Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00641-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00641-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00641-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
4 de marzo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-00
Accionante: Perijá Inmobiliaria S.A.S.
Se niega el amparo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00641-00
Accionante: Perijá Inmobiliaria S.A.S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Exención del impuesto predial / Se niega el amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela presentada por Perijá Inmobiliaria S.A.S. contra
la sentencia proferida el 25 de octubre de 2023 por la Sala Sexta de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 05001-33-33-036-2016-00971-01, promovido para obtener el
amparo de su derecho fundamental al debido proceso.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 12 de febrero de 2024 la sociedad Perijá Inmobiliaria S.A.S. interpuso, por
medio de apoderado judicial, una acción de tutela contra la Sala Sexta de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia. La accionante consideró vulnerado su
derecho fundamental al debido proceso porque, en el marco del proceso con
radicado 05001-33-33-036-2016-00971-01, la autoridad judicial accionada revocó el
fallo de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
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restablecimiento del derecho instaurada por el accionante contra el Acuerdo
Municipal 048 de 2015 del Concejo de Medellín.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones (se transcriben):
<<PRIMERA: Con el fin de garantizar y restablecer el derecho fundamental al debido
proceso de PERIJÁ INMOBILIARIA S.A.S., respetuosamente solicito al Honorable
Consejo de Estado tutelar el derecho fundamental al debido proceso de mis
representados, declarando que la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo
de Antioquia incurrió en defecto sustantivo o material, defecto fáctico y decisión sin
motivación en la providencia proferida el veinticinco (25) de octubre de dos mil
veintitrés (2023), mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia del 18
de octubre de 2017 expedida por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Oralidad
de Medellín.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, producto de la tutela
judicial efectiva solicito al Honorable Consejo de Estado ordenar a la Sala Sexta de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, que en el término máximo de
cuarenta (48) horas, contados a partir del fallo de tutela, proceda a revocar el numeral
PRIMERO la sentencia proferida el 25 de octubre de 2023, y, en consecuencia,
confirmar la sentencia de primera instancia por medio de la cual se declaró la nulidad
del Acuerdo Municipal 048 del 2015.
TERCERA: Subsidiariamente, en caso de no acceder a lo solicitud de tutela requerida
en el numeral anterior, solicito al Honorable Consejo de Estado ordenar a la Sala
Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, que en el término máximo
de cuarenta (48) horas, contados a partir del fallo de tutela que tutele el derecho al
debido proceso de PERIJÁ INMOBILIARIA S.A.S., proceda a proferir nueva
providencia de reemplazo, de acuerdo a las consideraciones que para el efecto se
dicten en este fallo.
CUARTA: Sin perjuicio de lo anterior, con la finalidad de buscar el correcto ejercicio
de la administración de justicia, solicito respetuosamente al Honorable Consejo de
Estado, exhortar a la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
para que en lo sucesivo se abstenga de proferir sentencias sin el lleno de los
requisitos legales>>.
B. Hechos
3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El Concejo de Medellín expidió el Acuerdo 064 de 2012, que estableció que los
propietarios o poseedores de inmuebles evacuados por orden del Departamento
Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres estaban exentos del pago del
impuesto predial, siempre y cuando la evacuación no hubiera obedecido a hechos o
acciones humanas.
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3.2.- Posteriormente, ante el colapso del Edificio Space y la amenaza a la estabilidad
de los proyectos inmobiliarios Conjunto Residencial Olivares y Condominio Asensi,
el Concejo de Medellín expidió el Acuerdo 048 de 2015, mediante el cual modificó
los requisitos para acceder a la exención del impuesto predial por parte de los
propietarios de inmuebles que fueron evacuados por recomendación del
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres. En concreto,
añadió que si la evacuación se produjo como consecuencia de una acción humana
no atribuible a los propietarios, estos podrían exonerarse del pago del impuesto
predial si reunían los siguientes requisitos (se transcribe):
<< (…) 15. Los inmuebles construidos y situados dentro de la jurisdicción del
Municipio de Medellín que han sido evacuados temporal o definitivamente, acatando
la recomendación técnica del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo,
Emergencias y Desastres - DAGRD-, por causas naturales imprevisibles, irresistibles
y ajenas a sus propietarios o poseedores, cuando se aporte o demuestre por parte
de los mismos, lo siguiente:
a. Acta de demolición o evacuación levantada por la autoridad competente.
b. La propiedad o posesión del bien objeto de la solicitud de exención, al
momento de la evacuación.
c. La licencia de construcción, incluyendo lo relativo al cumplimiento de
normatividad sobre retiros obligatorios de ríos y quebradas, con la prueba de
la ubicación del inmueble en zona apta para la construcción, no declarada de
alto riesgo por autoridad competente.
Si las causas que originaron la evacuación temporal o definitiva o la demolición,
según el concepto técnico del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo,
Emergencias y Desastres -DAGRD-, están relacionadas con posibles acciones
humanas no atribuibles a los propietarios o poseedores con calidad de personas
naturales, la exención referida aplicará, además de lo consagrado en los literales b.
y c. del inciso anterior, siempre que los propietarios o poseedores del bien evacuado:
a. Hayan ejercido acciones legales en contra de los presuntos responsables
de la afectación;
b. No hayan recibido indemnizaciones respecto de las consecuencias dañinas
producidas por el hecho que condujo a la situación de evacuación.
c. No tengan relación parental, societaria, accionaria, de propiedad o laboral;
con las empresas constructoras, con los titulares de las licencias de
urbanización de los inmuebles evacuados ni con los presuntos causantes de
la situación de evacuación.
d. Se mantenga la orden de evacuación del bien objeto de la exención>>.
3.3.- El 20 de mayo de 2016 la accionante demandó la nulidad del Acuerdo 048 de
2015 porque, en su criterio, transgredió el principio de la igualdad. A título de
restablecimiento del derecho, solicitó la exoneración del pago del impuesto predial y
la devolución de los dineros que pagó por este concepto.
3.4.- Mediante sentencia del 18 de octubre de 2017, el Juzgado 36 Administrativo de
Medellín accedió a las pretensiones de la demanda. Expuso que todos los
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propietarios o poseedores de inmuebles evacuados por causas humanas debían
encontrarse en la misma situación formal, con independencia de si adelantaron
acciones legales, recibieron indemnizaciones por la afectación o tienen tenían una
relación parental, societaria, accionaria, de propiedad o laboral con las compañías
constructoras. Por lo tanto, evidenció que el Acuerdo 048 de 2015 ofrecía un trato
discriminatorio entre personas que compartían un mismo supuesto fáctico y concluyó
que esa diferenciación no obedecía a una finalidad constitucionalmente admisible.
3.5.- El Distrito de Medellín apeló la decisión bajo el argumento de que, en virtud del
artículo 287 de la Constitución, las entidades territoriales gozan de autonomía para
la gestión de sus intereses. Agregó que el Acuerdo 048 de 2015 no vulneró los
principios de la igualdad o la equidad tributaria, pues las cargas que se impusieron
para acceder al beneficio eran razonables y proporcionales.
3.6.- Mediante sentencia del 25 de octubre de 2023, la Sala Sexta de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia revocó el fallo de primera instancia y negó las
pretensiones de la demanda.
3.6.1.- Estableció que con base en la exposición de motivos del Acuerdo 048 de
2015, que era razonable dar un trato diferenciado a las víctimas del edificio
desplomado frente a la generalidad de propietarios del municipio. Además, afirmó
que establecer requisitos adicionales para acceder al beneficio tributario no
transgredía el principio de igualdad, pues es un hecho notorio que la calamidad había
ocurrido por causas humanas no atribuibles a los propietarios o poseedores, y que
es constitucionalmente admisible ofrecer un trato diferenciado respecto de quienes
originaron el riesgo de colapso de los inmuebles.
3.6.2.- Precisó que la accionante pertenece al grupo empresarial <<Constructora
CDO>>, del cual también hace parte la sociedad Lérida Constructora de Obras S.A.
y que obró como constructora de los proyectos inmobiliarios Edificio Space, Conjunto
Residencial Olivares y Condominio Asensi. Por lo tanto, la accionante no era
beneficiaria de la exención al impuesto predial.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- La accionante alega que la sentencia proferida el 25 de octubre de 2023 por la
Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo y falta de motivación.
4.1.- Frente al defecto fáctico, sostiene que la exposición de motivos del Acuerdo 048
de 2015 fue valorada de manera irracional y arbitraria, pues en el documento no
consta una justificación sobre los requisitos adicionales para acceder al beneficio
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Accionante: Perijá Inmobiliaria S.A.S.
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tributario de exención del impuesto predial. En segundo lugar, indica que el tribunal
afirmó que el Acuerdo 048 de 2015 se expidió con fundamento en un informe técnico
realizado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres;
sin embargo, el presunto informe no hace parte del expediente. Alega que la
autoridad judicial accionada también se refirió a un concepto técnico elaborado por
la Universidad de los Andes acerca de las fallas técnicas del Edificio Space, el cual
tampoco se incorporó al expediente ni fue objeto de contradicción.
4.2.- Invoca un defecto sustantivo porque el tribunal inaplicó las disposiciones de la
Ley 222 de 1995 sobre grupos empresariales. Afirma que el simple hecho de
pertenecer a un grupo empresarial no implica que las sociedades que lo integran
sean solidariamente responsables por los daños generados por una sociedad del
grupo. Añade que las compañías que conforman un grupo empresarial ejecutan su
objeto social con independencia y autonomía.
4.3.- Alega un defecto por falta de motivación porque la Sala Sexta de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia tardó más de seis años en resolver el recurso
de apelación y la decisión se profirió <<sin un estudio de las normas que rigen la
responsabilidad de los grupos empresariales, dando como resultado una sentencia
carente totalmente de fundamentación fáctica y jurídica>>.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- La Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia (accionada)
insistió que la sentencia proferida el 25 de octubre de 2023 se ajustó a las pruebas y
a las normas aplicables. Indicó que la accionante hace parte del grupo empresarial
<<Constructora CDO>> y pretende ser exonerada del impuesto con una demanda
contra la norma que, acertadamente, condicionó el beneficio de exención a unos
criterios razonables y prudentes.
6.- La Alcaldía de Medellín (tercero interesado) solicitó negar el amparo porque la
decisión del tribunal fue acertada. Argumentó que los defectos invocados por el
accionante no fueron determinantes para el sentido de la decisión, y que los criterios
para acceder a la exención del impuesto predial dispuestos por el Acuerdo 048 de
2015 pretenden la observancia de una finalidad legal y constitucional, pues las
evacuaciones a los inmuebles fueron el resultado de acciones humanas.
II. CONSIDERACIONES
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Accionante: Perijá Inmobiliaria S.A.S.
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7.- La Sala negará el amparo solicitado porque no encuentra que la Sala Sexta de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia hubiese incurrido en los defectos
alegados por la accionante.
E. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
8.- Los requisitos generales de procedencia se cumplen, toda vez que: (i) la
accionante indicó de manera clara los hechos y las razones en que se fundamenta
la acción; (ii) el asunto es de evidente relevancia constitucional porque se alega la
vulneración del derecho al debido proceso por los defectos fáctico, sustantivo y falta
de motivación. Además, los reproches que formula la accionante no fueron
estudiados ni resueltos dentro del proceso ordinario, en tanto surgieron con ocasión
de la sentencia de segunda instancia que revocó la decisión de primera y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda; (iii) se encuentra cumplido el requisito
de subsidiariedad porque la accionante utilizó todos los mecanismos judiciales a su
alcance para la protección de sus derechos fundamentales y contra la providencia
atacada no procede ningún recurso; (iv) la solicitud se presentó en un término
prudencial (inmediatez) puesto que la decisión se notificó el 26 de octubre de 2023 y
la tutela se presentó el 12 de febrero de 2024; es decir, dentro del término de seis
meses precisado por esta Corporación1 y por la Corte Constitucional2; y (v) no se
trata de una decisión proferida en sede de tutela.
F. No se configura el defecto fáctico porque la autoridad judicial accionada no
valoró arbitraria o caprichosamente las pruebas
9.- La Sala considera que la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia valoró razonablemente las pruebas. En el subtítulo 9.6 de la sentencia del
25 de octubre de 2023, el tribunal relacionó los hechos probados con cada uno de
los medios de prueba obrantes en el expediente.
9.1.- Además, la exposición de motivos del Acuerdo 048 de 20153 fue valorada
conforme a las reglas de la sana crítica. Aunque la accionante reprocha que no
consta una justificación por parte del Concejo de Medellín sobre los requisitos para
acceder al beneficio tributario de exención del impuesto predial, lo cierto es que el
Concejo sí estableció fundamentos jurídicos y de conveniencia, que también fueron
1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Radicado 11001-03-15-000-2012-02201-
01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
2 Corte Constitucional. Sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
3 Índice no. 00018 del expediente digital con radicado 05001-33-33-036-2016-00971-01.
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citados en extenso por el tribunal. Particularmente, se destaca que en el documento
se consignó que (se transcribe):
<<(…) Así las cosas, el presente proyecto de acuerdo que respetuosamente se pone
a consideración del Honorable Concejo Municipal, se sustenta en que: i) las
indemnizaciones a los poseedores y propietarios de inmuebles evacuados cuyo
acaecimiento pueda obedecer a posible responsabilidad de terceros, no se realiza
con la celeridad que el contexto amerita, lo cual agrava la ya precaria situación de los
afectados en tanto a más de soportar la evacuación de sus inmuebles, deben
continuar respondiendo por la carga tributaria impositiva; ii) la plausible suspensión
del pago de impuesto predial no constituye la condonación o el alivio del pago de la
obligación tributaria, la cual deberá cubrirse totalmente, en la mayoría de los casos,
sin que se hayan obtenido las indemnizaciones a que hubiere lugar por parte de los
presuntos responsables de la evacuación y iii) la Administración Municipal “ está
instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” le asiste la
obligación de “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”,
motivo por el cual le asiste el compromiso de apoyar en forma integral a las familias
afectadas por diferentes calamidades (…)>>.
9.2.- En el mismo sentido, el <<informe técnico del Departamento Administrativo de
Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres>>, que la accionante reclama como
desconocido, en realidad se refiere al contenido de la norma demandada; y esta
dispone que, para determinar las causas que llevaron a la evacuación, debe tenerse
en cuenta el concepto técnico que elabore el Departamento Administrativo de
Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres para el efecto. No se trata, entonces,
de una prueba documental o pericial extraña al expediente, sino del texto del Acuerdo
048 de 2015. En palabras del tribunal:
<<De ahí que, efectivamente el Concejo Municipal de Medellín mediante el Acuerdo
No. 048 de 2015, “Por medio del cual se modifica el numeral 15 del artículo 146 del
Acuerdo 064 de 2012, Por medio del cual se expide la normativa sustantiva aplicable
a los ingresos tributarios en el Municipio de Medellín”, condiciona la exención al pago
del impuesto predial bajo el cumplimiento de cuatro requisitos adicionales a los
dispuestos en el numeral 15 del artículo 146 del Acuerdo Municipal 064 de 2012, en
los casos en los que las causas que originaron la evacuación temporal o definitiva o
la demolición, según el concepto técnico del Departamento Administrativo de Gestión
del Riesgo, Emergencias y Desastres -DAGRD-, están relacionadas con posibles
acciones humanas no atribuibles a los propietarios o poseedores>>.
9.3.- Por otra parte, la accionante repara en que el tribunal citó como referencia un
texto titulado <<Concepto técnico en relación al cumplimiento de las normas técnicas
legales aplicables en los procesos de diseño y construcción de la cimentación,
estructura y elementos no-estructurales del Edificio Space en Medellín, elaborado
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por la Universidad de los Andes>> y que no fue objeto de contradicción. La Sala
advierte que le asiste razón en que se trata de un documento que no fue incorporado
al proceso como prueba. Sin embargo, lo anterior no tuvo una incidencia decisiva en
el fallo. El tribunal despachó desfavorablemente la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho porque el Acuerdo 048 de 2015 sí superó el test de
igualdad, que constituye un control abstracto de la norma y cuya metodología no
involucró al texto que la accionante reclama como desconocido. En consecuencia, la
autoridad judicial accionada no incurrió en un defecto fáctico.
G. No se configura el defecto sustantivo ni la falta de motivación porque la
autoridad judicial accionada no desconoció la Ley 222 de 1995
10.- Según el artículo 28 de la Ley 222 de 1995, el grupo empresarial describe una
situación de control societario en la que las compañías matrices y subordinadas
tienen una unidad de propósito y dirección. Si bien las sociedades desarrollan su
objeto social con independencia, comparten un objetivo general y tienen un vínculo
de subordinación con la sociedad matriz4.
11.- Así las cosas, la Sala considera que la decisión del tribunal no contrarió las
disposiciones de la Ley 222 de 1995 sobre grupos empresariales porque no extendió
la responsabilidad de Lérida Constructora de Obras S.A. a Perijá Inmobiliaria S.A.S.,
sino que constató la existencia de una relación societaria entre la empresa
constructora y la accionante. Lo cual es, justamente, el presupuesto consagrado en
el Acuerdo 048 de 2015 para excluir a un contribuyente del beneficio de exención del
impuesto predial sobre inmuebles evacuados.
12.- Adicionalmente, no es cierto que el tribunal hubiese admitido que, por el simple
hecho de pertenecer a un grupo empresarial, las sociedades que lo integran son
solidariamente responsables por los daños generados por una sociedad del grupo y
con ello excluirlos de la exención tributaria. Lo que dijo el tribunal es que la exención
no resultaba discriminatoria porque la norma territorial tenía como finalidad conceder
un beneficio temporal al propietario o poseedor que hubiese sido evacuado temporal
o definitivamente de su vivienda o que esta hubiese sido demolida, siempre y cuando
4 De conformidad con el artículo 261 del Código de Comercio (modificado por el artículo 27 de la Ley 222 de
1995), será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes supuestos:
<<1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio
o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las
acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.
2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir los votos
constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de votos
necesario para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere.
3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón de un acto
o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los
órganos de administración de la sociedad>>.
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Accionante: Perijá Inmobiliaria S.A.S.
Se niega el amparo
este no tuviera relación societaria con las empresas constructoras. Consideró que
los excluidos, en el caso de los socios de las constructoras, debían soportar el pago
del impuesto porque la afectación en las viviendas provenía de aquellas, lo cual
justifica el establecimiento de un trato desigual.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NIÉGASE el amparo al derecho fundamental al debido proceso.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: Si la sentencia no fuera impugnada una vez ejecutoriado este fallo, por
Secretaría ENVÍESE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su
cargo.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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