, están
relacionadas con posibles acciones humanas
no atribuibles a los propietarios o poseedores
con calidad de personas naturales, la exención

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Demandante: Perijá Inmobiliaria S.A.S.

referida aplicará, además de lo consagrado en los
literales b. y c. del inciso anterior, siempre que los
propietarios o poseedores del bien evacuado:

a. Hayan ejercido acciones legales en contra de
los presuntos responsables de la afectación.
b. No hayan recibido indemnizaciones respecto
de las consecuencias dañinas producidas por el
hecho que condujo a la situación de
evacuación.
c. No tengan relación parental, societaria,
accionaria, de propiedad o laboral; con las
empresas constructoras, con los titulares de
las licencias de urbanización de los
inmuebles evacuados ni con los presuntos
causantes de la situación de evacuación.
d. Se mantenga la orden de evacuación del bien
objeto de la exención. Este beneficio podrá
concederse hasta el 31 de diciembre de 2022,
siempre y cuando se conserven las condiciones
que dieron origen al mismo.

Parágrafo primero. En aplicación del principio de
irretroactividad de las normas tributarias, el
presente beneficio tributario regirá a partir del
periodo gravable 2016”. (Énfasis propio)

2. Antecedentes judiciales

La hoy recurrente promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra el Distrito de Medellín y el Concejo Municipal
de Medellín. En ella solicitó la nulidad del Acuerdo Municipal 48 de 2015 y, a título de
restablecimiento del derecho, pidió se reconociera el beneficio tributario de exención
del pago del impuesto predial, conforme a los requisitos previstos en el Acuerdo 64 de
2012, desde la fecha en que se ordenaron las evacuaciones definitivas o temporales,
e incluso desde la expedición del acta de demolición de los inmuebles afectados.
Asimismo, la devolución indexada de las sumas pagadas por concepto del impuesto
predial.

Mediante sentencia del 18 de octubre de 2017, el Juzgado 36 Administrativo del
Circuito de Medellín accedió a las pretensiones de la demanda. Consideró que el
Acuerdo 48 de 2015 vulneró el derecho a la igualdad entre los propietarios de los
inmuebles evacuados, quienes se encontraban en una misma situación fáctica. En
criterio del juzgado, la diferenciación introducida por la norma no superaba el juicio de
proporcionalidad, al carecer de una justificación constitucional suficiente para limitar el
acceso a la exención tributaria. Por esta razón, anuló los literales a), b), c) del inciso
segundo del numeral 15 del artículo 146 del Acuerdo Municipal 64 de 2012, disposición
que había sido modificada por el artículo 1 del Acuerdo 48 de 2015.

A título de restablecimiento del derecho, el juzgado ordenó a la Administración
reintegrar la totalidad de las sumas pagadas por la sociedad demandante por concepto
del impuesto predial unificado correspondiente a los bienes inmuebles afectados con
medidas de evacuación temporal o definitiva, y/o orden de demolición según
recomendación técnica del DAGRED.

La entidad demandada apeló la sentencia de primera instancia y sostuvo que el
juzgado no tuvo en cuenta que la Constitución Política reconoce la autonomía de las
entidades territoriales para la gestión de sus intereses y, en particular, para ejercer sus
potestades en materia tributaria (arts. 287 y 313, núm. 14). En su criterio, por tanto, la
expedición del Acuerdo 48 de 2015 no vulneró los principios de igualdad, equidad ni
justicia tributaria, pues dicho acto incluye las razones que justifican la fijación de
requisitos para acceder a la exención del impuesto predial.

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Demandante: Perijá Inmobiliaria S.A.S.

Asimismo, señaló que no es posible invocar la existencia de derechos adquiridos en
materia tributaria, ni pretender la exigibilidad de beneficios con fundamento en el
principio de confianza, por cuanto tales figuras no resultan aplicables en este ámbito.

3. Sentencia recurrida en revisión

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 25 de octubre de 2023,
revocó la decisión de primera instancia. Tras analizar los antecedentes del Acuerdo 48
de 2015, consideró lo siguiente:

Las modificaciones introducidas por el Distrito de Medellín y el Concejo Municipal a los
requisitos para la exención del impuesto predial no fueron arbitrarias, sino que se
enmarcaron en su facultad de gestión tributaria. El Tribunal destacó que el colapso
del Edificio Space no obedeció a causas naturales; por el contrario, de acuerdo con
los estudios realizados por la Universidad de los Andes se determinó que las
edificaciones fueron construidas con materiales que no soportaban adecuadamente
las cargas de la estructura. Esa circunstancia hacía necesario diferenciar el caso de
estos frente a aquellos cuyo desalojo sí tuvo origen en causas naturales. Tal distinción,
a juicio del Tribunal, no configuraba un trato desigual, pues se trataba de supuestos
fácticos distintos que permitían un tratamiento jurídico diferenciado. Todo ello –
concluyó- se encontraba debidamente motivado en el texto del Acuerdo 48 de 2015.

De manera que, para el Tribunal, los cargos por vulneración del derecho a la igualdad
se sustentaban en una falacia argumentativa, pues las distinciones introducidas por el
Acuerdo 048 de 2015 estaban válidamente justificadas. Ello, porque la situación fáctica
fue analizada y permitió ubicar a la demandante dentro del Grupo Empresarial
Constructora CDO S.A., el cual, a través de la sociedad Lérida CDO S.A., fue el
responsable de la construcción de los conjuntos y edificios que debieron ser
desalojados. En dichas edificaciones -añadió el Tribunal- se incumplieron las normas
técnicas aplicables, lo que conllevó a su colapso y posterior demolición. Por tal razón,
no podía la actora pretender recibir el mismo tratamiento otorgado a las víctimas y, en
consecuencia, acceder a la exoneración del impuesto predial.

En virtud de lo anterior, el Tribunal consideró improcedentes las pretensiones de la
demanda y revocó la sentencia de primera instancia, al no encontrar acreditado un
vicio que afectara la legalidad del Acuerdo 48 de 2015, norma que –a su juicio- justificó
adecuadamente la introducción de nuevos requisitos para conceder el beneficio de
exención de manera equitativa.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

1. Escrito del recurso extraordinario de revisión

La sociedad Perijá Inmobiliaria S.A.S, el 31 de julio de 2024, interpuso recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 25 de octubre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia. Sostuvo que dicha decisión se encuentra
incursa en la causal 5ª del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, esto es, «existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

Como fundamento de su recurso, la sociedad reiteró los argumentos expuestos en la
demanda para cuestionar la legalidad del Acuerdo 48 de 2015, mediante el cual se
modificó el numeral 15 del artículo 146 del Acuerdo 64 de 2012. Señaló que la inclusión
de requisitos adicionales para la procedencia de la exención del impuesto predial
aplicable a propietarios y poseedores de inmuebles evacuados resulta arbitraria y
vulnera el derecho a la igualdad. En particular, cuestionó que la exención no se

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concediera a quienes no habían iniciado acciones legales contra los presuntos
responsables de la afectación, ni a quienes tenían vínculos parentales, societarios,
accionariales, de propiedad o laboral con las empresas constructoras involucradas.

Lo anterior, porque -según la recurrente- el fallo del Tribunal que revocó la sentencia
de primera instancia fue proferido sin motivación suficiente y vulneró el derecho
fundamental al debido proceso por incurrir en incongruencia. En particular, afirmó que
el Tribunal aseveró, sin que existieran pruebas debidamente incorporadas al
expediente, que Perijá Inmobiliaria S.A.S. hacía parte del Grupo Empresarial
Constructora CDO del cual también era miembro la sociedad Lérida CDO, responsable
de la construcción del Edificio Space y de otros inmuebles, y que, por ello, sería de
alguna manera corresponsable de los defectos constructivos que ocasionaron su
colapso. Con base en dicha inferencia –que calificó como infundada-, el Tribunal
concluyó que la sociedad no podía beneficiarse de la exención del impuesto predial.
Ese argumento, en criterio de la demandante, resultó sorpresivo y vulneró su derecho
de defensa.

Sostuvo, además, que la motivación del fallo acusado atribuyó responsabilidades sin
fundamento fáctico ni jurídico, apoyándose en rumores que han circulado alrededor
del colapso del Edificio Space. A su juicio, la decisión incurrió en falacias
argumentativas basadas en supuestos hechos notorios que se utilizaron como razones
para negar las pretensiones de la demanda, lo cual denota un sesgo de percepción
que configuró un sofisma de distracción derivado de un razonamiento retórico y no de
pruebas reales allegadas al proceso.

Indicó que la violación del debido proceso se materializó al arribar el Tribunal a
conclusiones no soportadas en el acervo probatorio, porque:

“i) La responsabilidad sobre el colapso del edificio Space no era parte del objeto del
proceso.
ii) No fue parte de la fijación del litigio.
iii) No hace parte de los argumentos expresados ni por el demandante ni por el
demandado en ninguna de las instancias.
iv) Las pruebas y argumentos utilizados en la sentencia de segunda instancia NO SON
HECHOS NOTORIOS, tanto que tuvieron que ser soportados con documentos (pruebas
introducidas ilegalmente)
v) Que varios de los documentos e informes utilizados para fallar en segunda instancia
no fueron ni decretados, ni practicados, ni se dio la oportunidad procesal para
pronunciarse frente a ellas.
vi) la decisión fue tomada con un abandono total de la regulación propia del objeto del
litigio y es evidente la falta de congruencia entre lo probado y lo decidido, y entre lo
legalmente establecido y la decisión tomada el 25 de octubre de 2023”.

La recurrente resaltó que la sentencia del Tribunal acudió a los comentarios
elaborados durante la discusión del proyecto del Acuerdo 048 de 2015 para delimitar
la procedencia de la exención del impuesto predial. Sin embargo, sostuvo que en
dichos documentos no se encuentra la justificación que el Tribunal les atribuyó. En su
criterio, los textos citados únicamente hacen referencia a la participación de terceros
en la ocurrencia de los hechos que dieron lugar al desalojo, pero no respaldan la
exclusión del beneficio respecto de propietarios que no hubiesen presentado
demandas, ni respecto de trabajadores, socios o familiares de los presuntos
responsables.

Indicó que, en la práctica, esas consideraciones solo afectaron a Perijá Inmobiliaria
SAS., lo que evidencia –a su juicio- que el Acuerdo cuya nulidad pidió incurrió en
violación del debido proceso, particularmente por desconocer la presunción de
inocencia, el principio de legalidad y moralidad administrativa, entre otros.

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Asimismo, afirmó que la sentencia del Tribunal es nula porque en el expediente no
obran los expedientes de los procesos penales a los que la providencia hizo referencia
para considerar probado que la sociedad hacía parte del grupo empresarial cuyos
representantes fueron hallados responsables de delitos relacionados con el colapso
del Edificio Space. Sostuvo que tales decisiones judiciales no podían ser aducidas
como pruebas por no haber sido incorporadas formalmente al proceso. En igual
sentido, cuestionó la referencia al dictamen pericial de la Universidad de los Andes, el
cual tampoco obra dentro de la actuación. Sostuvo que, al fundarse la decisión en
elementos ajenos al expediente para negar las pretensiones, se vulneró su derecho al
debido proceso, configurándose así una nulidad insubsanable de la sentencia.

Además, aseveró que la sentencia del Tribunal incurrió en incongruencia al interpretar
y aplicar de manera errónea la Ley 222 de 1995, específicamente en lo relativo a la
figura del grupo empresarial y al alcance de la responsabilidad atribuible a sus
integrantes. Afirmó que la providencia parte de la premisa equivocada según la cual el
solo hecho de pertenecer a un grupo empresarial implica subordinación de todas las
sociedades que lo integran, cuando la citada ley establece que dicha relación
únicamente se predica respecto de la matriz y sus subordinadas, mas no entre todas
las compañías entre sí.

En criterio de la recurrente, a partir de las interpretaciones realizadas por el Tribunal
no es jurídicamente posible negar el cargo formulado contra el Acuerdo 048 de 2015
por la presunta vulneración del principio de igualdad derivada de la limitación impuesta
para acceder al beneficio de exención del impuesto predial. Esto –sostuvo-, porque la
sentencia incurre en una nulidad insubsanable al carecer de fundamento legal al
concluir que el grupo es responsable del daño que no constituye el objeto de la litis y
que, en todo caso, solo podría atribuirse a la sociedad Lérida CDO S.A. como
constructora del Edificio Space.

2. Trámite procesal

Mediante auto del 20 de agosto de 20242, se admitió el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la sociedad Perijá Inmobiliaria S.A.S., y se ordenaron las
notificaciones de rigor3. Por Secretaría, se requirió al Juzgado 36 Administrativo del
Circuito de Medellín, para que remitiera en calidad de préstamo, el expediente digital
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado con número 05001-
33-33-036-2016-00971-00.

Mediante auto del 18 de diciembre de 2024, se tuvieron como pruebas los documentos
aportados con la demanda, la contestación y el expediente del proceso ordinario de
nulidad y restablecimiento del derecho4.

3. Contestación al recurso

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín5 se opuso a
la prosperidad del recurso extraordinario de revisión, al considerar que la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia no incurrió en la causal prevista
en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, toda vez que no se presentó ninguna
irregularidad procesal insanable.

Sostuvo que el Acuerdo 048 de 2015, cuestionado en el proceso originario, no adolecía
de vicio por vulneración del principio constitucional de igualdad, como correctamente
lo concluyó el Tribunal en segunda instancia. Explicó que la modificación introducida
2
Índice 6, Samai CE.
3
Se ordenó notificar personalmente, a través de los diferentes canales virtuales, al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
4
Índice 20, Samai CE.
5
Índice 16, Samai CE.

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para regular la procedencia de la exención en el pago del impuesto predial se
encontraba debidamente justificada, en cuanto obedeció a la necesidad de diferenciar
las situaciones que ameritaban un tratamiento distinto entre los propietarios o
damnificados cuya evacuación o demolición se produjo por causas naturales y
aquellos cuyas edificaciones colapsaron por causas no naturales. En ese contexto -
afirmó- no resulta desproporcionado establecer condicionamientos para acceder a
dicho beneficio tributario.

Refutó los reparos planteados por la recurrente frente a su situación particular, pues -
según expuso- la negativa del beneficio se adoptó en actos administrativos particulares
que no fueron demandados. Añadió que las consideraciones del Tribunal en la
sentencia, y que ahora son objeto de reproche, no constituyeron el fundamento
determinante para negar el cargo de vulneración del principio de igualdad.

Negó que en el fallo recurrido se hubiera configurado una incongruencia, pues –a su
juicio- las consideraciones particulares incluidas por el Tribunal únicamente
evidenciaron que, de concederse la exención, se estaría beneficiando a la actora por
su propio dolo, dada su relación con los agentes (socios de la empresa) que
ocasionaron la situación calamitosa que motivó la modificación de las reglas para
acceder a la exención del impuesto predial.

Añadió que, desde la demanda, Perijá Inmobiliaria SAS reconoció formar parte del
grupo empresarial de las sociedades constructoras de los conjuntos residenciales
Colores de Calasania, Asensi y Continental Towers, circunstancia que -afirmó- impide
ahora que la actora pretenda desconocer sus vínculos con las empresas involucradas
en los hechos que dieron lugar a la evacuación y demolición de los inmuebles.

En consecuencia, concluyó que no existe mérito para dejar sin efectos la sentencia
recurrida.

4. Concepto del Ministerio Público

No se presentó concepto por parte del agente del Ministerio Público.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la actora contra la sentencia del 25 de
octubre de 2023, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Antioquia (artículo 249 inciso 2 del CPACA).

2. Oportunidad del recurso

El recurso extraordinario de revisión se presentó el 5 de agosto de 2024, es decir, en
vigencia del CPACA, por lo que, es procedente revisar el término de interposición,
conforme con lo previsto en el artículo 251 ejusdem, según el cual, el recurso podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia6.

6
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente
a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al
recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años
siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a
partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.

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Radicado: 11001-03-27-000-2024-00055-00 (29163)
Demandante: Perijá Inmobiliaria S.A.S.

Comoquiera que la sentencia que se cuestiona quedó ejecutoriada el 3 de noviembre
de 2023, y el recurso extraordinario de revisión se radicó el 5 de agosto de 2024, es
claro que se presentó dentro del término.

3. Legitimación en la causa

Respecto de la sociedad Perijá Inmobiliaria S.A.S. recae el interés jurídico que se
debate en el sub examine, toda vez que fue la parte demandante del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en la cual se profirió la sentencia cuestionada.

En el mismo sentido, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín está legitimado, pues fue parte demandada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el cual se profirió la sentencia que ahora se cuestiona.

La Sala procede a pronunciarse respecto de: (i) la naturaleza y marco legal de la acción
extraordinaria de revisión y, (ii) el alcance y requisitos de la causal 5ª del artículo 250
del CPACA.

4. Naturaleza y marco legal del recurso extraordinario de revisión

En los términos del artículo 249 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y
Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por
los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos, en los eventos
contemplados en el artículo 250 del CPACA7.

El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional de las
sentencias ejecutoriadas, cuyo objeto es romper el principio de cosa juzgada 8. Se
propone con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del
ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por las sentencias injustas.

Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la
sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario.
Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor
funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material 9.

De ahí que, el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador ha
determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de
situaciones excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten
interpretaciones más allá de lo que en buena ley se deduce de su texto10.

Las causales de revisión previstas en el artículo 250 CPACA básicamente tienen que
ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos
decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del
7
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido
proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la
parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria
o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.
Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.
8
Sentencia C-418 de 1994.
9
Sentencia de 15 de septiembre de 2022, Rad. 11001-03-27-000-2019-00007 - 00 (24362), Consejero Ponente: Dr. Milton Chaves
García.
10
Sentencia de 17 de marzo de 2022, Rad. 11001-03-27-000-2019-00015-00 (24486), Consejero Ponente: Dr. Milton Chaves
García.

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8

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debido proceso. Esas causales, como su naturaleza jurídica lo indica, no aluden a
errores sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación o la interpretación
errónea de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por violación de la
ley11.

5. Del alcance y requisitos de la causal quinta de revisión: “5. Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.

De la lectura del numeral 5 del artículo 250 del CPACA, es posible advertir que para
que se configure la causal, deben concurrir los siguientes requisitos 12: (i) que la
providencia que es recurrida mediante el recurso extraordinario de revisión ponga fin
al proceso; (ii) que contra esta decisión no proceda el recurso de apelación y, (iii) que
la nulidad alegada haya ocurrido en el momento en que se dictó la sentencia y no
antes13.

Pues bien, por regla general, los motivos de nulidad que afectan la sentencia son
aquellos eventos descritos en el artículo 133 del Código General del Proceso14 – antes
el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil – y por violación del artículo 29 de la
Constitución Política15, ocurre lo propio en las distintas jurisdicciones16.

Será entonces, en los eventos en los que algunas de las circunstancias descritas en
la precitada norma se configuren en el momento procesal de la expedición de la
sentencia que se habilita el recurso extraordinario de revisión17, pues recuérdese, que
de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las
demás irregularidades del proceso que no se impugnan oportunamente se tendrán por
subsanadas y que, en los términos del inciso final del artículo 135 ejusdem, será
rechazada de plano toda solicitud de nulidad que se funde en hechos que se
propongan después de que la misma haya sido saneada, sin perjuicio de las nulidades
insanables que describe el parágrafo del artículo 136 de la misma norma.

11
Ibídem.
12
Sentencia del 5 de febrero de 2019, exp. Exp. 23659, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Se reiteró la sentencia del 4 de
septiembre de 2018, proferida por la Sala Dieciséis Especial de Decisión, (exp. 11001-03-15-000-2014-00056-00 (REV), M.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa
13
Recuérdese, que de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las demás irregularidades
del proceso que no se impugnan oportunamente por los mecanismos que establece el código se tendrán por subsanadas.
14
La comprensión del artículo 133 del Código General del Proceso permite advertir que las causales de nulidad tienen que ver
básicamente con sucesos del siguiente orden:
1. Que el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Que el juez proceda contra providencia ejecutoriada del superior, reviva un proceso legalmente concluido o pretermita
íntegramente la respectiva instancia.
3. Que se adelante después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos,
se reanude antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece
íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba
que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso
de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el
emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que
deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio
Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
15
La Corte Constitucional en las sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001 precisó que la nulidad originada en
la sentencia no se restringe a las causales que prevé el Código General del Proceso – antes Código de Procedimiento Civil-, que,
adicionalmente, puede derivar de la violación al debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.
16
La jurisdicción civil [Artículos 379 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.], la jurisdicción penal [Artículos 192 y siguientes
de la Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal], la jurisdicción ordinaria laboral [Artículo 62 y siguientes del Código de
Procedimiento Laboral] y la jurisdicción de lo contencioso administrativo [artículo 250 y siguientes del Código de lo Contencioso
Administrativo y de Procedimiento Administrativo].
17
Salvo algunos eventos en los que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo ser advertida
por el afectado, caso en el cual el interesado tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad o alegar
el vicio oportunamente. De lo contrario, la causal de revisión en cuestión se convertiría en una anormal oportunidad para que las
partes subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores procesales que debieron proponer dentro del
término oportuno. Al respecto, ver sentencias del 3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-
2018-01235-00 y del 3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-20120-00643-00.

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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de mayo de 2011,
en el expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2008-00294-00, identificó
algunos eventos es los que se predica la existencia de la nulidad originada en la
sentencia, en los siguientes términos:

“En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta
sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv)
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada
en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o
cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera
de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de
la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o
menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al
previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de
18
motivación[ ]”.

Aunado a lo anterior, esta Corporación ha previsto que la causal de nulidad originada
en la sentencia también comprende la violación al principio de congruencia, así:

“Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la
violación del principio de congruencia cuando al accionado es condenado por
cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que la sentencia
no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)” 19

Se resalta que la Sala Plena de esta Corporación dio un nuevo alcance a la referida
causal, en lo que concierte al derecho al debido proceso. En sentencia de unificación
del 8 de mayo de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, en el
expediente con radicado número: 11001-03-15-000-1998-00153-0120, se refirió
ampliamente al derecho a la tutela judicial efectiva o recurso judicial efectivo y
consideró que el recurso de revisión y las causales que dan lugar a su solicitud,
constituyen un mecanismo judicial destinado a la protección de derechos
fundamentales como el de acceso a la justicia y el debido proceso, es decir, es
un instrumento o medio de control adicional que el legislador diseñó para la protección
de esos derechos fundamentales y, por tanto, hacen parte del haz de acciones para la
satisfacción plena del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva21.

Al respecto, precisó que toda persona tiene derecho al debido proceso y, por tal razón,
a que los procesos judiciales sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento de los
presupuestos procesales así lo permita, pues de lo contrario, iría en detrimento no solo
del derecho al debido proceso, sino del derecho de acceso a una real y efectiva
administración de justicia, dado que la no resolución de las controversias judiciales,
fundada en motivos caprichosos, equivale a una falta de tutela judicial efectiva y, en
forma genérica a una vulneración al debido proceso.

18
Al respecto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 20 de octubre de 2009, dentro
del expediente con radicado número: 2003-00133-00, señaló que la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, se presenta solamente ante la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho
que le permiten arribar a una decisión.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. REV 2014-00440-00.
20
En esa oportunidad, la Sala Plena estableció que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando se presenta alguno
de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se dictó el fallo de segunda instancia, objeto
del recurso de revisión, [actualmente artículo 133 del Código General del Proceso] y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la
Carta Política, como expresamente lo reconoció esta Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-
00150 y la Corte Constitucional en la Sentencia C-739 de 2001 y entró a determinar si un fallo inhibitorio no justificado, es
causal de nulidad constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una
tutela judicial efectiva.
21
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de junio de 2012, Rad. 11001-03-15-000-2012-00676-00.

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Por tal razón, la Sala concluyó, que también hay una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad
judicial dicte sin fundamento válido o razonable, una sentencia inhibitoria por
considerarla una clara denegación de justicia.

Al tiempo, estableció que, en adelante, «los eventos definidos tradicionalmente por la
jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en
sentencia, no son taxativos».

En ese sentido, en aras de hacer efectivos los derechos a la tutela judicial efectiva, de
acceso a la administración de justicia y al debido proceso, estableció como subregla
jurisprudencial: es deber del juez decidir de fondo los litigios cuando las circunstancias así
se lo permitan, lo que significa que la violación a tales preceptos cuando se expide un fallo
inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión alegada.

Finalmente, se precisa que esta causal no procede para controvertir las razones del
fallo ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en que,
a juicio del recurrente, hubiera incurrido el fallador. Un entendimiento distinto
equivaldría a convertir el recurso en un juicio en que se discutirían nuevamente los
hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada22.

En los términos de la sentencia del 11 de octubre de 200523, “no se trata de controvertir
la corrección o incorrección del juzgamiento, ni de corregir los errores de apreciación de los
hechos y de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues
eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo
nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada; sino de la inobservancia
de las reglas propias de la sentencia, que vician su validez”.

6. Planteamiento del problema jurídico

A partir del recurso planteado, a la Sala le corresponde estudiar si la sentencia
proferida el 25 de octubre de 2023, por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con número 05001-33-
33-036-2016-00971-01, está incursa en la causal de revisión prevista en el numeral 5°
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

Para lo anterior, la Sala establecerá si los argumentos planteados por la parte
recurrente se enmarcan en los presupuestos para alegar la causal invocada.

7. Solución al problema jurídico planteado

En concreto, el recurrente invocó la causal de revisión al considerar que la sentencia
del Tribunal Administrativo de Antioquia24 desconoció el principio de congruencia, lo
cual -según sostuvo- vulneró el debido proceso al presentar defectos fácticos y
sustantivos, a partir de los cuales se incurrió en una decisión extra petita, al extender
su análisis a hechos y normas que no fueron objeto del debate procesal.

Sea lo primero decir que la sentencia atacada negó las pretensiones de la demanda,
al concluir que no fue desvirtuada la legalidad del Acuerdo Municipal 048 de 2015, por
medio del cual se modificó el numeral 15 del artículo 146 del Acuerdo 064 de 2012
para exigir nuevos requisitos para la procedencia del beneficio de exención del
impuesto predial a los propietarios de inmuebles evacuados definitivamente por
recomendación del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de

22
Sentencias del 16 de agosto de 2018, expediente con radicado número: 23001-33-31-003-2007-00107-01 [47300], Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, M.P. Guillermo Sánchez Luque Consejo de Estado, que reitera la sentencia del
11 de octubre de 2005, Rad. 00794-00 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
23
Expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2003-00794-01 M.P. Ligia López Díaz, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo.
24 Que resolvió revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 08 Administrativo del Circuito de Cali, en

el sentido de negar las pretensiones de la demanda.

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Emergencias y Desastres DAGRED. A partir de su análisis, el Tribunal concluyó que
dicho acto de carácter general no desconoció el principio constitucional de igualdad, al
hallar justificada la distinción introducida entre evacuaciones definitivas originadas en
hechos naturales y aquellas en las cuales tuvo incidencia la actuación de terceros –
particularmente, empresas constructoras-.

Debe destacarse, además, que la demanda se encausó a cuestionar la legalidad de
un acto de contenido general, lo que implicaba un análisis abstracto, impersonal y no
referido la situación particular del demandante. En efecto, si bien a la pretensión de
nulidad acumuló una de restablecimiento del derecho orientada a obtener como
resarcimiento de perjuicios pecuniarios la devolución de lo pagado por concepto del
impuesto predial del año gravable 2016, ello no habilitaba a que el análisis de la causal
de nulidad invocada se realizara bajo un enfoque individual. Más aún cuando, con
anterioridad, el Distrito de Medellín ya había resuelto la solicitud de exención del
impuesto predial presentada por la sociedad, mediante los siguientes actos
administrativos de carácter particular que no hicieron parte de las pretensiones de
anulación en el proceso judicial que se revisa:

• Resolución SH18-1420 de 2015, expedida por la Secretaría de Hacienda del
municipio de Medellín, “Por la cual se resuelve una petición” elevada por la sociedad
PERIJÁ INMOBILIARIA S.A. SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN ARRIENDO – SEA,
mediante la cual se negó la solicitud de exención del pago del impuesto predial
unificado respecto de los inmuebles de su propiedad ubicados en el Conjunto
Residencial Asensi P.H25. Esta decisión fue confirmada por la Resolución SH18-1209
de 2016, a través de la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por
la sociedad26.

• Resolución SH18-578 de 2016, expedida por la Secretaría de Hacienda del municipio
de Medellín, “Por la cual se resuelve una petición” elevada por la sociedad PERIJÁ
INMOBILIARIA S.A. SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN ARRIENDO - SEA mediante la
cual se negó la solicitud de exención del pago del impuesto predial unificado respecto
de los inmuebles de su propiedad ubicados en los conjuntos residenciales Asensi P.H.,
Continental Towers P.H. y Colores de Calasania P.H27.

Acotado lo anterior, los cargos a decidir se concretan, así:

Primer cargo: violación del debido proceso por fundamentarse en pruebas
ajenas al expediente y por referir hechos no demostrados

La recurrente reiteró los argumentos de su demanda y cuestionó que la sentencia del
Tribunal incurrió en defecto fáctico, puesto que:

i) Sustentó, sin apoyo en prueba debidamente incorporada al expediente, que Perijá
Inmobiliaria SAS hacía parte del grupo empresarial Constructora CDO, del cual
también haría parte la sociedad Lérida CDO S.A., constructora del Edificio Space que
colapsó en Medellín en el año 2013.

ii) Derivó de esa supuesta vinculación que la demandante tenía responsabilidad
conjunta respecto de las falencias constructivas de los edificios del sector que fueron
evacuados definitivamente y, por ello, no podía beneficiarse de la exención del
impuesto predial.

iii) Fundamentó, con apoyo en falacias argumentativas, la existencia de supuestos
hechos notorios relacionados con los rumores que rodearon el desplome del Edificio
Space, introduciendo un sesgo valorativo frente a la demandante, pese a que el
colapso de dicho edificio no hacía parte del objeto del proceso.

25 Folios 126 a 130 del expediente principal del proceso ordinario.
26
Folios 134 a 136 del expediente principal del proceso ordinario.
27
Folios 131 a 133 del expediente principal del proceso ordinario.

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iv) Valoró documentos, sentencias penales e informes referenciados en la
argumentación del Tribunal que no fueron decretados como prueba dentro del
expediente, sin conceder oportunidades procesales para contradecir sobre su
contenido.

Como se advierte, los cuestionamientos de la sociedad actora buscan que, en este
trámite extraordinario, se reexamine la motivación y valoración de probatoria realizada
por el Tribunal, bajo el entendido que dicha labor judicial desbordó los límites propios
del análisis de legalidad del acto demandado y, en esa medida, vulneró su derecho al
debido proceso y desconoció el principio de congruencia.

Sea lo primero insistir en que el recurso extraordinario de revisión, cuando se formula
con fundamento en la causal de nulidad originada en la sentencia constituye un medio
para controvertir la labor interpretativa que el juez, ni tampoco habilita para corregir
supuestos errores en la valoración probatoria28. Esta causal tiene un alcance
excepcional y limitado, circunscrito a irregularidades que afecten directamente la
validez de la providencia que puso fin al proceso.

Al examinar la fundamentación del recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la sociedad Perijá Inmobiliaria, se advierte que los argumentos expuestos no se
ajustan a los supuestos que esta Corporación ha definido como constitutivos de una
nulidad originada en la sentencia. En efecto, la recurrente retoma cuestionamientos
que ya había formulado en la demanda, dirigidos principalmente contra los
fundamentos fácticos y jurídicos valorados por el Tribunal Administrativo de Antioquia
en segunda instancia.

Así, la mera reiteración de esos planteamientos no desvirtúa la validez de la sentencia,
ni constituye motivo suficiente para quebrantar el principio de cosa juzgada en esta
sede extraordinaria.

La Sala advierte que la intención final del demandante es reabrir el debate surtido en
el proceso de nulidad, en el cual –contrario a lo afirmado en esta sede extraordinaria-
, sí fueron analizados los planteamientos dirigidos a obtener la anulación del Acuerdo
48 de 2015. En efecto, el Tribunal, tras revisar los antecedentes del proyecto de
acuerdo, concluyó que la necesidad de establecer nuevos requisitos para la exención,
se encontraban debidamente justificada para los propietarios de inmuebles evacuados
definitivamente por causas no naturales. En las discusiones previas al interior del
Concejo Municipal de Medellín se puso de presente que existen casos en los cuales
el origen de los daños que conllevan a la evacuación obedece a la acción u omisión
de terceros, como las empresas constructoras. Por ello, resultaba válido -según lo
consideró el Tribunal- que se fijaran requisitos adicionales frente a los desalojos
derivados de hechos atribuibles a terceros.

El Tribunal también fue claro en que no se configura vulneración del principio
constitucional de igualdad cuando las normas prevén un tratamiento diferenciado
frente a situaciones fácticas diversas, pues no es jurídicamente exigible otorgar un
tratamiento idéntico a supuestos que ameritan distinción. Para el caso concreto, la
exposición de motivos del proyecto de acuerdo y las ponencias de primer y segundo
debate, obrantes en el expediente, demostraban que el Consejo Municipal de Medellín
sí justificó la necesidad de introducir nuevos requisitos para atender las situaciones de
desalojo de inmuebles. Por tal razón, el cargo principal de la demanda no tenía
vocación de prosperidad.

Ahora, el hecho de que el Tribunal haya relacionado, como fundamento histórico, los
hechos asociados al colapso del Edificio Space con el propósito de contextualizar las
razones que, para el momento de la expedición del Acuerdo 048 de 2015, se habían
28
Sentencia del 27 de agosto de 2020, (Exp. 11001-03-25-000-2016-00288-00 (16v38-2016, M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.

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evidenciado en Medellín respecto de la posible participación de empresas
constructoras en los daños que conllevaron la evacuación de varios inmuebles –
particularmente por el incumplimiento de las normas de sismo-resistencia y estándares
de calidad en las estructuras-, únicamente denota que dichas referencias fueron
introducidas como un elemento de contexto. Fue a partir de esa contextualización que
el Tribunal, apoyado en el marco jurídico aplicable y en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional29 sobre el principio de igualdad, concluyó que la situación fáctica
desencadenada por el desplome del Edificio Space sí justificaba la necesidad de
establecer condiciones adicionales para acceder a la exención tributaria cuando se
evidenciara la participación de terceros en la causa del desalojo definitivo de los
inmuebles.

De esta manera, el recurso interpuesto, lejos de demostrar la configuración de la
causal de revisión invocada, se limita a cuestionar la valoración del caso que hizo el
juez de segunda instancia. En esencia, la recurrente pretende que se examine
nuevamente la ponderación efectuada por el Tribunal sobre el alcance del beneficio
tributario, bajo el argumento de que –aun cuando hizo parte del grupo empresarial al
cual pertenecía la constructora del Edificio Space- su derecho al acceso a la exención
habría sido limitado con fundamento en apreciaciones no respaldadas en pruebas
ciertas. Esa postura supone convertir el recurso extraordinario de revisión en una
instancia adicional para revivir debates ya agotados ante el juez natural del proceso,
finalidad ajena a su naturaleza excepcional.

No debe perderse de vista que el Tribunal no realizó un juicio particularizado sobre el
derecho de la recurrente a la exención, pues ese no era el objeto del proceso. La
demanda se dirigió contra un acto administrativo de carácter general, lo que implicaba
un control abstracto de legalidad y no un análisis individualizado de la situación
concreta de la sociedad. En esa medida, el recurso extraordinario de revisión no puede
fundarse en el hecho de que la demandante se sienta aludida por referencias
contenidas en la sentencia, pues tales menciones no constituyeron el eje
argumentativo ni el fundamento determinante de la decisión cuestionada.

Así, no es posible aceptar que en este recurso extraordinario se extrapole la discusión
hacia aspectos probatorios propios del análisis del juez natural y que, no permiten
estructurar una nulidad originada en la sentencia. Los supuestos defectos fácticos que
la recurrente atribuye al fallo cuestionado no tienen cabida en este trámite
extraordinario, pues tales controversias –cuando se considera que vulneran el debido
proceso- deben plantearse a través de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

Esta circunstancia, además, es conocida por la demandante, puesto que en el
expediente reposan las sentencias proferidas por esta Corporación al decidir la acción
de tutela interpuesta por Perijá Inmobiliaria S.A.S. contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia. En primera y segunda instancia, dicha acción fue negada, al concluirse que
no se configuró una violación del debido proceso ni defecto fáctico alguno en la
sentencia cuestionada, en los siguientes términos:

1. Sentencia del 4 de marzo de 202430, proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado dentro del expediente de tutela con radicación 11001031500020240064100:

“F. No se configura el defecto fáctico porque la autoridad judicial accionada no
valoró arbitraria o caprichosamente las pruebas
9.- La Sala considera que la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia valoró razonablemente las pruebas. En el subtítulo 9.6 de la sentencia del 25

29 Sentencias C-1125 de 2008, C643 de 2001, C-397 de 2011, C-734 de 2002 y C-862 de 2008.
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Demandante: Perijá Inmobiliaria S.A.S.

de octubre de 2023, el tribunal relacionó los hechos probados con cada uno de los
medios de prueba obrantes en el expediente.
(…)
El tribunal despachó desfavorablemente la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho porque el Acuerdo 048 de 2015 sí superó el test de igualdad, que
constituye un control abstracto de la norma y cuya metodología no involucró al
texto que la accionante reclama como desconocido. En consecuencia, la autoridad
judicial accionada no incurrió en un defecto fáctico”. (Se destaca)

2. Sentencia de segunda instancia del 23 de mayo de 2024 31, por medio del cual la
Sección Segunda de esta Corporación decidió la impugnación frente al fallo anterior:

“(…) esta Subsección no advierte la configuración del defecto fáctico endilgado, pues,
de un lado, el Tribunal valoró in extenso tanto la exposición de motivos del Acuerdo
municipal 048 de 2015, como las ponencias del primero y segundo debate de dicho
acuerdo, encontrando plena justificación de los condicionamientos previstos en dicha
normativa para efectos de la exención de pago del impuesto predial de quienes fueron
víctimas de dicha calamidad, esto es, al encontrarse acreditado que los hechos no
habían tenido ocurrencia por el advenimiento de causas naturales, sino por
acciones humanas culposas no atribuibles a los propietarios o poseedores.

En iguales términos, se advierte que, si bien trajo a colación los informes de la
Universidad de los Andes sobre lo acontecido en el Edificio Space, lo hizo a modo de
acotación, como hecho notorio e información adicional en torno a lo acontecido
con el suceso u colapso, y fue a partir de lo extraído de dicho informe, de donde señaló
que las inconsistencias presentadas en la edificación también se venían presentando en
los demás conjuntos residenciales que debieron ser evacuados por determinación del
DAGRD, tales como Continental Towers, Asensi, Interclub, Olivares y Colores de
Calasania, entre otros, todos ellos construidos por Lérida CDO S. A.

De otro lado, se tiene que aunque trajo de presente lo resuelto en un proceso penal,
en torno al colapso de la torre 6 de la Unidad Residencial Space, como lo ordenado por
el DAGRD, respecto de las evacuaciones temporales y definitivas, y por la Inspección
Catorce A de Policía Urbana de Primera Categoría de Medellín, referente a la demolición
total de la urbanización, ello lo hizo a modo ilustrativo, esto es, en orden a aportar
información ―de público conocimiento―, sobre las medidas adoptadas por las
aludidas autoridades con ocasión del colapso, no siendo esta la fundamentación con
la cual revocó la decisión del a quo, sino el encontrar acreditado, se itera, que los
hechos ocurrieron por acciones culposas de terceros, no atribuibles a
propietarios. (Énfasis de la Sala)

Como se observa, la demandante, pese a haber expuesto anteriormente sus
argumentos sobre la existencia de un presunto defecto fáctico en sede de tutela, los
reprodujo ahora en el recurso extraordinario de revisión, pues –como se desprende de
la sentencia cuestionada y del análisis efectuado por esta Corporación al resolver la
tutela- el Tribunal decidió dentro del marco de lo pedido, y las referencias que ahora
se reprochan fueron meramente ilustrativos o contextuales, sin que excedieran los
límites del litigio.

Segundo cargo: nulidad de la sentencia por defecto sustantivo – indebida
interpretación de la Ley 222 de 1995

Como segundo aspecto, la recurrente afirmó que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Antioquia otorgó un alcance indebido al concepto de “grupo
empresarial”, al considerar que por el hecho de que Perijá Inmobiliaria S.A.S. integraba
el Grupo Empresarial Constructora CDO -del cual hacía parte la sociedad constructora
del Edificio Space-, podía extendérsele algún tipo de responsabilidad.

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Demandante: Perijá Inmobiliaria S.A.S.

Este planteamiento tampoco se ajusta a la causal de nulidad originada en la sentencia
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA. Por el contrario, lo que pretende
la demandante es reabrir el debate sobre la interpretación jurídica realizada por el juez
natural, lo cual es ajeno al objeto y alcance del recurso extraordinario de revisión. En
efecto, esta causal no habilita la discusión sobre el entendimiento que el Tribunal dio
a conceptos normativos, ni permite revaluar su criterio interpretativo, por tratarse de
aspectos inherentes al ejercicio autónomo de la función jurisdiccional.

Además, este mismo planteamiento ya fue examinado y rechazado por esta
Corporación al resolver la acción de tutela interpuesta contra el Tribunal Administrativo
de Antioquia, decisión en la cual se concluyó que no existió defecto sustantivo alguno.
Ello se evidencia en los siguientes términos:

1. Sentencia del 4 de marzo de 202432, proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado dentro del expediente de tutela con radicación 11001031500020240064100:

G. No se configura el defecto sustantivo ni la falta de motivación porque la
autoridad judicial accionada no desconoció la Ley 222 de 1995

(…) la Sala considera que la decisión del tribunal no contrarió las disposiciones de
la Ley 222 de 1995 sobre grupos empresariales porque no extendió la responsabilidad
de Lérida Constructora de Obras S.A. a Perijá Inmobiliaria S.A.S., sino que constató la
existencia de una relación societaria entre la empresa constructora y la accionante. Lo
cual es, justamente, el presupuesto consagrado en el Acuerdo 048 de 2015 para excluir
a un contribuyente del beneficio de exención del impuesto predial sobre inmuebles
evacuados.

12.- Adicionalmente, no es cierto que el tribunal hubiese admitido que, por el simple
hecho de pertenecer a un grupo empresarial, las sociedades que lo integran son
solidariamente responsables por los daños generados por una sociedad del grupo
y con ello excluirlos de la exención tributaria. Lo que dijo el tribunal es que la
exención no resultaba discriminatoria porque la norma territorial tenía como finalidad
conceder un beneficio temporal al propietario o poseedor que hubiese sido evacuado
temporal o definitivamente de su vivienda o que esta hubiese sido demolida, siempre y
cuando este no tuviera relación societaria con las empresas constructoras. Consideró
que los excluidos, en el caso de los socios de las constructoras, debían soportar el pago
del impuesto porque la afectación en las viviendas provenía de aquellas, lo cual justifica
el establecimiento de un trato desigual”. (Énfasis de la Sala).

2. Sentencia de segunda instancia del 23 de mayo de 202433, por medio del cual la
Sección Segunda de esta Corporación decidió la impugnación frente al fallo anterior:

“(…) se cuestiona, en segundo lugar, la existencia de un defecto sustantivo, por
indebida aplicación de los artículos 28 y siguientes de la Ley 222 de 1995, en cuanto a
la figura del grupo empresarial, pues uno de sus argumentos para revocar la decisión
del a quo fue que la sociedad demandante hacía parte del Grupo Empresarial
Constructora CDO, cuando lo cierto es que, en términos de la normativa, los sujetos
pertenecientes a un grupo empresarial conservan su individualidad, es decir, mantienen
sus atributos y obligaciones propias.

(…) el Tribunal procedió a señalar que el Grupo Empresarial Constructora CDO —del
cual hace parte la sociedad demandante— pretendió ser exonerado del impuesto predial
unificado, pese a también verse involucrado en el daño, circunstancia que, por demás,
justificaba los condicionamientos señalados en la norma para ser beneficiarios de la
exención tributaria.

Así las cosas, esta Subsección considera que la providencia controvertida está
suficientemente argumentada, lo que descarta la vulneración alegada. Además,
conviene reiterar que la interpretación jurídica y las consideraciones hechas por el juez

32 Subsección B, C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
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natural deben ser respetadas por el juez de tutela, a quien no le es dable desconocer las
decisiones por él adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte
palmaria la vulneración de derechos fundamentales, lo que en el presente caso no
se halló probado”. (Se destaca)

Nótese que, con el recurso que aquí se decide, la demandante pretende reabrir
discusiones sobre la valoración jurídica de los hechos jurídicos que ya fueron
examinados y convalidados por el juez constitucional, quien en ambas instancias de
tutela concluyó que no se configuró un defecto sustantivo. Ahora, esos mismos
planteamientos se presentan forzadamente como una supuesta nulidad por
desconocimiento del principio de congruencia, pese a que ello carece de sustento. En
efecto, independientemente de las consideraciones específicas que haya expuesto el
Tribunal sobre el concepto y las implicaciones jurídicas de integrar el grupo
empresarial -cuestión que no es objeto de debate en este escenario-, tales referencias
constituyeron argumentos de contextualización destinados a explicar la motivación que
tuvo el Concejo de Medellín para establecer una distinción en aquellos casos en que
los desalojos definitivos se originen en la posible responsabilidad de terceros, como
puede ser el caso de las empresas constructoras.

No obstante, no es jurídicamente admisible trasladar el debate hacia la situación
particular de la demandante y su participación en el Grupo Empresarial CDO. Como
se ha reiterado, la discusión jurídica en el proceso ordinario no se dirigía a examinar
un caso individual, sino a analizar la legalidad de un acto administrativo de carácter
general. Por ello, la actora no puede, so pretexto de considerarse cuestionada, variar
el objeto de la discusión y perseguir que, en sede del recurso extraordinario, se revisen
los fundamentos jurídicos que llevaron al juez natural a adoptar una decisión que hizo
tránsito a cosa juzgada, pues una revisión de ese tipo no es propia ni procedente
dentro de este trámite excepcional.

Tercer cargo: desconocimiento del principio de congruencia

La recurrente considera que la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia
incurrió en nulidad por desconocer el principio de congruencia, al considerar que el
fallo se extendió más allá de los planteamientos de la demanda y de la fijación del
litigio. Fundamenta este reproche en que, según se afirma, el Tribunal valoró pruebas
no solicitadas ni incorporadas formalmente al expediente y extendió su análisis hacia
la supuesta responsabilidad de la demandante por integrar el grupo empresarial del
que también hacía parte la empresa constructora del Edificio Space y de otros
inmuebles que también fueron desalojados.

Esta Corporación34 ha precisado que la causal de nulidad originada en la sentencia
por desconocimiento del principio de congruencia se configura cuando el juez profiere
una decisión: (i) por un objeto distinto del pretendido o por una causa diferente a la
invocada, lo que constituye un fallo extra petita; (ii) mediante una condena superior a
lo pedido, configurándose un fallo ultra petita; u (iii) omitiendo la resolución de alguna
de las pretensiones o de los puntos sometidos a su consideración; caso en el cual se
presenta un fallo infra o cifra petita, situaciones todas que afectan la congruencia
externa de la sentencia.

De igual forma, existe desconocimiento del principio de congruencia cuando no hay
correspondencia entre la parte motiva y la parte resolutiva del fallo, lo cual implica una
deficiencia en la congruencia interna.

A su vez, esta Sección35 ha puntualizado que:

34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 25, sentencia del 28 de junio

de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-
02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00.
35
Sentencia del 26 de julio de 2012, exp. 18380, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

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“(…) el principio de congruencia de la sentencia, en sus dos acepciones: como armonía
entre las partes motiva y resolutiva del fallo (congruencia interna), y como conformidad
entre la decisión y lo pedido por las partes en la demanda y en su contestación
(congruencia externa).

El principio así concebido persigue la protección del derecho de las partes a obtener una
decisión judicial certera sobre el asunto puesto a consideración del juez, al igual que la
salvaguarda del debido proceso y del derecho de defensa de las partes, cuya actuación
procesal se dirige a controvertir los argumentos y hechos expuestos en la demanda,
tratándose del demandado, y en la contestación, si la posición procesal es la del
demandante.

Igualmente, trae consigo los conceptos de fallo ultra y extrapetita, como decisiones que
van más allá de lo pedido, ya sea porque se otorgan cosas adicionales a las solicitadas
en la demanda (sentencia ultrapetita), o porque se reconoce algo que no se solicitó
(sentencia extrapetita)36”.

Al revisar los argumentos expuestos por la recurrente, se advierte que fundamenta la
presunta vulneración del principio de congruencia en que la sentencia habría excedido
el marco fijado por los planteamientos de la demanda y de su contestación. En
particular, sostiene que el Tribunal incluyó consideraciones que -según afirma- no
tenían cabida en el debate, especialmente aquellas relacionadas con la posible
vinculación de la demandante y la sociedad Lérida Constructora de Obras S.A.S.,
encargada de la construcción del Edificio Space en Medellín, así como la eventual
responsabilidad extensiva que derivaría para los demás miembros del Grupo
Empresarial CDO.

Como puede observarse, la recurrente intenta encuadrar la causal de nulidad dentro
de un supuesto fallo extra petita, alegando que las pretensiones fueron negadas por
causas distintas a las planteadas en la demanda o con fundamento en hechos no
alegados en el proceso.

Para esta Sala, la sentencia cuestionada no configura un fallo extra petita ni infra
petita, pues el Tribunal se limitó a resolver los cargos sometidos a su conocimiento.
Aun cuando en su argumentación aludió a la pertenencia de la actora al Grupo
Empresarial CDO —grupo en el cual se encontraba la empresa presuntamente
responsable de las fallas estructurales del Edificio Space—, esa referencia no
constituyó el fundamento principal de la decisión. Por el contrario, se trató de un
razonamiento incidental, introducido con el propósito de contextualizar las
circunstancias que motivaron al Concejo de Medellín a modificar los requisitos del
beneficio de exención del impuesto predial.

El análisis central del Tribunal se concentró en resolver el cargo de apelación
formulado por el Distrito de Medellín, particularmente en lo relativo a la inexistencia de
vulneración del principio constitucional de igualdad. En consecuencia, las menciones
relativas al grupo empresarial no alteraron los límites del litigio ni transformaron la
causa petendi, razón por la cual no se configura la causal de nulidad por incongruencia
alegada.

De la revisión de la sentencia se advierte que la revocatoria del fallo de primera
instancia obedeció a que, en criterio del Tribunal, del estudio de los antecedentes del
Acuerdo 48 de 2015 surgió la necesidad de distinguir entre dos tipos de situaciones:

• Los propietarios o poseedores cuyos inmuebles fueron desalojados por fallas
originadas en riesgos de desastres naturales, y
• Aquellos cuya evacuación definitiva obedeció a posibles responsabilidades de
terceros.

36 Sentencia del 16 de septiembre del 2010, exp. 16605, C. P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

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El Tribunal concluyó que tales circunstancias no eran asimilables entre sí y, por tanto,
justificaban un tratamiento diferenciado respecto del beneficio tributario previsto en la
normativa municipal. Consideró que la distinción introducida mediante la reforma al
numeral 15 del artículo 146 del Acuerdo 064 de 2012 respondía a criterios objetivos,
derivados del análisis de los antecedentes legislativos del Acuerdo 048 de 2015.

En ese contexto, los hechos relacionados con el desplome del Edificio Space y la
evacuación definitiva de otros edificios residenciales construidos por el Grupo
Empresarial CDO fueron mencionados como elementos fácticos de soporte que
ilustraban el escenario que motivó al Concejo de Medellín a promover la modificación
normativa. Estos antecedentes permitían comprender por qué la corporación edilicia
consideró necesario introducir nuevos requisitos para acceder a la exención del
impuesto predial, en aquellos casos en los que la causa del desalojo pudiera atribuirse
a la acción u omisión de terceros.

Lo anterior evidencia que no hubo un desbordamiento del límite fijado por las partes,
sino una forma legítima de abordar el análisis a partir de los antecedentes normativos,
desde una perspectiva histórica y situacional, que le permitió al Tribunal resolver el
problema central relativo a la presunta vulneración del derecho a la igualdad entre los
contribuyentes beneficiarios de la exención. Ello, considerando los dos tipos de hechos
determinantes de los desalojos: aquellos originados en causas naturales y aquellos
derivados de la intervención de terceros en la producción del daño que motivó la
evacuación.

En consecuencia, el cargo no prospera y, por lo tanto, se impone declarar infundado
el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Perijá Inmobiliaria
S.A.S. contra la sentencia del 25 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

8. Condena en costas

El artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021, establece
que, si un recurso extraordinario de revisión resulta infundado, se debe imponer
condena en costas y perjuicios al recurrente. En el caso analizado, el recurso fue
interpuesto durante la vigencia de esta norma, y se cumplen los requisitos para aplicar
dicha sanción, conforme a lo dispuesto en los artículos 361 y 365 del Código General
del Proceso, que regulan la imposición de costas cuando estas se hayan causado y
estén debidamente comprobadas.

Dado que el Distrito de Medellín intervino en el proceso mediante escrito de oposición,
y considerando la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por su
apoderado, se impone condena en costas por concepto de agencias en derecho. Esta
se fija en un salario mínimo legal mensual vigente, conforme a los criterios establecidos
por el Consejo Superior de la Judicatura en el PCSJA25-12355 del 28 de noviembre
de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura, reconociendo así el esfuerzo procesal
desplegado en defensa de la legalidad del acto administrativo cuestionado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
sociedad Perijá Inmobiliaria S.A.S. contra la sentencia del 25 de octubre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de nulidad y

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Demandante: Perijá Inmobiliaria S.A.S.

restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-036-2016-00971-01, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Condenar en costas a la parte recurrente por concepto de agencias en
derecho y a favor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, que se fijan en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de
ejecutoria de esta sentencia, conforme con lo señalado en la parte considerativa las
cuales se liquidarán por Secretaría.

Tercero: En firme la providencia, archívense la actuación.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Aclaro voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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